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Se reúne el rector de la UAG con Berenice Illades y se da marcha atrás a la expulsión de maestros

El rector de la UAG, Javier Saldaña, publicó esta foto en sus redes sociales, donde informó sobre su reunión con la ex secretaria general de la institución, Berenice Illades, con quien dijo que acordó dar prioridad al trabajo académico Foto: Tomada de Facebook

Karina Contreras / Redacción

Acapulco / Chilpancingo

Tras una reunión del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, con la ex secretaria general, Berenice Illades Aguiar; el titular del Tribunal Universitario, Isaías Sánchez Nájera, anunció que a instancias del presidente del Consejo Universitario, y luego de que los denunciantes se desistieron, quedó “sin efectos jurídicos” la expulsión de los 13 profesores y un alumno de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
Este martes por la noche, Saldaña Almazán difundió en sus redes una fotografía en la que aparece con Berenice Illades, que acompañó con el siguiente texto: “El día de hoy, sostuve una reunión con la doctora Berenice Illades Aguiar, una distinguida universitaria, para tratar temas referentes a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, y coincidimos en que lo mejor es seguir la ruta de la conciliación interna y priorizar el trabajo académico, para garantizar el bienestar de la comunidad estudiantil, así como de los profesores e investigadores”.

Isela Parra Rojas originaria de la ciudad de Chilpancingo, es la primera Investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores SNI III. A la derecha, Roberto Dircio Maldonado originario de Atoyac de Álvarez SNI Nivel 1 Fotos: El Sur

Añadió: “Coincidimos en que es importante promover la armonía y compañerismo, bajo los principios de libertad de opinión, respetando los derechos humanos de la comunidad universitaria para favorecer la estabilidad de la institución”.
Minutos después, también en redes sociales, el presidente del Tribunal Univesitario, Isaías Sánchez, difundió un comunicado en el que se dice que a petición de Javier Saldaña, así como resultado del desistimiento de los denunciantes, “informamos que la sanción impuesta a los 13 profesores y a 1 alumno de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, se declara que queda sin efectos jurídicos”.
En el comunicado, firmado por Sánchez Nájera, se señala que esta resolución será sometida para su “ratificación” al pleno en el próximo Consejo Universitario, el 6 de junio, día en que se tomará protesta a los consejeros alumnos y maestros, dejando a “salvo los derechos de las partes”.
El lunes, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, una amplísima mayoría de sus integrantes votaron a favor del dictamen del tribunal, que concluía que debían ser expulsados de la institución 13 docenes y un estudiante de posgrado de la facultad de Ciencias Químico Biológicas, a quienes se acusaba de incurrir en “actos de corrupción, omisiones, contrarios a la moral, a la ética profesional, así como incitar en actos violentos y hostigamiento por razones políticas ideológicas y personales, en la vertiente de retención ilegal de la libertad personal en agravio de estudiantes y miembros de la Comisión Electoral”.
El dictamen tomó como base la denuncia que presentaron los profesores de la Facultad, Jorge Bello Martínez y Blanca Esthela Álvarez Fernández, quienes declararon que durante el conteo de votos, los involucrados al ver que los resultados obtenidos no eran favorables a su grupo político, les impidieron la salida del lugar.
En la sesión del Consejo también se informó que la mamá de una alumna y los mismos maestros de la Comisión Electoral acudirían a presentar una denuncia ante el Ministerio Pùblico por privación ilegal de la libertad.

El STAUAG, con los docentes expulsados

Antes de que se conociera la nueva situación, al mediodía el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, había dicho que intervendría para defender los derechos laborales de los expulsados.
Añadió que la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la sociedad y en la UAG con más razón, y que llamaríana que se analizara y reconsiderara la medida que propuso el Tribunal Universitario.
Al dirigente sindical se le preguntó si se podía revertir la decisión y respondió: “El Consejo es la máxima autoridad, pero no puede deliberar en situaciones laborales. Están las leyes y estamos en la comunicación. Entablar la comunicación, yo creo que va a haber reflexiones y yo espero que en esta comunicación podamos llegar a algunos acuerdos, para beneficio de la propia universidad y los compañeros”.
Se le comentó que a los expulsados se les acusó de haber retenido a alumnos y profesores integrantes de la Comisión Electoral, responsables de las elecciones en Ciencias Químico Biológicas, y que incluso se dijo que eso constituye el delito de privación ilegal de la libertad y respondió el dirigente que tiene que escuchar la otra parte, que ya escuchó lo que se dijo en el consejo, porque no estuvo presente el día de los hechos. “Pero en principio, el sindicato sí defiende a sus agremiados y en este caso a los compañeros que el día lunes el Consejo Universitario determinó expulsarlos”, agregó.
Sobre las protestas que han realizado los inconformes, bloqueando calles, con lo que se afecta a terceros, y cuál sería su llamado, Ofelio Martínez manifestó que son adultos, tienen formación y respetaba las decisiones que tomen, pero “lo que sí estamos platicando con ellos es la cuestión laboral, la cuestión que tiene que ver con la relación que hay. Ya lo otro, el ámbito como universitario, puedo tener una opinión, pero como secretario es eso el respeto. En esta universidad la historia ha sido siempre de lucha, de desencuentro, controversias, pero llamó a lo máximo, que entre la sociedad y entre los humanos, es la comunicación, el hablar y buscar acuerdos”.

Condenan egresados la expulsión de maestros

Mientras egresados de la escuela habían convocado a una marcha el viernes en protesta por la decisión del Consejo Universitario.
En un comunicado indicaron que el lunes se llevó a cabo la sesión del Consejo Universitario en Acapulco, para calificar y avalar el proceso electoral de la UAG, en donde expulsaron “de manera arbitraria e injusta a estos profesores investigadores. Todo esto, en acato sumiso al decreto del rector Javier Saldaña Almazán”.
Manifestaron que la Rectoría violaba los principios de libertad de expresión estipulados en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los egresados destacaban que el único delito de los catedráticos fue protestar y hacer públicas las irregularidades ocurridas en el proceso para elegir al director, el pasado 21 de mayo, dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas.
“Sin embargo, como castigo fueron directamente expulsados de su centro de trabajo, como una señal de represión por parte de Rectoría”, enfatizaron en el comunicado. Por lo anterior, dijeron que se ven en la necesidad de reunirse y organizarse para hacer una marcha “pacífica”, el viernes, en solidaridad con sus maestros, misma que seguramente será suspendida lue-go de que el rector dio marcha atrás en la draconiana medida.

Reconocidos investigadores, la mayoría de los señalados

Los expulados son reconocidos docentes e investigadores del Sis-tema Nacional de Investigadores, 8 en el nivel 1 y una en nivel 3; mientras que el alumno que había sido expulsado es estudiante del posgrado que se imparte en la facultad.
Una de ellas es Isela Parra Rojas quien tiene un doctorado en Biología Molecular en Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara.
Parra Rojas es la primera investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
Ana Elvira Zacapala Gómez es doctora en Ciencias Biomédicas y es nivel 1 en el SIN; Hilda Jiménez Wences tambien es nivel 1 y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas, el cual estudió en la facultad de la UAG y ha sido autora y colaboradora de más de 20 artículos científicos en revistas.
Mientras que Roberto Dircio Maldonado es nivel 1 en el Sistena Nacional de Investigadores y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Medicina de la UNAM.
Dircio Maldonado es fundador del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la facultad de Ciencias Químico-Biológicas, para la detección molecular del SARS-CoV-2 que se destacó por su labor durante la pandemia y es miembro de la Sociedad Internacional de Hematología Experimental.
Julio Ortiz Ortiz tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Ciencas Químico Biológicas de la UAG y es nivel 1 en el SNI y es fundador del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas de la misma facultad.
Dinorah Nasley Martínez Carrillo también es nivel 1 en el SNI y tiene doctorado en Ciencias Biomédicas, por la misma facultad en la que labora y ha sido reconocida por el Premio Mérito Juvenil 2009, en la categoría de actividades académicas y fundadora del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas, apoyado por el Conacyt en la facultad.
Adolfo Román Román, María Isabel Zúñiga Guerrero y Francisco Israel Torres Rojas también tienen nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Eruviel Toledo Hernández es candidato.
Otros docentes que habían sido expulsados, Verónica Antonio Becker y Lorenzo Salgado Goytia, no están dentro del SNI, pero la primera tiene maestría y el segundo un doctorado. Del docente Marcos Torres Armenta no se tiene mayores datos, y el estudiante Luis Ángel Urieta Benítez es estudiante de la maestría en Ciencias Biomé-dicas en la Facultad.

 

Nombran miembro del Tribunal Superior de la UAG al ex secretario auxiliar de Saldaña Almazán

 

El ex secretario auxiliar del candidato a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, Samir Daniel Ávila Bonilla, está entre los integrantes del Tribunal Superior Universitario, cuya función es resolver las controversias entre los universitarios.
El viernes, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que se llevó a cabo en el Grand Hotel, en Acapulco, fueron designados Ávila Bonilla, la ex coordinadora de Planeación, Smirna Romero Garibay, de Unidad Democrática (UD), el integrante del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Derecho, Isaías Sánchez Nájera, y los universitarios Dorian Bello Padrillo y Rosalía Pastor Durán, como responsables del Tribunal Universitario, una nueva figura jurídica dentro de la UAG que fue aprobada en el pasado Congreso General Universitario.
De los responsables del Tribunal Universitario, destaca la trayectoria en materia de Derecho de Sánchez Nájera, quien es fundador de Asesores y Consultores Electorales, consultoría jurídica especializada en materia electoral en Guerrero, donde es consultor; fue presidente del Tribunal Electoral de Guerrero de 2006 a 2008, y tiene tres libros publicados.
Según la propuesta que se aprobó en el V Congreso General Universitario, que se llevó a cabo del 1 al 3 de octubre pasado, el Tribunal Universitario tendrá competencia para “conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad universitaria, con motivo de infracciones a la ley, estatutos, reglamentos y acuerdos de los consejos académicos y universitario”, pero no atenderá asuntos de naturaleza laboral.
También fincará responsabilidades e impondrá sanciones a las violaciones que se expongan ante el órgano, vigilará que se apliquen y cumplan los castigos determinados.
En la propuesta se especificó que el Tribunal Universitario, debía tener un presidente, “quien deberá ser aprobado por dos terceras partes del Consejo Universitario, previa convocatoria pública”; un secretario, propuesto por el presidente y nombrado por el Consejo Universitario; y tres maestros eméritos, elegidos mediante insaculación, con duración de dos años.
Sin embargo, tras las modificaciones y precisiones que se aplicaron luego del Congreso General, en la Ley Orgánica de la UAG se estableció que los integrantes serían designados por el Consejo Universitario y que, “el cargo de integrante del Tribunal Universitario deberá ser desempeñado por licenciados en derecho, preferentemente con posgrado, con solvencia moral, reconocimiento profesional y social”.