No resulta fácil para un ciudadano tomarse la molestia de hacer cola en una casilla sabiendo que el candidato o partido por el que simpatiza no tiene la menor posibilidad de ganar. Algunos lo consideran un deber cívico y quedarán tranquilos con su conciencia, así sepan que su voto, para efectos prácticos, fue meramente testimonial. Pero otros asumirán que la posibilidad de sufragar constituye un activo político, un capital por así decirlo, que tendría que ser invertido de manera efectiva.
Ese es el dilema en el que se encuentran muchas personas en estos comicios. De manera palpable en Jalisco, por ejemplo, en donde habrá, además, cambio de gobernador. Morena y Movimiento Ciudadano disputarán la victoria, mientras que la candidata de la alianza del PRI y el PAN observará la contienda desde un lejano tercer lugar. Esto condena a los simpatizantes de estos dos partidos, que apenas hace unos años decidían cual de las dos fuerzas gobernaba la entidad, a ser convidados de piedra el 2 se junio o, por el contrario, olvidarse de su militancia y decantarse por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano o Claudia Delgadillo de Morena.
No es de extrañar que en esa entidad se hayan difundido los primeros espectaculares que exhortan abiertamente a una opción cruzada, el llamado voto útil. En ellos aparece la figura de Pablo Lemus junto a la de Claudia Sheinbaum, una clara invitación de los de Movimiento Ciudadano para que el inminente triunfo de Sheinbaum no se convierta en un sufragio en su contra. Especie de combo de favoritos según la mayoría de las encuestas: la morenista para la presidencia, el emecista para la gubernatura.
Una jugada de tres bandas que, como era de esperarse, pisó muchos callos. Para complicarla aún más, surgieron otros espectaculares exhortando también al voto útil pero ahora con la foto de Xóchitl Gálvez y Pablo Lemus. La autoría de ambas publicaciones ha sido objeto de especulaciones, polémicas y potenciales denuncias pero, de entrada, dice mucho sobre la frágil militancia de actores y ciudadanos. ¿Si muchos candidatos son chapulines, por qué no también los votantes?
Regresaré al caso de Jalisco, pero lo he invocado porque en alguna medida es un dilema en el que muchas otras personas de la oposición podrían encontrarse dentro de algunas semanas. Sea porque les resulte evidente que la derrota de Xóchitl Gálvez es inexorable o simplemente porque su singular estilo les parezca inapropiado para la investidura presidencial. Para la alianza opositora puede convertirse en una amenaza en la medida en que este escaso entusiasmo por la hidalguense se traduzca en abstenciones a la hora de ir a votar. Nueve gubernaturas, todas las alcaldías y, lo más importante, la composición del Congreso, están en juego.
El problema para la oposición es que el rostro visible de toda la cruzada nacional para confrontar la avalancha del obradorismo es el de Xóchitl Gálvez. Si, como parece estar sucediendo, el apoyo popular a su candidatura comienza a desplomarse, se genera el riesgo de un arrastre hacia abajo para el resto de las boletas que serán cruzadas junto a la suya.
Los que saben entienden que la verdadera batalla está en el control del poder legislativo. El Plan C de López Obrador, para que la 4T profundice su proyecto y transforme aspectos sustanciales de la vida pública, reside en la obtención de una mayoría constitucional (dos tercios de legisladores en las cámaras). Mientras no lo consiga las reformas seguirán siendo negociadas, limitadas o matizadas. La mayoría simple solo alcanza para la aprobación de leyes secundarias y presupuestos, no para transformar al Estado. Eso dependerá de lo que suceda en los 300 distritos. Para bien o para mal, la figura emblemática de la oposición para todos esos votantes es Xóchitl Gálvez.
Algunos círculos de la oposición comienzan a hablar de la posibilidad de una campaña apartidista que se centre en la noción de pluralidad. En esencia, algo así como “si te sientes cómodo con Sheinbaum vota por ella, pero no le des el control absoluto en las cámaras”. Se trata de una conseja repetida fuera de micrófonos porque sería una campaña “políticamente incorrecta”. Seguramente rechazada por las dirigencias de los partidos de la alianza (PAN, PRI y PRD), aun cuando muchos de ellos la alentarían en lo privado.
Curiosamente, entre una parte del electorado existe este impulso de manera espontánea. Basta decir que en 2012 en la Ciudad de México más de 600 mil ciudadanos votaron por López Obrador para la presidencia pero no por Marcelo Ebrard (aunque este obtuvo el gobierno de la ciudad); en 2018 volvió a repetirse el caso con Claudia Sheinbaum (que obtuvo 500 mil menos que el tabasqueño). Es decir, uno de cada seis ciudadanos “pluralizó” su voto. En este caso la popularidad de López Obrador trascendió a las diferencias partidistas.
Lo de Jalisco intenta convertirse en una estrategia explícita que rara vez se había hecho pública. Invita a votar a favor de Morena para la presidencia, pero dándole la espalda a la candidata de ese partido a la gubernatura. El ganador de este enfoque obviamente es el candidato local de MC, Pablo Lemus, y los perdedores el abanderado de ese partido a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, y la candidata Delgadillo propuesta de Morena a la gubernatura. Eso ha llevado a concluir que la mano que mece la cuna en esta convocatoria procede de Casa Jalisco, toda vez que es sabido el distanciamiento del gobernador emecista Enrique Alfaro con la dirigencia nacional y su candidato presidencial. En parte es cierto, pero el cruce de candidaturas y falsas lealtades en el río revuelto de la política local multiplica a los sospechosos potenciales de este desaguisado. Desde morenistas seguidores de Claudia, pero inconformes con la candidata local recién reclutada del PRI; hasta panistas que preferirían montarse en la espuma de  Sheinbaum si eso mejora las posibilidades de que MC derrote a la candidata de ese partido. Puede sonar confuso, pero no son más que estrategias encaminadas a explotar la noción del voto útil. Por ahora solo en Jalisco.

@jorgezepedap

 

En muy raras ocasiones los debates entre candidatos son determinantes para el desenlace electoral, salvo que se encuentren en un virtual empate técnico en las intenciones de voto, lo cual no es el caso en la disputa por la presidencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Y, sin embargo, hace tiempo que no se generaban tantas expectativas como las que observamos respecto a la confrontación entre candidatas que tendrá lugar este domingo.
Varios factores provocan este inusitado interés. Uno, el clima de polarización en el que vivimos; la política se ha convertido en tema pasional incluso en el ámbito familiar y social, ya no digamos en el de las redes sociales. No sé si la politización en sí misma sea mayor que antes, probablemente sí. Pero, sobre todo, la info entretenimiento que se ha impuesto en las redes sociales convierte a los escándalos y los memes de la campaña en material de consumo de amplios públicos, no necesariamente militantes o con posturas políticas específicas.
Dos, para lo que valga, se trata de la primera confrontación presidencial entre dos mujeres y, desde luego, una de ellas será la jefa del Estado mexicano los siguientes seis años. Un elemento de interés adicional para una parte de la opinión pública que no necesariamente sigue estos temas.
Tres, para la oposición es la última tabla a la cual aferrarse para mantener viva la esperanza de que todavía es posible modificar lo aparentemente inevitable. Para su desgracia, las encuestas se han mostrado indeclinables en la tendencia que otorga una amplia ventaja a Sheinbaum. Ningún atisbo de que vaya a cambiar en 50 días lo que no ha variado en seis meses. Siguen separándolas entre 17 y 30 puntos, según la encuesta que se consulte, pero ninguna de las empresas serias muestra que la distancia esté disminuyendo. De allí la importancia desmesurada que el equipo de Xóchitl ha depositado en esta confrontación: la esperanza de que suceda un descalabro de Claudia de tal magnitud que rompa inercias y convenza a millones de haber vivido con la marca equivocada.
Contra todas estas esperanzas hay, sin embargo, una realidad. Los debates son seguidos, sobre todo, por los más interesados en la política que, a su vez, normalmente tienen asumida una preferencia previa. Pero ese no es el “target” al que quisieran llegar los candidatos en esta ocasión. Es a los indecisos y poco involucrados en el seguimiento de noticias y en general de la cosa pública. Pero se trata de un sector que no suele sintonizar los debates o lo hace brevemente.
Por eso es que lo verdaderamente importante en términos mediáticos no es el debate sino el postdebate. Es allí donde está la verdadera batalla. La manera en que los incidentes de la confrontación serán recogidos en diarios, noticieros de radio y televisión, programas de opinión, columnas y redes sociales. Trascenderán las valoraciones que unos y otros hagan del desempeño de los contendientes, los trending tópics de extractos supuestamente brillantes o, más probable, pasajes poco lucidores o deplorables.
Cierto, los especialistas harán balances concienzudos sobre los aspectos sustanciales de lo que platearon los candidatos. Pero, por desgracia, lo que terminará haciéndose viral serán los comentarios ingeniosos, burlescos o humillantes que la comentocracia formal e informal hará respecto a una expresión, un gesto, un atuendo. Cualquier cosa que alimente el anecdotario para la satanización pronta y fulminante.
Por ello es que los candidatos enfrentan el duro desafío no solo de preparar los temas de fondo definidos para esta primera mesa. También deben conjurar el riesgo de que una frase mal interpretada, una sonrisa fuera de lugar, una ironía mal entendida termine convirtiéndose en su peor pesadilla.
En ese sentido, el reto es distinto para las dos candidatas. Ambas tienen fortalezas y debilidades invertidas. Xóchitl Gálvez tiene a su favor el hecho de ser oposición, lo cual ofrece un enorme material para echar en cara a la candidata oficial. El poder desgasta y genera cuestionamientos entre la población que la abanderada del PRIAN habrá de explotar a fondo. Del otro lado, su desventaja en las encuestas y la necesidad de dar un campanazo a cualquier costo la obligarán a tomar enormes riesgos. Ya lo mostró en la polémica y contraproducente escena de firmar con sangre su compromiso con los programas sociales. Tendrá que ser agresiva para, con suerte, sacar a Sheinbaum de sus casillas o al menos hacerla ver mal, pero el riesgo de lucir excesivamente pendenciera, vulgar o poco presidencial está a la vista. Adjetivos que, justamente, son los que le echan en cara a López Obrador sus malquerientes.
Las ventajas y desventajas de Claudia son las opuestas. Su enorme delantera le llevaría a desplegar una estrategia conservadora en el sentido de no correr riesgos. Mostrar solidez y sustancia presidencial, agudeza para no ser encajonada con una imagen de rigidez, pero siempre haciendo control de daños potenciales. Defenderá los logros oficiales pero sin parecer sectaria o fanática ciega. Criticará la versión de país de los conservadores, pero es poco probable que dirija cuestionamientos concretos o personales a su rival (cosa que sí hizo Clara Brugada en el debate por la Ciudad de México al estar sujeta a otro contexto).
Del tercer candidato, Jorge Álvarez Máynes de MC, poco que decir. Prácticamente una presencia apenas testimonial, salvo para ver a cuál de las dos candidatas favorecen o perjudican sus intervenciones. Las encuestas coinciden en que los votos destinados a MC afectan sobre todo a Xóchitl; lo que Álvarez suba o pierda con este debate impactará a la candidata de oposición. Pero a estas alturas es irrelevante lo que pueda variar su escaso 5 a 6% que representa la intención de voto a su favor.
Finalmente habría que ver en qué medida gravita el curioso incidente sobre el tema de los hijos en las campañas sucias. Como sabemos tanto Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa de López Obrador, como Claudia Sheinbaum expresaron su desacuerdo con la satanización en redes sociales del hijo de Xóchitl tras la publicación de un lamentable video. Un gesto de civilidad inusual en campañas que han chapoteado en lodo. Me parece, fue bien recibido por la opinión pública. No sé en qué medida obligue a los participantes a hacer ajustes en el tono. Particularmente si, como podría haber sido el caso, el cuarto de guerra de Xóchitl había previsto un comentario a la yugular respecto a los hijos del presidente.
Eso y otros desenlaces lo sabremos esta noche.

@jorgezepedap

 

El arranque de campaña y los discursos de las dos candidatas que se disputan la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, revela nítidamente la correlación de fuerzas con la que entran a la recta final. También lo que ellas son, pese a que ambos actos son resultado de una cuidada estrategia de campaña.
La abanderada de Morena presentó una lista de cien acciones o intenciones que expresan con claridad un mensaje pensado para el momento electoral en el que se encuentra. Hay un indudable cálculo político en los temas y en los énfasis con que los presentó, pero también hay una proyección de las intenciones que desea imprimir a su gestión como presidenta. De entrada, diría que en estos cien puntos hay un acto de fe sobre la continuidad. Pero no entendida como una imitación doctrinaria de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, sino como una prolongación matizada y enriquecida en la que se percibe un talante y una visión de la manera en que ella y su equipo visualizan el llamado segundo piso de la 4T.
Es decir, en ese centenar de propósitos se advierte la intención de fortalecer y completar el grueso de las acciones emprendidas por López Obrador, pero también el deseo de introducir una agenda propia de largo alcance. Hay tres temas que claramente constituyen un valor agregado respecto al gobierno obradorista: educación y cultura, medio ambiente, mujer y familia. Prácticamente la mitad de las acciones propuestas giran en torno a esta tríada que, para ser honestos, tuvo una relevancia menor en las prioridades del sexenio que termina. Las tres me parecen un enorme acierto. Modernizan y actualizan, sin contradecir, la tarea obradorista.
Sheinbaum ha afirmado que su énfasis en la continuidad deriva del respeto a López Obrador y la convicción de que su labor como líder y presidente ha sido buena, pero una y otra vez argumenta que ella forma parte de un movimiento que viene de lejos. La continuidad no es un reflejo ciego de lo que hizo AMLO, sino del hecho de compartir su visión del mundo. Yo añadiría que lo mismo podría decirse de López Obrador. El movimiento progresista que asumió el gobierno de la ciudad de México, a partir de 1997, impuso una agenda progresista que en los últimos años adquirió el rostro y el estilo de López Obrador. Priorizó algunas cosas y dejó de lado otras, pese a que ya formaban parte de la agenda de esta izquierda en la Ciudad de México. Sin contradecir a su tutor político, Claudia asume que es el momento de retomar estas agendas y profundizarlas, al mismo tiempo que prosigue con la tarea de consolidar el legado obradorista. Eso sí, a su manera. Un ejemplo: nunca se mencionó la palabra ejército (aunque habría que señalar que anticipó que en unos días más daría a conocer su propuesta sobre seguridad).
Hay otros dos elementos que nos pintan con claridad el tipo de presidencia que comienza a perfilarse. Por un lado, la ausencia de anuncios de obras de relumbrón que tanto gustan a los mandatarios porque los lleva a creer que constituirán para la posteridad una materialización de su paso por el poder. Lo que Claudia ofreció es un fortalecimiento desde abajo de la infraestructura carretera, ferroviaria, digital y la refundación del tema del agua, todo lo cual en conjunto es la obra negra imprescindible para el desarrollo. Un poco como ponerse a fortalecer los cimientos, columnas, instalación eléctrica y tuberías de una casa. Puede no ser impactante a primera vista, pero es la única forma de alzar un edificio sano.
Nada define mejor esta actitud que el tema sobre la educación. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que invertir en ello es la manera de mejorar el futuro, los gobernantes suelen postergarlo por la enorme magnitud de recursos que implica conseguir incluso pequeños avances. Los resultados se obtienen a largo plazo y no suelen ser espectaculares en el lapso de una administración. Políticamente es mucho más redituable aplicar los ingentes recursos que exigiría mejorar la educación, a obras más visibles e impactantes. “Quiero ser recordada como la presidenta de la educación”, dijo ella y dedicó una decena de sus puntos a este tema. Habrá que ver el programa en concreto, pero el punto de partida es revelador de un rasgo que confirma algo que ya había mostrado Sheinbaum como Jefa de Gobierno. La obra pública más costosa de su gestión en la Ciudad de México fue la refundación de la Línea 1 del Metro (35 mil millones de pesos): una inversión dedicada esencialmente a mantener en función y para los próximos 30 años un servicio que los capitalinos dan por sentado, pero que requería cirugía mayor. Un acto de responsabilidad, aunque poco redituable políticamente si consideramos los muchos accesorios y “juguetes” urbanos con los que pudo haberse adornado.
Un segundo rasgo de su personalidad política puede advertirse en la ausencia de frases grandilocuentes o figuras retóricas a las que los redactores de discursos de plaza pública son tan afectos. Sus planteamientos ideológicos o doctrinarios fueron mínimos. Claramente decidió aprovechar los minutos para definir su visión a través de acciones concretas. Sheinbaum da por sentado que sus convicciones definen lo que ella es y no las convierte en discurso militante y aleccionador. Prefiere definirse a través de la acción (o de lo que van a ser sus acciones). En ese sentido, se perfila una presidencia consistente con los objetivos sociales e ideológicos de la anterior, pero pendular en el estilo. Una jefa de Estado que se visualiza a sí misma como cabeza de una administración pública responsable.
Lo de Xóchitl Gálvez es menos transparente porque al ser una candidata con tanta desventaja está más obligada a ceñirse a una estrategia arriesgada, más artificiosa por así decirlo. Hará de la nota roja y de la violencia el caballito de batalla de su campaña, ha dicho. Hará una prisión que provoque miedo. Firmar con su propia sangre el compromiso de continuar, e incluso profundizar los programas sociales de hoy, tiene también mucho de efectismo y morbo. Pero esta promesa esconde una verdad particularmente dolorosa para su bando. La candidata de la oposición juega “en cancha ajena”: para intentar ser competitiva frente al electorado, tuvo que enarbolar la principal reivindicación de la política oficial, algo que durante años la oposición cuestionó acremente y hoy se ha convertido en promesa de su candidata. De ese tamaño es el éxito de la 4T para trastocar valores y visiones de la vida pública de este país. Las dos fuerzas políticas que se disputan el poder terminan apelando a un programa que dice priorizar a los pobres. Para una es la vocación que la define, para otra es una exigencia del diseño de campaña.

@jorgezepedap
 

Sin duda, en la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por la nota publicada en The New York Times hay un par de exabruptos reprobables (regresaré a ellos). Pero lo verdaderamente delicado es lo otro, una pieza de contenido cuestionable en términos periodísticos y publicada, quiérase o no, en momentos en que afecta los procesos electorales de México y de Estados Unidos. En cierta forma un capítulo de lo que podríamos llamar el Newsfare, que con la llamada Lawfare, o guerra a través de instrumentos jurídicos, se intenta neutralizar y deslegitimar al gobierno del cambio.
El reportaje del NYT remite a una indagatoria que fue cerrada hace tiempo, recuperada ahora a diez semanas de las elecciones, justo en el contexto de una campaña mayúscula bajo el #narcopresidente convertido en cruzada de la oposición. Comprarse la tesis de la ética periodística y el respeto a la libertad de prensa es irresponsable. El impacto propagandístico que tiene la nota en México es mayúsculo, pero en Estados Unidos no es menor: fortalece las posiciones de la derecha que pugna por una política de intervención directa bajo el argumento, justamente, de que el Estado mexicano está dominado por los cárteles.
Vayamos a la nota del NYT. Lo que sabemos es que uno o varios testigos protegidos intentaron negociar sus penas ofreciendo información sobre presuntos vínculos entre el narco y colaboradores del presidente mexicano, ya en funciones. La información fue desechada por el Departamento de Justicia por carecer de sustento. El NYT intenta vacunarse contra la debilidad del contenido con un párrafo a la mitad de la nota: “Gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadunidenses proviene de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, a veces, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les dijeron se confirmó de forma independiente”. Aquí es deliberadamente vago el NYT, porque lo que los documentos dicen es que no pudieron encontrar confirmación de tales acusaciones.
Para salvar la cara, la nota continua con una tesis absolutamente especulativa: el Departamento de Justicia habría desechado la investigación no porque careciera de veracidad sino por motivos políticos. No lo dicen con estas palabras, pero el argumento es categórico: “si salieron inocentes seguramente no es porque sean inocentes sino porque hubo un arreglo”. Un planteamiento indigno de un reportaje de investigación, porque para argumentarlo solo pueden citar a los mismos funcionarios que hicieron la acusación y les fue rechazada por falta de elementos. Peor aún, el NYT muy convenientemente no revela quiénes podrían ser tales funcionarios o a que agencia pertenecen. Y no lo hace, supongo, porque eso dañaría la legitimidad de la nota. Prefiere ocultar la fuente para no debilitar el impacto de la acusación. Y esa fuente no puede ser otra que la DEA o elementos asociados a ella, toda vez que la información procede de interrogatorios a narcotraficantes.
Con tan pocos elementos el NYT se explaya en dar un contexto que haga verosímil su acusación relatando la corrupción en México y la relación entre capos y autoridades. Como si eso fuera una novedad o de allí se desprendiera la inevitable culpabilidad del gobierno de la 4T. Si quería dar contexto interpretativo ¿por qué no referirse a las tirantes relaciones entre López Obrador y la DEA? Una agencia a la cual el presidente ha acusado de intervencionista y endurecido las condiciones para su operación en México. Una animadversión ganada a pulso entre las dos partes. Basta recordar el dato que aparece en la nota publicada el 29 de enero en ProPublica, también estadunidense, sobre un intento anterior por parte de la DEA para mostrar vínculos de la droga con la campaña de López Obrador en 2011. Tal investigación también fue abandonada por falta de elementos; pero la nota revela un dato significativo: en ese año la DEA propuso un acercamiento a colaboradores de la campaña de AMLO para ofrecerles 5 millones de dólares supuestamente procedentes del narcotráfico; con eso intentaban mostrar su tesis. Pero incluso el Departamento de Estado consideró la iniciativa demasiado intervencionista, además de ilegal. Curiosamente la DEA nunca se propuso hacerlo con los candidatos priistas o panistas.
Por lo demás, la propia relación entre el presidente y el NYT se ha enturbiado con el transcurso del tiempo y ha terminado por generar una relación poco profesional por ambas partes. Basta hacer la búsqueda con el nombre del presidente en la Web del diario para que aparezca el rosario de publicaciones sobre su gobierno: invariablemente negativas. EL NYT terminó comprando la visión de la oposición. El contenido y el momento de esta última publicación confirman el sesgo antilopezobradorista.
Pero también hay que decir que en la relación hostil entre la prensa crítica a López Obrador y los embates de este para defenderse no hay inocentes. En otros textos he lamentado el deslizamiento de muchos medios de comunicación del periodismo a la militancia. Un inventario seleccionado, y en ocasiones magnificado, de las malas noticias procedentes de la administración, abandonando todo intento de dar cuenta de una realidad compleja y cargada de claroscuros para remitirse primordialmente a una divulgación de corte propagandístico.
Las respuestas del presidente no han sido menos militantes. Un esfuerzo evidente destinado a desprestigiar a los críticos, a evidenciar sus motivaciones políticas o su visión ideológica, y ningún interés en responder con información puntual a las acusaciones específicas. En esa tarea han existido frases y momentos desafortunados, sin duda. La exhibición de información personal de finanzas o los insultos por parte del mandatario son inde-seables en cualquier situación, mucho más en el contexto de un país en el que la vulnerabilidad de los periodistas a la violencia política es evidente. Entendiendo la necesidad de responder a los golpes recibidos, me parece que algunas actitudes y frases del presidente, soltadas en momentos de irritación, desfavorecen a su causa. Lo del teléfono de la reportera y la razón para divulgarlo era innecesario; afirmar que la autoridad moral del soberano está por encima de la ley, también.
Dicho lo anterior, no deberíamos perder las proporciones de lo que aquí se está jugando. Sostener la campaña de un #narcopresidente con inversiones millonarias o publicar artículos forzados provocan un enorme daño potencial a la estabilidad del país y sus instituciones. Es altamente irresponsable por parte del NYT o de Claudio X. (quien lo ha tuiteado) y sus equivalentes. Que los supuestos defensores de la democracia y sus instituciones jueguen a la irresponsabilidad con tal de ganar algunos votos, es lo verdaderamente preocupante.

@jorgezepedap

Al margen de lo que cada cual opinemos, probablemente Vladimir Putin y Donald Trump ganarán la partida en la que se encuentran inmersos: una negociación a su favor en Ucrania y la presidencia de Estados Unidos, respectivamente.
Las más de dos horas de entrevista que el presidente ruso acaba de conceder al periodista estadunidense Tucker Carlson, ofrece algunas pistas para explicar esas muy probables victorias. La clave es la enorme debilidad que Occidente ha exhibido para montar una estrategia eficaz de represalias en contra de Moscú. Y peor aún, el hecho de que sus repercusiones habrían dañado más a Europa (a Alemania desde luego), y en cierta forma a Estados Unidos que a Rusia. El Kremlin apenas ha resentido la caída de ingresos por concepto de hidrocarburos, pero a cambio ha diversificado su mercado gracias a sus crecientes exportaciones a China, India, Turquía y en general al sudeste asiático, con la ventaja de que hoy lo hace en yenes o rublos y no en dólares. La proporción del comercio internacional que se hace en dólares se ha desplomado en esta zona, que es, además, la de mayor crecimiento. Es el problema, dice Putin, de haber utilizado infructuosamente como prenda de extorsión la joya de la corona: el reinado del dólar.
Algo similar podría estar sucediendo con el boicot tecnológico. Entregó el mercado ruso y su importante sector tecnológico, cibernético y científico a una alianza simbiótica con el poderoso motor económico chino. Un vínculo que podría tener enorme peso en la futura correlación de fuerzas del desarrollo científico. Y aún más preocupante a corto plazo es el impacto en la industria bélica hostil a Occidente: las reservas rusas, que siguen siendo inmensas, hoy financian el desarrollo armamentista de todos los países dispuestos a ignorar las sanciones en contra de terceros. Entre más se alargue la guerra se hará más sólida la infraestructura y las cadenas de producción en Corea del Norte, Irán y otros países que experimentan un auge inesperado en este rubro.
El boicot fallido ha sido un tiro al pie en otros aspectos. Para evitarse sanciones buena parte del comercio de otros países ha dado lugar a la proliferación de flotas mercantiles informales, apócrifas o piratas y se estima que hoy movilizan un 20 por ciento del comercio mundial.
El tema de fondo, más allá de la infamia de una invasión, o del carácter autoritario del régimen de Putin, es la incapacidad de las élites del primer mundo para entender que la geopolítica ha cambiado; que el 12 por ciento de los habitantes que viven en Occidente no pueden ya controlar a voluntad el planeta y menos aún mirando su propio ombligo.
Emmanuel Todd, un connotado investigador francés, ha sacudido las librerías con La Défaite de L´Occident (La derrota del Occidente) que se pregunta justamente eso: ¿por qué el resto del mundo prefirió optar por Rusia? Desde luego no es la versión que tenemos, dominada por los medios occidentales y por las declaraciones formales de las figuras públicas, pero en la práctica fue justamente lo que sucedió. Para no ir más lejos, las exportaciones rusas de petróleo y gas a Europa están al 90 por ciento de la cifra previa a la guerra. Ni siquiera los que lanzaron el boicot han podido cumplirlo. El autor hace una radiografía de un mundo cuyos centros de gravedad comenzaron a desplazarse en favor de China, y tendencialmente de India y del sudeste asiático, lo cual ha pluralizado los núcleos de poder. Solo que el imperio no parece haberse dado cuenta.
Putin ofrece una explicación interesante a su rivalidad con Estados Unidos. Se ha vuelto recíproca, pero porque ustedes así lo quisieron, dice a su entrevistador. Aceptamos la disolución de la URSS, la separación e independencia de las repúblicas, la apertura de los mercados, la privatización; incluso cita la frase de Yeltsin en Washington, God bless america. También nosotros queríamos ser europeos, parece decir, aunque con nuestras particularidades. Pero no nos aceptaron y ofrece una hipótesis: durante la guerra fría se desarrollaron tal cantidad de organismos de seguridad, de espionaje, de análisis antisoviéticos, que para sobrevivir siguieron manteniendo la noción de que éramos un peligro para América. La industria bélica también lo necesitaba. Pero ya habíamos disuelto al Partido Comunista e ideológicamente no teníamos querella alguna. Pudimos construir un mundo más plural juntos, con Europa y China, pero no convenía a los grupos de interés detrás de la Casa Blanca. Y cita el caso de varios acuerdos que alcanzó con presidentes estadunidenses sobre desarme, Medio Oriente o el Cáucaso, pero que fueron boicoteados por la CIA empeñada en desestabilizar la región.
Emmanuel Todd da cuenta de otra idea preconcebida de fatales implicaciones: la supuesta debilidad de Putin dentro de Rusia. En realidad, los rusos nunca habían estado mejor en términos de condiciones de vida: durante los primeros diez años de su gobierno la economía creció por encima del 5 por ciento anual y aunque luego bajó lo hizo a estándares europeos. Lo más importante es la llamada estadística moral, que revela la medida en que tal crecimiento se tradujo en un beneficio para la población en su conjunto. La tasa de alcoholismo cayó de 25.6 a 8.4 por cien mil habitantes; la de homicidios de 28.2 (similar a la de México hoy) a 4.7 (menor a Estados Unidos); la mortalidad infantil pasó de 19 por cada mil nacidos a 4.4 (también mejor que la estadunidense). Es cierto, existe un flagelo inadmisible a las libertades públicas y a la vida democrática, una hostilidad a ratos brutal a la diversidad sexual y otros derechos. Pero para el grueso de la población, formada en una tradición histórica mucho más severa que la occidental, la situación económica y las oportunidades ofrecen un consenso más amplio a favor del régimen de lo que los medios occidentales difunden.
El lanzamiento de la entrevista no es casual, pues llega en un momento particularmente difícil para Ucrania. Se enfrenta a la escasez de municiones y personal, el liderazgo militar está en crisis o en transición, falló la ofensiva de otoño y tras dos años de enfrentamiento la ayuda internacional ha comenzado a menguar. El verdadero destinatario de las palabras de Putin es la base y los cuadros republicanos, poco favorables, de por sí, a enviar dinero a una causa ajena. Con una Ucrania debilitada por cansancio o por knock out, es decir por falta de recursos o por presión de Trump si llega a la Casa Blanca, Putin confía en una negociación que ponga fin a la guerra en términos favorables. Muy probablemente sucederá.
Puede o no gustarnos lo que está sucediendo, pero es lo que hay, dijo el mismo Putin en la entrevista, y la pregunta es cómo vamos a adaptarnos a ello. Y al final queda otra preocupación en el aire: Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Modi en India lo tienen muy claro, mantendrán el control y la estabilidad por años; mientras los presidentes de Occidente viven en sus burbujas y atenazados por sus grupos de interés. Preocupante, interesante, por decir lo menos.

@jorgezepedap

 

Es el sexenio con más asesinatos en la historia de México afirman los críticos; es el primer sexenio en el que disminuirá el número de asesinatos en la historia reciente de México, defienden los lopezobradoristas. Las dos cosas son ciertas. Al culminar el primer gobierno de la 4T habrán muerto 200 mil personas como resultado de la violencia que sufre nuestro país, 50 mil más que en la administración de Enrique Peña Nieto. Un argumento que, sacado de contexto, lleva a suponer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los anteriores, equivocó la estrategia de seguridad.
Los números cuentan otra realidad. Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el fenómeno se intensificó: el panista tomó el poder con 10 mil asesinatos al año y lo dejó en 26 mil; el priista lo recibió con esta cifra y la llevó a 36 mil. Es decir, lejos de atenuar el problema, lo multiplicaron. Bajo cualquier perspectiva, lo que hicieron en materia de seguridad tendría que ser cuestionado a partir de estos resultados. López Obrador no pudo resolver el problema, pero en efecto al menos logró que no siguiera creciendo en sus primeros tres años, y en los siguientes tres comenzó a disminuirlo. Al terminar su administración habrá pasado de 36 mil a 30 mil anuales. La tasa de asesinatos por 100 mil habitantes habrá disminuido de 28 a 25. Una proporción que nos mantiene entre los más altos del mundo, pero al menos desescalando posiciones.
Cualquier valoración tendría que partir de estos números, no de la propaganda. Algo funcionó en lo que se hizo, pese a todo. Poco, si se considera la enorme sangría que supone 82 asesinatos en promedio cada día y una disminución de 20% a lo largo del sexenio. Mucho, si se considera lo extraordinariamente difícil que supone detener una tendencia expansiva que parecía imparable.
Si bien los números terminarían dando parcialmente la razón a López Obrador, la pregunta es si esa tibia mejoría está a la altura de las expectativas de la población. Una parte de la exasperación es hasta cierto punto natural: los ciudadanos están exhaustos por el impacto acumulado tras décadas de violencia. Y, por lo demás, aunque los números hayan comenzado a bajar lentamente, hay regiones en las que el control por parte de los delincuentes se ha intensificado, particularmente en lo que toca a extorsiones por derecho de piso y asaltos. No siempre la disminución de asesinatos significa un retroceso del crimen organizado, a veces es lo contrario: simplemente obedece al enseñoramiento de un poder salvaje en una región al grado de que ya no exige sangrientos enfrentamientos con sus rivales.
No obstante, otra parte de la exasperación proviene del uso político de la violencia por parte de la oposición y los medios críticos. A juzgar por las portadas de algunos periódicos, parecería que la situación es exponencialmente peor que en los últimos años de Enrique Peña Nieto, a pesar de ser lo contrario. Insisto, puede ser leve la mejoría, pero con el priista los asesinatos rondaban la cifra de 100 diarios, sin que la nota roja inundara los noticieros. La cobertura tan contrastante fue producto, en parte, de la estrategia de silencio que impuso el gobierno peñanietista, ayudada por una derrama sustancial en publicidad oficial; y en parte porque la oposición ha encontrado que esta es la punta de lanza, el flanco más débil de la 4T, de cara a la opinión pública. Nada es más efectivo que exasperar los miedos de la población y a eso está dedicada en gran medida la estrategia electoral y mediática de los adversarios del lopezobradorismo.
Todo eso es hasta cierto punto natural. Lo malo es que nos enfrentamos a un problema demasiado dramático para convertirlo en materia de propaganda en un sentido u otro. Defender la estrategia de seguridad a ultranza para apoyar a la 4T puede ser tan dañino como desacreditarla simplemente para dañar al gobierno o a su candidata. Un tema demasiado importante para convertirlo en piñata de intereses y pasiones políticas.
Si los números muestran que algo está funcionando, pero de manera demasiado lenta o insuficiente, tendría que conducirnos a analizar, con cuidado y responsabilidad, los pros y contras de lo que se está haciendo. Lo peor que podría suceder es volver a comenzar de cero, arriesgando el regreso de la terrible tendencia al alza que al menos se pudo detener.
Pero quizá tampoco podemos permitirnos que la percepción de miedo o impaciencia se extienda demasiado tiempo. Se necesita acelerar el ritmo para que esa sensación no derive en salidas falsas o desesperadas. En otros países la exasperación de los habitantes ha propiciado el triunfo de verborreicos de rostro fotogénico y fórmulas simplistas que ofrecen seguridad a cambio de la pérdida de libertades. Sería terrible terminar siendo presa de lo que la propaganda ha inflado.
Y también debemos entender que estamos en una carrera contra el tiempo en otro sentido. El probable triunfo de Donald Trump nos coloca en una especie de cuenta regresiva. El republicano ha convertido el combate al tráfico de fentanilo (además de la migración) en banderas electorales. Si llega a la Casa Blanca la tentación para intervenir en México de manera directa en un sentido u otro, será mayúscula. Más allá de que tales pretensiones imperiales son éticamente inadmisibles, nuestra mejor defensa es una estrategia de combate al crimen que esté funcionando. Lo que hasta ahora estamos haciendo no constituye un escudo para blindarnos frente a las críticas externas. Y no, no es un asunto meramente interno. Bajo el argumento de que el fentanilo “mata” a 100 mil estadunidenses al año, nuestro poderoso vecino convierte el asunto en un tema de política doméstica.
Así pues, al margen de la grilla, funcionarios, expertos y miembros del nuevo equipo de gobierno tendrían que revisar sin prejuicios y con realismo lo que se ha hecho bien y ha permitido avances relativos, lo que no ha funcionado, lo que puede fortalecerse, lo que habría que eliminar. La estrategia seguida hasta ahora constituye una opción militarizada, aunque solo presencial, con cientos de cuarteles y más de cien mil miembros de la Guardia Nacional desplegados en el territorio. No es claro lo que vaya a seguir. Todo tiene riesgos e implicaciones delicadas. A falta de espacio para examinarlas en este texto, solo insisto en que se haga de manera responsable y, sobre todo, al margen de mezquindades ideológicas y partidistas.

@jorgezepeda

 

El próximo 5 de febrero sabremos a ciencia cierta el paquete de reformas que Andrés Manuel López Obrador propondrá al Congreso. Se sabe ya de algunas, desgranadas de manera aislada en las últimas mañaneras por el propio presidente, pero también ha dicho que habrá sorpresas. Entre las conocidas: una reforma judicial de fondo, que incluiría la elección popular de los ministros, el traslado de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, jubilación de trabajadores con el 100% del salario, modificación sustancial del INE, eliminación de comités de competencia y otros organismos autónomos, eliminación de curules y escaños plurinominales en el Congreso, garantía de incrementos al salario mínimo por encima de la inflación, mayor austeridad del gobierno federal.
Cada una de estas propuestas merecería un análisis per se y seguramente algunas son más viables que otras, aunque también hay las que serían prácticamente inaplicables (salarios al 100% para el resto de la vida de los pensionados). Pero todas tienen en común que requieren una mayoría “constitucional” para ser aprobadas, es decir, dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Algo que los legisladores de Morena y sus aliados están muy lejos de conseguir. La oposición posee los votos suficientes para rechazar sin despeinarse todas y cada una de las propuestas que exijan un cambio de la Constitución. Y seguramente lo hará, no solo porque por razones de interés e ideología sería contraria a ellas, también porque en pleno período electoral no estaría dispuesta a otorgarle victoria alguna al partido en el poder.
En otras palabras, las propuestas del presidente están destinadas a ser rechazadas, y él lo sabe. ¿Por qué lo hace? Varios críticos han propuesto esencialmente dos razones para explicarlo; coincido en una (ventajas electorales) y difiero diametralmente de la otra (imponerle una agenda de trabajo a Claudia Sheinbaum)
Uno, por razones electorales. En efecto, casi todas estas propuestas son populares entre la mayor parte de los votantes. Algunas encajan perfectamente con la enorme desconfianza que inspiran la burocracia y los funcionarios en los ciudadanos, aunque no se entre en detalles de lo que representaría la supresión de lo que hacen. Otras permiten suponer una ventaja inmediata para los sectores más desprotegidos (salario mínimo progresivo). Y hay alguna más que parecería beneficiar a los pobres, cuando en realidad hace algo distinto: en otro texto he argumentado que la jubilación al 100% del salario opera, en realidad, en contra de los más pobres. El 52% de la población trabaja en el sector informal y no recibiría beneficio alguno del enorme esfuerzo que tendría que hacer el Estado para el pago de esas pensiones; equivaldría, pues, a una transferencia masiva hacia los sectores medios.
En suma, abogar por todas estas reformas le ofrece al presidente una importante munición durante las próximas semanas para argumentar la vocación de su gobierno en favor de los pobres. Y más importante aún, el desgaste que supone para la oposición votar en contra de estas propuestas y, por ende, en contra, aparentemente, del interés de las mayorías. Una factura política que López Obrador espera cobren los votantes a los candidatos de PAN, PRI y PRD.
Dos, imponer un estrecho corsé al próximo gobierno. Según sus críticos, el otro propósito de esta batería de reformas es constituir una suerte de programa de acción de su relevo, Claudia Sheinbaum, aún si ahora son rechazadas. Según esta tesis, al no estar en condiciones de reelegirse, se supone que López Obrador intenta imponer lo que más se le parece: el programa de gobierno del siguiente sexenio. Creo que es una conclusión equivocada por dos razones: primero, porque al tratarse de reformas que requieren mayorías constitucionales o calificadas, el presidente sabe que no están al alcance de Claudia Sheinbaum. Si él no pudo, ni en 2018 con su triunfo de 53% de los votos y mucho menos en las elecciones intermedias de 2021, menos se conseguirá en 2024 cuando él no esté en la boleta, ya no digamos en 2027 a la mitad del sexenio de Sheinbaum. Para obtener la mayoría calificada se requieren 86 senadores del total de 128; eso significaría ganar con el 68.8% de los votos y haber triunfado en las 32 entidades federativas para quedarse con los dos escaños correspondientes a cada una. Improbable, por donde se le mire.
Segundo, asumiendo, sin conceder, que tal cosa pudiera lograrse, el efecto lo tendría el presidente López Obrador porque la siguiente legislación se instala el 1 de septiembre, 30 días antes de que él deje el poder. Es decir, no hay razón alguna para imponer nada a Sheinbaum porque de darse el milagro él mismo sería el beneficiario. Eso significa que enviaría sus reformas el primer día tras alcanzar esa mayoría. Y si el milagro no se consigue, ningún sentido tiene intentar imponer un corsé que su relevo no está en condiciones de poder llevar a cabo, incluso si quisiera.
No, el propósito de López Obrador, además de “la astucia” electoral es otro. Su mirada está puesta en la historia, en su legado. Aún rechazadas, las reformas presentadas le permiten al presidente completar su ideario: “algunas cosas pude, otras las intenté pero los adversarios del cambio las impidieron”. Pero ambas, lo que se logró y lo que se intentó, constituyen el corpus político e ideológico con el que el mandatario quisiera ser recordado una vez que forme parte del panteón de la historia.
Si juzgamos la relación que López Obrador tuvo con sus relevos al dejar la presidencia del PRD a Pablo Gómez (1999) y luego la Jefatura de la Ciudad de México a Marcelo Ebrard (2006), observaremos un escaso involucramiento. Desde luego, al tabasqueño le importa el futuro de su movimiento, el éxito de los gobiernos de la Cuarta Transformación que habrán de venir, pero entiende que lo que sigue escapa a su control. Se siente cómodo con su sucesora, pero en todo caso la suerte está echada. Lo que sí está bajo su control, o así lo asume, es la consolidación de lo que será su paso por la historia. “Aspiro a ser el mejor presidente después de Benito Juárez”, ha dicho en más de una ocasión. De allí la importancia de documentar los argumentos y las pruebas para intentar demostrarlo, y eso incluye lo que hizo, tanto como lo que quiso hacer. El 5 de febrero conoceremos el resto de su testimonio político.

@jorgezedpedap

Quién sabe cuántas vidas tenga Movimiento Ciudadano, pero este invierno ya ha desperdiciado varias. Su candidatura presidencial se ha desinflado estrepitosamente, y con ello la oportunidad única para presentarse como una tercera vía en México, más allá de sus declaraciones. No es que tuviera una oportunidad real de competir contra Morena y la alianza opositora, las dos fuerzas políticas que se disputan el poder. Pero sí había una enorme posibilidad de presentarse en las ligas mayores como un partido con derecho propio, por encima de la multitud de organizaciones centaveras que, al margen de sus intenciones iniciales, se han convertido en paleros destinados a sobrevivir a la sombra de los grandes.
Presentar una candidatura propia era buena idea. Más aún, era imprescindible. Haberse adherido a Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez a cambio de prebendas, boicoteaba cualquier pretensión de venderse al público como una tercera vía, distinta a los dos bandos predominantes. Recordemos que MC en realidad solo tiene dos éxitos, ambos regionales aunque ciertamente respetables, las gubernaturas de Nuevo León y Jalisco. Pero en ambos casos se trata de triunfos coyunturales: el embate autodestructivo entre PRIAN y Morena (Nuevo León) y el desgajamiento de panistas y empoderamiento de una fracción universitaria (Jalisco). Ninguna es el resultado propiamente de la construcción de una base real, aunque ciertamente los dos gobernadores, una vez en funciones, están intentando fortalecer una corriente local emecista propiamente dicha. Sin embargo, como fenómeno nacional, MC es todavía irrelevante, más allá de los corrillos políticos y los medios de comunicación aburridos de la cobertura binaria, cada vez más monótona.
El problema para MC es que la legitimación de un partido procede de las cifras de electores que pueda congregar, no de sus supuestas intenciones o, peor aún, de las notas de la comentocracia. Por lo mismo, presentar una candidatura era necesario, pero también suponía un enorme riesgo pues evidenciaría su verdadero potencial (o la falta de este). En los últimos meses se habló de la candidatura de Marcelo Ebrard o de Samuel García y en la euforia se veían en condiciones, incluso, de alcanzar a Xóchitl Gálvez y convertirse en segunda fuerza política del país. Una meta seguramente irreal, pero revelaba el tamaño de las ambiciones.
Como sabemos, las dos opciones estelares terminaron mal para MC. El ex canciller Marcelo Ebrard acabó desdeñando el largo cortejo amoroso del que fue objeto por parte de Dante Delgado, el mandamás del partido ciudadano. Seguirá siendo un misterio las razones que llevaron a Ebrard a cerrarse todas las puertas, incluida esta, en lo que hasta ahora parece una especie de suicidio político. Primero, el ex jefe de la Ciudad de México dinamitó su relación con Morena, y en particular con la heredera del bastón de mando, Claudia Sheinbaum, al impugnar de manera pública y hostil el proceso interno de selección. Algo que resulta difícil explicar, porque el consenso de las encuestas hacía evidente, de manera anticipada, el triunfo de ella, y el enorme premio de consolación que se le había ofrecido. Ser coordinador del Senado en la próxima administración lo convertía en jefe del Poder Legislativo los siguientes seis años; eso habría significado prácticamente co gobernar con Palacio Nacional e impulsar su propia agenda, toda vez que se trataría de una presidencia menos dominante que la actual de López Obrador. Habría sido el puesto político más importante, solo a la saga de Sheinbaum. Por alguna razón Ebrard escogió el peor de los escenarios, boicoteó este papel a cambio de nada; quedarse en Morena en calidad de paria.
Por lo mismo, resulta aún más misteriosa la razón por la cual, ya en este punto, rechazó la balsa salvavidas que puso a su disposición Movimiento Ciudadano. No era un mal plan B. Con Ebrard como candidato este partido podría haber alcanzado un porcentaje respetable, seguramente por encima de 10% de la votación y había encuestas que subían esa proporción hasta 17%. Eso habría instalado a esta fuerza en el panorama nacional. Y, mejor aún, la candidatura de Marcelo habría sido ancla para una captación mayor de legisladores para MC. Muchos de ellos habrían sido del grupo de Ebrard. Basta decir que con el 10% de los diputados el partido podría haberse quedado como el fiel de la balanza el próximo sexenio, la fuerza que definiera las decisiones controvertidas, el árbitro con poder para hundir o hacer prosperar nombramientos, presupuestos, leyes y reformas. En pocas palabras, dejaba a Marcelo en posibilidad de quedarse tendencialmente con el partido mismo.
Cancelada la opción de Ebrard, MC recurrió a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Si lo de Ebrard fue un desdén, lo de Samuel resultó un ridículo. El joven y desenfadado político intentó lanzarse a la candidatura con un permiso temporal, sabiendo que regresaría a los pocos meses. Para él era atractivo porque constituía un paseo promocional por todo el país, un ensayo de lo que sería su campaña para el 2030. Pero desconocimiento jurídico y torpeza política provocaron que se fuera en banda: no había posibilidades de dejar a un incondicional como gobernador provisional aunque lo intentó hasta el último minuto, en una cuenta regresiva tragicómica.
Con la boda en puerta y sin novio a la vista, la familia ciudadana tuvo que echar mano de un candidato emergente entre el casting que pudieron encontrar. Cabía una sorpresa in extremis, una carta bajo la manga, consistente en alguna figura nacional, ajena a la política, capaz de generar expectativas entre los muchos ciudadanos despolitizados o hartos de la clase política. Pero no, la distinción recayó en José Álvarez Maynez, un joven cuadro cuya mayor virtud es que no tiene malos antecedentes, y la peor que, para efectos de la masa de votantes, no tiene antecedentes, punto. En suma, el desenlace de la larga telenovela de MC y su famosa tercera opción frente a Sheinbaum y Xóchitl resultó anticlimática, y probablemente intrascendente.
Esto pone al partido en un gran riesgo. Una votación presidencial que ronde el 5 o 6%, exhibe a MC, pues dimensionaría alcances mucho más modestos que las enormes expectativas que generó su largo proceso de deshojar la margarita. Un porcentaje como ese lo pone en la escala de lo que alcanzó el Partido Verde. Y eso da para convertirse en carne de alianzas, escudero de terceros, fuerza a la venta del mejor postor. MC tiene cuatro meses para demostrar lo contrario, pero para eso tendría que dejar de tirarse disparos al pie.

@jorgezepedap

 

El cobro de derecho de piso por parte de una fuerza dominante a una comunidad completa más que una extorsión parecería constituir un impuesto (y nunca mejor utilizada esta palabra). El tributo exigido equivalía a un peso por cada metro cuadrado cultivado por parte de agricultores y una cantidad por mercancía vendida a cada comerciante. La respuesta de la comunidad en contra de sus verdugos terminó en ocho delincuentes ejecutados y, al parecer, tres vecinos fallecidos. Los hechos ocurrieron este viernes en Texcaltitlán, Edomex, a 65 kilómetros de Toluca.
Extorsión a esta escala y justicia por mano propia revelan la fragilidad del Estado mexicano, o la ausencia de este, en algunos bolsones del territorio. Sería absurdo negar que lo que sucede a una hora de Toluca no está ocurriendo en muchos otros sitios peor comunicados y distantes. Las autoridades dirán que es una anomalía, una reminiscencia del estado de cosas heredado de administraciones pasadas; la oposición denunciará que se trata de una muestra fehaciente del fracaso de la estrategia de seguridad pública del gobierno de la Cuarta Transformación. Las dos cosas son ciertas y, por lo mismo, falsas a la vez. Y mientras sigamos escondiéndonos en visiones partisanas difícilmente saldremos del problema. Minimizarlo para evitar la crítica o endilgar la responsabilidad exclusiva al grupo gobernante es, justamente, una de las razones por la cual nos encontramos en esta crisis.
El enseñoramiento de los cárteles en algunas zonas del país y su fragmentación en bandas cada vez más feroces es resultado de un largo proceso en el que autoridades de ahora y del pasado llevan una enorme responsabilidad, por complicidad, incapacidad o inacción. Por supuesto solo tenemos el presente y al gobierno de turno para exigir que se haga algo. Pero tampoco podemos ignorar que las actuales autoridades enfrentan una situación agravada, por efecto acumulado, más difícil de resolver que la que sufrieron sus predecesores.
En un reciente artículo Alejandro García Kobeh y Jorge Mariscal (Nexos, 9 de diciembre 2023) reflexionan sobre las categorías de Estado funcional, fallido, fallando y narcoestado. Concluyen que México no es un narcoestado en el sentido de que las instituciones no operan para defender y promover los intereses de los grupos criminales. Pero asumen que podríamos encontrarnos en algún punto entre un estado fallando y un estado fallido. El primero remite a una situación en la que los niveles de criminalidad y de homicidios dolosos se elevan por encima de la media internacional, la violencia y el crimen son preocupaciones centrales de la ciudadanía y la economía resulta marginalmente afectada de forma negativa, pero la delincuencia al menos está contenida por las fuerzas del orden. Ese es un Estado fallando, según los autores, y no cuesta trabajo pensar en la situación de México. El “fallando” se convierte en “fallido” cuando el poder de fuego de la delincuencia supera al de la autoridad y el gobierno no cuenta con los recursos materiales, humanos, financieros o de inteligencia para reprimirlos.
Tengo la impresión de que al inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador entendió que el país se encontraba muy cerca de esa situación. El poder de los cárteles parecía muy superior al de las policías federales, estatales y municipales en número de elementos y en capacidad de fuego. La construcción de más de 500 cuarteles y la organización de una Guardia Nacional con más de 150 mil elementos desplegados en el territorio formaría parte de un proyecto de mediano plazo para subsanar tal carencia. El Estado mexicano tenía que recuperar la geografía y para conseguirlo debía reocuparla. Asumo que la denostada política de “abrazos no balazos” fue un intento (fracasado) de ganar tiempo en una especie de tregua, mientras la autoridad se daba la oportunidad de emparejar la potencia bélica frente al crimen organizado. Si él no tuvo la oportunidad de afrontar directamente a un ejército de sicarios, decidió tomar las acciones para que su sucesor al menos tuviese esa alternativa sobre su mesa. No sé si al final lo habrá conseguido, y quedará para la discusión si tal objetivo (rearmarse y desplegarse) podría haberse conseguido por vía policiaca y no militar de manera más rápida o expedita. Pero lo cierto es que si la definición de Estado fallido es aquella en la cual los criminales superan en capacidad de fuego a la autoridad, en 2023 existe un mejor balance que en 2018, al margen de que hasta este momento no se haya dado la orden de afrontar directamente a las bandas criminales o de asumir el control de las regiones perdidas.
Difícilmente la situación cambiará el resto del sexenio. Las presiones de Estados Unidos en tiempos electorales y la indignación por el daño del fentanilo en la población vecina, provocarán un endurecimiento del gobierno mexicano en contra de los grupos criminales que mueven esta droga. Ya lo comenzamos a notar, de hecho. Pero muy poco más, excepto el intento de completar los objetivos en materia de cuarteles y GN.
La matanza en Texcaltitlán puede ser un incidente singular, porque no es usual que una comunidad enfrente a bandas que poseen armas de alto poder. Pero es una llamada de atención al hecho de que muchas localidades se encuentran sometidas a esta expoliación día a día. Como todos los problemas estructurales, el peso del crimen organizado y su penetración en el tejido social no es un problema que vaya a ser resuelto por un gobierno o en un sexenio. Se construyó a lo largo de décadas y no hay soluciones mágicas e inmediatas para superarlo. Tendrá que ser el resultado de políticas públicas a lo largo de varias administraciones, alternancia o no alternancia, y del compromiso y sacrificio de parte de muchos actores de la sociedad en su conjunto.
Fallando o fallido, lo cierto es que Estado no es lo mismo que gobierno en funciones. Implica los gobiernos estatales y municipales, las instituciones públicas y el poder Judicial y Legislativo. El combate a la inseguridad pública y el saneamiento del sistema judicial tendrían que ser prioridades por encima de la rivalidad de los partidos. El tema de las mujeres o del combate a la pobreza son paradigmas que han cruzado todo el espectro político. Hoy todos los partidos postulan mujeres predominantemente o al menos equitativamente, debido a la presión de la opinión pública. Algo similar sucede con la atención a las exigencias de las mayorías; no es casual que, incluso la oposición, haya postulado a Xóchitl Gálvez, la candidata que mejor respondía a esa exigencia, en lugar de optar por uno de los suyos (Santiago Creel el PAN y Enrique de la Madrid, el PRI). Ha llegado el momento en que la inseguridad pública se convierta en un tema de convergencia y puesta en común y no el pretexto para sacar raja a un rival político.

@jorgezepedap

 

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rehabilitar un sistema de trenes de pasajeros en México está siendo bombardeada desde distintos frentes. Que es una ocurrencia sexenal de última hora, que es un despropósito en términos económicos, que el mundo va en dirección contraria en materia de movilidad, que terminará siendo un lastre más para el fisco con cargo a los impuestos de todos. Y es cierto, pensar fuera de la caja, como dicen los consultores de empresas, tiene riesgos. Imaginar escenarios o situaciones a contrapelo de la lógica predominante puede conducir a la insensatez, a elefantes blancos, a torpezas descomunales. Pero en ocasiones también lleva a sacudir inercias impuestas por la costumbre y, gracias a ello, la posibilidad de plantearse soluciones más sanas, atajos impensables, futuros distintos.
Desde hace décadas asumimos que el sistema de carreteras, autos y camiones era la manera idónea para el traslado de las personas. Un modelo que había sido adoptado en Estados Unidos en parte por las características geográficas y en parte por presión de la poderosa industria automotriz y las grandes empresas petroleras. En todo caso, una sociedad, la estadunidense, muy diferente a la nuestra. México asumió esa modalidad como si fuese una ley del progreso y la modernización, como si los trenes de pasajeros fuesen un anacronismo que el futuro terminaría liquidando.
Desde luego no es así, y basta ver el enorme desarrollo de los trenes en Europa y en Japón.
Se me dirá que no hay nada más cómodo para una familia que viajar de una ciudad a otra, de casa a casa, en su propio automóvil y sin necesidad de incómodos traslados a una estación de trenes. El problema es que apenas un tercio de las familias en México posee un auto capaz de salir a carretera. Y si por algún milagro esto cambiase y todos pudieran tener un vehículo propio, caminos y autopistas no soportarían el flujo resultante. Cosa de ver los atascos que ya se producen en las vías que conectan a la Ciudad de México con Pachuca, Cuernavaca o Puebla, en que cualquier accidente, compostura o mantenimiento condena a los viajeros a largas horas de espera. El transporte en automóvil, aunque no lo veamos así y creamos que se trata de una solución universal es, de suyo, una opción que presupone un acceso limitado, que para ser eficiente requiere que solo esté al alcance de una porción de la sociedad.
La verdadera comparación tendría que hacerse entre autobuses y trenes de pasajeros. Con lo cual comenzamos a darnos cuenta de que en realidad el modelo estadunidense era imposible para un país como el nuestro. Allá no fue necesaria la construcción de una robusta red de centrales camioneras; la aspiración de poseer un auto propio estaba al alcance de la mayoría de la población, gracias a un poder adquisitivo más alto y a un parque enorme de autos usados a bajo costo, condiciones que no tenemos en el país.
En suma, la pertinencia o no de un sistema de trenes de pasajeros tendría que ser valorada contra su real alternativa, es decir, autobuses y centrales camioneras, y no respecto al sueño guajiro e inalcanzable de crecer bajo el supuesto de que algún día todos los mexicanos tendrán un auto propio. Como en tantas otras cosas, los sectores acomodados asumen que las soluciones que han encontrado para resolver la inseguridad (bardas más altas, carros blindados y guaruras), la educación de los hijos (escuelas privadas) o la salud (hospitales de alta gama) están al alcance de todos, cuando en realidad son producto de una situación privilegiada. ¿Por qué entonces un gobierno que intenta reorientar decisiones y proyectos de cara al beneficio colectivo no debería explorar la posibilidad de un modelo de transporte público más favorable a los sectores populares?
Se afirma que los trenes de pasajeros ya demostraron que son inviables en México y representan un salto al pasado. Pero esa inviabilidad fue resultado de un diseño político e ideológico, no una ley de la economía o de la naturaleza. Lejos de ser una visión “trasnochada”, los retos ecológicos y energéticos apuntarían justamente en sentido inverso. ¿Cuántas toneladas de gasolina requieren los miles de autos con un solo pasajero que se trasladan día a día a la Ciudad de México desde las cercanías?
Se asegura que la operación de trenes de pasajeros no será rentable y tendrá que ser asumida por el sector público con cargo al erario. Quizá, aunque de entrada habría que reajustar las políticas públicas que privilegiaron el uso del automóvil en detrimento de otras opciones y que explican en gran medida esta disparidad. Pero incluso si se requiere del apoyo del sector público para tener un servicio eficaz, tendríamos que contrastarlo con los costos reales del modelo actual. Se dice que incluso muchas de las líneas de trenes europeas son deficitarias y es cierto; pero también lo son los metros subterráneos de las ciudades y nadie quisiera imaginarse cómo sería la Ciudad de México con 5 millones de personas más trasladándose en microbuses. Pero, insisto, esos déficits tienen que contratarse con su alternativa real: ¿Cuál es la magnitud del subsidio al consumo de gasolina? ¿Cuáles las transferencias disfrazadas a la construcción y operación de carreteras a las compañías privadas? ¿Cómo contabilizar el costo de la contaminación? ¿A qué equivale el dispendio del valioso espacio urbano que hoy se dedica a estacionamientos? ¿Cómo contabilizar las pérdidas humanas y económicas, mucho más frecuentes en carretera que en ferrocarriles?
Desde luego, no se desean barriles sin fondo o trenes fantasma que nadie use. Pero mal haríamos en satanizar y cancelar sin revisar siquiera la posibilidad de hacer las cosas de otro modo. Y mucho menos si tales objeciones responden a un interés político, a la defensa de un modelo que beneficia a algunos o de plano a un prejuicio.
Muchos cuestionan la manera imperiosa y apresurada en que López Obrador ha presentado el tema. Quizá, pero le quedan 10 meses en el gobierno y tiene prisa. Sabe que mucho de lo que está presentando son ideas para mejorarse. Lo importante es convertirlo en agenda de preocupaciones del siguiente gobierno. La verdad, ojalá. Sería lamentable que se nos fuera ese tren por soberbia y ceguera. Todo lo demás, que lo digan los estudios, sin prejuicios ni sesgos ideológicos, pero sí desde el interés de todos.

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