Pide un colegio de abogados de EU a Capufe reunirse con defensores de Kenia Hernández

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La American Bar Association solicitó por escrito al organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) una reunión con los abogados de la defensora social guerrerense Kenia Hernández Montalván, presa desde junio de 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) número 16, ubicado en el municipio de Coatlán, Morelos.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jorge Nuño Lara, que atiendan una petición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de dar seguimiento al caso.
La American Bar Association, es un colegio de abogados prestigioso de Estados Unidos que asume la defensa de defensores sociales.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa jurídica de la dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y fundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (Molpeg), informó en un boletín de prensa que ese colegio de abogados de Estados Unidos propone que la defensa de la dirigente social realice una presentación del caso ante Capufe y puedan llegar a una solución.
El Centro Zeferino Ladrillero, explicó que anima a la American Bar Association saber que la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) y los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, están dando seguimiento a “la criminalización” de Kenia y su detención.
“Esperamos resultados positivos pronto para Kenia”, expresó.
Asimismo, informó que existe la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jorge Nuño Lara, den seguimiento al caso.
El organismo pidió a los dos funcionarios que atiendan la petición del presidente y la solicitud de la American Bar Association.
“Necesitamos que Capufe acepte el acuerdo preparatorio para tener a Kenia en libertad”, escribió el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

 

Condenan a 10 años de cárcel a la activista Kenia Hernández acusada de robo con violencia

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un juez de Control de Almoloya de Juárez dictó sentencia por 10 años de prisión a la activista de Guerrero, Kenia Hernández Montalbán, por el presunto delito de robo con violencia.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara, quien lleva su defensa dijo que se trata de una sentencia que no se ajusta a derecho, sino que se dictó “por motivos políticos y para criminalizar la lucha social”.
La dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive fue detenida el 18 de octubre de 2020 en la caseta de cobro de Amozoc, Estado de México y trasladada al penal federal de Almoloya de Juárez, pero cinco días después fue cambiada al Centro Femenil Federal de Morelos, donde cumple su condena.
De los miembros de la agrupación que fueron detenidos, sólo Hernández Montalbán sigue presa, otros tres jóvenes detenidos el mismo día con ella, fueron liberados al día siguiente por ser menores de edad.
El abogado que lleva la causa penal 167/2021, por el delito de robo agravado, informó que la activista tiene otras cinco causas penales que aún no se han resuelto.
Insistió que la sentencia de 10 años que dictó el juez el domingo pasado contra Kenia no se ajusta a derecho; “es una decisión política que viene desde las más altas esferas del gobierno federal y de las empresas concesionarias de las autopistas privadas de México”.
Denunció que quien encabeza la incidencia en contra de la libertad de Kenia es la empresa OHL Aliática, que tiene autopistas particulares en el Estado de México y que por eso se explica que las primeras detenciones de Kenia fueron en esa entidad.
Anunció que la defensa va a impugnar la resolución como en derecho procede a través de una apelación. “Sin embargo, tenemos que subrayar que lo que está pasando con Kenia, no es otra cosa que una decisión política que evidentemente sólo puede cambiar con la movilización y la denuncia pública para que esa decisión cambie y se libere a Kenia”.
Dijo que, afortunadamente, se ha logrado ampliar la denuncia pública en contra de la persecución y criminalización contra Kenia Hernández y que se han sumado no sólo senadores, sino organizaciones internacionales que han engrosado la participación de la exigencia por la libertad de Kenia.
Explicó que el único argumento que esgrimió el juez al dictar sentencia contra Kenia fue que estuvo presente en la protesta, “y como estuvo presente, si bien no hay pruebas que acrediten que robó, deduce que estar presente hace posible que haya robado”.
Insistió: “Evidentemente eso es violatorio del debido proceso y de la debida valoración de la prueba, porque concretamente se están basando en la presencia de Kenia en el acto de la protesta en la caseta de Amozoc, Estado de México”.

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC – PC) DE GUERRERO SOBRE PERSONAS USURPADORAS DE NUESTRO NOMBRE E INSIGNIAS

San Luis Acatlán, Gro., a 20 de noviembre del 2020

  1. LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MEXICO
  2. LIC. OLGA SANCHEZ CORDERO DAVILA, SECRETARIA DE GOBERNACION
  3. LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACION Y MIGRACION, SEGOB
  4. GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL
  5. LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
  6. MTRA. MARIA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA: PRESIDENTA DE LA CNDH

C. GUILLERMO FERNÁNDEZ MALDONADO, REPRESENTANTE EN MEXICO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

C. LIC. HECTOR A. ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO

  1. C. P. JUAN CARLOS BARRIOS CURTI, REPRESENTANTE DE SEGOB EN EL ESTADO DE GUERRERO

 

ANTE LA CONFUSION GENERADA POR LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION DESDE HACE VARIOS AÑOS EN LA SOCIEDAD, EN LAS VERDADERAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y EN SINDICATOS DEMOCRATICOS ASI COMO EN EL PROPIO GOBIERNO MEXICANO EN SUS TRES NIVELES, CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL INCLUSO, POR ESTA VIA DAMOS A CONOCER EL SIGUIENTE:

PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC – PC)  DE  GUERRERO  SOBRE  PERSONAS USURPADORAS DE NUESTRO NOMBRE E INSIGNIAS

I.- ANTECEDENTES

ANTES DE LA CRAC-PC YA EXISTIA EN LA MONTAÑA Y COSTA CHICA UN PODER POPULAR

Las comunidades indígenas de la región cafetalera y 6 organizaciones sociales indígenas son la fuerza motriz de la creación y desarrollo de nuestra Policía Comunitaria. Fueron construidas, en distintos tiempos, desde los 80`s pero, en los 90`s se entrelazan en una coordinación que impulsamos dos demandas ante el gobierno: seguridad-justicia y servicios. Producto del trabajo de las organizaciones, fundamentalmente las cafetaleras, construimos un Poder Popular con una base social de más de 8 mil cafeticultores y otra cantidad importante de campesinos.

ORIGEN, DESARROLLO Y ESTRUCTURACION DE NUESTRA POLICÍA COMUNITARIA INDÍGENA

La Policía Comunitaria surge en 1995 a causa de problemas de inseguridad e injusticias y desde entonces ha sido y es una fuerza de paz de los pueblos, con los pueblos y para los pueblos. Siempre ha promovido la solución de cualquier conflicto por la vía pacífica y buscando mecanismos de coordinación, no de subordinación ni de confrontación con los tres niveles de gobierno.

Nuestra organización esta cimentada en Asambleas Comunitarias de los pueblos. Desde “abajo”, provienen los acuerdos más decisivos y es ahí donde se nombra y controla al Grupo de Policías Comunitarios. Si un asunto lo amerita, es llevado a una Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias en un segundo nivel; o hasta otro tercero (Asamblea General de Autoridades), de todo el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación (SCSJR). La dirigencia está integrada por un equipo de Coordinadores y uno de Comandantes Regionales. Otro importante órgano más es el de los Consejeros Regionales y Locales que orientan, asesoran, capacitan y dan apoyo al conjunto de aparatos.

 

LOGROS Y ACTIVIDADES

El logro fundamental es en materia organizativa: la construcción y consolidación de solidos aparatos en la estructura de la Institución Comunitaria. También, al paso de los años, ha habido otros logros materiales para las comunidades y las regiones como la construcción y operación de una amplia infraestructura: carretera, puentes, Universidades, Preparatorias, entre otros.

El trabajo organizado, firme y digno de la mayoría de los compañeros de nuestra estructura organizativa, desde su inicio, permitió una reducción de más del  90% de la inseguridad en el Territorio Comunitario. Nuestras regiones son las más seguras de todo Guerrero. En reuniones del Consejo Estatal de Seguridad, incluso, esto fue reconocido por algunos Gobernadores que, en su momento, nos han rechazado.

La CRAC-PC brinda seguridad y justicia por Sistema Normativo a 210 comunidades de 29 Municipios, en 3 Regiones de Guerrero (Montaña,  Costa Chica y Acapulco). Las principales actividades en sus comunidades integradas son: 1). Brindar seguridad mediante rondines, retenes y operativos; y, 2). Impartir justicia por Usos y Costumbres y vía reeducación. No instalamos retenes en carreteras federales ni involucramos a los Policías Comunitarios en conflictos intercomunitarios.

 

LEGITIMIDAD  Y POPULARIDAD

En abril de 2011 la LIX Legislatura del Congreso Local de Guerrero aprobó La Ley 701 que soporta, de forma categórica, las actuaciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Más aun, mediante reforma, en el Art. 10 de la Constitución del Estado, también se reconoció a nuestra Policía Comunitaria. La CRAC-PC ha sido la única con reconocido soporte jurídico internacional (Convenio 169 de la OIT y otros), nacional (Art. 2º. y 39 Constitucional), estatal (Constitución, art. 10 o 14 y Ley 701) y comunitario (Reglamento Interno) que ampara, a la fecha, la operación de 2`200 Policías Comunitarios y a sus Autoridades Comunitarias Regionales.

Desde los primeros años, después de un arduo trabajo y de su reconocimiento legal la fama de la Policía Comunitaria traspaso las fronteras del Estado, y las del país. Muchos estudiantes de Universidades nacionales y extranjeras en distintos niveles y de varias disciplinas acuden a la Casa de Justicia Matriz, de San Luis Acatlán, para hacer investigaciones y preparar sus tesis. Por igual organizaciones sociales,  sindicatos y medios masivos de comunicación, asisten a los aniversarios para conocer “el fenómeno de la Policía Comunitaria de Guerrero”.

 

DESARROLLO Y COBERTURA DE LA CRAC-PC

La popularidad de nuestra Policía Comunitaria influyo en su crecimiento (número de comunidades), desarrollo y consolidación de la estructura de la Institución Comunitaria. Dos de los logros más destacados hasta 2020, más aun que los avances materiales. De 35 comunidades con grupos de Comunitarios en 1998, pasamos a 210 en 2020 y de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán  constituimos, cuatro más. Ahora la población beneficiaria (directa e indirecta) es de cerca de 500 mil habitantes, cuando al inicio de 1998 era de alrededor de 70 mil habitantes.

Así, en procesos, se fueron constituyendo las únicas cinco Casas de justicia reconocidas por el SCSJR: 1ª). Casa Matriz, San Luis Acatlán; 2ª). Espino Blanco; Malinaltepec; 3ª). Zitlaltepec, Metlatonoc; 4ª). El Paraíso, Ayutla; y 5ª) Las Juntas Caxitepec, Acatepec. Además de los Comités de Enlace de: Dos Ríos, en el Municipio de Cochoapa El Grande, Chilixtlahuaca, en Metlatonoc; Cacahuatepec, Acapulco; y, Tlacoachistlahuaca, en su cabecera municipal.

Reafirmamos con orgullo y dignidad: la CRAC-PC es una Institución Comunitaria, principalmente de indígenas, que cuenta con toda la autoridad moral, legitima, ideológica y política que nos hemos ganado, a pulso, con la lucha, organización y sacrificios por más de 25  años. Somos, por lo tanto, de las pocas organizaciones de masas de nuevo tipo que existen en nuestro país.

CON EL CRECIMIENTO, OTROS LIDERAZGOS Y VIEJAS PRACTICAS

Con la experiencia de más de 25 años, para muchos nos ha quedado muy claro que “el peso de la CRAC-PC no puede ser llevado en los hombros de una sola persona”, solo puede ser soportado por un equipo de dirección amplio y con el respaldo real de nuestros pueblos. Sin embargo, por desgracia con el desarrollo vino la fama y con ésta también las ambiciones (internas, externas o combinadas): compañeros representantes e incluso iniciadores, o asesores a los que les gano su ego y megalomanía actuaron más de forma personal que colectiva.

Algunos, durante sus encargos se desviaron del camino. Unos más que otros pero, en general, no ayudaron a mejorar el desarrollo de nuestra Institución Comunitaria, al contrario. Algunos de estos “lideres” desviados (coludidos incluso con el Gobernador en turno o con políticos del estado) constituyeron, por decisión personal “Casas de Justicia” fuera del Reglamento Interno que no avalamos: Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec (2013), Cochoapa, Ometepec (2014); San Nicolás, Cuajinicuilapa (2014); y, Rincón de Chiautla, Chilapa (2015). De éstas la 2ª y 3ª desaparecieron pero, la mayoría, han dejado una trayectoria llena de irregularidades, desastres y, en algunos casos, atrocidades. He ahí algunos ejemplos de los aspectos más negativos, más dañinos, que la popularidad de la CRAC-PC ha generado en los espíritus de “lideres” de muy baja intensidad. Aunque, con sus malas actuaciones, algunos de estos compañeros solo cosecharon lo que sembraron: varios fueron expulsados, algunos fueron encarcelados por el Gobierno y otros terminaron mal, mucho muy mal.

En lo externo algunos Gobernadores del Estado y grupos u organizaciones civiles (ONG´s) supuestas “defensoras” de “derechos humados” también han hecho lo propio para atacar, desvirtuar, usurpar e incluso intentar manipular a la CRAC-PC. Todas esas prácticas, en su momento, han sido y serán derrotadas por nuestra línea de trabajo.

 

AGRESIONES A LA CRAC-PC

Desde su inicio (1995), nuestra Policía Comunitaria fue muy atacada, pero también, muy apetecible para algunos políticos, funcionarios de gobierno y Gobernadores. Ser controlada, por otros o por uno, podría significar darle un uso político o ilegal e, incluso, delincuencial. Es por eso que, casi siempre han intentado controlar nuestra Institución Comunitaria, a través de dirigentes desviados o traidores, sin embargo nunca lo han logrado. Así, por ejemplo, en 2002, con amplias movilizaciones de masas derrotamos el ultimátum del Gobernador Rene Juárez para desarmar a nuestra Policía Comunitaria.

Entre 2013 y 2015 libramos otras fuertes batallas políticas e ideológicas en contra de 3 grupitos internos desviados. Dos de estos fueron apoyados por e l Gobernador Ángel Aguirre para crear autodefensas o agrupaciones civiles armadas. El primer grupito disidente, liderado por Bruno Placido Valerio, ante el rápido crecimiento de la CRAC-PC en el Municipio de Ayutla, decidió irrumpir con las autodefensas en enero del 2013. El otro grupo, dirigido por Cirino Placido Valerio, organizo en marzo de este mismo año, la “CRAC-PF” en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec. El tercer grupo (el de Elíseo Villar) también financiado por Aguirre, se afianzó en la Casa Matriz para desde aquí, expandir su control a las demás Casas de Justicia. Cabe resaltar que los tres grupos, en procesos y en diferentes tiempos, también fueron derrotados.

SURGIMIENTO DE LAS AUTODEFENSAS EN MEXICO: GUERRERO Y MICHOACAN

Las primeras autodefensas de México emergen en Huamuxtitlan, Gro., en junio de 2012 y en octubre en Olinalá. Su bandera de lucha: defenderse de los narcos que, además, cometían asesinatos, secuestros, etc. Todo esto sucede justo cuando la CRAC-PC iba en vertiginoso ascenso en otras zonas del Estado, fuera de su territorio tradicional. En Temalacatzingo (02/ dic/2012) surge la Policía Ciudadana y Popular, agrupación no parecida a las autodefensas.

El 4 de enero del 2013 otro tipo de autodefensas irrumpen en la comunidad de El Mesón, en Ayutla, Gro., presentando a 54 presuntos miembros de un grupo delincuencial. Poco después, apoyados por el Gobernador, avanzan hacia otros municipios de la Costa Chica, con lo cual los civiles armados fueron aumentando en número y en grupos y extendiéndose a la región Centro.

Mientras tanto, las autodefensas de Michoacán, al igual que en Guerrero deciden organizarse en los Municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán si como en la comunidad de “La Ruana” comandados por José Manuel Mireles e Hipólito Mora y surgen en el escenario nacional el 24 de febrero del 2013 impulsando un movimiento en contra de la delincuencia organizada.

Fueron tan impactantes las noticias de las acciones de las autodefensas en ambos Estados que resonaron con gran fuerza a nivel nacional e internacional ganando la simpatía de una buena cantidad de ciudadanos, periodistas, intelectuales y algunos políticos. Hubo tanta confusión porque el nombre de autodefensa lo igualaban con el de Policía Comunitaria de tal forma que fue necesario que una comisión de la CRAC-PC fuera a la Ciudad de México para realizar conferencias de prensa y deslindarse de los civiles armados. No somos, los mismos.

Las autodefensas guerrerenses, después de irrumpir en Ayutla, se quitan pasamontañas y máscaras y cambian a “Policías Ciudadanas” de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Ésta usa los colores del uniforme de nuestra Policía Comunitaria y algunas de sus siglas pero no funciona, para nada, como la CRAC-PC. Por lo contrario, una vez ganada la confianza de la gente, se convirtieron en lo mismo que supuestamente estaban combatiendo: delincuencia organizada. La experiencia general de los dos Estados (Guerrero y Michoacán), en cuanto a las autodefensas, es prácticamente la misma: el crimen organizado, se infiltró o los copto y sometió para su propio beneficio con la tolerancia y, en muchos casos, protección de algunos funcionarios de diferentes niveles de gobierno.

El movimiento en Guerrero se fue expandiendo hacia la Región Centro del Estado y llegando a Petaquillas, en la puerta a Chilpancingo, pero en 2015 surge una división entre dos de sus principales grupos dirigentes y se crea el “Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero” (FUSDEG). Desde ese año hasta principios de 2018 hubo varios enfrentamientos entre esta nueva fuerza y la UPOEG, con un saldo de 57 elementos asesinados de ambos bandos.

Tratar el tema de las autodefensas es muy amplio y este espacio no da para más. Lo  único que si podemos exponer, en lo inmediato, es que para el caso de Michoacán las autodefensas prácticamente desaparecieron dejando lugar a una nueva reconfiguración de los carteles en este Estado, al quedar casi diezmados Los Caballeros Templarios que dirigía Servando Gómez “La Tuta” y, por el contrario, emergen con mucha fuerza el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo en Guerrero no desaparecieron las autodefensas, las cuales la mayoría se enmascaro como Policías Comunitarias, y de acuerdo a información de la Secretaria de Seguridad Pública hasta noviembre de 2019 tenían confirmada la presencia de 24 agrupaciones civiles armadas diseminadas en toda la geografía guerrerense. Pero entre éstas y las Policías Comunitarias indígenas, de la CRAC-PC, y originarias de la Montaña y Costa Chica existen abismales diferencias. Algunas de estas, las principales, se anotan a continuación.

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE AUTODEFENSAS CON NUESTRA POLICIA COMUNITARIA

 

SITUACION ACTUAL

 

OTRAS EMBESTIDAS A LA CRAC-PC: COSTO DE LA LIMPIEZA DE LA CASA MATRIZ

 

1). CASO DEL EX COMANDANTE EULIESER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SUPUESTO PERSEGUIDO POLÍTICO, SEGÚN KENIA INÉS HERNÁNDEZ MONTALVÁN (PERIODO 2018-2020)

 

  1. Asesinato del Coordinador Regional Julián Cortes Flores

En los últimos 4 años, de fines de 2016 a junio de 2020, en un contexto de movilización constante por nuestros derechos logrados en las leyes que soportan a la CRAC-PC, la parte motriz interna, positiva, seguimos velando por la dignidad y el orgullo de nuestra Policía Comunitaria. Desde ese año hemos librado otras fuertes luchas, de ideas, asimismo también políticas y legales en contra de otros “lideres” desviados que maniobraron para que la Casa de Justicia Matriz, de San Luis Acatlán, funcionara tan pesimamente que solo se compara con el periodo, también turbulento, de los igualmente corrompidos Coordinadores liderados por Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava (2013-2014). En el periodo 2017-2018 uno de los principales alcahuetes de esta corrupción fue el ex asesor Jurídico Valentín Hernández Chapa, quien solapo a la dirigencia de la Casa Matriz en turno y ayudo al empoderamiento del ex Comandante Regional Eulieser Hernández, asesino confeso (con evidencias contundentes) del joven reo Bibiano Chávez (a) “El Patas” y de nuestro Coordinador Regional Julián Cortes (mar-abr, 2019). Pero, como siempre, en procesos, le fuimos dando reversa al asunto: expulsamos y destituimos a prácticamente todos los elementos corrompidos en la segunda mitad de 2018 y en la primera del 2019. Limpiamos por completo la Casa Matriz, pues no toleramos la corrupción ni a infiltrados de cualquier tendencia.

El crimen del compañero Julián Cortes (12/abr/19) ocurre como efecto de la lucha al interior por limpiar la Casa de Justicia Matriz. Ésta, desde fines de 2016, con la llegada de la nueva dirigencia y hasta mediados de 2018 había entrado en un proceso de decadencia, caracterizado por una serie de complicidades e injusticias y con un funcionamiento semejante al de las Agencias del Ministerio Publico o Juzgados corruptos. En este periodo casi todo el aparato de la Casa Matriz quedo atrapado en esta red de confabulaciones: desde los Coordinadores y Comandantes Regionales y Guardia Permanente, hasta sus secretarios. Y ya no se diga del Asesor Jurídico Lic. Valentín Hernández Chapa quien, al formar un coto de poder durante varios años, prácticamente llego a constituirse como el Coordinador Regional “X”, sometiendo a los demás representantes. Ejemplo de decisiones imprudentes fue cuando éste, en complicidad con el Comandante Eulieser Hernández y los usurpadores Kenia Hernández y Arturo Campos Herrera, con un grupo de Policías Comunitarios, estuvieron a punto de confrontar a ciudadanos de la comunidad de Arcelia del Progreso, Municipio de Azoyu (29/Ago/18) lo cual pudo haber derivado en un verdadero desastre.

Conocedores de esta problemática, el equipo de Consejeros Regionales junto con los recién nombrados Coordinadores Regionales (Jul/2018), y no afines a aquel grupo corrupto, nos dimos a la tarea de continuar con la limpieza de la Casa Matriz empezando por expulsar a Valentín Hernández Chapa en  Asamblea Regional (18/Nov/19).

  1. Captura de Eulieser por Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)

El 12 de junio de 2019 fue detenido en Cópala, Gro., el ex Comandante Eulieser por Policías Ciudadanos. La causa: siguió usurpando funciones de su cargo a pesar de haber sido destituido en la Asamblea Regional de Autoridades de la Casa de Justicia Matriz de la CRAC-PC, del 07/abr/19, por varios delitos, entre ellos el de asesinatos. Eulieser pretendía, al usurpar el cargo y fuera del Territorio Comunitario incluso, influir con los elementos de la Base de la Policía Ciudadana de Cópala, para que liberaran a su hermano Jonathan y a su cuñado Jaime Luna Campos. Al día siguiente se presentó una comisión de Coordinadores y Consejeros Regionales de la Casa Matriz para solicitar la entrega de los detenidos, pero se pospuso hasta la Asamblea del 30 de junio.

  1. Entrega de Eulieser

El 30 de junio fueron entregados, por directivos y Comandantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, a la Asamblea Regional Extraordinaria de Autoridades de la Casa Matriz los detenidos: Eulieser y Jonathan Hernández Hernández y Jaime Luna Campos. La Comisión Investigadora de la CRAC-PC rindió su informe de primer avance y los de la UPOEG leyeron el Acta de Declaración de Eulieser. En ésta acepta que él participo en el asesinato del Coordinador Julián Cortes Flores usando un revolver calibre 38 y otro calibre 32 y que estuvo acompañado de dos sujetos más: Josafat García Vázquez (a) “El Yosi” y Pablo García  (a) ”El Chicha” y que, para ello, usaron un Nissan tipo Tsuru, color blanco, propiedad del primero y el cual conducía, en el momento de la ejecución.

Por otra parte, se informó que Kenia Hernández y Valentín Hernández a través de redes sociales y algunos medios de comunicación continuaban desinformando al defender a los detenidos considerándolos como presos políticos. En tanto que al ex Comandante Eulieser lo glorifican como si fuera un héroe que “combatió con valentía y mano firme a la delincuencia de la región”. A partir de esta entrega, y tomando en cuenta su peligrosidad, los prisioneros empezaron a rotarse en varias comunidades para iniciar su proceso.

  1. La fuga de Eulieser Hernández.

Esta fuga se da como vimos en párrafos anteriores en un contexto de depuración de la Casa Matriz y con una convicción de trabajar nuestro lado oculto, el lado oscuro de la CRAC-PC, éste lado que siempre se encuentra al acecho para que cometamos errores (u horrores). La parte oscura es algo intrínseco a todas las cosas y a todos los seres humanos, por supuesto. Es aquella parte que siempre trata de dominarnos a todos: a una persona, a una comunidad, a una organización, a un país, en fin, a todos. De ahí la necesidad de estar atentos y dar enérgicas luchas para que ese lado oculto no pueda tomar el control, el puesto de mando.

En definitiva, si no trabajamos la parte negativa ésta nos gana a nosotros; y así nos estaba sucediendo pero reaccionamos a tiempo y decidimos terminar con esa situación: primero reconociéndolo autocríticamente y después luchando por desterrar todo lo dañado. Así, para lograr esto tuvimos que iniciar procesos que, como también ya vimos, tuvieron y tienen sus costos en diferentes aspectos. Parte de ese precio, por los errores cometidos, provoco que Eulieser se pudiera fugar con el operativo diseñado y operado por Kenia Hernández el 29 de septiembre del 2019. Esta cuestión la exponemos en el siguiente inciso.

 

2). CASO KENIA INÉS HERNÁNDEZ MONTALVAN: PRINCIPALES TROPELÍAS

 

  1. Responsable principal de la fuga del criminal Eulieser Hernández, 29/Sept/20.

 

Kenia fue la principal autora intelectual y material del rescate de este oscuro personaje: ella planeo, organizo, dirigió y ejecutó el operativo de rescate del corrupto ex Comandante Eulieser, señalado como autor de las ejecuciones del Coordinador Regional de la CRAC-PC Julián Cortes Flores y del reo Andrés Bibiano Chávez (a) “EL Patas”.

 

Para lograr esta fuga Kenia organizo un grupo armado de, al menos cuatro hombres, reclutados previamente por un cuñado de Eulieser Hernández en Marquelia, Gro., y los hermanos de este: Jonathan y Flor Hernández. De apoyo logístico (choferes y vehículos) uso a cuatro jóvenes amuzgos (una mujer entre ellos) originarios de varias comunidades de Ometepec, Gro. ¿Hay peligro? Preguntó uno de ellos. “No, ya todo está arreglado (…)”, respondió Kenia. Es así como en un operativo, de comando prácticamente, la falsa luchadora social logro (mediante sobornos) la complicidad de algunos ciudadanos, policías y autoridades de la comunidad de Buena Vista, Municipio de San Luis Acatlán.

 

Toda la noche del 28 y la madrugada del 29 de septiembre del 2019, en que se realizó la  fuga, hubo una fuerte tormenta. Como a las 5: 30 am llegaron a la Comisaria Municipal de Buena Vista, al mando de Kenia, varios hombres armados en una camioneta blanca y dirigiéndose directo  a ésta, entraron. Ahí, amagando con sus armas a los Comunitarios, los ataron y amordazaron.

 

Conforme a declaraciones y careos de cuatro de los jóvenes detenidos, por su complicidad en la fuga, Kenia sobornó al Segundo Comandante de grupo de la Policía Comunitaria quien con seis elementos estaban de guardia en la Comisaria y en custodia del recluso Eulieser. Aquel fue quien autorizo la apertura del portón principal para que Kenia entrara junto con algunos de sus hombres e irrumpieran en el lugar, mientras con una cizalla cortaban el candado de la celda. La otra mitad del grupo de Comunitarios, así como los Policías Municipales, dormían.

 

Y se dieron a la fuga con rumbo a Pueblo Hidalgo, para atravesar La Montaña y sacar al fugitivo por la ciudad de Tlapa y de ahí a México, utilizando para ello varios vehículos.  Pero, antes de llegar a esa, comunidad un derrumbe les impidió el paso por lo que abandonaron dos de los carros en los cuales iban huyendo. Tuvieron que caminar y poco después, le robaron un Tsuru Sedan a una persona que transitaba por ese rumbo. Dicho automóvil fue encontrado al día siguiente en la carretera federal Tlapa- Marquelia en el tramo de los Cruceros de Iliatenco y de Espino Blanco. Después supimos que, efectivamente, la pareja andaba en la Ciudad de México.

 

Por separado, el resto de Policías Comunitarios de Buena Vista ubicaron también a cuatro  jóvenes por la colonia Paraíso cuyo camino conduce a la comunidad de Pajarito Grande. Los sujetos estaban esperando al fugitivo, a Kenia y a los demás pero, al ver llegar a los Comunitarios, pretendieron darse también a la fuga en un carro TIIDA, sin embargo, para su mala suerte siguieron por un camino sin salida y toparon. Ahí fueron aprehendidos por los Comunitarios que habían llegado como refuerzo. Destaca que, una vez revisados los carros abandonados, estos encontraron varias pertenencias de Kenia: trajes típicos y ropa personal, su bolso; mochilas con cinta canela, esposas, máscaras, tijeras, tarjetas bancarias y pasa montañas.

 

Los detenidos externos en prisión preventiva por causa de la fuga fueron: cuatro jóvenes amuzgos, supuestamente solo de logística, una mujer entre ellos. Los detenidos internos, por sospechosos de encubrimiento, de Buena Vista fueron 27: el Comisario Municipal y su suplente, el Comandante Segundo y seis de los Policías Comunitarios que estaban de turno, algunos de los Policías Sub-urbanos (Municipales) y varios ciudadanos. Posteriormente fueron liberándose y, a mediados de 2020, solo quedaron en proceso y reeducación dos indígenas Na`Savi (Mixtecos) como autores intelectuales de la intriga.

 

  1. Campaña mediática de auto victimización de Kenia y Eulieser y la difamación de la CRAC-PC

 

Después de la fuga, y ya en la Ciudad de México, Kenia, al lado de su compañero sentimental y de andanzas Eulieser Hernández realizo distintas actividades políticas y legales con el fin de proteger a éste. Kenia Inés, nada tonta, busco de nuevo “chamaquear” a algunos funcionarios de la SEGOB para que Eulieser Hernández, al igual que ella en 2019, fuera beneficiado por el Mecanismo de Protección para Defensores de D. H. y Periodistas, sin embargo, para su mala suerte ahora, el resultado si le fue negativo.

 

Kenia Inés, como ya se sabe el caminito que le redituó mucho en Guerrero, no le quedo de otra que lanzarse a una campaña mediática en el corazón del país, por una parte, y la toma de casetas de peaje, por la otra. Para ello no le importó usar constantemente a indígenas y otros elementos de su grupo mal llamado “Colectivo Libertario Zapata Vive” (CLZV). El uso de personas ajenas al Territorio Comunitario de la CRAC-PC pero, peor aún, la manipulación de jóvenes y menores Ñom`Daa (Amuzgos) procedentes principalmente de la Zona Amuzga, de Ometepec, Gro., se volvió práctica cotidiana de la falsa activista, la cual los compensaba con una cierta  paga. Todos ellos frecuentemente eran acompañados, además, por los dos hermanos de Eulieser Hernández.

 

Aunque no todas las actividades del CLZV se realizaron exclusivamente en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades y poblaciones de otros Estados de la República, solo mencionaremos algunas, a manera de muestra. Así, por ejemplo tenemos:

 

  1. Conferencias de prensa en espacios de algunas asociaciones civiles o sociales, supuestamente de defensa de Derechos Humanos.

 

Para nosotros en la CRAC-PC, nos ha quedado muy claro que no todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s) cumplen con sus objetivos, o no del todo. También, que algunas se aprovechan del trabajo de otras organizaciones representativas de masas con el pretexto de brindarles asesoría legal. Más aun, algunas de ellas, de buena o mala fe, pierden piso al no investigar. Esta es la razón por la cual martirizan, cobijan, y defienden a personas que realmente no son luchadoras sociales. Peor aún, que son delincuentes como son los casos de Kenia, Eulieser y sus demás compinches. Igual le ha pasado a algunos reporteros (as), por desgracia, que olvidándose del periodismo de investigación, se van por lo fácil.

 

  1. Jornadas de movimientos propagandísticos y de chantaje al Gobierno

 

Como “A 1 año de la represión contra el CLZV”, el 1/oct/20, frente la sede de SEGOB, de la Ciudad de México, flagelándose,  victimizándose Kenia, ante el “desplazamiento forzado” y el “exilio” político a que fue sometida por sus supuestos enemigos: La dirigencia de la CRAC-PC. Y así: (“A 1 año de)… “El encarcelamiento de los jóvenes libertarios (…)”. En efecto, ese grupo si fue “Libertario”, pero del asesino Eulieser Hernández.

 

  1. Toma de casetas de peaje en caminos y autopistas federales para posicionarse y denigrar a la CRAC-PC

 

Una de las actividades más productivas y redituables, política y económicamente, para el Colectivo “Libertario” Zapata Vive y su lideresa fue la toma de casetas de peaje, de caminos federales y autopistas, para presionar y chantajear a autoridades de gobierno en los niveles estatal y federal, fundamentalmente en Guerrero, donde iniciaron su oficio de “Tomacasetas”, también en Morelos, Estado de México y en Puebla.

 

Kenia, al tomar constantemente las casetas, creyó que siempre tendría la misma tolerancia que los activistas que luchan por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por parte del gobierno: un grave error. Ya el Presidente de México, AMLO, en una de sus conferencias recientes aseguro que, en algunos casos, había personas que realmente no respondían a legítimas luchas sociales y por lo tanto, ya no se les iba a tolerar la toma de las casetas de peaje. Por su parte, la titular de la Fiscalía (FDAI) de Morelos informó (22/oct/20) que grupos criminales “contrataban” a personas, a quienes les pagan mil 500 pesos por día, para tomar las casetas del estado y pedir “cuota”. E indico que hombres, mujeres y menores de edad participan en dichas acciones ilegales y que de 146 detenidos en Morelos, entre el 20 y 22 de octubre pasado, la mayoría son “reclutados” en la Costa Chica de Guerrero, en comunidades de municipios como Ometepec o en unidades habitacionales de la zona centro, como Chilpancingo.

 

La detención de Kenia Inés en dos ocasiones, una en junio y la otra el 18 de octubre de 2020 nos da la certeza de que, por fin, Kenia ya harto a los Fiscales Generales de los Estados que ya mencionamos y a la propia SEGOB, al grado de ya no permitirle llevar sus seis procesos judiciales en libertad, sino en prisión. Además de quitársele el beneficio del Mecanismo de Protección. Todo esto por motivo de persistir en la práctica de “casetear” en los caminos y autopistas.

 

  1. Asistencia a Foros con organizaciones para difamar a la CRAC-PC y exaltar al criminal Eulieser

 

Segundo Encuentro Internacional de Defensores de Víctimas y Graves Violaciones de Derechos Humanos,  Nochistlán, Oaxaca.

 

Ante la arenga de Kenia Hernández y su grupo, los representantes de las organizaciones presentes, en un escrito dirigido a SEGOB, CNDH y a otros  organismos, se pronunciaron en contra de la “privación ilegal de la libertad de Eulieser Hernández y de su hermano Jonathan, miembros del falso grupo de lucha por la libertad de presos políticos, MOLPPEG”. Y que su comunidad del ex Comandante, Poza Verde, “da fe de su buena conducta e inocencia”. “La vida de Eulieser está en riesgo”, afirmaban. Y denunciaron que “Eulieser había sido torturado y le daban un trato cruel e inhumano y degradante”.

 

Así es, ahora resulta que para Kenia y Valentín Hernández Chapa, fundadores del  MOLPPEG, y para las ONG`s de este encuentro Eulieser es una víctima y un paladín de la justicia que, junto con aquellos, lucho por la unidad de la CRAC-PC.

 

  1. Usurpación de las siglas e insignias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

 

Kenia, aliada de otros usurpadores: del traidor Valentín Hernández Chapa y de Arturo Campos Herrera

 

Kenia Hernández y Valentín Hernández formaron, en la segunda mitad del 2018, el grupo Movimiento para la Liberación Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) y lo reforzaron poco antes de que este último fuera expulsado de la CRAC-PC, en noviembre. Ella, además, creo su propio grupo: el Colectivo Libertario Zapata Vive (CLZV). Desde entonces, ambos se ostentaron como defensores de algunos presos de la CRAC-PC y otros  luchadores sociales a fin de seguir usurpando el nombre de nuestra Institución Comunitaria.

 

A Kenia Inés, a Valentín Hernández, a Arturo Campos Herrera y a otros “lideres” más les encanta, de forma fantoche, disfrazarse con el uniforme de Policía Comunitario, sin serlo. Y éste lo usan para apantallar principalmente en toma de casetas, movilizaciones, marchas, mítines, conferencias y otros espacios con la falsa bandera de luchar por la libertad de los presos políticos.

 

De igual forma todos usaron, y usan, regularmente, las siglas e insignias de la CRAC-PC y en sus “comunicados” han anotado (por ejemplo) que los Comités de Enlace de ésta, apoyan sus “luchas”. La verdad es que nadie de ellos cuenta con la autorización o representación de ninguna de las cinco Casas de Justicia ni de dichos Comités de Enlace.

 

Por último, cabe aclarar que no hay comunidades del Municipio de Tecoanapa que formen ningún Comité de Enlace. Más aún: los coordinadores de éstos han desmentido en nuestras Asambleas Regionales que estén apoyando, a la fecha, la libertad de Kenia Hernández.

 

  1. Secuestro del Alcalde, de San Luis Acatlán, Gro., Agustín Ricardo Morales con la complicidad del criminal Eulieser Hernández

 

El 12/Nov/2019 en la Ciudad de México, afuera  del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y después de asistir a una reunión de trabajo, el Presidente Municipal Agustín Ricardo fue retenido junto con su Director de Obras, su chofer  y el Comisariado Ejidal de la comunidad de Mixtecapa. Todos fueron empujados al interior de una camioneta urvan donde fueron esposados.

 

En esta privación ilegal de la libertad, por más de 2 horas, participaron Kenia Hernández  así como el ex Comandante Eulieser Hernández y sus hermanos escudándose en el falso grupo defensor de derechos humanos Colectivo Libertario Zapata Vive. Sin embargo, Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México obligaron a aquellos a liberar a los cuatro detenidos. Poco después, El alcalde afirmó a la prensa que entre sus secuestradores había estado Eulieser Hernández.

 

La exigencia del “Colectivo” era intercambiar a los retenidos a cambio de la liberación de cuatro jóvenes amuzgos que la CRAC-PC tenía en proceso de reeducación en la Casa Matriz, de San Luis Acatlán. Estos indígenas fueron detenidos entre las comunidades de Pueblo Hidalgo y Buena Vista poco después de que, junto con otros sujetos armados, colaboraron con Kenia Hernández para rescatar al ex Comandante, quien se encontraba recluido en una celda de esa comunidad, en proceso de reeducación, como ya expusimos antes.

 

¿QUIÉN ES KENIA INÉS HERNÁNDEZ MONTALVÁN?

Tajantemente, por lo expuesto en puntos anteriores y más, Kenia no es ninguna luchadora social ni tampoco defensora de los derechos humanos de verdaderos activistas sociales.

 

Para la CRAC-PC es una delincuente, prófuga de la justicia comunitaria, que participo en la fuga de un criminal confeso y con muchas evidencias. Es, además, una usurpadora de las siglas e insignias de nuestra Institución Comunitaria. Y es una tramposa porque  nunca ocupo cargo alguno en alguna de nuestras cinco Casas de Justicia ni en otro órgano de su estructura.  Reiteramos: jamás ha sido, ni es, “enlace” de la CRAC-PC ya que esta “figura” al igual que la de “promotor” nunca han existido en el Reglamento Interno.

 

Peor aún para Kenia: fue promotora del divisionismo de la CRAC-PC  en Ayutla y en los Comités de Enlace de Tlacoachistlahuaca, en Cacahuatepec y en Huamuxtitlan.

 

ESTATUS JURÍDICO ACTUAL DE KENIA: 16/NOV/20 (INFORMACION PERIODISTICA).

  • Última detención: 18/Oct/2020. La anterior fue el 06 de junio de 2020 en el Edo. Méx., en la caseta Hortaliza-Valle de Bravo

 

  • Prisión preventiva en el CEFERESO de Coatlán del Río, en Morelos, (acuerdo de reciente diligencia, 31/Oct/20).

 

  • Enfrenta 4 procesos de carácter federal: ataque a las vías generales de comunicación.

Estados en donde cometieron los delitos: Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla.

 

  • Enfrenta 2 procesos del fuero común. Causas penales:
  • Carpeta 630/2020: robo con violencia, Edo. Mex., en casetas de Almoloya, octubre.
  • Carpeta 853/2020: robo con violencia, Edo. Mex., quitarle una cartera con 500 pesos y un celular a una persona, Estado de México, jun/2020. Logró su libertad condicional

 

  • Mecanismo Federal de Protección a Defensores de D. H. y a Periodistas: suspendido por SEGOB, 30/oct/20

 

  • FGR y Juez de Distrito Especializado: debe seguir su proceso penal en prisión, 03/nov/20
  1. Kenia se manifiesta en muchos lugares y actúa en pandilla
  2. No merece ser juzgada con óptica de perspectiva de género… (porque) no es vulnerable (sabe defenderse).
  • Antonio Lara Duque, abogado de Kenia, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero: “A Kenia se le ha criminalizado”.

 

  • Comisión Interamericana de D. H. (CIDH): integrando expediente MC-1013-20 para realizar observaciones.

 

  • El Colectivo Libertario Zapata Vive (CLZV) y otros “Colectivos” han realizado una serie de movilizaciones: plantones en Caseta Tlalpan, afuera de la FGR, SEGOB, entre otros. Marchas y mítines en diferentes partes de la Ciudad de México y otros Estados, para exigir la libertad de su lideresa.

 

Nota: el plantón afuera de la FGR fue disuelto por un operativo de ésta (30/Oct-1º/Nov/20).

  1. C. P. MTRO. ALVARO URRETA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS, SEGOB

Marcha el Frente Popular de la Montaña en Chilpancingo y demanda en la FGR la libertad de Kenia Hernández

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de la Montaña marcharon y protestaron afuera de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta ciudad, para exigir la libertad de la activista del Colectivo Zapata Vive, Kenia Hernández Montalván, presa en el estado de Morelos acusada de ataques a las vías de comunicación por el gobierno federal.
A las 9:30 de la mañana unos 80 integrantes que mantiene un plantón frente al Palacio de Gobierno bloquearon el bulevar, y una hora después en marcha se dirigieron a la FGR de donde se retiraron a las 3 de la tarde, luego de que una funcionaria les dijo que la próxima semana serían atendidos por el representante en Guerrero de la Fiscalía, sin que se les precisara el día y la hora.
El representante del Frente, Telésforo Aguilar Villanueva indicó en un primer momento que la manifestación se dirigiría al Congreso Local para pedir la intervención de los diputados, pero protestaron en la representación de la Fiscalía donde colocaron lonas y pancartas exigiendo la libertad de Hernández Montalván.
El dirigente dijo que el gobierno federal tiene a la indígena amuzga presa por causas no justificadas y se le ha imputado el delito de ataques a las vías de comunicación, que alcanza fianza pero aún así la mantienen recluida y aislada en una celda en una cárcel de Morelos.
Indicó que la representante de la FGR que los atendió les prometió una mesa de trabajo para la próxima semana sin darles un día y hora, pero que será con el delegado en Guerrero, y también se pidió la presencia del abogado que lleva el caso de la activista para que se revise el caso “a fondo”.
“Nosotros como organización reprobamos que se le tenga que encarcelar porque protestan por acciones que no realiza el gobierno, uno tiene que bloquear las vías para que solucionen las demandas, si los problemas de nuestros estado estuvieran resueltos en su totalidad, que no se dejara nada por atender, no habría necesidad de manifestarnos, pero nos vemos obligados a realizar acciones y eso nos genera carpetas de investigaciones”, dijo.
Informó que las 7 de la noche una representación fue recibida en la Secretaría General de Gobierno donde también solicitaron al gobierno del estado su intervención para liberar a la activista, y justicia en el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano.
Kenia Hernández fue detenida el 18 de octubre por robo con violencia por una denuncia que presentó el gobierno del Estado de México.
El 25 de octubre, un juez resolvió que enfrentaría su proceso en libertad, pero fue reaprehendida sin que pisara la calle, por una orden girada por el juez de Control federal del Centro de Justicia Penal Federal radicado en Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió desde su captura a las autoridades procuradoras de justicia del Estado de México, respetar y garantizar el debido proceso “de la defensora Kenia Inés Hernández Montalván, coordinadora del colectivo Zapata Vive.

 

Vincula a proceso un juez de Acapulco a Kenia; desalojan plantón por su libertad en la FGR

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guerrero con residencia en Acapulco, del Poder Judicial de la Federación, vinculó a proceso a la activista Kenia Inés Hernández Montalván, en el cierre de la primera prórroga constitucional, que se desarrolló el sábado.
Continúa detenida en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en Coatlán del Río, Morelos, confirmó su abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque.
En consulta telefónica, indicó que este lunes habrá una conferencia de prensa virtual para informar los pormenores de su situación legal.
Por separado, fuentes extraoficiales indicaron que después de la detención de la luchadora social el 18 de octubre, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le retiró las medidas cautelares que le había otorgado por su exposición a riesgos en Guerrero.
Por otro lado, activistas denunciaron en redes sociales el desalojo del plantón que se instaló frente a la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 26 de octubre por la libertad de la guerrerense.
En un mensaje de Facebook, detallaron que a las 8 de la mañana los integrantes del campamento fueron rodeados por agentes de la FGR que llegaron en camionetas, “les arrebataron (a los manifestantes) sus pertenencias y destrozaron sus casas de campaña, los oficiales incluso golpearon a sus bebés; por lo que tuvieron que huir”.
Con un pronunciamiento, 17 organizaciones del estado y del país denunciaron su preocupación por el hostigamiento y persecución a disidentes desde gobiernos locales, “con la complicidad de medios de comunicación y empresarios inmorales y corruptos, y la indolencia y pasividad del gobierno federal”.
En particular, por la segunda detención de Hernández Montalván, el 18 de octubre, por los presuntos delitos de robo y extorsión.
Aseguraron que el problema de fondo es el carácter combativo y crítico que activista asume en defensa de mujeres violentadas, y en solidaridad con movimientos y organizaciones feministas, campesinos, populares, ambientalistas.
Recordaron que fue asesora de la Policía Comunitaria de Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, y trabajó por la unidad de todas las casas de justicia.
Es fundadora de organizaciones sociales, como el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molppeg) en septiembre de 2018, y contra el encarcelamiento de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec. Destacaron que consiguieron la libertad de sus compañeros con acciones coordinadas de protesta y lucha jurídica.
Advirtieron que por estas luchas los integrantes del Molppeg, “han estado en mira represiva del gobierno de Guerrero”, como Arturo Campos Herrera y Valentín Hernández Chapa, de la región de Costa Chica.
Recriminaron que actores sociales nieguen o regateen el carácter de luchadora social a Kenia Hernández, “haciéndose cómplices de la campaña de criminalización emprendida por el gobierno”.
Convocaron a los organismos internacionales y nacionales, públicos e independientes de derechos humanos a documentar y denunciar el carácter político de su detención, así como de los integrantes del Colectivo Libertario Zapata Vive.
Firman el Molppeg, el Frente Popular de la Montaña, CETEG Montaña Alta, Colectivo El Grito, Consejo de Pueblos Organizados de Ayutla, Asociacion Cívica Nacional Revolucionaria, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Movimiento Urbano Popular de Iguala, Fundación Lucio Vive, Organización Popular Independiente de Guerrero, la OPIG CNPA-MN, Instituto de Desarrollo Humano Fray Servando Teresa de Mier, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Coordinadora Cívica San Luisteca, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias. Y comités de Enlace de CRAC de Tecoanapa, Dos Ríos y Cochoapa El Grande. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Aíslan a Kenia en el penal federal de Morelos; la califican de “alta peligrosidad”, denuncia su abogado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El aislamiento de la activista Kenia Hernández Montalván, en un pabellón de 29 celdas que fueron desalojadas para que permaneciera sola, en el penal federal 16, de Coatlán, Morelos, con el argumento de que “es una interna de alta peligrosidad”, es una prueba de que es presa política y no está detenida por cometer delito alguno, declaró ayer su abogado José Antonio Lara Duque.
Dijo que ya solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que pronto este organismo internacional se pronunciará para que se emitan las medidas cautelares ante la persecución y hostigamiento que está sufriendo por su activismo social.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Lara Duque, quien asume la defensa legal de Hernández Montalván, declaró que: “Desde nuestro punto de vista, hoy por hoy, Kenia es la presa política más relevante y de mayor trascendencia en este país”.
La dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero (Molpeg), fue detenida el 18 de octubre por el delito de robo con violencia por una denuncia que presentó el gobierno del Estado de México. Pero la noche del 25 de octubre, cuando el juez resolvió que enfrentaría su proceso en libertad, fue reaprendida sin que pisara la calle, esta vez por la causa penal 322/2020, girada por el Juez de Control federal del Centro de Justicia Penal Federal radicado en Guerrero.
En el expediente se le acusa de que el 29 de marzo participó en la toma de la caseta de la Autopista del Sol en La Venta, Acapulco, cuando reclamó la aparición del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina González, de quien se había denunciado su desaparición el 25 de marzo en la Ciudad de México.
El abogado dijo ayer que además de esta orden de aprehensión que se está cumpliendo, hay al menos otras tres denuncias penales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y otras dos del fuero común del Estado de México en contra de la activista guerrerense.
En total tiene cuatro carpetas de investigación por presuntos delitos federales que se le integraron en Guerrero y dos del fuero común en el Estado de México.
“Es un hecho que la Fiscalía General de la República (FGR) está actuando de forma dolosa y sin apego a derecho para criminalizar a una defensora”, acusó el abogado Lara.
Explicó que el 25 de octubre a las 19:30 horas, la Fiscalía argumentó que “se le considera como una persona que pone en riesgo a la comunidad porque se manifiesta en los estados de México, Puebla, Morelos y sobre todo en Guerrero”.
Además cuestionó el trato que le están dando las autoridades: “Resulta sorprendente que en la sección femenil, un pabellón de 29 celdas haya sido totalmente desalojado para dejar en total aislamiento a Kenia. De tal manera que se encuentra físicamente bien, pero en total aislamiento, no tiene posibilidad de hablar con nadie, porque se le considera una interna de alta peligrosidad”.
Explicó que fue sacada del penal de Acapulco, donde fue trasladada inicialmente, a petición del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para impedir que siguiera en Guerrero porque aquí peligra su vida, “pero sostenemos que si bien se tiene que salvaguardar la integridad de la defensora, también se tiene que salvaguardar su labor, y eso es lo que se le está coartando teniéndola en la cárcel”, acusó.
El abogado insistió que en la persecución política que sufre la dirigente Hernández Montalván hay una colusión de los gobiernos del Estado de México, de Guerrero y el Gobierno federal.
Explicó que el Gobierno federal está interviniendo a través de Capufe, que es la dependencia que ha presentado las denuncias, sin argumentos jurídicos.
Informó que pidió la intervención de la CIDH, organismo que se va a pronunciar al respecto en los próximos días, solicitando medidas cautelares, anunció.
Dijo que con esas medidas cautelares tiene que garantizarse no solamente su integridad física, sino su estado emocional porque la persecución y el aislamiento al que está sometida le están generando repercusiones emocionales y sicológicas.
“Es un hecho que Kenia está siendo objeto de una tortura emocional en el penal de máxima seguridad de Morelos por el aislamiento a la que la tienen sometida”, denunció.
Explicó que las causas de la persecución y el hostigamiento en contra de Kenia Hernández, es porque con sus acciones realiza reivindicaciones de índole social, como la defensa de presos políticos, de mujeres víctimas de violencia, de familiares de mujeres víctimas de feminicidio, “y esa agenda pública que ha venido sosteniendo ha incomodado a distintos sectores del poder en algunos estados y en el gobierno federal”.
Agregó que por eso su defensa no tiene recato en decir que en Kenia Hernández se pretende ejercer y ejemplificar como se castiga de manera ejemplar y simbolizar en ella la persecución a una persona defensora, “no es poca cosa tener cuatro carpetas federales y dos del fuero común y las seis son consecuencia de fabricación de delitos”, dijo.
Informó que para la audiencia del sábado, cuando se definirá su situación jurídica, solicitaron la presencia de los policías federales (ahora de la Guardia Nacional) que la denuncian y presentarán testigos de los hechos del 29 de marzo del 2019.
Anunció que las protestas se estarán intensificando el viernes y el sábado, cuando se definirá la situación jurídica de Kenia.

 

Trasladan a Kenia al penal federal de Morelos; su defensa pide prórroga para demostrar su inocencia

El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara entrevistado afuera de los juzgados federales en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Argenis Salmerón

El abogado de la activista Kenia Hernández Montalván acudió ayer a los juzgados del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco para solicitar una prórroga constitucional para ofrecer pruebas de inocencia ante el juez de control, para que otorgue 144 horas para determinar la situación jurídica hasta el 31 de octubre.
La activista, dirigente del colectivo Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) fue detenida el 18 de octubre y recluida en la cárcel de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México, acusada de robo, el sábado fue vinculada a proceso y cuando estaba el trámite para enfrentar el proceso en libertad, la madrugada del domingo fue trasladada a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, acusada de ataques a las vías generales de comunicación por su presunta participacion en la toma de casetas de cobro de peaje de la Autopista del Sol.
En declaraciones a este reportero, el abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, señaló que la movilización es una protesta pública no un delito, que hay una mala administración y procuración de justicia porque la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de control califican el delito como violento, y dijo que como abogado va a desvirtuar las acusaciones para que Kenia Hernández quede en libertad.
Dijo que Kenia Hernández debe regresar al Estado de México para concluir la medida cautelar, y para que quede en libertad.
Precisó que el sábado en el Estado de México la juez de control determinó que seguiría su proceso en libertad a las 10 de la noche, pero a las 2 de la madrugada del domingo un juez federal de Acapulco giró otra orden de aprehensión contra ella, policias federales entraron al reclusorio y la llevaron a Acapulco a la delegación de la FGR, y anoche fue trasladada al penal federal de Morelos.
Lara Duque explicó que la dirigente del Molpeg es acusada de ataques a las vías de comunicación en la caseta La Venta, en dos carpetas de investigación por el mismo delito en marzo, y que hay otras dos carpetas en el estado de México por robo, donde lleva otro proceso jurídico.
Explicó que lleva la defensa jurídica de Hernández Montalván desde junio pasado tras ser arrestada por el delito de robo con violencia en el Estado de México, y quedó en libertad tras ganar los juicios.
Añadió que nuevamente el 18 de octubre Kenia Hernández fue detenida en una caseta en el estado de Puebla por el delito de robo y fue trasladada al penal de Almoloya, Estado de México.
Informó que solicitaron la prórroga constitucional, ofrecieron pruebas y lograron desacreditar, pues era un protesta pública, aunque el juez de Control la vinculó a proceso, pero no en la cárcel, y la dejó en libertad el 24 de octubre a las 10 de la noche.
Sin embargo, el juez de Control federal de Acapulco levantó una orden de aprehensión contra Kenia Hernández a las 2 de la madrugada por el delito de ataques a la vías de la comunicación, en la caseta de La Venta en marzo pasado.
Añadió que policías ministeriales federales ingresaron al penal y realizaron los trámites y la detuvieron y se la llevaron hasta la delegación de la FGR en Acapulco, “no fue ingresada al penal de Las Cruces”, como se había dicho, y se presentó al juez de Control y éste ordenó el traslado al penal federal del estado de Morelos la noche del domingo.
Explicó que Kenia Hernández tiene dos órdenes de aprehensión por los delitos de ataques a la vías de la comunicación, bajo las carpetas de investigación 322/2020 y 324/2020.
Lara Duque dijo que aunque les duela a las autoridades de los estados de México y Guerrero, y a las empresas concesionarias de casetas de peaje, Kenia Hernández está reconocida como defensora de derechos humanos por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “lo que quiere decir que su protesta, está protegida por las instituciones”.

Toman la caseta de la autopista en Tlalpan por la liberación de Kenia

Integrantes del colectivo Zapata Vive tomaron la caseta de Tlalpan en ambos sentidos exigiendo la liberación de Kenia Hernández, coordinadora de la organización, quien fue acusada de ataques a las vías de comunicación y trasladada a un penal de Morelos.
En el sentido hacia la Ciudad de México ocuparon dos líneas liberadas y el servicio de TAG funcionaba normalidad, las otras cuatro líneas se fueron cerradas con casas de campaña y un autobús Turistar (Con número económico 2286).
En el sentido hacia Cuernavaca abrieron tres líneas y funcionó normal el TAG. (Agencia Reforma / Ciudad de México).