Asesinan a un empresario poblano en Alpoyeca, en la región de La Montaña



Un empresario poblano fue asesinado a balazos el sábado pasado en la cabecera municipal de Alpoyeca, en la región de la Montaña, indica un parte informativo de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Avilo Rodríguez Ruiz, originario de Tulcingo, municipio de Puebla, fue interceptado por dos sujetos cuando circulaba por esta población rural a bordo de una camioneta tipo Van azul marino de la empresa de paquetería Express del valle de Puebla, uno de ellos se acercó a su ventanilla para dialogar y el otro llegó por la espalda y le disparó en cuatro ocasiones con una pistola calibre 38 súper, luego de lo cual huyeron sin que se les haya logrado detener.

Porfiria Vázquez, jornalera de La Montaña, murió buscando la subsistencia en Sinaloa

 

 Tlachinollan “Mi mamá se enojaba porque no fui”, cuenta Herminia Flores Vázquez, una joven na savi (mixteca). “No pude porque todavía hay clases”, explica.

Herminia Flores Vázquez tiene 15 años y estudia en la ciudad de Tlapa de Comonfort. El lugar al que no fue es un campo agrícola en Sinaloa, adonde su familia, originaria de la comunidad de Cochoapa El Grande, municipio de Metlatónoc, partió hace tres meses.

Sus padres fueron a trabajar como jornaleros agrícolas, al corte de tomate, chile y pepino, “para sacar dinero”, porque en su comunidad no hay trabajo. Pero su mamá, Porfiria Vázquez García, que tenía unos 30 años, ya no va a regresar. Murió en Villa Juárez luego de haber trabajado en El Guayabito, uno de los tres campos que posee la empresa El Serrucho.

Porfiria Vázquez García se fue junto a su marido, Margarito Flores Vázquez, y su hija menor, de 12 años, quien no trabajó en el campo sino que “le preparaba la comida a sus papás”.

Para ir a Sinaloa, ellos pagaron el camión hasta Tlapa y subieron al autobús, pero no se registraron en alguna lista que el gobierno hace de los jornaleros que se van. El acuerdo fue con un enganchador particular de Villa Juárez, quien los entusiasmó al decirles que en ese estado del norte “hay trabajo y hay seguro”. Les cobró por persona 500 pesos: 400 por el transporte y 100 de alimentos, aunque sólo recibieron una comida al día, durante los tres del viaje.

Una vez allá, Porfiria Vázquez García trabajó en un campo y su marido en otro, en uno llamado San Francisco. Ganaban 55 pesos al día y trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenían los domingos libres y la esperanza de recibir los 400 pesos que les habían prometido para comprar su pasaje de regreso cuando finalizara el trabajo. Dinero que, por cierto, nunca les dieron.

“Pagaban bien barato”, critica Mario Vázquez García, hermano de la mujer. Y relata que estaban “un mes con trabajo y un mes sin trabajo”, que “el patrón dice ‘nomás un mes’ y luego se va”. Este indígena na savi de 27 años trabajó durante dos semanas y luego volvió a su casa. El dinero ganado tuvo que gastarlo en el viaje de vuelta a Guerrero.

Ella no quiso volver. “De aquí voy a caminar para el otro lado, a Baja California”, dijo. No pensó que iba a enfermar, dice de su hermana, quien de los tres meses que permaneció en Sinaloa sólo trabajó un mes porque los dos últimos no pudo.

“Empezó calentura y no se quitó, le dolía su cabeza, se le cerró el pescuezo y no le pasaba comida”, describe Mario Vázquez García.

“Ya no comía, después quedó bien flaquita”, recuerda, y agrega que “casi no tenían dinero porque ya no había más trabajo”. Entonces él regresó a su comunidad “para conseguir dinero y enviarles para curarla”. Mientras tanto, su hermana y el marido se quedaron y, sin éxito, “esperaron un mes para que les dieran los pasajes”.

“Con dinero de nosotros, porque nadie nos ayudó”, dice el hombre, Porfiria Vázquez García “fue al médico tres veces”. Recibió atención médica en el pueblo de Costa Rica y luego en Villa Juárez. La primera vez le dieron una inyección y pastillas y les cobraron 300 pesos. En la segunda ocasión le dieron más inyecciones y pagó 600 pesos.

“Decían que estaba embarazada, pero no”, y finalmente, “la operaron y le sacaron una bola”.

“En Culiacán le sacaron una bolita, después enfermó de dolor de cabeza y con eso murió”, afirma Herminia Flores Vázquez. Y comenta que desde antes de ir a Sinaloa, su madre “tenía la bolita adentro de ella que no la dejaba almorzar”. Sin embargo, “ella enferma pero se levanta, y otra vez así”, porque “en el pueblo rezan y se compone la gente, entonces se puso bien y fue a trabajar”, cuenta la mayor de las hijas.

Anunciaron por radio la muerte

Porfiria Vázquez García murió el 12 de mayo. Los familiares que estaban en Cochoapa El Grande lo supieron a través de un aviso en idioma na savi que emitió la radio XEZV, La Voz de la Montaña. Rutilio Vázquez García, su hermano menor, “estaba sembrando en el cerro” cuando su mujer le dio la noticia.

Los familiares, por su parte, no saben “quién es René Ruiz”, persona que dio la información para el radioaviso. Y tampoco conocen la causa de la muerte de la mujer.

“Faltó medicina o algo”, suponen.

El viernes pasado el cadáver fue llevado a Acapulco, para luego ser trasladado a Tlapa de Comonfort y más tarde a su comunidad de origen. Según informaron los hermanos Vázquez García, las gestiones fueron realizadas por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) de Acapulco. Sin embargo, ignoran quién hizo los trámites para el traslado desde Sinaloa a Acapulco.

Porfiria Vázquez García murió en la búsqueda de un medio de subsistencia. El deseo de hacer frente a la pobreza, al alto grado de marginación y a la falta de empleo que sufre su comunidad indígena la llevó al norte del país, a realizar una labor dura a cambio de una paga magra. No imaginó que en el esfuerzo perdería su vida.

En la región de La Montaña de Guerrero el acceso a la salud es un privilegio. No hay servicios de salud gratuitos para los habitantes pobres. Las casas de salud de las comunidades indígenas, en su mayoría, carecen de médicos y de medicinas. Los indígenas de La Montaña no sólo tienen que partir en busca de trabajo, sino que abandonan sus pueblos en un estado de salud que no es el más propicio para las tareas que realizarán.

Porfiria Vázquez García murió sin saber qué padecía. Al igual que muchos otros indígenas que se enferman, no reciben atención médica porque no pueden costearla y un día se mueren sin siquiera haber escuchado el nombre de la enfermedad que sufrieron.

A ella le habían prometido que cuando llegara a su trabajo en Sinaloa iba a tener seguro médico. Fue un engaño más de los que les hacen a los jornaleros agrícolas. Uno de los tantos engaños en los que se sostiene este sistema de “contratación” de mano de obra barata, el cual se basa en la explotación de indígenas (no sólo de hombres y mujeres na savi, sino también de me’ phaa y de nauas) y de campesinos que ven en los campos del norte la única oportunidad de trabajar y de ganar algún dinero que, mientras dure, les permita sobrevivir.

El sacerdote homicida, considerado un cura perredista en La Montaña

 Lorenzo Cuéllar se caracteriza por ser tranquilo, callado y preocupado por los procesos religiosos y electorales

 Ezequiel Flores Contreras Tlapa de Comonfort

El sacerdote católico Lorenzo Cuéllar es considerado por sus compañeros como una persona tranquila, callada, preocupada por los problemas sociales y por los procesos electorales. Situación por la que algunos grupos de poder en la región de La Montaña lo calificaron como un cura perredista.

Incluso recibió amenazas vía telefónica por su activismo social, mismas que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó el 6 de octubre de 2002, a unas horas de comenzar la jornada electoral para renovar alcaldías y el Congreso local.

Lorenzo Cuéllar, quien es señalado como el presunto autor del homicidio del alcalde priísta de Xalpatláhuac, lleva nueve años como sacerdote y desde hace cinco años se encontraba a cargo de la parroquia de Cualac.

Al respecto, el sacerdote de origen nahua, Antolín Casarrubias, párroco de Atilxtac y amigo de Lorenzo Cuéllar, aseguró que nunca imaginó una actitud de ese tipo, al referirse al presunto crimen que cometió el sacerdote de Cualac.

Abordado en el obispado de la diócesis de Tlapa, Antolín Casarrubias consideró que este hecho hará que los curas católicos reflexionen más sobre su actitud frente al pueblo.

Las autoridades abrieron una línea de investigación en contra del párroco de Cualac por su presunta participación en reuniones en donde se promueve la experiencia de la Policía Comunitaria en la región de La Montaña.

Fuentes de la PGJE afirmaron que el sacerdote católico, Lorenzo Cuellar está vinculado con grupos que pretenden expandir la presencia de la Policía Comunitaria en otros municipios de la Montaña.

Piden a Muñoz Parra dejar de provocar conflictos en la Sección 11 del SNTSS

 

 Exigen a la funcionaria cumplir las minutas ya firmadas para beneficiar a la región de la Montaña, pues el retraso ha generado problemas, se queja líder sindical

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de la Sección 11 de la región de La Montaña, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría Salud (SNTSS), Eduardo Méndez Luna, exigió ayer a la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, que deje de intervenir en esa sección y cumpla con las minutas firmadas, porque el retraso ha generado problemas.

Acompañado por trabajadores de la dependencia, en conferencia de prensa, Méndez Luna expuso que actualmente en la región de La Montaña se vive un “fuerte problema” generado por el “abandono y el olvido” de la secretaria de Salud.

Dijo que la “crisis” se ha derivado de conflictos sindicales que Verónica Muñoz Parra “ha auspiciado”, como es el caso de la dirigente de la recién creada Unión Trabajadora por la Salud del Estado de Guerrero AC, Jacqueline Balbuena, quien en marzo acusó de “hostigamiento y persecución” al         secretario general de la Sección 36 del SNTSS, Francisco Becerril Sotelo.

Exhortó a Verónica Muñoz Parra para que “cambie de actitud” y cumpla con las minutas que han firmado con esa región, como ha sido la asignación de cuatro plazas para el Hospital Básico Comunitario de Acatepec, las cuales “no ha liberado y no sabemos porqué”.

Méndez Luna indicó que la titular de la Secretaría de Salud “se ha dedicado también a meter gente de manera unilateral” a esa dependencia, “sin consultar al sindicato ni respetar el escalafón”.

Se quejó además de la falta de infraestructura y del desabasto de medicamentos en La Montaña. Sobre este último dijo que en la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y Rubéola “nos llegaron de manera extraordinaria sólo las 50 vacunas que cada mes se aplican a los niños”.

Acusan de aviadoras a dos enfermeras del Hospital Básico Comunitario de Acatepec

En la misma conferencia de prensa, la enfermera del Hospital Básico Comunitario de Acatepec, Belvica Martínez Gómez, acusó a dos de sus compañeras, Elodia Heredia y a Georgina Bermúdez, de ser “aviadoras”, debido a que desde mayo “se presentan a sólo un par de horas, pero no trabajan”.

Las enfermeras acusadas interpusieron una demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra del Sindicato de los Trabajadores de Salud, con el argumento de que el secretario general, Felipe Becerril Sotelo, las “obligó” a cambiar su horario de fines de semana “para beneficiar a sus familiares”.

Pero Martínez Gómez rechazó el señalamiento y dijo que el rol de turnos se cambia cada tres meses, pero “ellas no lo quisieron respetar y actualmente se presentan sólo una horas”.

Aumento de salario, servicio médico y escuelas bilingües, entre las demandas de los guerrerenses de La Montaña

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Dirigentes de migrantes de municipios indígenas de La Montaña, quienes trabajan en entidades del norte del país, exigieron al gobierno del estado que interceda ante los empresarios de esa zona para que les aumenten el salario y les brinden mejores condiciones para laborar.

El presidente de la Unión de Indígenas del Sur del País, Nicolás Mendoza de los Santos, informó que son más de 70 mil migrantes de Guerrero que se van a trabajar a esas entidades, porque en sus comunidades carecen de oportunidades de empleo.

Indicó que por esa situación matrimonios hasta con ocho hijos se van por un salario de 60 y a veces 70 pesos al día, pero viven en galeras y sin derecho a que los atienda un médico las 24 horas”.

Recordó que en el año 2000, junto con decenas de indígenas de Guerrero fueron desalojados del Zócalo de Culiacán, donde se habían instalado en plantón para exigir a los dueños de las empresas agrícolas incremento salarial y mejores condiciones de trabajo.

Mendoza de los Santos, originario de Metlatónoc, señaló que una de las demandas que ya entregaron a las autoridades de Guerrero es que pidan a los empresarios que instalen escuelas bilingües para que los niños reciban clases.

Ello porque –dijo– cuando un padre de familia decide irse con su esposa y sus hijos a trabajar allá, los niños interrumpen sus estudios pues la mayoría se va en noviembre y regresan en marzo o abril.

Agregó que por las malas condiciones laborales en que se encuentran los migrantes, unos 70 indígenas fallecen cada año, ya sea por enfermedad o por accidente.

Y es que el seguro de vida que les da el empresario agrícola es de 730 días de salario mínimo, “y eso no sirve de nada, apenas alcanza para el traslado del cadáver y para comprar el ataúd”.

Mendoza de los Santos señaló que a pesar de que ya pasó la temporada buena de siembra y cosecha de jitomate, cebolla y pepino, no toda la gente de Guerrero se regresó a su tierra, y en estos momentos se encuentran fuera unos 30 mil guerrerenses.

Otra de las peticiones es que se pida al gobierno de Sinaloa que vigile que los empresarios no violen los derechos laborales de los migrantes.

Dijo que en las entidades en donde más se violentan los derechos son en Baja California Norte, Baja California Sur y Sinaloa.

Denuncia penal de la CFE contra siete ayuntamientos, todos de La Montaña

 

Siete ayuntamientos tienen un adeudo atrasado de casi 4 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por ello la paraestatal ya presentó una demanda penal por delitos del fuero federal y otra del fuero común contra ellos por la falta de pago desde hace dos años.

Aunque el superintendente de la División Centro Sur de la CFE, Germán Moreno Montoya, no dio a conocer el monto que adeuda cada una de las comunas, indicó que los ayuntamientos que adeudan 3 millones 993 mil pesos son los de Metlatónoc, Cuálac, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, Zitlala y Alcozauca, todos ellos ubicados en la región de La Montaña.

El funcionario de la CFE informó que por ahora están negociaciones con las comunas para que cubran sus adeudos, aunque dijo que en el caso de Cuálac hay una demanda penal del fuero federal por el robo de la energía eléctrica, y otra más del fuero común por daños en propiedad ajena.

Moreno Montoya informó que en ese municipio las autoridades restablecieron por su cuenta el servicio que ya les había cortado la CFE, lo que se tipifica como delito federal, pero además en la operación dañaron las instalaciones de la paraestatal.

Moreno Montoya señaló que en el caso de este ayuntamiento deuda desde hace dos años, en tanto que el resto de las comunas a partir de este año. En caso que persista la negativa de pagar el servicio de energía eléctrica por parte de las comunas –indicó– la paraestatal procedería con los cortes al servicio eléctrico.

El superintendente de la CFE dijo lo anterior al final de una conferencia de prensa, en la que informó que este año la paraestatal ejecutará obras por 260 millones de pesos para mejorar el servicio de energía eléctrica en la región Centro y La Montaña de Guerrero, con lo que “fortalecerá la confiabilidad y la calidad del suministro eléctrico que reciben más de 195 mil familias y negocios guerrerenses”.

Moreno Montoya explicó que actualmente se encuentran en proceso un total de 11 obras de infraestructura eléctrica, entre las que destaca por su cuantía la construcción de la línea de subtransmisión que unirá las subestaciones Chilapa-Tlapa, a lo largo de 58.4 kilómetros a través de La Montaña guerrerense.

No es un camino para que transiten personas, dicen los manifestantes

 Hay una banda de música acompañándolos. De vez en cuando desempolvan sus instrumentos y los hacen sonar para su gente, entre carteles que aluden tanto al Poder Ejecutivo federal como al estatal y en los que se leen distintas leyendas: “basta de engaños”, “la Montaña en lucha”, “qué viva la Montaña”, “unidos ganaremos”, entre otras no menos firmes.

Ortiz Montealegre prosigue y menciona la necesidad de que “los comisarios y el Comité tengan presencia y una activa participación” en la pavimentación para evitar “que se despilfarren los recursos”. Pero también “para que se haga una buena obra. No queremos que pase lo que está pasando en la carretera Tlapa-Marquelia. Todos sabemos que se ha inaugurado dos o tres veces por los presidentes de la República, y más tardan en terminar que ya están los baches nuevamente. Queremos que haya calidad, que se cumplan los procedimientos técnicos”.

Un promotor de Derechos Humanos de la comunidad de Atzompa, municipio de Metlatónoc, Félix Rivera Chávez, sintetiza en tres palabras lo que es vivir del otro lado del camino de terracería: “sufrimos el camino”, dice. Y un habitante de la comunidad de Francisco Madero, también de Metlatónoc, refuerza el sentido de esa frase cuando cuenta que “ha habido muchos accidentes” y que “como está el camino ahorita, no es para que transiten personas, sobre todo las señoras que traen niños o que están enfermas, que tienen que viajar durante cuatro horas en temporada seca” para llegar al hospital más cercano, el de Tlapa. O muchas más horas si es época de lluvias, las cuales vuelven aún más crueles las distancias y la falta de obras públicas para los indígenas.

Por otra parte, este mismo hombre destaca que es “lógico” que deseen “tener una carretera digna” porque con frecuencia deben venir a Tlapa a comercializar sus productos, por lo cual les urgen “mejores vías de comunicación”. Asimismo, todo tipo de abarrotes en Metlatónoc

cuesta el doble que en Tlapa debido a que “el camino está feísimo”. Quienes se perjudican con esto estiman que si la carretera estuviera en condiciones, los precios de los productos básicos serían más baratos.

Luchan 54 indígenas por el pago de salarios que les debe una constructora

* Estafados en la carretera Tlapa-Marquelia

Tlachinollan * La Corporación Mitla, empresa desconocida por los habitantes de La Montaña y que es una de las que ganaron la licitación para construir la carretera Tlapa-Marquelia, defraudó a 54 indígenas mixtecos y nahuas de los municipios de Tlapa de Comonfort, Malinaltepec y San Luis Acatlán, quienes trabajaron en la construcción del tramo que comprende desde el kilómetro 37 al 46 y todavía no cobran sus salarios correspondientes a las 2 últimas semanas de trabajo, que ascienden a más de 100 mil pesos.

“El problema es que uno trabaja por necesidad y nos dejaron colgados con dos semanas. Dejaron abandonado el trabajo, por eso estamos luchando”, explica Justino Pantaleón Pérez, ingeniero de la comunidad de Xalatzala que se encuentra en el grupo de trabajadores estafados.

“El trabajo no está terminado. Nosotros estamos esperando porque tienen que regresar, o alguien se tiene que hacer cargo de eso porque tiene un contrato a nivel federal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tiene que cumplirse”, prosigue.

Algunos de los trabajadores fueron convocados por el contratista de dicha empresa, Felipe Jaime Salgado, quien se dirigió a los habitantes de las zonas aledañas a la carretera para “reunir a los vecinos que quisieran trabajar”. Otros llegaron a buscar trabajo en el tramo desde más lejos, por iniciativa propia, debido a la falta de empleo en la zona. Eran hombres de las comunidades de Alacatlatzala, Mixtecapa y Xalatzala. Todos, los de cerca y los de lejos, se encontraban desempleados cuando llegó Corporación Mitla a la región.

“Somos trabajadores eventuales y cuando hay trabajo en una obra ahí nos acomodamos. Y cuando llega la temporada de agua, lo primero que hacemos es ir a sembrar al campo. Estamos para trabajar y, donde nos salga, nosotros trabajamos”, resume Pantaleón Pérez.

Este grupo de indígenas mixtecos y nahuas nunca firmó ningún contrato. Sólo hubo un acuerdo verbal en el que se estableció que los oficiales cobrarían mil 600 pesos a la semana, los veladores mil 400 y los peones 900. Pero al momento de saldar las cuentas, la Corporación Mitla y los empleados que estaban a cargo de la construcción de ese tramo carretero desaparecieron sin pagarles las dos últimas semanas de labor.

Las máquinas ya fueron retiradas del lugar. Allí sólo quedan una revolvedora, un resto de cemento y algunas herramientas. Ahora que la Corporación Mitla ya se sirvió de la mano de obra desempleada de la región nadie responde al reclamo de los trabajadores engañados. Ni la empresa, de la cual quienes se pusieron a su servicio ni siquiera supieron el nombre, ni la SCT, institución que eligió a esta empresa por sobre otras posibles en el momento de la licitación y le asignó la construcción de la obra, ni del contratista que fue a buscarlos.

El residente de la SCT en la región Montaña, Francisco Mendoza Carmona, les manifestó a los trabajadores estafados que ese organismo gubernamental “no tenía nada que ver” con el pago de los salarios adeudados porque el acuerdo fue realizado entre ellos y la Corporación Mitla.

La SCT tiene obligación de dar garantías, según la ley

No obstante, si bien la SCT no empleó directamente a los trabajadores, sí contrató a Corporación Mitla. Según la ley de Obras Públicas y Servicios, esta Secretaría tiene la obligación de garantizar la capacidad técnica y financiera de las empresas que contrata para la ejecución de obras, y se supone que si entregó la licitación a dicha empresa es porque ésta cumplía con los requerimientos establecidos. Si Corporación Mitla no cumplía con las condiciones necesarias y no contaba con la solvencia económica suficiente, entonces la SCT debería haber asignado el trabajo a cualquier otra empresa de las que participaron del concurso.

Por todo lo anterior, el grupo de indígenas sostiene que el pago de sus salarios le compete a esta Secretaría y le exigen el pago directo del adeudo o, al menos, que le garantice que intervendrá para que la empresa morosa les pague.

Los defraudados trabajaron sin tener un día libre, 11 horas cada día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Casi no veían a sus familiares y comían en el lugar de trabajo lo que sus mujeres les habían preparado en sus casas. Construyeron muros de mampostería para las alcantarillas, prepararon la revoltura para los muros, cuidaron la obra, transportaron cosas pesadas. Todo eso para no recibir ni un centavo.

“Nos sentimos medio desesperados porque no tenemos para comprarnos el maíz, el fríjol, todo lo que necesitamos para alimentarnos. Es que uno no tiene, por eso vinieron a ofrecernos trabajo, y últimamente dicen que no nos van a pagar”, expresa Juan Mauricio Campos, de la comunidad de Pie de Tierra Blanca, quien trabajó como peón.

Por su parte, el velador de la obra sigue en su puesto de trabajo. Narciso Gálvez Campos, habitante de Pie de Tierra Blanca, día y noche cuida las pocas cosas que la empresa abandonó en el lugar.

“¿Cómo lo voy a dejar?”, se pregunta. Y añade: “lo van a robar todo y me van a echar más culpa a mí. Lo van a agarrar todo y van a seguir los problemas”. Por esa razón, seguirá ahí hasta que le paguen. Sólo después volverá a su casa.

“No tengo dinero para comer ni nada, nomás estoy sentado ahí comiendo tierra. A veces no hay tortilla. No comemos. Ni agua hay”, asegura el velador.

Viajar a la ciudad de Tlapa para reclamar lo que les niegan implica que los trabajadores gasten dinero que no tienen.

“Por estar pendiente de este problema, se gasta”, reconoce Pantaleón Pérez. Para los que viajan desde Xalatzala, a 12 kilómetros de Tlapa, el costo es de 50 pesos. Pero para los trabajadores de lugares más alejados, como Mixtecapa, el gasto asciende a 80 pesos. Sólo de pasaje, sin contar comida ni agua. Una pequeña fortuna para quienes casi nada tienen.

Finalmente, el representante legal de Corporación Mitla, Abel Olmero, argumentó en conversación telefónica que la semana próxima pagarán los sueldos adeudados.