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Envían a un albergue a 11 niños desnutridos que vivían en condiciones insalubres en El Paraíso, Atoyac

 

La presidenta del DIF de Atoyac, Rosita Pérez Vargas y el alcalde municipal, Dámaso Pérez Organes atendieron la denuncia de una doctora de la comunidad de El Paraíso, de que 11 menores de edad estaban desnutridos y vivían en situaciones insalubres en la ranchería La Quebradora, en la periferia de la comunidad de El Paraíso en este municipio.
Los menores fueron enviados a un albergue del DIF estatal junto con su tía-madrastra que está embarazada y será enviada también a un refugio para evitar que sigan viviendo en condiciones de extrema pobreza.
El comisario de la localidad, Miguel Ángel Castillo Zepeda precisó que los menores de la familia Sánchez Hernández son huérfanos de madre y viven en una situación crítica en una vivienda de 10 por 3 metros cuadrados, duermen amontonados en petates en el piso de tierra, la cocina es un espacio improvisado con telas y cartón donde sólo hay un fogón en el suelo a pesar de que en el lugar viven en su mayoría menores de edad.
La familia vive en un aparente abandono en un cuartito en un potrero que cuida el padre de los menores, Luis Sánchez Estrada de 46 años. Los afectados sólo toman café por las noches y por las mañanas y comen una vez al día frijoles de la olla.
Se dio a conocer que el padre recibe dinero del programa de jefas de familias, que consiste en un apoyo a los niños que han quedado huérfanos.
Trascendió que el padre de los menores ha recibido en menos de un año más de cien mil pesos por los 11 menores huérfanos y esto no se refleja en su estado de salud y menos en su desempeño académico.
En la visita se observó que el rango de edad de los menores es de un año hasta los 16 años el más grande, los niños no tenían ropa ni calzado y no iban regularmente a estudiar a la primaria de la localidad y cuando asistían iban mal aseados y con falta de materiales para sus estudios y sólo con cinco pesos para su recreo.
Se observó un alto grado de desnutrición y parásitos en los niños por lo que fueron enviados a un chequeo general al centro de salud.
La coordinadora del programa de jefas de familias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad, Zaida Álvarez Cabañas señaló que en coordinación con el Ayuntamiento hicieron la supervisión a la familia para corroborar que el dinero del programa se utilice en beneficio de los menores.
A los niños les harán estudios de sangre y se les comprará ropa y calzado.
El padre de los menores no estuvo durante la supervisión porque aparentemente trabaja fuera de la comunidad y los niños son atendidos por su tercera esposa quien tiene también un hijo de un año y está embarazada de seis meses.

 

La CAPASEG busca entregar una planta que no sirve, denuncian comisarios de Acamixtla, Taxco

 

Los comisarios municipal y de bienes comunales de Acamixtla, Taxco, denunciaron que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) pretende entregarles una planta tratadora de aguas residuales que no funciona y afecta a por lo menos nueve comunidades, en tres de las cuales la contaminación llega hasta los pozos del agua potable.
Asimismo, revelaron que CAPASEG elevó a más del doble el costo proyectado para la obra, de 7 millones 500 mil pesos a 16 millones 600 mil pesos.
Los comisarios municipal y de bienes comunales de Acamixtla, Felipe de Jesús Salazar y Felipe Rodríguez Pérez, denunciaron en una llamada a la redacción de El Sur que la CAPASEG abandonó la obra del humedal artificial, que funcionaría como una planta tratadora de aguas residuales natural, con plantas y materiales del suelo.
Felipe de Jesús Salazar informó que, como autoridades de la comunidad, no han querido recibir la obra de la CAPASEG porque no han atendido las observaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que recomendó que se reduzca el caudal de agua a la planta y se cambien filtros saturados.
Denunciaron que, por la cantidad de agua que está llegando al humedal, está apunto de desbordarse, además de que el agua que se revierte al río aún está contaminada.
Explicaron que el río San Juan nace en el cerro del Huixteco, pasa por las comunidades de El Azul, La Quebradora, Acamixtla (que es el contaminador principal con sus aguas negras), El Cedrito, Tehuilotepec, la unidad habitacional El Boliche, San Juan de Dios, Juliantla, Xochuila, Hueymatla y, finalmente desemboca en el río Balsas.
El río ya contaminado tiene contacto con los pozos de agua potable que abastecen a Juliantla, San Juan, Huimatlan y Acamixtla.
Los comisarios se resisten a recibir de la CAPASEG la obra del humedal porque tiene fallas que ocasionan que el agua tratada no cumpla con las normas de sanidad.
Sin embargo, el agua que aún tiene “altos niveles de contaminación” es vertida al río.
Las comunidades, junto con la asociación civil Pueblo Sa Bio, hicieron y presentaron el proyecto del humedal artificial a la CAPASEG, que finalmente aprobó su ejecución y liberó los recursos, pero a consecuencia de las modificaciones que aplicó la dependencia estatal, no funciona como se esperaba, denunciaron las autoridades de la comunidad.
Explicaron que el costo proyectado inicialmente por las comunidades y la asociación civil era aproximadamente de 7 millones 500 mil pesos, pero la CAPASEG lo elevó hasta 16 millones 600 mil pesos, más del doble de lo estimado.
La dependencia modificó “el proyecto original y elevó drásticamente los costos”, denunció el comisariado de bienes comunales, lo que ocasionó que el agua tratada no cumpliera con los estándares de limpieza del agua tratada.
El comisario explicó que entre las modificaciones que se hicieron hubo una reducción al desarenador, los filtros no fueron rellenados con el material adecuado, algunos ya se saturaron y las aguas negras pasan encima sin ningún tratamiento.
Como consecuencia del incumplimiento de las dimensiones y materiales se generaron fallas en los resultados de la calidad del agua.
Comentó que algunas de las modificaciones menores que la CAPASEG aplicó al proyecto inicial fueron consultadas con la asociación y los representantes de las comunidades, pero no todas, y a pesar de que solicitaron el proyecto final la dependencia se los negó.