Se encontraron elementos de prueba suficientes para demostrar la existencia del delito, indicó el juez. Niega que lo haya presionado el gobernador
Zacarías Cervantes Chilpancingo El juez Jesús Campos Ramírez dictó ayer el auto de formal prisión a los sacerdotes Lorenzo Cuéllar Vázquez y Ernesto García Rodríguez, como probables responsables del delito de homicidio calificado y lesiones en agravio del presidente municipal de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal y de su hijo Lorenzo Ruiz García.
La resolución la leyó la primera secretaria de Acuerdos, Ana Gabriela Bello Tovar, a los dos sacerdotes ahora procesados, quienes fueron sacados a la rejilla de prácticas poco antes de las 6 de la tarde de ayer para firmar dicha resolución.
El juez Campos Ramírez resolvió el auto de formal prisión luego de que –según el documento– “se encontraron elementos de prueba suficientes para demostrar la existencia del delito, y se demostró que uno de ellos (Cuéllar Vázquez) fue el causante del daño y el otro (García Rodríguez) lo auxilió antes y cuando se cometieron los hechos”.
Para el juez, los sacerdotes actuaron “de manera dolosa” y procedieron “intencionalmente”, y señala en su resolución que hay “bastantes datos para acreditar su probable responsabilidad” en los hechos.
Pero además señala que Lorenzo Cuéllar Vázquez y Ernesto García Rodríguez “acreditaron el consenso” en su actuación en contra de Ruiz Villarreal, quien falleció dos horas después de recibir dos impactos de bala y en contra de su hijo Ruiz García, quien resultó lesionado de un balazo en la pantorrilla, por lo que resolvió dictarles el auto de formal prisión por el delito de homicidio y lesiones, así como la suspensión de sus derechos ciudadanos.
El juez concedió cinco días para que la defensa de los dos sacerdotes impugnen el auto, y además se declaró incompetente para seguir conociendo del caso agotadas las diligencias, por lo que lo turnó al juzgado de Huamuxtitlán –distrito al que corresponde el municipio de Cualac–, donde ocurrieron los hechos.
Mientras tanto los abogados de los dos sacerdotes, José Ramírez Villalba y Pablo Santana Alfaro, entrevistados después de escuchar la resolución del juez, declararon su inconformidad y ambos coincidieron que recurrirán al amparo de la justicia federal a favor de sus respectivos clientes.
Ramírez Villalba, abogado de Ernesto García Rodríguez, y Santana Alfaro, defensor de Lorenzo Cuéllar Vázquez, coincidieron en que recurrirán al amparo de la justicia federal para que el caso se salga de los jueces locales y pase a los federales, donde ya no pueda influir el Ejecutivo estatal.
Santana Alfaro reiteró que su cliente fue torturado por los policías judiciales para que declarara que disparó en defensa propia y que la pistola era de él, cuando la realidad es lo que dijo ante el juez, “ya sin presiones”, en el sentido de que fue agredido por unas personas entre las que se encontraba el presidente municipal y su hijo, y que durante la riña forcejearon y el arma, “que al parecer era del presidente municipal”, se disparó.
Incluso el abogado aseguró que hay elementos suficientes para desvirtuar en las instancias federales los cargos que le impuso el juez a su cliente.
Santana Alfaro dijo que el término legal para dictar el auto de formal prisión no fue suficiente para presentar las pruebas a favor de su cliente, pero aseguró que “hay elementos suficientes para desvirtuar los cargos durante el proceso que sigue”.
Mientras tanto, el juez Jesús Campos aseguró que la resolución fue dictada conforme a la ley y con base a las pruebas y elementos que fueron aportadas las dos partes.
Con respecto a los señalamientos del abogado de Ernesto García Ramírez, Pedro Ramírez Millán, en el sentido de que emitió su resolución por consigna del gobernador Rene Juárez, dijo que “estamos en un estado de derecho y ello nos permite ser autónomos”, y aseguró que “no he recibido línea de nadie”.
Aseguró que para él este es sólo un caso más, pues los dos sacerdotes, en materia de del derecho, sólo son ciudadanos con todos sus derechos.
Campos Ramírez indicó que las cuestiones por las que la PGJE los trasladó del distrito judicial a donde se cometieron los hechos a esta capital las desconoce; “yo recibí el caso porque estaba de turno, lo demás lo desconozco”, aseguró.