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Mantienen madres la toma de la escuela Ocampo en Iguala; insisten en la salida de la directora

 

Por segundo día, madres de familia y maestras de la primaria José A. Ocampo, de la colonia San José, mantienen tomadas las instalaciones para impedir el acceso a la directora y supervisora de la zona 35, Rosa Cambray Salgado, de quien piden su destitución y la aplicación de una auditoría.
Un grupo de unas 50 madres de familia, algunas acompañadas por sus hijos, y maestras de la escuela, pernoctaron afuera de la institución y hasta la tarde de este martes ahí se mantenían con la toma de la escuela, para exigir la inmediata destitución de la directora.
La entrada de la escuela permanece cerrada con cadenas y candados, así como con lonas y cartulinas de la protesta de los padres.
Las madres de familia exigen a las autoridades educativas una auditoría a la directora de la escuela y supervisora de la zona escolar 35, Rosa María Cambray Salgado, quien según los padres lleva 38 años en el cargo.
Denuncian que la directora recibe 95 mil pesos por cada ciclo escolar del programa de Tiempo Completo, además de que cobra cuotas obligatorias de 200 pesos a cada padre, cobra en 5 pesos el uso del teléfono, en 10 pesos las constancias y en 80 pesos por el uso del internet, por lo que padres de familia de bajos recursos económicos, han tenido que cambiar de escuela a sus hijos, y del recurso que la directora no entrega informes a los padres.
Desde el 2 de marzo de este año, la maestra Lorena Abundio Gama recibió su cambio de adscripción de Taxco a Iguala, y fue nombrada directora de la escuela José A. Ocampo, por el director general de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas del estado, Rodrigo Arturo Molina Sevilla, por lo que en la escuela existen dos directoras, ante la resistencia de Cambray Salgado de abandonar la escuela.
Los padres advirtieron que la toma de la escuela será permanente e indefinida, hasta que Cambray Salgado salga de la escuela y se le aplique una auditoría de los recursos que ha recibido.
Para este día, las madres de familia se reunirán con las autoridades educativas del sistema estatal y advierten que de no haber respuesta a su petición, tomarán otras acciones de protesta.

Se enfrentan madres en la secundaria de Cumbres de Llano Largo, denuncian



Citlal Giles Sánchez

El conflicto de la Secundaria Técnica 238 de Cumbres de Llano Largo “ya se salió de control” aseguró la delegada sindical del plantel, Ana Silvia de la O Torres, y afirmó que el director, Abel Rodríguez Salgado, ya provocó un enfrentamiento entre las madres de familia.
Desde marzo, padres de familia y algunos profesores del plantel piden la salida de Rodríguez Salgado, pues lo acusan de llegar a la escuela en estado de ebriedad y agredirlos verbalmente.
De la O Torres dijo que al director ya se le giró una orden para que se vaya, “pero no ha querido retirarse y lejos de eso viene a causar conflicto influyendo en los padres de familia”.
Afirmó que ayer, algunos padres de familia que lo apoyan cerraron la entrada a la escuela con piedras y palos para impedir que los maestros entraran a impartir clase, “tenemos desde marzo pidiendo a las autoridades que nos quiten al director, pero no nos han hecho caso y si hasta hoy (ayer) no habíamos querido suspender labores, pues hoy (ayer) más de 200 alumnos no tuvieron clases, los maestros nos tuvimos que quedar afuera porque no nos dejaron entrar”.
Asimismo, dijo que los padres también cerraron con candados la subdirección, pues argumentan que si el director se va del plantel, también lo hará la subdirectora, Leopoldina Tacuba Reyes “y nos es justo porque la maestra es la que ha estado trabajando, sacando la documentación mientras que el director se ha encargado de desvirtuarlo todo”.
Una de las madres de familia, Yolanda Silio García comentó que ayer por la mañana fue a la escuela porque le habían regresado a su hija, “entonces vine a ver por qué y vi que otras madres estaban impidiendo el acceso entonces yo quise quitar una de las piedras y la señora Lorenza Bautista me empezó a agredir, me golpeó, me rasguño y todo eso es porque el director la mandó”.
Dijo que acudió al Ministerio Público de Costa Azul a poner la demanda en contra de Lorenza Bautista por agresiones físicas.
También dijo que la señora Gabriela Palacios Rojas las ha amenazado de golpear una por una a aquellas madres de familia que están pidiendo la salida del director.
Docentes y madres de familia exigieron a las autoridades educativas poner un fin al conflicto y que no esperen a que haya más actos de violencia.

Viudas, madres y sobrevivientes de Aguas Blancas, en el consulado de EU

* Piden que se cumpla la recomendación de la CIDH

* Denuncia persecución Mauro Hernández, el conductor del camión que fue baleado por policías del estado

Karina Contreras * A más de veinte días que se conmemore el octavo aniversario de la matanza de Aguas Blancas, familiares y sobrevivientes acudieron al consulado de Estados Unidos para entregar un documento en donde piden intervención para que los gobiernos federal y estatal acaten la recomendación             49/47 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige concluir las investigaciones para el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de campesinos el 28 de junio de 1995.

Los campesinos fueron acompañados por el abogado José Sánchez Sánchez, y en donde se pudo ver también al campesino Apolinar Ojedis, quien se encuentra en silla de ruedas, luego de que las balas de los policías motorizados le destrozaran la columna vertebral.

El sobreviviente Mauro Hernández Lozano, de Atoyaquillo, denunció que está siendo perseguido por presuntos paramilitares sin que debe nada. Señaló que durante ocho años no había tenido trabajo, pero ahora que lo tiene está siendo hostigado.

Precisó que desconocidos a bordo de un automóvil negro lo siguen y lo vigilan permanentemente, durante sus recorridos por la ruta de transporte en la que presta servicio público.

El sobreviviente, propietario y conductor de la camioneta en la que viajaban los campesinos el 28 de junio de 1995 y que fue baleada por los motorizados señaló que si le llegará a pasar algo el responsable sería el gobierno del estado.

Por su parte, el abogado José Sánchez Sánchez manifestó que desde noviembre el gobernador René Juárez Cisneros no los ha querido recibir. Señaló que esto les preocupa ya que temen que se vuelva a reprimir a los campesinos.

Señaló que hay una exagerada vigilancia hacia los campesinos por sicarios y paramilitares que los siguen en carros oscuros y sin placas y que les hace pensar que están tramando algo.

Sánchez dijo que si hay algún delito qué perseguir, pues que se actúe conforme a la ley, pero lo que no quieren es otro desaparecido como sucedió con Gilberto Romero Vázquez. Además no quieren que la situación en Coyuca se enrarezca más de lo que está.

Explicó que la protesta en el consulado estadounidense –ubicado en el hotel Emporio– es porque tiene influencias y puede presionar.

En el documento se le hace un recuento al cónsul estadounidense de los sucesos del 28 de junio de 1995. Le informan que desde hace ocho años han estado esperando que sean castigados el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; el senador Héctor Vicario Castrejón, el ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, entre otros.

Piden que intervenga también para gestionar una audiencia con el gobierno estatal.

Sánchez Sánchez agregó que aunque el gobierno mandó a asesinar a más de 20 dirigentes y ofreció dinero para dividir, esto, no ha sido así. Una clara muestra –señaló– es que en la protesta de ayer estaban representados el 80 por ciento de los familiares y sobrevivientes.

Adelantó que para este 28 de junio –un aniversario más de la masacre– están tratando de llegar completamente unificados.

Sobre la petición de recursos económicos señaló que ese es un derecho y viene en la recomendación de la 49/47 de la CIDH, que señala que se debe indemnizar a los deudos y a los sobrevivientes de acuerdo a los estándares internacionales.

En la protesta participaron los familiares de dos sobrevivientes de la masacre que están presos en Acapulco, y los manifestantes exigen su libertad, pues son acusados de delitos fabricados: Gerónimo Hernández Refugio y Joviel Rafael Ventura.También, los familiares de Felipe Ayala, sobreviviente de la msacre de Aguas Blancas que fue asesinado el año pasado.