La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.
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Es irresponsable el gobierno estatal ante la violencia feminicida, señala líder feminista
Ante la violencia contra las mujeres que se refleja en 14 asesinatos en 14 días de enero de 2018, la presidenta de la Asociación Estatal contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar consideró irresponsable la actuación de las autoridades estatales, que están implementado un programa con acciones ordinarias en un estado donde se decretó una alerta contra la violencia feminicida.
En consulta telefónica sobre los 81 asesinatos en los primeros 14 días del año en el estado, de las cuales 14 víctimas son mujeres, informó que como integrante del Grupo Interinstitucional que da seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, recibió el programa de trabajo y el informe que emitió el gobierno del estado.
Dijo que el planteamiento de la declaratoria es la implementación de medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación del daño, sin embargo las autoridades estatales elaboraron un programa en cuatro ejes: prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que atiende sólo lo que mandaba la ley.
Mencionó que los ejes son los mismos en el nombre el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en estos aspectos rindiendo informes a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), como acciones que atienden la declaratoria de la Alerta.
Denunció que ni siquiera atienden las recomendaciones que emitió el Grupo Interdisciplinario antes de la declaratoria y que el gobierno incumplió, por esa razón se emitió la Alerta de Violencia Género en Guerrero.
Opinó que con los informes tratan de cumplir las formalidades de ley, “como si estuviéramos en un periodo ordinario, no en la emergencia que implica la declaratoria y la violencia de todos los días”. De continuar en esta lógica, advirtió que nunca se van a corregir los problemas que originan la violencia feminicida.
“De verdad me parece que están siendo irresponsables ante esta situación, por violencia es casi un asesinato por día”.
De los ocho ayuntamientos incluidos en la alerta, dijo que algunos van más atrasados que otros, en unos casos apenas se están dando cuenta de las implicaciones para su gobierno y tendrán que rendir informes a la Conavim.
Por ejemplo en el Ayuntamiento de Chilpancingo apenas en diciembre se corrigió el sistema porque estaba mal integrado, y hace tres días que sesionó no se presentaron tres responsables de comisiones.
Señaló que la regidora de la Mujer de Chilpancingo, Patricia Reyes Mejía opinó en los medios sobre la violencia en la capital, pero no participa en las sesiones del sistema.
Agregó que los funcionarios muestran interés, “pero deben asumir con mayor responsabilidad, de lo contrario no va a pasar nada, yo les decía: recordemos que Chilpancingo ocupa segundo lugar estatal, no podemos estar perdiendo el tiempo. Conavim ya les notificó directamente y también les va a pedir cuentas”.
Precisó que todas las muertes de mujeres deben ser investigadas bajo el protocolo de feminicidios, estimó que a veces se vincula a propósito con la delincuencia, por el último caso de una chica desaparecida el 12 de enero y que apareció muerta este domingo.
Aún con la militarización, el Estado falló para garantizar justicia a la sociedad: Rosa Icela Ojeda
Aún con la militarización de las calles, el Estado falló en garantizar la justicia a las mujeres, los jóvenes, y en general a todos los sectores de la sociedad, denunció la investigadora de la UAG, Rosa Icela Ojeda Rivera.
Añadió que pese a la militarización en Acapulco por marinos, el municipio tiene la tasa más alta de feminicidios que no se han podido resolver, y en los últimos 20 años Guerrero está entre los estados con mayor número de muertes violentas de mujeres. “Se puso alerta en ocho municipios, están bien, pero (faltan) 20 que están en línea roja y 47 arriba de la media nacional”.
Asimismo, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, Marina Reyna Aguilar indicó que además de Chilapa hay varios municipios donde aumentaron los asesinatos de mujeres en los últimos meses, según su seguimiento de casos a partir de notas periodísticas.
Ambas coincidieron en que los 19 millones de pesos destinados para las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el presupuesto de egresos de 2018 es poco, y que todos los fondos etiquetados en la administración estatal tendrían que estarse aplicando con perspectiva de género.
Aunque hay lineamientos federales para que todo el ejercicio del presupuesto se haga con perspectiva de género, Reyna Aguilar aclaró que los gobiernos estatal y municipales no lo entienden, “hay una laguna muy grande en administración pública, los administradores financieros piensan que el recurso que ejerce la Semujer es para la mujeres, y lo demás para la población en general, sin criterios para atender las necesidades de hombres y mujeres”.
Las especialistas fueron consultadas vía telefónica, respecto de las muertes de dos estudiantes universitarias en Acapulco, una originaria de la Montaña, así como de la desaparición dos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que reveló el rector Javier Saldaña Almazán, y sobre su opinión del financiamiento de la AVG en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado el viernes en el Congreso local. Los 19 millones fueron etiquetados para la Secretaría de Gobernación (Segob), coordinadora del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.
Reyna Aguilar aclaró que aún no saben cómo se va a distribuir el dinero, pero estimó que será para las acciones inmediatas del programa de la AVG que se envió a la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y que las representantes de la sociedad civil en las comisiones de seguimiento aún esperan conocer a detalle. Sin embargo, opinó que el dinero se ocupará principalmente para capacitación y la construcción del Banco Estatal de Datos de información sobre la violencia hacia las mujeres. Advirtió que a la fecha Guerrero no está aportando información al Banco Nacional de Datos .
Agregó que siendo secretaria de la Mujer, Rosario Herrera, se modificó la ley para que la entonces Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía General, se encargara de la coordinación del Banco de Datos, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Reconoció que hubo un avance porque en la primera versión del programa el gobierno propuso 3 millones para el último trimestre del año. Ahora hablan de 19 millones para 2018.
Adelantó que a un año de la declaratoria, la federación definirá si retira o mantiene la alerta en la entidad, y no va a ocurrir en el estado porque han pasado seis meses de la declaratoria y se sigue socializando el plan de trabajo con las acciones emergentes para la protección de las mujeres.
Señaló que en cuatro días ocurrieron cinco asesinatos de mujeres y hay municipios donde vale la pena proponer la ampliación de la alerta como Zumpango, Xochistlahuaca y San Luis Acatlán, según el monitoreo de los medios, pero debe sustentarse.
“Ellos quisieran que no dijéramos nada, pero estamos viendo que las muertes de mujeres se incrementan en Costa Chica, en la Montaña y Acapulco” declaró.
Asimismo, Ojeda Rivera , investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la UAG, reconoció que el presupuesto de la AVG es poco porque 47 municipios de Guerrero tienen tasas arriba de la media nacional en asesinatos de mujeres. Subrayó que todos los casos pueden señalarse como feminicidios mientras la autoridad judicial no establezca lo contrario.
Ante la excusa de las autoridades que vinculan la mayoría de los delitos con la delincuencia organizada, aclaró que puede haber un lugar donde operan los grupos delictivos, sin embargo ellos (las autoridades) están para resolver, no para explicar el problema. “¿Qué hace el fiscal Javier Olea Peláez para detener este problema? No hay manera de disimular los datos”, Cuestionó.
Recordó que desde 2005 ha señalado los asesinatos impunes de mujeres, y ratificó como “gravísima la falla del estado de derecho”, no hay una semana que no tengamos hombres y mujeres asesinadas, y 2017 es el año con más mujeres desaparecidas, y sino se les encuentra en las primeras 24 horas crece el riesgo de que aparezcan asesinadas.
Reconoció la aplicación de protocolos en casos de mujeres y niñas desaparecidas, pero no están funcionando, “no basta la difusión de una alerta de desaparición en internet, sino hay personal para hacer la búsqueda”.
Bloquean vecinos de la sierra de Atoyac tres horas la carretera; piden un puente y la salida del Ejército
Habitantes y comisarios del brazo serrano de Pie de la Cuesta en el municipio de Atoyac bloquearon por más de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir se les cumpla con la construcción de un puente y se retire el Ejército de esa zona.
Los manifestantes de las comunidades de La Cebada, Plan del Carrizo, Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones cerraron la vía federal de manera intermitente a la altura del entronque de la Y Griega y luego como a las 11 de la mañana cerraron el paso de manera total.
Solo se permitió el paso a ambulancias que trasladaban enfermos a la ciudad de Atoyac y Acapulco.
Cerca de 80 comisarios y campesinos exigieron la construcción de un puente en la localidad de Plan de El Carrizo después fue arrasado por la tormenta Manuel en 2013.
El vocero de los comisarios, Ignacio Ciprés Caballero dijo que el alcalde de Atoyac, Dámaso Pérez Organes, se había comprometido en campaña a que se iba construir un nuevo puente en esa zona.
A casi dos años de gobierno municipal, señaló que sólo quedó en promesas “por eso bloqueamos a ver si nos hacen caso, desde el 2013 estamos afectados, hemos sacado varios carros entre toda la gente porque se los lleva el río, por eso estamos aquí”.
Adelantó que no descartan hacer movilizaciones más radicales en caso de no ser atendidos.
Reiteró que el alcalde Dámaso Pérez se comprometió con los vecinos de la zona que no sólo iba a hacer un puente sino dos “pero con que nos haga el principal está bien”.
Los manifestantes dieron a conocer que en época de lluvias unos 3 mil habitantes de seis comunidades se quedan incomunicados.
Informaron que los pueblos más afectados son los de la parte alta de Santo Domingo, Pie de la Cuesta y Las Fundiciones, que quedan sin comunicación con la cabecera municipal.
Abundaron que el río de ese tramo es muy caudaloso en lluvias y ha arrastrado varias camionetas incluso murió un menor ahogado.
Además solicitaron que el Ejército regrese a los cuarteles ya que los militares abusan y tratan mal a los habitantes en los retenes de revisión que instalan.
Los pobladores acusaron que la revisión aparte de ser física también es en los celulares así como en sus productos que transportan como son despensa, “y es molesto además de que nos quita mucho tiempo, que regresen a sus cuarteles” pidieron.
A la hora del bloqueo fue retirado el retén de militares sobre el bulevar Atoyac-Y Griega, en la colonia Nuevo Horizonte.
Aproximadamente a la 1 de la tarde llegó el secretario de Gobierno municipal, Abel Gómez Ozuna, para dialogar con los manifestantes.
Después los manifestantes liberaron la vía y se trasladaron a la Ciudad de los Servicios (sede del Ayuntamiento) para firmar una minuta de acuerdos y programar una audiencia con el alcalde para que sean atendidos.