La directora del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, María Eugenia Reynoso Dueñas, informó que llegó a acuerdos con los trabajadores administrativos y maestros agremiados en la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que exigieron solución a 36 demandas laborales y tres administrativas.
En conferencia de prensa en la dirección del instituto, ubicado en el bulevar del río Huacapa, a unos metros del Palacio de Gobierno, Reynoso Dueñas dijo que el jueves y viernes pasado los sindicalistas hicieron un paro laboral “de brazos caídos”, es decir, estuvieron en el plantel pero no trabajaron de manera normal, para exigir el pago de prestaciones como el estímulo a la antigüedad, pago de lentes, aparatos ortopédicos y otras, pero hay imprecisiones en sus declaraciones.
Citó como ejemplo que aunque es cierto que son 120 los agremiados al sindicato, los afectados por la falta de pagos son 36 y cada caso de analizó de manera particular, en mesas de trabajo que se llevaron a cabo la semana pasada.
Dijo que se elaboró una minuta con los representantes del sindicato, en la que se precisó la demanda de pago de prestaciones de los 36 trabajadores, así como solución al reconocimiento de antigüedad y entrega del estímulo correspondiente, la apertura de un proceso de promoción y la contratación unilateral de personal, para evitar que se violen sus derechos laborales. Los acuerdos se firmaron este lunes.
Señaló que el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, que cuenta con una matrícula de 2 mil 800 estudiantes, depende de la Dirección Nacional en primera instancia y no de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por lo que las demandas de los trabajadores las trató de manera directa con sus superiores e informó de la situación a la delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Precisó que ella, Reynoso Dueñas, fue nombrada directora el 16 de agosto de este año, aunque estuvo a cargo meses antes de la administración del instituto sin un nombramiento oficial, y que las gestiones para el pago de las prestaciones comenzaron en octubre de 2016, por lo que el retraso de la entrega de los recursos no es su responsabilidad.
Concluyó que con los sindicalistas hubo un buen diálogo y por ellos se concretó la firma de la minuta, mientras que las clases en el instituto se regularizaron casi de manera total el viernes pasado, luego de dos reuniones, por lo que espera que las gestiones conjuntas beneficien a los trabajadores y no se afecte a los estudiantes.
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Fracasó el programa federal de prevención de la violencia que se aplicó de 2013 a 2015, señalan
Después de una inversión de casi 300 millones de pesos entre 2013 y 2015, Acapulco “está reprobado” en prevención de la violencia, de acuerdo con un estudio financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y elaborado por el investigador Jorge Triana Sánchez.
Ayer en el auditorio del Ins-tituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Ma-nuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, como parte del primer seminario nacional Las Violencias en México, Causas, Consecuencias y Derroteros, se desarrollaron tres mesas para discutir los escenarios violentos que se presentan en el país.
En la mesa uno, Violencias, inseguridad y alternativas de contención, experiencias subnacionales, participaron Héctor Miranda Anzá, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien habló sobre la economía social como una alternativa a la violencia; Silvestre Licea Dorantes, del IIEPA-IMA, quien habló de los enfoques para entender la violencia; Betzy Ríos Guzman, quien habló sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) en contextos de violencia en el caso de Acapulco; y Jorge Triana Sánchez.
Triana Sánchez explicó que los resultados presentados son parte de la investigación Ciudadanía y Violencia Urbana en Guerrero, del programa Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores, y lo expuesto ayer sólo fue una parte de los resultados de la percepción de inseguridad de los vecinos asentados en las zonas identificadas por el gobierno federal como de alta incidencia delictiva en Acapulco, entre ellas las colonias Petaquillas, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Progreso y Jardín, las que, señaló, fueron definidas arbitrariamente porque nadie conoce cuáles fueron los parámetros utilizados.
Triana Sánchez precisó que la investigación fue para conocer si los casi 300 millones de pesos invertidos en Acapulco del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) de 2013 a 2015, han mejorado la percepción de inseguridad de los ciudadanos.
Recordó que en 2013 para Acapulco se destinaron 99.1 millones de pesos; en 2014 fueron 99.3 millones de pesos; en 2015, 95.5 millones de pesos; en 2016, 73.8 millones de pesos y en 2017 no se destinó dinero para el fondo. Los años analizados son de 2013 a 2015 porque la investigación se hizo en 2016.
Los resultados de la investigación presentada demostraron que el municipio está reprobado en la escala de 1 al 10. En la 1 es me siento muy inseguro y 10 es me siento muy seguro se obtuvo una calificación de 5.2 como resultado de 831 encuestas aplicadas en 2016 en hogares de Petaquillas, Renacimiento, Zapata, Progreso y Jardín.
Los lugares señalados en el estudio es que el transporte público y los cajeros automáticos son los sitios con mayor percepción de inseguridad en esas colonias y los que consideran más seguros son sus domicilios, trabajo y escuela.
El investigador alertó que en la Jardín la percepción de inseguridad de los vecinos es la más grave pues el promedio en la evaluación fue de 4.34 mientras que en Petaquillas, Renacimiento, Zapata, Progreso fue similar a 5, “algo realmente severo está pasando en el polígono Jardín respecto a la percepción de seguridad de sus habitantes”.
El maestro en Política Pública del IIEPA, Silvestre Licea, en su exposición sobre los Enfoques para Entender la Violencia señaló que “en Guerrero, grupos caciquiles, ligados a la política, la economía y el crimen organizado mellan el proceso de convivencia política, lo que inhibe el impacto de los programas de prevención del delito”.
La egresada del IIEPA-IMA, Betzy Guzmán, presentó los resultados de su tésis de licenciatura, en los que encontró que los jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan no se consideran ninis, y que este grupo de jóvenes está estigmatizado como vagos o victimizados como personas sin oportunidades.
Héctor Miranda, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, habló sobre la economía social como alternativa a la violencia, y explicó que en la economía social lo principal es la persona y no el capital porque “la lógica en que el capital es lo principal es muy violenta”.
Indicó que en Michoacán y Guerrero hay proyectos de economía social.
Aún no recibe la propuesta de la Sedesol federal para combatir cinturones de pobreza, dice Evodio
El alcalde Evodio Velázquez Aguirre desconoció cómo se usarán los 544 millones de pesos que invertirá la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal para combatir los cinturones de pobreza en Acapulco, y dijo que está en espera de que se establezcan las mesas de trabajo para conocer la propuesta.
En declaraciones a reporteros después de la entrega de material para mejoramiento de viviendas, el alcalde indicó que “todavía no nos han compartido, esa es la realidad, todavía no nos han compartido qué obras se planean”.
Llamó a revisar el plan de inversión que se haga por el estado y por la federación, porque “no tenemos claridad de lo que ellos están proponiendo”.
El pasado martes, el jefe de la Oficina de la Sedesol federal, Eduardo Calderón Cuevas, informó que este año se invertirán en Acapulco 544 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, para combatir los cinturones de pobreza que hay en el municipio.
Velázquez Aguirre ofreció disposición de su administración para “hacer mezcla de recursos” y poner la contraparte de las obras que la Sedesol federal pretenda hacer en el municipio, “para hacer obras integrales y amplias que resuelvan problemas”.
Al preguntarle si participará el gobierno municipal en la planificación y ejecución de las obras o serán sólo el estado y la federación, llamó a “respetar la parte que le toca a cada uno y el municipio pues es el principal responsable, al que le deben de entregar la obra ya terminada, supervisar la obra y ver el plan de obra pública que se tenga para Acapulco”.
Confió en que se establezcan mesas de trabajo para conocer las propuestas para atender las Zonas de Atención Prioritaria y revisar integralmente qué hacen el municipio, estado y la federación para abatir el desabasto de agua potable, atención a la vivienda, obra publica y servicios básicos.
De la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se llevó acabo ayer en Jojutla, Morelos, el alcalde opinó que un asunto que debe de abordarse es el de la inseguridad porque es un problema que afecta a todo el país.
Estímulos para los policías
Por la tarde, Velázquez Aguirre acudió a la Secretaría de Seguridad Pública para informar a los policías que el gobierno municipal ha regularizado los pagos con el Infonavit y que pueden acceder a créditos para la compra de vivienda.
Destacó que es el primer municipio del estado que regularizó su situación en el Infonavit, y que está en proceso de liquidar los adeudos a las casas de crédito con las que los trabajadores solicitaron préstamos y que una administración pasada retuvo los pagos y no los reportó, con lo que mandó a los empleados al Buró de Crédito.
El alcalde exhortó a los policías “a que hagan bien el trabajo que les compete” porque uno de los retos que tiene el municipio es el de la seguridad, y les pidió que en respuesta a las acciones que ha hecho el gobierno municipal en su favor ellos deben retribuir con un servicio con respeto, dignidad y decoro a los ciudadanos.
“La sociedad requiere más que nunca una policía que nos ayude a meter el orden a la ciudadanía que ande en malos pasos. La justicia, la seguridad y parar la violencia es responsabilidad de todos, pero los cuerpos policiacos tienen una gran responsabilidad, son servidores públicos”, y los invitó a que no se presten a la corrupción, “no me chupo el dedo”.
El alcalde reiteró que este año se dará un estímulo económico de hasta 110 mil pesos a los policías que acrediten las pruebas de control y confianza, que incluyen la capacitación y la certificación.
Explicó que son mil 200 agentes operativos los que deberán acreditar las evaluaciones para poder recibir el “estímulo” de 80 mil pesos que entregará el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregará una ayuda de 30 mil pesos para la compra de vivienda. Con ambos fondos los policías podrían recibir hasta 110 mil pesos.
Indicó que quienes no acrediten los exámenes de control de confianza serán dados de baja de acuerdo con lo que especifica la ley, y les deseó que todos acrediten los exámenes porque no le gustaría dar de baja a nadie.
Velázquez Aguirre ofreció que buscará que las universidades públicas y privadas den becas a los hijos de los policías para ayudar a que no suspendan sus estudios.
Explicó que están en reparación las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública porque “no tiene dinero para comprar” nuevas.
Los drones
Sobre la inversión que hizo el gobierno municipal en la compra de los drones que desde la semana pasada están en operación, el alcalde dijo que no tenía el dato y que en los próximos días podrá informar la inversión.
Este lunes, el secretario de Seguridad Pública, Max Lorenzo Sedano Romano, informó que desde la semana pasada el Ejército realiza patrullajes aéreos en colonias de la zona suburbana como Ciudad Renacimiento y Las Cruces, con tres de los seis drones que se van a usar para esas labores.
En declaraciones antes del anuncio de que los policías pueden acceder a créditos de vivienda, Sedano Romano reiteró que el Ejército encabeza la nueva estrategia de seguridad con el uso de drones: “no te puedo decir que con ellos vamos a eliminar todo lo que nos aqueja en este rubro de la delincuencia”.
A pregunta expresa del riesgo de que los drones puedan ser derribados por los delincuentes a balazos, Sedano Romano aceptó que es una posibilidad y en caso de que llegará a ocurrir “significaría que estamos teniendo efectividad”.
Los drones son dispositivos manejados a control remoto que tienen hélices que les permiten volar, y van equipados con cámaras de video o fotográficas que les permiten captar imágenes desde las alturas.
Continúa el reparto de tinacos, láminas y cemento
Por la mañana, en la Escuela Campesina de El Salto, el alcalde encabezó por segunda ocasión una ceremonia de entrega de materiales para mejoramiento de vivienda a 11 cajas de ahorro de la zona suburbana.
Las cajas de ahorro que recibieron los materiales se ubican en las colonias Agua Azul, Las Luchonas, Felicidad, Barrio Nuevo, Rivera del Papagayo, Socorro, El Coloso, Espinalillo, Los Ilamos, La Concepción y Tres de Mayo.
En total el gobierno municipal entregará mil 390 tinacos, 3 mil 712 láminas de fibrocemento y 162 toneladas de cemento. Todos los materiales fueron adquiridos en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria.
En El Salto, el alcalde anunció que en 15 días comenzará el gobierno municipal la entrega de fertilizante gratuito a campesinos, y que en “unos meses” se pondrá en operación el nuevo rastro municipal.
Sobre el fin de semana largo con motivo del 155 aniversario de la Batalla de Puebla, Evodio Velázquez confió en que será favorable y dejará derrama económica al puerto en beneficio de las familias acapulqueñas.
También informó que hay operaciones de limpieza y seguridad para los panteones por el 10 de mayo.
Protestan vecinos de La Venta en Palacio; exigen que no se cambie al oficial del Registro Civil
Unos 30 vecinos del poblado de La Venta protestaron en el Palacio Municipal para exigir que el oficial del Registro Civil de dicha zona, Joaquín Ozuna Silva, no sea cambiado.
Con cartulinas con diversos mensajes de apoyo a Joaquín Ozuna Silva, los vecinos llegaron a las 10:30 de la mañana y solicitan al alcalde Evodio Velázquez Aguirre y al síndico de Gobernación, Ilich Lozano Herrera, que lo ratifiquen como oficial del Registro Civil.
Los vecinos fueron atendidos por el subsecretario de Asuntos Políticos Sociales y Religiosos, Felipe de Jesús Kuri, y el director de Registro Civil, Ricardo Martínez Sánchez, quienes dijeron que la propuesta la revisará la Comisión de Gobernación.
El presidente de la organización de Industriales de la Masa y la Tortilla, Arcadio Castro Santos, declaró que como vecino del lugar “venimos apoyando al señor Joaquín Osuna Silva para que se vuelva a reelegir como oficial del poblado”.
Detalló que como titular de la oficialía 29, “ha beneficiado a mucha gente de ese poblado y hoy lo quieren cambiar de una forma injusta, pero los vecinos no quieren que lo cambien y la petición que hacemos es que lo ratifiquen porque ha mejorado las instalaciones”.
“Tenemos conocimiento de que quieren poner a una jovencita que no tiene experiencia y que afectaría a muchos pobladores, el oficial que está tiene experiencia y por ello lo estamos respaldando porque ha trabajado muy bien”, puntualizó Castro Santos.
Ozuna Silva, quien actualmente está como oficial de Registro Civil en La Venta, explicó que la propuesta del municipio es Pamela Isabel Vaois Villalva, familiar de la ex oficial en el periodo 1997 a 2012, Hilda Gazga Olmedo.
El director de Registro Civil, Ricardo Martínez Sánchez, declaró que los cambios de oficiales está en revisión en la Comisión de Gobernación, que emitirá un dictamen conforme a los nuevos requisitos de ley para que sean los titulares.
“Nosotros le pedimos a los oficiales que esperen los tiempos, que esperen que se formalice los cambios y no solo se manejen por rumores”, indicó el funcionario, y aclaró que todavía no hay ningún cambio porque falta que sesione los regidores de la comisión.
Aunque explicó que es facultad del gobierno hacer cambios de los oficiales para eficientar el servicio, y que “los nuevos oficiales laboren bajo las nuevas líneas de acción que cada gobierno pone para que haya funcionalidad en el Registro Civil”.
Respecto a las tres oficialías que están cerradas en las colonias La Máquina y la Progreso, respondió que “en la próxima designación de oficiales viene la apertura de éstas”.
Aclaró que ninguna se cerró por la inseguridad, sino por motivos personales.
No tienen fecha para hablar con funcionarios sobre la marina, dicen restauranteros afectados
A casi un mes de que se reunieron con autoridades municipales y les prometieran que se iniciarían mesas de trabajo para atender sus peticiones, los restauranteros y comerciantes de Puerto Marqués afectados por la marina Majahua siguen a la espera de la fecha para el diálogo y de los resultados de los dictámenes que elaboró Protección Civil municipal de los locales dañados.
El restaurantero Miguel Ángel Martínez Ibarra indicó que también esperan la llamada del asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado, para que les diga cuándo se reactivan las mesas de trabajo con funcionarios federales para la reconstrucción de los negocios dañados.
Los restauranteros y comerciantes de Puerto Marqués se reunieron el martes 13 de enero pasado con el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Eutimio Rodríguez Maganda, a quien le pidieron descuentos en el pago de la licencia de funcionamiento y en servicios públicos. Y acordaron que el siguiente viernes empezarían las mesas de trabajo para ver cada uno de los casos.
Sin embargo, a casi un mes de dicha reunión, la autoridad municipal no se ha comunicado con ellos, se quejó Miguel Ángel Martínez, quien agregó que siguen esperando la respuesta a las peticiones que hicieron.
Entre las solicitudes también está la revisión de la zona federal marítimo terrestre para que se hicieran reajustes para el pago de derechos, y que principalmente se atendiera los negocios que se quedaron sin playa debido al cambio del oleaje por la construcción de la marina.
Tampoco han recibido los dictámenes que quedó de elaborar Protección Civil municipal después de la revisión que hizo a las estructuras de los restaurantes dañados.
El 14 de enero, los restauranteros se reunieron con el asesor del gobernador y acordaron que se reiniciarían las pláticas con el gobierno federal, pero no les han informado cuándo se encontrarán nuevamente con los funcionarios federales.