Teresa de la Cruz Chilpancingo

Debido a que Guerrero es uno de los estados que maneja ocho de los principales programas federales de asistencia social a los que se destinan dos tercios del presupuesto para ese rubro, integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregaron al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo recomendaciones y exhortos para reforzar el blindaje de esos programas para que en la elección del 2 de julio haya menos irregularidades.
En ese encuentro, Torreblanca se comprometió a cumplir de “manera estricta” con las medidas que fijó el Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales Federales y que dieron a conocer en la ciudad de México el 15 de marzo. También fue nombrado como enlace, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
En caso de que el gobierno del estado incumpla, la sanción no será más que un “exhorto público”, porque la ONU no tiene facultad para castigar a las entidades federativas de un país.
Aunque en su convocatoria la Dirección de Comunicación Social indicó que la reunión sería abierta, esto no ocurrió así. El argumento tuvo que ver con la protesta que afuera del salón Vicente Guerrero hicieron profesores de la CETEG disidente.
Durante la conferencia que ofrecieron únicamente los comisionados del Alto Consejo, en el salón Ignacio Manuel Altamirano, el secretario Ejecutivo, Alejandro Grispun dijo que presentaron al gobernador los alcances y objetivos del proyecto Protección de los Programas Sociales Federales, que empezó a diseñar el PNUD en diciembre de 2005, a solicitud del gobierno federal.
En compañía del comisionado del proyecto, David Gómez Álvarez; del asesor, Alfonso Celestino y de la asistente, Stephanie Black, indicó que la propuesta es para “contribuir a reforzar los mecanismos institucionales y los candados con que ya cuenta México para proteger los programas sociales federales en el contexto de estas elecciones que se avizoran como competidas”.
Afirmó que el plan “es para inhibir o desalentar las irregularidades o delitos electorales con el uso de los recursos de los programas sociales”.
Señaló que a diferencia de la observación electoral tradicional, el proyecto “no se centra en la jornada electoral, sino en lo que ocurre antes de la jornada, en aquello que tiene que ver con la gestión de recursos públicos y con la posibilidad de que los utilicen para coaccionar el voto del ciudadano, es una iniciativa pionera, no sólo en México sino en el mundo”.
Grispun dijo que la manipulación del voto ocurre en todas las regiones del mundo, “sin embargo que yo sepa, este es el único país en el que esto (el proyecto) está en la agenda pública, el buscar mecanismos y hacer acciones que blinden los programas, generar conciencia, informar a la ciudadanía que los programas son públicos, ajenos a cualquier partido político”.
Informó que entregaron a Torreblanca un Diagnóstico sobre la Vulnerabilidad Político-Electoral de los Programas Sociales Federales, en el que exponen un análisis de los programas sociales federales que tiene asignados aproximadamente dos tercios de los recursos presupuestados para ese rubro en este año.
Junto a esos datos, según Grispun entregaron a Torreblanca “un conjunto de 10 recomendaciones y seis exhortos, emitidos por un alto consejo de ciudadanos mexicanos, que avalaron los partidos políticos”.
Dijo que Guerrero es el estado número 11 que visitan y que su propósito es “poner el tema del proyecto en la agenda, explicar porqué la ONU está interesada en el blindaje de los programas sociales”.
Mencionó que un segundo punto es “conocer las acciones que están haciendo los gobiernos estatales y municipales, y convocar a todos los actores a que sumen voluntades para hacer posible que el 2 de julio, México viva una jornada electoral ejemplar”.
Como parte del diagnóstico, abundó que Guerrero es una de las entidades “más pobres en el contexto mexicano, es un estado que cuenta con una fuerte presencia de programas sociales federales”. Dijo que son ocho programas: Oportunidades, PIBAI, Seguro Popular, Procampo, Hábitat que representan dos tercios de los recursos presupuestados para 2006.
Negó que en ese análisis hayan encontrado focos rojos, porque dijo que es una evaluación de los programas sociales más grandes para encontrar vulnerabilidades que pudieran mandar una señal de alerta, “por eso las recomendaciones de establecer mecanismos o fortalecer los candados necesarios para proteger los programas, allí donde son más débiles”.
El comisionado dijo que luego de la reunión con el gobernador y parte de su gabinete, Torreblanca ofreció “el apego absoluto e incondicional a la legalidad, suscribió de manera enfática también a las iniciativas de la ONU y se comprometió a cumplir de manera estricta con las recomendaciones emitidas por el alto consejo”.
A pregunta expresa sobre qué garantía dio Torreblanca en el entendido de que generalmente minimiza las recomendaciones o exhortos que le hacen ONG, otro de los comisionados del proyecto, David Gómez dijo: “Sólo acordamos dar seguimiento, vamos a tener comunicación constante con el gabinete social, para conocer los avances tanto en la protección de programas sociales federales en el ámbito de operación estatal. Como también de programas estatales, como el de Fertilizante, Pensión Guerrero, Becas, y ver qué iniciativas tienen”.
Agregó: “Vamos a tratar de verificar en qué medida se cumplen las recomendaciones, en tanto que (el gobernador) hizo suyas las recomendaciones y se comprometió a cumplirlas en esa medida vamos a verificar el grado de cumplimiento”.
Anunció que en junio informarán los estados que cumplieron y cuáles no, pero negó que vayan a aplicar algún castigo, “la sanción será pública, por parte de la opinión pública”.
Las recomendaciones
De las recomendaciones, Alejandro Grispun dijo que las autoridades deben abundar en su compromiso con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas.
Otra es acerca del fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos locales de blindaje y una última se refiere a que deben presentar públicamente y de forma accesible los informes trimestrales sobre el gasto social federal.
Asimismo, dijo que se exhorta al cumplimiento del acuerdo de Consejo General del IFE, el cual dispone que las autoridades no deben hacer campañas publicitarias de sus programas 40 días antes de la jornada electoral, y el segundo señala que los programas de desarrollo social deben tener una leyenda que los deslinde de cualquier partido político.
Advirtió que “a menos que haya una ciudadanía alerta, dispuesta a vigilar que los programas y dispuesta a denunciar, no va a haber blindaje que pueda funcionar de una manera óptima”.
Sin embargo, pidió a los medios de comunicación a que no “sobredimensionen algunas cosas que pueden contribuir a calentar el clima político, el ambiente, en un momento en el cual ya está suficientemente caliente. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, hay que estar alerta y hay que cumplir con el papel de fiscalizador que cumplen”.
A la reunión acudieron también la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Pitter y el de Salud, Luis Barrera Ríos