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Llama representante de la ONU a diseñar “una verdadera política contra las drogas” en el país

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, advirtió ayer que el problema del consumo de drogas empeora año con año porque aumenta la oferta de enervantes, y llamó a la creación de “una verdadera política contra las drogas” con estrategia, proyectos e inversiones.
Durante su discurso en el 18 Congreso Internacional en Adicciones, Nuevos Desafíos para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, alertó que en el país el combate a las drogas no muestra un panorama alentador.
“Hace falta en el país una verdadera política de drogas, una política que se traduzca en estrategias, proyectos, en inversiones, porque el problema de las adiciones a las drogas legales e ilegales, a las drogas que conocemos y que no conocemos, está ya y hay que hacerle frente”, alertó.
Uno de los ejemplos que mencionó es que hubo un debate en la discusión del presupuesto para no dejar sin dinero al Programa Nacional para la Prevención de Adicciones (Pronapred).
Criticó que en México el debate se ha centrado sólo en la mariguana y “eso es insuficiente”, porque hay otras drogas y la realidad muestra que niños de diez años en la Ciudad de México empiezan con el consumo de alcohol y mariguana o “cristal” (metanfetaminas).
Planteó que ante el problema del consumo de la mariguana se debe actuar con pragmatismo y ajustarse a la realidad, porque la mariguana “se quedará” dentro de la sociedad.
“Las cosas están empeorando, todos sabemos lo que está pasando en materia de mariguana”, dijo.
Informó que este año aumentó la producción de la hoja de coca en Colombia y eso significa que “habrá mas oferta de cocaína”.
En México también va en aumento la oferta de metanfetaminas, porque es un país que produce esa droga. “Desafortunadamente la oferta de las drogas aumenta”, enfatizó.
Destacó que en la política de drogas del actual gobierno hay avances porque hay disposición de morfina para fines medicinales.
Confió que 2017 sea un año en que la agenda del combate a la drogas con una verdadera política publica se pueda materializar.

Cambiar paradigmas: Narro

La ceremonia de inauguración del congreso se llevó a cabo en el salón Exhibit, por el secretario de Salud, José Narro Robles, quien insistió en que se debe cambiar de la prohibición a la prevención, de la criminalización a la atención, y de la negación de los problemas a la educación en esta materia.
“Tenemos que avanzar en la búsqueda de soluciones mejores, de soluciones más integrales, más completas, más inteligentes, tenemos que avanzar y este congreso es una oportunidad para entender que la solución no está en los juzgados o en los penales, que más bien pasa por nuestro hogares, por las escuelas y los Centros de Integración Juvenil”, dijo Narro Robles.
“La solución poco tiene que ver con los castigos y mucho que ver con la información y con educación y con la integración en la familia”, abundó.
Después, en declaraciones a reporteros, Narro Robles agregó que el problema de las adiciones “afecta a los seres humanos, a las sociedades, en lo individual y en lo colectivo, es un tema que tiene implicaciones biológicas, económicas, financieras, sociales, culturales, de múltiples, múltiples vías y de numerosas dimensiones”.

Estrategia multidimensional

El presidente del Patronato Nacional de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Roberto Tapia-Conyer, llamó a crear “una estrategia antidrogas multidimensional y alineada a los conceptos de bienestar social”.
“Necesitamos mantener una política congruente en la que la oferta sea la prioridad, no estoy diciendo que descuidemos la demanda, que el control de la droga, consumo y distribución sí sea prioridad, pero que no se nos olvide la inversión que requerimos para prevención”.
Destacó que el país tiene estudios sobre el comportamiento del consumo de drogas, pues se han aplicado encuestas nacionales de adicciones, “no somos un país que nos sorprendió de la noche a la mañana el problema”.
De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), hay en el país más de 2 mil centros de ayuda mutua, pero de éstos una mínima parte se ha certificado, lo que significa que “el 80 por ciento de la oferta de servicios de tratamiento contra las adicciones se da en organizaciones comunitarias de voluntarios donde no siempre se respetan los derechos humanos ni las mejores políticas de tratamiento”.
Estos centros, abundó, han surgido por el problema del consumo de drogas, “es una expresión social de la incapacidad de poder dar todos los servicios necesarios”.
De la Secretaría de Salud hay 500 centros “especializados”, pero necesitan actualizarse.
Tapia-Conyer convocó a brindar atención con perspectiva de género a quienes padecen adicciones, porque son diferentes las circunstancias y consecuencias que motivan a hombres y mujeres al consumo de drogas.
También ponderó que se debe colocar en el centro a las personas y no a las sustancias adictivas.

El origen de la violencia

En su turno, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que la condición del estado como productor importante de amapola, “que no se consume en México”, es el origen de “una parte” de la violencia que padece la entidad.
Llamó a analizar las políticas vigentes en el combate a las drogas, y recordó que en la elección de Estados Unidos el 8 de noviembre en varios estados de ese país se votó a favor de la legalización de la mariguana.
El gobernador confió en que antes de que concluya el año los diputados federales y senadores resolverán a favor el asunto de la despenalización de la mariguana para uso medicinal.
“Mi opinión es que debe aprobar el Congreso para uso medicinal el tema de la mariguana, no podemos quedarnos en el rezago ni encerrarnos”, dijo.
Agradeció a los asistentes que hayan asistido a Acapulco para participar en el 18 Congreso Internacional en Adiciones.
Los trabajos del congreso se llevan a cabo en el hotel Princess, en los salones Diamante y Exhibit; empezaron ayer y concluyen el viernes. Están invitados a participar 75 expositores provenientes de Brasil, Estados Unidos, Suecia, Italia, Rusia, Austria, Alemania, Bélgica, Turquía, España, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Argentina y México.
En la ceremonia de inauguración también estuvieron la vicepresidenta vitalicia del Patronato de los CIJ, Kena Moreno, y el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, quien es vicepresidente nacional A del patronato y presidente estatal del CIJ.
Asistieron además la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Luna Ramos; el subsecretario del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar; el comisionado nacional para la protección de riesgos sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz; la directora general del CIJ, Carmen Fernández Cáceres; la integrante del patronato del CIJ, María de los Angeles Moreno Uriegas, y la esposa del gobernador, Mercedes Calvo Elizundia.

Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Examinan forenses argentinos 4 cuerpos; podrían ser los médicos desaparecidos hace un año: Codehum

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) en un boletín de prensa informó que hizo un acompañamiento al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) que a petición de las familias elaboró este sábado un segundo examen antropológico a los cuatro cuerpos que podrían pertenecer a tres médicos y un abogado que desaparecieron el 19 de junio de 2015 y que además tomó las declaraciones de familiares.
Ayer se cumplió un año de la desaparición de los médicos Raymundo Tepeque Cuevas, José Osvaldo Ortega Saucedo y Marvin Hernández, y del abogado Julio César Mejía Salgado, en la carretera federal México-Acapulco, cerca de Xolapa.
En el documento se lee, “Es la segunda diligencia realizada a cuatro cuerpos humanos que permanecen en el Semefo (Servicio Médico Forense) en calidad de desconocidos”, para averiguar si se trata de los médicos y el abogado.
En el comunicado se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo ese mismo mes de la desaparición un examen de ADN a los cuatro cuerpos hallados, el resultado coincidía con el de los desaparecidos, todos trabajadores de la Secretaría de Salud.
Los familiares pidieron el apoyo del equipo argentino para confirmar el resultado debido a que no hay semejanza física entre los cuerpos y los desaparecidos.
En las pruebas que hizo el EAAF “tomó declaraciones a los familiares de los tres médicos y el abogado desaparecidos, para determinar sus datos de identificación antropométrica, como estatura, edad y peso”, se lee en el comunicado.
Además se hicieron exámenes antropológicos completos como medición de los cadáveres, odontología forense y ropa.
La primera diligencia que hizo el equipo argentino fue el 27 de abril, donde se tomaron muestras biológicas de los cuerpos y familiares directos.
El documento informó que quienes participaron en esta actividad fueron la criminalista Miriam Palma; los peritos en antropología forense Mercedes Celina Donetti, Mariana Segura y Hailey Duecker; de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Rebeca Tinoco Reyna y la primera visitadora de la Codehum, Violeta Parra Reynada. (Beatriz García / Chilpancingo).

Celebran misa en Acapulco

Familiares del médico Marvin Hernández Ortega, uno de los cuatro que desaparecieron el 19 de junio del 2015, hicieron una misa. En breves declaraciones, los familiares confirmaron que desde el sábado, a petición de los padres, el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) está trabajando para confirmar o desestimar la identidad de cuatro cuerpos encontrados en Santa Bárbara, cinco días después de que fue encontrado el vehículo donde viajaban los cuatro jóvenes en la comunidad de Xolapa.
A la misa en la Iglesia de Costa Azul, en Acapulco, asistieron los padres Marvin Hernández Ortega, quien trabajaba en Petatlán. Al finalizar, entregaron un libro donde se recopilaron las notas periodísticas del caso y agradecieron a los amigos que acompañaron.
Los padres, que evitaron hablar, indicaron que “pronto” se darían los resultados del estudio independiente que fue asignado por la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (Abel Salgado).

Se necesita de todos para liberar a los presos políticos, llama Nestora a organizaciones reunidas en Olinalá

En el tercer Encuentro nacional de familiares, amigos y organizaciones sociales por la libertad de los presos políticos, se denunciaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos políticos a quienes denuncian y exigen justicia ante los atropellos del Estado, y se exigió la libertad de los presos políticos en el país.
La líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García dio la bienvenida a los asistentes en un enlace telefónico.
Dijo que desde Estados Unidos se mantiene la coordinación de acciones para seguir luchando por la libertad de los presos, y que se necesita la fuerza de todos para exigir la libertad de los presos, que el gobierno de México acepte las recomendaciones de la ONU, que ya no siga criminalizando y respete el derecho a la lucha, “tenemos que hacerles entender que nosotros sólo queremos paz y luchamos por el bien común”, pidió.
La integrante del Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Presas Políticas del país, Yolanda Barranco dijo que el encuentro se da ante el aumento en México de la criminalización de la protesta social, la violación a los derechos humanos, y los montajes policiales y detenciones arbitrarias, que son una constante contra los luchadores sociales.
Yolanda Barranco aseguró que en el país sí hay presos políticos, y por eso organizaciones como la ONU se han manifestado contra las detenciones arbitrarias y las violaciones del debido proceso de los activistas, como en el caso de su esposo Damián Gallardo.
Entre las actividades en Olinalá, las organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerrero coincidieron en caminar unidos ante las desapariciones forzadas, detenciones y asesinatos del Estado, que cuenta con las corporaciones policiacas y de justicia del país para inculparlos.
Llamaron a romper el cerco informativo de las grandes empresas de medios como Televisa y TV Azteca, y llevar la información a los vecinos, a las comunidades donde no llega, para que se enteren de que hay gente que está presa por defenderse.
En la mesa Defensa del territorio: las policías comunitarias y la justicia comunitaria como forma de defender el territorio, contaron las experiencias de las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Metlatónoc, y las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De Olinalá, el orador fue Giovani Torres Salgado, quien narró que se levantaron ante los secuestros y la nula intervención de la Policía municipal para frenar los delitos; dijo que cuando se incorporaron a la CRAC- PC molestaron a los grupos caciquiles, como el del presidente en turno, Eusebio Rodríguez González, y el síndico municipal, lo que llevó a la detención de Nestora Salgado.
De Huamuxtilán habló el policía Emiliano Cruz, de Tlalqueltzala, quien contó que surgieron porque una banda de delincuentes les robaba y acuchillaban a los vecinos, respaldada por el síndico procurador de Huamuxtitlán; aclaró que no son guerrilleros, que buscan justicia, vivir tranquilos y en paz, y criticó que los comunitarios permanezcan presos mientras a los delincuentes que detienen salgan libres en tres días.
El policía José Vázquez Espinoza confirmó que son campesinos y que se levantaron tras 17 secuestros en la cabecera municipal.
Por su parte, el policía Pablo Gonzaga Campos, de la comunidad de Tehuaxtitlán, contó que su padre fue secuestrado por las autoridades municipales cuando exigió sus derechos, “perdimos el miedo y nos dimos cuenta que hay jóvenes que se metían con la delincuencia”, dijo.
El comisario de la comunidad na savi de Vicente Guerrero, municipio de Metlatónoc, Amador Mendoza informó que tiene un mes de estar en la CRAC-PC de Huamuxtitlán ante los atropellos de los policías ministeriales que detienen a la gente por llevar leña o cualquier cosa, quitándoles dinero o encarcelándolos.
En la actividad participó la esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Norato Vázquez, quien contó que la comunitaria empezó en Acatempa ante las extorsiones a los ladrilleros de la zona y los asesinatos; dijo que su esposo empezó a difundir el proyecto y ahora está preso por nueve delitos que no cometió.
Beatriz Gálvez Macario, mamá de Samuel Ramírez, de Zitlaltepec, contó que su esposo fundó la policía comunitaria porque ya no podían salir sin ser asaltados, secuestrados o, en casos de mujeres, violadas en las brechas de los pueblos, y que desde ahí los comunitarios son un estorbo para las corporaciones policiales, que no acuden a estas regiones cuando se les necesita o sólo lo hacen para extorsionar.
Consideró que el síndico de Cochoapa el Grande les tendió una trampa a los comunitarios que fueron a detener a una persona que disparo, por lo que repelieron la agresión y ahí iba su hijo con una carabina 30-30, “por esa arma está en la cárcel, es delito injusto, ya se presentaron las pruebas”.
De las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Evangelina Contreras dijo que la gente que enfrenta a la delincuencia está presa o desparecida por defenderse, y que el gobierno los culpa de portación de armas cuando tenían permiso del mismo gobierno.
Coincidieron en que se tienen que crear un comité jurídico para la libertad de los presos, más allá de pedir su libertad, acreditar su inocencia, demostrar que el Estado comete actos ilegales para encarcelarlos, que viola derechos humanos o el debido proceso, y que esto se evitará con la movilización y lucha social.
Entre las organizaciones participantes acudieron el Congreso Social Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre de Puebla, la CCRI-Austria, el Bloque Revolucionario Estudiantil de Puebla, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo Democrático Magisterial, Los Gastos Pendejos, Comité de Presos de la Ciudad de México, Frente Popular Francisco Villa, el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), la Coordinadora General de Comerciantes, Partido Obrero Socialista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte de Tehuantepec (Ucizoni), Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Línea de Masas AC, Movimiento Agrario indígena Zapatista (MAIZ), y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y la sección 22 del magisterio de Oaxaca, participaron con enlaces telefónicos, los invitó a seguir organizándose contra las injusticias.

No propuso la legalización de la amapola; sólo fue “un comentario”, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que fue “un exceso” la declaración del procurador general de Palermo, Italia, Roberto Scarpinato, quien consideró que México no tiene los recursos para enfrentarse al narcotráfico y la corrupción y propuso que la ONU establezca un tribunal penal internacional para hacer efectiva la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia en el país.
Sobre la tregua que pidió el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, a los grupos que generan violencia en la entidad a fin de que no se afecte el turismo en Semana Santa, Héctor Astudillo manifestó que “ojalá su expresión sea escuchada”.
También aclaró que su gobierno no ha emprendido ningún programa ni acciones institucionales encaminadas a la legalización de la amapola para fines medicinales, pues lo que dijo al periodista Carlos Puig del diario Milenio se trató solamente de “un comentario”.
Astudillo Flores fue abordado ayer por reporteros en dos momentos diferentes, el primero al concluir el abanderamiento del primer Batallón de la Policía Estatal Acreditable, en la explanada de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol), y el segundo en su oficina de la Casa Guerrero, tras la puesta en marcha de la Colecta Nacional Ver Bien para Aprender Mejor 2016.
Consultado respecto a la postura del arzobispo Carlos Garfias, quien el domingo en Acapulco llamó a los que generan hechos de violencia en Guerrero a hacer “una tregua” entre ellos para que no afecten al turismo en las vacaciones de Semana Santa, Astudillo Flores dijo que es una expresión de muy buena fe.
“Ojalá y la expresión del arzobispo sea escuchada, no solamente es la voz del arzobispo, creo que es la voz en general de la sociedad, que no quisiéramos que existieran todos los hechos que lamentablemente han sucedido, y entiendo perfectamente la expresión de don Carlos Garfias a quien respeto mucho”, dijo el gobernador.
Durante una mesa redonda celebrada en Ginebra, Suiza, en el marco del Festival de Film y Foro Internacional de Derechos Humanos, el procurador general de Palermo, Roberto Scarpinato, reconocido por sus 20 años de lucha contra la mafia italiana, consideró que México no tiene los recursos necesarios para enfrentarse al narcotráfico.
Por ello pidió que la ONU establezca un tribunal penal internacional para hacer efectiva la rendición de cuentas y la aplicación de la justicia en el país.
Astudillo calificó la expresión de Scarpinato como “un exceso”, aunque reconoció que en algunas zonas el país enfrenta problemas graves en materia de seguridad.
“Es una expresión de alguien que no vive en México, que seguramente se impacta por las noticias, que yo sí creo que son delicadas, pero tampoco es un asunto generalizado en el país, yo veo que hay regiones donde todos viven en paz, no es el caso de Guerrero, (…) yo creo que hay efectivamente problemas, pero no como lo plantea él, me parece que fue un exceso esa declaración”, sostuvo.
Astudillo insistió en que su gobierno tiene claro que hay problemas en la entidad, pero consideró que, aunque la expresión de Scarpinato tiene buenas intenciones, es un análisis exagerado.
Explicó que es respetuoso de esas posturas y aseguró que las autoridades del Estado mexicano no claudicarán en su combate contra la delincuencia organizada.
En dos ocasiones se le preguntó de su propuesta de legalizar la siembra de amapola para uso medicinal como una alternativa para erradicar la violencia que priva en Guerrero.
Al respecto, en la Unipol dijo que no hay “nada armado” en ese sentido, y reiteró que está convencido de que es una opción para atender el problema de inseguridad.
“Es algo que no solamente he expresado yo, hay muchas voces en el país que lo han expresado, yo creo que no es una idea mala, yo creo que hay que incursionar para enfrentar problemas extraordinarios con acciones extraordinarias, y esta es una de ellas, yo creo que hay que verlo con seriedad, con objetividad y con mucha responsabilidad”, expresó.
Dijo que no llevará ese tema a la ONU pero consideró necesario transitar en esa ruta, pues recordó que en un 90 por ciento la violencia en Guerrero es por las drogas.
Después, en la Casa Guerrero aclaró que su gobierno no ha diseñado ningún programa especial, ni ha emprendido acciones institucionales encaminadas a aterrizar esa propuesta.
“Quiero ser muy responsable con ustedes, eso fue un comentario que se hizo en una entrevista, no hay un programa, no hay un planteamiento formal, yo creo que solamente lo coloqué, pero estoy convencido de que hay que seguirlo trabajando, no hay una fecha, no hay un documento que yo traiga, pero estoy absolutamente convencido que se tiene que trabajar”, explicó.
Manifestó que Guerrero no puede distinguirse solamente por el número de ejecutados que hay al día, “tenemos que buscar alternativas para bajar los índices de delincuencia, esto no va a desaparecer pero igual que el mando único, serán acciones que irán fortaleciendo el enfrentar de una manera en el que existan mejores datos”.

Solicita el FDP a la ONU un pronunciamiento de medidas cautelares para ocho activistas

El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.

Exigen ONG de diversos grupos sociales al gobierno políticas públicas en su favor

Organizaciones para la salud, derechos sexuales y reproductivos dedicadas a la atención de jóvenes indígenas y afromexicanos, demandaron al gobierno estatal financiamiento etiquetado para el reconocimiento, no discriminación y erradicar la violencia hacia la diversidad sexual de este sector de la población.
A través de un comunicado que firman organizaciones y líderes, mujeres y hombres de los pueblos ñuu savi, ñomndaa, me’phaa, nahua y afromexicano de 11 municipios de la Montaña y Costa Chica, urgieron que se implemente en todos los programas y política públicas de gobierno la perspectiva de juventudes, género e interculturalidad.
En el documento que surgió de un foro realizado en Chilpancingo el 17 de octubre, se plasmaron demandas como el reconocimiento de la población afromexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que se visibilice y reconozca el trabajo sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos que realizan las organizaciones de la sociedad civil.
Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero capacite y sensibilice con perspectiva de género e interculturalidad al personal de las Agencias y Auxiliares de Ministerios Públicos y sobre los protocolos a seguir en casos de violencia en general y en particular sobre violencia familiar, sexual e interrupción legal del embarazo.
Asimismo, que la Fiscalía y el Poder Judicial contraten traductores intérpretes en las lenguas indígenas del estado en todas las agencias de Ministerios Públicos y juzgados del estado.
A la Secretaría de Asuntos Indígenas solicitaron que mantenga y abra mayores espacios de diálogo y colaboración para representantes de las juventudes indígenas y afromexicanas y contemple en sus programas acciones dirigidas al reconocimiento, promoción y ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes indígenas y afromexicanas en Guerrero.
A la Secretaría de Salud demandaron que den un servicio “amigable” a los problemas de infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, que impulsen acciones que consideren la intervención de promotoras y promotores juveniles para la atención de este sector, y tengan especial cuidado con el abasto de métodos anticonceptivos.
Además de la difusión de la Norma Oficial de Salud 046 sobre capacitación y capacitación en general a la población y personal del sector para la atención a las juventudes con respeto y en apego a los estándares internacionales, y que enfoquen acciones de atención en las y los adolescentes que ya tienen un hijo.
A la Secretaría de la Mujer, urgieron acciones, especialmente en materia de embarazos no deseados y no planeados.
En el mismo tenor hicieron peticiones a la Secretaría de la Juventud, de Educación, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que garanticen los derechos de las juventudes Indígenas y Afromexicanas.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Movimiento Nacional Afromexicano, Mano Amiga de la Costa Chica, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Juventud Afromexicana, Gaviotas, Feminismo Comunitario y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Acusan padres de normalistas ante la ONU engaños del gobierno

Redacción

Ginebra

13:55. En Ginebra, Suiza, antes de la reunión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que examina el caso de Iguala en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, una comisión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han denunciado que la PGR quiere cerrar el caso y que los han engañado.

“Nuestro gobierno nos ha engañado, nos ha ido atormentando, porque siempre lo mismo, ya no le tenemos confianza, una buena respuesta es que dijera que ya tenemos a los muchachos”, declaró ante la prensa a la salida de la audiencia matinal Bernabé Abraján, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos.

Con anterioridad, Abraján, acompañado por varias ONG, pidió por escrito al Comité que le exija a México reabrir el caso.

Al encuentro asistió también Hilda Legideno, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado septiembre, Jorge Antonio Tizapa Legideno, quien sostuvo una pancarta con la foto de su hijo (Con información de las agencias Reforma y EFE).

Califica el gobierno mexicano en Ginebra de desaparición forzada el caso de los estudiantes de Ayotzinapa

Redacción

Ginebra

11:55. El gobierno mexicano reconoció ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas los retos que debe superar en la materia y llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo al iniciar la sesión: “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”,

“Esto ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”, señaló en alusión a la desaparición de 43 estudiantes normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala.

Gómez Robledo calificó como desaparición forzada el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y dijo que ello pone de manifiesto, una vez más, que se deben seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.

Ante familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos y organizaciones que los representan, Gómez Robledo defendió que las acciones del Gobierno federal en la búsqueda de los jóvenes y la investigación del caso.