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Sin respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, dice la ONU en foro sobre militarización

Sin el pleno respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, afirmó el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, sobre la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tras escuchar a víctimas y deudos de una violación, de casos desaparición forzada y de un asesinato cometidos por militares en Guerrero.
Ayer en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía, organizaciones civiles y víctimas rechazaron la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados, para legalizar y ampliar las facultades de las fuerzas armadas en las calles, propiciando un estado de excepción donde el Ejército no rinda cuentas de sus acciones, no obstante las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos que pesan contra estas corporaciones.
El representante de la ONU señaló que si bien el tema debe de ser analizado en el Congreso de la Unión, no se deben inhibir espacios de diálogo y es pertinente (dado los antecedentes), que se discuta en Guerrero.
Inauguraron la actividad los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y es su exigencia al gobierno federal que los devuelva con vida.
Compartieron su testimonio Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido en un retén militar en 1974, en la época llamada de la guerra sucia cuando el Ejército sitió gran parte de ese municipio.
También Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente por militares a los 17 años, ambos casos llegaron a sentencias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además el sobreviviente de la masacre de El Charco ejecutada por soldados que asesinaron a 11 indígenas, Bernardino García Francisco, y el hermano de José Rubio Villegas, muerto en un ataque a balazos de militares a un autobús del servicio público, luego de cruzar un retén en el crucero de Huamuxtitlán.

Que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito, y el regreso gradual a sus tareas, propone la CNDH

En su intervención el coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Silva, señaló el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “no fue la decisión más apropiada”.
Señaló que los militares se apartaron de una debida conducta de servidor público y hace diez años, que se incluyeron en la política para contrarrestar al narcotráfico, las violaciones cometidas por sus efectivos se incrementaron. Señaló que antes de 2006, el promedio de las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en la CNDH era de dos cada año por cada institución, ahora es de 12 cada una.
Propuso, opuesto a la que plantean el PAN y el PRI en las cámaras, entre otros puntos, que se deseche la posibilidad de que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación del delito, y que estas funciones no sean incluidas en su esquema de atribuciones.
Además, establecer su regreso gradual y verificable “a las tareas que le sean propias”, y prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación de la sociedad civil.

Defensores rechazan la exención y primacía para los militares que se plantea en la Ley de Seguridad Interior

Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortés Morales habló del marco jurídico que justifica la presencia de los militares en materia de seguridad pública para coadyuvar con las autoridades civiles, y denunció que en los hechos la intervención militar en los estados ha tenido primacía.
Recordó que en 2008 cuando el problema de la delincuencia organizada incrementó su complejidad se creó la Policía Federal con una base de militares, a partir de 2006, comenzó el uso intensivo de las fuerzas armadas en temas de seguridad y desde 2011 se planteó por primera vez la intención de dar un marco legal a los soldados en materia de seguridad pública, en la Ley de Seguridad Interior.
Añadió que la movilización de organismos civiles y gubernamentales de derechos humanos evitó que se incluyera este capítulo en la legislación, llamó a la sociedad a estar alerta para que la iniciativa no se apruebe a espaldas de la población a finales del actual periodo de sesiones que concluye en abril.
El abogado, Jesús Robles Malof señaló que en los estados democráticos las leyes se crean para establecer límites y controles en el ejercicio de la función pública, y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que comienza por construir excepciones para militares, “en el mundo del revés, donde las excepciones se convierten en regla”.
Por ejemplo, señaló que una iniciativa plantea que en cuestiones de inteligencia militar las fuerzas armadas pueden hacer uso de cualquier método para lograr su objetivo, y cualquier autoridad debe colaborar en esta tarea. Dijo que hasta organismos autónomos como la CNDH estarían obligados a colaborar con los militares cuando señalen problemas de seguridad interior.
También los exenta de acatar las leyes creadas, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dirigida a los funcionarios públicos en caso de faltas, irregularidades o abusos.

Los legisladores responden a la exigencia de la Sedena, dice el Centro Prodh

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre señaló que las iniciativas de ley son la respuesta de varios legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados a la exigencia de las fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo, a pesar de que la estrategia de seguridad con soldados no ha dado resultados.
Denunció que la violencia se incrementó y eso debe de ser tomado en cuenta en el análisis en el Congreso, pero en lugar de que los legisladores llamen a los mandos militares, los generales los citaron en las instalaciones militares para exponer “no sus peticiones sino sus exigencias”.
Señaló que, entre otras, la recomendación de los organismos internacionales para México es que se fortalezcan las capacidades de las corporaciones policiacas, particularmente en investigación en macrocriminalidad, y se retire de forma paulatina a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández denunció que el Ejército acabó de forma brutal con los movimientos subversivos de la década de 1970 y no regresó a los cuarteles, se quedó en las calles.
Después de la guerrilla, los militares llevaron semilla de amapola y mariguana a las regiones apartadas del estado, primero se pensó que le daban una oportunidad a las familias de atender demandas y necesidades, ahora, saben que fue el pretexto para justificar su intervención en las comunidades.
Opinó que el nivel sanguinario a que han llegado los pleitos por las plazas entre narcotraficantes no serían posibles si la maquinaria institucional no estuviera engrasada por la corrupción.
“Insistimos en que hay de alguna manera complicidad muy fuerte con la delincuencia organizada, si no, no entendemos como en enero del año pasado en Chilapa se anunció un fuerte operativo conjunto (militar y policiaco), y hoy se mantiene la alta criminalidad”, expuso.
Finalmente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández precisó que la Ley de Seguridad Interior no está dirigida a las elites económicas ni a las transnacionales, sino a los que se organizan, a los que demandan y exigen justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigió que en el centro de la discusión de la legislación se coloque a las víctimas, sus historias cruentas y sus luchas, “queremos una ley para fortalecer el paradigma de los derechos humanos, no el paradigma de la militarización”.
Señaló que Guerrero es el lugar más inseguro y violento, Acapulco es el centro económico más importante y está desmantelado por la delincuencia, Chilpancingo es el centro político y de la criminalidad, Iguala después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 evidenció la complicidad de autoridades y narcotraficantes, y siguen siendo un municipio violento.
Urgió a los diputados a legislar para las víctimas una Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada, en lugar de obedecer a los militares con la Ley de Seguridad Interior.

El Ejército viola los derechos humanos, testifican víctimas en Chilpancingo

 

Las víctimas y deudos de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por militares, evidenciaron que el Ejército viola todos los derechos humanos, la subordinación que ha existido de policías ante los soldados y la protección del Estado a las fuerzas armadas, en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía.
En Atoyac hubo un sitio de excepción donde incluso policías de Tránsito hicieron detenciones de personas que entregaron a los militares, “la población indefensa sólo fue víctima”, denunció la hija del líder campesino desaparecido el 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez ante la nueva propuesta de Ley de Seguridad Interior, para legalizar la actuación sin límites de las fuerzas castrenses en seguridad pública.
En el auditorio abarrotado de estudiantes en la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que hubo más de 400 desaparecidos y los que sobrevivieron contaron que fueron sometidos a tortura, muchas mujeres violadas a principios de la década de 1970, y dijo que es muy grave la intención de los legisladores para otorgar amplias facultades a las fuerzas armadas.
Después de que los militares asesinaron al maestro Lucio Cabañas en 1974, líder de la guerrilla rural, las desapariciones continuaron hasta 1979, “y el Ejército (hoy) sigue ahí, en las calles, con el arma lista para disparar”.
Inauguraron el foro los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años y medio, y la activista señaló que ellos no deben esperar tanto para encontrar justicia, que la sociedad debe actuar porque se esclarezcan estos hechos y para que los militares regresen a sus cuarteles.

Maltrato e inseguridad reciben del Ejercito: Valentina Rosendo

Después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) la reconoció como víctima de violencia sexual y emitió una sentencia contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, relató ayer que la violación por soldados a los 17 años fue una pena muy grande y no quería contarla a nadie, “porque es una vergüenza para mí y para las mujeres de mi pueblo”.
Recordó que otras mujeres que también fueron violadas tenían miedo y le pidieron que callara, pero le preguntaron después de dónde sacó la fuerza para llegar tan lejos, “y yo sigo enfrente de la lucha”.
Para presentar la denuncia dijo que caminó 11 horas a una agencia del Ministerio Público, no hablaba español y las autoridades no le creyeron. Mediante organizaciones de derechos humanos llevó su caso a la Coidh, donde el Estado negó dos veces la agresión.
En su pueblo los militares intentaron sobornarla, y después de una audiencia en la Coidh hubo un intento de secuestro a su hija, por eso asegura que los soldados propician la violencia y la inseguridad.

Los que cometen delitos andan libres: sobreviviente de El Charco

El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Bernardino García Francisco también compartió su experiencia del ataque de militares a campesinos na savi el 7 de junio de 1988, que un día antes se reunieron en la localidad.
“No nos reunimos para pelear, el gobierno hace muchas cosas, por eso en ese momento estuvimos organizando de qué manera solicitar un apoyo, una obra o salud más que nada, por eso estuvimos allá en El Charco. Se hizo tarde, no alcancé a llegar a El Paraíso (su pueblo de origen y se quedó con otros a dormir en la escuela donde fueron agredidos).
“Cuando uno se dio cuenta ‘¡son los guachos!’, conforme van hablando de locos (los militares) muy mal, ahí fue como a las 2 de la mañana. Como son miedosos (los soldados no avanzaron) y ahí andamos sin miedo, a las 2:30 casi a las 3 metieron la granada, hubo una balacera y estuvimos boca abajo en la escuela”.
Señaló que al amanecer acordaron que los campesinos saldrían con las manos en alto y en ese momento les dispararon, quedaron unos ocho heridos, él entre ellos, con un herida en el pie. Al final 11 fueron ejecutados.
“Eso es lo malo que hace el gobierno, ¿qué hace con estudiantes, profesores indígenas?, agarra personas que no tienen delito, y los que tienen delito andan libres”.

Un calvario sin defensores

José, hermano de Bonfilio Rubio Villegas asesinado en un autobús del servicio público por soldados cuando el vehículo se alejaba de un retén militar, recordó que en la agencia del Ministerio Público en Tlapa lo trataron con desprecio antes de la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Dijo que su familia supo dos días después de la agresión y se trasladó a Tlapa a pedir la entrega del cuerpo que estaba en Chilpancingo, “cuando escuché que le decían ‘jefe, jefe, ahí están allá afuera’, se trataba del personal de Tlachinollan”.
Recordó que estaban siendo interrogados cuando llegó Abel Barrera y saludó a su esposa, “qué haces aquí Verónica”, “es mi cuñado a quien mataron”, respondió.
“Dos horas antes para el juez no valíamos nada, cuando llegó Tlachinollan cambia toda la atención, ¡hasta donde llega la hipocresía del gobierno! El proceso es un calvario, más si hablas lengua indígena y no tienes quién te respalde, por eso dice Valentina hay pocas persona que levantan la voz y otros que se callan por temor a ser desaparecidos o ser torturados por el Ejército”.
Recordó que su hermano llevaba un celular y dinero, pero sólo les devolvieron unas moneditas, luego recibió una llamada a su casa -estimó que los soldados tomaron el número telefónico del celular de su hermano muerto-, y le ofrecieron 130 mil pesos para gastos funerarios, con la condición de que cerrara la boca y no denunciara.
“Váyanse a la… mi hermano no vale 130 ni 200 mil pesos, no es un animal, la dignidad de una mujer, de un hombre, no se vende”, relató ayer, exacerbado.
Agregó que en Guerrero hay suficientes pruebas de que el Ejército agrede, y que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto “no sirve, que regrese a los militares a los cuarteles para que ya no maltraten a mi gente. Nos interesa de que está ley no pase, pero ellos le apuestan a sus intereses aunque el pueblo sufra”.

 

Piden indígenas la opinión de la ONU y el apoyo de ONG para la ley que promueven

 

El integrante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec), Abel Bruno Arriaga informó que se pidió la intervención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre la iniciativa popular legislativa para la Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero que promueven.
Dijo que como parte de la representación de los pueblos con Alfonso Ayala Vicario y Abad Cantú Gómez, se ha acercado a organizaciones e instituciones para que respalden la propuesta, y por eso solicitaron una audiencia con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en México, para darles información sobre la iniciativa popular y conocer su opinión del contenido y alcance de la ley que promueven, surgida de la comunidad.
Además piden que los acompañen en el proceso y la intervención institucional para que la iniciativa sea discutida y aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero, ante “la existencia del temor fundado de que los legisladores muestran buena disposición, pero deliberadamente sea ignorada o mutilada durante el proceso legislativo por la influencia de actores gubernamentales, políticos, empresariales, interesados en que no prospere por considerar que afecte sus intereses”.
Mencionó que el lunes visitaron las casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y Espino Blanco (Colombia) de Malinaltepec, además de la CRAC de los pueblos fundadores en Santa Cruz del Rincón del municipio de Malinaltepec, para invitarlos a constituir un frente común en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.
Agregó que se reunieran este 24 de marzo con Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá para generar las condiciones y la posibilidad de “ir juntos por la ratificación y ampliación de los derechos contenidos en la Ley 701”.
Comentó que San Luis Acatlán y Espino Blanco analizarán la propuesta y Santa Cruz del Rincón se localizará posteriormente.
El Congreso del Estado le solicitaron el calendario con las fechas en las que se reunirán los asesores, las comisiones para analizar y discutir la construcción y el contenido del dictamen sobre la ley presentada, o las que existan y se les cite para que puedan estar y participar en el desarrollo del proceso, ya que cuando acudieron sólo les dieron una agenda de trabajo, pero sin fechas.
También solicitaron copias simples de las iniciativas presentadas sobre el tema.
Informó que también le hicieron llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos sus solicitudes, para conocer su opinión y pedir acompañamiento, por lo que están a la espera de las repuestas para hacer y escuchar sus planteamientos, dijo.

El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

Piden padres de los 43 al relator de la ONU que respalde al mecanismo de seguimiento de la CIDH

El relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, quienes le pidieron que respalde al mecanismo de seguimiento de la investigación.
En la escuela fue recibido con collares de flor cempazúchilt y abrazos de varias madres, con quienes cruzó un breve saludo de bienvenida, él apoyado con un traductor porque no habla español, agradeció la recepción.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que fue una petición del relator visitar la institución educativa, en la negociación de su primera visita oficial a México con el Estado mexicano.
El relator caminó con los padres y entre las consignas que entonaron los estudiantes, por Ayotzinapa y por la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, hasta la sala audiovisual en el casco de la escuela donde fue el encuentro cerrado.
Luego de media hora se permitió el acceso a reporteros para tomar fotografías con la mayoría de los 43 padres de familia. Se informó que dos grupos siguen en comisiones fuera del estado.
Después hubo un recorrido por la Normal Rural a los memoriales que dan cuenta de las represiones del Estado a los estudiantes.
En general, el funcionario de la ONU estuvo en las instalaciones casi una hora, de las 5:15 de la tarde a las 6:10 que se retiró con su equipo en una Urvan blanca, sin membrete.
Fue notoria la operación de seguridad en la carretera de cuota y el viejo libramiento, con retenes reforzados de policías y militares.
Del encuentro, Rosales Sierra indicó que el relator tiene suficiente información del caso que han enviado los familiares, y quiso hacer una visita oficial a la escuela.
Los padres en breves testimonios denunciaron que no hay indicios del paradero de sus hijos, y que en dos años de búsqueda de la verdad se han convertido en defensores de derechos humanos.
El abogado explicó que la desaparición forzada de estudiantes en Iguala hizo visible el problema de la desaparición de personas en México en todo el mundo, y los padres reivindican ahora la demanda por la presentación de los 27 mil desaparecidos en el país, y apuntalan muchas otras luchas como la defensa del agua, del territorio y de la educación pública.
Añadió que se hizo énfasis ante el relator sobre las agresiones a los padres, a sus representantes legales y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato en el país.
Indicó que a los padres se les ha intentado cooptar con dinero, se trató de desprestigiar a los estudiantes desaparecidos desde la investigación cuando se les vinculó con un grupo de la delincuencia organizada, cuando el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que los padres eran manipulados, y con intervenciones telefónicas ilegales que fueron difundidas para confrontarlos.
Lo llamaron a respaldar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado el antecedente de que se intentó desperstigiar al GIEI desde el Estado, tuvo dificultades y obstáculos que les impidió avanzar más “y no queremos que eso pase con el mecanismo especial de la CIDH”.
En el recorrido, observaron los murales a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados de la Normal que en la década de 1970 encabezaron dos movimientos guerrilleros, y se detuvieron en los espacios dedicados a las víctimas.
Fueron al asta bandera, ícono de la escuela que construyeron los estudiantes cuando fueron acusados de izar una bandera de huelga en lugar del lábaro patrio, lo cual fue considerado traición a la patria y ameritó una incursión de soldados a la institución, se le explicó al relator.
Vieron un mural sobre el asesinato del normalista de Campeche en la escuela Manuel Huikán Huikan por policías estatales, en una jornada de lucha por el retiro del bachillerato pedagógico de la Normal Rural.
Asimismo el memorial del desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y las 43 butacas con fotografías de los desaparecidos en la cancha techada de básquetbol, junto a un altar que cada día se nutre con el tiempo de nuevas imágenes religiosas.

Entregó al relator de la ONU una lista de los defensores que tienen “tutelas”, dice Florencio Salazar

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame entregó una lista de defensores que cuentan con “tutelas” en Guerrero al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst.
En una reunión a puerta cerrada a las 10:30 de la mañana en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, se entregó la documentación solicitada por el relator para el análisis de la situación de los defensores de derechos humanos en el estado.
A la salida del encuentro en breves declaraciones, Salazar Adame dijo que el encuentro fue solicitado mediante la Cancillería hace tres semanas, para entablar una mesa de trabajo de dos horas.
Dijo que en el encuentro se le informó por escrito al visitador de la ONU cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Guerrero.
“Se les entregó quiénes son los que tienen tutelas y los motivos por los cuales se les dieron, si te quiero mencionar que es delicado dar a conocer los nombres porque estaríamos violando la ley”, puntualizó.
Agregó que quienes cuentan con las medidas cautelares las tienen porque han sido o son amenazados, por lo que en el documento entregado se detalla quienes son y donde están.
En el informe entregado se detallaron nombres, organismos solicitantes, las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de persona defensora de derechos humanos, agregó.

Hubo obstáculos del gobierno federal para dar con los 43 desaparecidos en 2016, denuncia Vidulfo Rosales

 

El año 2016 fue de disputas políticas con el gobierno federal, mínimos avances y obstáculos en la investigación para esclarecer los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En un balance y perspectivas del caso, Rosales Sierra dijo que en 2017 el reto para los padres de los estudiantes desaparecidos será mantener vivo el movimiento y esperar la opinión de organismos internacionales, para que la Procuraduría General de la República (PGR) retome con interés las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además informó que los padres solicitaron la revisión del caso en el Comité de Desapariciones Forzadas, las Relatorías de Desaparición Forzada y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Incluso en el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, también de la ONU porque entre los 43 hay 17 jóvenes indígenas, pero reconoció que este proceso es lento.
Este año los expertos extranjeros coadyuvantes en la investigación de la PGR se retiraron del país por falta de condiciones para continuar su mandato a finales de abril, debido a la campaña mediática de desprestigio en su contra impulsada por el gobierno, que comenzó en febrero.
El abogado relató que hubo un “jaloneo político: que si había extranjeros interviniendo en el país, que si querían descarrilar el sistema, que si cayera (el presidente) Enrique Peña Nieto”, así se perdió en disputas la mitad del año, el mismo tiempo que la PGR tardó en atender las líneas de investigación que el GIEI recomendó.
Como parte de la medidas cautelares que otorgó a las víctimas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se aprobó otro mecanismo especial, cuyas características comenzaron a discutirse con las víctimas y el gobierno mexicano en marzo y comenzó a funcionar en noviembre, a seis meses de la salida del GIEI del país.
Aunque Rosales Sierra estimó que en 2015 se agotó la tesis oficial que presentó el exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre el posible destino final de los estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula, el tema se mantuvo latente.
Los padres explicaron en cada manifestación en distintos puntos del estado y del país, las inconsistencias e irregularidades de la llamada “verdad histórica” que dice que los jóvenes fueron incinerados en el basurero, para intentar revertir la penetración de los medios masivos de comunicación que la presentaron como un hecho irrefutable, pese a las pruebas científicas que distintos grupos de expertos presentaron para descartarla.
En septiembre de este año la revista especializada Science publicó los resultados de un experimento del experto en fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, que descartó en definitiva la explicación del gobierno federal de que un cartel del narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero a cielo abierto.
Estableció que en el basurero de Cocula no existen posibilidades de incinerar 43 cuerpos, porque sería necesario apilar entre 20 y 40 toneladas de madera para destruir toda la materia orgánica, al punto en que se hallaban los restos levantados en el lugar.
La obstrucción desde la Presidencia

Según la opinión de Rosales Sierra, la procuradora Arely Gómez González (quien sustituyó a Murillo Karam), sí quiso investigar las líneas que recomendó el GIEI distintas al basurero de Cocula: búsqueda con vida y muerte de los estudiantes desaparecidos, aclarar la actuación de policías federales y de los militares, así como el trasiego de heroína de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques coordinados entre agentes de seguridad pública y sicarios del crimen organizado.
Afirmó que en su gestión -del 3 marzo de 2015 al 15 de octubre de 2016-, se retomaron algunas líneas pero nunca tuvo respaldo institucional del poder Ejecutivo, al contrario, aseguró que la obstaculizaron.
Por ejemplo señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detenía a presuntos implicados en los ataques del 26 de septiembre y no avisaba a la oficina del caso Ayotzinapa. Tampoco permitía que los interrogaran para contrastar datos o preguntarles directamente de los desaparecidos.
Cuando los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaban diligencias para un cateo a una casa refugio de criminales o la búsqueda en algún cerro (por ejemplo La Carnicería ubicado cerca del basurero de Cocula), ésta ya se había hecho sin avisar a la oficina del caso.
Dijo que después de la separación del cargo del director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio (investigado por manipular pruebas en el río San Juan pero nombrado secretario del Consejo de Seguridad Nacional), la oficina de investigación tampoco pudo entrevistar al secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche de los hechos, Felipe Flores Velásquez, detenido el 21 de octubre.
Aceptó que había una orden de aprehensión en su contra por otro delito pero había una oportunidad para que la oficina que lleva la investigación lo interrogara del paradero de los normalistas.
En ese tenor fue que siempre se investigó, junto a la postura institucional del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente Peña Nieto, de que lo más avanzado de la investigación fue lo que presentó Murillo Karam.
Ellos destacan que sí permitieron la intervención de los expertos internacionales para esclarecer los hechos pero no avanzaron, cuando fueron las propias autoridades las que impidieron el trabajo de los enviados de la CIDH. Ahora, siguen mostrando reticencias para abordar las líneas presentadas hace ocho meses.
Estimó que al presidente le reditúa más políticamente de aquí al 2018 que el caso se mantenga como está “en un bache”.
Confió en que el mecanismo de seguimiento de la CIDH puede generar en 2017, “esa palanca de presión que ayuda a impulsar, agilizar la investigación, para impulsar líneas de trabajo, y los padres tenemos el reto de mantener vivo el movimiento para que sea contrapeso al poco interés que ha mostrado la PGR”.

Se fortalece la organización

El abogado Vidulfo Rosales consideró que el núcleo organizativo en torno a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, representado en la Asamblea Nacional Popular (ANP), se fortaleció.
Pese a las dificultades señaló que en la ANP siguen entre 70 y 90 organizaciones constantes, que hacen posibles las caravanas a distintos puntos del país.
Relató que en los primeros meses de los ataques se registraban hasta 600 organizaciones en la asamblea que se celebra en Ayotzinapa. Vino un reflujo en 2015 y este año se consolidó con grupos permanentes.
Destacó que en las regiones también hay un apoyo sólido: en Chilpancingo y Tixtla con el magisterio, en la Montaña con maestros y organizaciones sociales y en el corredor de Costa Chica de donde son la mayoría de los estudiantes desaparecidos que se conjugó con los asesinatos de Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro el 5 octubre, “lamentablemente otra desgracia engarza la indignación con los desaparecidos”.
Se refirió a las organizaciones de Atoyac con años de trayectoria, y en Ometepec donde el magisterio mantenía la demanda de los padres de familia.
Afirmó que ahora se tiene claridad en sus principios, se tiene una agenda con una mirada nacional que se condensa en nueve puntos, los primeros son la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 20 mil desaparecidos en el país, derogación de las reformas estructurales, libertad de los presos políticos, y el cambio gobierno y régimen político.

 

Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.