La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.
El consultor externo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Claudio Aponte Vargas, dijo que en México se incrementó “dramáticamente” la pobreza, y que los más vulnerables son los indígenas.
El sábado, en el salón La Cartuja de Acapulco, impartió la conferencia Diagnóstico de la Situación Económica, Social y Política de México, a invitación del ex diputado federal Víctor Jorrín Lozano. Al concluir su participación, en declaraciones dijo que la pobreza se agudizó por la pandemia.
Se le preguntó qué es lo que deben hacer los gobiernos para atender la pobreza y respondió: “Hay gobiernos que están cumpliendo y hay gobiernos que están cooptados por el crimen organizado, lamentablemente, y Guerrero no es la excepción. Hay partes, no estoy diciendo que todo Guerrero, pero hay partes”.
“El caso dramático de la alcaldesa de Chilpancingo (Norma Otilia) es evidente. La negociación que se hace en una carretera, entre una parte del crimen organizado y el secretario de Gobierno, eso es evidente aquí”, dijo Aponte Vargas, en aparente alusión a la reunión de Ludwig Marcial Reynoso con representantes de comunidades de Chilapa, Quechultenango, Acatepec y Atlixtac, que bloquearon en la capital del estado los días 10 y 11 de julio.
Agregó que “también se da en Baja California, en Chiapas se incendian”.
Sostuvo que hay académicos, activistas que han hecho propuestas para atender la pobreza, quienes proponen que “lo primero que hay que hacer es un estado de Derecho, que se respeten las instituciones de nuestro país. Tiene que haber un estado de derecho, no alguien que les imponga un estado de derecho. El crimen organizado lo hace en muchos partes del país, no en todo el país, pero en muchas partes sí”.
Recordó que hace mes y medio estuvo en un foro que se realizó en Roma, donde fue el único mexicano ahí, “dramáticamente, nuestro país había avanzado a la pobreza, más de la mitad de la población de nuestro país está en pobreza y los más vulnerables son los indígenas, es el 66 por ciento de 13.5 millones de indígenas que existen en nuestro país”.
Abundó que los números son dramáticos, que el país a punto de tener una ruptura social y si no se actúa rápidamente, habrá violencia por la polarización que existe.
Sostuvo que la pobreza “no es privativa de este sexenio, que se viene arrastrando, pero se agudizó la pobreza extrema con la pandemia y otros factores, porque hay que decir sus cosas por su nombre. No tengo la filiación de ningún partido, pero hay que decir las cosas por su nombre, y la pandemia fue el parteaguas ¿cuántos chiquillos están trabajando en el campo, en el comercio, en los mercados, de 10, 11 años? Es dramático cómo los esclavizan”.
Abundó que la política pública del gobierno federal para combatir la pobreza “está ayudando mucho, pero no es suficiente. Está siendo rebasado por la realidad, esa es la respuesta exacta, ha sido rebasado por la realidad”.
Sostuvo que “hay políticas públicas, pero no son suficientes, han sido rebasadas. No son suficientes para ayudar, para paliar, para dar respuesta a esas demandas y hay pobreza extrema y pobreza la que se va a agudizar”.
Del planteamiento que hicieron vecinos del fraccionamiento Costa Azul, por la construcción del nuevo hospital del ISSSTE, quienes se han manifestado para rechazar la obra y que las autoridades no hacen caso, respondió que ahí las autoridades “deben implementar un procurador urbano, que tome las decisiones y que diga ‘aquí no pueden levantar eso, más de tres pisos, y aquí no se puede hacer eso porque no tenemos drenaje’”, pero que se requiere la participación activa de la ciudadanía.
En su ponencia, quien fue presentado por Víctor Jorrín como integrante de la Comisión de Expertos en Administración Pública de la ONU, dijo que México está viviendo una transición a la desigualdad, pobreza, inseguridad y debilidad de las instituciones, por ello, consideró que se debe tener un plan de desarrollo sustentable en economía política, porque no es con “experimentos” como se van a solucionar las dificultades que tiene el país.
Lamentó que los mexicanos sufren el incremento en las extorsiones, que están acabando con el turismo, por lo que consideró que se debe denunciar, para que las autoridades encargadas de la impartición de justicia hagan su trabajo y los índices bajen, para que haya inversión y más fuentes de empleo.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos propuso diversas reformas sobre violencia sexual, para armonizar cinco leyes estatales con los tratados internacionales, en el marco de la Iniciativa Spotlight México para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La presidenta de la Comisión, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, señaló en la sexual es la violencia que más se ha incrementado en Guerrero en los últimos años, al pasar de 27 por ciento, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, al 40. 9 por ciento en 2021.
Asimismo, indicó que la ENDIREH 2021, indica que casi la mitad de las mujeres de este país -49.7 por ciento- con 15 años o más experimentan al menos una vez a lo largo de su vida violencia sexual; 12.6 porciento de éstas lo hace durante su infancia.
Requirió que el paquete se dictamine lo antes posible, después de que fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, y de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El programa Spotlight México, que promueven la ONU y la Unión Europea, se implementó en mayo de 2019 para varias ciudades de tres entidades del país, incluido Guerrero, con Chilpancingo. Tiene una duración de cuatro años que ya se agotaron, pero el periodo se amplió a diciembre de 2023, de acuerdo con fuentes extraoficiales.
Mosso Hernández recordó que el año pasado el Congreso firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, para fortalecer las leyes locales en materia de prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencia, incluida la violencia sexual, que se ejerce contra las mujeres y las niñas.
Los agravantes
El paquete de iniciativas propone introducir agravantes a la violencia sexual que se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección: mujeres, niñas, niños o adolescentes, y cuando se trate de mujeres rurales o indígenas, personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Además de eliminar “el móvil de lascividad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual”, para introducir el concepto de “naturaleza sexual” en los términos definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de reconocer como ámbito de ocurrencia del hostigamiento y acoso sexual el entorno escolar y establecer la oficiosidad en la investigación del delito cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, incorporando la Perspectiva de Género y el enfoque de Derechos Humanos en las medidas de reparación del daño para las víctimas de la violencia sexual.
Explícitamente, incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención, en el diseño de políticas públicas estatales y municipales, en las medidas de identificación y prevención de la violencia sexual en el ámbito social, comunitario, situacional y sicosocial.
Que la prevención de la violencia contra la mujer sea un elemento explícito en la planificación urbana y rural, e incorporar obligaciones específicas en materia de atención a víctimas en lo referente al diseño de medidas y políticas de atención, en armonía con lo que establece la Ley General de Víctimas.
Finalmente, que se reconozca a hijos de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas, sujetas a la protección del sistema estatal, para garantizarles atención especial, integral, y atención en casos de violencia sexual.
Piden a Aidé un informe sobre la atención a embarazadas
En segunda lectura, nueve diputados aprobaron dos exhortos, uno para que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, realice diagnóstico que permita considerar los recursos materiales y humanos, así como con la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica oportuna a las mujeres embarazadas.
El otro para el Consejo Estatal de Salud Mental y contra las adicciones, establezca el 10 de octubre, como el Día de la Salud Mental en Guerrero, ambos propuestos por la Comision de Salud.
Asimismo, se aprobó la adhesión del poder legislativo de Guerrero al primer acuerdo del Congreso de Morelos, donde exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, a que implemente un programa presupuestal para la captación de agua de lluvia y ecotecnias; además, que modifique las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y saneamiento (Proagua), a fin de que incorpore a los municipios de baja, muy baja y media marginación.
En la correspondencia, el Con-greso de Morelos envió otra solicitud de adhesión a otro exhorto al gobierno federal para que garantice la adecuada prestación de los servicios, entrega de medicamentos e insumos a los derechohabientes del ISSSTE en todas los estados turnada a la Comisión de Salud.
También se informó que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), envió al Congreso informes de dos recomendaciones no aceptadas o no atendidas por los sujetos obligados, una dirigida al Ayuntamiento de Tixtla. De la segunda no se precisó en la sesión. Las dos se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos.
Dieron cuenta de que la Secre-taría de Gobernación respondió a una solicitud de diputados locales sobre el establecimiento de acciones estratégicas y asignación de recursos para la conservación del hábitat del jaguar en Guerrero.
Autoridades del comisariado de San Vicente Zoyatlán de Juárez, de Alcozauca, pidieron la intervención de los diputados para que se atiendan sus demandas de obra pública, que incluye puente vehicular, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
El diputado Héctor Apreza Patrón remitió a la mesa Directiva una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre Comunicación Social.
En el único punto de la sección de intervenciones, el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez se congratuló con la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, que señaló “las fallas y atropellos” que cometió el Congreso de la Unión en el proceso legislativo, al aprobar el Plan B de las reformas electorales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tener la mayoría y ejercerla, no es un argumento ni justifica violar las normas internas del Poder Legislativo, y mucho menos la Constitución”, expresó.
Criticó que el Congreso de la Unión desdeñó “el análisis y deliberación entre pares, de las reformas electorales regresivas que impulsó Morena”, y lo calificó como negación al quehacer parlamentario.
Alertó que con un plan C “se transgreden la Constitución y la ley electoral, cuando desde los espacios del Estado y el propio Poder Ejecutivo, para hacer campaña a favor de sus corcholatas y pedir el voto de las mexicanas y mexicanos, sin importarles que ello constituye la comisión de un delito electoral”.
Los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no sólo dejaron plantados el martes a los representantes de colectivos de víctimas de desaparecidos, sino también al coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García Campos, y al asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz.
Los representantes de esos organismos internacionales participaron ese día con los colectivos en una mesa técnica con miras a perfeccionar la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada, que sigue congelada, y también esperaban reunirse con los diputados de la Jucopo, informó el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El martes, los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, denunciaron que los diputados de la Jucopo los dejaron plantados en una reunión agendada para avanzar en la iniciativa de Ley de Desaparición Forzada. No precisaron que también estuvieron esperando en la reunión Alan García Campos y Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, con quienes se habían reunido antes en una mesa técnica.
En declaraciones por teléfono, el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, informó que la reunión no se terminó porque cuando fueron a ver a los diputados de la Jucopo que suponían se encontraban sesionando, ya no estaban y decidieron suspender la mesa porque el objetivo era que estuvieran presentes “los diputados que realmente deciden”.
Informó que en la reunión previa con los representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional propusieron la necesidad de crear en Guerrero un Centro de Identificación Humana como ya existe en algunos estados del país, y tomando en cuenta que Guerrero es una de las entidades con un grave problema de desaparición de personas.
“En ello se avanzó bastante en cuanto a los detalles, pero nuestra prioridad es que se apruebe la ley de desaparición de personas a la que le hemos estado dando seguimiento desde hace un año y que está atorada en el Congreso y ya vemos muy difícil que salga en las próximas sesiones”, dijo Diaz Navarro.
Recriminó que hay renuencia de los diputados, principalmente de los de Morena, para que se apruebe esa ley, “con el argumento de que ‘para que queremos una ley local si ya hay una ley nacional’, pero nosotros decimos que entonces si ya hay un Congreso federal para qué tenemos un Congreso local”.
Diaz Navarro lamentó la postura de los diputados porque Guerrero es uno de los estados que tiene un gran número de desaparecidos y ha sido, para mal, pionero en estas cuestiones desde la guerra sucia, desde la desaparición de Rosendo Radilla en 1974.
Reprochó que a diferencia de la mayoría de los estados que ya tienen su ley armonizada con la federal, en Guerrero no hay voluntad para aprobar esta que sería una herramienta jurídica para las familias que tienen desaparecidos.
Informó que tanto Alan García Campos como Arturo Gerardo Cervantes Arróniz apoyan la propuesta de los colectivos e incluso han venido trabajando con ellos en reuniones anteriores para el perfeccionamiento de la iniciativa de ley, en la que no quieren avanzar los diputados.
“La presencia de Alan García nos ha dado una gran fortaleza, tiene una gran experiencia porque ha dado acompañamiento a varios estados proporcionándoles asesoría técnica para que se legisle en materia de desaparición de personas”, explicó Navarro.
Sin embargo, añadió que fue lamentable que hasta él y Cervantes Arróniz, de la Cruz Roja Internacional, hayan sido plantados por los diputados de la Jucopo: “ellos han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa y ellos mismos lamentaron que los diputados no tengan esa sensibilidad para subir a pleno y llevar a votación el proyecto que ya se tiene casi terminado”.
Informó que en la mesa técnica estuvieron también los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Castro Díaz, Nora Velázquez Martínez, Osvaldo Ríos Manrique y Alfredo Sánchez Esquivel.
La violencia contra mujeres y niñas continúa a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU hace 43 y 29 años, respectivamente, y aún con las acciones anunciadas por el gobierno estatal para resolver el problema, declaró el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que hasta el mes de octubre, sumaron 90 mujeres asesinadas y de ellas solo 12 fueron tipificados como feminicidios.
En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo mencionó que la violencia contra mujeres y niñas continúa, a pesar de la Convención y de la Resolución aprobadas por la ONU, “en pos de la igualdad de mujeres y hombres, y aun cuando han pasado 43 y 29 años, respectivamente”.
El Centro Morelos opinó que lucha ha sido muy complicada “porque siempre vamos a contracorriente, ya que si bien es cierto que dichos instrumentos internacionales sientan las bases para una sociedad donde hombres y mujeres disfruten los mismos derechos, existen causas subjetivas que no lo ha hecho posible”.
Explicó que por ejemplo están los intereses políticos y económicos de gobernantes y autoridades.
“En Guerrero, hasta el mes de octubre suman alrededor de 90 mujeres asesinadas y, de ellas solo 12 son tipificadas como feminicidios”, informó el organismo citando como fuente un recuento publicado por El Sur el 23 de noviembre.
“Lo anterior nos indica que es necesario combinar los esfuerzos jurídicos para inhibir la violencia de género con castigos corporales y pecuniarios, así como con una estrategia de concientización, poniendo énfasis en las nuevas generaciones, porque no podemos olvidar que el patriarcado se instauró miles de años, de acuerdo al desarrollo de la sociedad y la instauración del modo de producción capitalista”.
El Centro Morelos reconoció que el proceso de cambio puede llevar mucho tiempo, “siempre de acuerdo a las estrategias que implementemos para avanzar en la eliminación de la violencia contra nosotras, contra nuestras hermanas, contra nuestra hijas y contra todas las mujeres de Guerrero y de México”, expuso el organismo en su escrito.
Añadió que por lo pronto se debe seguir exigiendo a las autoridades que asuman su responsabilidad de garantizar seguridad y justicia para las mujeres “que somos víctimas de violencia sistémica-patriarcal, porque no basta decir que el estado de Guerrero será un santuario de los derechos humanos o que está avanzando en la construcción de la paz y la justicia social o que los índices de inseguridad van a la baja”.
Añadió que mientras la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la desaparición de mujeres de todas las edades sea el pan de cada día, no puede decirse que se va resolviendo el problema, o que Guerrero es el santuario de los derechos de las mujeres.
El organismo cuestionó: ¿El caso de Aurelia, mujer indígena náhuatl de la comunidad de Xochimilco municipio de Chilapa, condenada por un aborto espontaneo, por una jueza con mentalidad patriarcal, no es violencia?, ¿acaso la declaración del secretario de gobierno, en el sentido de que no hay presupuesto para atender el desplazamiento interno forzado donde el mayor número de víctimas son mujeres, no es violencia?.
También preguntó: ¿Acaso no es violencia que las madres, esposas, hijas de los desaparecidos a quienes les han entregado los restos de su familiar desaparecido no puedan acceder a la reparación del daño?, ¿acaso no es violencia que las madres o esposas de los desaparecidos que se quedaron con la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos o nietos y, al mismo tiempo buscar a su desaparecido, reciban por parte de la CEAV del estado, dos mil pesos mensuales para la canasta básica, siempre con el pretexto de que no hay dinero?.
Otra de las interrogantes al gobierno es: ¿Acaso no es responsabilidad del Estado y sus instituciones garantizar nuestros derechos humanos a la vida, a la seguridad pública, a la paz, y a la justicia?, además, concluye con la pregunta: ¿Acaso la venta de niñas para el matrimonio en la región de la montaña de Guerrero no es violencia?
“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
El gobierno nunca investigó
Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.
Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.
Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE
Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.
El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura
La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.
Piden a EU más datos de Guerreros Unidos
El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.
“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43
En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.
Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH
La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.
El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.
Representantes de pueblos indígenas de varios estados de la República, incluido Guerrero, denunciaron que fueron excluidos de la agenda oficial de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita oficial programada del 8 al 17 de noviembre en México, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.
Vía telefónica el ex diputado indígena por el PRD, Carlos de Jesús Alejandro dijo que el gobierno federal quiere controlar la agenda, para evitar la interlocución directa de la relatora con los pueblos, “usando como filtro a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”.
Confió en que este jueves en la noche la relatora reciba a los representantes de la red que promueve, en un encuentro privado que están gestionando desde el 7 de noviembre.
De la conferencia detalló que se pronunciaron contra la reducción en 12 por ciento del presupuesto federal del anexo 10 de erogaciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, y de 51 por ciento al presupuesto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo dictamen podría ser llevado hoy al pleno.
Adelantó que la Red elaboró una propuesta de reasignación de recursos que entregó a la Junta de Coordinación Política, al presidente de la Comisión de la Cuenta Pública y de la comisión de Asuntos Indígenas.
Añadió que unas 200 personas de Oaxaca y de Guerrero estuvieron en plantón afuera de la Cámara para pedir “se evite recorte brutal y discriminatorio”, y en la tarde marcharon del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos.
De la visita oficial de la relatora especial aseguró que muchos integrantes de la Red insistieron desde 2014 en esta gira ante el mecanismo de expertos de pueblos indígenas en Ginebra, y mediante la cancillería, sin embargo, “el gobierno federal quiere controlar su agenda, evitando la interlocución directa con los pueblos y comunidades indígenas, y diversas ONG están prestándose y siendo un filtro para representar y suplantar la voz de los pueblos indígenas sólo con ellas”.
Destacó que mediante gestiones se abrió la posibilidad de que la relatora los reciba la noche de hoy.
De Guerrero indicó que participan la representación de los pueblos de Ayutla de los Libres que promovieron la elección por usos y costumbres, promotores para la creación de nuevos municipios, de pueblos nahuas de la parte baja de la Montaña, Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) activados en la lucha social contra la inseguridad, y él, de los pueblos del Alto Balsas que tienen amenazas de las mineras.
Mencionó la reforma constitucional de Guerrero en materia indígena y la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Dijo que pedirá un pronunciamiento de la relatora para el respeto a la libre determinación de los pueblos en la elección por sistemas normativos propios, en Ayutla de los Libres, y contra los lineamientos discutidos ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección 2018, porque no garantiza la representación de los pueblos indígenas en los espacios de gobierno.
Aseguró que de 28 distritos electorales federales clasificados como indígenas por el INE, (dos en Guerrero: el 5 de Tlapa y 6 de Chilapa), sólo en 12 los partidos políticos están obligados a presentar un candidato indígena.
Denunció que los 28 distritos indígenas no representan ni el 10 por ciento de la población del país, y de acuerdo con el conteo del Inegi 2015, hay 25 millones de indígenas en México, lo que representa más del 21 por ciento de habitantes.
Insistió en que hay una doble discriminación en el proceso electoral.
