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Obedece a la aplicación del ISR el descuento a trabajadores del TSJ: Raúl Calvo

No reconoce Hacienda el programa de Previsión Social, antes Cebe, detalla el presidente del tribunal. Se gestionará un recurso adicional pero “sólo para los administrativos”, anuncia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez dijo ayer que el descuento que sufrieron en su salario los trabajadores del Poder Judicial en la entidad, obedece a la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que este año se incrementó, sin embargo aseguró que va a gestionar un recurso adicional “pero, sólo para el personal administrativo” que es el más afectado.

Consultado luego de la sesión ordinaria del TSJ, y al preguntarle si había explicación al descuento que aplicaron la quincena pasada a los trabajadores del Poder Judicial y por el que ayer hicieron una protesta de brazos caídos en Acapulco, Calvo Sánchez respondió que se trata del pago por el Impuesto Sobre la Renta.

En Chilpancingo, la semana pasada unos 100 trabajadores protestaron afuera de las oficinas del presidente del TSJ, para “pedir una explicación” sobre ese descuento que le aplicaron a su salario.

Sin embargo ayer Calvo Sánchez explicó que el descuento al salario de los trabajadores del Poder Judicial deriva de la falta de reconocimiento al programa de Previsión Social –llamado antes Cebe– por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico como recaudadora de impuestos: “Ella no reconoce el programa, alterando así la base gravable y el impuesto es mayor, y al ser mayor nosotros estamos obligados a aplicar la ley”.

Dijo que el descuento se hizo a partir de la quincena pasada, y se aplicó a los mil 200 trabajadores “que van desde magistrados hasta el trabajador más modesto del poder judicial”. Indicó que el porcentaje del descuento que está gravado en la Ley de Impuestos Sobre la Renta “fue variable”.

Luego aseguró que para responder a la inconformidad de los trabajadores el Poder Judicial “requiere de un presupuesto mayor” y resaltó que para ello “estamos trabajando, vamos a ver de qué manera los apoyamos, pero sólo al personal administrativo, que es el que menos percibe, nada más. No hay para los magistrados”.

Insistió en que para el personal administrativo –que son 700– va a gestionar un recurso adicional: “Vamos a buscarle una solución a efecto de que no salgan perjudicados económicamente, somos sensibles a esto queremos resolver problemas, no crearlos”.

El TSJ enviará al Congreso del estado su proyecto de presupuesto de egresos

Se busca garantizar un presupuesto fijo y suficiente para el poder judicial, dice el presidente Raúl Calvo al rendir su informe anual de labores

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

En su informe anual de labores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez, resaltó que el poder judicial “necesita” mayor presupuesto, debido a que los trabajadores reclaman mejores salarios y la actual infraestructura resulta “incomoda” para trabajar. Asimismo adelantó que al poder judicial le harán reformas, entre ellas propondrán el envío directo al Congreso del estado de su proyecto de presupuesto de egresos, “para garantizar un presupuesto fijo y suficiente”.

En sesión del TSJ ante magistrados, jueces, diputados locales, funcionarios de gobierno y con una protesta de reporteros que pidieron la presentación con vida del empresario y editor de la Revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, Calvo Sánchez comenzó a leer su informe de actividades, del que dijo que ese órgano celebró 22 sesiones en las que se emitieron 116 acuerdos.

Mencionó también que en ese periodo el pleno del TSJ, reinstaló a los magistrados Jesús Martínez Garnelo, Miguel Maya Manrique y a la juez María del Pilar León Flores, quienes habían sido inhabilitados en agosto de 2001 por el Congreso del estado, supuestamente por haber dejado libre a Carlos García Castro, “El Calilla”, miembro de la banda de secuestradores de Pedro Barragán González.

Calvo Sánchez destacó que la Secretaría General de Acuerdos elaboró 22 actas del pleno, instrumentó mil 189 acuerdos de  presidencia, elaboró 57 informes justificados de amparo; asimismo en las seis salas del TSJ se tramitaron un total de 5 mil 816 asuntos y se resolvieron 6 mil 126.

Indicó que los 57 jueces de primera instancia situados en los 18 distritos judiciales de la entidad, manejaron un total de 21 mil 144 asuntos judiciales, dictaron 6 mil 61 sentencias definitivas, 381 interlocutorias, y 3 mil 568 autos definitivos.

En cuanto a los jueces de paz, Calvo Sánchez apuntó que en materia civil manejaron mil 574 asuntos; de ellos resolvieron 934; en tanto que en materia penal solucionaron mil 262 casos de 2 mil 27 que recibieron.

Sobre el presupuesto de egresos aseguró que el TSJ ejerció en este año fiscal 145 millones 374 mil pesos; de ellos el 90 por ciento se aplicó a salarios, mientras que el 10 por ciento fue para cubrir las necesidades diarias.

En este apartado Calvo Sánchez resaltó que el poder judicial “necesita” de un mayor presupuesto, ya que “en muchos de los casos no contamos con locales propios ni adecuados para impartir justicia, la renta es elevada, así como el gasto por servicios públicos”.

Destacó que los servidores del poder judicial “reclaman salarios más acordes con su delicada responsabilidad de impartir justicia”. Añadió Calvo Sánchez que por la “falta de recursos económicos, se han                               conservado con mucho esfuerzo los inmuebles de los juzgados”.

Calvo Sánchez solicitó al gobierno del estado “apoyo presupuestal” para la construcción de un nuevo edificio del Poder Judicial del Estado en Iguala, para la Tercera Sala Penal y los juzgados de Primera Instancia; para la remodelación del edificio donde funcionará el juzgado Mixto de Primera Instancia en Tixtla; y también para la construcción del Centro de Readaptación Social en Chilapa.

En cuanto al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia –fianzas, consignaciones y multas–, el magistrado presidente apuntó que el ingreso que hubo hasta el 30 de abril de este año fue del 41 millones, 613 mil 732 pesos. Agregó que el                               poder judicial entregó “oportunamente” sus informes cuatrimestrales.

En su mensaje Calvo Sánchez dijo que el derecho ha reconocido la dignidad de todos, “pero el reconocimiento no es suficiente, para cambiar el curso de sus vidas”, y enfatizó que “es la hora de que un poder judicial donde se respeten las garantías constitucionales del juzgador, bajo un escenario de absoluta autonomía presupuestal”.

Por lo que adelantó que en los próximos meses el TSJ elaborará una reforma al poder judicial en materia de administración de justicia, mismo que tendrá como fin proponer al Congreso del estado “que las vacantes de magistrados que se generen sean cubiertas con los jueces de primera instancia”.

Asimismo dijo que propondrán el envío directo al Congreso local del presupuesto de egresos, con el fin de garantizar un                               porcentaje fijo “suficiente, para hacer frente a las crecientes necesidades materiales, humanas y tecnológicas”. Y es que el Ejecutivo estatal es quien diseña y envía el presupuesto de egresos al Congreso local para su aprobación.

La reforma abarcará también la ampliación de la facultad para presentar ante el Congreso del estado iniciativas de ley en las ramas del derecho sustantivo y adjetivo; y crear además mecanismos para la solución de conflictos sociales como la mediación de nuevas instancias y reglamentos emanados de los poderes públicos locales y de los ayuntamientos.

Luego pidió que los órganos del poder judicial se debe “incluir” en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque “estamos convencidos de que somos sujetos obligados a proporcionar información jurisdiccional y administrativa, dentro de los límites del derecho de terceros, y es que sin éste las viejas inercias del pasado pueden contribuir a la opacidad de la justicia”.

En su intervención, el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, se comprometió a dar a conocer al gobernador del estado, las peticiones que hizo Calvo Sánchez de apoyo presupuestal.

Precisó que el informe de actividades de Calvo Sánchez “es una oportunidad para subrayar que Guerrero cuenta con instituciones sólidas, este es un órgano jurisdiccional apegado a la ley, –insisitó– con agrado seré portavoz de los planteamientos ante el gobernador del estado”.

Al concluir las intervenciones reporteros extendieron una manta en la que pedían la presentación con vida del empresario y editor de la revista Mundo Político Leodegario Aguilera Lucas.

Al acto asistieron el Procurador de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero; el subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE, Antonio Nogueda Carvajal; el diputado local, Heriberto Noriega Cantú; la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Olimpia Godínez Viveros; el presidente municipal de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca; el comandante de la 35 zona militar; Audomaro Martínez; el director de la Policía Judicial, Leonel Coronel; el delegado estatal de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, entre otros.

En Guerrero no se sabe que haya grupos armados, asegura León Ponte

Descarta el secretario de Gobierno que pueda haber pintas del Comando Jaramillista Morelense, que estalló tres bombas en bancos de Cuernavaca

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, aseguró ayer que “afortunadamente” en la entidad no se ha sabido de la existencia de algún grupo armados “ni pintas” del Comando Jaramillista Morelense, que recién hizo su aparición en Cuernavaca al estallar tres bombas en un igual número de sucursales bancarias.

Consultado luego del informe de labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, León Aponte dijo que “afortunadamente en Guerrero no tenemos grupos armados” como en Cuernavaca, Morelos, donde el autodenominado Comando Jaramillistas Morelense 23 de Mayo hizo estallar tres bombas.

Indicó que para prevenir la “alteración del orden y la paz de los guerrerenses”, el gobierno del estado cuenta con un programa estatal de Seguridad Pública que prevé “la prevención del delito”.

Insistió que “afortunadamente” en la entidad no se hay grupos armados ni pintas del que apareció en Morelos, “las investigaciones en este sentido las lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado, pero es relacionado con la Comisión de Hechos Delictuosos, ellos están trabajando todo el día”.

Mencionó que el enemigo de los guerrerenses no son los grupos armados “porque no existen, el único enemigo son la pobreza, el analfabetismos y la insalubridad, esa es la lucha que tenemos todos los guerrerenses, esos son nuestros enemigos fundamentales y tenemos que combatirlos frontalmente, unidos”.

Sobre las manifestaciones de los normalistas, León Aponte manifestó que “ellos deben canalizar sus demandas con apego a derecho, porque –advirtió– la ley no tiene negociación, la ley se aplica”.

“No es posible que un estudiante, que precisamente después va a enseñar a los ciudadanos a respetar el estado de derecho, viole el estado de derecho, es ilógico, es ilógico”, aseveró el responsable de la política interior en la entidad.

En relación a un posible desistimiento de las averiguaciones previas que el gobierno del estado tiene en contra del magisterio por las recientes tomas del Palacio de Gobierno, León Aponte dijo que se sigue un proceso y será un juez quien determinará lo conducente, e insistió que la ley “no se negocia, la ley se aplica”.

Hay 642 quejas desde 1994 contra jueces y el Tribunal Superior no actúa: abogados

Ese año se instaló el Consejo de la Judicatura, recuerdan

 El presidente del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Altamirano, Alberto Aparicio Navarro y Ericka Olivar Díaz –afectada por una resolución del juez Séptimo Penal–, hicieron un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Raúl Calvo Sánchez, para que no siga permitiendo atropellos por parte de los jueces en Guerrero, de quienes –según añadieron–, se han recibido 642 quejas desde 1994 – cuando se instaló el Consejo de la Judicatura–, sin que se haya informado nada al respecto.

Ericka Olivar, junto a Daniel, Verónica y Martha Isabel Garduño Velázquez; Mónica Hernández Reyes, así como otras cinco personas fueron denunciados por Abel Tavera Pineda por supuestos daños en contra de su negocio –un mini súper– en septiembre de 2003.

De acuerdo con su versión, a las otras cinco sí se les otorgó el beneficio del perdón, con base en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, porque existió el cumplimiento de satisfacción por parte del denunciante.

“El juez dice que con nosotros no se llegó a un arreglo satisfactorio. A mi no me importa si dieron dinero o cómo se arreglaron. El problema es que a los otros cinco no nos dieron ese beneficio”, añadió Ericka Olivar.

Por su parte, el presidente del colegio, Alberto Aparicio Navarro, mostró el documento requisitorio sobre las quejas por diferentes irregularidades en contra de los jueces de Primera Instancia por parte del Consejo de la Judicatura. “Y Raúl Calvo Sánchez dice que no hay ninguna queja”. Sin embargo, lamentó que al depender este consejo del Tribunal Superior, nunca se ha sancionado a alguno de los jueces.

“En este caso, las personas denunciadas temen que no prospere su queja porque el propio Raúl Calvo es juez y parte en los problemas entre el Poder Judicial y los servidores públicos”, agregó.

Alberto Aparicio criticó también que el presidente del Tribunal, Raúl Calvo, no informe sobre las órdenes de aprehensión en Guerrero, que niegan los jueces de Paz en el ramo penal, “ni cuantas órdenes de aprehensión se niegan por los jueces de Primera Instancia”.

Reeligen a Raúl Calvo en sesión de trámite como presidente del TSJ

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

En una sesión de trámite, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) reeligieron ayer, por unanimidad, al presidente Raúl Calvo Sánchez para desempeñar el cargo por un año más, que comprenderá del 1 de mayo de 2004 al último día de abril de 2005.

La propuesta para reelegirlo por tercer año consecutivo fue del magistrado Luis Camacho Castañón, quien recibió el respaldo de los magistrados Rufino Miranda Añorve y Lambertina Galeana Marín, y al final la votación a favor de la propuesta fue unánime.

La reelección de Calvo Sánchez se trató en el séptimo punto de la orden del día, en tanto que en el octavo aprobaron la propuesta del magistrado presidente, para que rinda su tercer informe de labores el 28 de mayo.

En el punto dos de la orden del día se trataron asuntos administrativos, en tanto que en el punto tres fueron aprobados los nombramientos de secretarios de Juzgados Interinos, y en el cuarto punto el magistrado Luis Camacho Castañón se excusó de conocer un asunto por tener relación de amistad con una de las partes, por lo que se determinó que el caso será ventilado en la Segunda Sala Penal.

En el quinto punto de la orden del día, los magistrados aprobaron la solicitud de permiso de la juez de Paz, Josefina Vázquez Carmona, quien solicitó licencia por tres meses debido a problemas de salud, en tanto que en el sexto punto se designó a quien la suplirá de manera interina.

Buen intento, la iniciativa de Fox de reformas al Poder Judicial: Raúl Calvo

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado, Raúl Calvo Sánchez, la propuesta de iniciativa de reformas al Poder Judicial que presentó el presidente Vicente Fox, el lunes pasado, “es un buen intento para cambiar las cosas en el sistema judicial federal”.

Entrevistado ayer en su despacho del TSJ, el magistrado informó que el lunes pasado estuvo en Los Pinos junto con los presidentes de los tribunales de todo el país, en un acto en el cual el presidente Vicente Fox firmó la iniciativa de ley que plantea reformas al sistema judicial de la federación.

“Se trata de una iniciativa que abarca aspectos del sistema de seguridad pública que tienen que ver con la Secretaría Federal de Seguridad Pública, que es un área que no nos corresponde, pero también toca aspectos de reformas al Código de Procedimientos Penales y buscan resolver aquellos problemas que se presentan en los juicios penales de carácter federal”, explicó.

Calvo Sánchez admitió que la reforma al Sistema de Seguridad Pública, que propone la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la fusión de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con la Policía Federal Preventiva (PFP), no la conoce en detalle, “pero a groso modo, en lo que corresponde al sistema judicial, tiene que ver con los derechos de la víctima y del ofendido, tiene que ver con el problema de la reparación del daño”.

“Me parece que es un buen intento como punto de partida para cambiar las cosas”.

Y es que el magistrado reconoció que a las víctimas difícilmente se les repara el daño, de acuerdo con el Código de Procedimientos que actualmente está en vigor, “y esto no sólo con relación al Código Federal de Procedimientos Penales, sino también en los códigos penales de las entidades federativas; el problema de la reparación del daño siempre es algo muy serio que resolver porque en todo caso se requiere que haya una condena y ello debe haber una resolución firme al respecto, de una autoridad judicial”.

Por ello insistió que la iniciativa del presidente Vicente Fox “se trata de un intento por resolver los problemas de administración de justicia, como la lentitud en el procedimiento penal, y hacer que la justicia sea pronta y expedita, completa y gratuita, a través de los juicios orales”.

Sin embargo, señaló que es necesario que la propuesta de iniciativa de ley se revise a fondo “para poder opinar con conocimiento de causa, hay que conocer las reformas y en estos momentos no conocemos la reforma completamente”.

En cuanto a una posible reforma de esta naturaleza en Guerrero, dijo que “primero vamos a ver qué pasa en el ámbito federal con esta iniciativa, y después veremos qué procede en cada una de las entidades federativas”.