Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Periodistas de diferentes medios de comunicación protestaron ayer afuera de la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por el citatorio a cinco reporteros derivado de una de denuncia que presentó en su contra la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez por violencia política de género.
Después, el grupo de comunicadores se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) dónde exigieron la presentación con vida de tres periodistas que fueron levantados el domingo y el miércoles en Taxco.
En tanto que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) exigió en un comunicado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno la pronta localización con vida de los trabajadores de los medios de comunicación y de sus familiares.

“No se le criticó por ser mujer”

Durante la protesta de la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del IEPC, uno de los que fueron citados, el secretario general de la delegación 17 del SNRP, Abel Miranda Ayala, denunció que lo que pretende la alcaldesa es amedrentar y censurar a los periodistas que critican las malas acciones de su gobierno.
Dijo que en su caso se siente intimidado, vulnerable y en riesgo, debido a que quien lo denuncia es alguien que hace meses (en julio pasado) apareció en videos desayunando con un hombre armado, presunto jefe de un grupo delictivo.
“Las notas periodísticas que cuestiona la alcaldesa atañen exclusivamente al ejercicio de gobierno que realiza en este momento, “por eso yo quiero ser enfático que en este momento temo por mi vida porque tenemos a una gobernante que no alcanza a distinguir lo que es violencia política en razón de género y la crítica a su gobierno, lo que la coloca como intolerante, que no acepta la crítica y por ello capaz de cualquier cosa”.
Miranda Ayala declaró a los reporteros a las 12 del día, antes de que entrara a rendir su declaración a esas oficinas que dependen del IEPC, en un edificio ubicado cerca de las instalaciones de la FGE, al sur de Chilpancingo, de donde los cinco periodistas salieron hasta después de las 6 de la tarde.
Miranda Ayala enfatizó que en su caso no tiene enemigos “y cualquier cosa que me llegara a pasar sería responsabilidad de la alcaldesa, quien en un hecho sin precedentes acusa que la estamos vulnerando en su carácter de mujer, cuando en realidad lo que estamos haciendo es criticar a su gobierno y algunas acciones que consideramos incorrectas”.
Igual que Miranda Ayala, quien labora en el Diario de Guerrero y en el Sol de Acapulco, fueron citados y comparecieron Erika García y Baltasar Jiménez, también trabajadores del Diario de Guerrero, así como los columnistas de diferentes medios de comunicación Efraín Flores García y Juan Antelmo García Castro.
El reportero del Sol de Chilpancingo, Jesús Saavedra Lezama, destacó que la protesta fue para expresar su solidaridad a los cinco comunicadores “que están indiciados en este proceso administrativo en el IEPC”.
Agregó: “Estamos repudiando la actitud de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y exigirle que se ciña al respeto de la libertad de prensa” porque, aclaró, “una norma secundaria del Instituto electoral, que es donde se presentó la queja por violencia en razón de género, no pude estar por encima de la norma superior que es la Constitución”.
Saavedra Lezama exigió a la presidenta municipal Hernández Martínez que no busque pretextos para acallar a los compañeros periodistas, pues subrayó que lo que pretende la alcaldesa es un acto de censura.
Llamó a los diputados locales que legislen en la materia porque recordó que no es la primera ocasión que utilizan un proceso administrativo como un mecanismo para censurar a los periodistas e impedir la libertad de expresión.

Localizar con vida a periodistas

Después, el grupo de periodistas se trasladó a la FGE dónde exigieron la presentación con vida de tres periodistas levantados el domingo y el miércoles pasado en Taxco, uno de ellos junto con sus familiares.
Los comunicadores que hasta anoche seguían desaparecidos son Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero y La Crónica Vespertino de Chilpancingo.
Toledo Jaimes fue sustraído el domingo pasado de su casa en Taxco por un grupo armado que se lo llevó junto con su esposa, Guadalupe Denova Flores, una maestra afiliada al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), y a su hijo Alberto Toledo Denova.
El miércoles por la noche también fueron levantados Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, encargados de la página digital Red Siete de Taxco fueron privados de su libertad cerca de Plaza Taxco en el centro de esa ciudad, cerca de las oficinas de su medio de comunicación.
Saavedra Lezama denunció que esta situación es grave y exigió una investigación y localización con vida pronta de los tres periodistas que fueron privados de su libertad “por un grupo armado en Taxco”.
Demandó a los tres órdenes de gobierno una campaña intensa para su búsqueda y localización “para evitar que sean víctimas de un delito mucho más grave, independientemente de la privación de su libertad”.
Exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y a la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, garantizar la libertad de expresión en Guerrero y evitar que siga habiendo zonas silenciadas en la entidad.
Denunció que en varias regiones del estado, el crimen organizado prácticamente ha impuesto una ley mordaza y ya no hay condiciones para que se pueda laborar.
Por su parte, el corresponsal de La Jornada, Sergio Ocampo Arista, denunció que la prensa en Guerrero está atravesando por un momento muy crítico y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que observe la situación que se vive aquí, “porque el llamado a los tres órdenes de Gobierno ya resulta ineficaz”, dijo.
Sin embargo pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que “cuando menos le llame la atención a los alcaldes que tienen problemas internos con algún grupo delincuencial para que no se involucre a los comunicadores puesto que nada tienen que ver con sus conflictos”.
También denunció que desde el gobierno estatal, a través de algunos personajes, se ha pretendido vincular a varios periodistas mediante las redes sociales con grupos delincuenciales.
“Le pedimos a la gobernadora que no use esos métodos porque nos vulnera, nos pone en riesgo y nosotros no tenemos ningún problema con los grupos delincuenciales, ya basta, es tiempo de parar esta situación”.
Por la noche, el CEN del SNRP, demandó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar plenamente la vida y el trabajo de las y los periodistas mexicanos”.
“Es urgente que la Fiscalía Especializada de Atención a delitos contra la Libertad de expresión (Feadle), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno de Guerrero coordinen las acciones pertinentes para localizarlos aplicando el protocolo homologado de delitos contra la Libertad de Expresión”, exigió la organización gremial.
Reprochó que las autoridades policiacas aún no han dado versión alguna, y destacó que los hechos ocurren una semana después del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez, ocurrido en Ciudad Juárez y quien es el quinto comunicador que ha perdido la vida en lo que va de este año.