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Amenazan por teléfono presuntos integrantes de Los Rojos a una activista, denuncia el Tadeco

 

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) informó que recibió amenazas telefónicas, presuntamente del grupo criminal Los Rojos, para exigir que su integrante, Isabel Rosales, no se una a un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos.
En un comunicado dirigido al pueblo de México, al de Guerrero y a la opinión pública, el Tadeco informa que el lunes a las 3:10 de la tarde, recibieron una amenaza en el teléfono celular de la organización, de un hombre que se identificó como Simón Singgler, número 755 1095939, que pidió hablar con Isabel, dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Contaron que, inicialmente no les pareció extraño, pues el 23 de mayo el mismo Simón Singgler llamó a la oficina, dijo que era de la Secretaría de Gobierno estatal, y que quería tratar asuntos sobre gestiones del comité; entonces dejó como número de contacto el 7474988438, y pidió la dirección de correo electrónico para enviar información documental.
“Nosotros relacionamos este comentario con ofrecimientos de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) estatal, en mayo del 2017 en una reunión a la que asistió la compañera Isabel Rosales… por lo que no nos pareció nada fuera de lo normal. Sin embargo, más adelante se identificó como parte del grupo de Los Rojos, diciendo que no querían hacerle daño, y amenazante le pregunto ‘cómo querían que la trataran, bien o mal, como amiga o enemiga’”, detalla el comunicado.
Al escrito se añade que, después, el mismo hombre dijo que le pasaría por teléfono a su jefe, “el señor Zenén”, identificado como líder del grupo criminal, que comenzó diciendo que “él sabía que la compañera representaba a un grupo de personas desaparecidas y que no querían que ella se uniera a este grupo (de desaparecidos) con su propia familia, que sabían dónde se encontraba y que le hacían de su conocimiento que hasta el momento ella no era su enemiga y que sus enemigos se encontraban dentro de su círculo social”.
Agrega que, según el grupo delincuencial, la violencia, secuestros y homicidios, se deben a que se meten con ellos, o a que no hacen caso a los llamados, y también le dijo que grabara la conversación para que cuando matara a alguien cercano a ella, tuviera a quien responsabilizar, “Zenén Nava El Chaparro le había hecho un llamado, del que no hizo caso”.
Abunda que Isabel se negó a continuar la conversación y colgó, pero volvieron a llamar al celular y al no obtener respuesta se comunicaron a la oficina, donde contestó su compañera, Miriam.
En el comunicado se relata que le repitieron lo mismo, y que sabían que la compañera Isabel no se encontraba ahí, pero que irían a dejar documentos a la oficina, que tienen fotografías de la oficina y de personas que entran y salen, para de esa forma demostrar que los tienen ubicados, y nuevamente colgaron el teléfono.

Consideran las llamadas una acción del Estado, dice

Comenta que podría parecer un intento de extorsión, pero les extraña que los hostiguen cuando están haciendo en actividades en favor de las víctimas de la violencia.
A nivel nacional, la organización participa en actividades con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, en particular en el estado; trabaja con jóvenes asuntos de inseguridad, y recientemente recabaron firmas a favor de la aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy.
Los activistas del Tadeco recuerdan que ésta no es la primera vez que los hostigan, porque desde que constituyeron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, en 2009, han sido amenazados para que dejen de buscar “verdad y justicia” para las víctimas.
“Nuevamente percibimos la injerencia de agentes del Estado atrás de estas amenazas e intento de extorsión. ¿Cómo sabe la gente que nos llamó que hubo un ofrecimiento de la CEAV Estatal para nuestro Comité pendiente de resolver?, ¿por qué nos llamaron el día 23 de mayo… para obtener información particular de algunos de nosotros, como nombres, teléfonos y dirección? ¿Cómo saben que esos teléfonos son los datos que utilizamos de contacto durante las reuniones sostenidas con el gobierno estatal el año pasado?, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de estas amenazas disfrazadas de extorsión?”, preguntan.
Responsabilizan a las autoridades estatales y federales de la integridad física y moral de Isabel Rosales Juárez y Miriam Altamirano Carmona, y de todos los integrantes de la organización.
El Tadeco pide la solidaridad del pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades, para que se les otorguen las garantías necesarias para seguir su trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social, y de desarrollo comunitario en la entidad. En particular solicitaron el apoyo al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.