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Piden comisarios de Tlacoachistlahuaca su Policía Rural a funcionarios estatales

La mañana del viernes una comisión de comisarios de Tlacoachistlahuaca, de la región Costa Chica, tuvieron una reunión con funcionarios estatales en la Secretaría General de Gobierno para pedirles la creación de la Policía Rural en sus comunidades.
El 15 de marzo una comisión de ocho comisarios del municipio de Tlacoachistlahuaca solicitó por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal la asesoría para la creación de su policía.
El grupo es encabezado por don Melquiades, quien por seguridad no quiso dar su nombre completo, y detalló que debido a la violencia en el municipio y sus comunidades los habitantes acordaron solicitar el asesoramiento para la conformación del cuerpo policiaco.
Ayer los comisarios encabezados por don Melquiades se presentaron en la Secretaría General de Gobierno para continuar con el procedimiento necesario para resolver su petición.
Don Melquiades recordó que en el municipio se han registrado hechos violentos, “un poco de todo”, como pasa en el resto del estado, por eso es necesaria la conformación de la Policía Rural, cuyo proyecto fue impulsado en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Explicó que los comisarios de 14 anexos del municipio de Tlacoachistlahuaca se organizan en asamblea para determinar cuántos policías rurales se necesitan para dar seguridad.
“Apenas estamos planteando cuántos necesitamos, estamos organizando una asamblea para que se comente ahí como cuantos elementos son necesarios”, expuso.

No seguirá pagando el Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca a comunitarios, dice el alcalde

El presidente petista de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio dijo que el Ayuntamiento no puede pagar a la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Cochoapa, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque el municipio tiene a sus propios elementos de seguridad.
En breves declaraciones por la noche, el alcalde dijo que la tarde de ayer se reunió con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa, a la que pertenecen las comunidades del municipio de Tlacoachistlahuaca, para saber sus exigencias.
Indicó que el municipio sólo puede apoyar a los policías comunitarios con despensas, pero no con los 5 mil pesos como pago por dar seguridad, como lo hacía la administración anterior, porque tiene a su propia policía municipal.
El alcalde precisó que el problema que hay entre los grupos en la cabecera es que una parte de las comunidades quiere integrarse a la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, y el resto quiere mantenerse en la Casa de Justicia de Cochoapa.
También informó que, en el Ayuntamiento los trabajadores laboran con normalidad y no se han visto afectados. El lunes, el representante de la CRAC de Cochoapa, Emiliano Morales Nicolás informó que unas 100 personas de siete comunidades de Tlacoachistlahuaca protestaron en la cabecera para exigir el pago de 5 mil pesos a 24 policías comunitarios de la guardia permanente. Se buscó a los policías comunitarios para consultarlos al respecto, pero no hubo respuesta a las llamadas.

Sigue la tensión en Metlatónoc y Tlacoachistlahuaca por 400 hectáreas de tierra, informa Rutilio Vitervo




El alcalde de Metlatónoc, Rutilio Vitervo Aguilar, informó ayer que continúa la tensión entre comuneros de Valle Hermoso y sus vecinos de Jicayán del Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca –con quienes se disputan 400 hectáreas de tierra–, porque los primeros son atacados a balazos casi a diario.
Consultado por reporteros antes de la entrega de juguetes por el Día de Reyes y de camionetas para el programa de Combate a la Pobreza, lamentó que hasta hoy no haya alguna propuesta de solución por parte del gobierno federal y estatal.
De septiembre a diciembre del año pasado han ocurrido en esa zona de conflicto tres enfrentamientos entre ambos grupos. El resultado ha sido tres muertos y varios heridos. Las autoridades de Tlacoachistlahuaca informaron que de su lado han fallecido dos campesinos, aunque la versión fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Pública.
El alcalde dijo que mientras hay una intervención de las autoridades “ahorita sigue el problema, nosotros ya avisamos, como es competencia del gobierno del estado pusimos una demanda en donde exponemos nuestras razones, porque nuestra carpeta básica con los planos definitivos tanto de Metlatónoc como los de Jicayán coinciden; yo espero que los compañeros de Jicayán y sobre todo los líderes den una buena orientación a los campesinos”.
Abundó que han demostrado que sus gobernados son los propietarios de las tierras en disputa, pero “la situación se ha agravado porque los compañeros de Jicayán cargan un acta, en donde unos 15 principales de Metlatónoc firman, pero es un documento falso, porque todos los que aparecen ahí, incluyendo un señor que se llamaba Antonio Guerrero Gracida, mucho tiempo fue secretario y sabía leer y escribir y ahí en el acta de ellos aparece su huella, otro Pascual Hernández, no sabía leer y escribir y resulta que sí firma”.
Descartó que los comuneros de Jicayán hayan tomado las tierras, pero dijo que “casi a diario balacean a los de Valle Hermoso y como prueba de la sensibilidad que tengo como gobierno municipal, he solicitado la fuerza pública del gobierno, ahora está un grupo en Valle Hermoso para auxiliar a la comunidad”.
Agregó que todavía no “sabemos cuál es la estrategia del gobierno, pero como nosotros estamos preocupados por ese problema le pedimos al secretario de Seguridad Pública (Juan Heriberto Salinas Altés) para que resguarde Valle Hermoso”.
Vitervo indicó que hay la propuesta de una reunión con la Secretaría de la Reforma Agraria para principios de febrero; sin embargo, indicó que mientras llega la fecha seguirán ocurriendo enfrentamientos y agregó que aunque sus representados no portan sus armas como parte de un acuerdo que tuvieron, sí están en condiciones de responder en caso de una nueva agresión.

Piden al gobernador restituir tierras a campesinos de Tlacoachistlahuaca

Acusan que la Secretaría de la Reforma Agraria provocó el conflicto entre las comunidades de Cuitlapan y Terrero Venado hace 35 años, al dar a la segunda unas hectáreas que no le pertenecían. Ya hubo hasta muertos por el problema, advierten

 Teresa de la Cruz Chilpancingo Comuneros               de San Pedro Cuitlapan, del municipio de Tlacoachistlahuaca, pidieron ayer al gobernador René Juárez que intervenga en la solución del conflicto agrario que provocó la Secretaría de la Reforma Agraria desde hace 35 años, al quitarles 730 hectáreas para otorgarlas con un “plano falso” a la comunidad de Terrero Venado.

Advierten que el problema ha generado enfrentamientos entre los habitantes, los cuales han dejado cuatro muertos y varios heridos.

En conferencia de prensa, el comisariado de Bienes Comunales               de San Pedro Cuitlapan, Aurelio Rojas Porfirio, indicó que desde 1969 esa comunidad fue reconocida ante las autoridades agrarias como ejido, del cual pasaron a formar parte varias localidades, entre ellas Terrero Venado.

Sin embargo, en 1970 las autoridades de Terrero Venado pidieron a San Pedro Cuitlapan su deslinde como ejido, con el pretexto de que querían trabajar las tierras, aunque en el fondo “querían apartarse para vender madera preciosa por su propia cuenta a la forestal Vicente Guerrero, empresa que es del gobierno del estado”. dijo Rojas Porfirio.

Mencionó que ante la negativa de las autoridades de San Pedro Cuitlapan para autorizar el deslinde del ejido, en 1980 “con un plano falso y sin sellos” las autoridades agrarias de la Reforma Agraria “hicieron delimitaciones arbitrarias y le otorgaron 730 hectáreas –unos cinco kilómetros– más, afectado así el territorio de               otras comunidades”, como San Martín y Guadalupe.

Posterior a la delimitación –aseguró Rojas Porfirio– los comuneros afectados no quedaron conformes, y en 1982 “se dio el primer enfrentamiento a machetazos”; de ahí acudieron ante las autoridades de la Procuraduría Agraria, pero “ante su ineficiencia y parcialidad” en diciembre del 2000 los comuneros acordaron establecer sus límites colocando alambre. “En ese entonces sucedió una balacera que arrojó un muerto y dos heridos”.

Rojas Porfirio indicó que para 2001 intervino la Procuraduría Agraria, pero los comuneros de Terrero Venado le presentaron un “plano alterado”, por lo que “no hizo nada”. Dijo que acudieron ante el Consejo Estatal Agrario y tampoco dio               respuesta; luego el caso llegó hasta el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco y “los peritos fallaron a nuestro favor, pero no se hizo válido ese dictamen”.

Indicó que además de la nulidad del fallo nombraron a la magistrada Luz Mercedes López Díaz pero “ella cambia de parecer constantemente, incluso nos dice que si no aceptamos que nos regresemos a nuestros pueblos y nos matemos”.

Ante esta situación, Rojas Porfirio, quien iba acompañado por los comisarios de San Martín Guadalupe, así como por el ex diputado del PRD, Severiano Jiménez, pidió al gobernador que intervenga “porque llevamos               35 años con ese conflicto y ya hubo más de cuatro muertos y heridos porque no quieren reconocer los límites de San Pedro Cuitlapan”.

Exigió también al Tribunal Unitario Agrario que el fallo del jueves 20 de mayo “se apegue a derecho y sea imparcial, porque de los contrario los enfrentamientos van a seguir y de las posibles muertes los responsabilizamos a ellos, así como al gobierno del estado por hacer caso omiso”.

Piden al gobernador restituir tierras a campesinos de Tlacoachistlahuaca

 

 Acusan que la Secretaría de la Reforma Agraria provocó el conflicto entre las comunidades de Cuitlapan y Terrero Venado hace 35 años, al dar a la segunda unas hectáreas que no le pertenecían. Ya hubo hasta muertos por el problema, advierten

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros de San Pedro Cuitlapan, del municipio de Tlacoachistlahuaca, pidieron ayer al gobernador René Juárez que intervenga en la solución del conflicto agrario que provocó la Secretaría de la Reforma Agraria desde hace 35 años, al quitarles 730 hectáreas para otorgarlas con un “plano falso” a la comunidad de Terrero Venado.

Advierten que el problema ha generado enfrentamientos entre los habitantes, los cuales han dejado cuatro muertos y varios heridos.

En conferencia de prensa, el comisariado de Bienes Comunales  de San Pedro Cuitlapan, Aurelio Rojas Porfirio, indicó que desde 1969 esa comunidad fue reconocida ante las autoridades agrarias como ejido, del cual pasaron a formar parte varias localidades, entre ellas Terrero Venado.

Sin embargo, en 1970 las autoridades de Terrero Venado pidieron a San Pedro Cuitlapan su deslinde como ejido, con el pretexto de que querían trabajar las tierras, aunque en el fondo “querían apartarse para vender madera preciosa por su propia cuenta a la forestal Vicente Guerrero, empresa que es del gobierno del estado”. dijo Rojas Porfirio.

Mencionó que ante la negativa de las autoridades de San Pedro Cuitlapan para autorizar el deslinde del ejido, en 1980 “con un plano falso y sin sellos” las autoridades agrarias de la Reforma Agraria “hicieron delimitaciones arbitrarias y le otorgaron 730 hectáreas –unos cinco kilómetros– más, afectado así el territorio de otras comunidades”, como San Martín y Guadalupe.

Posterior a la delimitación –aseguró Rojas Porfirio– los comuneros afectados no quedaron conformes, y en 1982 “se dio el primer enfrentamiento a machetazos”; de ahí acudieron ante las autoridades de la Procuraduría Agraria, pero “ante su ineficiencia y parcialidad” en diciembre del 2000 los comuneros acordaron establecer sus límites colocando alambre. “En ese entonces sucedió una balacera que arrojó un muerto y dos heridos”.

Rojas Porfirio indicó que para 2001 intervino la Procuraduría Agraria, pero los comuneros de Terrero Venado le presentaron un “plano alterado”, por lo que “no hizo nada”. Dijo que acudieron ante el Consejo Estatal Agrario y tampoco dio   respuesta; luego el caso llegó hasta el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco y “los peritos fallaron a nuestro favor, pero no se hizo válido ese dictamen”.

Indicó que además de la nulidad del fallo nombraron a la magistrada Luz Mercedes López Díaz pero “ella cambia de parecer constantemente, incluso nos dice que si no aceptamos que nos regresemos a nuestros pueblos y nos matemos”.

Ante esta situación, Rojas Porfirio, quien iba acompañado por los comisarios de San Martín Guadalupe, así como por el ex diputado del PRD, Severiano Jiménez, pidió al gobernador que intervenga “porque llevamos 35 años con ese conflicto y ya hubo más de cuatro muertos y heridos porque no quieren reconocer los límites de San Pedro Cuitlapan”.

Exigió también al Tribunal Unitario Agrario que el fallo del jueves 20 de mayo “se apegue a derecho y sea imparcial, porque de los contrario los enfrentamientos van a seguir y de las posibles muertes los responsabilizamos a ellos, así como al gobierno del estado por hacer caso omiso”.