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Drogas, armas y violencia, los temas de la novela La Mara, de Ramírez Heredia

El mundo de las drogas, las armas y la violencia en la frontera sur de México, donde hombres y mujeres comienzan su viaje hacia el “sueño americano”, es novelado por el escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia en su obra La Mara.

El autor de M de Marilyn y De tacones y gabardinas habló para la radio mexicana sobre su más reciente libro, en el que traza una historia novelada a partir de un fenómeno real, como el de la pandilla salvadoreña la Mara Salvatrucha.

Ramírez Heredia explicó que su obra se aleja del trabajo periodístico.

“Intenté modificar el lenguaje, la sintaxis a manera que se constituya una novela en toda la extensión de la palabra, con un ritmo, pero sobre todo, con un juego de engarces en donde se miren los diferentes sustratos que tiene en este terrible devenir de seres que están en el sureste mexicano”.

Ramírez Heredia comentó que al comenzar a escribir tuvo algunos problemas para estructurar la obra, ya que por un lado “me encontraba con la Mara como un fenómeno social y por el otro, el deseo de escribir una novela que no quedara por abajo del tema”.

Explicó que para lograrlo tuvo que subirle al lenguaje, “darle características a los personajes, librarme de toda la posible realidad estadística y social, y convertir un hecho real en un hecho literario”.

Ramírez Heredia, Premio Nacional de Teatro (1976), dijo que su novela, editada por Alfaguara, también está apoyada en el trabajo periodístico, es un hecho real, de tal manera que no se puede evadir el olfato periodístico.

Destacó que su obra, que se presentará en estos días en España, está “perfectamente estructurada, delineada, los personajes están bien delimitados, toda la ambientación”.

Ramírez Heredia señaló que su interés por el tema de la Mara Salvatrucha lo atrapó, porque es algo que palpita.

“El situar la novela en un lugar selvático, con un río que divide dos países que son prácticamente el mismo, unos personajes que se tatúan el cuerpo, que tienen lágrimas en las mejillas y que cada uno significa un asesinato, todos estos elementos están planteados”. “Ahí pueden verlos, pero no se van a encontrar a esos personajes exactamente igual, porque están trazados, delimitados con la mano de quien quiere hacer una novela, sin menospreciar el género del reportaje”, añadió.

“Simplemente tiene diferente tono, sintaxis y forma”, destacó.

El escritor dijo que La Mara es una novela en donde el lector se podrá meter como “si estuviera viviendo esa realidad terrible que nos está abatiendo y que está a la vista de todos”.

Al referirse a la presentación en España, señaló que ha causado mucha expectativa.

“En España ha llamado la atención ese mundo exótico, la selva, los pericos, los changos, y por otro lado el tema de la migración, que nos une. Ellos la tienen también”, dijo.

“La migración es un producto de una tesis económica mal planeada, estos Maras Salvatruchas que habitan en nuestro territorio, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, no llegaron del espacio, están ahí y son el producto de 30 años de desigualdad social, que algunos economistas llaman neoliberalismo”, indicó.

La Mara Salvatrucha aglutina aproximadamente al 70 por ciento de todos los pandilleros en El Salvador y se creó en 1980 en California como respuesta combativa a las pandillas rivales.

La palabra mara se emplea en El Salvador con el significado de gente alborotada, mientras que salva viene a significar listo o espabilado.

El desalojo en Metlapil no fue violencia, sino cumplir con el deber, afirma el arzobispo

 Los maestros se han convertido en fuerza de choque con sus marchas y plantones, ya no son instrumentos del saber, considera Aguirre Franco

 Karina Contreras Para el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, el desalojo de varias familias en Metlapil, las cuales se habían apoderado de un predio de Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) “no es ejercer violencia, es cumplir con el deber”.

Por otro lado, y a vísperas del Día del Maestro, cuando se esperan marchas de los mentores para exigir mejores salarios y prestaciones, Aguirre Franco dijo que éstos “ya son una fuerza de choque, ya no son instrumento para la enseñanza. Ya son para el mejor postor y cualquier causa política, cualquier inconformidad ellos la deben apadrinar”.

Entrevistado al finalizar su misa dominical, Aguirre Franco fue abordado por los reporteros y al preguntarle sobre el desalojo con policías de familias que ocuparon un predio en Metlapil, respondió: “el estado debe salvaguardar los derechos de las personas y la seguridad de los ciudadanos. Pueden (los ciudadanos) exigir sus derechos                   y que se cumplan las leyes que les beneficien, pero también hay un terreno y cuando ya se rebasa la forma justa y legítima de demanmdar y se dañan los derechos de terceros el Estado tiene la obligación de actuar”.

–¿Con violencia, monseñor?– se le preguntó.

–No es violencia. No es violencia cuando exigen que aquellas personas lo hagan por los cauces debidos, y si alguien los hace por los causes indebidos y se les sanciona o reprime no es violencia. No es violencia, es cumplir con un deber.

Sobre las movilizaciones que año con año efectúan los maestros el 15 de mayo, dijo que la Iglesia está de acuerdo en que éstos sean retribuidos y tomados en cuenta sus legítimos derechos como verdaderos profesionales.

Pero –aclaró– no estamos de acuerdo en que se abandone la educación de los niños, y cambiar “el salón por el plantón”, porque de esa manera dejan la enseñanza y se lanzan simplemente a apoyar líderes, a candidatos, partidos y hacer exigencias ideológicas.

Asimismo –agregó– “¿qué tienen que hacer los maestros protestando por el problema de la presa La Parota? quiere decir que los están manipulando y ya son una fuerza de choque, ya no son instrumento para la enseñanza. Ya se dan al mejor postor y a cualquier causa política, cualquier inconformidad ellos la deben apadrinar”.

Manifestó que a los mentores los debe animar el verdadero amor a la niñez y la juventud, para que promuevan los valores éticos, morales, espirituales y transcendentes, por lo que deben comenzar con el ejemplo.

Aguirre Franco indicó que cuando los maestros se dedican a hacer caminatas con denuestos, con pintas, destruyendo lo que encuentran a su paso y gritando palabras ofensivas en nada educan; y agregó que con una mano le dan el libro al niño y con la otra le están enseñando a odiar a la sociedad, por lo que esa no es la verdadera escuela que necesita los alumnos.

Sobre la huelga del hotel Emporio, señaló que los justos derechos se deben reclamar, pero no deben hacerse para cerrar fuentes de empleo ni para perjudicar el turismo del estado de Guerrero, “porque se está matando a la gallina de los huevos de oro”.

Aseguró que los trabajadores son manipulados por la voluntad de dos o tres líderes que quieren llevar agua a su molino, y en eso no puede estar de acuerdo la sociedad.

Hay que buscar el entendimiento con Cuba, insiste

Sobre el rompimiento diplomático entre México y Cuba, Aguirre Franco manifestó que la hermandad y el respeto a las decisiones de otros pueblos no quiere decir que se aceptarán como una verdad de fe, o como lícitas las ofensas o las agresiones contra una nación.

Manifestó que Iglesia pide que antes que todo se busque el entendimiento y privilegiar el diálogo y la unidad, y agregó que se deben respetar aquellos derechos que cada quien tiene para que no queden lesiones entre las naciones.

A punto de estallar la violencia en Tetipac entre ciudadanos y policías estatales

* Enojo por acción de la hermana del alcalde

 * La directora del DIF municipal entró a un inmueble a sacar cemento para repatirlo a comisarios * Las campanas de la iglesia llamaron al plantón que se mantiene por la destitución del alcalde

 Claudio Viveros, corresponsal, Tetipac * En una acción, que los habitantes de esta población calificaron de provocación, la hermana del alcalde priísta, Serafín Ayala Ramos y directora del DIF municipal, fue sorprendida, por la población, ayer por la mañana, entregando toneladas de cemento a varios comisarios en el almacén de este municipio, hecho por el cual estuvo a punto de estallar la violencia.

Vecinos dieron a conocer que la funcionaria Savia Ayala Ramos, obligó  al velador que resguarda el inmueble para que le diera las llaves y comenzar así el reparto. Muy temprano se supo que sólo el comisario de la comunidad de El Ranchito logró salir con la carga del material, los demás tuvieron que bajar el cargamento de los vehículos por la presión de los ciudadanos, uno de ellos fue un camión que llegó de la comunidad de Chontalcoatlán, en donde vive el alcalde.

Cerca de las 10 de la mañana, las campanas de la iglesia de la Santa Cruz resonaron como llamado para concentrar a la población en el plantón que ciudadanos mantienen afuera del ayuntamiento en demanda de la destitución del alcalde Serafín Ayala Ramos. A esa misma hora varios lugareños, se habían trasladado hacia el almacén, unos 500 metros arriba, a la entrada del pueblo, para impedir que la directora del DIF, Savia Ayala Ramos, consumara la entrega de esos recursos a algunos comisarios, custodiada por cerca de 30 elementos de la policía estatal.

En menos de 20 minutos, la gente se arremolinó y bloqueó la salida de por lo menos seis patrullas que ahí se encontraban, entre ellas las portadoras de los números 240, 344, 544 y 231 de la policía del Estado. Además la 01 y 04 asignadas a policía preventiva local. Cuando la multitud encaró a Savia Ayala, quien en todo momento estuvo protegida por cuatro policías del Estado. En tanto que la funcionaria con sonrisa burlona y en franco reto los grababa con una videocámara, que en ningún momento soltó. Incluso cuando los regidores le reclamaron su proceder por no ser “autoridad” y más porque la población exige la salida del alcalde.

Los pobladores: mujeres, campesinos, jóvenes y ancianos, se mostraron sumamente irritados por los hechos, ya que en el fin de semana algunos comisarios de las 32 comunidades recibieron un oficio firmado por la hermana del aún presidente municipal para notificarles que pasaran a recoger una tonelada de cemento que destinarían a las personas que fueron beneficiadas dentro del programa vivienda rural, promovido por el dirigente cenecista, Nabor Ojeda Delgado.

Entre gritos de los habitantes de “fuera ratera, eres un pinche ratera, que se vaya, está provocando la violencia”, los cohetes estallaban al aire para seguir en el llamado de más gente. Ya los ánimos se habían caldeado, al igual que la discusión con un uniformado al mando de apellido Niño. También ofuscado por la reacción de la gente, en contra de la funcionaria.

De lo ocurrido, la regidora priísta María Lorena Rivera Bustos expresó que lo protagonizado por la hermana del primer edil de Tetipac, es “claramente una provocación” ya que el fin de semana con los diputados se acordó mantener el orden.

Al final la directora del DIF, Savia Ayala Ramos, fue invitada a retirarse pacíficamente. La custodiaron policías estatales de quienes la gente se preguntó qué es lo que hacían en Tetipac. Como resultado de las fricciones, en donde una mujer plantonista recibió un culatazo de un policía no identificado, a la funcionaria Savia Ayala le arrebataron la cámara de video que llevaba. Luego, los ciudadanos regresaron al plantón.

Provocación, los hechos de violencia en el Consejo del PRI: René Juárez

* Está preparado para respetar el voto en 2005, dice

 Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * El gobernador René Juárez Cisneros calificó de “actos de provocación y violencia” a los protagonizados en el Consejo Político Estatal del PRI por seguidores de Carlos Sánchez Barrios y que atentan contra lo más importante y fundamental que tiene cualquier organización partidista, la unidad.

“Desde luego que la violencia no contribuye en nada al fortalecimiento de la unidad de ninguna organización política”, expresó y cuestionó el incidente en el que participaron seguidores de uno de sus más cercanos colaboradores, al señalar que las diferencias de los priístas se arreglan en el PRI.

“Yo soy gobernador y gobierno para todos, soy respetuoso del trabajo político del PRI y del trabajo de todos los partidos políticos en Guerrero”, indicó Juárez Cisneros.

Entrevistado al término de la ceremonia oficial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el gobernador reiteró que no está interesado en inmiscuirse en asuntos partidistas y serán los partidos los que tendrán que resolver sus diferencias internas, de acuerdo con sus estatutos y normas.

Al preguntarle su opinión sobre la convención de delegados que decidió el CPE del PRI para seleccionar a su candidato a gobernador, Juárez Cisneros consideró que sabe respetar las normas y procedimientos, así como los tiempos y los ritmos de su partido, a pesar de que se jactó como el único político en la historia del PRI que ha ganado dos elecciones internas.

“Pero yo como gobernador estoy por encima de cualquier diferencia que se dé al interior de cualquier partido, así lo he demostrado y así voy a seguir haciéndolo”, aseguró.

Luego al referirse a la posibilidad de que la división en su partido podría provocar que el PRI pierda la elección constitucional del 2005, Juárez Cisneros dijo estar preparado para respetar la voluntad ciudadana.

Considero que a lo largo de los cinco años que lleva al frente del gobierno estatal no se ha generado ningún problema postelectoral imputable a él y afirmó que durante su periodo gubernamental se ha mantenido la armonía y paz social.

El gobierno del estado alentó la violencia en Zapotitlán: Red de Derechos Humanos

* Ocho ONG tratan en un informe el caso de Escalerilla

* Señalan cinco conflictos agrarios que requieren tratamiento integral: Zapotitlán Tablas con Acatepec, Xitopontla con ganaderos de Olinalá, Amatlicha con ganaderos de Olinalá, Alcatlatzala con Cuatzoquitengo y Arroyo San Pedro con Tilapa

La violencia en Zapotitlán Tablas, que el 11 de mayo dejó cinco muertos, estaba anunciada; era un riesgo derivado del conflicto político entre dos organizaciones, ante el cual el gobierno del estado no hizo lo necesario para evitarla y la alentó, permitiendo la creación de una comisaría               en Escalerilla Laguna, que funcionó prácticamente como Presidencia Municipal paralela.

Este análisis fue planteado por ocho organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en un informe que dieron a conocer a representantes de 12 embajadas en México, en una visita que hicieron a la capital del estado el 19 y 20 de mayo.

En el documento hablan de cinco conflictos agrarios que requieren de un tratamiento integral profundo, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, las desapariciones forzadas y la militarización y persecucición de ciudadanos.

El documento que la Red presentó a los representantes de embajadas se divide en apartados, que se refieren a los problemas más graves en la entidad en relación con los derechos humanos, como ejecuciones estrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y militarización.

En cuanto a los conflictos agrarios, menciona como casos más graves los de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec y Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio.

Plantea que éstos “son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En los días en que se presentó el documento el hecho de más reciente impacto fue la reyerta en la comosaría municipal de Escalerilla Laguna, municipio de Zapotitlán Tablas, el 11 de mayo, donde murieron cinco campesinos integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), y se señala como agresores a miembros de Antorcha Campesina, al presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso, y a policías municipales.

En el documento, las ONG dicen: “Las cuatro muertes (después murió en el hospital uno de los heridos) de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas, fueron desgraciadamente muertes anunciadas que las autoridades no hicieron lo necesario para evitarlas. Se trata de un conflicto político que fue alentado desde el centro al permitir la creación de una delegación política con sede en Escalerilla Laguna, que en la práctica funcionó como una Presidencia Municipal paralela.

“Se quiso sobrellevar a las dos organizaciones sociales a la usanza tradicional, dosificándoles los apoyos para poder mantener las clientelas bajo control.

“Lo que en realidad ha pasado es que se han dividido varias comunidades a causa del control político y económico que cada organización quiere imponer. Se han dado casos de desconocimiento y cambio de comisarios o de la creación de comisarías paralelas que sólo están incubando de manera gratuita más conflictos, que lo único que hacen es empeorar las precarias condiciones de vida de los tlapanecos”.

Detenciones arbitrarias, una práctica sistemática

Algo que se practica de manera sistemática en Guerrero son las detenciones arbitrarias. Este acto marca el inicio de una cadena de violaciones a otros derechos relacionados con la integridad personal y las garantías judiciales. Este tipo de detenciones no están respaldadas por una orden judicial; se acostumbra a detener y luego se procede a investigar. Muchas detenciones arbitrarias tienen una motivación política: se detiene a lideres o miembros de organizaciones campesinas o indígenas como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) o los del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), que por su lucha social y política son catalogados como gente que se organiza para cometer delitos. Se les criminaliza por su activismo político. Anexan 26 casos de detenciones arbitrarias.

Afirman que la tortura sigue siendo una práctica sistemática para las investigaciones judiciales que tiene como fin someter a la víctima y obligarlo a que se declare culpable y que confiese todo lo que sabe. A pesar de la normatividad internacional y el derecho interno, en nuestro estado no existe el delito de tortura; por lo tanto, no se castiga a los torturadores que son un gran número de expertos que se estrenaron con los desparecidos de la guerra sucia.

Entre los casos de tortura que se mencionan en el informe están los cometidos por miembros del Ejército contra Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chavez, sobrevivientes de El Charco; los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y los 10 de la recomendación 100/97 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se pide al procurador de Justicia Militar que investigue los casos donde presumiblemente miembros del Ejército torturaron a civiles, identificados como supuestos miembros de los grupos armados.

En el informe se destaca que por estos crímenes “no existe ningún militar sentenciado por torturador”.

Situación de los pueblos indios

En La Montaña y la Costa Chica se da un ambiente de hostigamiento, persecuciones y detenciones contra las poblaciones indígenas, primero, tras el levantamiento armado en Chiapas y después ante la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Las ONG señalan que “oficialmente se maneja que el Ejército está en Guerrero para combatir el narcotráfico y para aplicar la ley de armas de fuego y explosivos; sin embargo, es notorio el asedio a las comunidades donde existe la organización independiente”.

En febrero y marzo de 2002 en las comunidades tlapanecas de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, y Barranca Tecoani, en Ayutla, fueron violadas por miembros del Ejército las indígenas Valentina Rosendo Cantú de 17 años e Inés Fernández Ortega de 26 años.             A las dos las interrogaron sobre las personas que andan con los encapuchados y los que siembran amapola.

En el documento de afirma que estas violaciones “son actos cobardes que buscan provocar la reacción violenta de las poblaciones indígenas para reprimirlos y desmovilizarlos”.

Conflictos agrarios

Dicen las ONG que preocupa hondamente los conflictos agrarios y políticos que enfrentan los pueblos indígenas desde hace décadas y que las autoridades estatales y municipales no han querido resolver.

“Existen casos donde las partes en conflicto, al no encontrar una adecuada interlocución con las autoridades y al constatar que no hay seguimiento a los acuerdos firmados, emprenden acciones unilaterales para imponer su postura y forzar una negociación que sólo los coloca en el filo de la navaja. Los conflictos agrarios de Zapotitlán Tablas con Acatepec; Xitopontla, municipio de Olinalá, con ganaderos de la misma cabecera municipal; Amatlicha con otros ganaderos de Olinalá; Alcatlatzala con Cuatzoquitengo, municipio de Malinaltepec; Arroyo San Pedro con Tilapa, del mismo municipio, son casos que requieren un tratamiento integral donde las autoridades deben entender que existen agravios muy profundos que tienen la obligación de reparar para poder entrar a una etapa blanda de diálogo y reconciliación”.

En el informe señalan que los defensores de derechos humanos no tienen ninguna garantía para su trabajo, lo que se puso en evidencia con el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Menciona las amenazas de muerte que han recibido Abel Barrera Hernández y el hostigamiento del Ejército a la directora de La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete Gorjón.