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Entregan a Zeferino recomendaciones de la ONU para blindar programas sociales


Teresa de la Cruz Chilpancingo

Debido a que Guerrero es uno de los estados que maneja ocho de los principales programas federales de asistencia social a los que se destinan dos tercios del presupuesto para ese rubro, integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregaron al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo recomendaciones y exhortos para reforzar el blindaje de esos programas para que en la elección del 2 de julio haya menos irregularidades.
En ese encuentro, Torreblanca se comprometió a cumplir de “manera estricta” con las medidas que fijó el Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales Federales y que dieron a conocer en la ciudad de México el 15 de marzo. También fue nombrado como enlace, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
En caso de que el gobierno del estado incumpla, la sanción no será más que un “exhorto público”, porque la ONU no tiene facultad para castigar a las entidades federativas de un país.
Aunque en su convocatoria la Dirección de Comunicación Social indicó que la reunión sería abierta, esto no ocurrió así. El argumento tuvo que ver con la protesta que afuera del salón Vicente Guerrero hicieron profesores de la CETEG disidente.
Durante la conferencia que ofrecieron únicamente los comisionados del Alto Consejo, en el salón Ignacio Manuel Altamirano, el secretario Ejecutivo, Alejandro Grispun dijo que presentaron al gobernador los alcances y objetivos del proyecto Protección de los Programas Sociales Federales, que empezó a diseñar el PNUD en diciembre de 2005, a solicitud del gobierno federal.
En compañía del comisionado del proyecto, David Gómez Álvarez; del asesor, Alfonso Celestino y de la asistente, Stephanie Black, indicó que la propuesta es para “contribuir a reforzar los mecanismos institucionales y los candados con que ya cuenta México para proteger los programas sociales federales en el contexto de estas elecciones que se avizoran como competidas”.
Afirmó que el plan “es para inhibir o desalentar las irregularidades o delitos electorales con el uso de los recursos de los programas sociales”.
Señaló que a diferencia de la observación electoral tradicional, el proyecto “no se centra en la jornada electoral, sino en lo que ocurre antes de la jornada, en aquello que tiene que ver con la gestión de recursos públicos y con la posibilidad de que los utilicen para coaccionar el voto del ciudadano, es una iniciativa pionera, no sólo en México sino en el mundo”.
Grispun dijo que la manipulación del voto ocurre en todas las regiones del mundo, “sin embargo que yo sepa, este es el único país en el que esto (el proyecto) está en la agenda pública, el buscar mecanismos y hacer acciones que blinden los programas, generar conciencia, informar a la ciudadanía que los programas son públicos, ajenos a cualquier partido político”.
Informó que entregaron a Torreblanca un Diagnóstico sobre la Vulnerabilidad Político-Electoral de los Programas Sociales Federales, en el que exponen un análisis de los programas sociales federales que tiene asignados aproximadamente dos tercios de los recursos presupuestados para ese rubro en este año.
Junto a esos datos, según Grispun entregaron a Torreblanca “un conjunto de 10 recomendaciones y seis exhortos, emitidos por un alto consejo de ciudadanos mexicanos, que avalaron los partidos políticos”.
Dijo que Guerrero es el estado número 11 que visitan y que su propósito es “poner el tema del proyecto en la agenda, explicar porqué la ONU está interesada en el blindaje de los programas sociales”.
Mencionó que un segundo punto es “conocer las acciones que están haciendo los gobiernos estatales y municipales, y convocar a todos los actores a que sumen voluntades para hacer posible que el 2 de julio, México viva una jornada electoral ejemplar”.
Como parte del diagnóstico, abundó que Guerrero es una de las entidades “más pobres en el contexto mexicano, es un estado que cuenta con una fuerte presencia de programas sociales federales”. Dijo que son ocho programas: Oportunidades, PIBAI, Seguro Popular, Procampo, Hábitat que representan dos tercios de los recursos presupuestados para 2006.
Negó que en ese análisis hayan encontrado focos rojos, porque dijo que es una evaluación de los programas sociales más grandes para encontrar vulnerabilidades que pudieran mandar una señal de alerta, “por eso las recomendaciones de establecer mecanismos o fortalecer los candados necesarios para proteger los programas, allí donde son más débiles”.
El comisionado dijo que luego de la reunión con el gobernador y parte de su gabinete, Torreblanca ofreció “el apego absoluto e incondicional a la legalidad, suscribió de manera enfática también a las iniciativas de la ONU y se comprometió a cumplir de manera estricta con las recomendaciones emitidas por el alto consejo”.
A pregunta expresa sobre qué garantía dio Torreblanca en el entendido de que generalmente minimiza las recomendaciones o exhortos que le hacen ONG, otro de los comisionados del proyecto, David Gómez dijo: “Sólo acordamos dar seguimiento, vamos a tener comunicación constante con el gabinete social, para conocer los avances tanto en la protección de programas sociales federales en el ámbito de operación estatal. Como también de programas estatales, como el de Fertilizante, Pensión Guerrero, Becas, y ver qué iniciativas tienen”.
Agregó: “Vamos a tratar de verificar en qué medida se cumplen las recomendaciones, en tanto que (el gobernador) hizo suyas las recomendaciones y se comprometió a cumplirlas en esa medida vamos a verificar el grado de cumplimiento”.
Anunció que en junio informarán los estados que cumplieron y cuáles no, pero negó que vayan a aplicar algún castigo, “la sanción será pública, por parte de la opinión pública”.
Las recomendaciones
De las recomendaciones, Alejandro Grispun dijo que las autoridades deben abundar en su compromiso con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas.
Otra es acerca del fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos locales de blindaje y una última se refiere a que deben presentar públicamente y de forma accesible los informes trimestrales sobre el gasto social federal.
Asimismo, dijo que se exhorta al cumplimiento del acuerdo de Consejo General del IFE, el cual dispone que las autoridades no deben hacer campañas publicitarias de sus programas 40 días antes de la jornada electoral, y el segundo señala que los programas de desarrollo social deben tener una leyenda que los deslinde de cualquier partido político.
Advirtió que “a menos que haya una ciudadanía alerta, dispuesta a vigilar que los programas y dispuesta a denunciar, no va a haber blindaje que pueda funcionar de una manera óptima”.
Sin embargo, pidió a los medios de comunicación a que no “sobredimensionen algunas cosas que pueden contribuir a calentar el clima político, el ambiente, en un momento en el cual ya está suficientemente caliente. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, hay que estar alerta y hay que cumplir con el papel de fiscalizador que cumplen”.
A la reunión acudieron también la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Pitter y el de Salud, Luis Barrera Ríos

En la antesala de Zeferino, piden disidentes de la CETEG audiencia con González de la Vega



Teresa de la Cruz Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la CETEG protestaron ayer en la antesala de la oficina del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, en demanda una audiencia con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, para conocer la respuesta a su pliego petitorio, que entregaron al secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, el año pasado.
Ahí, advirtieron que si no son atendidos por el funcionario estatal, comenzarían una serie de movilizaciones, para “sentarlo a través de la lucha” e incluso adelantaron que acudirían a todos sus actos públicos para “boicotearlos”.
Cerca del medio día de este jueves, tras burlar los filtros de seguridad del Palacio de Gobierno unos 50 cetegistas arribaron uno a uno a la Secretaría General de Gobierno, pero ante la noticia de que en el salón Vicente Guerrero ubicado a un costado de la oficina de Torreblanca se encontraba éste y González de la Vega en una reunión del gabinete social, con comisionados de la ONU, decidieron trasladarse a ese lugar.
Frente a la puerta de ese local que era vigilada por unos cuatro escoltas del gobernador, los cetegistas encabezados por su dirigente estatal, Nicolás Chávez Adame, comenzaron a vociferar consignas que decían: ¡De la Vega Otero vete de Guerrero!.
En entrevista con reporteros, Nicolás Chávez justificó esa manifestación, argumentando que el titular de la SEG se ha negado a otorgarles una audiencia, pues dijo que “tal pareciera que es un funcionario que tiene sus predilectos, él destaca públicamente que con el único que va a trabajar de manera oficial es con (el dirigente de la sección 14 del SNTE) José Natividad Calixto Díaz, a sabiendas de que este personaje, ha incurrido en anomalías y malos manejos”.
“Nos parece trascendental que hoy los maestros de Guerrero tengan que perseguir a los funcionarios para que nos atiendan. Además hay dos asesores del secretario de Educación que nos han cerrado el paso, Jorge Soto Mayor y Silvia Ojeda; por eso vemos que la voluntad política se ha reducido sólo a comentarios”, indicó.
Señaló que en la reunión con González de la Vega estarían pidiendo una respuesta a su pliego petitorio que entregaron a Chavarría el año pasado, “exigimos la legislación de los 90 días de aguinaldo, la renivelación salarial en los municipios que son más marginados, y pasar a una auditoría del Plan de Previsión Social (PPS), así como la minuta del movimiento de los Cendis que no nos han entregado y una solución al caso del (Centro de Recreación, Ciencia y Cultura) Circyc en donde hay una funcionaria corrupta, Ángela Memije”.
Unos 15 minutos después de una lluvia de consignas, Jorge Sotomayor y Silvia Ojeda ofrecieron a los cetegistas una mesa de diálogo; aunque uno de los inconformes gritó, “si va a haber una solución nos sentamos, si no ni madres”.
Nicolás Chávez dijo a los asesores de González de la Vega: “Aceptamos, si hay capacidad resolutiva de parte de ustedes, y si hay una posibilidad porque ya nosotros hemos exigido muchas veces sentarnos con el secretario y el secretario se ha negado, que hoy al menos se saque una agenda para cuando nos va a recibir, y si es posible, pues que se integre a la mesa después de que acabe la reunión que tiene ahorita”.
Ante los comentarios del dirigente cetegista, Silvia Ojeda con un visible enojo y a regañadientes, contestó que no se les ha negado ninguna audiencia con el secretario, “que quede clara una cosa Nicolás, las veces que nos han buscado nos han encontrado, la última vez…queremos ser muy claros y vamos a sentarnos…hemos resuelto aunque digan que no”.

Divide opiniones la carta a Zeferino contra la invasión del anfiteatro de Zihuatanejo



Brenda Escobar Zihuatanejo

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Zihuatanejo (Canaco-Servytur), José Ramón Muñoz Gutiérrez, dijo ayer aquí que “no se vale que los líderes estén engañando a la gente y que éstos se estén sintiendo como propietarios de algo que le pertenece a todo José Azueta”.
Este jueves se publicó en la edición del El Sur una carta abierta dirigida al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, donde representantes de organizaciones sociales de este puerto, se quejaron de los daños ecológicos y a la salud, además del peligro de deslaves y desprendimientos de suelo provocado por los asentamientos irregulares.
A ese respecto, el director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), Albert Vázquez Rosas, se congratuló de que “haya este tipo de expresiones”, en tanto que, el dirigente regional de la Unión Campesina Democrática (UCD), Bernardo Solís Radilla, quien apoya a los dirigentes de las 45 colonias precaristas, sostuvo que “también debieron quejarse de los desarrollos turísticos que están alrededor de Zihuatanejo”.
En entrevista, Muñoz Gutiérrez aseguró que la carta abierta no fue publicada a modo de inconformidad, “sino que usted y yo sabemos que la ley es la ley y lo que no se vale es que muchos líderes estén negociando esto como si fuera algo de su propiedad y no es propiedad de ellos, sino es propiedad de todo José Azueta”.
Aseguró que la carta “es más explícita sobre cuál es nuestra postura, no estamos en contra de nadie, sino a favor de que nos apeguemos a la ley y que se respete a la gente y que tengamos presente que de seguir así, en lo futuro se puede dar una desgracia como lo fue el huracán Paulina para los acapulqueños, porque estamos deforestando nuestra parte ecológica”.
“Lo que pedimos es que si hay necesidad de dar terrenos, pero que ni siquiera ahí (arriba de los cerros) sino en un espacio con un desarrollo bien planeado, porque llevarles los servicios y todo lo que implicaría hacerle a ellos (las colonias precaristas) son millones de pesos que hay que invertir y la pregunta es de dónde van a salir”.
El comerciante dijo que tiene entendido que “los líderes no quieren ni siquiera pagar el terreno (…) le digo, nuestra postura tratamos de plasmarla en la carta y donde consideramos que no se vale que por primera vez tenemos a alguien en el Fibazi (Albert Vázquez Rosas, el director de ese organismo, de quien los 45 dirigentes de los precaristas exigen su destitución) que está queriendo hacer bien las cosas y llega gente que quiere pedir su cabeza, cuando realmente uno dice, “a ver, ¿por estar haciendo bien las cosas?, entonces de qué se trata”.
–Ustedes tocaron el tema del daño ecológico, la deforestación y el daño al suelo, pero en los cerros del Vigía, del Almacén e incluso del Riscal, los desarrolladores turísticos impactaron toda esa área que también estaba catalogada como de reserva ecológica, ¿por qué no lo resaltaron en su carta abierta?
–Esto va a en general, aquí estamos siendo muy precisos, que nos apeguemos a la ley; si en esa parte se salieron de la ley, pues adelante, nosotros no estamos defendiendo ninguna bandera, esto no es político, esto no es buscar alguna posición de alzar la voz en planes protagónicos, o sea, si en un momento dado esas zonas tienen las mismas circunstancias, pues igual, como en los ejidos que se empiezan a dar invasiones muy severas.
“Nuestra postura no es defender a nadie, sino es ponernos en una postura de respeto a la ley y en nuestra carta estamos siendo muy claros (…) esto no es una defensa hacia el director del Fibazi que se pudiera interpretar como que estamos siendo maiceados y si por algo nos distinguimos las personas que firmamos la carta es que nunca nos vamos a dejar maicear porque tenemos nuestra forma de vivir reconocida a nivel local”.
Consultado al respecto, el director del Fibazi Albert Vázquez Rosas se congratuló por la publicación, “se me hace algo muy bueno, que los grupos sociales se manifiesten; efectivamente, leí la carta y es importante que todo el mundo se manifieste y puedan dejar sentir su opinión”.
“Es algo que yo comparto con ellos, de alguna manera tiene razón en el sentido de que las cosas tienen que hacerse de manera correcta hasta donde sea posible, porque también es cierto que hay muchas cosas que ya se hicieron, bien o mal, pero ya se hicieron y lo que nos ocuparía en estos momentos es trabajar”, indicó.
Vázquez reiteró: “me parece bueno que este tipo de opiniones a uno le vayan dando la directriz de qué se pudo haber hecho bien y qué se pudo haber hecho mal, sobre todo, corregir el rumbo de lo que se pueda corregir”.
–El dirigente de la Canaco, José Ramón Muñoz lo defendió mucho en una entrevista, ¿usted pudo haberlos inducido a que publicaran ese documento?, –se le preguntó.
–No, en ningún momento; yo leí la carta abierta y no veo en ningún momento que se dirijan en términos hacia alguna persona con nombre y apellidos; yo creo que lo que comentan es la labor que la institución ha estado haciendo o lo que ha dejado de hacer en su momento; que circunstancialmente soy yo el que está en este momento (como director) eso pudiera también ser en perjuicio, como los reclamos que hay de los representantes.
–¿A qué atribuye a que estas organizaciones no criticaron la afectación ambiental que provocan los desarrollos turísticos que se construyen en el cerro del Vigía y del Almacén?
–Eso sí lo tendría que ver usted con ellos, porque es un problema tan complejo que se ha generado en el fideicomiso en los últimos años, que como vi en la carta, ellos quieren abreviar parte de los problemas que quieren hacerle saber al gobernador.
Por su parte, el representante regional de la UCD, Bernardo Solís, dijo que la carta abierta estuvo redactada de manera incongruente, “porque quienes la firman sólo regresaron a ver a los cerros donde están los asentamientos irregulares, pero no a los cerros del Vigía y del Almacén, así como el cerro del Riscal, donde también los desarrolladores turísticos y el mismo Fibazi tumbaron muchos árboles y abrieron calles, ahí sí no vieron el daño ecológico”.
Solís aseguró que los asentamientos irregulares no provocan la contaminación que los empresarios, hoteleros y restauranteros señalan, “sí se produce basura, pero las aguas residuales que son descargadas a la bahía y la contaminan salen de los drenajes y los colonos no pueden tener este servicio porque no lo hay en las colonias y en vez de drenaje la mayoría tienen fosas sépticas, esos desechos no llegan al mar”.
“Esos cabrones deben de mirar para todos los cerros que rodean Zihuatanejo, no nada más para donde están los compañeros en situación irregular, eso no se vale, debieron de haber criticado parejo, para el cerro del Vigía, el de Contramar y el cerro del Riscal, ahí también los ricos derribaron el montón de árboles que estaban en zona ecológica, de eso no dijeron nada”, destacó.
“Nosotros entendemos que se debe desarrollar por la cuestión turística, pero no de esa manera, incluso los integrantes de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), lo han señalado hasta el cansancio, que esos desarrollos turísticos han afectado también a la ecología”.
El dirigente campesino sostuvo que “cuando son los ricos los que hacen daño al medio ambiente no dicen nada, pero cuando se trata de los pobres que demandan una vivienda digna, que quieren vivir como la gente, entonces todo el mundo respinga”.

Confirma el gobernador que la SIEDO decomisó la lancha con droga en Mimosa


Magdalena Cisneros y Jorge Nava

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo confirmó el decomiso el jueves de una lancha con droga, una arma y una residencia en la playa Mimosa, en Acapulco, por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), pero aclaró que no tenía más detalles.
En declaraciones a reporteros este viernes, después de la ceremonia para abanderar a jóvenes que terminaron su servicio militar, Torreblanca Galindo explicó que la operación se ordenó desde la ciudad de México, con apoyo del Ejército Mexicano: “Se hace por medio de la SIEDO, que es la que regularmente opera, y por razones obvias ni siquiera dan información cuando ya lo están ejecutando”.
“De manera extraoficial”, precisó que además de la casa y el yate, se aseguraron un arma y documentos pero que no hubo personas detenidas, La operación inició el jueves por la mañana, cuando soldados cercaron una casa ubicada cerca de la Curva del Capitán, rumbo a Pie de la Cuesta.
Hermetismo del Ejército
En la Novena Región Militar se mantuvo el hermetismo sobre el caso, aunque según algunas fuentes las investigaciones estan a cargo de la SIEDO.
Por su parte, el general Salvador Cienfugos Cepeda respondio que no sabía “nada” de la operación, en la que –según vecinos de La Mimosa– 50 soldados del 56 Batallón de Infantería confiscaron una lancha con droga o combustible; incluso hubo otras versiones sobre una residencia cateada.
Cuando se le preguntó sobre el tema de la seguridad en el estado, el general cortó la entrevista y sólo comentó que “ahí anda el encargado de seguridad estatal, yo soy Ejército, no policía”, en referencia al gobernador.
Cienfuegos Cepeda también fue entrevistado durante la ceremonia de jura de bandera del Servicio Militar Nacional. El jefe castrense informó que esa institución mantendrá sus operaciones de combate contra el narcotráfico, “como siempre lo hemos hecho, destruyendo siembras de drogas, interceptando la droga que se traslade por el estado y las armas; esa es nuestra función desde hace muchos años, ahorita, y lo vamos a seguir haciendo seguramente”.
Aseguró que son buenos los resultados del combate contra el narcotráfico, de acuerdo con la primera evaluación del programa México Seguro, el lunes: “Lo leí en el periódico también, ahí estaban los informes que dimos diversas autoridades. Me parece que es algo que hay que resaltar”.
Al preguntarle cómo califica el informe, en el que se dijo que México Seguro ha decomisado una arma, dos mil kilos de droga y 53 detenidos, dijo que “muy bien, lo que pasa es que es mucha información y a lo mejor no se digiere fácilmente, pero si analizan pueden sacar conclusiones”.
Por útlimo, una de las fuentes consultadas explicó que en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) se desconocía del cateo, y si hubo detenidos o se decomisó droga.

Desairan periodistas conferencia de Zeferino; yo también tengo libertades, dice



Teresa de la Cruz Chilpancingo

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la mayoría de los reporteros de la fuente desairaron anoche el acto en que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo inauguró el Centro Estatal de Atención a Niños y Niñas en Estado de Vulnerabilidad, así como la conferencia de prensa que éste ofreció al término de la ceremonia.
La protesta de los comunicadores de esta capital es a propósito de las constantes expresiones despectivas de Torreblanca hacia su trabajo en las las ruedas de prensa y porque da respuesta sólo a las preguntas que quiere.
A pregunta expresa Torreblanca afirmó que para él no había tal desatención de los reporteros e indicó que “aquí veo a gente que me parece importante, que me están cuestionando”.
El gobernador tampoco respondió a la pregunta de por qué ordenó que se suspendiera la publicación de la publicidad gubernamental en este periódico e igualmente se negó a opinar acerca del desplegado que aparece en la edición del viernes 28 de este rotativo, en el cual 22 senadores de la República consideran que es violatorio de la libertad de prensa usar la publicidad gubernamental como arma de presión para que El Sur cambie su línea editorial. “De esto último no tengo ningún comentario que hacer”, expresó Torreblanca.
En la conferencia de prensa el gobernador dijo que tuvo conocimiento de la marcha que efectuaron por la mañana integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en protesta por sus políticas en materia de comunicación social; afirmó que eso es “bueno porque quiere decir que en este estado se garantiza la libertad de tránsito y la libertad de opinión”.
Abundó: “La libertad de expresión no solamente se da en los medios de comunicación, hoy en la democracia y en la libertad democrática también los actores políticos tenemos derecho a nuestras libertades. Y mi libertad termina donde empieza la libertad del de enfrente y la libertad de expresión se garantiza en los medios, a los comunicadores, pero también se le debe garantizar al gobierno en opiniones, siempre y cuando no haya insultos, falta de respeto”.
Ante unos 10 reporteros –incluyendo los que laboran en la Dirección de Comunicación Social–, el gobernador precisó que además “tenemos derecho a no coincidir y a manifestar nuestros puntos de vista, manifiesto invariablemente mi respeto a los medios de comunicación, lo saben”.
En respuesta a otro reportero que preguntó acerca de la queja de esa agrupación sindical, de que se ha negado a otorgarles una audiencia para conocer directamente los motivos que influyeron en su decisión de quitarles las oficinas y demás servicios que les proveían los anteriores gobiernos, Torreblanca respondió: “Los mando a respetar y saludar, pero entonces quiere decir que cuando el gobierno pagaba la renta del sindicato hablaban bien de él y hoy que no se les paga van a hablar mal de él”.
Señaló de igual modo que va a “seguir respetando su libertad de acción y de manifestarse e inclusive a veces me piden tolerancia y yo lo mismo le pediría a mis compañeros de la prensa. Yo diría que diéramos el debate de altura, que discutiéramos en las ideas, pero que no cayéramos en los insultos”.
“Yo no le he faltado el respeto a los medios de comunicación, ni se los voy a faltar y simple y sencillamente en lo que no coincida se los voy a decir, ya no está la costumbre de que no le digas nada a un medio de comunicación y a un comunicador, ni hay que tocarlos –como dice por ahí un candidato– ni con el pétalo de una rosa. Yo los respeto mucho, los apreció mucho, valoro mucho sus críticas, pero finalmente yo también voy a ejercer mi derecho con respeto de manifestar mis coincidencias y divergencias”, dijo.
“Se me acabó el plazo que pedí”: Torreblanca
Minutos antes, Torreblanca inauguró el Centro Estatal de Atención a Niños y Niñas en Estado de Vulnerabilidad, que se ubica a dos cuadras de las oficinas del PRI estatal. La inversión de esa casa que albergará a 40 menores, es de 7.5 millones de pesos.
Durante su discurso, aseguró que este año se le acabó el plazo que pidió a los ciudadanos para comenzar a demostrar sus acciones; abundó que será hasta después de las elecciones federales, cuando empiece a “entregar” las obras que está construyendo su gobierno. Torreblanca adelantó que “intensificará” sus giras y visitas a las distintas regiones.
Volvió a hablar de que ha hecho algunos “ahorros” en su administración, especificó que uno de ellos tiene que ver con los teléfonos. Dijo que el monto es de “un millón de pesos mensuales”.
“Nada ni nadie nos va a detener, esperamos la crítica constructiva, esperamos las acciones que nos señalen lo errores, los admitiremos con humildad, pero también seremos incansables en nuestra misión de sentar la bases de un gobierno distinto”, afirmó.

Marchan reporteros capitalinos; piden a Zeferino que gobierne con transparencia



Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Reporteros de esta capital así como dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), y el luchador social Pablo Sandoval Cruz marcharon y realizaron ayer un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo donde exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo un ejercicio transparente de la función pública y criticaron la incompetencia de su gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores de los medios de comunicación ante la situación de violencia provocada por la disputa entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
La movilización de reporteros fue convocada por la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Expresión que decretó la ONU, y el secretario general de esta agrupación, Pedro Arzeta García se refirió a los ataques verbales que lanzó el Ejecutivo en la ceremonia de su primer informe de labores en la sede del Poder Legislativo.
Dijo que la crítica hacia los reporteros y por el trabajo que realizan de manera cotidiana es bienvenida, pero la diatriba de Torreblanca Galindo “por estar viciada de origen es inaceptable”.
Mencionó que Torreblanca habló sobre un círculo de corrupción que se generó en la pasada administración y de manera incongruente mantiene al responsable de crear esa relación perversa entre directores, reporteros y columnistas con las autoridades estatales; es decir, el todavía director de Comunicación Social, Cesar Bajos Valverde, señaló.
Por su parte, el luchador social Pablo Sandoval aseguró que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo “no tiene la mínima característica de un gobierno de izquierda democrática, porque se ha alejado de la sociedad”.
Antes, cerca de medio centenar de reporteros de esta capital, así como integrantes de la dirigencia del STAUAG como Martín Ortiz Valle, partieron en marcha de la plaza de la Libertad de Expresión hacia la sede del Poder Ejecutivo, al pasar frente a la sede del Poder Legislativo los manifestantes con consignas demandaron a los diputados locales que pidan informes a Torreblanca sobre el gasto en materia de comunicación social.
Luego, en la entrada principal del edificio del gobierno del estado, el dirigente de la delegación Arzeta criticó la falta de transparencia de los convenios de publicidad y la falta de una política clara de medios que en lugar de cerrar espacios que son usados por la sociedad, se enfoque en garantizar el acceso a la información y transparentar la función pública como parte de una visión de gobierno democrático.
Demandó a Torreblanca seguridad para el trabajo de los reporteros y respeto al ejercicio periodístico ante este clima de “inestabilidad, zozobra y violencia” que impera en la entidad.
Señaló que es grave que las autoridades estatales no se ocupen de la narcoviolencia que se vive en la entidad, “nos preocupa que podamos llegar a la misma situación que los compañeros reporteros de los estados de Sinaloa y Tamaulipas, que se autocensuran ante la falta de seguridad y por temor a ser víctimas de la delincuencia organizada”, indicó.
Recordó que los crímenes de los directores de semanarios, Abel Bueno León y de Rafael Villafuerte aún no se han esclarecido y las actuales autoridades han mostrado interés en retomar estos casos que atentan contra la libertad de expresión y pretenden inhibir el ejercicio periodístico.
Asimismo, se hizo mención del caso de la desaparición forzada del también director del semanario Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, quien el próximo 22 de mayo cumplirá dos años de haber desaparecido por sujetos desconocidos.
Sobre este tema, la hermana de Aguilera Lucas, Ernestina Aguilera demandó a Torreblanca que instruya al procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia que investigue este caso y responsabilizó de la desaparición forzada de su hermano al ex gobernador, René Juárez Cisneros.

Frente a la delincuencia organizada “vamos lentos”: Zeferino Torreblanca



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo rechazó ayer aquí que el crimen organizado haya rebasado a las autoridades de Guerrero; indicó que lo “mismos se dan los granadazos en Baja California que en Tamaulipas”.
Dijo: “en lugar de festinar o buscar lucrar en algunos casos con el tema de la inseguridad, el llamado respetuoso a las fuerzas políticas y a los actores políticos y sociales es que encontremos alternativas juntos; el gobierno no rehúye su responsabilidad y que va a seguir de frente sin actitudes valientes, sino simplemente de inteligencia y de responsabilidad histórica de salvaguardar la seguridad de una sociedad que demanda eso”, indicó.
Aceptó que frente a la delincuencia organizada “vamos lentos, apenas hemos capacitado a 25 elementos en Veracruz, y tenemos que ir con mucho mayor velocidad, para que finalmente no caigan en las prácticas recurrentes de investigación a la vieja usanza”.
Insistió en que en lugar de “verle el negrito en el arroz al México Seguro, se debería destacar los resultados del programa, y repito, pero cuando alguien se decide hasta en los países más seguros como en Suecia, donde mataron a su primer ministro (en 1989), Olof Palme”.
Torreblanca dijo sin precisar fecha que en una próxima sesión del grupo Coordinación Guerrero, evaluarán cuántos agentes de la Policías Federal Preventiva (PFP) se requieren para reforzar la seguridad en la entidad a través de “células mixtas” y cuántos de éstos podría proporcionar la federación.
Dijo que por el momento está conciente de que no puede hablar de una cantidad en específico, puesto que “el problema de la delincuencia organizada no sólo se presenta en Guerrero, sino en diferentes partes de la República Mexicana; lamentablemente lo mismo demanda Baja California, Tamaulipas, lo mismo para casos como el de Lázaro Cárdenas o como el que hoy vimos está tarde en la zona de Texcoco, en la ciudad de México”, en relación al enfrentamiento entre policías y comuneros de San Salvador Atenco.
El gobernador reveló que se acordó en el grupo Coordinación Guerrero que los nuevos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), pasen “a través del tamiz que tiene la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal”.
Sobre si se está viviendo en Guerrero la peor etapa de inseguridad, Torreblanca contestó que los acontecimientos violentos que han ocurrido “es que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales; están bien focalizados, en acciones de esta naturaleza, son acciones que tiene que ver con consumo, con tránsito y con la organización delictuosas, en lo que se refiere a estupefacientes, en lo que se refiere al consumo, en lo que se refiere al narcomenudeo”, insistió.
Dijo que no por eso dejan de ser preocupantes, “le preocupan a mi gobierno, se ocupa y por eso estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para generar mejores policías; y no es para presumirlos, que los últimos enfrentamientos que se dieron en Tecpan, que se dieron en Vallecitos (de Zaragoza) y que se dieron aquí en Chilpancingo que culminó en el vecino municipio de Eduardio Neri, es el resultado de la presencia de los cuerpos de seguridad en el estado”.
Recordó que los “granadazos” ya venían ocurriendo desde la administración anterior “pero que se han venido agudizando en la medida en que grupos delincuenciales están peleando las plazas de narcomenudeo, que se ha convertido en una guerra de espacios, en una guerra de los pequeños espacios del narcomenudeo, que lamentablemente sigue creciendo el consumo con cifras alarmantes y con cifras que nos deben de preocupar al gobierno y a la sociedad”.
Insistió en que no comparte la idea de que el Ejército mexicano “deba de hacer labores policiacas”, porque “le toca salvaguardar la soberanía del Estado”.
A pregunta de un reportero, sobre la petición del candidato a senador por el PRD, David Jiménez Rumbo de tener protección para los candidatos ante el clima de inseguridad que prevalece en la entidad, Torreblanca contestó que “debemos de reforzar la seguridad de todos y ojalá y pudiéramos evitar que inclusive el gobernador tuviera seguridad y que los funcionarios no tuviéramos seguridad y que llegáramos al ideal de que pudieran transitar libremente y que no tuviéramos que requerir de trato especial y privilegiar a los candidatos”.
Dijo que espera que sea la sociedad quien actúe como una “especie de blindaje o escudo para todos los candidatos y candidatas que aspiran a puestos de elección popular”.

Canaco: Zeferino “ha perdido el piso” pues no permite que llegue el Ejército al puerto



Xavier Rosado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco, Abelardo Luna David, expuso que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “ha perdido el piso” al no escuchar el reclamo de los ciudadanos y no permitir que se refuerce la vigilancia en el puerto y otros destinos de Guerrero con la presencia del Ejército.
“Es preocupante que el gobernador suponga que tiene la facultad de ir en contra de lo que él mismo reconoce como el deseo de la mayoría”, declaró el empresario.
Destacó que aunque el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dice que no existe una psicosis en el puerto, ya se ven los estragos de la violencia con las bajas ventas en los negocios en los recientes periodos vacacionales.
“No sé en qué momento el gobernador perdió por completo el piso o la idea de lo que es su función. El debe responder a la voluntad de todos los ciudadanos del puerto y cuando él supone que a pesar de lo que estamos diciendo como sociedad civil él puede decidir, está absolutamente fuera de lugar, la obligación del gobernador no es ser un tirano, solamente es ser depositario de la voluntad de la sociedad civil”, criticó.
Indicó que como sociedad civil, así como gremio empresarial, el deseo generalizado es la tranquilidad. “Queremos que las autoridades respondan a las expectativas que tenemos de ellos, por supuesto que vamos a apoyar toda aquella medida que nos dé tranquilidad, que incremente las posibilidades de desarrollo, de trabajo pero sobre todo que nos proporcione una vida en paz”, detalló.
“Me preocupa sobremanera que el gobernador reconozca que no le interesa lo que dice la gente, que él va a actuar por su libre albedrío, no es cierto, el está para responder, constitucionalmente tiene la obligación de rendir cuentas. Deseamos que las cosas se den en un ámbito de tranquilidad, volver a vivir en un Acapulco donde no haya rencillas, ni este tipo de excesos, que se terminen de manera inmediata porque ya llevamos demasiado tiempo viviendo con la violencia”, finalizó.

Vecinos de Tixtlancingo piden apoyo al gobernador para liberar el acueducto



Teresa de la Cruz Chilpancingo

Habitantes de Coyuca de Benítez y Acapulco pidieron ayer al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo su intervención urgente ante sus vecinos de Tixtlancingo para que liberen el acueducto que mantienen bloqueado desde hace 15 días en protesta porque ambos ayuntamientos han incumplido con la construcción de dos carreteras que llegan a esa localidad.
Más tarde reprocharon al secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, que sin explicación haya cancelado la audiencia programada para ayer al mediodía.
De acuerdo con uno de los vecinos afectados, Luis García Solís, esa situación ha impedido que unos 10 mil usuarios no reciban el líquido.
Acompañado de unos 30 habitantes de Ocotillo y Platanillo, que pertenecen a Coyuca de Benítez, y de Texca, municipio de Acapulco, Luis García relató que el pasado 17 de abril, líderes y autoridades agrarias de Tixtlancingo “cortaron” el agua a unas ocho localidades de Coyuca y en otras cinco de Acapulco.
Explicó que tomaron esa decisión “para pedir al gobierno del Acapulco que les pavimente su carretera, ya que el camino de acceso a su comunidad es de terraceria y dicen que había un acuerdo de más de 60 años que refiere de que a cambio del agua que recibiría Acapulco éste iba a pavimentar el camino”.
Detalló que ya han sostenido reuniones con el acalde Félix Salgado Macedonio a quien han planteado el “desesperante” problema de abastecimiento de agua que padecen “sin embargo, la comunidad (Tixtlancingo) dice que hasta en tanto no vea la obra que se inicie, no van a soltar el agua”.
Otro de los afectados, Óscar Fragoso Sánchez precisó que son dos vías las que quienes que les pavimente, una que es de 18 kilómetros y la otra de nueve kilómetros, “pero pues hasta este momento no ha habido una respuesta de parte del gobierno del estado, esperemos que sea pronto, porque mucha gente esta siendo afectada. Aunque como suministra a la parte oriente de Acapulco, parece que al Ayuntamiento no le importa mucho”.

Zeferino: hay 5 mil millones de deuda y me dejaron el resto de las finanzas en quiebra



Israel Flores Ciudad Altamirano

El gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo asistió sorpresivamente a la ceremonia por el Día del Trabajo en esta ciudad y justificó su presencia diciendo que cambiará anualmente la sede de este acto para conocer los problemas de cada región.
En el desfile, en el que participaron apenas 800 trabajadores, anunció que su gobierno “no hará anuncios protagónicos acerca del salario, cuando tiene 5 mil millones de pesos de deuda, y cuando le dejaron el resto de las finanzas en quiebra”.
Asimismo, dijo que no aumentará el salario, “cuando existen más de 2 mil plazas en la SEG que no están cubiertas, porque me dejaron un estado maniatado”, aunque reconoció que el salario actual no cumple para cubrir los costos de vida de los guerrerenses.
Torreblanca pidió que los sindicatos hagan conciencia acerca del trabajo que hace su gobierno para sanear las finanzas públicas y anunció que “no seré metiche con el sindicalismo”, sino que lo respetará porque no busca las prácticas corporativas, sino acciones que salgan del análisis de cada trabajador.
Las protestas de profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de trabajadores de Salud, fueron las que más se escucharon durante la marcha; además, apoyaron a los 41 profesores a quienes desde hace tres años les descuentan un crédito de vivienda, pero todavía no les entregan las casas.
El ayuntamiento de Pungarabato informó que la asistencia del gobernador fue confirmada pasada la media noche del domingo, por lo cual algunos grupos de sindicalizados se trasladaron a Chilpancingo para participar en la marcha, sin saber que Torreblanca asistiría a esa ciudad de la Tierra Caliente.
Más de 800 trabajadores participaron en la marcha, del SNTE, telefonistas, sector salud, y del IMSS, quienes aprovecharon para pedir mejores prestaciones y condiciones laborales.