Édgar Contreras / Agencia Reforma

Ciudad de México

Hirving Lozano puede volver por la puerta grande a la Selección Mexicana.
A casi un año y medio de su último partido con el Tricolor, el Chucky tiene poca competencia por el extremo izquierdo.
De cara a los duelos contra Japón y Corea del Sur, el técnico Javier Aguirre prescindió de Julián Quiñones en la convocatoria, además de que perdió por lesión a César Huerta.
En realidad, de los 23 seleccionados restantes solo Alexis Vega domina esa zona.
El Chucky, de 30 años y con dos Mundiales a cuestas, tiene una carrera contra el tiempo para convencer de su valía al Vasco Aguirre.
El delantero del San Diego FC, de la MLS, no jugaba para el Tricolor desde aquel 24 de marzo de 2024 cuando públicamente criticó el planteamiento del técnico Jaime Lozano ya que, a su consideración, les costó la derrota contra Estados Unidos en la Final de la Concacaf Nations League.
Circularon versiones de que el futbolista exigía, además, ciertos privilegios en sus traslados desde Europa, en donde jugaba para el PSV Eindhoven.
Cuestionado al respecto, Javier Aguirre dijo desconocer esas situaciones y que en su proceso todos arrancaban de cero.
Esa es la principal ventaja para el “Chucky”, el arrancar de cero, aunque en su caso lo hace un año después del regreso del “Vasco” al banquillo.
Lozano aún ofrece explosividad por ese sector de la izquierda, además de la madurez futbolística y de la experiencia en Mundiales.
El naturalizado Quiñones no ha correspondido a la confianza del técnico del Tricolor, a diferencia de Huerta, que ha ganado créditos gracias a su ímpetu y desempeño.
Dos años y medio han pasado desde su último gol con la Selección Mexicana, el 26 de marzo de 2023 ante Jamaica en la Nations League.
El jugador inspira el cántico “el Chucky Lozano”, al estilo de la canción Seven Nation Army de la banda The White Stripes.
El futbolista que enloqueció a todo un país con su diana ante Alemania (en el Mundial de Rusia en 2018) ahora lucha por una plaza para la Copa del Mundo del 2026.

Competencia del Chucky

Mucho mérito tiene César Huerta, porque por su desempeño le cerró la boca a Javier Aguirre en la Selección Mexicana.
“Yo no quería a ‘Chino’ Huerta. No me gustaba, sus actitudes, su forma, y qué bueno que le hice caso a mi gente, todos lo querían, menos yo, y lo trajimos y ha sido un baluarte”, admitió alguna vez el Vasco.
Julián Quiñones

En noviembre de 2024, Javier Aguirre fue frontal con Julián Quiñones.
“Ya le decía yo que se quite presión, no es ninguna presión haber nacido en otro país. Creo que él se autopresiona mucho”, confesó el Vasco.
El delantero del Al-Qadisiyah tuvo escaso aporte en la pasada Copa Oro. Ahora, ni siquiera fue convocado.

Alexis Vega

El mejor jugador del torneo anterior, Alexis Vega, también fue determinante en la Copa Oro. El futbolista vive un segundo aire. La posición en la que mejor se desempeña es por el costado izquierdo, aunque con continuas diagonales hacia el centro, a diferencia de Hirving Lozano que sí gusta del desborde pegado a la banda.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde el próximo viernes visitará todos los estados del país, en un ejercicio de rendición de cuentas, luego de la presentación de su primer informe de gobierno.
En su conferencia de prensa matutina, la presidenta dijo que en promedio visitará tres estados por día para alcanzar a cubrir el territorio, pero no brindó mayor precisión sobre la fecha en la que acudiría a alguno de ellos para dicho informe.
“A partir de este viernes, voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, hacer un informe particular de la entidad, ahí le vamos a informar a la gente”.
Sheinbaum Pardo dijo que en la próxima gira de rendición de cuentas, estará acompañada de los mandatarios estatales y que informará sobre programas de Bienestar, obras públicas y nuevos proyectos para cada estado.
“Vamos a informar de los Programas de Bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado, en un esfuerzo de rendición de cuentas”. (Juan Luis Altami-rano / Ciudad de México).

Manuel Martínez Santamaría

Chicago

La ciudad de Chicago se prepara para un inminente despliegue militar en sus calles, tan pronto como el viernes próximo.
El alcalde Brandon Johnson firmó un memorándum en el que prohíbe a la policía de la ciudad hacer patrullajes con la Guardia Nacional y con los agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas, así como realizar otras actividades que tengan que ver con la aplicación de ley de inmigración.
Al firmar esta ley el alcalde Johnson enfatizó que los policías de la ciudad tienen prohibido usar máscaras y siempre deben usar sus cámaras corporales en sus actividades cotidianas y tener visible su identificación.
En sus palabras dijo: “no queremos ver tanques en nuestras calles, no queremos ver familias destrozadas, no queremos ver a madres y abuelas que sean arrojadas a la parte trasera de camionetas sin identificar, no queremos ver habitantes de Chicago sin hogar ser acosados o ser esparcidos por los agentes federales’’.
El gobernador del estado J.B Pritzquer, otro de los grandes defensores de las comunidades inmigrantes, no ha hecho declaraciones al respecto y se espera que en los próximos días se exprese sobre el problema y se manifieste sobre este asunto que aqueja a miles de residentes en el estado de Illinois.
Algunos de los dueños de pequeños negocios donde laboran trabajadores que no cuentan con sus documentos en regla, han señalado que están considerando cerrar por esos días para evitar que sus trabajadores sean detenidos por los agentes de la migra.
Platicamos con Sandy López, la dueña del restaurante El Taco inc., ubicado en las avenidas Austin y Ogden, en la comunidad de Cicero, un lugar establecido desde 1980, por el Sr. Carlos López y que ahora es administrado por dos de sus hijos.
“Contamos con seis trabajadores, todos son excelentes empleados y no tenemos la forma de protegerlos, más que dándoles descanso para que se recojan en sus hogares, algunos de ellos son originarios de Apetlanca, municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero y otros del Estado de México. Pero estamos considerando esa posibilidad, no podemos darnos el lujo de exponerlos con tal de ganar un centavo más, nos interesa que resuelvan su situación migratoria por el bien de ellos y sus familias”, señaló la Sra. López.
En diferentes regiones del estado ya hay movilizaciones en busca de proteger los intereses de los indocumentados. En la biblioteca West de Aurora, un suburbio ubicado al oeste de la ciudad de Chicago, se organizó un taller para informar a la comunidad sobre la importancia de prepararse con todo lo que sea posible para hacer frente a lo que se viene a partir del viernes próximo.
Ahí las personas recibieron asesoría de la clínica de ayuda legal North Suburban, en donde entre otras cosas se les informó a los asistentes de la importancia de contar con un poder legal donde el poderdante, explica mediante un documento legal sobre lo que debe hacer quien recibe ese poder o agente con temas tan relevantes como el cuidado de la familia y otros temas también muy importantes también como qué hacer con cuentas bancarias y con la atención de propiedades. Entrevistamos a José Luis Gutiérrez, un reconocido activista comunitario que participó en la organización del evento y nos dijo: “tuvimos la participación de unas 22 personas, en donde se les explicó claramente, en qué consiste un poder notarial y la importancia de contar con él, en donde se detalla lo que debe hacer el receptor de ese poder notarial en caso de que el poderdante sea arrestado, ahí hay una serie de asuntos que pueden ser protegidos como menores de edad, quién los debe de cuidar, con quién se deben quedar, qué hacer con las cuentas bancarias, qué acciones tomar con la casa, venderla, rentarla, refinanciarla, son temas que se cubrieron además de explicarles cómo reaccionar en caso de encontrarse con los agentes de la ley.
Las redadas tienen un gran impacto dentro de la comunidad tanto inmigrante como en la comunidad en general, según un reporte de la empresa televisiva NBC, hasta ahora el servicio de inmigración y aduanas ha arrestado a 59 mil 041 personas de las cuales solo el 29.7 eran criminales convictos, aunque el presidente Donald Trump afirma que las redadas se enfocan en indocumentados criminales.
De acuerdo con el “inmigración council”, el paquete económico aprobado recientemente por el gobierno federal dará al departamento de inmigración y aduanas de Estados Unidos, un presupuesto de 29 mil 900 millones de dólares solo para llevar a cabo los arrestos y deportaciones de indocumentados, cantidad sumamente abultada que serviría para construir hasta 2 mil escuelas primarias en todo el país.
Otra de las áreas que ha sido sumamente afectada es la construcción, donde según la Asociación de Contratistas de América, el 92 por ciento de ellos tiene dificultades para encontrar trabajadores capacitados para llevar a cabo sus actividades cotidianas e incluso más del 66 por ciento de proyectos a futuro han sido pospuestos, reducidos o cancelados para otro tiempo mejor.

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que en este mes iniciarán las obras para renovar una unidad de medicina en Arcelia.
Bartes Guadarrama también adelantó que dentro de las próximas inauguraciones programadas está la Clínica de Atención Geriátrica en Acapulco; además, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en Guerrero hay 35 casos registrados de sarampión.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director del ISSSTE mencionó que se tiene programado durante este mes el inicio de las obras para la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia.
Por su parte, Martí Batres comentó que en el listado de las próximas inauguraciones de unidades está la primera etapa de la Clínica de Atención Geriátrica en Acapulco, que en un principio sería un centro de hemodiálisis, pero se cambió el plan por la capacidad que tiene el hospital regional de Acapulco.
“Tenemos, entre las obras para inaugurarse, la Clínica de Atención Geriátrica de Acapulco, en su primera etapa. Aquí iba a ser en principio un centro de hemodiálisis, pero como el nuevo hospital regional de Acapulco tiene 50 unidades de hemodiálisis, entonces se está transformando en una clínica de atención geriátrica para atender diversos padecimientos de trabajadores o jubilados de la tercera edad”, dijo Batres Guadarrama.
El secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que en Guerrero se tiene el registro de 35 casos confirmados de sarampión, por lo que es el cuarto estado con mayor número de casos.
De los casos confirmados de sarampión por la Secretaría de Salud, todos se han identificado por medio de pruebas PCR, que el estado cuenta con una tasa de 0.94 casos por cada 100 mil habitantes y no hay registro de defunciones.
El secretario indicó que en el país hay un registro total de 4 mil 353 casos confirmados de sarampión y 17 defunciones, concentrados sobre todo en Chihuahua, donde son 4 mil 51 casos confirmados y 16 fallecimientos.
En tanto que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó sobre el avance de Rutas de la Salud y que del 19 al 30 de agosto se entregaron 11 mil 364 paquetes totales de medicamentos e insumos para la salud, con Guerrero con mil 262 kits en 925 centros de salud y 43 hospitales, una cobertura del cien por ciento.
“Para poder dimensionar la complejidad de esta operación logística quisiera mostrarle los estados con mayor número de unidades y paquetes o kits distribuidos. Son Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas. En estas entidades se concentró el mayor esfuerzo de organización y aun así la cobertura fue oportuna. Esto demuestra que la estrategia funciona, incluso en territorios con mucha dispersión territorial y alejados”, comentó.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la realidad que se vive en Guerrero, sobre todo en cuanto a homicidios dolosos, desapariciones de personas, desabasto de medicamentos y el mal estado de los caminos, dista mucho de que “vayamos bien”, como lo dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en su primer informe de labores.
“La percepción que hay entre la población, sobre todo entre las victimas de violencia es que las estadísticas oficiales no concuerdan con la realidad que se está viendo en las diferentes regiones del país”, refutó el director de Tlachinollan que ha dado seguimiento a la violencia en Guerrero.
La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró en su informe que los homicidios dolosos han disminuido un 25 por ciento y lo atribuyó al “despliegue de efectivos militares y de la Guardia Nacional, así como al trabajo de inteligencia”.
Barrera Hernández atajó que las cifras oficiales no concuerdan con la realidad porque mucha gente ha dejado de denunciar los homicidios, y añadió que el caso de Guerrero es ilustrativo porque la mayoría de los familiares de las personas asesinadas ya no permiten que hagan las diligencias para el levantamiento del cuerpo, “se los llevan (los cadáveres) y no ponen denuncia por temor a las represalias o porque no confían en la autoridad”.
Explicó que por ello en las cifras oficiales aparentemente hay menos homicidios, “pero la realidad es que hay menos denuncias y, por consiguiente, más impunidad y un rezago en las carpetas de investigación; hay una cifra gris de todo el proceso de investigación y registro real de los homicidios”.
Por ejemplo, indicó que en Guerrero se ha venido diciendo que han disminuido los homicidios, “pero en El Sur, en concreto, que lleva un registro del número de homicidios no se refleja esa disminución”.
El activista agregó que, a pesar de las cifras oficiales, la percepción general entre la población es de que hay una mayor inseguridad, “la gente no se siente segura en los caminos donde hay muchos asaltos y la población tiene cuidado de no viajar de noche”.
Barrera Hernández declaró que, en general, la población ha visto que los grupos del crimen organizado se han expandido y han creado una red de control territorial en el país y en el estado, “nunca como ahora se había ampliado esta red de grupos de la delincuencia en las ocho regiones”.
Denunció que, incluso, algunos grupos han logrado mayor incidencia en los gobiernos estatal y municipales para el control de la población y del comercio en todos sus giros.
“Eso es un indicador de que no se están atacando los delitos de alto impacto, ni a quienes cometen homicidios y someten a la población, ante eso el escenario no es nada halagüeño, al contrario, es un escenario resquebrajado por violencia y no hay un clima de paz como quisiéramos”.

Mal síntoma, que no tocara el tema de las desapariciones

Barrera Hernández declaró que, también, fue “muy sintomático” que la presidenta no haya hablado en su informe del problema de las desapariciones en el país, “que también es un tema muy sensible porque la gente está denunciando muchos casos”.
El defensor de derechos humanos opinó que el hecho de que no haya hecho una mención de las desapariciones es “un mal síntoma” porque se está relegando un tema crucial para los colectivos y los familiares de las víctimas que están en el terreno buscando a sus familiares y no son escuchados”.
Indicó que son ellos, los familiares de los desaparecidos, los que tienen los datos más precisos de la violencia por el número de los desaparecidos “y, lastimosamente, un gran número de los desaparecidos son asesinados y estas cifras tampoco aparecen en las listas oficiales de los homicidios”.
Reprochó que a pesar de que las desapariciones es un problema grave en el país, no fue un tema central para la presidenta “y eso preocupa porque la cifra se sigue incrementando”.

Desabasto de medicamento en hospitales

La presidenta de la República también dijo que existe un 90 por ciento de abasto de medicamentos, pero el director de Tlachinollan que trabaja con las comunidades indígenas de la Montaña, declaró que el dato no concuerda con lo que está pasando en los centros hospitalarios.
“Por lo menos en Tlapa, donde está el Hospital General y el del Niño y la Madre, así como centros de salud, el desabasto de medicamentos se mantiene como hace años o, por el contrario, la falta de medicinas va a la alta con el pretexto de que hay una transición al IMSS Bienestar”.
Barrera Hernández contó que con ese argumento la Secretaría de Salud dice que ya no tiene recursos y que es IMSS Bienestar el encargado de abastecer, pero esta dependencia dice que es el gobierno federal, “entonces es una triangulación para evadir la responsabilidad”.
Agregó que, además, en el nuevo hospital de Tlapa aún no se realizan estudios de laboratorio y el hospital todavía no tiene ni para otorgar la dieta de los pacientes y les piden a los familiares que compren ciertos alimentos para sus enfermos.
“Por eso, hablar del 90 por ciento de abasto de medicamentos creo que no es lo que aparece en la Montaña”.
El activista añadió que otra de las deficiencias en las que no se pude hablar de cifras alegres, es en el sector educativo, porque en los municipios de la región de la Montaña siguen sufriendo la falta de maestros, infraestructura educativa y equipo para una educación de calidad de los niños y jóvenes.

No hay inversión suficiente en caminos

Otro de los rubros en los que no se justifica lo informado por la presidenta es el relacionado con la construcción y conservación de caminos, en el que la presidenta habló de una inversión de cuatro mil 530 millones de pesos.
“En la Montaña, la principal demanda, aparte del tema educativo son los caminos”.
Abel Barrera reconoció como “un gran logro” pero por la presión de los pueblos, el inicio de la construcción del tramo de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, a Chilixtlahuaca, municipio de Metlatónoc.
Sin embargo, declaró que hay un deterioro “muy grande” de casi todas las carreteras de la Montaña, por ejemplo, dijo que la carretera de Tlapa a Metlatónoc, desde que se construyó hace mas de 20 años no ha tenido mantenimiento como lo han venido demandando los pueblos y ya se encuentra en malas condiciones.
Declaró que en la misma situación se encuentra la carretera de Tlapa a Chilapa, “que nunca ha quedado bien y ha estado en permanente reparación por los derrumbes”.
El activista declaró que cuando menos en la Montaña “no se ve inversión importante en cuanto a la conservación o construcción de carreteras y la mayoría de las carreteras que comunican a las cabeceras municipales están destrozadas”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El recién nombrado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, informó que en este segundo año de ejercicio legislativo se dará prioridad a emitir y legislar las leyes secundarias pendientes, derivadas de las reformas federales, entre ellas la del poder Judicial.
Carabias Icaza fue designado por el pleno del Congreso local como el presidente de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio legislativo, que va de este 1 de septiembre hasta la fecha pero del 2026, en sustitución del priista Jesús Parra García, quien condujo las sesiones el primer año de esta 64 Legislatura.
Vía telefónica, Carabias Icaza informó que para este segundo año, la prioridad será legislar las leyes y reglamentos secundarias de las reformas federales, como la del poder Judicial, la indígena, de Bienestar Animal y la de simplificación orgánica, que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaigro).
“Vienen temas importantes, el primer año de esta legislatura. El año pasado se aprobaron un cúmulo importante de reformas constitucionales, y algunas de ellas van a requerir de su reglamentación a través de su legislación secundaria, entonces habrá temas de gran calado”.
Agregó que tema principal a legislar será la reforma Judicial, ya que se preven cambios en varias legislaciones que tiene que estar listas antes de septiembre del 2026, fecha en que iniciará formalmente el proceso electoral del 2027 para elegir a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal como se aprobó en lo local.
“Un tema que es muy muy importante es la reforma judicial, se tiene que replantear toda la legislación que actualmente regula el funcionamiento del Poder Judicial (local), se tiene que replantear acorde a la reforma constitucional y ese será uno de los grandes temas que tocará resolver este segundo año de esta legislatura”.
“La consecuencia de las reformas constitucionales es desarrollar legislación secundaria nueva y en algunos otros casos hacer reformas y adiciones a las leyes vigentes, entonces las reformas constitucionales son solo el banderazo, el trabajo más importante viene después y muchas de esas reformas traen plazos, entonces nos lleva a pensar que este segundo año será de mucha actividad legislativa”.
Carabias Icaza indicó que como presidente buscará que las sesiones se desarrollen con orden, con cordialidad y “que prevalezcan condiciones de civilidad política, que haya mucho respeto, independientemente de las posturas que pueden ser distintas entre los diferentes grupos parlamentarios y garantizar que cada diputado y diputada ejerzan con plenitud todos los derechos y también obligaciones que se establecen en la Constitución”.
Sobre el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y su decisión de no acudir al Congreso local a emitir un mensaje a los diputados, Carabias Icaza consideró que está en su derecho, y que las comparecencias de los secretarios, en la glosa, ayudarán a conocer el estado de la administración estatal.

 

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Agremiados del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se manifesta-ron en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje contra la expulsión de dos integrantes del Comité Ejecutivo Central.
De acuerdo con los partici-pantes en la protesta en el edificio Vicente Guerrero, Carlos Alberto Ramírez Hernández, quien fungía como subsecretario de Trabajo y Conflictos de Salud, y José de la Cruz Gervacio, subsecretario de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias, fueron expulsados el pasado 12 y 13 de mayo, respectivamente, de manera verbal por la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, sin que se respetara el procedimiento correcto.
Ramírez y De la Cruz son de la sección 18 del SUSPEG, que encabeza la secretaria general María Adelita Radilla López, y que agrupa a maestros de educación básica de Chilpancingo, el Valle del Ocotito, Mochitlán, Quechultenango y Tierra Colorada.
Ayer agremiados de esa sección y de la 14 de maestros de Acapulco acudieron al edificio ubicado en la avenida Benito Juárez para respaldarlos, debido a que estaba programada una audiencia de su caso, pero no acudió ningún representante del comité.
De las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, unos 60 sindicalizados permanecieron en el acceso princi-pal, sin impedir el paso a las ofici-nas, mientras coreaban consignas como “secciones unidas, jamás serán vencidas” y “no están solos”.
Los manifestantes acusaron a la presidenta del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje, Miriam Cortés Cisneros, de estar en “complicidad” con el Comité Ejecutivo Central del SUSPEG, debido a que permitió que la audiencia se reprogramara para el 29 de septiembre y no facilitó el padrón ni los estatutos que solicitaron, bajo el argumento de que la única facultada para solicitarlos es Adela Hernández.
Juan Alberto Rodríguez Ren-dón, de la sección 14 del mismo SUSPEG, explicó que los manifestantes “estamos en defensa de los compañeros expulsados”, porque solicitaron por escrito, ante el comité y el tribunal el padrón electoral y los estatutos del sindicato, puesto que al parecer fueron modificados para incluir a los trabajadores supernumerarios, quienes al no contar con plaza no pueden participar en las elecciones.
“No podemos permitir que por la soberbia expulsen a dos compañeros, pero además que no expliquen por qué lo hicieron. Es sospechoso que fueron expulsados porque no asistieron al informe de labores de su secretaria general, la compañera Adelita Radilla, eso sospechamos”, puntualizó.
Indicó que la demanda de los agremiados que respaldan a los dos expulsados es que Carlos Ramírez y José de la Cruz sean reincorporados al comité y que no se permita que haya un “fraude electoral” en la próxima renovación de representantes del sindicato.
Puntualizó que, debido a que ningún miembro del comité se presentó a la audiencia, “nosotros sospechamos que hay un contubernio entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el sindicato”.
“Entendemos que tienen un abogado que les asesora, pero les asesora para hacer el mal y están intentando alargar este proceso, para que finalmente entremos en una desesperación y caigamos en el cansancio, porque cada audiencia significa dinero que nosotros no tenemos”, expresó.
Advirtió que las autoridades “nos están orillando” a manifestarse de manera radical, ya sea bloqueando vialidades o cerrando oficinas en la capital.
Resaltó que, antes de acudir al tribunal, los agremiados procedieron ante la Comisión de Vigilancia del Comité, “para solucionar el problema que tenemos”. También pidieron, por oficio, la renuncia del secretario de Finanzas, Javier del Carmen Velázquez Pat, quien aspira a la secretaría general del SUSPEG, “porque se presta a que está utilizando nuestros recursos, para hacer campaña desde hace dos años”.
Responsabilizó a Adela Hernández “de lo que pase en el SUSPEG en la próxima elección, porque están enturbiando esta parte, nos están provocando, nos están enfrentando, pero sólo guardan silencio”.
Ante la situación, llamó al gobierno estatal a intervenir, pues “no puede ser que un gobierno democrático como el que tenemos, no sólo en el estado sino también en el país, tengamos un sindicato que se dice único en sus siglas y está completamente dividido”.
Manifestó que si las autoridades no intervienen, las próximas elecciones del SUSPEG serán “muy cuestionadas y va a haber muchos enfrentamientos y al final, el problema lo adquiere el gobierno estatal”.
“Nosotros exigimos piso parejo en la próxima elección. La convocatoria sale el 15 de octubre y las elecciones el 30 de noviembre, y si a estas alturas modifican el Estatuto para hacer votar a 4 mil compañeros que no tienen derecho a votar, que sepa la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) lo que pretenden hacerles a sus amigos suspegistas”, concluyó.

Daniel Velázquez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), ratificó que la administración actual (2024-2027) del Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, deberá pagar dos millones 103 mil pesos “en una sola exhibición” por los sueldos retenidos a siete ex ediles de la administración pasada (2021-2024).
El conflicto por la retención de pagos al síndico y seis regidores de ese municipio del trienio 2021-2024 se arrastra desde el 22 de diciembre de 2023, cuando se denunció que la alcaldesa por Morena, Raquel García Orduño, retenía sus salarios. Los pagos retenidos corresponden al año 2023.
El pasado 28 de agosto, la Sala Regional Ciudad de México del Trife, por cuarta ocasión abordó el asunto y resolvió tres juicios ciudadanos relacionados con la retención de los salarios a los ediles. Se trató de un juicio promovido por el actual alcalde, de Movimiento Ciudadano, Jerónimo Maldonado Vera, y por la síndica Maycarmen Vázquez Chávez. Otro por Vázquez Chávez para controvertir una sentencia del pasado 15 de julio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), por haber incumplido la sentencia. Les aplicó una multa por 10 mil 857 pesos y otro por los siete ex ediles del Ayuntamiento del trienio pasado.
El juicio en el expediente SCM-JG-70/2025 promovido por la síndica procuradora fue declarado “improcedente” porque representa a la autoridad responsable, en este caso el Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, el acusado de incumplir la sentencia.
La síndica alegaba “insuficiencia de liquidez del Ayuntamiento para cubrir la totalidad del adeudo en un solo ejercicio fiscal, por lo que se propone un esquema de pagos escalonado que permita saldar la deuda en un plazo, a su decir razonable, que permita la estabilidad financiera del municipio, garantizando la continuidad de servicios públicos y evita el endeudamiento”.
El Trife también desechó el argumento de que la administración pasada fue la que incumplió con los pagos y no la actual, “porque la autoridad responsable es el Ayuntamiento”.
El segundo juicio, SCM-JG-71/2025 promovido en conjunto por el actual alcalde y la síndica procuradora fue por la imposición de una multa que consideraron “arbitrario y desproporcionado” porque no fueron notificados personalmente y se apruebe una modificación al pago único pues su intención es pagar en mensualidades hasta 2027, este caso fue declarado “infundado”.
El tercer juicio, SCM-JDC-251/2025, presentado por los siete ex ediles, también fue declarado improcedente porque no se les reconoce como terceros interesados.
El TEE ordenó el pago en una sola exhibición a los ex ediles. La alcaldía de Tlalixtaquilla alegó que no cuenta con recursos disponibles para el pago, pues los recursos federales que recibe están etiquetados para fines específicos.
La sentencia del TEE fue el 25 de septiembre de 2024, cinco días antes de que concluyera el trienio 2021-2024 por lo que vinculó el cumplimiento de la misma a la administración entrante a cumplir con el pago de salarios a los ex ediles y el 2 de octubre notificó al Ayuntamiento entrante y nuevamente el 29 de octubre de 2024.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En los últimos tres domingos, Morena logró integrar 700 comités seccionales en la entidad, pese a incidentes y acusaciones entre los grupos políticos de ese partido.
De acuerdo con el plan organizativo, para enero del 2026 en Guerrero habrán de conformar 2 mil comités seccionales, con el fin de tener una estructura de cara a las elecciones del 2027.
Fuentes que participan en el proceso informaron que hasta este domingo pasado, en toda la entidad se conformaron ya 700 comités y que se busca “fomentar la partici-pación activa de los militantes en la toma de decisiones y en la atención de problemáticas locales”.
También funcionarán como la base y estructura de Morena para movilizaciones y elecciones.
El proceso no ha estado exento de incidencias y el pasado domingo en Chilpancingo, en las asambleas de las colonias Pradera y Palmas hubo peleas y robo de urnas durante la votación.
En Acapulco, los vecinos se inconformaron porque la asamblea de la sección 1111, de la colonia Unidos por Guerrero, se relizó en un lugar distinto al previsto.
La mayoría de las incidencias son por retrasos, aglomeraciones y fallas temporales en el sistema de afiliaciones, sin que se haya problemas mayores.
El proceso de las asambleas también ha generado acusaciones entre morenistas cercanos al senador Félix Salgado Macedonio y al presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, que se acusan de acaparar las votaciones para que los Comités estén conformadas por sus cercanos.
En la sección 890, de Acapulco, ganó como presidenta del Comité, Carolina Benítez con 79 votos, a pesar que su contrincante fue el consejero estatal Galdino Nava Díaz, quien obtuvo 49 votos.
Nava Díaz ha sido uno de los opositores de González Varona, a quien denunció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) por presuntos actos de promoción personalizada, y durante una sesión del Consejo Estatal trató de removerlo del cargo.
De acuerdo con el plan del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, la integración de los más de 71 mil comités a nivel nacional concluirá en enero de 2026.
Los Comités Seccionales en Defensa de la Cuarta Transformación (CSDT) fueron aprobados en la sesión del Consejo Nacional del mes pasado, según lo indicado, tendrán las funciones de “promover la participación de la militancia en su comunidad, difundir actividades y logros de la Cuarta Transformación, distribuir el periódico Regeneración, impulsar afiliaciones y defender el voto, así como participar en procesos internos del partido”.
Cada comité estará conformado por al menos cinco militantes y contará con un Coordinador Operativo Territorial (COT) y un mentor, nueva figura que acompa-ñará sus actividades partidistas y financiará actividades.