En la toma de protesta de comisarios y delegados municipales de Tlapa, el alcalde Jesús Noé Abundiz García se comprometió a seguir trabajando con ellos los meses que le faltan en la administración 2015-2018.
Abundiz García, de filiación priista, dijo que estaría hasta el 29 de septiembre y que el 30 de esperaba que los comisarios y delegados sigan trabajando con el presidente o presidenta que resulte electa, ya que el 2018 es un año de momentos especiales.
Dijo que es una transición y que el presidente, el cabildo, los directores no tienen que estarse entreteniendo en otras cosas y que su trabajo debe ser imparcial, sin distingos, ni cuestiones de credos.
Remarcó que estaba listo para sacar trabajos en comunidades y colonias; que se harían las  reuniones de trabajo sin distingos y que los podía atender al concluir la actividad, si así lo querían para sacar adelante a las comunidades. Un anunció que no había hecho en los dos años, el de atender al momento a las autoridades.
Enfatizó que este 2018 sacaría el último año de la administración y que no estaría pasivo, seguiría sacando adelante el municipio y que en breve se reunirían para juntos distribuir y ocupar el dinero que llega.
Es la primera vez que el ayuntamiento ofrece alimentos a los asistentes a la toma de protesta como delegados y comisarios, porque lo que fueron unos cuantos los que se quedaron, pues la mayoría se trasladó a sus comunidades y colonias para celebrar con comida el cambio, algunos gritaron, “que se la trague él, no pedimos comida, queremos obras”.
Abundiz García, quien aspira a la candidatura a la diputación local para el distrito 27, estuvo acompañado de todos los regidores.
A la toma de protesta no acudieron comisarios ni delegados de los anexos de Chiepetepec porque el edil, según fotos del ayuntamiento, estuvo el domingo en la comunidad y les tomó protesta, Con ello rompió lo estipulado en la convocatoria  de que el cambio de delegados sería el domingo 7 de enero, tal como se hizo, y la toma de protesta el domingo 14 de enero, en la ciudad, la cual pospuso.
En Chiepetepec, de acuerdo a las fotos y texto, lo acompañó el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga, quien aspira a la candidatura por el PRI a la alcaldía de Tlapa, en un acto masivo con comida, bandas de viento y grupos musicales.
Los vecinos de la colonia Loma Bonita acudieron el domingo 14 al Ayuntamiento a la toma de protesta como les indicó la convocatoria, pero no había nadie, por lo que los principales y el delegado saliente, Telésforo Aguilar, le tomaron protesta frente al ayuntamiento.
El municipio de Tlapa, tiene más de 150 comunidades con su anexos por lo que el mismo número de autoridades tomó protesta, este lunes.

Unos 70 hombres armados con vestimenta tipo militar irrumpieron la noche de este lunes en la comunidad La Vuelta del Sur, municipio de Helidoro Castillo (Tlacotepec), y asesinaron al menos a seis vecinos a quienes reunieron en la cancha del pueblo.
Vía telefónica habitantes de esa localidad que se encuentra en lo alto de la sierra denunciaron que los hombres armados entraron al pueblo aproximadamente a las 7 de la noche, en tres camionetas de redilas, una de ellas verde militar, y les dijeron a los pobladores que iban a tener una reunión en la cancha del pueblo pero a los primeros que llegaron les dispararon a mansalva.
Sollozando una mujer demandó el apoyo “del Gobierno”, pues denunció que hasta la una de la madrugada habían estado llamando sin cesar al número de emergencia 911, pero no les hicieron caso, “me dicen que me espere hasta mañana, pero ya mañana nos van a encontrar a todos muertos”, se quejó.
Contó que a las 7 de la noche llegó un primer grupo de hombres armados a bordo de una camioneta de redilas con hombres vestidos como militares, y le dijo a un policía comunitario que estaba de guardia en la entrada del pueblo “avísale a toda tu gente que vienen militares, que quieren hablar con ustedes para brindarles seguridad”.
Dijo que le pidieron al comunitario que querían que la gente se reuniera “sin armas” en la cancha del pueblo, pero enseguida llegaron más hombres armados en otras tres camionetas, estos vestidos de civil, y masacraron a los seis hombres del pueblo que habían llegado primero a la cancha.
Agregó que también se escucharon disparos en la entrada del pueblo en donde había tres policías comunitarios que les tocaba la guardia anoche, y que suponen que también fueron asesinados.
Denunció que el sábado y el domingo recibieron amenazas de gente del crimen organizado, que entrarían a matar a los habitantes de ese pueblo y que pidieron el auxilio al gobierno para que tuvieran resguardo militar, por eso pensaron que quienes llegaron en la primera camioneta eran los soldados que se harían cargo de la seguridad. (Redacción / Chilpancingo).

Trabajadores sindicalizados, supernumerarios y de confianza de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Atoyac para exigir aumento de 2 mil 500 pesos al bono de riesgo.
En Chilpancingo a las 7:30 de la mañana unos 200 trabajadores cerraron los accesos a la fiscalía para presionar a los funcionarios de la dependencia y que atiendan sus demandas laborales.
Además colocaron pancartas que decían, “Es justo lo que la Fiscalía (empleados) solicita”, “Exigimos solución al bono”, “Los trabajadores de la Fiscalía solicitamos el aumento del bono”.
El delegado sindical de la sección Séptima de Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Luis Nava Hernández dijo que desde hace tres años no se ha incrementado el bono de riesgo de mil pesos que se paga mensualmente, por lo que piden que aumente a 2 mil 500 pesos.
Agregó que han enviado documentos a la FGE en octubre y diciembre para solicitar el incremento el bono pero a la fecha no han recibido respuesta.
“Vamos estar aquí hasta que el señor fiscal nos atienda, ahorita no hemos tenido ningún acercamiento con él, Javier Olea, estamos en espera que el señor se presente y esperamos una respuesta favorable sino seguiremos aquí”, declaró.
Nava Hernández señaló que en la movilización participaron 500 trabajadores supernumerarios y 479 de base de las siete regiones del estado quienes se sumaron para exigir el beneficio que conforme la ley les corresponde.
Explicó que el bono de riesgo beneficia a los trabajadores porque algunos han sufrido algún atentado por los hechos de violencia que han ocurrido en el estado, accidentes en el área laboral y vehicular.
También dijo que carecen de hojas blancas para oficios, computadoras, impresoras, escritorios, sillas y archiveros para mejor las condiciones laborales en la FGE, “por eso insistimos al fiscal, Javier Olea que atiendan nuestras demandas para mejorar nuestro trabajo”.
A la fiscalía llegó el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz quien le pidió a los inconformes que él se encargaría de atender sus demandas, pero éstos no aceptaron la propuesta y pidieron que asistiera el fiscal Olea Peláez.
Después de las 6:40 de la tarde los trabajadores de la FGE continuaban en paro de labores porque no han sido atendidas sus peticiones.
En Acapulco, trabajadores de la fiscalía regional entre ministerios públicos, peritos y policías ministeriales pararon laborares y exigieron el mismo aumento.
A las 9 de la mañana unos 50 inconformes se concentraron afuera de la dependencia estatal y cerraron el acceso a los trabajadores y personas que fueron hacer algún trámite.
“Exigimos incremento al bono de alto riesgo” “Señor, homologación de sueldo salarial e incremento del bono de riesgo, debido al alto índice de inseguridad”, fueron algunas pancartas que mostraron.
Durante el paro laboral se suspendió la expedición de las cartas de antecedentes no penales y denuncias en el Ministerio Público (MP) sector Central.
Los trabajadores omitieron dar sus nombres y pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores el aumento del bono de riesgo de 2 mil 500 pesos cada mes.
Aseguraron que urge el aumento del bono de riesgo porque están laborando en una ciudad violenta.
Dijeron que en Acapulco hay 200 trabajadores sindicalizados y supernumerarios y que 150 de ellos estuvieron adentro “con las manos caídas” en forma de protesta, y afuera 50 empleados cerrando el acceso a las instalaciones.
Mencionaron que solamente se permitió el acceso a funcionarios de alto nivel y se permitiría la salida y entrada de la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) y si hubiera de consignar a detenidos.
Por otro lado, el fiscal regional de Acapulco, Ricardo Quevedo Astudillo dijo que los trabajadores inconformes piden el aumento del bono de riesgo de mil 500 pesos más.
Pero aseguró que el gobierno del estado no adeuda nada porque se cubrió su primera quincena de enero como está establecido en la ley.
Indicó que la petición está en trámite para resolver el problema, dijo que el dinero no lo maneja la FGE sino la Secretaría de Finanzas del estado.
Negó que haya habido cierre total al acceso a las instalaciones, “las personas que fueron hacer alguna diligencia entraron, se les dio la atención”.
Asimismo en Zihuatanejo, 25 trabajadores administrativos de la FGE pararon labores desde las 7 de la mañana para sumarse a la protesta simultánea en la entidad en exigencia al incremento del bono de riesgo que cobran mensualmente.
En el MP central y de Delitos Sexuales únicamente se estuvo atendiendo asuntos relacionados con fallecimientos o personas detenidas.
Los inconformes colocaron pancartas en las puertas donde exigían el aumento, ellos permanecieron sentados en unas bancas en espera de que sus compañeros en Chilpancingo les informaran de algún avance en las negociaciones con las autoridades.
En Atoyac, trabajadores administrativos del MP y de la región de la Costa Grande hicieron un paro laboral en apoyo a sus demás compañeros.
La vocera de los inconformes en Atoyac, Antonia de León dijo que se necesita el aumento.
Los manifestantes señalaron que no se retirarán de la protesta hasta que no se pague el aumento.
Abundaron que las labores en el MP siguen.

El alcalde de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos informó que ya inició las gestiones con ejidatarios de la cabecera municipal, para buscar un terreno donde reubicar a las familias de la comunidad de San Felipe del Ocote desplazadas por la violencia del grupo delictivo La Familia Michoacana.
La mañana del viernes 5 de enero, los habitantes de San Felipe del Ocote fueron atacados a balazos tras una irrupción de un grupo armado de una célula de la Familia Michoacana; esta situación y la privación de la libertad del operador de una maquina retroexcavadora un día antes, motivó el desplazamiento de más de 700 vecinos que habitaban esa comunidad, ubicada a unas dos horas de recorrido de la cabecera municipal.
La mañana de ayer, en consulta vía telefónica, el alcalde Salvados Martínez –de quien se sabe que buscará la reelección en los próximos comicios- confirmó la postura de los desplazados que no quieren regresar a San Felipe del Ocote ante el temor de nuevamente ser víctimas de la violencia del grupo criminal que opera en ese zona.
Mencionó que sólo en las instalaciones del DIF de Apaxtla, siguen unas 350 personas refugiadas, a las que se les está apoyando con alimentación, agua y ropa.
Señaló que, todos los días las familias regresan a San Felipe para seguir acarreando las pocas pertenencias que les quedan en sus precarias viviendas, y recoger las cosechas de sus siembras.
Subrayó que las familias han expresado que ya no piensan regresar, pese a que ya hay vigilancia del Ejército, la Policía Estatal, y de policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y de la Tecampanera de Teloloapan.
El alcalde de Nueva Alianza estimó que falta aproximadamente un mes para que las familias terminen de sacar totalmente sus pertenencias de San Felipe, para lo que están pidiendo apoyo de transporte y seguridad para las familias. Dijo que los desplazados seguirán en las instalaciones del DIF en la cabecera municipal, y otras han empezado a emigrar al municipio de Teloloapan, y otras al estado de Morelos.
Sobre la petición de las familias de San Felipe, que buscan un predio en el que se les reubique en la cabecera municipal, el alcalde Martínez Villalobos dio a conocer que se ha reunido con el presidente del ejido en Apaxtla, para ver si dispone de un terreno, “estamos en pláticas y vamos a ver si hay un terreno adecuado, y de qué forma se podría adquirir para las familias, si lo venden o lo donan”.
El alcalde dijo que le gustaría que las familias se quedaran en la cabecera municipal, aunque reconoció que no es fácil para el municipio, porque abrir una nueva colonia es llevarles también todos los servicios públicos. Agregó que ya que tengan alguna propuesta para reubicarlos, le presentarán el proyecto al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para ver de qué forma los puede apoyar.
Se le preguntó si existe algún dispositivo especial de búsqueda y captura del grupo armado que atacó a las familias, y que dejó cuatro lesionados, señaló que es parte del despliegue de seguridad instalado por el Ejército y la Policía Estatal que da vigilancia a San Felipe del Ocote.
Mencionó que hay comunicación permanente con el gobierno del estado, principalmente para hacer llegar los apoyos a las familias desplazadas por la violencia.

El director del Instituto Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Manuel Urióstegui Alarcón informó que no cuentan con dinero para cubrir lo que corresponde a la segunda parte del aguinaldo de 5 mil jubilados en Guerrero cuya cifra asciende a 90 millones de pesos.
Este lunes por la mañana Urióstegui Alarcón asistió a los honores a la bandera en la explanada Vicente Guerrero de Palacio de Gobierno y al concluir el acto señaló que solicitará apoyo al gobernador, Héctor Astudillo Flores para cubrir el dinero restante, como lo hicieron a fin de año.
Recordó que para los 90 millones de pesos que se requieren deberá de darse un pago completo ya que la institución no cuenta con fondos para cubrir el rezago.
Indicó que durante este fin de año los organismos que trabajan con ISSSPEG no cumplieron con las cuotas correspondientes, por ello no se pudo cubrir lo que se le debe a los jubilados.
Recodó que si los Ayuntamientos y organismos paraestatales cumplieran con los pagos que les corresponden no se enfrentarían a esta crisis, ya que contaría con la liquidez necesaria para pagar.
Reiteró que la morosidad de la mayoría de los Ayuntamientos aún existe, por lo que el instituto mantiene los procedimientos legales en su contra para lograr el pago correspondiente.
Urióstegui Alarcón detalló que por medio del programa de rescate financiero del ISSSPEG en dos años de su gobierno habría hecho una  aportación extraordinaria de mil 800 millones de pesos.
A finales del 2017 el gobernador Astudillo Flores se comprometió a cubrir las prestaciones de fin de año de jubilados y pensionados en el Estado, a quienes solicitó  no recurrir a paros y plantones para exigir su pago.