El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dijo ayer que no ha ido a Bélgica para pedir asilo, sino a Bruselas como capital de la Unión Europea (UE), en un nuevo intento de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis catalana.
Puigdemont, durante una conferencia de prensa en Bruselas, no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir asilo en este país y que solo volverá a España cuando tenga “garantías” de un “juicio justo”.
Así también, Puigdemont dijo que aceptará el resultado de las elecciones regionales convocadas en la región por Madrid tras su destitución y la disolución del Parlamento catalán en medio de la grave crisis provocada por el desafío independentista.
“Las elecciones son un gesto democrático, no nos dan miedo. Si el Estado español ha querido hacer un plebiscito, lo vamos a aceptar y vamos a dar una respuesta a ese desafío”, dijo en una rueda de prensa que despertó una gran expectación en la capital belga.
El Partido Demócrata Europeo Catalán, la formación de Puigdemont, había confirmado ya el lunes que participará en los comicios que tendrán lugar el 21 de diciembre. Uno de los mayores críticos internos de Puigdemont, el ex responsable catalán de Empresa Santi Vila, se postuló ayer como candidato de la formación.
El jefe del gobierno catalán destituido explicó que una parte del que fuera su gobierno se marchó a Bélgica y que no volverá a Cataluña hasta que no haya “garantías”. Habló, además, del “grave déficit democrático que se da en el Estado español”.
Su viaje se conoció después de que la Fiscalía española se querellara contra los ex responsables públicos catalanes por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió ayer la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento de esa región autónoma.
El TC decidió la suspensión al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de esa declaración secesionista.
El Tribunal tendrá ahora un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.
Además, el TC advirtió a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa (el órgano de dirección de la cámara regional) de que pueden incurrir en responsabilidades penales si no acatan la suspensión.
En particular, se les advierte de que deben abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia”.

Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentado ayer indica que funcionarios de gobierno de Honduras y empresarios de alto nivel están vinculados con el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres.
La afirmación forma parte del informe titulado “Represa de violencia: el plan que asesinó a Bertha Cáceres”, en el que se reúnen análisis de las pruebas que se tienen del crimen de la ecologista hondureña.
“Se constata la existencia de una red criminal compuesta por agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el caso de Bertha Cáceres”, indicó GAIPE en su informe.
Berta Cáceres era una reconocida defensora de derechos humanos y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH) y fue asesinada el año pasado por su activismo contra la construcción de una represa. Por su asesinato hay ocho personas detenidas, entre ellas varios ex militares, pero sus familiares exigen que se capture a los autores intelectuales.
El GAIPE es un equipo conformado por especialistas en derecho internacional, de derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado que realizó un análisis independiente sobre el caso de la activista.
El grupo fue conformado a pedido de la familia de Cáceres para monitorear la investigación realizada por el Ministerio Público, ante la negativa de las autoridades de informarles de los avances de las pesquisas.
De acuerdo con el documento de la GAIPE, el plan para asesinar a Bertha Cáceres comenzó a pergeñarse en 2015. Incluso se establece que hubo intentos de asesinato el 5 y 6 de febrero del 2016.  La ambientalista fue asesinada finalmente el 3 de marzo del 2016 en su casa del municipio La Esperanza, en Intibucá.
Laura Zúniga Cáceres, hija de Bertha Cáceres, manifestó que se solicitó la conformación del GAIPE porque existe desconfianza hacia las autoridades judiciales hondureñas y dudan de que se haga justicia en el caso de su madre.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández, apoderado legal de la familia de Cáceres, dijo que las investigaciones de GAIPE representan una pequeña parte de las pesquisas que tiene en su poder el Ministerio Público, pero no se realizan las acciones pertinentes para llegar a los autores intelectuales.

Terremotos de 6.8 y 6.1 sacuden a Nueva Caledonia, de Pacífico Sur

Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió el martes las Islas de la Lealtad, archipiélago del territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas, daños ni riesgo de tsunami.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que vigila la actividad sísmica mundial, situó el hipocentro a 29 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.
La sacudida se localizó a 109 kilómetros al sureste de Tadine, en la isla de Maré, en Lealtad, y a 253 al este de Numea, la capital de Nueva Caledonia.
El Servicio de Alertas por Tsunami del Pacífico descartó el riesgo de un tsunami destructivo en la región del Pacífico.
Y hoy por la mañana, se sintió otro terremoto de magnitud 6.1 la misma región en el Pacífico Sur. Nueva Caledonia se encuentra cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau.

Levantan inhabilitación contra ex candidato presidencial en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió ayer de manera preventiva la inhabilitación política que pesaba sobre el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, quien ahora podrá retomar su carrera política.
La Sala Político Administrativa del TSJ decidió aceptar una solicitud de amparo que introdujo la defensa de Rosales en 2015, cuando el ex candidato presidencial regresó de Venezuela tras exiliarse en Perú durante seis años.
La defensa solicitó la nulidad del procedimiento alegando que la inhabilitación fue impuesta cuando el ex candidato presidencial se encontraba en condición de asilado político en Perú, por lo que no pudo defenderse de los cargos.
Con esta sentencia, la Sala Político Administrativa del TSJ dio la razón a la defensa de manera preventiva.

La oposición de Kenia mantendrá protestas y apelará los resultados de las elecciones

El líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, anunció ayer que su coalición seguirá convocando manifestaciones y presentando recursos contra los resultados de las elecciones del pasado jueves, en los que el presidente Uhuru Kenyatta, venció con el 98% de los votos.
Odinga, que se retiró de la carrera electoral a pocos días de la votación, emplazó al “diálogo nacional” para resolver el conflicto generado por una “farsa electoral” cuyos resultados “no pueden mantenerse”, dijo en rueda de prensa.
“No podemos permitir que dos megalómanos (Kenyatta y su vicepresidente, William Ruto) destruyan la democracia para la que tanto hemos luchado”, sentenció Odinga, que denunció que ambos quieren “convertir Kenia en un régimen de partido único”.
“Si se mantienen los resultados de estas elecciones, significará el final de la votación como medio para instaurar un gobierno en Kenia”, insistió.

Las obras para construir el segundo y el tercer reactor de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, comenzaron oficialmente ayer con el objetivo de lograr una capacidad de producción de unos 2 mil 100 megavatios.
En la ceremonia de inicio del proyecto estuvieron presentes el jefe de la Agencia Iraní de la Energía Atómica (AIEA), Ali Akbar Salehí, y responsables nucleares de Rusia, según la agencia semioficial Tasnim.
El proyecto, con una inversión de 10 mil  millones de dólares, va a ser llevado a cabo por la Compañía de Producción y Desarrollo de Energía Nuclear de Irán y la Corporación de Energía Atómica estatal rusa (Rosatom), que firmaron un acuerdo en noviembre de 2014.
Se espera que los trabajos de construcción se prolonguen durante una década y que la capacidad de las dos nuevas unidades alcance los mil 50 megavatios cada una.
La central nuclear de Bushehr comenzó a construirse en la década de 1970 con ayuda alemana, pero el proyecto se interrumpió tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979 y no se reanudó hasta febrero de 1998, tras firmarse un acuerdo con Rusia.
Pese a que su construcción se prolongó durante años debido a la oposición occidental, la planta entró en funcionamiento en agosto de 2010 y alcanzó su pleno rendimiento en junio de 2013.
Por su parte, el comandante en jefe del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní, el general Mohamad Ali Yafarí, advirtió ayer a Estados Unidos de que si impone más sanciones a Irán los misiles de este país tendrán “mayor alcance y precisión”.

Al menos ocho heridos dejan las protestas de indígenas en 21 de los 32 departamentos de Colombia, donde han llegado a bloquear por momentos algunas vías para exigirle al gobierno que cumpla acuerdos alcanzados previamente, informó ayer una fuente de los manifestantes.
El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, dijo que este lunes cuatro manifestantes sufrieron heridas, uno de ellos en un ojo, en la vía que comunica a la ciudad de Cali con Buenaventura (suroeste), localidad que acoge al principal puerto del país sobre el Pacífico.
Los indígenas también protestan por el asesinato de varios líderes de comunidades aborígenes.
Fuentes de la Gobernación del departamento del Cauca indicaron que cuatro integrantes de la Fuerza Pública sufrieron heridas este lunes en una protesta de indígenas y campesinos.
También ha habido movilizaciones indígenas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, en el suroeste del país; así como en Risaralda y Caldas (centro); Chocó (oeste), Norte de Santander (noreste), y Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar y La Guajira (norte), entre otros.

Miles de brasileños marcharon ayer durante más de 20 kilómetros hasta la sede del obierno regional de Sao Paulo, en la capital paulista, para protestar por una vivienda digna y exigir políticas públicas que acaben con el déficit habitacional.
La manifestación fue convocada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y en ella participaron algunas de las más de 6 mil  familias que desde septiembre pasado ocupan un terreno privado en el municipio de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo.
La marcha partió ayer precisamente de esa propiedad privada, abandonada hace más de 40 años por una constructora, y llegó en la tarde de este martes al Palacio de los Bandeirantes, sede del gobierno del estado de Sao Paulo, encabezado por Geraldo Alckmin.
Por otro lado, el Senado brasileño aprobó ayer el texto base de un proyecto que reglamenta el uso de aplicaciones de transporte individual, como Uber, Cabify y 99, pero retiró algunos puntos polémicos, por lo que la propuesta tendrá que ser nuevamente analizada por la Cámara de Diputados.

Al menos 10 personas, entre ellas 7 menores, murieron ayer por el impacto de varios cohetes lanzados por las fuerzas gubernamentales sirias contra zonas de Guta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Uno de los proyectiles tuvo como blanco un colegio en la población de Yisrín, controlada por la facción islamista Legión de la Misericordia, donde al menos 6 civiles, de los que 5 eran niños, perdieron la vida por la caída de un cohete en la puerta de la escuela.
El suceso se produjo en el momento en el que los estudiantes estaban saliendo del centro.
Además, dos hombres y dos menores perecieron por el disparo de proyectiles en la localidad de Misraba, también en Guta Oriental.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que con la creación de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión buscarán generar nuevas carreras, y reorientar otras, e incluso tienen el proyecto para crear un campus en la región.
Sobre el presupuesto a la UAG del gobierno federal, el rector indicó que sabe que hay un incremento del 5 por ciento y para las universidades sólo empata a la inflación y sigue generando déficit.
Lo más deseable es que los programas extraordinarios como el saneamiento financiero sirva para las jubilaciones y pensiones o para dar un techo presupuestal, porque eso es “lo que nos permitirá respirar, oxigenar el camino permanente de la institución”.
En declaraciones, Saldaña Almazán, quien estuvo el lunes en la firma de convenio de coordinación para el desarrollo de la zona económica entre el gobernador de Guerrero y Michoacán, señaló que esa zona va traer muchos empleos, plusvalía y ayudará a recomponer el tejido social y mejorara las condiciones de vida de los guerrerenses.
Señaló que es un proyecto muy ambicioso para Guerrero y México.
Indicó que lo que la Universidad está haciendo es saber todo lo que se está planeando para la zona económica para que en base a ello “nosotros podamos generar algunas carreras” y ejemplificó que la de Turismo ubicada en Zihuatanejo se reorientaría para preparar a los jóvenes y crearles un conocimiento y potencial para ayudar al desarrollo de esa región.
Señaló que ya ha hablado con el director de la facultad de Contaduría y Administración para crear una carrera en comercio internacional y para lo cual se tienen que hacer estudios de factibilidad, de empleadores y para eso nombrará una comisión para dar seguimiento y plantear la propuesta. Está el proyecto de poner en la zona económica un campus con las nuevas carreras.
Añadió que la zona económica especial es un buen proyecto que va generar para el estado otras condiciones y “es un buen camino para que los guerrerenses pensemos y hagamos cosas distintas y no solamente estemos pensando en el conflicto, allá habrá para hacer muchas cosas”.
Sobre el pago de aguinaldo, el rector Javier Saldaña comentó que siguen en la gestión permanente y que el gobernador Héctor Astudillo le informó que hoy se va reunir con el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón para analizar el cierre del año.
Manifestó que agradecía la disposición del gobernador y del secretario de Finanzas para que “podamos dar la certidumbre a los compañeros trabajadores”.
Dijo que “de los pocos guerrerenses que desean que no llegue diciembre soy yo, porque pagar el aguinaldo siempre nos trae una situación complicada, pero sin embargo vamos a seguir luchando porque se requieren cerca de 200 millones de pesos”.