La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperó al cocodrilo de río que había sido retenido por pescadores que lo atraparon frente al Club de Yates, la semana pasada.
En su portal de internet, la dependencia informó que el ejemplar fue entregado en la estación de Bomberos de avenida Universidad el martes pasado, y liberado posteriormente en la laguna de Santa Cruz de Mitla, municipio de Benito Juárez.
El texto detalla que los pescadores entregaron voluntariamente un cocodrilo, no obstante se advierte que se continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.
“Se pudo corroborar que se trata del mismo cocodrilo de río (Crocodylus acutus) que fue exhibido en redes sociales a través de un video, donde se observa que éste es extraído del mar por un grupo de pescadores en el muelle del Club de Yates Acapulco”, se indica en el texto.
La Profepa “continúa con la investigación a fin de dar con el paradero de los pescadores, para deslindar responsabilidades y sancionar conforme a la legislación ambiental vigente”.
El cocodrilo de río está listado en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de especie sujeta a protección especial, e incluido en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Se detalla que el artículo 420, fracciones IV y V, del Código Penal Federal, establece la imposición de pena de uno a nueve años de prisión y multa por el equivalente de 300 a 3 mil unidades de medida y actualización a quien dañe algún ejemplar de flora o fauna silvestres terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México forme parte.
Además que la Ley General de Vida Silvestre establece para el caso de daño o destrucción de ejemplares de vida silvestre o de su hábitat, una sanción que puede ir de 50 a 50 mil unidades de medida y actualización.

Los integrantes del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda rechazaron cuatro solicitudes para cambio de uso de suelo, entre ellas del proyecto de Ciudad Modelo que se impulsa desde el inicio de la actual administración, en el poblado de San Pedro Las Playas.
Después de la segunda sesión del Consejo, a la que asistieron dos integrantes del Consejo Municipal Ciudadano, el presidente de dicha organización, José Ángel Nucico Casarrubias, dijo que espera que los funcionarios e integrantes del Cabildo consideren la opinión técnica de los consejeros antes de aprobar cualquier proyecto.
Los consejeros informaron que al proyecto del Centro de Investigación Científica, en la Antigua Hacienda El Potrero, cerca de las instalaciones del CRIT en la zona Diamante, se le puede aprobar si cumple con las recomendaciones que le hicieron, pues en los expedientes técnicos que les dieron para revisión no se establece si el centro de investigación será un laboratorio o para desarrollo de proyectos de la universidad.
Los otros tres proyectos se rechazaron, aunque en el caso del cambio de uso de suelo solicitado por Grupo Inmobiliario Alse, para la construcción de un edificio para condominio de siete niveles en la calle Castillo Bretón, del fraccionamiento Costa Azul, la situación actual quedó a consideración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Los consejeros expusieron que el edificio ya está construido, por lo que consideraron que los inversionistas más que ir a pedir permiso fueron a pedir perdón, y pidieron que se clausure la obra y se inicie un procedimiento por no respetar lo permisos, debido a que la licencia de construcción inicial que tiene es para tres niveles.
También enfatizaron que el edificio no cumple con lo que marca el Plan de Desarrollo Urbano, porque todo el terreno esta impactado y no se tiene área verde.
En el caso de los proyectos de Grupo Ideal, que es cambio de uso de suelo, de turístico a de equipamiento, para la construcción de un hospital para impulsar el turismo de salud, y el de agrícola a habitacional con servicios, de la empresa Arnaiz y Asociados, para la construcción de la llamada Ciudad Modelo en la zona de San Pedro Las Playas, también fue rechazado.
En el caso del hospital fue porque no cumple con lo que se permite en el Plan de Desarrollo Urbano, y en el de San Pedro Las Playas porque los consejeros consideraron que está expuesto lo que se proyecta pero no los estudios adecuados, como en el caso de estudios geológicos porque en el terreno hay fallas geológicas. Tampoco cómo se evitaría que el drenaje contaminea la laguna de Tres Palos.
En ambos casos, los consejeros acordaron que se permitirá a los empresarios ampliar la información, para que se vuelva a revisar y ver la factibilidad de que se haga un cambio de uso de suelo.
Nucico Casarrubias, quien no estuvo en la sesión, consideró que espera que se cumpla lo que el alcalde Evodio Velázquez ha dicho en relación a la planeación, y que serían congruentes los regidores al no aprobar los cambios que no autorizaron los consejeros.

En el primer día de los trabajos de la continuación de la Vía Rápida, algunos automovilistas se confundieron por el sentido de las calles, pero fueron auxiliados por agentes de Movilidad y de la Policía Vial que se encontraban en dicho lugar.
De la avenida Costera para incorporarse a la vía hay un letrero en el que se informa de los trabajos que se hacen y que las molestias son pasajeras. Allí los vehículos pueden subir, pero al llegar al semáforo de la avenida Constituyentes la desviación es en la lateral de la calle Diego Hurtado de Mendoza.
En tanto los vehículos que vienen de la calzada Pie de la Cuesta pueden circular por la calle Humbolt, que de manera temporal el sentido es hacia la avenida Cuauhtémoc. Fue en esta calle donde algunos conductores querían incorporarse de Cuauhtémoc hacia la calzada Pie de la Cuesta.
El pasado martes, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, respaldado por diputados locales y alcaldes del PRD, dio el arranque a los trabajos de la obra de ampliación del paso elevado de la Vía Rápida, la cual es parte de las mejoras de la movilidad de las vialidades.
Ayer a las 8 de la mañana no había agentes de Movilidad y los conductores no sabían el sentido de las calles, pero a las 10 de mañana llegaron cinco agentes y policías viales para apoyar.
Los que vienen de la avenida Costera por el paso elevado tienen que incorporarse al costado derecho de la calle Diego Hurtado de Mendoza y continuar hasta Aguas Blancas.
Se colocaron vallas de plástico del otro lado de la vía para que los carros no siguieran derecho, pues había una retroexcavadora retirando el concreto.

Vecinos de la colonia Leyes de Reforma se quejaron de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) no atiende el dictamen emitido por el Cabildo para el desalojo de 15 familias en la zona y que invaden la vía pública.
Señalaron que han buscado reuniones con la secretaria Luz María Meraza Radilla, quien los envía al jurídico de la dependencia y ahí no les dan una respuesta.
Los vecinos de la calle Hermenegildo Galeana, de la colonia Leyes de Reforma, buscaron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre el lunes 16 de octubre, para exponerle que no había sido atendida la resolución del Cabildo en la dependencia. Aunque el alcalde los envió con Meraza Radilla, indicaron que los atendieron en el área jurídica y les dijeron que el jueves 19 de octubre les darían una respuesta.
Agregaron que sólo les respondieron que no se había podido reunir a todas los representantes de las dependencias que deben de involucrarse para el desalojo.
El pasado lunes, los vecinos buscaron a la secretaria Meraza Radilla, quien nuevamente los envió al área jurídica de la dependencia.
Los inconformes promovieron el desalojo de 15 cuartos “precarios” que están entre las calles Hermenegildo Galeana y Arroyo, colindantes con la manzana 45 en la zona 4 del Polígono La Venta y Barrio Nuevo III.
Uno de los afectados, Carlos Vázquez Argüello, expuso que tiene más de seis meses que en el Cabildo se ordenó a la Seduop que se desalojara a quienes invadían la calle, lo cual se confirmó con una inspección.
Pidió que se aplique la ley y se haga el desalojo de quienes invaden la vía pública y afectan el tránsito en la esa zona de la colonia.
Solicitó a las autoridades que dejen de ser omisos y darle vueltas a lo que ya es una orden.

La crisis financiera global de 2008 no está plenamente superada, por lo que el crecimiento estimado para la economía mundial no es para celebrarse demasiado, advirtió Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico).
“La crisis financiera global no está plenamente superada”, afirmó en la presentación del reporte del Sistema financiero de Banxico.
Comentó que en días recientes sostuvo una reunión con funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde había cierto regocijo por el pronóstico de crecimiento de la economía mundial.
“Había cierto regocijo porque después de llegar a una tasa de crecimiento en el mundo de 3.6 por ciento, el FMI pronostica 3.7 por ciento”, mencionó.
“No es para celebrar mucho”, agregó.
Agustín Carstens señaló que el proceso de recuperación de las secuelas de la crisis está en marcha, lo cual debe favorecer a la economía mexicana.
Sin embargo, el gobernador señaló que la economía mexicana tiene elementos que la fortalecen y que generan confianza a los inversionistas.
Se refirió al Paquete Económico que se discute en el Congreso, al programa de consolidación fiscal, al sistema financiero que está capitalizado y cumple con los requerimientos de liquidez y a la política monetaria del Banco de México.
“El programa de consolidación fiscal fortalece el marco macroeconómico”, afirmó.
Agregó que pese a un entorno económico complicado, las instituciones financieras han tenido una actitud prudente y consistente con estándares altos de supervisión.
Detalló que esa actitud es fundamental porque permite implementar la política monetaria con su objetivo primordial teniendo la seguridad de que los mecanismos que ésta utiliza están funcionando bien.
En este sentido aclaró que el segundo tramo de subastas que anunció ayer el Banco de México, donde triplica el monto, es un instrumento que busca ofrecer estabilidad en el mercado cambiario.
“Esto, más que perseguir un nivel particular del tipo de cambio, busca condiciones adecuadas, pues en las últimas semanas los riesgos que se perciben por el TLCAN han generado un menor volumen de operaciones en el mercado, lo que se presta a mayor volatilidad”, indicó.
Respecto al incremento del salario mínimo, expuso que es fundamental que se eleve y que no pierda poder adquisitivo.
Sin embargo, señaló que debe haber productividad laboral.
“Necesitamos fuerza laboral mejor preparada y tenemos el reto de cómo vamos a enfrentar el cambio tecnológico y el ambiente de negocios”, comentó.
Por otra parte, el gobernador fue cuestionado sobre la posibilidad de que un funcionario externo al Banco de México sea su sucesor.
“No tengo nada más que decir más que el presidente y el Senado tomarán la decisión responsablemente. La historia es que siempre hemos tenido una Junta de Gobierno sólida y que así seguirá siendo hacia adelante”, concluyó.

Explica Banxico las subastas para contrarrestar volatilidad del peso

El Banco de México anunció ayer medidas para contrarrestar la volatilidad de la moneda mexicana frente al dólar, después que se depreciara a su peor nivel en más de cinco meses.
“Con el objeto de procurar un funcionamiento más ordenado en el mercado de cambios, el Banco de México aumentará las subastas de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional por diferencias por un monto de 4 mil millones de dólares”, informó la Comisión de Cambios.
El mecanismo de coberturas cambiarias es un contrato a futuro (forward) entre el Banco de México y una institución financiera, asignado mediante subasta, que asegura un tipo de cambio determinado para cierto plazo y sirve para protegerse de la volatilidad.
El dólar cerró el martes a 19.1945 pesos en el mercado interbancario, un ocho por ciento más que hace un mes y en su nivel más alto desde los 19.18 pesos del 9 de mayo.
“Recientemente, el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de mayor volatilidad, lo cual se ha reflejado en una depreciación de la moneda nacional frente al dólar y en un ligero deterioro de las condiciones de operación de dicho mercado”, indicó el banco central.
“En los próximos meses no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales dado el complejo entorno que nuestro país está enfrentando”, se indicó en un comunicado.
La Comisión de Cambios, encargada de la política monetaria, había anunciado en febrero un programa de coberturas cambiarias por 20 mil millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio, de los cuales sólo se hicieron subastas hasta ahora por mil millones de dólares.
“Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidades semanales, comenzando el día de mañana (hoy), con mil millones de dólares”, informó el banco central. (DPA / Ciudad de México).

A partir del próximo 30 de octubre, el 35 por ciento de las gasolineras del país contará con precios liberalizados, es decir, ya no contarán con un tope impuesto por Hacienda y cada una fijará el propio.
Esto se logrará el lunes, una vez que Sinaloa, Baja California Sur y Durango se sumen a la lista de estados con precios libres, según el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Guillermo García Alcocer, comisionado presidente del organismo, resaltó que en las zonas ya liberalizadas han detectado variaciones a la alza de aproximadamente 8 centavos y a la baja de alrededor de 7 centavos por litro.
“No ha pasado absolutamente nada en términos de una gran disparidad de precios, se está viendo mucha responsabilidad del sector gasolinero en términos de lo que están ofreciendo a los clientes”, sostuvo.
Las variaciones en precios, comentó, dependen de la marca y su estrategia comercial.
Por ejemplo una marca americana, cuyo combustible cuenta con un aditivo especial, decidió subir el precio y otros en cambio están apostando por los descuentos, añadió.
Después de esta apertura seguirán el resto de los estados el próximo 30 de noviembre, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Entre los que se liberalizarán a finales de noviembre están la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco e Hidalgo, entre otros.
Ya existen 25 marcas distintas a Pemex operando, las cuales suman 2 mil 568 gasolineras, es decir el 22 por ciento de las casi 12 mil que existen en México.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas monopólicas en la producción, distribución y comercialización de medidores de luz adquiridos por la CFE.
El 20 de junio, REFORMA dio a conocer que IUSA y Controles y Medidores Especializados (Conymed) fueron denunciadas ante la Cofece por prácticas monopólicas absolutas.
La acusación señala que ambas empresas se pusieron de acuerdo para participar y resultar ganadoras en licitaciones de la CFE para la adquisición de medidores de luz.
En entrevista, Gerardo Carrasco Chávez, director de Litigio de DILE, brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien presentó la denuncia ante la Cofece, explicó que el mayor porcentaje de las investigaciones iniciadas terminan en un dictamen de probable responsabilidad.
Destacó que la propia Cofece podría presentar una denuncia ante el Ministerio Público federal por la comisión de delito.

El sector obrero pidió que el aumento al salario mínimo se fije por arriba de los 100 pesos diarios, lo cual supera la propuesta que hizo el sector patronal.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se declaró en sesión permanente para discutir un eventual aumento a los salarios mínimos, de tal forma que podría darse un ajuste antes de diciembre próximo.
En la sesión se presentó la propuesta de la Coparmex, para elevar el salario de 80.04 a 95.24 pesos diarios.
Y también la del sector obrero.
“Este incrementó debe superar los 100 pesos para que genere una recuperación real del poder de compra de los trabajadores”, señaló José Luis Carazo, vocero del sector obrero.
El representante del sector privado, Tomas Natividad, aseguró que sí se dará un incremento al salario, independiente de la revisión que tradicionalmente se hace al cierre del año.
“En el sector empresarial si hay consenso de que debemos iniciar el proceso de revisión, sí hay consenso de que debemos recuperar el valor del salario mínimo general.
“Sí vamos a dar un incremento al salario mínimo”, señaló Tomás Natividad.
Basilio González, presidente de Conasami dijo que la propuesta de Coparmex es buena pero “no los ata o los vincula a ella”.
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, reiteró en su cuenta de Twitter que su propuesta de incremento salarial, de 80.04 a 95.25 pesos, es viable para lograr la línea de bienestar.
Además, señaló por esa vía, que la Conasami no está cumpliendo con su mandato y su operación es anacrónica, por lo que destacó que es impostergable su refundación, así como renovar su liderazgo.

El cese fulminante de Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para Delitos Electorales, le ha causado un enorme daño al gobierno federal. Si es repuesto en su cargo o se confirma la defenestración, en ambos casos el resultado será una nueva pérdida para el muy menguado prestigio de la presente administración, señalada por casos como el de la Casa Blanca de las Lomas, el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca y lo que se acumule esta semana.
Desde luego, de confirmarse la presencia de dinero ilegal en la campaña presidencial del PRI de 2012 no sería una sorpresa, pues ya un altísimo ejecutivo de la firma Odebrecht declaró ante las autoridades brasileñas que esa empresa había entregado enormes sumas a uno de los principales colaboradores del candidato tricolor.
Como se recordará, en 2012 el derroche del PRI alcanzó niveles sin precedente, aunque como de costumbre las autoridades electorales optaron por cerrar sus ojitos ante la feria de regalos con listón tricolor, la entrega de dinero contante y sonante, los cientos de autobuses de que dispuso el candidato, la flota de aviones y helicópteros a su servicio y muchas otras erogaciones.
Desde luego, los órganos electorales no suelen ver las tropelías del PRI, quizá porque ese partido tiene mayoría en los cuerpos de arbitraje comicial. Prueba de lo anterior la dieron en el presente año los institutos electorales del Estado de México y Coahuila, donde corrió el dinero en cantidades rockefellerianas sin que autoridad alguna se haya incomodado. Incluso, el Tribunal Electoral federal inventó un pretexto para no contabilizar una parte del gasto priista en Coahuila.
En tales condiciones, nada tiene de extraño que “las instituciones” se confabulen para deshacerse de un fiscal incómodo, aunque de ese modo lancen un ominoso anticipo de lo que veremos en 2018, con autoridades temerosas, blandengues o cómplices y un gobierno dispuesto a todo para cuidarse las espaldas.
Para mayor desgracia de los mexicanos, prominentes líderes empresariales desde siempre beneficiados por el PRI, como un señor equis y otro no de nacionalidad sino de apellido Alemán, ya se incorporaron a la cruzada para preservar los santos lugares del priismo mediante el sobado intento de espantar con el fantasmón del populismo o asegurando que si los electores votan por AMLO tendremos otro Nicolás Maduro (por cierto, ¿qué pasó con la oposición teledirigida en Venezuela?).
Lo que está claro, si alguien lo dudaba, es que el PRI no quiere dejar el poder y ya empezó a desplegar su amplísimo y siempre renovado arsenal de marrullerías. Hace unos días se desató una feroz campaña contra el líder del PAN y antes y después no ha cejado en el esfuerzo por denostar a López Obrador, pues mucho es el temor ante un eventual triunfo de la oposición.
Es parte de la vida política la descalificación del adversario, pero ese recurso tiene sus límites, entre otros, que las acusaciones se apeguen a la verdad o que por lo menos no sean mentiras evidentes. Eso poco le importa al priismo en el poder, que tiene mucho que perder si gana Morena e incluso ante una eventual victoria de la coalición PAN-PRD.
Fiel a su estilo, el partido tricolor ya olfateó que el dedazo favorecerá a José Antonio Meade, el todoterreno, funcionario de un gobierno panista y luego de uno priista, el hombre que, como la Chimultrufia, así como dice una cosa dice otra, y en medio del desastre económico que sufren los mexicanos habla de que la ruta es firme, que las finanzas nacionales van por el mejor camino imaginable y que el país es un paraíso.
Los priistas hacen como que se lo creen y lo siguen como romeros que buscan un santo que adorar. Por lo pronto, ya modificaron los estatutos de su partido para darle entrada a un candidato “externo” a la Presidencia de la República y suprimieron el requisito de diez años de militancia que se exigía a los aspirantes.
Se trata, por supuesto, de un despliegue de indignidad al que hasta ahora sólo se ha opuesto abiertamente Ivonne Ortega. El PRI va por todo y no reparará en los medios, pues hoy como nunca muchos de los altos cuadros de ese partido están señalados por corruptos y tratarán de evitar la cárcel. Si pierden la elección, lo que es previsible, ¡cuidado!, porque serán capaces de todo. No sería algo nuevo, porque para salvar sus privilegios pueden recurrir a  cualquier cosa, a cualquiera. Te lo digo Anaya para me escuches Andrés Manuel.

Al concluir el ciclo de la Revolución Mexicana –1910-1940– con el cardenismo, México entró en una etapa de estabilidad política relativa. Ello fue posible porque ya habían fraguado los cimientos de un contrato social más o menos efectivo que legitimó al presidencialismo autoritario. Al menos eso reflejaron la cohesión de la élite y las encuestas sobre la cultura cívica de la época, (Gabriel Almond y Sidney Verba, The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, [Princeton, 1963]). Siempre se tuvo conciencia de vivir en un entorno no democrático, pero también en un régimen que prometía “justicia social” a campesinos y trabajadores, que abría oportunidades a las clases medias y que a los grandes empresarios les ofrecía un mercado interno protegido. Y la democratización política era tema pospuesto, pero no cerrado.
Ese contrato social post revolucionario dejó de operar en los años 80. Hoy, la gran desigualdad social del neoliberalismo más la atmósfera de violencia e inseguridad, la mediocridad del crecimiento económico y una corrupción e impunidad rampantes, nos han dejado sin contrato alguno. Lo que queda de pegamento social sólo se ve en una orilla de la sociedad civil –la solidaridad a raíz de los sismos, por ejemplo– pero no en la opuesta, donde operan gobierno y poderes fácticos.
El entusiasmo que despertó el 2000 por las posibilidades de una “transición democrática” ya se disipó. La ausencia de un acuerdo social y de confianza en las instituciones hace que la contienda electoral por venir se vea más como una crisis que como la “fiesta democrática” que debería ser.
Y es que los signos políticos son ominosos. Las últimas elecciones del Estado de México y Coahuila, oficialmente las ganó el partido del gobierno, pero sin credibilidad. En ambos casos, el INE y el TEPJF se mostraron como instituciones ya capturadas por el gobierno y su partido, y cuya función ya no es asegurar la limpieza del juego electoral sino simplemente avalar el triunfo del PRI. Finalmente, la forma en que se pretende evitar que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales cumpla su tarea, difícilmente puede ser más obvia: cesar al fiscal justo al inicio de la campaña electoral vía la orden de un procurador interino y para obstaculizar una investigación por corrupción de carácter internacional y que en otros países ya ha avanzado mucho: el dinero ilegal que la empresa constructora brasileña Odebrecht inyectó en campañas electorales a cambio de contratos y favores.
Esa investigación, de la que no sabemos su naturaleza, debería determinar el verdadero monto de los sobornos pagados, a quién se le pagaron, aclarar si terminaron como financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2012 y, finalmente, qué contratos se firmaron con las empresas de Odebrecht y bajo qué condiciones (Reforma, 23/10/17). En esta coyuntura, la explicación oficial sobre el despido del fiscal: violación al código de ética de la PGR (?) por divulgar datos que debían permanecer en la confidencialidad, simplemente no convence. En fin, con o sin fiscal, el caso Odebrecht alcanzó a la cúspide del poder y ya proyecta su sombra sobre el 2018.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha quejado de una tendencia de la sociedad mexicana que ve en la corrupción gubernamental la causa de todos los males de la vida pública (Aristegui Noticias, 16/10/17). Obviamente, no todos nuestros grandes problemas nacionales son producto directo y exclusivo de la corrupción, pero prácticamente en todos y cada uno de ellos ese factor está presente y en algunos casos es determinante. Se puede hacer una enumeración de esos problemas tan corta o larga como se quiera y comprobar que en prácticamente todos, este componente juega un papel.
Hagamos el ejercicio. Si hoy apenas el 48% de los ciudadanos dicen apoyar a la democracia y el 71% de ellos está insatisfecho con la forma como opera el sistema político (Latinobarómetro, 2016 y encuesta GEA-ISA, junio, 2017), ello se explica en buena medida por la percepción de su corrupción. Si el 75% de los mexicanos dijeron que vivir en su ciudad es inseguro (INEGI, 17/07/17), tal percepción tiene en su base un elemento muy objetivo: el aumento imparable de la violencia –2017 ya es el año más violento del sexenio. El crimen organizado no cede, avanza. La impunidad, otra cara de la corrupción, coloca a México en el cuarto lugar entre 69 países (Índice global de impunidad, 2017, Universidad de las Américas. Puebla) y se calcula que el 98% de los actos criminales en el país quedan impunes (CEESP, 2012). Por eso es generalizada la sospecha de una relación estructural entre criminales y autoridades.
El costo económico de la corrupción en nuestro país se calculó para 2015 entre el 5% e incluso el 10% del PIB (El Financiero, 02/03/17). Los “desastres naturales” son poco naturales y mucho producto de negligencias y corrupción. Lo mismo se puede argumentar sobre los enormes daños a la ecología, (deforestación, derrame de sustancias toxicas en ríos y mares y más). En fin, el etcétera puede ser muy largo.
El PRI anunció que su retorno a Los Pinos se significaría por sus “reformas estructurales”, pero posiblemente pase a la historia por la acentuación de una de sus características históricas: la corrupción.

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