La activista Yndira Sandoval Sánchez consideró que las instituciones encargadas de impartir justicia en Guerrero, transgredieron el proceso legal que lleva la Fiscalía Especializada para la atención de Defensores en Derechos Humanos y Periodistas sobre la agresión sexual que denunció, al filtrar videos que aseguró están editados, lo cual la revictimiza, criminaliza y pone en el escrutinio público por su condición de defensora.
Hubo dos momentos donde Yndira reiteró que fue violada por una policía municipal de Tlapa el pasado 16 de septiembre, y aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tienen conocimiento de su caso: una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) y una caminata  hacia la Oficina de Representación de Guerrero ubicada en Polanco.
“No confío en la Fiscalía General del Estado (FGE), me ha violentado todo el tiempo, estoy buscando otras medidas, por ello caminaré hacia la Corte. Por las filtraciones he sido motivo de escarnio. Cuento con medidas cautelares del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, señaló Yndira Sandoval y adelantó que llevará su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La activista admitió en la rueda de prensa que estaba en estado de ebriedad en los videos difundidos, según aseguró, por la Dirección de Seguridad Pública de Tlapa, y ofreció disculpas por su prepotencia, pero enfatizó que ello no justifica que hasta este miércoles, luego de que hizo público el 22 de octubre su caso, la titular de la Fiscalía que revisa su denuncia, Rigoberta Román Orea, se haya comunicado.
“Mi caso es un reto a la institucionalidad del Estado mexicano. En los últimos tres meses con mucho dolor pareciera que se ha hecho un modos operandi que las mujeres que decidamos beber, sea motivo suficiente para que nos violen o para que nos maten, está el caso de Mara Fernanda”, dijo.
Sobre Claudia Juárez, la policía que refutó la versión de Yndira, y a quien la activista sostuvo que identificó por los mismos videos difundidos donde aparece discutiendo con los policías de Tlapa, declaró que  “yo no denuncié a ninguna persona por su condición de género, de sexo, por su condición económica, por su condición de etnia, a ninguna persona la denuncié, porque esos no son mis parámetros, como defensora, como feminista”.
La fundadora de la iniciativa Todas MX, enfatizó que la policía municipal al momento de refutar su versión no aparece con su uniforme de policía: “a esa persona vestida de civil que describe las condiciones que la mayoría de las personas en este país viven, no es a la persona que yo estoy denunciando, estoy denunciando a una que forma parte de una corporación policiaca”.
Según Sandoval dijo que es mentira lo que mencionó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez, que se había negado a declarar y mostró su expediente, el que dijo da continuidad desde acá, porque su casa fue allanada, ha recibido amenazas y se mantiene con todo el control que tiene una persona que cuenta con medidas de protección: es georeferenciada, cuenta con botón de pánico y policías.
“Ser sobreviviente también me compromete para seguir luchando en un marco jurídico a favor de las mujeres, personas en igualdad de circunstancias. Lo que yo estoy denunciando es justicia, pero también lo que estoy denunciando es el nivel de impunidad en el que operan las instituciones gubernamentales de seguridad pública y de procuración de justicia en este país”, dijo.
Pidió también que no se desestime el hecho de que la violaron en Guerrero, un estado donde existen muchos casos de activistas, “mujeres y hombres que han perdido la vida en el fuego cruzado por el crimen organizado. Fue en Tlapa, fue en la Montaña, fue donde no todas las mujeres cuentan con las posibilidades para denunciar por la propia exclusión social”.
La activista exigió castigo integral y reparación de daños. Dijo que tiene un examen de un médico legista, que se realizó dos días después porque en Tlapa no recibió atención inmediata ni tiene videos de cómo el Ministerio Público le cerró la puerta para poner su denuncia.
“Las autoridades presentes que no detuvieron a las personas torturadas, así como las superiores que mostraron una completa inacción, hasta llegar al gobernador del estado, son responsables de las agresiones”, dijo.
La conferencia fue minutos después de mediodía. La marcha inició casi a las 17:00 afuera del metro Polanco y llegó hasta las oficinas cuyo titular es René Juárez Albarrán, hijo del ex gobernador René Juárez Cisneros, actual subsecretario de Gobernación federal. Las activistas, algunas transexuales, feministas, Constituyentes, militantes del PRD, entre otras, al grito de: “todas somos Yndira y no estás sola”. pidieron justicia.
De Todas MX, Rosalida Pimentel, encaró a René Juárez Albarrán, quien le dijo que él podría transmitir su mensaje al gobernador, Héctor Astudillo. Ella y otra activista, Rosa María Cabrera, le dijeron que era necesario impartir justicia con perspectiva de género y que las instituciones estaban corrompidas.
Cabrera comentó a parte a algunos reporteros que no era posible que en Guerrero pasara un caso más “sólo de enero a agosto de este año, más de mi 544 personas han sido asesinadas, de ellas cerca de 237 pertenecen a grupos indígenas y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso; en lo que va del sexenio de Enrique Peña, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos; 90 mujeres han sido asesinadas, tan sólo en Tlapa, cinco”.
La oficina estaba cerrada y la resguardaron policías mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública.

El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, indicó que en el caso de la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció una agresión sexual por parte de una policía de Tlapa, no se puede revelar el contenido de los dictámenes, ni detalles de las pruebas recabadas, ya que el proceso de investigación debe ser respetado.
En un boletín de prensa, Álvarez Heredia reiteró que la defensora de derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez sigue sin presentarse ante el Ministerio Público para ampliar su entrevista ministerial.
Indicó que el Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales en Tlapa ha realizado diversos actos de investigación con relación a la denuncia de agresión sexual presentada por la activista.
Destacó que la Fiscalía ha cumplido con las acciones de realizar dictámenes médicos, criminalística de campo y fotografía forense, informes de la clínica San Antonio de Tlapa, videograbaciones de las cámaras de seguridad de dicho nosocomio y constancias de llamadas telefónicas a efectos de ampliar la entrevista ministerial.
A pesar de esto insistió que no se puede dar detalle sobre los avances debido a que el proceso de la carpeta de investigación no lo permite, pero insistió que se está cumpliendo con el labor de investigar.
Aprovechó para señalar que el gobierno respeta la voluntad de Yndira Sandoval Sánchez de hacer públicos la información obtenida de las actuaciones ministeriales, “pero es nuestro deber proteger los derechos de la víctima y de quién está señalado como presunto responsable”.

Por segundo día consecutivo, integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) mantuvieron su plantón fuera de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), porque aun cuando este miércoles hubo diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, no se resolvió su demanda de la entrega del 30 por ciento faltante del dinero del programa Vivienda Rural, para 581 beneficiarios.
El martes, los integrantes de la organización pretendían tomar las instalaciones de la dependencia federal, pero no pudieron porque éstas están tomadas desde agosto por trabajadores operativos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues les adeudan cinco meses de salarios devengados.
Sin embargo, afuera del edificio colocaron una carpa y una lona para protegerse de la intemperie, y plantarse de manera indefinida hasta que les resuelvan su demanda, pues aunque la organización en el estado es de las que llevan mayor avance, les preocupa que no se entreguen los 24 mil pesos a cada beneficiario de ese 30 por ciento que falta por cubrirse, pues al 70 por ciento de los 581 beneficiarios ya se les entregó el dinero.
La protesta se desarrolla simultáneamente en 26 estados, pues la Sedatu no ha entregado ni el 50 por ciento de apoyos para la organización a nivel nacional.
En consulta, la coordinadora de Vivienda de la CODUC, la ex diputada local perredista Luisa Ayala Mondragón informó que en la Segob había una reunión para concretar la entrega del dinero.
Hasta el cierre de esta edición, a los manifestantes no les informaron si ya había algún acuerdo que permitieran levantar el plantón, por lo que continuó.

Las autoridades de los gobiernos estatal y federal siguen sin atender las demandas de damnificados de la tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades de San Marcos Majada del Toro, Tierra Blanca Ocotito y Tres de Mayo, de Chilapa, pese a que el 4 de octubre, cuando protestaron en la capital, les prometieron que resolverían sus demandas.
Las demandas urgentes en Lomas de los Pinos, donde aún no terminan de reubicar a todas las familias, son un médico, que se reanude la construcción de las escuelas que tienen más de un año paradas, y que se construya un muro de contención, además de la edificación de las 150 viviendas que faltan.
En consulta telefónica, el gestor de las comunidades, Pedro Reynoso Martínez recordó que el día que protestaron en la capital, les prometieron que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) acudiría a la comunidad para ver lo de un muro de contención que solicitan las familias, pero no llegaron, les pospusieron la fecha de la visita otras dos ocasiones, pero tampoco cumplieron.
Este miércoles avisaron a los pobladores que irían trabajadores para empezar a construir el muro, pero los vecinos no acudieron a recibirlos ante los incumplimientos previos.
“No sé qué indicaciones traigan, (no sé si) nomás son para unos cuántos días o para terminarlo, eso es lo que ya ponen en duda”, indicó el gestor Reynoso Martínez.
Sin embargo, dijo que también hay pendientes con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), porque las obras de las escuelas que se construyen en Lomas de los Pinos están inconclusas, y pararon la construcción desde hace un año.
“Ya casi vamos a cumplir un año; con el secretario general de Gobierno (Florencio Salazar Adame) estuvimos en las instalaciones; en la sala 2 de la Secretaría General de Gobierno, le hemos estado pidiendo una audiencia con los titulares a los que les compete cada construcción del IGIFE, Inifed, Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y Cdi (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)”, reclamó.
El día de la protesta, los damnificados también acudieron a las oficinas de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), pues no tienen médico, y acordaron que se vería la forma de que acudiera uno, lo que tampoco ha sucedido.
Les informan que los médicos no quieren ir, pues el día de la reunión les dijeron que había dos propuestas, pero ninguna se concretó, por lo que sólo cuentan con una enfermera.
El martes, el gestor le pidió al alcalde de Chilapa, Jesús Parra, que hable con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que los atienda junto con los titulares de las dependencias correspondientes y resuelvan sus demandas.