Policías federales detuvieron la noche del martes en la comunidad de Apipilulco, municipio de Cocula, a un hombre al que le confiscaron una motocicleta con reporte de robo con violencia ocurrida el 22 de julio en Iguala.
Según fuentes de la Policía Federal minutos después de las 9 de la noche de ayer, en patrullajes en Apipilulco detuvieron a un joven a bordo de una motocicleta Italika modelo 2016.
Al revisar el número de serie en la base de datos se verificó que la motocicleta tiene reporte de robo.
El joven de 19 años identificado como Héctor Luis, vecino de Iguala fue detenido y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común. (Alejandro Guerrero / Iguala).
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Apuñalan y balean a un joven en el centro de Altamirano a dos cuadras del Ayuntamiento
Un joven de 24 años fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en el centro de esta ciudad, a dos cuadras del Palacio Municipal por hombres armados que además de que le dispararon lo apuñalaron.
Informes policiacos señalan que los hechos ocurrieron aproximadamente a la una de la tarde de este miércoles en la calle Pungarabato Poniente, a media cuadra de la glorieta de Hidalgo. La víctima fue identificada como Enrique de 24 años.
Las primeras investigaciones señalan que el joven recibió una llamada telefónica y salió de su casa en una moto sin avisar a dónde iba, se encontró con unas personas a dos cuadras de distancia en el Zócalo de Altamirano donde quedó su moto y de ahí regresó en un vehículo con los hombres armados que ingresaron a su casa exigiéndole un teléfono celular.
La versión de la familia dice que el joven se dedicaba arreglar celulares y computadoras desde hace algunos días, pues había dejado su trabajo en una gasolinería.
El reporte indica que amenazaron a la familia con arma de fuego y una vez que entregó el celular el joven intentó huir y lo alcanzaron a balazos afuera de su casa.
Personal de periciales encontró en el lugar 12 cartuchos percutidos que impactaron al joven, y una vez que estaba tirado en el suelo lo atacaron con un puñal.
Al lugar llegaron policías del estado y ministeriales además de soldados del Ejército cuando el cuerpo ya se encontraba dentro de su casa.
Los familiares se desesperaron porque después de media hora ningún cuerpo policiaco ni autoridad llegaba, por lo que lo levantaron y lo metieron a su casa. Nadie pudo identificar a los responsables. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Termina foro sobre desaparición forzada; acuerdan impulsar una agenda común
A pesar de que viven en contextos distintos y tienen diferentes procesos de lucha, familiares de personas desaparecidas de varios estados de la República establecieron acuerdos para empujar una agenda común, ayer en el segundo día del foro sobre desaparición forzada Contra el dolor y el odio, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Luego de participar en tres mesas temáticas en la Casa Diocesana Villa Lucerna, los representantes de organizaciones de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Querétaro coincidieron en que los familiares deben buscar prioritariamente vivos a los desaparecidos, sin dejar la búsqueda en fosas o a través de las instituciones como cárceles, servicios médicos forenses o centros de rehabilitación.
Además ser la punta de lanza para presionar a las autoridades a darles resultados, y tomar en cuenta que existe el terrorismo de Estado, por lo tanto los buscadores deben cuidarse y respetar los códigos de seguridad en su vida cotidiana, “nos guste o no”.
De las búsquedas, los de mayor experiencia recomendaron entender el contexto de los distintos escenarios, pues no son las mismas condiciones en la costa, la montaña o el desierto, y para la articulación de los movimientos del norte, el centro y el sur del país, considerar todas las medidas al alcance que puedan aprovechar.
Concluyeron que es necesario conocer las leyes y sus derechos como familiares para hacerlos valer y dar acompañamiento, ser conscientes de los derechos no es el fin sino una herramienta, y no permitir más discriminación, que no ha sido es exclusiva de las familias indígenas y de la montaña, aclaró una activista de Sinaloa.
De las características de cada entidad, identificaron que hay un trato diferente de algunas autoridades en estados del norte con los movimientos de desaparecidos, respecto a los del centro y el sur del país.
Señalaron que mientras en el norte los movimientos han tenido más apoyo, asesoría de las instituciones “tal vez por su lucha”, en el sur los colectivos están relegados, hay negligencia de atención jurídicas y de servicio social, no hay respeto a su dolor.
Propusieron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo, como ocurrió en este foro, para compartir y cubrir espacios donde sus brazos y sus pies no alcanzan, incursionar en redes sociales para mantener la comunicación, para que la población se dé cuenta que están trabajando y de las dificultades que enfrentan.
Del Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, Blanca Martínez, precisó que si en su estado lograron sentar al gobernador con el movimiento de personas desaparecidos, se debió a la presión que ejercieron los familiares, pero mañana nada les garantiza que sigan en la misma mesa.
Otra de las activistas agregó que recibir apoyo del Estado no implica que van a dejar la movilización, al contrario, siguen haciendo plantones en el Palacio de Gobierno y en la Fiscalía cuando es necesario.
Del colectivo de Chilpancingo, Padres y madres de desaparecidos asesinados y secuestrados de Guerrero y del país, se insistió en analizar que los apoyos no sean compromisos con las autoridades.
En general insistieron en la necesidad de priorizar siempre la búsqueda en vida, en que las autoridades tienen responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y que los familiares deben comprender los contextos de cada estado, incluso de los grupos del crimen organizado.
Una mujer guerrerense opinó que las autoridades en todos los estados de la República son apáticas, pero aquí “la violencia se va haciendo tan normal que a nosotros los guerrerenses no nos importa si nos avientan un muerto ahí, somos indiferentes en el sur, y el gobierno no mete las manos por nadie, y cuando el gobierno habla con los líderes los centavea”.
Una adulta mayor del colectivo Siempre Vivos de Chilapa señaló que “es tiempo de armarnos de valor y ponerle interés al trabajo y a la lucha, tenemos que ir dando los pasitos. Nos tenemos que ir organizando y ver que todos somos importantes en el colectivo. No tenemos los avances que en el norte, pero creo que podemos hacerlo”.
Enseguida, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera mencionó que en esta búsqueda de familiares desaparecidos “el piso es disparejo, y en este piso ¿cómo podemos tener una plataforma común de lucha desde nuestros diferentes espacios, rincones?, y ¿cómo enlazarnos en la medida que dan nuestras fuerzas?”.
Otro activista confirmó que hay muchas diferencias entre el norte y el sur, “la ventaja que tenemos (en Coahuila) es que es el único estado en que nos apoya el gobernador, por eso hemos abierto muchísimas puertas, recomiendo a las colectivos que recurran a organismos de la ONU y al señor que se prestó a venir ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el presidente Luis Raúl Gonzalez), ellos pueden tener influencia con senadores y diputados, y todas aquellas autoridades que pudieran ayudar a que se vea la gran cantidad de personas desaparecidas”.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
La consigna que dio aliento a las participaciones del foro fue retomada por la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, María de Jesús en su mensaje.
Dijo que las autoridades primero dijeron que sus hijos estaban en una fosa, luego que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos los había matado y quemado en un basurero, y cuando la versión del basurero fue desechada por expertos independientes, en las calles, muchas personas les dijeron “sus hijos ya están muertos, por qué los andan buscando, ustedes ya recibieron dinero del gobierno, ¿quieren más?”.
Aclaró que no recibieron nada y seguirán buscando a sus hijos con vida, porque desde el principio saben que “policías del narcogobierno” los agredieron y se los llevaron.
“Nos dimos cuenta cómo fueron perseguidos, balaceados cobardemente, supimos cómo les echaron gas lacrimógenos a los que iban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, cómo los bajaron, cómo los golpearon. De 15 a 20 jóvenes que tenían bocabajo sin playera porque los estaban golpeando, ¿y todavía el gobierno criminaliza a nuestros hijos?”.
Al menos este grupo fue llevado rumbo a Huitzuco con El Patrón, un personaje que no ha sido identificado en tres años de investigación, porque el Estado no tiene voluntad de esclarecerlo, mencionó.
“Cuando gritamos la consigna donde quiera que vamos es un grito de indignación, de preocupación, para que todo el mundo escuche y nuestros hijos sepan que seguimos en pie de lucha”, expuso.
Una joven mujer del colectivo Siempre Vivos de familias nahuas de Chilapa y Zitlala tomó el micrófono para decir que sí tienen miedo, porque en la zona donde viven hay grupos delictivos operando, “y sí sabemos quienes son”.
Dijo que de inicio pensó que el gobierno los iba a ayudar, y al tiempo comprendió que son las organizaciones las que empujan la demanda de presentación y búsqueda de los desaparecidos, “no debemos andar solitos, lo vamos a lograr en colectivo, me lo llevo muy claro, y me llevo (el ejemplo) de las compañeras de Coahuila que están buscando en fosas clandestinas. Desconocía (ese tipo de búsqueda), tengo una esperanza de que los vamos a buscar vivos, primordialmente, pero en México están apareciendo muchas fosas y podría estar del otro lado también”.
“Sé que hay muchas familias que piden justicia, que queremos a nuestros desaparecidos vivos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.
Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa
Una activista de colectivo Rastreadores del Fuerte y zona norte de Mochis, Sinaloa, informó que tienen una oficina de gestoría, y acaban de concluir una campaña para recopilar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, “muchos padres no se acercan a dar el ADN por miedo a amenazas”.
Aclaró que ellos tienen camionetas de resguardo y el acompañamiento de la prensa, “me da pena escuchar que ellos no tienen apoyo por acá, son sentimientos encontrados, pero ahí estamos para compartir cómo nos podemos apoyar”.
Una joven de Querétaro señaló que el dolor es el mismo, y en su estado de los de menor incidencia delictiva están desapareciendo personas.
Destacó que “los padres de los 43 alumnos desaparecidos lograron que a nivel internacional se reconociera la desaparición forzada en México”, lo que les dio ánimo para comenzar su propio camino.
Ahora todas las familias buscan de todas las formas, en vida, en fosas, en papeles, “y las instituciones no deben quedarse fuera, eso hizo el norte, reconciliarse con los gobernantes en el trabajo. No somos amigos, pero tenemos que ser colaboradores para la búsqueda”.
En un pronunciamiento final firmado por 25 organizaciones y colectivos exigieron la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, pues reconocen en ella las contribuciones de los familiares, sienta las bases para alcanzar la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, develar la verdad, obtener reparación integral y evitar más desapariciones.
Pese al dolor refrendaron “la voluntad firme de vencer el muro de la impunidad, transformar el momento trágico que enfrenta el país, hacer posible la construcción de un México en que nadie padezca el sufrimiento que hoy nos aqueja y conservar viva la llama de la esperanza”.
Se incendia el edificio que alberga al PESA de la Sagadegro en Chilpancingo
La tarde de este miércoles hubo un incendio en la parte alta del edificio donde se aloja el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro).
Según un reporte de Protección Civil del estado el incendio fue a un costado del bulevar Vicente Guerrero y la tienda Aurrerá.
Ante el reporte al número de emergencias 911, el cuerpo de bomberos del estado se traslado al área afectada, e informó que resultaron consumidos por el fuego documentos, escritorios, computadoras y sillas.
A las 9:30 de la noche se desconocía el motivo del incendio pero se presentó una denuncia en el Ministerio Público para la investigación.
Pesa fue creado en 2002 para la transformación de las condiciones de vida en comunidades rurales de alta y muy alta marginación.
Este programa da apoyos económicos a las familias de escasos recursos para que inicien actividades relacionadas con el campo para su subsistencia. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Piden policías estatales cesados al gobernador que reconsidere su despido; señalan abuso de autoridad
Policías de Seguridad Pública estatal que fueron dados de baja desde mayo denunciaron que el secretario Pedro Almazán Cervantes, incurrió en abuso de autoridad en su contra sólo por exigir sus derechos, y demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que reconsidere su despido.
Los policías quienes se siguen considerando miembros de la corporación porque aseguraron que no han recibido ningún documento que diga que están dados de baja o despedidos, declararon que sin policías suficientes a quien se afecta es a la población que queda vulnerable frente a la delincuencia.
Este miércoles unos 30 policías sancionados que se concentraron afuera de las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), aclararon que no se consideran despedidos ni dados de baja de la corporación, sino solamente “reprimidos” por el secretario de Seguridad Pública estatal, pues no les ha llegado ninguna notificación, y tampoco han firmado algún documento donde aceptan su finiquito.
Uno de los policías, José Muñoz informó que hasta éste miércoles sabían que fueron 176 los policías “sancionados”, quienes a partir del 31 de mayo les retuvieron sus salarios, después de que protestaron en el cuartel general de esta capital en demanda de una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo.
Ayer informaron que en su protesta también exigían chalecos blindados, mejor armamento y equipo de transporte porque en las operaciones utilizan vehículos no oficiales, lo que calificaron como una irregularidad.
Explicaron que estas demandas eran para mejorar el servicio que prestan a la sociedad, pero que el secretario de Seguridad Pública prefirió reprimir el movimiento y con ello incurrió en abuso de autoridad, y por ello debe de ser sancionado.
José Muñoz denunció que la actitud que asumió el secretario demuestra que no le interesa la seguridad de la sociedad, porque en vez de incrementar la fuerza policiaca como se comprometió al inicio de la actual administración estatal, la disminuyó al sacarlos del servicio.
Dijo que vulneró la seguridad de la población, “porque le quitó policías a los ciudadanos, pero no se quitaron sus escoltas los funcionarios, ellos sí siguen bien protegidos, es al pueblo al que dejan desprotegido”.
Dijo que de por sí el secretario Almazán Cervantes ha estado prestando un “pésimo” servicio de seguridad a la sociedad, “y los resultados de su trabajo han sido insuficientes”.
Otro policía declaró que de los 176 sancionados (en todo momento evitaron aceptar que están despedidos o dados de baja) ninguno ha aceptado el finiquito que les ofrecen.
Informó que tampoco han recibido alguna notificación que les diga que están despedidos o dados de baja, por lo que se siguen considerando policías en activo, sólo que no han recibido sus salarios desde el 31 de mayo por la “represión” del secretario de Seguridad a consecuencia de su protesta.
José Muñoz añadió que siguen en “pie de lucha” y que si este miércoles acudieron pocos a la conferencia de prensa, fue porque el resto se encuentran en otras actividades.
En la conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Codehum, algunos policías mostraron pancartas, en algunas de ellas se leía: “No a la represión”. Otras mostraban fotografías de policías caídos en el cumplimiento de su deber. Uno de los agentes explicó que situaciones como esas eran las que pretendían evitar al exigir más equipo y armamento, pero que las autoridades en vez de resolverles respondieron con represión a su movimiento.
En otra de las pancartas se leyó: “Se le hace un llamado a la ciudadanía en general, también a los trabajadores de los tres niveles de gobierno, como a las corporaciones policiacas de los 3 órdenes para que hoy 9 de agosto del 2017 hagamos un paro nacional de 2 minutos como rechazo total al abuso de autoridad que fue decretado por el presidente Peña Nieto, y que se le dé cumplimiento y no quede en la impunidad”.
Los policías pidieron al gobernador que reconsidere la postura que asumió su secretario de Seguridad Pública y pidieron una nueva mesa de diálogo.
“Estamos pidiendo al gobierno que se reivindique porque a veces se toman decisiones de una mente intolerante”, dijo José Muñoz.
González Ruiz defenderá los casos de los presos de la CRAC, anuncian
El Comité por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero anunció que a partir de este mes, el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), José Enrique González Ruiz, tomará los casos de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que llevan casi cuatro años tras las rejas.
“Son rehenes del estado, porque quieren meterle miedo a las comunidades y asustarlas para que no sigan funcionando las policías comunitarias”, dijo el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y aseguró que tocarán varias puertas, incluida la Organización de las Naciones Unidas en derechos humanos, para demostrar que son policías son inocentes y actuaron con base a su sistema comunitario.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), integrantes de este comité, que ha apoyado la defensa de algunos presos políticos del sistema de justicia, aseguraron que hay más de 70 órdenes de aprehensión contra integrantes de la CRAC, en su mayoría de la Casa de Justicia de El Paraíso, donde tenían cargos Gonzalo, Samuel y Arturo Campos Herrera, preso en Ayutla.
Enriqueta Chávez, miembro del comité, enlazó vía telefónica desde el penal de Chilpancingo a Gonzalo Molina y a Samuel Rodríguez Gálvez; después, a Arturo Campos Herrera, cuya defensa legal la lleva Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y a Ángel García, un comunitario que salió bajo fianza luego de estar más de 32 meses en prisión en Ayutla, junto con otros siete miembros de la CRAC para hablar de su situación legal.
Ángel García lamentó que aunque fue liberado bajo fianza en mayo de 2016, tiene que seguir yendo cada semana a firmar documentos a Tlapa, lo cual es costoso para él y los otros policías que tienen que ir de Ayutla hacia ese municipio de la Montaña. “Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos”.
Gonzalo Molina lamentó que el gobierno de Guerrero le haya abierto otras siete causas penales y pese a demostrar su inocencia en varios delitos, en su caso le imputan secuestro, delincuencia organizada y portación ilegal de arma de fuego, como a la mayoría, siga encarcelado “porque afectamos intereses económicos y políticos, nosotros nos organizamos para defender a nuestra comunidad”.
Samuel Ramírez, quien fue detenido el 6 de octubre de 2013 con 13 policías comunitarios más de la casa de justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, en su limitado español porque su idioma es el tu’un savi (mixteco), dijo que seguirá luchando hasta demostrar su inocencia; palabras que también empleó su mamá Beatriz Gálvez, enlazada también por teléfono, y pidió su liberación inmediata.
El pasado 2 de junio a Samuel lo sentenciaron a 4 años y 100 días de cárcel, pero decidió apelar la sentencia y no salir bajo fianza, porque ello sería, “aceptar la culpabilidad que no existe”. (De la corresponsalía / Ciudad de México).
Ante la crisis es urgente la Ley General sobre Desaparición Forzada, dice González Ruiz
El ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), José Enrique González Ruiz consideró que es urgente que se apruebe la Ley General sobre Desaparición Forzada que sigue en la congeladora legislativa, pese a que diferentes organismos, comisiones y actores externos han demostrado que el país atraviesa una de sus peores crisis en la materia y que es un fenómeno que se repite.
Consultado al término de una conferencia de prensa del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se sumó a la exigencia del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, quienes urgieron la aprobación de la ley este año.
“El Estado juega con la Ley de Desaparición Forzada, la ha promovido, la ha publicitado y luego la entierra. La olvida cuando se da cuenta de que es un crimen de lesa humanidad, ya no toma en serio el asunto. El caso más sonado actualmente Iguala- Ayotzinapa, lo está trabajando el Estado mexicano como un homicidio múltiple, no como una desaparición forzada de personas”, lamentó.
A casi tres años del informe que rindió la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de lesa humanidad en el periodo de la guerra sucia de 1969 a 1979, el Estado no ha cumplido las recomendaciones hechas, entre las que se incluye la reparación del daño integral a las víctimas.
Recordó que la comisión confirmó que hubo una política instruida desde las esferas gubernamentales, sistemática y generalizada para exterminar a ciertos sectores de la población, sobre todo en regiones como la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Atoyac se registraron alrededor de 300 desapariciones forzadas, que afirmó, es un fenómeno que se sigue replicando.
“Entregamos un informe que dijimos: si estas cosas no se resuelven se van a repetir, nosotros entregamos el informe a los pocos días de la desaparición de los muchachos (43 normalistas de Ayotzinapa) y nuestro informe fue bien enterrado. El gobierno del estado no cumple una sola de las recomendaciones que le hicimos a pesar de que está obligado por ley a hacerlo”, dijo.
Entre los pendientes desde hace tres años está la publicación del informe íntegro, donde viene la lista de desaparecidos en el periodo que investigaron, un libro de texto dirigido a niños de sexto de primaria, primero y segundo grado de secundaria para que conozcan la historia real de ese periodo, un monumento a los desaparecidos en Acapulco para que haya memoria y no vuelvan a ocurrir esos hechos.
“Dijimos que a parte de eso se tenía que hacer una reparación a las víctimas. La reparación tiene que hacerse conforme lo dicta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dice: la reparación tiene que incluir medidas, el daño sufrido por las personas, las pérdidas potenciales que sufrieron por el daño causado, si alguien pudo haber tenido una carrera, una vida exitosa… eso también lo tiene que reparar el Estado, porque les quitó sus expectativas de vida”.
González Ruiz dijo que hay más de 32 mil desaparecidos en México según varios informes internacionales, y ante esta circunstancia el Estado debería buscar a estas víctimas, “son muchísimos, es un mundo de seres humanos… sólo se ven declaraciones, como que se vuelven muy percherones los funcionarios, les gusta asumir compromisos pero en la vida real no están en la dinámica de cumplir”.
Lamentó que la sociedad no tenga la fuerza para enfrentar las desapariciones forzadas y sean necesarias comisiones ciudadanas para que los crímenes se esclarezcan, pese a que tengan que pasar muchos años para ello.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo… un día tendrán que hacerles caso a las comisiones de la verdad”, expuso. (De la corresponsalía / Ciudad de México).
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Demanda la Sedatu a ocho empresas más que incumplieron obras para damnificados
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que interpuso otras ocho denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra empresas constructoras que incumplieron obras para los damnificados de la tormenta Manuel.
El lunes se informó que la Sedatu había demandado penalmente a cuatro constructoras que incumplieron contratos de obras para damnificados, Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial Quetzalcóatl, y que contra la primera había dos procesos.
Dijo ayer que en El Mirador serán demolidas 32 casas porque se construyeron en una plataforma sobre una barranca, lo que ocasiona que la zona sea inestable y peligrosa; además, por la irresponsabilidad en la construcción presentó una denuncia ante la PGR a quien resulte responsable y asuma el costo.
El delegado de Sedatu indicó que hay una plataforma que se desplantó sobre una barranca, según estudios que confirma el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y que coinciden con lo que da Protección Civil estatal, “se construyó de manera errónea, se hizo una plataforma que resulta inestable”.
Consultado en Palacio de Gobierno, explicó que la plataforma provoca inestabilidad y que hay 32 viviendas que serán destruidas, para lo cual pedirá presupuestos extraordinarios, porque representan un peligro para los habitantes.
El funcionario destacó que, “demoler las viviendas representa un gasto, por lo que además ya se está llevando a cabo un proceso judicial, yo presenté denuncias ante la PGR ante la mala calidad con que las viviendas fueron construidas”.
En la denuncia pidió que las empresas constructoras se hagan responsables de los gastos, que ascienden a más de 200 mil pesos por cada vivienda, detalló.
Indicó que en la ejecución de la obra hay cuatro empresas, y cada una tendrá que responsabilizarse de los gastos, por lo que en la denuncia busca deslindarse de compromisos para que alguien asuma el costo de la demolición y reconstrucción en un sitio distinto.
El delegado dijo que ha presentado otras ocho denuncias y presentará más, pero no por el mismo caso, porque hay una investigación previa para la que aportan los datos que la PGR solicita para deslindar responsabilidades.
Manifestó que hay varias empresas que se han negado a continuar los trabajos que tenían contratados con la Sedatu, hay constructoras a las que se les pagó conceptos que no ejecutaron, pero se han negado a devolver los pagos, y ante esta negativa presentaron la denuncia.
En este momento son unas ocho empresas más las que serán denunciadas legalmente, la mayoría son constructoras foráneas, “desde que yo asumí la responsabilidad en la Sedatu, he observado que todas las empresas sean de Guerrero”.
En cuanto a los damnificados que tienen una casa que les otorgó la Sedatu, pero que regresaron a habitar las zonas de alto riego desde las que fueron reubicados, Armenta Tello dijo que ha dialogado con los vecinos y revisan las causas que originan el rechazo a las nuevas viviendas.
Dijo que inicialmente los damnificados argumentaron que era la falta de servicios públicos; en diciembre de 2015, los damnificados exigieron que se les entregaran sus casas pese a que les faltaban los servicios, aceptaron y conforme pasó el tiempo se les fueron otorgando, para que no pagaran rentas y no regresaran a la zona de alto riesgo.
El problema que prevalece para los reubicados en El Mirador es la falta de transporte público, porque el traslado desde ese punto hasta donde tienen sus actividades económicas, educativas y de convivencia, es muy costoso.
Indicó que a las familias que son de escasos recursos se les complica pagar 6 pesos, y más cuando son varios los integrantes de la familia que deben transportarse; de acuerdo con sondeos de la Sedatu los salarios de los reubicados oscilan entre 40 y 50 pesos al día.
Urgen artesanos indígenas la construcción de su mercado en Iguala
Artesanos asentados en Iguala, urgieron a los gobiernos local y estatal a que den cumplimiento a la propuesta que se hizo desde 2012 de construir un mercado de artesanías en esta cabecera municipal, y que se vigilen “con lupa” los recursos que se entregan, porque ha sido defraudados por políticos.
En declaraciones hechas durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la representante del grupo de migrantes indígenas de las cuatro lenguas de Guerrero, Bernardita Crescencio López hizo un llamado para que la entrega de apoyos para artesanos sea revisada “con lupa”, ya que han sido defraudados por políticos que hacen gestiones con sus documentos.
Denunció el caso en el que la ex regidora del PRI y ex Secretaria General de la CNC, Amalia Román Flores, con documentos oficiales de los artesanos gestionó 198 mil pesos para instalar un café internet, pero ella sólo recibió el dinero y no lo entregó a los artesanos.
A partir de ayer y hasta el sábado, artesanos originarios de diferentes comunidades indígenas asentados en esta cabecera municipal, instaron unos 50 puestos de exposición y venta de artículos elaborados con barro, madera, plata, prendas bordadas a mano, nieves y mezcal artesanal alrededor del monumento a la Independencia, como parte de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Investiga la Fiscalía la negligencia médica en el hospital Donato G. Alarcón: De la Peña
El titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones por la negligencia médica que ocurrió en el hospital Donato G. Alarcón, donde una mujer murió tras una operación de cesárea.
Minimizó la falta de operación de 16 centros de salud en el estado, porque Guerrero ocupa el segundo lugar de cobertura hospitalaria nacional.
Consultado al finalizar la ceremonia del aniversario del natalicio del general Vicente Guerrero Saldaña, en Palacio de Gobierno, informó que por la muerte de la mujer legalmente va a esperar a lo que determine la denuncia, y en la FGE se realizan las investigaciones por la negligencia médica.
Explicó que después de la denuncia se harán las recomendaciones. El funcionario aseveró que es el único caso que ha ocurrido en Guerrero en lo que va de su administración.
El pasado 24 de julio, familiares de una mujer que murió en el hospital Donato G Alarcón, de Ciudad Renacimiento, tras una operación de cesárea, denunciaron que hubo negligencia de los médicos, “ellos la dejaron morir”, señalaron.
El titular dijo que tienen quejas de médicos pero no llegan a la denuncia, sólo llegan a derechos humanos o la Secretaría de Salud, los problemas en los que se insisten principalmente son en las áreas indígenas, en donde por falta adecuado entendimiento, pues no hay traductores, “al no haber entendimiento hay incomodidad por los que reciben el servicio”.
Aseveró que han contratado personal de las cuatro leguas para que estén en el centro de trabajo, para que las personas sean atendidas debidamente.
Dijo que los 16 centros de salud que no se encuentran operando al cien por ciento, no todos se encuentran cerrados, ya que en algunos hay una enfermera, además algunas comunidades que se encuentran dispersas se está trabajando con brigadas médico asistenciales.
Indicó que la inseguridad, los cambios de adscripción y la dispersión de las poblaciones son algunos de los factores que han ocasionado la falta de operación de 16 centros de salud, de los mil establecidos en las diferentes regiones del estado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
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