El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, consideró indispensable que la federación separe a los internos inculpados o sentenciados por delitos federales de los penales estatales, en consulta sobre la situación de las prisiones del estado.
Estimó que el riesgo de conflictos como el de Acapulco, que dejó un saldo de 28 personas asesinadas, es constante en las cárceles incluso del país, y los organismos de derechos humanos lo han hecho patente en sus informes.
Consultado en el acto oficial del Día del Abogado en Casa Guerrero, indicó que las cárceles más grandes del estado, Acapulco, Chilpancingo e Iguala, reciben reos del orden federal “que traen más arraigado el problema criminal y contamina al resto de la población penitenciaria”.
Señaló que a partir de las acciones oficiales contra la delincuencia organizada, “en los reclusorios se juntan a todos los detenidos, imagínense lo que está pasando adentro”.
De su experiencia, dijo hace diez u 11 años en el penal de Acapulco, con 700 internos, la comisión podía organizar actividades deportivas, pláticas y recibía solicitudes y requerimientos de los internos, pero desde el combate a la delincuencia organizada, la población creció a mil 200 o mil 300 internos, la mayoría del orden federal.
Cuando hay espacios confinado con integrantes de grupos antagónicos, corresponde al gobierno federal “poner lo que le toca”, creando penales federales con infraestructura acorde al tiempo actual, para despresurizar las prisiones estatales.
Recordó que el penal de Las Cruces en Acapulco data del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, y fue considerado como un centro de alta seguridad “cuando la delincuencia no era como ahora”, pero quedó rebasado frente a la tecnología penitenciaria de los nuevos centros federales de readaptación social, y el gobierno estado no tiene capacitación para atender a lo internos de alta peligrosidad, sentenció.
De la pertinencia de crear una prisión federal para los reos del fuero federal en la entidad, indicó que hay reglas en los centros de detención estatales para los internos del fuero federal, “pero no es suficiente, es indispensable que el gobierno federal los separe, eso nos ayudaría mucho en Guerrero”.
Del tema, informó que este miércoles entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el expediente de la investigación del ataque del penal de Acapulco, que comenzaron de forma conjunta y que en el proceso hicieron visitas a los penales de Acapulco y Chilpancingo, donde están algunos reos que fueron trasladados después de la agresión.
Aclaró que no hallaron evidencia de la versión que indica que hombres armados entraron a la prisión a atacar a un grupo contrario, y que los testigos fueron enviados a otros penales para aligerar los riesgos. Reveló que sí hay detalles que obviamente no han trascendido a la opinión pública y que son parte de la investigación.

Policías comunitarias

A propósito de la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre llevar al congreso una reforma para la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, señaló que la creación de policías comunitarias en el estado ha sido una “muy copiosa actividad”.
Coincidió con el pronunciamiento del ejecutivo, en que no se puede dejar la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la policía comunitaria “que bien a bien todavía no demuestra con hechos qué puede hacer en esa materia, desde la sociedad misma”.
Estimó que adecuar el margo legal también va a obligar que la propia organización de la policía comunitaria se adapte, y dijo que así de todos los movimientos de autodefensa que han surgido en los últimos tres años en la entidad.
Recordó que muchos casos dentro de los movimientos ciudadanos de seguridad ha habido fallecidos, “personas que nada tienen que ver con la justicia comunitaria, entonces, es necesario que la policía actúe más en favor de la seguridad, que en temas de enfrentamientos, lo que jurídicamente es visible, es que si hay modificación en la constitución sea para fortalecer el sistemas de comunidades, de justicia comunitaria con resultados, la práctica nos ha llevado a lamentar muchas cosas donde ha estado la policía comunitaria”.
Subrayó que la seguridad pública es una obligación ineludible de los gobiernos estatales y municipales, “y no podríamos negar que las policías comunitarias surgieron a partir de que no había suficiente seguridad”.

 

Aún cuando el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó que el subsecretario del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Miguel Ángel Orihuela Hernández, está siendo investigado, personal de la dependencia aseguró que sigue ocupando el cargo.
Orihuela Hernández fue designado en la subsecretaría desde el 2011 por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero cuando éste solicitó licencia en octubre del 2014 a consecuencia de los ataques a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, la noche del 26 de septiembre, se quedó en el periodo del Rogelio Ortega Martínez.
Consultado a raíz de la masacre en el penal de Acapulco, en donde hubo 28 muertos y tres heridos, el vocero Álvarez Heredia, dijo que no sabe si Orihuela sigue en el cargo, “lo que si te puedo decir es que como todas las autoridades penitenciarias está sujeto a investigación por la Fiscalía General del Estado”, dijo.
De acuerdo a la hoja de servicios de Miguel Ángel Orihuela Hernández, éste llegó a la subsecretaría en octubre del 2011, con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y dejó el cargo en junio del 2013.
Sin embargo regresó en enero del 2014, luego de que la madrugada del 3 de enero un comando de seis pistoleros entraron al penal de Iguala en donde ejecutaron a cuatro internos, entre ellos a La Naila, jefe de la plaza del crimen organizado en Taxco. Cuando intentaban salir del penal, cinco de los sicarios también fueron abatidos por el personal de custodia, otro más y un custodio resultaron heridos. En total en esa ocasión hubo nueve muertos.
Un día después, el 4 de enero, tres de los 14 reos que fueron trasladados por esos hechos al penal de Acapulco fueron encontrados asfixiados en el área de enfermería en donde fueron ingresados presuntamente para garantizar su seguridad.
Orihuela Hernández volvió a dejar el cargo en noviembre del 2015, pero volvió en diciembre de ese mismo año, después de que afuera del penal de Chilpancingo, el 29 de noviembre, dos hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida, en el momento de que protestaban por el traslado irregular de sus familiares presos.
Antes, Orihuela se venía desempeñando en el sistema penitenciario federal desde 1983. Ha ocupado cargos desde abogado dictaminador, jefe de oficina, subdirector de ejecución de sentencias a extranjeros e indígenas en Ceferesos. Fue director del Cefereso de Guasave, Sinaloa. También fue director de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“No se puede improvisar” en el cargo

En una entrevista para este diario en febrero del 2015, Orihuela consideró que los hechos de violencia en los penales de Guerrero, -ocurridos en periodos en los que no le ha tocado estar-, evidencian que “no se puede improvisar” a quienes dirigen los centros de reinserción en el estado, “siempre se debe de estar pensando que quien dirija a los penales deben de ser penitencialistas, personas que han sido capacitadas para la administración penitenciaria”, opinó.
Añadió que solamente así se pueden obtener resultados en la reinserción social del interno, “siempre debemos preguntarnos cómo le voy a entregar a la sociedad a los internos; igual, peor o mejor. Yo creo que nuestro reto es lo último, ya no podemos pensar en que las prisiones son escuelas del crimen, tenemos que buscar que sean escuelas de vida, de reivindicación”, declaró en esa ocasión.
Durante su periodo, se han realizado tres requisas en el penal de Acapulco en las que ha participado la Policía Estatal, incluso el Ejército mexicano, y los resultados han demostrado el tráfico de armas de todo tipo, droga y hasta artículos de lujo que evidencian situaciones de privilegio para algunos internos.
Consultado con respecto a la situación del funcionario tras los hechos de violencia en ese penal de Las Cruces, el vocero Álvarez Heredia aseguró que como todos los servidores públicos del sistema penitenciario Orihuela está siendo investigado.
“Todas las autoridades penitenciarias, desde el punto más alto hasta los custodios, administrativos y el director están siendo investigados”, aseguró.
–¿Cómo es esta investigación si él sigue en el cargo?
–La investigación la lleva personalmente y de manera directa el fiscal General Javier Olea Peláez, y él ha estado tomando la declaración de los funcionarios. No te podría decir si el subsecretario ya presentó sus declaraciones con relación a estos hechos.
El funcionario dijo que tampoco sabe si Orihuela sigue en el cargo, aunque personal de la dependencia aseguró que sigue despachando en su oficina.

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que se inició una investigación en los 18 penales del estado, para tener un diagnóstico de su situación y evitar que se repita un caso similar al Las Cruces.
Consultado minutos antes de que comenzara la ceremonia de premiación al Mérito Jurídico Alberto Vázquez del Mercado, que se realizó en Casa Guerrero y le fue entregado al abogado Alfonso Neri Carreto, el funcionario comentó que la determinación de realizar el diagnóstico fue tomada por el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores.
Explicó que no se fijó una fecha de entrega del informe, que deberá de presentar el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, ni tampoco se ha definido si se hará público.
“Yo no sabría decirlo en este momento, pero ahora con el sistema de transparencia cualquiera podrá pedir la información y el gobierno tendrá que darla, excepto en los temas de seguridad cuando se considere que la información genere alguna vulnerabilidad”, agregó.
Detalló que en una reunión éste martes, se dio la orden para iniciar la investigación en el penal de Las Cruces, pero debido a la situación delicada, se determinó extender el trabajo a los 18 penales que hay en Guerrero.

Congreso

Respecto a la propuesta que presentó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja para que comparezca ante el Congreso local, por los hechos del penal, dijo: “Pues el Congreso tiene la facultad de hacerlo, y en su momento se hará lo que corresponda”.
Un reportero le preguntó si considera correcto que lo llamen a él por los hechos de Acapulco, pues ha señalad que la responsabilidad de los penales es de la Secretaría de Seguridad, a lo que respondió que el Congreso lo puede hacer, pero en el caso concreto ha señalado que él no tiene ninguna responsabilidad y que no está dentro de sus atribuciones.
“Ahí esta la ley y señala claramente que es facultad del secretario de Seguridad Pública, yo sólo soy miembro del Consejo de Seguridad Estatal, nada más”, comentó.
Insistió en que no tiene nada que ocultar sobre el tema y lo que ha dicho públicamente lo puede informar ante el Congreso si fuera necesario, pero señaló que sería conveniente que leyeran la ley, por que ahí dicen las facultades que le corresponden a cada secretario.

 

Ante abogados, notarios, ministerios públicos y jueces, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que los hechos ocurridos la madrugada de jueves en el penal de Las Cruces, enfrentan al gobierno del estado a la “oportunidad de visualizar” cambios en el sistema carcelario.
En la Sala de la República de Casa Guerrero, Astudillo Flores entregó el premio al Mérito Jurídico Alberto Vázquez del Mercado, al jurista originario de Chilpancingo, Alfonso Neri Carreto, además de ofrecer un desayuno con motivo del Día del Abogado.
El gobernador se dirigió a los abogados presentes con un discurso que leyó, el cual duró 20 minutos, en el que reiteró que llegó a una administración que requería instaurar un Estado de derecho así como disminuir la violencia, y necesitaba un nuevo modelo de gobernabilidad.
“El reto era y sigue siendo enorme, se trataba de fundar o mejor refundar en una entidad con una pobreza atávica el derecho y la justicia. Esta idea fue expresada como una de las visiones de mi gobierno en el Plan Estatal de Desarrollo, el orden será el vértice en la construcción de la seguridad pública y así será posible emprender la ruta hacia la paz”, señaló.
En su intervención insistió en que uno de los problemas más grandes de Guerrero es la inseguridad generada por el crimen organizado, el cual no admite soluciones escuetas.
“Los hechos lamentables ocurridos en el penal de Las Cruces, acaecidos en la madrugada del jueves, han mostrado la condición precaria y la vulnerabilidad en la que se encuentran los reclusorios del estado”, agregó.
Aprovechó para señalar que no son hechos aislados, ya que recapituló que en el 2011 hubo un motín en el mismo penal, que dejó tres muertos y ocho heridos; en 2014 en Iguala un comando armado entró al penal y mató a dos reos, lo que provocó que los involucrados fueran trasladados al penal de Acapulco.
En el 2015 fue asesinado otro reo en el penal de Las Cruces, lo que motivó a que los familiares de la víctima se manifestaran la Costera.
Y agregó que “estos incidentes nos enfrentan a la oportunidad de visualizar cambios reales y profundos” en los penales para “en colaboración con las instancias federales competentes” modernizarlos de modo que sirvan a la prevención y a la reinserción de los presos en la sociedad.
Insistió que para atender este problema y evitar que se continúen registrando, se deben fortalecer las instituciones y para ello se necesita la coordinación de los tres poderes del estado, municipios y la federación.

Urge a diputados federales a aprobar la Ley de Seguridad Interior

A propósito del tema, el gobernador expuso su interés en que la Cámara de Diputados agilice el proceso de aprobación a la llamada Ley de Seguridad Interior, que le abriría paso al Ejército para desempeñar las tareas de la policía estatal o municipal.
“La mayoría, excepto un gobernador, nos hemos manifestado por impulsar esta ley de seguridad de interior. Confío que la discusión entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso federal, generen los acuerdos políticos que lleguen al consentimiento unánime del dictamen positivo correspondiente”, agregó.
Al acto de festejo y premiación, asistieron algunos notarios de la capital del estado, a quien también les recordó que la obligación de conducirse con ética y profesionalismo, para ratificar la legalidad en sus acciones.

Ampliar catálogo de delitos

En su intervención recordó que se debe analizar combatir y resolver las reformas al articulo 19 de la Carta Magna, que permitan ampliar el catálogo de delitos que deben ser objeto de prisión preventiva oficioso y definir con claridad las normas de vinculación a proceso de los imputados.
“Las adecuaciones, que en su caso se realicen al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de ninguna manera deben ser un retroceso en sus principios, pues debemos tener la capacidad de resolver la aparente contradicción entre los derechos de la víctima de un delito y los derechos de los imputados el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana de las personas”, agregó. Dijo que el reto mayor es cumplir con la garantía de los derechos y la reparación de daño a las víctimas, pero también es “ imperativo” que se respete el proceso en la investigación y en el enjuiciamiento de los imputados.

La justicia comunitaria no puede suplir la función del estado

Asimismo, recordó: “En días pasados en el ejercicio de mis facultades institucionales presenté al poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional al artículo 14 de nuestra Constitución política en materia de seguridad pública, prevención del delito y en el sistema de faltas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dentro de sus comunidades y cuyo seguimiento corresponde según el texto constitucional vigente a su policía comunitaria o rural”.
Comentó que una vez dictaminada y aprobada esta iniciativa de reforma constitucional por el Congreso local, procederá a presentar a la iniciativa de reforma a la Ley 701 de reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ya que recordó que ha manifestado “con toda determinación y claridad” es adecuar la Ley 701 para modificar para cumplir con la recomendación determinada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de fecha 29 de febrero del 2016.
“La recomendación de la CNDH estableció analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 del la Constitución Estatal para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el sistema comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, señaló.
Ante la presencia de más de 300 licenciados en Derecho, el gobernador puntualizó que la CNDH se refirió a que la justicia comunitaria no puede suplir la función del estado de garantizar dicha función constitucional. Recibió aplausos como muestra de respaldo a tal determinación.
Con el respaldo de los juristas, mencionó las nueve iniciativas de reforma presentadas u aprobadas por el Congreso local.
Astudillo Flores utilizó  el escenario para recordar que en abril del 2016 presentó el programa estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, y el pasado miércoles se llevó a cabo la firma de la carta compromiso del servidor público del estado de Guerrero.
El gobernador se retiró del festejo al concluir la actividad, sin querer declarar a los medios porque en su discurso había abordado todos los temas, según dijo.

El premio al mérito jurídico

De manos del gobernador el abogado oriundo de Chilpancingo, Alfonso Neri Carreto recibió el premio al Mérito Jurídico Alberto Vázquez del Mercado.
Alfonso Neri Carreto fue en tres periodos secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, así como trabajó en distintos cargos del poder Ejecutivo y de la entonces Comisión Local Electoral .
Estudio la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fue maestro de derecho procesal, fiscal, del trabajo, mercantil y bancario, y cuenta con una carrera de 55 años de experiencia como servidor público en el estado.
En su intervención describió su labor al frente de los puestos públicos, además de contar parte de su vida familiar que desarrolló en Guerrero.
También aprovecho para hacer un llamado a todos los abogados para que sean ejemplo de vida, para que las actuales generaciones ayuden a erradicar la pobreza y marginación además de inculcar valores.
El galardonado es tío del alcalde capitalino. Hace un mes inició un pleito con el dueño del restaurante La Katrina, bajo el argumento que hacia demasiado ruido con la música en vivo, ya que el local colinda con su casa, por lo que el Ayuntamiento intentó clausurar.
Al acto celebrado en Casa Guerrero asistió la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Magdalena Camacho Díaz; el presidente del Tribunal superior de Justicia, Alberto López Celis; el fiscal Javier Olea Peláez, y el alcalde Marco Antonio Leyva Mena.

 

El Congreso local recibió ayer un requerimiento de información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los recursos de inconstitucionalidad presentadas por “diferentes partidos”, contra la reforma que la mayoría de los diputados aprobaron el 30 de mayo pasado y que limita las candidaturas comunes.
Mediante un oficio, la SCJN le requirió al poder Legislativo que le envíe toda la información del procedimiento legislativo que concluyó en la reforma del artículo 165 y adicionó siete más, para modificar el régimen y reglamentación de las candidaturas comunes en Guerrero.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD contra la reforma a las candidaturas comunes fue notificada al Congreso junto con un requerimiento de información detallada.
Según el documento no solo el PRD presentó el recurso de inconstitucionalidad, también Morena, el PAN y diputados locales encabezados por la coordinadora de la bancada perredista Erika Alcaraz Sosa y Carlos Reyes Torres.
En sesión extraordinaria el Congreso local aprobó el 30 de mayo sin el voto del PRD ni MC, una reforma a la legislación electoral mediante la cual los partidos que quieran presentar candidaturas comunes para las elecciones de 2018 sólo lo podrán hacer en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y de los 28 distritos locales.
La reforma fue propuesta del diputado priista Eusebio González Rodríguez y votada a favor por las bancadas del PRI, PVEM y la representación del PAN.
La figura de candidaturas comunes es utilizada principalmente por los partidos de izquierda para presentar a un candidato en conjunto.
Ese día, el PRD anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN que fue aceptado y éste ayer requirió al Congreso para que le entregue en sus oficinas en la Ciudad de México la información completa del proceso legislativo que siguió la propuesta de reforma aprobado.
El poder Legislativo de Guerrero tiene seis días naturales para entregar la información que se cuentan al siguiente día de recibido el documento, por lo que el último día que tiene para entregar la información requerida es el miércoles de la próxima semana.
Entre lo solicitado, la SCJN pide al Congreso de Guerrero que le envíe la iniciativa del diputado Eusebio González, la argumentación de la Comisión de Estudios Constitucionales, el dictamen, audios de las reuniones y del diario de los debates de la sesión del 30 de mayo.

 

El auditor general del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que de los tres alcaldes que fueron demandados penalmente sólo falta que el panista del municipio de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón Rodríguez, entregue la cuenta pública.
Este miércoles por la mañana, el auditor asistió al desayuno que se le ofreció a los abogados como parte de la premiación al Mérito Jurídico en Casa Guerrero por parte del gobierno del estado.
Consultado al concluir el acto, Damián Peralta explicó que de los tres alcaldes que fueron demandados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo hace falta que el alcalde Alfredo Alarcón Rodríguez entregue la cuenta pública.
“No se han acercado, hasta el momento no, y bueno nosotros debemos darle seguimiento en términos de ley”, comentó.
Detalló que en este mes fueron entregadas las cuentas públicas de los ayuntamientos perredista de Tlalchapa, que encabeza Amalia Mora Eguiluz, y de Cochoapa el Grande, de la también perredista Rosa Lorenzo de la Cruz.
“Estamos dándole seguimiento al tema, la Fiscalía General del Estado y bueno vamos estar en contacto”, agregó.
Explicó que a pesar de que hayan entregado las cuentas públicas, esto no significa que los procedimientos administrativos iniciados por la Auditoría sean detenidos, sino que continuarán.
“Recordemos que declaré que hay varias vías el procedimiento administrativo disciplinario, que ese continua por el incumplimiento y la otra la denuncia penal por la falta de los documentos”.
Recordó que en los próximos días se deberá entregar el informe financiero, lo que significa que pueden salir más sanciones para los ayuntamientos que no cumplan con la entrega.
“Ya viene el informe financiero semestral que la fecha límite es 15 de agosto, y seguramente de ahí saldrán otros, esperemos que no”, agregó.
Dijo que para evitar más sanciones y procesos en contra de los funcionarios se están dando los cursos de capacitación, además de mantener los lineamientos en los portales oficiales para que se cumplan.
“No hay pretexto para incumplir con la entrega de la información”, concluyó.

Integrantes de la dirigencia estatal del PRD, encabezados por su presidente Celestino Cesáreo Guzmán, se reunieron con el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, y el delegado nacional de ese partido, Adrián Wences Carrasco, para hablar de posibles candidaturas comunes en municipios y distritos.
Consultado por teléfono, el dirigente estatal perredista informó que se trató de un desayuno en Acapulco con el líder de MC Luis Walton y el delegado de la dirigencia nacional Adrián Wences, encuentro en el que también estuvieron por el PRD, los secretarios de Formación Política, Miguel Flores Morales, y de Alianzas, Salvador Mojica Morga.
Este último es hermano de la secretaria general del PRD y ex candidata al gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, quien durante la campaña y posterior a ella mantuvo señalamientos al también ex candidato Luis Walton de haberse aliado al PRI.
Celestino Cesáreo explicó que la reunión fue pactada por ambos dirigentes como “un primer acercamiento en la ruta 2018”. Esto a menos de dos meses de que inicie formalmente el proceso electoral 2017-208 en el que se renovarán alcaldías, diputaciones locales y federales, el Senado y la presidencia de la República y la primera elección con la figura de reelección.
Celestino Cesáreo comentó que en el encuentro escucharon los planteamientos de los dirigentes de MC, con quienes coincidieron en la importancia de las alianzas entre los partidos de izquierda en Guerrero y en el país.
Del frente amplio planteado a nivel nacional comentó que hablaron y coincidieron que aún “hay mucha incertidumbre y dudas, por lo que vamos a esperar”.
Sin embargo dijo que Walton Aburto planteó de “manera clara” que independientemente de los acuerdos entre los partidos en el país, en Guerrero “podamos caminar juntos en algunos distritos y municipios en candidaturas comunes” pero revisarían cuáles son las opciones para ir juntos con esa figura.
“Que él (Walton Aburto) tiene toda la disposición y el acuerdo de su partido, de caminar con el PRD en el 2018 bajo el esquema de las candidaturas comunes”.
Comentó que los partidos de izquierda buscarán revertir la reforma “anticonstitucional” que realizó el Congreso de las candidaturas comunes.
Comentaron que en la reunión también hablaron de buscar por separado al PT para intentar que se una al mismo esquema de candidaturas comunes junto con MC y el PRD.
En el caso de Morena, comentó que también hablaron de que es complicado tener acercamientos: “se nos complica mucho poder hablar con el dirigente”, por lo que por lo pronto buscarán un encuentro con el diputado federal y delegado del PT Victoriano Wences Real.
En su cuenta de Facebook el dirigente perredista publicó: “Cordial, amigable, amena y excelente charla con el Lic. Luis Walton Aburto y Adrián Wences Carrasco, Presidente Estatal y delegado nacional en Guerrero del Partido Movimiento Ciudadano; por el PRD Miguel Flores Morales, Secretario de Formación Política, Salvador Mojica Morga, Secretario de Alianzas y su servidor del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-Guerrero: con claridad y contundencia existe la voluntad política de caminar JUNTOS en el 2018”.
Al igual que el PRD, también MC impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la decisión del Congreso local de limitar las candidaturas comunes para 2018 al 33 por ciento de ayuntamientos y diputaciones
La reforma fue propuesta del diputado priista Eusebio González Rodríguez y votada a favor por las bancadas del PRI, PVEM y la representación del PAN.
La reforma aprobada consiste en que los partidos que quieren presentar candidaturas comunes para el proceso electoral del 2018 sólo lo podrán hacer en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y de los 28 distritos electorales.
La figura de candidaturas comunes es utilizada principalmente por los partidos de izquierda para presentar a un candidato en conjunto.
El dirigente perredista comentó ayer que en la reunión, los dirigentes de MC comentaron que también habían presentado un recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN por la reforma que realizaron el PRI, PVEM y PAN en el Congreso de Guerrero.

 

Distinto a la Fiscalía General del Estado, donde se estima una eficiencia del 5.6 por ciento en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio a un año de su implementación, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el 70 por ciento de los casos concluidos en primera instancia tuvieron sentencias condenatorias.
El presidente del TSJ, Alberto López Celis, reconoció que los casos “se están judicializando poco a poco”, y que el Poder Judicial tiene resultados importantes, al final del festejo oficial del Día del Abogado que se realizó ayer en Casa Guerrero.
Consultado sobre la efectividad del Sistema Penal Acusatorio, opinó que en función de que todos los implicados en la impartición de justicia, Fiscalía, TSJ, Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad Pública, hagan mejor su labor, “los resultados serán mucho mejores”.
Sin números, en una entrevista de pasillo, afirmó que de los asuntos que llegan a resolución en el TSJ, en el 70 por ciento se emiten sentencias de condena y 30 por ciento son sentencias de libertad.
El 6 de julio, El Sur dio a conocer los indicadores del nuevo Sistema Penal Acusatorio, de la Fiscalía General del Estado: la integración de 13 mil 859 carpetas de investigación de junio de 2016 a mayo de 2017, de las cuales 214 fueron judicializadas, 188 llegaron a vinculación de proceso y 37 alcanzaron sentencia condenatoria.
Según la Constitución, la FGE tiene el monopolio de la acción penal, la investigación y la integración de las carpetas de investigación, respetando los derechos humanos de las víctimas y de los imputados; el poder judicial tiene a su cargo el control judicial de la acusación revisando el trabajo que haya hecho la fiscalía no viole derechos de debido proceso o de defensa adecuada de los imputados o los derechos de las víctimas.
López Celis señaló que un cuestionamiento del Sistema Penal Acusatorio se debe a la figura de prisión preventiva que los legisladores en el Congreso de la Unión tiene que ir ajustado “y creo que la eficacia va a ser en razón de que el sistema se vaya perfeccionando”.
Por ejemplo, indicó que “lo referente al armamento (portación de arma) no amerita prisión preventiva, y es un asunto que seguramente tendrán revisar los legisladores y nosotros (jueces y magistrados) estaremos prestos a ajustarnos a los ordenamientos legales”.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concordancia con el Pacto de San José y otros tratados internacionales, la prisión preventiva debe ser excepcional porque violenta principio de presunción de inocencia, y los inculpados pagan cárcel sin que exista una condena.
En este tenor, confirmó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muchas personas saldrán de prisión en Guerrero, como también lo advirtió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, donde se estima que cerca de 4 mil personas abandonarán los penales.
Indicó que es una resolución de la corte “que de alguna manera da pautas para que algunas personas puedan obtener su libertad, al establecer cuáles delitos pudieran acreditar prisión preventiva. Va a generar libertades que tenemos que manejar”.
Sobre la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores para imponer a prisión preventiva oficiosa en la regulación de armas de fuego, dijo que es un tema que revisará en el Congreso de la Unión, “tendrá que sesionar y nosotros ajustarnos a lo que dice la ley”.