Atrae la CNDH la investigación sobre la masacre en Las Cruces y emite recomendación a Astudillo

Subsisten situaciones apremiantes a atender y prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en las cárceles de la entidad, señala el organismo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atrajo las investigaciones de la masacre en el penal de Las Cruces en Acapulco y emitió la recomendación 2/2017 al gobernador Héctor Astudillo Flores “por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender y prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad” en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco.
La CNDH informó en un boletín este miércoles que atrajo las investigaciones del caso para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el organismo informó que mediante diversas visitas realizadas a los cinco centros de reclusión del estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que persisten situaciones de riesgo que en el caso del centro de Acapulco derivaron en los hechos violentos que dejaron 28 reclusos muertos y tres heridos.
El boletín establece que de inmediato personal de la CNDH se trasladó a las instalaciones de ese centro penitenciario, donde permanece realizando las investigaciones correspondientes.
Antes, los centros penitenciarios que habían sido visitados son los de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.+

Se informó de las irregularidades

La CNDH informó que entre las irregularidades encontradas en esas cárceles por el Mecanismo destacan la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación, sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
“Esto consta en los informes respectivos emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal”, estableció el comunicado.
Agregó que ante la situación imperante en esos centros de internamiento, el MNPT realizó recomendaciones puntuales al gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.
En la recomendación firmada por el presidente de la CNDH y enviada al gobernador Héctor Astudillo Flores, con fecha del 10 de julio, se pide también llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; y reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias.
Asimismo, mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.
En cuanto a instalaciones apropiadas, la recomendación pide realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los penales para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos.
En el aspecto de alimentación adecuada, la CNDH recomienda realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los Ceresos reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene.
Para resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento, el organismo demanda girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.
Otra de las recomendaciones se refiere a las instalaciones para mujeres y al respecto pide prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, para resolver el problema de autogobierno, la CNDH pide realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.
También exige la contratación del personal con el perfil adecuado, “con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado Perfil del Personal Penitenciario en la República mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016.
Con respecto a la imposición de sanciones disciplinarias, la CNDH recomienda girar instrucciones para que las sanciones disciplinarias en las cárceles sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015.
Con respecto al servicio médico, pide realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada.
En cuanto a normatividad, el organismo nacional, establece que “es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.
El documento de la CNDH emplaza al gobierno del estado para que vaya informando trimestralmente el cumplimiento de la recomendación.

Indispensable, que la federación se ocupe de los presos por leyes de su ámbito: Codehum

El riesgo de conflictos como el de Acapulco es constante en las cárceles incluso del país, asegura Ramón Navarrete Magdaleno

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, consideró indispensable que la federación separe a los internos inculpados o sentenciados por delitos federales de los penales estatales, en consulta sobre la situación de las prisiones del estado.
Estimó que el riesgo de conflictos como el de Acapulco, que dejó un saldo de 28 personas asesinadas, es constante en las cárceles incluso del país, y los organismos de derechos humanos lo han hecho patente en sus informes.
Consultado en el acto oficial del Día del Abogado en Casa Guerrero, indicó que las cárceles más grandes del estado, Acapulco, Chilpancingo e Iguala, reciben reos del orden federal “que traen más arraigado el problema criminal y contamina al resto de la población penitenciaria”.
Señaló que a partir de las acciones oficiales contra la delincuencia organizada, “en los reclusorios se juntan a todos los detenidos, imagínense lo que está pasando adentro”.
De su experiencia, dijo hace diez u 11 años en el penal de Acapulco, con 700 internos, la comisión podía organizar actividades deportivas, pláticas y recibía solicitudes y requerimientos de los internos, pero desde el combate a la delincuencia organizada, la población creció a mil 200 o mil 300 internos, la mayoría del orden federal.
Cuando hay espacios confinado con integrantes de grupos antagónicos, corresponde al gobierno federal “poner lo que le toca”, creando penales federales con infraestructura acorde al tiempo actual, para despresurizar las prisiones estatales.
Recordó que el penal de Las Cruces en Acapulco data del gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, y fue considerado como un centro de alta seguridad “cuando la delincuencia no era como ahora”, pero quedó rebasado frente a la tecnología penitenciaria de los nuevos centros federales de readaptación social, y el gobierno estado no tiene capacitación para atender a lo internos de alta peligrosidad, sentenció.
De la pertinencia de crear una prisión federal para los reos del fuero federal en la entidad, indicó que hay reglas en los centros de detención estatales para los internos del fuero federal, “pero no es suficiente, es indispensable que el gobierno federal los separe, eso nos ayudaría mucho en Guerrero”.
Del tema, informó que este miércoles entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el expediente de la investigación del ataque del penal de Acapulco, que comenzaron de forma conjunta y que en el proceso hicieron visitas a los penales de Acapulco y Chilpancingo, donde están algunos reos que fueron trasladados después de la agresión.
Aclaró que no hallaron evidencia de la versión que indica que hombres armados entraron a la prisión a atacar a un grupo contrario, y que los testigos fueron enviados a otros penales para aligerar los riesgos. Reveló que sí hay detalles que obviamente no han trascendido a la opinión pública y que son parte de la investigación.

Policías comunitarias

A propósito de la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre llevar al congreso una reforma para la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, señaló que la creación de policías comunitarias en el estado ha sido una “muy copiosa actividad”.
Coincidió con el pronunciamiento del ejecutivo, en que no se puede dejar la responsabilidad de la seguridad pública en manos de la policía comunitaria “que bien a bien todavía no demuestra con hechos qué puede hacer en esa materia, desde la sociedad misma”.
Estimó que adecuar el margo legal también va a obligar que la propia organización de la policía comunitaria se adapte, y dijo que así de todos los movimientos de autodefensa que han surgido en los últimos tres años en la entidad.
Recordó que muchos casos dentro de los movimientos ciudadanos de seguridad ha habido fallecidos, “personas que nada tienen que ver con la justicia comunitaria, entonces, es necesario que la policía actúe más en favor de la seguridad, que en temas de enfrentamientos, lo que jurídicamente es visible, es que si hay modificación en la constitución sea para fortalecer el sistemas de comunidades, de justicia comunitaria con resultados, la práctica nos ha llevado a lamentar muchas cosas donde ha estado la policía comunitaria”.
Subrayó que la seguridad pública es una obligación ineludible de los gobiernos estatales y municipales, “y no podríamos negar que las policías comunitarias surgieron a partir de que no había suficiente seguridad”.

Dato sobre los 28 muertos en Las Cruces “es real”, responde Astudillo al obispo

Salvador Rangel “opina mucho y no siempre lo hace con fundamento”, replica el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, respecto a la sospecha del titular de la diócesis de Chilpancingo de que hubo más decesos durante el ataque a reos en el penal de Acapulco

Redacción

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, respondieron al obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel  Mendoza, quien este miércoles sugirió que en la riña en el penal de Las Cruces el pasado jueves hubo más de 28 muertos.
“La información que se dio públicamente es la real”,  afirmó el gobernador mientras que Salazar Adame señaló que el obispo lamentablemente “opina mucho y no siempre lo hace con fundamento”.
En entrevista el martes el obispo dijo que la masacre que dejó 28 muertos en el penal de Las Cruces es resultado de la impunidad,  corrupción y la simulación de autoridades y que sospecha que están mintiendo en cuanto a las secuelas porque “en la lógica no me entra eso de que solamente hubo tres heridos”, y sostuvo que “de seguro hay verdades más profundas”.
En su discurso ayer en la ceremonia de entrega del premio al Mérito Jurídico Alberto Vázquez del Mercado, el gobernador le contestó al Obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, aunque sin mencionar su nombre.
“Ante diversas voces que en el uso de sus derechos han expresado comentarios relacionados de que la información de los sucedido en el penal de la Cruces, en Acapulco, son informaciones que se han dado de manera no precisa. Quiero ratificar que la información que se dio públicamente es la real, no hay ningún otro dato que pueda haberse distorsionado la información”, agregó.
Insistió en que no ganaría nada ocultando la muerte de más reos, por lo que “el gobernador tiene siempre que decir la verdad”.
Por separado, en declaraciones antes del comienzo de la ceremonia de la entrega del premio al mérito jurídico, a Salazar Adame se le preguntó su opinión sobre las declaraciones del Obispo y sobre la sospecha de que se está mintiendo y de que se ocultan verdades más profundas sobre el número de víctimas.
“Lamentablemente el obispo opina mucho y no siempre lo hace con fundamento”.
Ante esto se le insistió sobre la falta de credibilidad de que el pasado viernes por la madrugada se reportaran asesinados 28 reos y sólo tres heridos, a lo que respondió que los organismos de derechos humanos estuvieron presentes y fueron testigos de los resultados de la riña.
“Se hizo una revisión por parte de la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública. Estuvieron los familiares que identificaron a los fallecidos. Si hubiera habido más estaríamos hablando de que se estaría ocultando nombres, habría una reacción de esas familias reclamando su presencia”, agregó.
Calificó  que ante este panorama y esas pruebas de “insostenible” las afirmaciones del prelado, en las que se sugiere que podrían haber más muertos. (Con información de Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

Piden familiares de presos en la cárcel de Chilpancingo que se respeten sus derechos humanos en los cateos

Les quitan herramienta de trabajo y el dinero que ganan con la venta de sus artesanías, denuncian

Luis Blancas

Chilpancingo

Familiares de internos de la cárcel de Chilpancingo pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes y a las autoridades penitenciarias que respeten los derechos humanos de los presos en los cateos, y que atiendan los conflictos entre grupos de presos para evitar una masacre como la que ocurrió en el penal de Las Cruces en Acapulco.
La mañana de ayer los familiares de los internos acudieron a la cárcel para visitar a sus familiares que se encuentran recluidos.
En la entrada de la aduana hay siete policías estatales vigilando, dos de ellos revisan a quienes portan bolsas de mano, carteras y bolsas de plástico que llevan comida, ropa y frutas para que puedan entrar a la cárcel.
En la revisión se observaron unas cinco cucharas de aluminio y de madera, a una señora le impidieron el paso porque portaba un pants rosa, y a otra joven no la dejaron pasar porque vestía una pantalón de mezclilla azul y una playera blanca.
Un policía estatal comentó que uno de los requisitos para entrar al reclusorio es que no deben de portar ropa oscura, botas, botines ni pants, como parte de los protocolos de seguridad dentro del penal. Los días de visita son los miércoles, jueves y sábados de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Además afuera de la aduana hay una lona colgada en la que pide a los familiares de los presos no entrar con frutas como piña, jamaica, guayaba, uva, tamarindo, caña, plátano macho ni dominico.
Un señora que estaba formada para ser revisada y entrar a la cárcel comentó que está de acuerdo con los cateos en el reclusorio para decomisar armas punzocortantes para proteger la integridad de los internos, pero que respeten los derechos humanos y no decomisen sus herramientas de trabajo para hacer artesanías, alfarería y muebles.
Recordó que en otro cateo que hubo en la cárcel a su familiar le quitaron un encendedor que utiliza para tejer pulseras y monederos con hilos de plástico, y dinero en efectivo que gana cuando vende sus artesanías, “no es justo que hagan esto los policías estatales en quitarle sus pertenencias que con esfuerzo ganan dentro del penal y mantener a su familia”.
Dijo que las autoridades deben de reforzar la seguridad dentro de los penales para que no entren armas de fuego, punzocortantes ni droga para evitar que ocurra una masacre como la del 6 de julio en la cárcel de Las Cruces que dejó 28 muertos y tres heridos.
Otra joven pidió operaciones de seguridad dentro de la cárcel para proteger la integridad física de los internos, y prevenir peleas entre grupo rivales que puedan ocasionar muertes y heridos.
Una señora dijo que está inconforme con los cateos en el reclusorio de Chilpancingo, porque los policías estatales les decomisan a los presos herramientas de trabajo, “la otra vez que hubo una revisión en el penal, a mi familiar le quitaron su herramienta de trabajo y dinero, por eso estamos en contra que realicen esta actividad porque no respetan los derechos de los internos y violan sus derechos humanos”.
La madrugada del martes policías estatales, militares y agentes del Ministerio Público catearon la cárcel de Chilpancingo, decomisaron drogas, objetos punzocortantes, aparatos electrodoméstico, herramientas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El lunes autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública revisaron la cárcel de Las Cruces en Acapulco después de la masacre en ese penal.

Trasladan a nueve reos de Acapulco a La Unión y mandan a seis de ese lugar hacia el puerto

Fuentes policiacas del municipio de La Unión informaron que custodios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado trasladó al penal de La Unión a nueve reos procedentes del penal de Acapulco, y que este miércoles seis presos que estaban en esta cárcel fueron llevados al reclusorio en aquel puerto.
La información proporcionada por la fuente fue muy escueta, sólo se conoció que el traslado de los reos procedentes de Acapulco fue el martes 11 y que ayer en una fuerte operación donde participaron militares y marinos sacaron a seis reos con destino al puerto de Acapulco.
Según el informante, el intercambio de presos ocurre luego de los hechos violentos que se suscitaron en la madrugada del pasado 6 de julio que oficialmente dejó un saldo de 28 reos muertos y tres heridos dentro del penal de las Cruces en Acapulco. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).