Padres de familia de la primaria Caritino Maldonado Pérez, ubicada en la colonia Galeana en la capital, denunciaron ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que el director del plantel, Humberto Martha Morales podría haber desaparecido pruebas en contra del maestro que abusó sexualmente de alumnas de quinto año.
Los padres de familia, quienes no proporcionaron sus nombres, declararon que las familias de dos alumnas afectadas procedieron legalmente en contra del maestro implicado y había cámaras de vigilancia y mensajes escritos por el docente para las niñas en el salón de clases, que serían presentados ante las autoridades para probar los hechos, pero desaparecieron del lugar, mientras que Humberto Martha no se ha presentado en el plantel.
Cerca de las 10 de la mañana, una comisión de madres de familia acudió a la Codehum para interponer la denuncia, luego de que supieron que el maestro podría salir en libertad bajo fianza este viernes, al no presentarse pruebas contundentes en su contra, pese a que médicos confirmaron que dos alumnos sufrieron abuso sexual.
Una de las madres de familia relató que fueron cuatro alumnas las afectadas, pero los familiares de dos niñas decidieron no denunciar los hechos por temor a las consecuencias psicológicas que podrían dañar a las menores.
Señaló que los padres de familia acordaron con Humberto Martha que el salón de clases del maestro que abusó de las alumnas sería clausurado, para que las autoridades pudieran acudir a verificar las condiciones y pruebas de los hechos en las instalaciones, sin embargo, no se respetó el acuerdo.
Los padres de familia consideraron que Martha Morales podría ser cómplice de los hechos, pues incluso se niega a denunciar al maestro ante las autoridades y pretendía “que las cosas se arreglaran” de manera interna.
Ante la situación, los padres de familia exigieron la destitución de Martha Morales por presunta complicidad y pretendían tomar la primaria Caritino Maldonado Pérez, por su presunta intervención para desaparecer las pruebas en contra del maestro acusado, quien actualmente está detenido.
A las 12 del mediodía, los padres se reunieron frente a la escuela, pues tenían la intención de bloquear de manera total el paso vehicular, pero el jefe del departamento de primaria estatal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alejandro Flores Alarcón, y el supervisor de la zona escolar 01, a la que pertenece la primaria, Antonio Gutiérrez Pantoja, llegaron para dialogar con los inconformes.
Los padres acordaron reunirse hoy con las autoridades en la escuela y esperar a que Martha Morales acuda al plantel para aclarar la situación y determinar qué ocurrió con las cámaras de vigilancia y otras pruebas en contra del maestro que abusó de las alumnas.
En declaraciones, Flores Alarcón lamentó la situación y dijo que a la SEG se reportó que “hubo un maestro que hizo actividades no apropiadas con unas menores, hubo una denuncia y el maestro, tenemos entendido, ya está en ámbito legal, no en el laboral, ya son las instancias las que investigarán y darán el castigo correspondiente”.
Expresó que lo importante es garantizarles a los padres que los alumnos están resguardados y que la SEG tomará las medidas necesarias para evitar que la situación ocurra en otras escuelas, “nosotros, como autoridad tenemos que garantizar que esto no volverá a pasar en ninguna escuela”.
Por último, aseguró que el caso de abuso sexual en la primaria Caritino Maldonado Pérez, es el único que se ha registrado en el ciclo escolar 2016-2017.

El estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con sede en Acapulco, Alejandro Román Rodríguez denunció que el director, Bulfrano Pérez Elizalde le niega desde hace dos años su derecho a titularse, y la Administración Central no ha intervenido para solucionar la situación.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, el representante legal y ex rector de la UAG, Enrique González Ruiz explicó que en 2015 el padre de Román Rodríguez fue asesinado en Acapulco, lo que obligó al estudiante a salir del estado; luego comenzó las gestiones para terminar su servicio social y titularse, pero lo ha obstaculizado Pérez Elizalde.
De acuerdo con González Ruiz, ayer en una reunión el secretario general de la UAG, José Alfredo Romero Olea dijo que Pérez Elizalde “es el que ordena y manda”, y la Administración Central no puede intervenir para resolver la situación de Román Rodríguez.
Por su parte, Román Rodríguez dijo que desde el 25 de abril de 2016 denunció el hostigamiento de Pérez Elizalde ante la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, que dirige Patricia Montaño Castrejón, y la instancia emitió una recomendación para que su caso se discutiera en el Consejo Universitario, el órgano de máxima autoridad en la UAG.
Dijo que el Consejo Universitario no ha discutido su caso y Pérez Elizalde le advirtió que “por él” no obtendrá su título, pese a que concluyó todas sus materias y su servicio social de manera regular.
González Ruiz expresó que Pérez Elizalde podría tener motivos personales para impedir que Román Rodríguez se titule, pero “eso no nos atañe, se trata de un estudiante que ya acabó su trabajo y está en la necesidad de titularse, de acuerdo a lo que marcan las normas, creemos que es justa la demanda”.

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que en diciembre terminará la construcción del edificio de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), ubicado en el predio de la Unidad Deportiva de Acapulco, informó el dirigente estudiantil, Ángel Manuel Cástulo Rodríguez.
El estudiante fue consultado luego de que el lunes el gobernador compartió una foto en su cuenta de twitter en la que aparece el dirigente, con el mensaje, “este día me acompaña en un recorrido mi amigo Ángel Manuel Cástulo Rodríguez, de la Escuela Superior de Educación Física”.
Cástulo Rodríguez indicó que el gobernador se comprometió a que en diciembre el edificio de la escuela esté terminado, con un costo de entre 9 y 11 millones de pesos.
El estudiante informó que, para la primera semana de julio serán pagados los cinco meses faltantes de las 71 becas de manutención y transporte, que reciben igual número del estudiantes.
Además, informó que hoy será entregado al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, la solicitud de peticiones para el próximo año escolar, que incluyen material didáctico, becas para servicio social a todos los estudiantes de cuarto año y uniformes.
El pasado jueves, 200 estudiantes de la ESEF marcharon y bloquearon dos horas la avenida Costera para exigir las 71 becas y la continuación de la obra del edificio que se construye en la zona del estacionamiento de la Unidad Deportiva de Acapulco y se retiraron luego de que el gobierno del estado se comprometió a atenderlos.

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre sostuvo que la limpieza de los canales es una responsabilidad del gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que al estado le corresponde el río de La Sabana, mientras que el municipio hizo la limpieza de los canales del anfiteatro.
La fuerte lluvia del lunes en la madrugada causó inundaciones, derrumbes de bardas, árboles caídos y vehículos dañados, y se estiman unas 200 casas afectadas de las colonias Emiliano Zapata, Sector 6, Ciudad Renacimiento, Liberadores, Fuentes del Maurel y Arboledas
Velázquez Aguirre indicó que las lluvias del lunes “sólo” causaron inundaciones y daños materiales, y que lo sucedido debe servir para alertar a las autoridades sobre la prevención “y terminar lo que se deba terminar”.
En el anfiteatro, indicó, “no pasó nada grave, algunos apagones que se están atendiendo inmediatamente con la CFE, caída de árboles y la basura que ha generado alguna situación compleja en la avenida Costera, pero nada qué lamentar”.
Reiteró que “la forma en que hemos distribuido la limpieza de canales es como se ha hecho desde hace varios años, desde la tormenta Manuel e incluso desde el huracán Paulina hemos distribuido los trabajos con la Comisión Nacional del Agua y la CAPASEG”.
“Del río de La Sabana, el desazolve y la limpieza tienen el compromiso el estado y la federación, a nosotros nos tocó la limpieza de los canales del anfiteatro de las principales rutas y estamos por supuesto coordinando esfuerzos”.
El alcalde agregó que de parte del municipio la limpieza de los desarenadores y las presas Gavión se ha certificado ante notario público.
De la limpieza de los cauces en la zona suburbana en Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata y Sinaí, respondió que la primera área es parte de la limpieza del río de La Sabana, y de la Zapata se limpiaron los canales “que se ha podido hacer”, pues es parte que corresponde al municipio.
A pregunta expresa sobre lo dicho por el director de la CAPASEG, Arturo Palma Carro, de que al gobierno del estado sólo le compete la limpieza de los ríos de La Sabana y Colacho, y del canal meándrico, en la zona Diamante, Evodio Velázquez respondió que “no es un tema del gobierno del estado es un tema también del gobierno federal”.
Ofreció que pedirá al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Javier Chona Gutiérrez, y a la secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, que den un informe sobre la limpieza de canales para que “digan cuáles son los que le corresponden al municipio, cuáles al estado y cuáles a la federación, para que no nos aventemos una bolita que no debe ser”.
Agregó que “lo que se debe de hacer es lo que se terminó, qué bueno, y lo que no se ha terminado que se termine prontamente para que no tengamos ninguna situación que lamentar”.
Velázquez Aguirre añadió que “el alcalde no se va a prestar a decir le toca a Juan, le toca a Abraham yo creo que debe existir coordinación como la hay, como la ha habido”.

La culpa es de los ciudadanos

Del arrastre de la basura a la bahía, el alcalde alegó que no fue por los canales pluviales sino que la basura que llegó a la bahía “es parte de lo que llega a la playa y que se arrastra de las calles principales de Acapulco (como) Niños Héroes y Solidaridad”.
Al mencionarle que eso significa que el servicio de recolección de basura de la Dirección de Saneamiento Básico y de Zonatur no funciona, rechazó esa aseveración y responsabilizó a los ciudadanos que cuando llueven sacan la basura a las calles.
“Nosotros hicimos lo pertinente en la limpieza de los canales que corresponden al Ayuntamiento, se invirtieron recursos, se hicieron los trabajos y hoy hay un testimonio notarial que así lo maneja y lo determina”.
Al alcalde se le recordó que el testimonio visual que dejaron las lluvias muestra que es deficiente el servicio de recolección de basura en la ciudad, por el arrastre de desechos a la bahía, pero insistió que no y sostuvo que por el contrario, se hizo una limpieza inmediata de la bahía.
Agregó que en la Costera no hubo inundaciones porque la CAPAMA hizo la limpieza a tiempo de los colectores pluviales. “La ciudad está de pie y está en condiciones para poder recibir a los turistas”.

La plusvalía del Zócalo

El alcalde informó que llegarán restaurantes “de más marca” al centro de la ciudad, como La Casa de los Abuelos, lo que ayudará a fortalecer el centro histórico y dará mas plusvalía al lugar.
Indicó que hay otras cadenas de restaurantes que han solicitado al municipio espacios en el centro para instalar sucursales, pero no informó cuáles.
Adelantó que está pendiente la emisión de un reglamento para el centro histórico de la ciudad, en el que se establecerán las condiciones para la convivencia entre peatones y los vehículos.
Velázquez Aguirre confió en que el gobierno del estado realizará la obra de remodelación de la calle Quebrada, igual a las que hizo el municipio en la calle José María Iglesias y la avenida Adolfo López Mateos.
Indicó que la petición que hizo al gobierno del estado fue que las inversiones en Acapulco no se hagan por ocurrencia y que ayuden al municipio a hacer intervenciones complementarias, como la remodelación del centro histórico de la ciudad.
El pasado 4 de abril, cuando fue inaugurada la primera etapa de la remodelación de las calles aledañas al Zócalo, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Rafael Navarrete Quezada, anunció que el estado repavimentará las calles La Quebrada, Ignacio de la Llave, Jesús Carranza y José Azueta en el mismo estilo hecho por el gobierno municipal, porque la intención es “rejuvenecer Acapulco de manera homogénea”.
Ayer Velázquez Aguirre descartó que la obra anunciada por el gobierno del estado esté sujeta a los vaivenes de la política, e insistió en que no hay distanciamiento con el gobierno del estado.
“Yo, en lo particular, no tengo distanciamiento con nadie, yo trabajo con todos, yo respeto a todos los representantes de las instancias de gobierno, yo no me voy a parar ni confrontar, yo creo que lo que necesita Acapulco es que sigamos trabajando. El gobernador tiene todo mi respeto como estoy seguro que él me lo da a mí. Estamos trabajando, yo me seguiré coordinando con él y con la federación, en el momento y en la condición que deba ser”.

“Urge” regular las policías comunitarias

El alcalde insistió en que está en la disposición de ir al Congreso y comparecer si así lo desean, y adelantó que si lo convocan presentará una propuesta sobre la regulación de las policías comunitarias como la de la UPOEG.
“Creo que es necesario que hablemos de lo esencial, no de los temas políticos, los temas políticos los arreglan los partidos, yo mas bien invito a que hagamos una mesa de trabajo y si hay necesidad de que vaya el alcalde a hacer una comparecencia al Congreso, que puedan ellos preguntar de la condición que tiene el municipio y de lo que estamos trabajando, estoy completamente de acuerdo y en espera de la invitación”, explicó.
Añadió que “urge” un plan sobre qué hacer con las policías comunitarias porque no se trata solo de Acapulco, y que corresponde a la federación definir qué hacer porque es la facultada para el manejo de armamento. “Al Congreso le corresponde resolver las lagunas que hay en la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que ordena el respeto a las comunitarias en las zonas indígenas y esto habría que regularse para bien de Acapulco y para bien de Guerrero”.

Vecinos de la colonia Sector Seis, en la zona suburbana, que resultaron afectados por las lluvias de la madrugada del lunes, ayer seguían con labores de limpieza y unos lavaban ropa en el arroyo.
Señalaron que ninguna autoridad ha acudido a ayudarles a retirar el lodo de las calles, sino que entre ellos hacen la limpieza.
Los vecinos Guadalupe Mayo Blanco y Silvino López Delgado dijeron que por la inundación se les dañaron colchones, muebles, refrigeradores y ropa.
Agregaron que el lunes por la tarde acudieron empleados del DIF estatal y les entregaron una despensas, un bote y jabón.
En calles y casas todavía había lodo y basura que fue arrastrada por el agua, así como ramas de árboles enredadas en troncos y botes de plástico.
Varios colonos acudieron al canal a lavar y acarrear agua para seguir con labores de limpieza en sus viviendas, a las que se les metió el agua la madrugada del lunes.
Guadalupe Mayo contó que desde el lunes a las 9 de la mañana empezó a limpiar el lodo que se metió a su casa, donde el agua alcanzó un metro de altura.
Explicó que se salió con su familia y tuvo que dormir en casa de otros parientes, y que se le dañaron muebles y refrigerador, y algunas cosas las estaba lavando.
Recordó que no es la primera vez que se inunda, que hace casi cuatro años con la tormenta Manuel también se le metió el agua, pero reprochó que se pudo haber evitado si “el gobierno hubiera venido a desazolvar, está horrible, vea la maleza en los canales”.
Agregó que ninguna autoridad acudió a ayudarles a retirar el lodo de las calles, que entre los vecinos hacen la limpieza; “la tarde del lunes acudió la esposa del gobernador Astudillo y nos dieron despensas, no nos dijeron si nos darían apoyo”.
Cuando se le preguntó si las autoridades de Protección Civil le notificaron que estaba en zona de alto riesgo, respondió: “no nos han dicho que tengamos que movernos”.
Mientras, Silvino López Delgado, quien también resultó afectado por las lluvias, dijo que en su casa, donde viven 10 personas, se dañaron los colchones, el refrigerador y muebles donde guarda su ropa. Ayer tuvieron que dormir en el piso con colchonetas.
Recordó que eran las 3 de la madrugada cuando empezó a meterse el agua: “llovió mucho y nos salimos muy rápido de la casa”, mientras mostraba las señas que dejó el nivel del agua.
Sobre si las autoridades los fueron a ayudar, respondió que en la tarde del lunes acudieron trabajadores del gobierno del estado y “entregaron despensas nada más, una por cada uno, pero no ha venido a ayudar, aquí entre los vecinos estamos limpiando”.
Explicó que no es la primera vez que se inunda, pero no hay otro lugar donde irse a vivir, y recordó que con la tormenta Manuel también resultaron afectados y “los colchones que se dañaron no los dio el gobierno en esa ocasión”.

 

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Rafael Navarrete Quezada, informó que ya se iniciaron los trabajos de introducción del colector que llevará las aguas residuales de la zona Diamante a la planta de tratamiento que plantea la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG).
Después de asistir a la segunda sesión ordinaria de Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, que presidió el gobernador Héctor Astudillo Flores, Navarrete Quezada respondió que para dicha obra se invertirán 40 millones de pesos y se planean de dos a tres meses los trabajos.
Ayer en el carril Aeropuerto- Colosio, frente al centro de congresos Mundo Imperial, había maquinaria pesada que hacía excavaciones para la introducción de tubo; debido a las maniobras sólo está libre un carril para la circulación de vehículos.
El funcionario estatal declaró que “son los trabajos para la instalación del colector que va a llevar las aguas residuales de la zona Diamante a la nueva planta de tratamiento que está planteando la CAPASEG” y que iniciaron hace tres días.
Al preguntarle si se llegó a un acuerdo con los vecinos que se oponían a la construcción de la planta, respondió que “la queja de ellos es porque decían que se iba a ser en la colonia Parque Ecológico Viverista, pero no se va a hacer ahí”, aunque no explicó en dónde se construiría porque, dijo, esos datos los tiene la CAPASEG.
Detalló que los trabajos de introducción de tubería se llevarán de dos a tres meses y la inversión “es de 40 millones de pesos, estamos hablando nada más del colector”.
El pasado 17 de enero, El Sur informó que vecinos del Parque Ecológico Viverista dijeron que trabajadores contratados para las obras de la planta tratadora Vicente Guerrero, había sido movida 200 metros del lugar original, y que ingresaron de forma ilegal en predios privados. Además indicaron que desconocían si se reubicaría la planta.
Sobre el distribuidor vial Diamante, el secretario explicó que todavía no se inicia pero que ya se cuenta con un proyecto, “ya se gestionó y estamos en el armado del expediente para que nos entreguen los recursos, en tres o cuatro meses vamos a iniciar las obras”.
Agregó: “creo que va a costar unos 200 millones y se llevará un año y mes de trabajos”.
Navarrete Quezada Indicó que se tardará dicho tiempo porque es una obra que no es sencilla, aque tiene su complejidades porque se tiene que revisar qué es lo que está debajo de las obras.
Por otra parte, sobre la obra en La Quebrada, el secretario explicó que se lleva un 80 por ciento de avance, que ya se concluyó la instalación del barandal y se trabaja en colocar el mobiliario urbano.
Agregó que el barandal que se instaló es parecida a las estructura que utiliza Pemex para que la salinidad no le afecte, pero indicó que se tendrá que estar dando mantenimiento cada año, “no podemos dejar las cosas sueltas sin que no se le haga absolutamente nada”.
Sostuvo que con el mantenimiento adecuada al barandal podrían durar de 10 a 15 años.
Por otra parte, del libramiento poniente, dijo que es una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y en la semana pasada se dio el fallo para el tercer tramo que implica los tres kilómetros para hacer el entronque. “Seguramente en un mes se dará inició al tercer tramo para completar los 21 kilómetros”.
El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal aclaró que no hubo afectación en las obras del gobierno del estado porque “no estamos haciendo tanta obra en época de lluvia, que es una gran ventaja”.

 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Isaac Reyes Carbajal, informó que el gobierno municipal no ha hecho la aportación a la que se comprometió con el adeudo que tiene el municipio con los contratistas, de 50 millones de pesos.
Ayer en declaraciones en el centro de congresos Mundo Imperial, a donde acudió a la segunda sesión del Comité Rector del Programa Estatal Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, Reyes Carbajal dijo que ha solicitado audiencia con el alcalde Evodio Velázquez y no ha tenido respuesta.
“El último compromiso que hay del gobierno municipal es que pondría 10 millones y el gobernador pondría los otros 10 millones, pero estamos en la revisión de los documentos de quienes los tengan y hacer el trámite”, detalló.
Abundó que la semana pasada estuvieron en las oficinas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la titular Luz María Meraza Radilla, y se vio ese tema, “estamos buscando al presidente Evodio para hablar sobre la situación”.
Se le preguntó a si no le han depositado el abono y respondió: “no, ya con esto la urgencia es hablar con el alcalde para ver cuándo ya estarán los recursos disponibles, ya que de esa manera el gobernador pondría los otros 10 millones de pesos”.
Reyes Carbajal confió en que el Ayuntamiento haga la aportación porque “ya se está haciendo la revisión de los expedientes, ya queremos ver la fecha y eso es lo que hablaré con el presidente municipal”.
Recordó que el compromiso del gobierno municipal fue que en febrero pagaría otros 6 millones de pesos “y no se han podido dar, lo último que se acordó es que veríamos al gobernador y en un evento que encabezó éste se acordó que, junto con el municipio, daría 10 millones y el estado otros 10 millones de pesos”.