El pasado miércoles fue encontrado el cuerpo de un hombre en la carretera Tlapa-Alcozauca en la comunidad de Ahuejutla del municipio de Alcozauca.
Según los informes el hombre de entre 25  y 30 años tenía una herida de arma de fuego y estaba en unos arbustos, llevaba una playera café, pantalón de mezclilla azul y tenis Nike negros.
Su cuerpo fue levantado por agentes del Ministerio Público (MP) y policías ministeriales y se envió al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para que sea identificado.

La mañana de ayer un hombre de 34 años fue localizado ejecutado de un balazo en la cabeza cerca de la cancha de futbol de la comunidad de Tlaxmalac de Huitzuco.
Reportes policiacos de Seguridad Pública del estado indicaron que a las 10:25 de la mañana se informó al 911 que un hombre había sido ejecutado a balazos cerca de la cancha de futbol de dicha comunidad por lo que se pedía la presencia del agente del Ministerio Público (MP).
En el lugar había un casquillo percutido calibre .9 milímetros, según las autoridades que hicieron las diligencias.
Se dio a conocer que familiares identificaron el cuerpo del campesino quien era vecino de esa misma comunidad y fue asesinado cuando se dirigía a su parcela.
El hombre vestía una camisa azul con el emblema y eslogan bordado del gobierno perredista de Cocula, “Juntos construiremos un Cocula diferente” y en el extremo derecho del pecho tenía la frase “Alumbrado Público”. Debajo de la camisa llevaba una playera gris con estampados, un pantalón azul marino y tenía puesta una gorra negra.
Fuentes consultadas en el gobierno municipal de Cocula informaron que el uniforme sí corresponde al usado en el gobierno actual que preside Erik Ulises Ramírez Crespo —detenido e investigado por el caso Ayotzinapa— pero no identificaron al hombre como empleado del Ayuntamiento.
Extraoficialmente se dio a conocer por las fuentes policiacas que vecinos de Tlaxmalac identificaron a la persona asesinada como responsable de secuestrar en esa y otras comunidades de Huitzuco, lo cual no fue confirmado por fuentes oficiales.
Al término de las diligencias el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.

Familiares de los tres hombres detenidos que presuntamente pertenecen al grupo delincuencial Cartel del Sur denunciaron que éstos fueron secuestrados el domingo por civiles armados en la colonia Lomas del Poniente y las autoridades los acusan de manera arbitraria de pertenecer al crimen organizado.
En conferencia de prensa en las afueras de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) un familiar señaló que el domingo su pariente de 19 años fue secuestrado por civiles armados en la colonia Lomas del Poniente en la capital.
Dijo que en este hecho otros dos hombres fueron privados de su libertad en las canchas de la misma colonia en donde atacaron a dos hombres y uno perdió la vida.
Comentó que después del secuestro los captores pidieron dinero para liberar al joven y el martes después de una balacera en la colonia Lomas de San Mateo y una operación policiaca encontraron a la víctima junto con otros dos hombres quienes también estaban secuestrados.
Señaló que en la operación la Policía Estatal violentó las investigaciones y acusaron manera arbitraria a los tres hombres de pertenecer a un grupo delincuencial sin tener ninguna prueba.
Relató que los policías decomisaron armamento y agarraron las armas sin guantes lo que alteró las investigaciones y las armas y los vehículos fueron enviados a la PGR.
El familiar declaró que “mi hermano  de 19 años trabajaba en un taller mecánico y el domingo fue levantado por hombres armados pero policías estatales los acusan de pertenecer a un grupo delincuencial pero no es cierto, es mentira, y pedimos que no se los lleven a la Ciudad de México para deslindar las responsabilidades”.
Comentó que su familiar tenía los ojos vendados y un mecate en el cuello porque estaba secuestrado, “pero los policías de manera arbitraria sin realizar las investigaciones acusaron que pertenecen a un grupo delincuencial, lo cual es injusto”.
Pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que intervenga para evitar la violación de los derechos humanos de los tres hombres que estaban dentro de la casa de seguridad en dicha colonia.
El lunes familiares del joven Edwin de 17 años pidieron a la población dar información para encontrarlo ya que desapareció el domingo al salir de su casa en la colonia Texcalco al poniente de Chilpancingo.
En un boletín de prensa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que los tres hombres y dos mujeres que fueron encontrados en una casa de seguridad en la colonia Lomas de San Mateo a dos cuadras del viejo libramiento a Tixtla en la capital presuntamente pertenecen al grupo criminal Los Rojos y del Cartel del Sur y fueron puestos a disposición de la PGR para deslindar responsabilidades.

 

La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Fidela Hernández Vargas informó que de 43 presuntos secuestrados por el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, 34 han manifestado en las audiencias y careos que no conocen al inculpado y que tampoco les pidió dinero, y los otros nueve no han ido a las audiencias.
Ayer a las 10 de la mañana hubo otra audiencia y careo en la cárcel de Ayutla entre los supuestos agraviados Elvis Lozano Hernández y Martín Venancio Bernabé con Campos Herrera. Otro de los que lo acusan de secuestro y están en la causa penal 196/2013 no acudió.
Por teléfono la abogada informó que durante la audiencia de careo los dos supuestos agraviados señalaron que no conocían a Campos Herrera. Uno de ellos dijo que lo vio en una ocasión en la Casa de Justicia de El Paraíso porque otros presos lo señalaron como Arturo Campos, pero que no cruzaron palabras.
En los careos ambos denunciantes dijeron que policías comunitarios de la CRAC, a quienes identificaron por sus gorras y playeras verdes con la leyenda de la organización, fueron quienes los detuvieron.
Además indicaron que en el tiempo que estuvieron en “reeducación” bajo el sistema comunitario se les permitió a sus familias visitarlos.
Campos Herrera indicó que iba a la Casa de Justicia porque era consejero de la CRAC, dijo la abogada.
El dirigente de la CRAC, Campos Herrera fue detenido el 1 de diciembre de 2013 en Chilpancingo y faltan nueve supuestos agraviados por asistir a las audiencias de su proceso penal.

La hermana del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, Claudia salió libre del reclusorio este jueves en la tarde al no probarle responsabilidad en terrorismo, lesiones graves, robo específico y privación de la libertad personal, delitos de los que la acusaban.
Claudia Molina fue detenida el 7 de junio en Los Cabos, Baja California, cuando llegaba para trabajar pero fue trasladada al reclusorio de Chilpancingo.
Ayer cerca de las 7:20 de la tarde Claudia Molina salió del reclusorio, acompañada de familiares y su abogado Hegel Mariano Ramírez.
En consulta su defensor jurídico detalló que a las 4:30 notificó el juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el auto de libertad que se le dictó, por los delitos de lesiones calificadas y robo específico, al no acreditarse su probable responsabilidad.
A las 6 de la tarde se le notificó la segunda resolución de la jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, donde tampoco se le acredita la probable responsabilidad en los delitos de terrorismo, lesiones calificadas, robo específico y privación de la libertad personal.
De las 10 órdenes de aprehensión que hay de los integrantes de la CRAC en Tixtla, que informó el martes, el abogado advirtió, “vemos que de repente hay mucho esfuerzo, ponen mucha energía, a Claudia la trasladan en avión, hay mucho desgaste del gobierno del estado, yo creo que esos esfuerzos de la procuración de justicia se necesitan en otros casos, los casos de desaparecidos, en los casos de secuestrados, en los casos de ejecutados”.
Abundó que lo que le interesa a la gente no es que se persiga a los integrantes de la CRAC, sino que haya seguridad, que se reduzca la violencia y que se investiguen los casos de impunidad.
En 2014 otra hermana de Gonzalo Molina, Aurora, fue detenida por delitos similares a los de Claudia, y quedó en libertad 15 días después.

A un mes de que policías estatales y militares irrumpieron en las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad de Zihuatanejo para revisar el armamento de los policías municipales y detuvieron a 51 de ellos, el director municipal de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, José Luis Amador Abarca manifestó que los 20 elementos que están recluidos en penales de máxima seguridad en Oaxaca y Nayarit podrían ser exonerados de los delitos de portación de armas de uso exclusivo y de uniformes policiacos.
Explicó que los agentes municipales detenidos “tienen la manera de demostrar que las armas que traían en el momento de la detención son de la corporación municipal y que si estaban vestidos de policías es porque lo son y lo comprueban con documentos y la nómina oficial de esa dependencia, es decir, podría ser que los exoneren de uno o dos delitos pero sigan presos si los acusan de delincuencia organizada, y ahí sí cada uno de ellos tendrá que demostrar su inocencia”.
Mientras tanto, el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal continúa a cargo de la seguridad del municipio de Zihuatanejo en coordinación con el Ejército, desde el día del operativo.
El 16 de mayo 51 policías municipales preventivos fueron detenidos por sus pares estatales, nueve de ellos fueron liberados durante la revisión de armamento porque demostraron con una identificación vigente que son policías en activo y están aptos para portar armas. Los detenidos fueron llevados al puerto de Acapulco, 31 agentes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de usurpación de funciones, éstos quedaron en libertad y regresaron a Zihuatanejo dos días después.
Sin embargo los otros 20 fueron presentados en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y son acusados de delincuencia organizada, portación ilegal de armas para uso exclusivo, contra la salud y acopio, 17 de ellos fueron llevados a un penal de máxima seguridad en Oaxaca y los tres restantes a un penal en Nayarit, entre estos tres hay uno con el mote de El Cadete a quien el gobierno señala de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada y de estar infiltrado en la corporación policiaca municipal.
Cinco días después todos los policías municipales fueron desalojados de la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo por instrucciones de la Policía del Estado ya que de los 240 agentes de la corporación sólo 44 están aprobados para portar armas, el resto no ha aprobado los exámenes de control y confianza ni cumplen con los requisitos para enlistarse en la licencia oficial colectiva 110 para estar armados, los agentes se negaban a salir a patrullar sin armas luego del asesinato de tres de sus compañeros el 25 de abril pasado en Ixtapa.
Ayer a un día de cumplirse un mes de estos hechos el director de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal, José Luis Amador Abarca dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, tiene facultades para hacerse cargo de la seguridad del municipio a raíz de que se dio la detención de los municipales, por lo que ellos no pueden trabajar en coordinación con los policías estatales “porque no están armados y por seguridad no están trabajando pero siguen siendo trabajadores, siguen compareciendo, por las mañanas van a pasar lista”.
“Con relación a los otros 20 que están detenidos siguen siendo policías porque todavía no se concluye el procedimiento para la suspensión, porque la ley señala que debe seguirse un procedimiento para la suspensión de esos policías (…) no los podemos dar de baja porque incurriríamos en responsabilidades”.
Agregó que la situación jurídica de los 20 agentes está atendida por un defensor de oficio federal y que el gobierno municipal no interviene en su defensa, “lo único que hizo el municipio desde un principio fue proporcionar la documentación que fue requerida por las autoridades y por los propios policías para acreditar que efectivamente eran policías”.
Amador Abarca confió en que los policías puedan ser exonerados de los delitos de portación de arma “porque se acreditó que verdaderamente son policías con su nombramiento, con su alta y con la nómina, es decir, por ese delito pueden salir exonerados, pero por los demás delitos eso ya es individualmente cada uno de los policías tendrá que defenderse, por ejemplo, delincuencia organizada, ahí nosotros no sabemos absolutamente nada de ese asunto”.
“Precisar que podrían ser exonerados de ese delito u obtener su libertad de ese delito (portación de armas), es decir, los vinculan por tres delitos y pueden estar libres de dos y quedan detenidos por uno, pero de lo poco que se conoce periodísticamente no existen prueban fehacientes que se encuentre acreditado algún otro ilícito, porque decían ‘portación de armas’ pero las armas están resguardadas por la licencia colectiva 110, es decir, las armas eran legales, entonces no hay ese delito, ahora, el uniforme, que estaban uniformados y armados, sí, estaban uniformados porque son policías, entonces ya de los demás delitos cada uno habrá de responder y demostrar su inocencia”.
El funcionario señaló que el defensor de oficio federal tiene la seguridad de que los agentes son inocentes “porque pidió un término corto, un término de tres meses” y el juez de Control dijo “no, que sean cuatro meses, o sea si hay alguna probanza que se tenga que tardar pide un año para que dé tiempo de andar buscando pruebas, testigos, pero creo que el defensor vio que no había mayor cosa qué probar ahí y dijo ‘tres meses’ y al final le dan cuatro meses… en septiembre estaría dictándose la resolución”.
A pregunta expresa sobre que los agentes salieran en libertad, “según la ley tendrían que regresar a seguir siendo empleados, según la ley de Seguridad Pública municipal, y se les tendrá que pagar todo en caso de que se les haya retenido algún salario, se les tendrá que pagar todo porque así lo señala la ley (…) considero que se está llevando un procedimiento legal que a veces pues sí es tardado y por la implicación que tuvo a nivel nacional, para mí era difícil que los soltaran en forma inmediata y por esa razón, de 60, 40 salieron libres”.
Por otra parte, policías municipales comentaron que el gobierno municipal aprovechó la situación para ofrecerles a todos ellos que aprovecharan los dos periodos vacacionales que les tocan por año, aunque siguen presentándose a firmar asistencia a las instalaciones de Seguridad Pública.
Uno de ellos comentó que todos coinciden en que su situación laboral es incierta pues sólo saben que serán más de 100 policías los que posiblemente el mes próximo vayan a presentar sus exámenes de control y confianza, pero a ciencia cierta no saben si sólo será esa cantidad de agentes o irán todos, “lo que sí sabemos es que si no pasamos esos exámenes nos van a correr”.
Otro policía dijo que la información extraoficial que tienen es que “como ya se nos vencieron los días de vacaciones tenemos que empezar a presentarnos todos, que los compañeros que son aptos los van a poner a cuidar instalaciones públicas del Ayuntamiento y los que todavía no han pasado los exámenes los van a mandar de agentes de Tránsito municipal, también se sabe de manera extraoficial que ya hay un dinero destinado para que los compañeros comiencen a irse a reevaluar  y dependiendo de ese resultado los que no pasen serán dados de baja y los que sí su función será andar vigilando oficinas del Ayuntamiento”.

 

 

Familiares de los tres policías municipales asesinados a balazos en un módulo de seguridad en la zona hotelera y comercial de Ixtapa, Zihuatanejo denunciaron que no han cobrado la póliza de seguro porque necesitan copias de la carpeta completa de averiguación y el Ministerio Público les presta el expediente que tiene más de 80 hojas, pero les cobra 89 pesos por cada una.
Además, afirmaron que desde la última quincena de mayo el Ayuntamiento no les ha pagado el salario de los agentes asesinados.
El 25 de abril de este año, los policías municipales Pablo Hurtado Cortés, Efraín Guillén Maciel y Cesáreo Sánchez Lagunas fueron asesinados a balazos por hombres armados con uniformes de policías que irrumpieron al módulo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal para presuntamente revisar el armamento.
Ayer, los familiares de los tres agentes manifestaron que la segunda quincena de mayo fue la última que cobraron a pesar del ofrecimiento público del alcalde perredista, Gustavo García Bello de que no los dejaría desamparados.
Afirmaron que funcionarios del Ayuntamiento de Zihuatanejo les dijeron que como ya están muertos no pueden seguirles pagando la quincena, y les sugirieron que mejor aceleren los trámites para cobrar las pólizas de seguro de vida de los policías.
Sin embargo, uno de los familiares reprochó que la empresa de seguros les pide que presenten copias de la carpeta de investigación completa del triple asesinato, y que en la agencia del Ministerio Público del fuero común donde las solicitaron, les dijeron que les prestan el expediente para que les saquen fotocopias, pero cada hoja les cuesta 89 pesos.
Dijeron que son más de 80 hojas del expediente y que los familiares no tienen más de siete mil pesos para pagar, por eso no han podido cobrar el seguro de vida de los policías asesinados.
Manifestaron que están desesperados porque el salario de los policías era la única fuente de ingresos de sus familias.

Por tercer día consecutivo los trabajadores sindicalizados de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron el Palacio municipal y bloquearon avenidas y calles en el centro de la ciudad de Chilpancingo, para reiterar su exigencia de aumento de 15 por ciento salarial y 30 por ciento en prestaciones.
A las 8 de la mañana los inconformes cerraron las secretarías de Salud y de Servicios Públicos municipales nuevamente, también colocaron cadenas y pancartas con sus demandas en los accesos del Ayuntamiento, y dos horas después bloquearon la avenida Benito Juárez esquina con Francisco I. Madero.
Ayer, consultado afuera del Ayuntamiento, el secretario general de la sección 28, José Natividad Adame Salinas dijo que este miércoles se reunió con autoridades municipales y les insistió en el incremento salarial de 15 por ciento, y que de bono anual para los servidores públicos aumente de 2 mil 250 a 3 mil pesos.
Dijo que el secretario de Finanzas, Héctor Avilés no aceptó y reiteró la propuesta de aumento de 8 por ciento al salario y 10 por ciento en prestaciones, “el gobierno municipal está aferrado a otorgar ese aumento”.
Reprochó que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena diga que de ceder al aumento que piden los trabajadores no habrá obras públicas en el municipio, porque para eso está el dinero del ramo 33, “sólo lo dice para poner a la sociedad en contra de nosotros”.
El líder sindical manifestó que el recorte presupuestal que hizo el gobierno federal fue por adeudos que tenía el Ayuntamiento capitalino, por no reportar a tiempo unos impuestos que debía devolver a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Explicó que antes de inconformarse y exigir los incrementos de salario y en prestaciones le notificaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje que harían paro laboral, recriminó al alcalde capitalino que en lugar de solucionar los problemas sólo los amenaza con levantar actas administrativas.
Adame Salinas aseveró que el incremento que piden para los trabajadores sindicalizados no llega ni a los 15 millones de pesos, que es mentira lo que dice el alcalde de que los incrementos ascenderían a 25 millones.
Afirmó que el gobierno municipal tiene dinero para darles los aumentos a los trabajadores, “sólo que el alcalde no quiere porque está molesto (de) que le tomamos el Ayuntamiento y bloqueamos calles”.
A las 10 de la mañana los manifestantes bloquearon las avenidas Benito Juárez, Juan Ruiz Alarcón, Juan N. Álvarez, así como las calles Altamirano, Cristóbal Colón, Baltazar R. Leyva Mancilla, Valerio Trujano y Morelos.
A la 1 de la tarde, el Ayuntamiento de Chilpancingo mediante un boletín de prensa informó que el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Bernardo Ortega León llevó a cabo una mesa de trabajo, integrada por una comisión de sindicalizados de la sección 28 encabezada por su líder José Natividad Adame Salinas, y otra comisión de funcionarios municipales encabezada por el secretario de Finanzas, Héctor Avilez García y el subsecretario de Planeación y Presupuesto, Karlo Misael López Domínguez.
En el boletín agregó que se acordó una reunión hoy a las 10 de la mañana para analizar una contrapropuesta de los sindicalizados y alternativas de solución de ambas partes, también los trabajadores de la sección 28 se comprometieron a no bloquear nuevamente las calles.
Consultado al término de la reunión, el dirigente sindical, José Natividad Adame Salinas informó que a las 4 de la tarde los trabajadores terminaron el bloqueo en las calles y avenidas porque el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se lo solicitó.
Adelantó que la propuesta que presentarán los sindicalizados de la sección 28 del SUSPEG es que sólo les den el incremento de 14 por ciento salarial.

El dirigente del Sindicato Independiente de la sección 14 del Ayuntamiento de Chilpancingo, Domingo Salgado Martínez, denunció que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena no quiere pagarles la quincena a más de 3 mil empleados porque busca confrontarlos con los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) debido a que ayer cerraron por tercer día consecutivo el Ayuntamiento.
En conferencia de prensa en la alameda Granados Maldonado, el dirigente sindical de la sección 14 manifestó que el presidente municipal les informó que no les pagarían a los empleados hasta que fuera liberado el Ayuntamiento, y que los sindicalizados de la sección 28 del SUSPEG acepten el 8 por ciento de aumento salarial.
Reprochó que los empleados de la sección 14 son los que ganan menos en el gobierno municipal, “tenemos salarios con los que vamos al día”, y no podemos esperar hasta que al presidente municipal se le dé su gana depositarnos, porque según él, las nóminas las tienen que hacer adentro el Ayuntamiento.
Salgado Martínez recriminó que para hacer las transferencias de dinero no es necesario estar adentro del Palacio municipal, “simplemente con que se tenga una computadora e internet se pueden realizar los pagos”.
Aseveró que el alcalde trata de afectar a toda la base trabajadora y confrontarlos con los sindicalizados de la sección 28 del SUSPEG, consideró que no lo va a lograr, “porque hemos estado en lucha y los compañeros han sido respetuosos”.
Domingo Salgado afirmó que no afectarán a sus compañeros, y no se movilizarán en contra de los paristas del SUSPEG.
Agregó que el alcalde no debe de afectar los intereses de los trabajadores porque es un salario que tienen devengado y les corresponde por derecho.
“El alcalde desde su casa puede hacer las transferencias y la liberación de los pagos de los trabajadores, pero lo único que quiere es confrontarnos”, aseguró.
Advirtió que si ayer no les pagaban hoy los trabajadores sindicalizados independientes de la sección 14 se manifestarán.
El martes 13 de junio, unos 750 trabajadores de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Público (SUSPEG) pararon labores y cerraron el Ayuntamiento, las secretarías de Salud y Servicios Públicos municipales, bloquearon avenidas y calles del centro de la ciudad de Chilpancingo, para exigir aumento de 15 por ciento salarial y de 30 en prestaciones.