Se quejan de reparto desigual del apoyo para obras del programa 3×1 Migrantes

 

En la propuesta del programa 3×1 Migrantes, del ejercicio fiscal 2017, se dio un trato diferenciado a los proyectos de obras en municipios de la zona Norte, con tradición y pioneros del programa, frente a los de reciente ingreso.
Si bien Taxco tiene el mayor número de proyectos aprobados, 38, también tiene los presupuestos más bajos en 19 obras de infraestructura social, lo que motivó reclamos de los clubes de Migrantes en Estados Unidos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por la reducción, mientras obras similares en otros municipios están arriba de 200 mil y hasta 300 mil pesos.
De acuerdo con la propuesta de obra aprobada en el Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam), que se realizó el sábado en Chicago, Illinos, seis proyectos de drenaje y pavimentación en Taxco tienen presupuestos de 440 mil pesos, con las aportaciones iguales de los tres órdenes de gobierno. En algunos casos el estado puso 20 mil pesos más para cumplir con la petición de los clubes.
En Chilpancingo, los proyectos sólo de pavimentación tienen presupuestos de 440 mil a 600 mil pesos. El drenaje con pavimentación alcanza los 670 mil pesos. En este caso, la federación, el municipio y migrantes ponen cada uno una aportación de 190 mil pesos, y el gobierno estatal 100 mil.
En consulta telefónica sobre los criterios de financiamiento, el secretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, reconoció que la bolsa del gobierno del estado es insuficiente para cubrir todas las propuestas aprobadas y se procuró la distribución equitativa en proyectos prioritarios y colectivos, abarcar el mayor número de clubes que cumplen las reglas de operación.
Esto, en relación con la denuncia de Clubes Unidos Guerrerenses de Medio Oeste, que señaló que hay clubes con proyectos aprobados con financiamiento, a pesar de que no cuentan con su toma de nota, un reconocimiento que expide el consulado mexicano y requisito de las reglas operación. Tampoco apoyó ningún proyecto individual de 27 aprobados.
Morales Marchán señaló que en la sesión del Covam en Chicago, las oficinas centrales de Sedesol fueron las encargadas de dictaminar los proyectos de 3×1, supervisar la veracidad de los clubes cuestionados por las organizaciones de migrantes, “para no desvirtuar un programa tan noble”, que se ha tomado como modelo de transparencia y eficacia en países latinoamericanos.
Recordó que el objetivo del 3×1, es fortalecer a la comunidad migrante, “si se utilizan para otra dirección debilitamos el programa, por lo tanto hay que verificar la existencia o no de ciertos clubes”.
Por separado, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz, se deslindó de los clubes con proyectos financiados y cuestionados por la toma de nota. Declaró que no les corresponde, que la toma de nota es un trámite que se realiza en Estados Unidos, cuando los clubes o federaciones se acreditan.
Aseguró que el programa 3×1 comienza y termina con los migrantes. Ellos se acreditan como federación o club ante la embajada por la toma de nota, con requisitos determinados, ingresan su solicitud de obra o acciones en un sistema federal de Sedesol que debe cubrir ciertos requisitos y deben acreditar con documentos.
Ratificó que de más de 400 propuestas, 46 por ciento cumplieron con los requisitos, que la propuesta de obras y servicios se llevó al Covam, para analizarla con un grupo de representante que la votó por unanimidad. Ahí surgieron otras diferentes expresiones, pero insistió en que el problema es el presupuesto es insuficiente.
“Una vez votados se tienen que convalidar, con revisiones en campo, para verificar si son viables, apropiadas en el campo, según las características del expediente técnico. Y después volver a palomear”.

Petatlán, Teloloapan y Atoyac, con las obras de más inversión

Distinto a la norma de que los ayuntamientos no necesariamente hacen su aportación, particularmente cuando las obras están a cargo de los clubes espejo, Petatlán y Teloloapan plantearon las inversiones más altas al porcentaje que les corresponde de 25 por ciento. También tienen las obra más costosas en la propuesta del 3×1.
Petatlán tiene una aportación promedio de 38 por ciento en cuatro proyectos de pavimentación y cuatro techados comunitarios, cuyo presupuesto está por el orden de 500 mil y 600 mil pesos. En general los techados son las obras más costosas del programas de migrantes, más que un centro de salud, cotizado en Taxco en 600 mil pesos.
Las seis obras aprobadas en Atoyac son techados comunitarios que van de 560 a 740 mil pesos. En Teloloapan, el techado de una escuela primaria suma con las cuatro aportaciones formales, 818 mil 850 pesos.
Después de Taxco, Chilpancingo es el municipio con más obras proyectadas con financiamiento, en total son 13 y cinco corresponden a proyectos individuales con costo promedio de 344 mil pesos, que sólo tienen aportaciones de la federación, municipio y migrante. Además de una barda, de la cual no se precisan las medidas, con un costo de 720 mil pesos.
Sigue Teloloapan con 12 obras aprobadas con presupuesto asignado, de las cuales ocho son mayores de 600 mil pesos. La más cara es de un techado de una escuela por 818 mil.
El delegado de Sedesol declaró que desde 2016 está promoviendo la participación de más municipios en el programa, y hubo consensos con los clubes de migrantes tradicionales, que enfocaban las obras en la zona Norte. Ahora están participando 33 ayuntamientos: 16 con un sólo proyecto, y seis con dos.
Asimismo, dijo que impulsó los proyectos individuales y los migrantes organizados expresaron su preferencia por el apoyo a obras y servicios colectivos.

No hay fecha para la reunión con Astudillo, dice el líder de la Canaco de Chilpancingo

Al cumplirse una semana de que hombres armados se presentaran en locales del primer cuadro de la capital, los agremiados en la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) no se han sido llamados por el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le solicitaron una audiencia el martes pasado.
Este viernes se cumple una semana que integrantes de una banda del crimen organizado, que se disputan la plaza capitalina, visitaron armados a varios vendedores en sus locales del primer cuadro de la ciudad, para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro del piso.
A pesar de esta situación, hasta este viernes no se les ha dado fecha para la audiencia que solicitaron en la secretaría particular del gobernador Héctor Astudillo, y sólo fueron notificados que hasta dentro de dos semanas serán recibidos.
Consultado vía telefónica, el empresario y líder de la Canaco, Víctor Ortega Corona, explicó que no ha recibido ninguna llamada o se le ha notificado sobre cuándo y a qué hora serán recibidos.
La solicitud de audiencia de los empresarios locales tiene como objetivo exponerle al gobernador Astudillo Flores la situación de violencia en la que labora, la cual a mermado sus ingresos y pone en riesgo a las familias que dependen de estos trabajos.
Hasta este jueves por la tarde, no se tenía fecha ni hora para el encuentro solicitado desde el martes pasado.

Exige en tribuna la diputada de Morena que se esclarezca el asesinato de su compañero de Tixtla

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, manifestó su indignación por el asesinato del abogado y dirigente de Morena en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, y exigió el esclarecimiento y seguridad para su familia.
“Además del agravio por el crimen perpetrado contra nuestro compañero abogado, ahora tenemos que presenciar la burda maniobra de presentarlo ante la opinión pública como un sicario, por haberle puesto un arma a su cadáver”, denunció la diputada.
Dijo que si viviéramos en un estado de derecho, “ya deberían de haber renunciado el secretario de Seguridad Pública (Pedro Almazán Cervantes) y el vocero en materia de seguridad pública (Roberto Álvarez Heredia), el primero por incapaz de contener la ola de violencia que padece el estado y el segundo por torpe e incompetente”.
Consideró que no sólo debe investigarse el crimen, sino las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos de manera previa y posterior al momento en que le dispararon, “se debe de garantizar el genuino testimonio de la esposa por haberlos presenciado, pues en su dicho sostiene que fue asesinado por la espalda, boca abajo en el piso y posteriormente en una foto ya aparece boca arriba y con el arma sembrada”.
Dijo que la escena que la esposa del líder de Morena asesinado exhibe, es un proceder que podría ser recurrente en casos similares y que desde las autoridades o mandos superiores se “solapen ejecuciones extrajudiciales”.
María de Jesús Cisneros criticó “la monumental desfachatez de parte de las autoridades de anunciar que el arma sembrada ya no será parte de la investigación, como si esto disminuyera el agravio a la honorabilidad del licenciado Eduardo Catarino Dircio. Pero no es tan simple el asunto y con este proceder se manipula la investigación, ya que el arma sembrada debe seguir siendo parte de la investigación y deslindar la responsabilidad penal de quien la sembró, de no hacerlo así el caso tendría tanto manoseo que enturbiaría la verdad histórica y se generará más impunidad, sobre todo si quien sembró el arma es quien cometió el homicidio”.
Dijo que el asesinato de Eduardo Catarino Dircio le duele a la militancia de Morena, “porque fue honesto y exitoso en el ejercicio profesional del derecho, de su capacidad dejó constancia, es el jurista que presentó y fundó la ilegalidad de la elección municipal en Tixtla de Guerrero, siendo representante de Morena en el Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, era un hombre comprometido con la democracia, con la justicia y con los movimientos sociales de Guerrero”.

Los recursos de Hábitat no pueden ser usados para otro fin, responde el delegado de Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, dijo que no es posible que los recursos del programa Hábitat sean utilizados para otro fin, luego de que el alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, declaró que supo que fueron enviados para apoyar al candidato del PRI en las elecciones del Estado de México.
El miércoles, Higuera manifestó que no ha recibido el presupuesto del programa Hábitat del año pasado, lo que ha provocado que obras que se están realizando en su municipio y en otros más no estén terminadas, además de que estén sufriendo deterioro.
Reprochó que supo que el dinero ya estaba, pero que no llegó a la delegación de Sedatu, al que pertenece el programa, porque fue desviado para las elecciones el 4 de junio en el Estado de México.
Al respecto, vía telefónica se le preguntó a Armenta Tello sobre la declaración del alcalde y dijo que en lo que coincidía con él es que no ha llegado el dinero, pero que “se haya usado en otras situaciones, el dicho de él, porque alguien le dijo se me hace muy, de verdad, una fantasía, no”.
Agregó que “el recurso está convenido por los alcaldes, nosotros hemos hecho gestiones para que en cuanto antes la Oficialía Mayor libere este recurso, y bueno ellos argumentan que no lo tienen todavía porque no se les ha transferido”.

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Desaparece una comerciante de Tetipac cuando fue al mercado de Iguala a comprar

Una comerciante de 33 años vecina de la comunidad de San Gregorio de Tetipac desapareció en Iguala el jueves de la semana pasada tras acudir a comprar al mercado municipal Adrián Castrejón.
Fuentes consultadas informaron que ayer familiares denunciaron el hecho en el Ministerio Público (MP) para solicitar la colaboración para localizar a la mujer a una semana de su desaparición.
Se dio a conocer que la mujer vende frutas y verduras en su poblado y cada semana iba al mercado de Iguala para comprar su mercancía.
Sus familiares reportaron que el jueves de la semana pasada vino a esta ciudad a comprar pero ya no regresó a su pueblo. Informaron que solicitaron información en el establecimiento que compraba y confirmaron que sí había ido a comprar pero que después de adquirir sus productos se retiró como acostumbraba a hacerlo.
Indicaron que ya la han buscado en hospitales, clínicas y hasta en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin que hasta ayer la hayan localizado. Tampoco han tenido comunicación con ella ni otras personas para pedir algún tipo de rescate por ella.

Era de Chilpancingo una de las dos mujeres asesinadas el miércoles halladas en Zumpango

Una de las dos mujeres asesinadas con el tiro de gracia halladas la mañana del miércoles en el cerro del Tepetlayo en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), era vecina de la colonia Plan de Ayala en Chilpancingo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que la mujer se llamaba Aracely, tenía 27 años y era vecina del asentamiento en la capital, agregaron que la otra mujer todavía no ha sido identificada.
El miércoles 14 de junio las dos víctimas fueron halladas a lado de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a unos 20 minutos en vehículo de la capital.

Exhuman el cadáver del líder de Morena de Tixtla; policías declararon que lo encontraron herido

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumaron el mediodía de este jueves el cuerpo del abogado Eduardo Catarino Dircio, como parte de las investigaciones para determinar qué tipo de arma se usó para dispararle y esclarecer el caso, declaró el presidente del Colegio de Abogados de Tixtla, Lucas Moisén Catarino.
Catarino Dircio fue asesinado el 4 de junio en Tixtla durante la persecución por policías estatales a integrantes de una banda del crimen organizado. Un sicario irrumpió en la casa del abogado, hasta allí lo persiguieron los agentes y después fue asesinado Eduardo, según su esposa Hilda Vázquez Cipriano le disparó un policía a pesar de que se identificó como el dueño de la casa y se arrojó al suelo.
La viuda del también líder de Morena en ese municipio se presentó el miércoles a la FGE para declarar en torno a los hechos en los que fue herido su compañero quien después falleció, informó el presidente del Colegio de Abogados de Tixtla.
Dijo que la viuda de Catarino Dircio ratificó que quienes dispararon e hirieron a su esposo adentro de su casa el 4 de junio pasado, fueron policías estatales.
La FGE mantiene en reserva las declaraciones de los 18 policías que participaron en esa operación policiaca, quienes se presentaron a declarar el 7 de junio pasado, pero fuentes extraoficiales de esa dependencia revelaron que los agentes coincidieron en que cuando entraron a la casa que ahora saben era del abogado Eduardo Catarino, (ubicada en la avenida Insurgentes número 61), él ya estaba herido de bala. Otros más habrían declarado que al principio creyeron que era uno de los “sicarios” que perseguían.
Las declaraciones de los policías que participaron en la operación quedaron asentadas en la carpeta de investigación 120102 00100131040617 relacionada con el homicidio de Eduardo Catarino Dircio, así como una persona más, al parecer integrante de la banda del crimen organizado a quienes perseguían los policías. En esos hechos también resultaron heridos dos policías estatales, uno de ellos, Alberto Juárez Carmona falleció el 6 de junio en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.
Moisén Catarino informó que como parte de las investigaciones para esclarecer el caso, al mediodía de este jueves peritos de la FGE exhumaron el cuerpo para extraerle la bala que lo hirió y lo mató, y determinar qué arma fue usada.
El día en que fue asesinado Catarino Dircio sus familiares no permitieron que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, y el cadáver fue sepultado con la ojiva que lo mató.
Los familiares en sus primeras declaraciones informaron que el abogado fue herido con un rifle de asalto AK-47, por los casquillos percutidos que fueron encontrados en el interior de su casa.
Pero al día siguiente el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia aclaró que los elementos de la Policía Estatal no utilizan AK-47 y que el arma que estaba sobre el cuerpo (que según los familiares del líder de Morena le fue sembrada) no fue integrada como prueba en la carpeta de investigación.
Moisén Catarino informó que la exhumación del cuerpo comenzó a las 11 de la mañana en el panteón de Tixtla y que aproximadamente a la 1 de la tarde fue trasladado a la morgue para la necropsia y la extracción de la ojiva.
Dijo que el procedimiento fue para el esclarecimiento de los hechos, como lo han pedido los familiares de la víctima y se castigue a los responsables, “quieren saber (los peritos de la FGE) qué tipo de arma se usó, por eso van a extraerle la ojiva que quedó alojada en el cuerpo”.
Informó que Hida Vázquez Cipriano, viuda de Eduardo Catarino, se presentó a declarar a la FGE el mediodía del miércoles, ratificó lo que declaró en conferencia de prensa el 5 de junio, un día después del asesinato de su esposo.
Ese día denunció que quien le disparó a su esposo frente a ella fue un policía del estado, a pesar de que Eduardo Catarino tirado en el piso le suplicó: “no disparen, soy el casero, estoy con mi familia”. Sin embargo, denunció la señora, un agente ignoró la súplica y ordenó: “¡mátenlo al hijo de su puta madre”.
La versión de los agentes que estuvieron allí ese día y que quedó asentada en la carpeta de investigación 120102 00100131040617, no ha sido revelada por la FGE aún cuando fue solicitada por el reportero a través del vocero Álvarez Heredia.
Fuentes de la dependencia confiaron que las declaraciones de los policías que acudieron a declarar el 7 de junio coinciden en que cuando entraron a la casa siguiendo a los integrantes de la banda criminal, Eduardo ya estaba herido.

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Muere en el hospital un hombre que fue apuñalado el lunes en una fiesta en la capital

Un hombre de 30 años murió en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón luego de que el lunes pasado fue herido con una arma blanca en una riña en la colonia San Pedro en la capital.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que a las 3 de la madrugada recibieron un reporte que un hombre falleció por heridas de arma blanca en el hospital general.
La Policía Ministerial informó que en una pelea familiar Manuel fue herido y fue trasladado al hospital general para recibir atención médica, y la madrugada de ayer murió por las heridas que tenía en el cuerpo.
La FGE abrió una carpeta de investigación con el número 12020090300767120617 contra quien resulte responsable.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.