Comunicadores de 30 entidades se propusieron crear en 2020 una organización nacional que proteja sus derechos y que vigile la labor de los medios informativos, en el segundo día de trabajo de Agenda de Periodistas, un encuentro para intercambiar reflexiones sobre la violencia contra la prensa en México y proponer soluciones.
Los 130 periodistas y fotógrafos congregados en las instalaciones del Palacio Postal de la Ciudad de México, también fijaron para 2020 la meta de que los medios informativos dejen de depender de los recursos públicos, que sean transparentes y otorguen mejores condiciones a sus trabajadores.
Frente a la oficina de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), los comunicadores demandaron que se informe públicamente los avances de la investigación y se diga quiénes fueron los autores del crimen.
“Exigimos que de una vez las fiscalías estatal y este elefante blanco, la Fiscalía federal, decidan quién asume el caso de Javier Valdez, de Miroslava Breach, de otros compañeros que han sido asesinados”.
“Porque no queremos que se diluya la responsabilidad ante el reclamo de que el crimen sean castigado y los autores materiales e intelectuales sean llevados a juicio”, indicó Francisco Sarabia, corresponsal de Ríodoce.
“Creo que tanto en las mesas de hoy, como en las de ayer, hay un reclamo de organización gremial que se está construyendo aquí”, señaló Guillermo Osorno, director de horizontal.mx, al término de la jornada, en la que los representantes de medios informativos, agencias de noticias y organizaciones sociales discutieron los temas de organización gremial, así como las condiciones laborales de los periodistas y el papel de la publicidad oficial.
“Queda todavía mañana (hoy), donde se va a discutir el papel de las organizaciones periodísticas y la sociedad. Cómo comunicar mejor el tema de libertad de expresión y cómo comunicar mejor que matar a un periodista es vulnerar el derecho a la libertad de expresión e información”, abundó Osorno en entrevista para El Sur.
A las 19 horas los participantes se concentraron en la explanada del Palacio de Bellas Artes, frente al Palacio Postal, para marchar contra la impunidad en los delitos contra los comunicadores, bajo la consigna “no al silencio”, a un mes del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce.
“Estas marchas tienen un tono muy derrotado, ¿cuántas veces hemos ido a las distintas instancias a marchar? Creo que por primera vez hay un tono distinto de esperanza, que hemos construido hoy. Así que mientras estemos marchando, pensemos que hay algo que estamos construyendo finalmente, que vale muchísimo la pena”, señaló Osorno, minutos antes de comenzar la manifestación.
A la protesta asistió la reconocida y multipremiada escritora Elena Poniatowska, quien llevaba una hoja impresa con el rostro de la periodista veracruzana Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012.
Los periodistas extendieron una gran bandera de México en blanco y negro con la leyenda “el Estado ha muerto”, y gritaron consignas como “justicia” y “no nos callarán”, tras lo cual avanzaron hacia las oficinas de la Fiscalía ubicada a unas cuadras del Palacio Postal.
Al llegar a la dependencia, los manifestantes hicieron una clausura simbólica del edificio y aseguraron que hasta ahora dicha institución ha resultado “ineficaz e insuficiente”; además, con ayuda de un megáfono gritaron los nombres de todos los periodistas asesinados y desaparecidos en México, mientras el coro de comunicadores gritaba “¡justicia!”.
Al término del acto intervinieron ambién los reporteros de Guerrero, Ezequiel Flores, correponsal de Proceso, y Sergio Ocampo, de La Jornada, quienes dieron cuenta de las dificultades a que se enfrentan los periodistas en el estado suriano y cuestionaron que el gobierno de la entidad replique el Mecanismo de Protección del gobierno federal, cuando es un modelo fallido que no ha servido para proteger a los periodistas.
También la Embajada de Estados Unidos en México rindió un homenaje a Javier Valdez, que consistió en cambiar su fotografía de perfil en Facebook por una en la que se añadió, además de la bandera de las barras y estrellas, la imagen de Valdez y un moño rojo.
La muestra de solidaridad se da en el marco de múltiples reclamos internacionales por esclarecer el asesinato tanto de Valdez como del resto de los periodistas han sido masacrados en México.

Reporteros de Chilpancingo y Acapulco de movilizaron ayer para exigir justicia por los asesinatos y agresiones a periodistas en el estado y el país, así como garantías para el ejercicio de su trabajo.
En la capital repartieron volantes en el Zócalo y en la Autopista del Sol a un mes del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, y del asalto y amenazas de muerte a siete reporteros en la carretera federal frente a Acapetlahuaya en Tierra Caliente, el 13 de mayo, perpetrado por un centenar de hombres armados que los interceptaron en un tramo enmedio de dos retenes militares.
A las 9 de la mañana se congregaron en el Zócalo afiliados a la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero.
En las inmediaciones del Zócalo repartieron un volante que llevaba por título “¡Alto a los ataques contra la libertad de expresión! ¡Alto a la impunidad!” Mientras que otros colegas portaron lonas que decían: “#NosEstanMatando Prensa”, “exigimos justicia, no más impunidad”, “Astudillo, Guerrero es tu responsabilidad, si no puedes renuncia”.
En el volante se manifestó que desde el año 2000 en el país han asesinado a 103 periodistas, desaparecido a 24 y se han perpetrado 51 ataques contra instalaciones de medios de comunicación, los que permanecen la impunidad.
“En los últimos 11 años, en Guerrero han sido asesinados siete periodistas y más de 100 han sido agredidos por sujetos desconocidos o funcionarios de diferentes niveles. Tan sólo del 13 de mayo al 13 de junio se dieron 17 agresiones contra periodistas. Citamos dos casos: esta semana, Ezequiel Flores, corresponsal de la revista Proceso, estuvo vigilado durante dos días en su domicilio, por un grupo de hombres presuntamente armados a bordo de un auto polarizado. Y Leonardo Martínez Peralta, reportero del diario ABC de Zihuatanejo, fue encañonado por tres policías estatales mientras realizaba su labor periodística”, detalla el volante que repartieron.
Luego, los periodistas se trasladaron a la Autopista del Sol, en el cruce de la carretera con la Autopista, y bloquearon un carril de norte a sur, para continuar repartiendo volantes y mostrando las lonas.
El secretario general del SNRP, Eric Chavelas, demandó que se investigue el ataque a los siete reporteros en Acapetlahuaya y que se repare el daño “que el gobierno del estado está dispuesto dice él a pagar todo lo robado, pero como un apoyo, pues no quiere entrar en el debate de que se dé como una reparación del daño”.
Abundó que se deben esclarecer los asesinatos de los reporteros en todo el país, y que las autoridades no den conjeturas antes de realizar una investigación.
Por su parte, el integrante de la APEG, Ulises Domínguez, reiteró que no hay resultados de investigaciones, que las autoridades han tratado de tender una cortina de humo haciendo actos mediáticos, como reunir a  reporteros para informarles que se va a aplicar el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el estado, como se hizo en la federación.
Abundó que el mecanismo no funciona y no garantiza la seguridad del trabajo periodístico.

La protesta en Acapulco

En Acapulco unos 30 reporteros de prensa escrita, radio y televisión protestaron en la glorieta de La Diana, donde hicieron una cruz con veladoras en memoria de los periodistas asesinados en México.
Además, portaron pancartas donde se leía “no al silencio” y “tú que no lees los periódicos, nos están matando”. Los fotógrafos bajaron sus cámaras y las colocaron alrededor de las veladoras, que fueron prendidas y dejadas en el lugar.
“Justicia, justicia”, exclamaron los reporteros, locutores y presentadores de noticias que se congregaron de las 7 de la noche a las 8, para sumarse a la jornada nacional de movilizaciones.

Comunicado del vocero

Mientras que en un comunicado, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, calificó como “justas y legítimas” las expresiones de protesta de los periodistas, y dijo que el gobernador ha sido respetuoso e impulsor de acciones a favor del gremio.
Después de la protesta, el vocero emitió un comunicado en el que manifestó que “las expresiones deben considerarse como una llamada de atención que impulse a todos los servidores públicos, del orden de gobierno que sean, a respetar y proteger la acción de los medios y periodistas”.
Además exhortó al Congreso local a que acelere el estudio y dictamen de la iniciativa que envió el gobierno del Estado el 15 de diciembre, para homologar el mecanismo de protección.
Reiteró que la seguridad de los periodistas es un derecho de todos, que el gobierno y gremio deben promover, defender, cuidar y acatar.

 

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, respondió a su homólogo del PAN que el PRD en Guerrero no tiene planeado alianzas con el PAN y reiteró que la estrategia es unificar a las izquierdas.
Consultado vía telefónica, también indicó que el PRI no puede cantar victoria, luego de que el miércoles Heriberto Huicochea afirmó que con una izquierda dividida habrá una gran oportunidad de ganar en 2018.
El miércoles, el Comité Directivo Estatal del PAN emitió un comunicado en el que su presidente estatal, Marco Antonio Maganda, destacó los triunfos en las pasadas elecciones intermedias, lo que interpretó como un primer lugar del PAN en la presidencia, y en la misiva consideró como viable la alianza con el PRD.
Este jueves, Celestino Cesáreo tomó lo dicho por el presidente del PAN como una cortesía, “la cual valoro mucho, pero de momento el PRD va a seguir, especialmente el PRD de Guerrero, va seguir impulsando un frente opositor de los partidos de izquierda. En este momento el PRD de Guerrero no tiene en su esquema buscar una alianza con el PAN, ya veremos más adelante qué es lo que pasa, pero de momento nuestro esquema es buscar un frente opositor para sacar al PRI de Los Pinos con los partidos de izquierda”.
El 20 de mayo, los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, anunciaron un frente amplio opositor para las elecciones presidenciales de 2018, con el fin de cerrar filas y evitar que el PRI gane nuevamente.
Se le preguntó a Celestino Cesáreo si bajo ese anuncio, la dirigencia estatal de Acción Nacional estaba recordándole de la alianza, “desconozco si ese es un lineamiento nacional de su partido, simplemente yo le expreso mi reconocimiento y afecto a Marco Antonio Maganda, y ya más adelante veremos, por lo pronto estamos trabajando bajo un esquema diferente”.
Para el PRD estatal no hay lineamientos de la dirigencia nacional para eventuales alianzas, expresó Cesáreo Guzmán.
Aunque expuso que las coaliciones o alianzas no son un tema cerrado, porque está cercana la sesión del Consejo Nacional, en el cual entre los temas a tratar se definiría la política de alianzas del PRD.
Del argumento del PAN, por el crecimiento de 2015 a 2017 en gubernaturas, al pasar de 5 a 13; y de los municipios administrados por el PAN, que pasaron de 356 a 574, Celestino Cesáreo dijo que respeta la cuantificación, “cada quien hace sus cuentas y cada quien hace sus números, son los números que él trae, respeto su opinión”.

Todavía va a pasar mucha agua bajo el puente

“Qué no cante victoria Heriberto Huicochea, todavía va pasar mucha agua bajo el puente”, respondió el dirigente estatal ante las declaraciones de su homólogo del PRI, quien afirmó que con el rechazo del Congreso Nacional de Morena para aliarse con las izquierdas, a excepción del PT, habrá una gran oportunidad de ganar en 2018.
Sostuvo que lo dicho por el dirigente del PRI fue “muy ligero y sin sentido”, que el proceso todavía no inicia y las alianzas se definen hasta los primeros días de octubre.
Puntualizó que la postura del PRI y PAN en relación con las alianzas es muy prematuro, “y es muy guajiro cantar victoria cuando aún no arranca el proceso electoral”.

A propuesta del diputado priista Samuel Reséndiz Peñaloza, el pleno del poder Legislativo aprobó por mayoría de votos un exhorto al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, para que mejore la operación del presupuesto, en atención a los resultados del sistema de evaluación del desempeño, porque sus niveles de avance están a la baja, “para que el gobierno de Evodio deje de caminar como cangrejo hacia atrás”, dijo en tribuna.
Recordó que en el artículo 134 de la Constitución general de la República se estipula que los recursos económicos deben ser administrados, “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Dijo en tribuna que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió, el 28 de abril de 2017, el documento “relativo al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, en el que se expresa, entre otras cosas, que esa secretaría en coordinación con los 32 estados y una muestra de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realizó el diagnóstico.
Sin embargo, el documento no se encontró en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí el de 2016.
Según lo leído por el diputado priista en tribuna, el diagnóstico permite conocer el nivel de capacidades “en los ámbitos clave de la gestión del gasto y del estado en el que se encuentra la implantación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los gobiernos locales.
Uno de los 62 municipios seleccionados para la elaboración del diagnóstico fue Acapulco y en el estudio se valoró si esa ciudad tiene las bases normativas, estructuras institucionales, condiciones técnicas y de procedimientos para la correcta operación del PBR-SED, así como si cuenta con los fundamentos necesarios “para impulsar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados”.
El priista acusó al gobierno municipal de Acapulco de que en éste, como en “otros tantos rubros de la actividad municipal, Acapulco resultó reprobado, el Ayuntamiento de Acapulco camina de reversa como los cangrejos”.
Mencionó algunos de los indicadores “que nos preocupan y documentan nuestro desaliento”, como que de acuerdo con lo leído por el diputado priista, en el Índice General de Avance en el PBR-SED, en una escala de avance que va de Alto, Medio Alto, Medio Bajo a Bajo, Acapulco se ubica en rango Bajo, con un índice menor al 50 por ciento, para municipios de mayor población.
También Acapulco, en el avance alcanzado por los municipios en la implantación y operación del PBR-SED, presenta, en la sección de transparencia, solo un 43.5 de porcentaje, por lo que la SHCP le recomienda fortalecer su marco normativo, así como “los mecanismos de implementación en materia de transparencia, rendición de cuentas, armonización y uso del lenguaje ciudadano”.
Samuel Reséndiz dijo que en la sección de PBR-SED, Acapulco es la segunda ciudad con menor porcentaje de avance, por lo que requiere de implementar acciones para el adecuado control, seguimiento, presupuestación y evaluación del gasto público.
Mientras que en la categoría de evaluación, de los 62 municipios sometidos a la muestra, Acapulco es el que menor porcentaje de avance presenta, solo 3.4 por ciento, por lo que precisa fortalecer los mecanismos para atender las tareas de evaluación del desempeño de los programas, para cumplir adecuadamente los objetivos estratégicos de gobierno.
“Por medios de comunicación escritos y digitales”, Acapulco de Juárez por primera vez en los últimos cuatro años, aparece en rojo, nivel bajo, en el PBR, al retroceder 30 puntos en comparación con 2015, ubicándose en el 11 sitio luego de estar en el tercero en 2014.
El exhorto fue aprobado como de urgente y obvia resolución, votado a favor por los diputados del PRI, PVEM, MC y el PAN, en contra sólo votó el PRD y la diputada de Morena se abstuvo.
El punto de acuerdo fue un exhorto al presidente municipal de Acapulco para que “instrumente las acciones que sean necesarias para mejorar los procesos vinculados a la operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño”, debido a que sus niveles de avance han venido a la baja, “y atienda las recomendaciones que al respecto le ha formulado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las evaluaciones de los años 2016 y 2017”.

La fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local presentó una iniciativa para crear la policía fuerza ciudadana, que sería desconcentrada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para evitar que grupos de civiles armados “no regulados” cometan matanzas.
En tribuna, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que lo que pretenden con la iniciativa es fortalecer las instituciones de seguridad y al mismo tiempo también “poner un alto a aquellos grupos que al no haber un marco jurídico adecuado se están extralimitando en sus funciones y cometiendo barbaridades y atrocidades”.
A nombre de la fracción de MC repudió “la matanza cobarde, ruin, artera, que hubo en San Pedro Cacahuatepec en Acapulco, hace unos días, donde fueron masacrados cobardemente siete integrantes de una familia, entre ellos tres mujeres, dos menores y un bebé de cuatro meses, que a consecuencia de los hechos perdió la vida”.
Dijo que al no existir regulación para los grupos que no son formalmente policías comunitarios, “porque las únicas policías comunitarias son las de la Ley 701, que son las de la CRAC, si bien no hay esta regulación, ello no puede ser el pretexto para que haya grupos que asesinan, que sienten que tienen una patente de corso para involucrarse en territorios que les son ajenos, para perpetrar este tipo de asesinatos y matanzas que no pueden seguir”.
Aprovechó para hacer un llamado al fiscal del estado, Javier Olea Peláez, para que “no le tiemble la mano y aplique la ley, no puede estar mandando citatorios de cortesía para ver si quieren acudir quienes pudieron perpetrar esta masacre, tiene que aplicar la ley y perseguir a los delincuentes y en ese sentido ni las instituciones del estado ni el gobierno pueden ceder a caprichos de grupos que quieren hacer de la ley la ley de la selva”.
Mejía Berdeja argumentó que la propuesta de nueva la policía “está diseñada bajo las políticas y directrices de las Naciones Unidas, partiendo de la base de que sería un órgano administrativo desconcentrado de la SSP que tendría entre otros objetivos brindar un servicio público de calidad a la ciudadanía y salvaguardar con inteligencia y profesionalismo la integridad, seguridad y el libre ejercicio de los derechos de las personas”.
La iniciativa también podría detener en flagrancia a los delincuentes, como parte de la tarea de prevención del delito y la investigación para hacer efectiva esta prevención.
También podrán integrar la comisión de delitos, “bajo la conducción y mando del Ministerio Público en términos de las disposiciones aplicadas, colaborar como partícipe en el sistema nacional y estatal de seguridad pública, con las diversas instituciones de seguridad pública, tanto federal como municipal”.
Mejía Berdeja dijo en tribuna que “sin dejar de lado la profesionalización y capacitación de los miembros de esta fuerza ciudadana, se establece en este ordenamiento la carrera policial con carácter de obligatorio y permanente, conforme el cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de planeación, ingreso, profesionalización, permanencia y promoción”.
Pero también el procedimiento de separación y terminación de la carrera policial de los integrantes de esta corporación.
En la iniciativa se establece el reconocimiento de los actos sobresalientes de los miembros de la fuerza ciudadana, en los que se recompense aquella actuación policial de carácter extraordinario que pongan de manifiesto la lealtad y honestidad, entrega valor, heroísmo, profesionalismo, espíritu humano, solidaridad social así como aquellas que hagan una destacada actuación de los miembros de esta corporación en beneficio de la comunidad.

La sesión

Hubo una primera sesión solo de instalación del tercer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 61 legislatura.
En la segunda sesión se informó al pleno que llegó al Congreso local un oficio del gobernador Héctor Astudillo Flores en el que les envía la propuesta para nombramiento de Luis Camacho Mancilla como comisionado estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Camacho Mancilla fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal.
La designación de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se realiza a partir e la aprobación de la Ley 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado cuando los diputados locales aprobaron dicha disposición legal.
En la nueva ley se establece que hasta ese día presidía José Luis Gallegos y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez, pero la comisión quedó sin efecto al entrar en vigencia la nueva ley.
También se aprobó a propuesta de los diputados de MC un exhortó al Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite a los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito que apliquen correctamente lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la víctima e imputado sean personas indígenas.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que queden definidas las instancias gubernamentales federal, estatal y municipal ante las cuales realizarán gestión los diputados, propuesta por la diputada Maluisa Vargas Mejía, se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Se presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, enviada por el Ejecutivo Estatal y se turnó a la Comisión de Justicia.
El diputado panista Iván Pachuca Domínguez se pronunció porque la Secretaría del Trabajo del estado implemente acciones para lograr que los 121 mil niños guerrerenses que trabajan tengan mejores oportunidades educativas.

 

 

El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez, consideró que las policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se han extralimitado de la Ley 701.
En declaraciones vía telefónica, manifestó que la permisividad del gobierno podría interpretarse como que es un grupo político promovido por el gobierno del estado, porque hay una omisión del gobierno para dejarlos crecer y no poder controlarlos.
Recordó que en 1995, cuando nacieron las policías comunitarias, éstas iniciaron por la inseguridad en las zonas donde vivían, como una autodefensa. A 22 años de eso, afirmó que la UPOEG ha desvirtuado a la Ley 701, “porque te marca claramente que van a ser las comunidades indígenas las policías comunitarias”.
El especialista consideró que podría repetirse el escenario de Michoacán, donde los grupos de autodefensa fueron infiltrados por la delincuencia organizada.
Indicó que la seguridad pública debe ser garantizada por el Estado, sea estatal o municipal, “son los principales obligados a brindarla, si ellos brindaran la seguridad correspondiente en sus territorios no habría motivo para crear policías comunitarias”.
Criticó que el gobierno estatal es permisivo con la UPOEG, para que siga extendiéndose, justificando con la seguridad de los pueblos “en algunos casos extralimitados, como lo marca la ley 701”.
Ante las declaraciones del gobernador, de estar a favor del desarme a la UPOEG después del multihomicidio en San Pedro Cacahuatepec, criticó que en contraste, el presidente del PRI estatal llamó organizar a las policías ciudadanas de la UPOEG y capacitarlas, donde exhibe que no hay control del gobierno del estado para garantizar la seguridad, “no puedes ver esos dos discursos totalmente contradictorios”.
Planteó que el desarme se debe atender desde varios ángulos, porque las comunidades donde hay inseguridad volverían a estar a merced de la delincuencia, “en este momento el desarme ayudaría a liberar el clamor de la sociedad, pero en las comunidades donde están establecidas sería entregarlos al crimen organizado”.
Afirmó que por el crecimiento de la UPOEG de zonas indígenas a franjas suburbanas, como Acapulco, se puede interpretar que “es un grupo a servicio del gobierno para calmar o medio controlar el asunto”.
Reiteró que es el Estado el que debe garantizar la seguridad, de lo contrario sería terreno fértil para las autodefensas y llegar a niveles como en Michoacán.
Llamó también al Congreso a legislar porque hay corresponsabilidad también en el Poder Legislativo.

 

La académica e integrante de la Alianza Feminista, Liduvina Gallardo Suástegui, insistió al gobierno del estado sobre la urgencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado, porque los asesinatos se han incrementado en un 100 por ciento respecto al 2016 en todo el estado.
En declaraciones después de una reunión con diputadas, la feminista consideró que la paz en el estado debe de iniciar con el reconocimiento de la violencia de género.
Del número de asesinatos en el año dijo desconocer la estadística exacta, porque es una cifra que diariamente cambia, sin embargo dijo que quien debe de tener los datos de los feminicidios es la Fiscalía General del Estado (FGE).
Acusó a la FGE de no querer reconocer los casos en el estado, porque eso significaría reconocer y asumir su responsabilidad.
Del porcentaje que hay de incremento de los casos de feminicidios en 2016, comparado con 2017, dijo que este año la cifra se está duplicando, “va aumentando el 100 por ciento, porque ocurren día a día y en todas las regiones del estado” y ya no es sólo un problema de los ocho municipios señalados como los más violentos.
Lamentó las declaraciones de la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García, que hizo a un medio capitalino, en el sentido de que los homicidios de los hombres han incrementado más que los de las mujeres.
Liduvina Gallardo dijo que lo dicho por la funcionaria responde al interés del Estado a no visibilizar a las mujeres y su importancia en la sociedad, le recordó que “a los hombres los matan los hombres y a las mujeres, las matan los hombres también”.

La reunión

Comentó que la reunión con la Comisión para la Igualdad de Género, fue para socializar con la comisión los acuerdos obtenidos a partir de un foro que realizaron con motivo del día internacional por la salud de las mujeres, que se realizó el 25 de mayo en el Congreso.
Acudieron al Poder Legislativo a informar los 13 puntos del pronunciamiento a las diputadas que no asistieron a foro,
Pidieron elaborar una ruta para atender cada uno de los puntos, todos relacionados con la salud de las mujeres, que dijo van enlazados con otros problemas como la violencia y embarazos tempranos o no deseados.
Liduvina Gallardo comentó que muchas de sus propuestas para la ejecución necesitan la asignación de recursos y modificaciones legislativas, la reunión fue breve y acordaron convocar una mesa interinstitucional para que estén las dependencias y poderes involucrados.
A la próxima reunión convocarán a las secretarías de Educación, de Salud, de la Mujer y la de Finanzas y Administración, “para que al rato no nos digan que no hay dinero para implementar las acciones”.
La reunión interinstitucional será la primera semana de julio, posiblemente en el Congreso local.
En la reunión estuvo la diputada Yuridia Melchor Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, también estuvo la diputada Maluisa Vargas Mejía.

 
La locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec, Marcela de Jesús Natalia, fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su recuperación, allá se espera que se haga la cirugía reconstructiva en su rostro, informó su esposo Mario Martínez Bautista.
Martínez Bautista indicó que no ha tenido información de la detención del supuesto agresor de su esposa, lo que confirmó el miércoles el gobernador Héctor Astudillo Flores. Tampoco la han vuelto a visitar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Marcela de Jesús fue agredida el 3 de junio, cuando salía de las instalaciones de RTG, al terminar el turno que tenía de lunes a sábado de 5 a 9 de la mañana. Fue trasladada ese mismo día, el de su cumpleaños, a Acapulco para su atención médica e ingresó primero al Hospital General de la Secretaría de Salud (SSA), donde estuvo hasta que le quitaron el respirador mecánico y después la trasladaron al Hospital General Regional Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por petición de su esposo.
Vía telefónica, su esposo Mario Martínez informó que nuevamente, por petición de él, Marcela de Jesús fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su recuperación y las cirugías que le tienen que hacer. “Le van a limpiar lo que tiene afectado y después se verá lo de la reconstrucción”, dijo.
El esposo de Marcela de Jesús explicó que él solicitó el traslado de su esposa, para tener una segunda opinión de la condición en la que se encuentra la locutora después de los dos disparos que recibió, uno de ellos en el rostro. Los médicos autorizaron el traslado, según dijo Mario Martínez le dijeron que tiene buenas condiciones respiratorias y la infección pulmonar que tenía ya disminuyó.
Indicó que también el traslado es por seguridad, porque “no quiero ninguna sorpresa”.
Indicó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado no se ha comunicado con él desde el día de la agresión. Enfatizó que por redes sociales se dio cuenta que detuvieron al supuesto agresor de su esposa, pero las autoridades no les han informado ni se han comunicado con él.
Agregó que el traslado se hizo con resguardo de la policía estatal, e indicó que tampoco han vuelto a visitar a Marcela de Jesús de parte de la CNDH.

En la sesión ordinaria para validar los resultados de la elección de Ayutla, el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, amenazó varias veces con pedir la remoción de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, por inclinarse en favor de uno de los dos modelos para elegir el próximo gobierno municipal que se sometió a votación el sábado y domingo pasado.
El representante insistió en que se cometieron irregularidades y que Reyes Reyes favoreció a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que fomentó, con otros actores locales, el modelo A de representantes, contra el modelo B de planillas.
Antes de concluir la sesión, la presidenta del organismo llamó a Nicanor Adame a no particularizar más sobre su persona y conducirse por los cauces legales, de lo contrario “sospecharía que tiene una intención particular”.
En el mismo tema, el consejero Arturo Sánchez Miranda señaló que la insistencia hacia una persona podría interpretarse como violencia de género, y en respuesta, el representante de Morena lo conminó a ser cuidadoso con el lenguaje.
Sobre la consulta, PAN, PRD y Morena declararon que no tienen intención de impugnar el resultado de la consulta que ayer se validó por el pleno: 7 mil 223 votos para el modelo A de representantes, 5 mil 971 votos para el modelo B de planillas, 371 abstenciones y 107 votos nulos, que suman 13 mil 626 votantes en la consulta.
El representante del PRI dijo que “será la voluntad de algún representante de partido político o ciudadanos si deciden recurrir el acuerdo que hoy se está votando. La política es útil para dirimir controversias”.
A la sesión llegaron promotores de la UPOEG, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y representantes de los pueblos de Ayutla afines al modelo A, y el político les deseo “el mejor de los éxitos” pero, si no funciona “también pueden reconvenir en asambleas el sistema de partidos”.
El representante del PAN, Carlos Millán, se declaró respetuoso de los pobladores de Ayutla, y adelantó que van a insistir en que los diputados locales legislen en materia de sistemas normativos, que antes ha estado muy ocupado en la sucesión, no la inseguridad del estado y las decisiones de los pueblos originarios. Aseguró que la legislación de reglas claras, pudo haber evitado las complicaciones en el proceso.
Comenzada la sesión, el representante del PRD denunció que la presidenta se negó a entregarle copia de las listas de participantes de la consulta de Ayutla, para identificar si en las asambleas votaron menores de edad, con la excusa de era información confidencial, por lo tanto, no podía corroborar una irregularidad que le informaron de algunas localidades.
También señaló como irregularidad la presencia de un hombre armado, probablemente un policía comunitario, en las asambleas, del que mostró una fotografía y antes de concluir presentó una acta de acuerdo firmada por consejeros y promotores de la consulta, que presuntamente indicaba la cancelación de la consulta.
Reyes Reyes declaró que la consulta en Ayutla restituyó un derecho a la elección por usos y costumbres de los pueblos, y contra augurios de los grupos que se identificaban con cada modelo, la consulta se desarrolló de forma pacífica.
Explicó que las listas de participantes de la consulta las generaron en un proceso autogestivo los comisarios, delegados y presidentes de las colonias, y contiene datos personales que el IEPC está obligado a proteger.
Recordó que el día anterior, el representante de partido solicitó las listas para verificar si el número de votantes era el mismo de los asistentes a la asambleas, y se le entregó la versión pública de las listas, con los datos personales testados.
No obstante, el representante del PRD insistió en que no podría reconocer la consulta como un procedimiento limpio, porque hubo presiones de gente armada y aseguró que el IEPC llevó menos boletas a localidades donde iba a ganar el modelo B.
Sobre la presión y presencia del policía comunitario en una de las asambleas, le respondió poco después el representante de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, que en la sala escuchó el debate del pleno.
En conferencia de prensa, denunció que un “trabajador” del representante de partido “repartió muchas cosas, hasta marranos repartía”, y aún así no lograron ganar la votación.
Levantada la sesión, representantes de la CRAC, de la UPOEG y ciudadanos de Ayutla, cabecera municipal, informaron que entre 26 y 28 municipios de Guerrero están en condiciones de promover la elección por usos y costumbres, que se concretó en Ayutla.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, indicó que hay pláticas con varios municipios para fomentar este modelo de gobierno, que hace posible la representación efectiva de todos los pueblos, mayorías y minorías.
De UPOEG, Eneida Lozano Cruz, destacó la participación de las mujeres en la promoción del voto en favor del modelo de representantes, sin embargo, reconoció que muchas no acudieron por temor a que les retiraran los apoyos del programa Oportunidades o Procampo a sus esposos.
Sin embargo, añadió que las mujeres pueden acceder a mayores espacios de decisión a través del modelo de representantes donde se elegirá a un hombre y a una mujer por cada una de las 140 colonias y comunidades del municipio para conformar el nuevo gobierno municipal.