La organización Artículo 19 emitió una alerta por la intimidación de hombres armados afuera de la casa en Chilpancingo del corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras.
El reportero informó a la organización mundial defensora de periodistas con sede en Londres que la noche del viernes pasado le informaron que enfrente de su casa estaba desde hace una hora un automóvil verde con cristales polarizados con hombres presuntamente armados, y que un día antes personas que iban en ese vehículo preguntaron “donde vive el corresponsal de Proceso”.
“Me siento en una situación de riesgo porque los niveles de impunidad y violencia son extremos en la entidad, es decir, la inseguridad afecta a todos los ciudadanos e impide el desarrollo integral de la sociedad. La falta de investigación de los crímenes y la corrupción gubernamental así como la omisión institucional frente a la delincuencia que opera impunemente, atentan contra el ejercicio periodístico y el derecho humano de la libertad de expresión”, dijo el periodista a Artículo 19.
Por este hecho se emitió la alerta para que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) lleve a cabo medidas necesarias para garantizar la seguridad de Flores Contreras de “manera pronta y de acuerdo al riesgo que enfrenta”. Se expuso que la falta de respuesta y atención ponen en riesgo la seguridad del reportero y otros periodistas.
“Asimismo, exige a la Fiscalía Especial en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue de acuerdo a sus obligaciones constitucionales los delitos cometidos contra Flores Conteras en posible vínculo con su labor periodística”. A las autoridades del estado les solicitó abstenerse de obstaculizar de manera directa o indirecta la labor de prensa en el estado.
El corresponsal dijo que solicitó el apoyo del mecanismo de la Segob del cual es beneficiario por agresiones pasadas, sin embargo las autoridades federales tardaron dos horas en activar el protocolo de seguridad “ante la falta de canales efectivos de comunicación”.
El reportero tuvo que llamar directamente a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para agilizar la atención de los agentes federales adscritos en Guerrero para que lo acompañaran a su domicilio. Aunque se comprometieron a mantener vigilancia afuera de la casa, Flores Contreras manifestó que no había notado la presencia de la Policía Federal (PF) y no lo habían contactado del mecanismo o la PF para dar seguimiento a las medidas de protección.
En la nota de Proceso, su corresponsal indicó que no solicitó ayuda a las autoridades estatales ante la “falta de confianza y certeza jurídica del mecanismo de protección para periodistas recién anunciado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, en una reunión realizada la semana pasada en Chilpancingo”.
En su trabajo periodístico, Ezequiel Flores da seguimiento frecuente a la violencia del crimen organizado y a sus vínculos con políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno.

 
La locutora de RTG en Ometepec, Marcela de Jesús  Natalia sigue muy delicada pero, aunque “despacito”, se está recuperando, informó su esposo Mario Martínez Bautista.
La también activista de los derechos indígenas continúa hospitalizada en el área de terapia intensiva del Hospital General Regional Vicente Guerrero del IMSS, donde ingresó el viernes pasado.
A nueve días de la agresión a balazos que sufrió al salir de las instalaciones de RTG en Omerepec su recuperación va “despacito”.
El sábado 3 de junio, que es el día de su cumpleaños, la locutora recibió un disparo en la cabeza y otro en el cuello y fue trasladada e ingresada de urgencia al Hospital General de la Secretaría de Salud en Acapulco, donde estuvo hasta el viernes que le retiraron el respirador mecánico que tenía y fue trasladada por la noche al Vicente Guerrero del IMSS, el principal hospital del estado.
“Los médicos me dicen que está muy delicada y que va a llevar su tiempo para que evolucione, va despacito, despacito pero va mejorando”, comentó Mario Martínez.
Indicó que aunque De Jesús Natalia ya despertó, sigue en terapia intensiva, y a sus familiares los doctores les han dicho que se va a recuperar, pero que todavía no saben el grado de daño que el disparo le haya hecho a la parte del cerebro por donde salió el proyectil.
“Se va a recuperar pero no se sabe todavía con precisión el daño que tenga”, dijo Martínez Bautista.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD Celestino Cesáreo Guzmán opinó que haber identificado a los homicidas del ex alcalde Tecpan Crisóforo Otero Heredia es “un avance muy menor”, pues lo que importa es que el o los responsables del asesinato estén detenidos y sólo entonces puede hablarse de que la Fiscalía da resultados.
El viernes, el vocero del Grupo Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia informó que las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado arrojaron los datos suficientes para determinar quien es el autor intelectual y los responsables materiales del homicidio de Crisóforo Otero.
En declaraciones por teléfono, Cesáreo Guzmán indicó que en ningún caso de los perredistas asesinados en el estado la Fiscalía ha reportado avances en las investigaciones ni ha informada nada a las familias de las víctimas ni a los dirigentes del PRD.
El 9 de abril fue asesinado el ex diputado local Roger Arellano Sotelo, el 19 de abril fue asesinado en Chilpancingo el secretario general del CEE Demetrio Saldívar Gómez, el 12 de abril fue raptado el ex diputado federal Catalino Duarte Ortuño, y el pasado jueves fue asesinado el ex alcalde de Tecpan Crisóforo Otero.
Recordó que en el caso de Arellano Sotelo la Fiscalía señaló como presuntos responsables a integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana pero después de esa declaración no ha pasado nada, “hasta ahí quedó”.
En el caso de Saldivar Gómez, indicó que la Fiscalía sólo ha presentado a un presunto culpable quien alegó que fue torturado para incriminarlo en el homicidio del perredista “y ante ese hecho estamos en ceros”.
De Catalino Duarte, indicó Cesáreo Guzmán que ni siquiera se sabe si la Fiscalía investiga el caso.
Del ex alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte quien fue asesinado el 23 de julio de 2016 “de plano no sabemos nada”.
El dirigente partidista indicó que el PRD no ha solicitado ninguna reunión con el fiscal Javier Olea Peláez porque mantiene la postura de que debe ser removido del cargo pero con la difusión del video publicado el 31 de mayo en el  que señaló que “El Tequilero número uno” es el diputado local priista con licencia, Saúl Beltrán Orozco, “antes de irse, primero debe aclarar lo que dice en ese video”.
“Ante una revelación de ese tipo el señor no debe irse hasta que aclare, cuando menos, a qué se refiere”, concluyó Cesáreo Guzmán.

El Comité Directivo Estatal del PAN impugnará las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales recientemente aprobadas por el Congreso y que imponen limitaciones a las candidaturas comunes, informó su presidente Marco Antonio Maganda Villalba.
El 31 de mayo, con el voto de los diputados del PRI, PVEM y PAN el Congreso aprobó por mayoría las reformas al artículo 165 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
El dirigente partidista no explicó porqué el diputado de su partido, Iván Pachuca, avaló con su voto la ley que ahora impugnará.
En conferencia de prensa en las oficinas del PAN en Acapulco, Maganda Villalba anunció que la dirigencia comenzará el próximo viernes un recorrido por todas la regiones del estado para conocer qué militantes o ciudadanos tienen aspiraciones a  candidaturas en las elecciones del próximo año.
El próximo año en el estado se elegirán alcaldes, diputados locales y federales, senadores y presidente de la República.
El recorrido por el estado comienza el 16 de junio en Zona Centro; el 17 de junio Costa Grande; 23 de junio en Acapulco; 1 de julio Zona Norte; 2 de julio Tierra Caliente; y el 8 de julio en Costa Chica.
Maganda adelantó que el 25 de junio sesionará el Consejo Estatal para aprobar el presupuesto 2017.
En la conferencia también se informó que el ex diputado local Francisco Rodríguez Otero fue designado vocero del Comité Directivo Estatal.
Un reportero preguntó sobre el ataque de policías de la UPOEG en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco que dejó siete muertos y dos heridos, y Maganda Villalba respondió que lo sucedido es una “muestra de la incompetencia del gobierno del estado” al no regularizar a los grupos de autodefensa como la UPOEG o el FUSDEG pues no ha podido someterlos a la ley.
El dirigente partidista agregó que los grupos de autodefensa deberían regularizarse para ayudar al gobierno a garantizar la seguridad a los ciudadanos, pues las deficiencias en esa materia son el origen de esos grupos.

Familiares de los siete asesinados en San Pedro Cacahuatepec desmintieron que se dedicaran a la extorsión, como señaló el sábado el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
La señora Martina Ramírez Dorantes, abuela de los niños asesinados, pidió al gobierno del estado y Ejército que lleven seguridad a la zona porque teme más muertes, debido a que las policías de  la UPOEG los intimidan por las noches.
En recorrido por las casas, los familiares mostraron restos óseos de lo que sería el cráneo de sus familiares que mantienen dentro de la casa donde ocurrió el multihomicidio.
La señora Martina Ramírez Dorantes y su hija, Victoria Santos Ramírez, manifestaron que las acusaciones de Plácido Valerio carecían de veracidad porque sus familiares se dedicaban al campo y venta de codornices.
Recriminaron que si fueran una familia dedicada a lo ilícito, repelerían el ataque y hubieran encontrado armas.
En el recorrido, en apenas quince metros estaban las tres casas de su hija y hermanos unidas por un reducido pasillo, la señora Martina Ramírez mostró las huellas del horror que vivió su familia dos días antes. En puertas y ventanas de delgadas placas de metal, señalaba los agujeros, la mayoría de los impactos de bala eran de un calibre desconocido para la señora de la tercera edad. Para dimensionar el tamaño colocó sobre ellos sus dedos pulgares.
Una de esas balas, aseguró la señora, dejó malherido el brazo del niño de apenas un año de edad que quedó herido, pero murió horas después, “mi niñito le destrozaron las balas su brazito, no aguantó, no sobrevivió, murió, ¿qué culpa tenía él?”.
Recordó que su esposo, Agustín de 65 años, fue a buscar el viernes a dos de sus familiares desaparecidos y presuntamente detenidos por la Policía Ciudadana de la UPUEG. Detalló que junto a otro de los familiares se acercaron a una casa de seguridad del cuerpo policíaco, lo que provocó la molestia y desencadenó en el homicidio.
Madre e hija recordaron que ese día no estaban en sus casas porque estaban trabajando, de haber estado en sus casas también estuvieran muertas, aseguraron.
Victoria Santos Ramírez, hermana de una de las mujeres asesinadas en su casa, se mantenía con la misma ropa del viernes cuando quemaron su casa, en el tiempo que duró la persecución y asesinato también aprovecharon las policías ciudadanas para quemar su casa y saquear 20 mil pesos, “por mí se hubieran llevado todo, las cosas el dinero pero no matado a mi hermana, a los niños, al niñito de cuatro meses que sorrajaron a la pared, no le cayó mi hermana”.
La hermana de Victoria, Amalia Santos, fue asesinada en su casa junto a su hijo de cuatro meses. La modesta casa de seis por cuatro metros era básicamente un piso con dos colchones sobre la tierra, y una litera. En los tres cochones había manchas de sangre.
En la litera y un colchón individual la marca de sangre abarcaba una cuarta parte de este.
Un foco apenas iluminaba el cuarto, no tenía ventanas y el olor la de sangre y restos óseos en descomposición inundaban el espacio cerrado.
“Mi nuera aquí y mi nieto aquí; mi hermana aquí, mi sobrino, los dos niñitos. Al chiquitito de cuatro meses lo sorrajaron a la pared. Ahora acá cayó otro, hay huesos de los que mataron, fíjese los huesos de los difuntos cómo están”, señalaba la señora Martina.
Uno de sus hijos le pidió que se saliera de la casa para evitar recordar la muerte de su familia, pero se negó e insistió “que vean, que le tomen fotos para que se haga justicia”.
La señora Victoria Santos señaló con su dedo índice lo que aseguró era parte de la encía de su hermana tirado en el piso. La pieza dental estaba rodeada de hormigas, a unos centímetros otras tres piezas de lo que  también afirmaron era partes de cráneo que se fragmentaron cuando dispararon contra su hermana y sobrinos.
La señora Martina también señaló que su casa fue saqueada, el mes pasado solicitó un préstamo a una casa financiera para construir el techo de su casa. Los 14 mil pesos que tenía guardados en una pecera también fueron  hurtados.
Manifestaron que después del multihomicidio, ninguna autoridad los ha recibido. Tampoco han recibido la visita de Derechos Humanos, o algún enviado del gobierno estatal o municipal. En la noche del viernes, vecinos les contaron que los mismos policías de la UPOEG pasaron a las casas y tiraron las cintas precautorias “es una burla, continúan. Hay un niño de catorce años que entró, su papá también entró a matar a mis hijos, mis nietos”.
Señalaron que dos de sus primos se mantienen desaparecidos, por lo que inició la búsqueda, supuestamente fueron tirados el sábado, pero nadie confirmó donde estaban. Aseguraron que fue la misma UPOEG la que los tiró y volvió a recoger para enterrarlas en fosas, como una señal para intimidarlos y se salgan de sus casas.
Por temor a ser asesinados, duermen en diferentes casas de amigos y familiares de las comunidades de los Bienes Comunales y exigieron al gobierno del estado intervenga para que sean desplazados al centro de Acapulco para evitar más muertes.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto de la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, condenó el asesinato de siete vecinos de San Pedro Cacahuatepec cometido por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En conferencia de prensa responsabilizó al promotor, Bruno Plácido Valerio, por el múltiple homicidio que incluyó a menores de edad, y dijo que el atentado contra las familias es un mensaje de la UPOEG contra el Cecop.
Las declaraciones de Suástegui Muñoz se dieron durante el receso de la reunión semanal del Cecop en la comandancia de la CRAC en la localidad de La Concepción, allí reiteró que la UPOEG “pasó de ser una organización social a convertirse en un cártel, ya no es una policía ciudadana”.
El 8 de marzo cuando irrumpió la UPOEG en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, fue un mensaje de lo que se venía a las comunidades del Acapulco rural: armas de uso exclusivo del Ejército, trato hostil a los pobladores y engaños, como el pretexto de supuestos robacoches en la localidad de Cerro de Piedra, fueron la constante tensión que vivieron tres meses.
El viernes la tensa calma terminó con el crimen hacia siete vecinos, uno de ellos un bebé de cuatro meses, relató Suástegui Muñoz.
Ante la asamblea, insistió que detrás de la UPOEG está el Estado, porque se han extendido en comunidades usando armas no permitidas a las policías comunitarias, con financiamiento del gobierno y usando una camioneta blindada. En el acto mostró a los policías de la CRAC con escopetas. Reiteró que el crimen organizado también promueve a Plácido Valerio, que está el narco “¿quién les da las armas cuernos de chivo? El narco, pues es el que financia las armas”.
Insistió en que los empresarios gravilleros también forman parte de los promotores de la UPOEG en los Bienes.
Desde el allanamiento de la UPOEG el 8 de marzo, llamó al gobierno del estado a retirar a la policía de Plácido Valerio por lo que se veía venir, y lo ocurrido el viernes fue una muestra de los alcances violentos de esa organización, afirmó el vocero del Cecop.
Dijo que después de recorrer las comunidades que integran los Bienes Comunales, percibió el temor de la población por el asesinato de sus vecinos de San Pedro Cacahuatepec, “desde ahorita le decimos a la UPOEG, que está declarada la guerra contra ellos”.
El reclamo al gobierno del estado siguió: “El gobernador Héctor Astudillo se hace pendejo porque él dijo que es un grupo ilegal armado, ¿entonces qué está haciendo para actuar? ¿Otra masacre?”. Lanzó la advertencia que no permitiría otro infanticidio.
Recordó que él no es policía comunitario, ni consejero, ni coordinador, pero en su calidad de fundador y promotor de la CRAC en La Concepción ya comenzó los recorridos en los Bienes Comunales.
Adelantó que la CRAC ya investigó a los responsables del asesinato de sus vecinos y los darán a conocer en próximos días.
El crimen explicó, se debe a que la UPOEG permitió que un grupo contrario al Cecop se uniera como policía ciudadana, “hay que decir algo muy cierto, Baltazar Ramírez, junto con toda la banda de Elfego Cevallos, Marco Hernández, Juana Martínez, Salvador Ramírez y Pantaleón Olea, ellos son enemigos del Cecop. Nuestros enemigos trajeron a sus propios enemigos, contrataron a sus propios enemigos que están matando a la gente, se lo advertimos que esto iba pasar”.
Por último, aclaró que la CRAC no participó en un enfrentamiento como trascendió en un inicio tras el asesinato de seis vecinos de San Pedro Cacahuatepec. Explicó que un grupo de comunitarios salieron a comprar gasolina que coincidió en el momento de la balacera “la gente preguntó que cuántos muertos traían los comunitarios y les contestaron ‘no, nosotros no traemos muertos, nosotros no fuimos’. Casualmente en ese momento fue la balacera, pero los compañeros emprendieron la retirada cuando pasó todo eso y a las 5 de la tarde es cuando se decide que una comisión de aquí fuera a investigar los hechos, nos deslindamos”.

La Coordinadora Regional de Autoridades de Comunitarias (CRAC) condenó los hechos ocurridos en San Pedro Cacahuatepec, Acapulco, y expresó que ninguna fuerza popular, ni social, que brinda seguridad a la población puede actuar de esa forma y que ni los peores criminales y sus familias merecen ser asesinados.
El consejero de la organización, Valentín Hernández Chapa, deslindó a la Policía Comunitaria de la CRAC de la Casa de Enlace de Cacahuatepec de los hechos ocurridos el viernes, luego de que algunos medios han confundido a la Policía Comunitaria, con la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que sí participó en los hechos, según testigos y vecinos del lugar.
“Nosotros (la CRAC) sí queremos ser enfáticos, que siempre dijimos que la UPOEG sí está presta para ingresar a las regiones donde hay trabajos de organizaciones que ayudan a los pueblos, para justificar la presencia de las fuerzas del Ejército y del gobierno, con esto tratan de justificar la militarización que viene a obstruir el trabajo organizativo de la gente”, dijo por teléfono.
“Vemos que la UPOEG se está prestando y que le sirven al mismo Estado y a personajes que no están de acuerdo con la CRAC, para justificar un desconocimiento a las policías comunitarias. Como si todos estuviéramos actuando igual”, y recordó que la CRAC desde 2013, cuando surgieron las autodefensas, advirtió que terminarían siendo un problema.
Hernández Chapa dijo que ninguna fuerza popular ni social que brinda seguridad a la población puede actuar del modo en que se actuó contra las siete personas asesinadas, entre ellos un bebé y un niño que murió en el hospital, “está por de más, tratar de justificar algo así, aunque se tratara de una persona con peor delito, sería sometida a un proceso de reeducación, no de ejecución, por la CRAC”.
De las declaraciones del gobernador, de que la CRAC es las única organización reconocida por el gobierno del estado y federal, dijo que “ojalá vaya en serio”, y recordó que el gobierno del estado mantiene una persecución contra los integrantes de la organización.
“Son términos declarativos, que no nos ilusionan, porque ocurre otra cosa. También ha dicho que actuará contra las autodefensas, contra los grupos criminales pero no lo hacen”. Además, recordó que siempre han tratado de mantener comunicación y coordinación con el gobierno del estado.
Lamentó que por una tragedia la gente que de manera engañada le dio su apoyo en un principio y respaldó la irrupción de la Policía Ciudadana de la UPOEG en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, se diera cuenta cómo funciona ese grupo.