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El gobierno federal reporta 130 mil 178 desaparecidos; 36% no cuenta con datos completos para su búsqueda

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro

Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

El gobierno federal compartió que cuenta con 130 mil 178 registros de personas desaparecidas, de los cuales el 36 por ciento no cuenta con los datos completos para su búsqueda y localización.
Desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros.
De esta cantidad, 262 mil 111 (66%) fueron localizadas, y de ellas, 21 mil 900 fueron halladas sin vida. “Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”, indicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalló que 132 mil 534 personas continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas y de ellas, 2 mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005; en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado, añadió Figueroa.
Explicó que 130 mil 178 registros de personas son de los últimos 20 años, es decir, de 2006 a 2026, y que a su vez el Gobierno separó en tres categorías.
La primera es de los registros sin datos suficientes para la búsqueda, que son 46 mil 742 (36% del total). “Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aun así, se mantiene el registro”, expuso Figueroa.
El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros (31%) que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.
El tercer grupo, de 43 mil 128 casos (33%) corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos “no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición”, detalló la titular del SESNSP.
Figueroa Franco señaló que de las 43 mil 128 personas desaparecidas de las que no se tiene actividad hasta la fecha, apenas 26 mil 611 cuentan con reportes en las fiscalías y sólo 3 mil 869 tiene una carpeta de investigación abierta.
Indicó que en el actual gobierno, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.
En su oportunidad, Sheinbaum ratificó que 2 mil 356 personas desaparecieron en el periodo de 1952 a 2005 “y muy probablemente están vinculadas con desaparición forzada desde el Estado”.
Remarcó que de 46 mil 742 no tienen datos completos, “lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros”; de 40 mil 308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición “y estamos buscándolos, y es muy probable que estén con vida, y tenemos que seguir buscando para encontrar la prueba de vida”, y de 43 mil 128, del 2006 al 2026, están reportados como “desaparecidos”, pero no tenemos ningún dato. De esos, ratificó que solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas.
–¿Cuál es el mensaje que se envía a los familiares de los desaparecidos que siguen buscando hoy a sus seres queridos? –se le preguntó a Sheinbaum.
– Hasta encontrarlos –respondió la mandataria.

Obligatorio, que reportes de desaparición incluyan carpetas en fiscalías, dice Segob

Producto de la reforma en materia de desaparición que entró en vigor en julio de 2025, el Gobierno federal informó que los registros de personas desaparecidas en el sistema nacional ahora estarán condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías.
La nueva disposición obliga a que todo reporte incluya datos mínimos y derive en una investigación formal, como requisito para su incorporación al registro.
“Hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.
Durante la mañanera, el funcionario explicó que la ley también establece sanciones para los ministerios públicos que incumplan con esta obligación. Detalló que las sanciones pueden ir desde apercibimientos hasta multas o inhabilitación de funcionarios.

Fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad

La presidenta Sheinbaum advirtió que la omisión también puede derivar en responsabilidades penales. “Sí, también, por omisión. La omisión es de un funcionario público. También está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta”, afirmó.
La mandataria reiteró que la responsabilidad de iniciar investigaciones recae en fiscalías estatales.
“No todos los estados han cumplido, por eso se reforzó en la ley. Porque los gobiernos estatales y las fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad. La mayoría de las personas desaparecidas, la desaparición por particulares o la desaparición forzada, se investiga desde lo local”, dijo.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se creó una base nacional de carpetas de investigación para concentrar información sobre desapariciones y su estatus.
Reportó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

Colectivos no han solicitado una reunión directa, dice la presidenta

Sheinbaum afirmó que colectivos de madres buscadoras no han solicitado una reunión directa con ella y que el trabajo se mantiene a través de la Secretaría de Gobernación.
Afirmó que las familias están siendo atendidas de manera constante por autoridades federales en mesas de trabajo periódicas.
“Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones y pues es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la Presidenta”, dijo.
Y sostuvo que si existe una solicitud formal, se valoraría la posibilidad de un encuentro.
Señaló que ha mantenido contacto con familiares de personas desaparecidas durante sus giras y que atiende casos de manera directa y refirió que, en diversas ocasiones, prefiere que esos encuentros no se hagan públicos.
Sheinbaum señaló que sí se han realizado reuniones con el colectivo Eureka, integrado por activistas y familiares de desaparecidos en la etapa de la llamada “guerra sucia”, y con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Lo que no hago son estas grandes reuniones, con excepción de los 43 por ser un caso particular”, indicó.

Organizaciones cuestionan el informe y exigen transparentar metodologías

Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la metodología del Gobierno para reducir el número de personas desaparecidas y advirtieron que es un nuevo intento por minimizar y desentenderse del problema.
El Centro Prodh señaló que es necesario mejorar registros y transparentar las metodologías de revisión y criticó que “la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias volun-tarias minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.
“Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas mini-miza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.
“Preocupa que, respecto de los más de 46 mil registros de ‘datos insuficientes’, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias”, destacó la organización de derechos humanos.
Consideró que reconocer que únicamente 3 mil 869 carpetas de investigación están abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
En tanto, un colectivo de organizaciones que acompañan a familias buscadoras también acusó al Gobierno de minimizar la dimensión de las desapariciones.
“Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, señaló el colectivo.
Las organizaciones Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana consideraron una “trampa” que se hable de la obligatoriedad de las carpetas de investigación por desaparecidos.
“La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las fiscalías estarán ‘obligadas’, a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva, existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.
“Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”, reprocharon las organizaciones.
Manifestaron que también preocupan las afirmaciones de que 96 por ciento de las personas no localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustente dicha conclusión.
En un posicionamiento sobre las cifras dadas a conocer, el colectivo reprochó la insistencia del Gobierno en negar que haya desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales.
Amnistía Internacional capítulo México remarcó que la cifra de desaparecidos sigue siendo de 132 mil personas y que hay miles de familias buscándolas, por lo que llamó al Gobierno mexicano a atender la crisis.
Causa en Común advirtió que no son confiables las cifras: “Estos datos deben leerse con absoluta reserva. Como ya se ha acreditado en numerosos análisis, el Registro Nacional de Personas Desapa-recidas y No Localizadas es un instrumento disfuncional, que carece de reglas que homologuen sus procedimientos y que no permite el acceso a sus bases de datos. Todo ello impide verificar la validez de las cifras presentadas”.
No faltan reformas que obliguen a las autoridades a iniciar una investigación tras una desaparición, sino que se erradiquen las malas prácticas, la corrupción y la omisión, consideró a su vez el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

El cuñado del Bienestar

La promesa principal de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, pero lamentablemente se quedó muy lejos de ese compromiso.
A López Obrador no se le ha demostrado un acto de corrupción directo, pero vaya que han saltado escándalos con sus personas de confianza, las más cercanas. Lo peor del caso es que, a pesar de las evidencias, en vez de iniciarles una investigación y eventualmente castigarlas, se dedicó a protegerlas, a desmentir sin evidencias las denuncias, y en algunos casos hasta las promovió para otros cargos de mayor importancia.
Ejemplos sobran, pero mencionaré unos cuantos antes de llegar al nuevo elemento que conforma esta dramática constelación.
El escándalo de Segalmex es de los más importantes. Se observaron irregularidades por miles de millones de pesos, con contratos simulados, empresas fantasma, desvíos de recursos, entre otros. Fue uno de los pocos casos de corrupción que reconoció López Obrador. Y aunque hubo detenidos, el director general, Ignacio Ovalle, nunca fue tocado. Al contrario, fue protegido por AMLO, al punto de que llegó a decir que lo “engañaron” unos priistas. Segalmex es hoy lo que era la Conasupo, otra estructura mexicana que buscaba beneficiar a los pobres y terminó inundada de corrupción. Ovalle ha sido uno de los maestros políticos de López Obrador, ambos se conocieron cuando militaban en el PRI.
Otro gran escándalo es el de su “hermano” tabasqueño Adán Augusto López Hernández. En realidad, Adán era un político de medio nivel hasta poco antes de que AMLO se sentara en la silla presidencial. De la mano de López Obrador se hizo gobernador de Tabasco, después lo jaló como su secretario de Gobernación y, más tarde, le dio todas las alas para que intentara sucederlo como presidente de la República. Pero Adán no tuvo el carisma para ganarse la simpatía de la gente y le fue bastante mal en la competencia interna de Morena. Sobre Adán existen muchas acusaciones de corrupción, pero la peor, sin duda, es la de su relación con Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando Adán era gobernador de Tabasco impulsó a Bermúdez y le dio toda su confianza. Cuando se le ha preguntado al ahora senador sobre el tema, siempre ha dicho que no sabía a qué se dedicaba su secretario de Seguridad, a pesar de que había informes de inteligencia militar que lo advertían, informes que también llegaron al escritorio de López Obrador.
Además están los gobernadores morenistas que López Obrador ha impulsado a pesar de sus cuestionables desempeños: Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Rubén Rocha, de Sinaloa. Como conozco bien el caso, puedo decir que este último es uno de los más cuestionables. La estrecha vinculación con personajes asociados al crimen organizado es tan notoria, que se ha vuelto políticamente indefendible; sin embargo lo mantienen, lo promueven y lo protegen a costa de cualquier cosa. ¿Por qué?
Apenas el jueves de esta semana se difundió otro caso más de probable corrupción dentro del primer círculo del expresidente López Obrador. Su cuñado, Rodrigo Gutiérrez Müeller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de AMLO, creó un par de empresas de transferencias de dinero durante el gobierno pasado. Una de ellas se llamó Pagos del Bienestar y otra Envíos del Bienestar. Usó la etiqueta oficial del sexenio de López Obrador y de toda la llamada Cuarta Transformación. Incluso, un socio de Rodrigo quiso registrar Pagos del Bienestar como marca, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le negó el trámite porque lo consideró engañoso: argumentó que se asociaría a la Secretaría del Bienestar y a los programas sociales.
El entramado “del Bienestar” se dio a conocer en un reportaje del periodista Ernesto Aroche publicado en el periódico El Universal. Y hay un par de revelaciones sumamente importantes: que dos de los socios están acusados de lavado de dinero en Estados Unidos, presuntamente por una actividad distinta a esas dos empresas, y que otros de los socios son especialistas en el combate al lavado de dinero.
Todo indica que Gutiérrez Müeller estaba decidido a que se le identificara con la etiqueta iniciada por AMLO, a pesar de que esto pudiera engañar al público consumidor.
La historia del llamado “cuñado del Bienestar” no ha terminado. Aún falta saber en qué usó exactamente estas firmas y qué postura tomó el entonces presidente de México.

 

El clima del planeta está cada vez más descompensado

El clima de la Tierra atraviesa una etapa de profunda descompensación sin precedentes desde que existen registros instrumentales. Así lo confirma el informe Estado del clima mundial en 2025, presentado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con base en aportaciones científicas de servicios meteorológicos nacionales, centros regionales, organismos de Naciones Unidas y numerosos especialistas. Los datos muestran que los 11 años entre 2015 y 2025 han sido los más cálidos jamás registrados, lo que evidencia una tendencia sostenida de calentamiento global con consecuencias de largo alcance para los sistemas naturales y las sociedades humanas (https://library.wmo.int/records/item/69807-state-of-the-global-climate-2025).
Durante 2025, la temperatura media global superó en alrededor de 1.43 grados los niveles del periodo preindustrial (1850-1900), ubicando a ese año como el segundo o tercer más cálido del que se tiene constancia, dependiendo del conjunto de datos utilizado. Los fenómenos meteorológicos extremos –olas de calor, lluvias torrenciales, ciclones tropicales, sequías e inundaciones– se intensificaron y afectaron a millones de personas, provocando pérdidas económicas multimillonarias y poniendo en evidencia la vulnerabilidad de economías y sociedades cada vez más interconectadas.
Uno de los elementos centrales del informe es la incorporación, por primera vez, del desequilibrio energético de la Tierra como indicador climático fundamental. Este concepto describe la diferencia entre la energía solar que ingresa al sistema terrestre y la que se devuelve al espacio. En condiciones estables, ambas magnitudes son aproximadamente equivalentes. Sin embargo, las concentraciones crecientes de gases de efecto invernadero –dióxido de carbono, metano y óxido nitroso– han alterado de forma significativa este balance, atrapando calor adicional en la atmósfera, los océanos y las masas de hielo.
Las concentraciones actuales de estos gases han alcanzado niveles no observados en cientos de miles o incluso millones de años. El dióxido de carbono, en particular, registró en 2024 la mayor tasa de aumento anual desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957. Este incremento responde tanto a las emisiones continuas procedentes del uso de combustibles fósiles como a la disminución de la capacidad de los océanos y los ecosistemas terrestres para absorber carbono.
El desequilibrio energético del planeta es hoy el más elevado de los últimos 65 años. Desde que comenzaron las observaciones sistemáticas en la década de 1960, se ha registrado un aumento progresivo de esta descompensación, que se ha acelerado notablemente en las dos últimas décadas y alcanzó un máximo histórico en 2025. Más del 91 por ciento del exceso de energía se acumula en los océanos, mientras que una pequeña fracción calienta la atmósfera (1 por ciento) y las superficies continentales (5 por ciento). El resto contribuye directamente a la fusión de los hielos (3 por ciento).
El océano desempeña un papel crucial como regulador del clima, ya que absorbe la mayor parte del calor adicional generado por el efecto invernadero. No obstante, esta función tiene un alto costo ambiental. En 2025, el contenido de calor oceánico –medido hasta una profundidad de 2 mil metros– alcanzó el nivel más alto desde que existen registros, superando el récord del año anterior. La velocidad de calentamiento oceánico en el periodo 2005-2025 fue más del doble que la registrada entre 1960 y 2005.
Como consecuencia, aproximadamente el 90 por ciento de la superficie marina experimentó al menos una ola de calor durante 2025. Este calentamiento afecta gravemente a la biodiversidad, deteriora los ecosistemas marinos, reduce la capacidad del océano para actuar como sumidero de carbono y favorece la intensificación de tormentas tropicales y subtropicales. Además, acelera la pérdida de hielo marino en las regiones polares.
La elevación del nivel medio del mar es otra de las señales más claras del cambio climático. En 2025, el nivel global del mar se situó cerca de los valores más altos jamás registrados, aproximadamente 11 centímetros por encima del nivel de 1993, cuando comenzaron las mediciones satelitales. Aunque el aumento interanual entre 2024 y 2025 fue ligeramente menor debido a la influencia de La Niña, la tendencia de largo plazo sigue siendo claramente ascendente. Desde 2012, la tasa de aumento del nivel del mar ha sido superior a la observada en las primeras décadas de la era satelital.
El incremento del nivel del mar provoca inundaciones costeras, erosión, salinización de acuíferos y daños significativos a ecosistemas costeros, con impactos directos sobre comunidades humanas, infraestructuras y actividades económicas. De acuerdo con las proyecciones científicas, el calentamiento oceánico y la elevación del nivel del mar continuarán durante siglos, aun si se lograra reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero.
La acidificación oceánica constituye otro proceso preocupante. Entre 2015 y 2024, el océano absorbió cerca del 29?por ciento del dióxido de carbono emitido por actividades humanas, lo que provocó una disminución sostenida del pH de las aguas superficiales. Los niveles actuales de acidez no se habían registrado en al menos 26?mil años. Esta alteración química daña a organismos marinos, afecta a los ecosistemas y pone en riesgo la producción de alimentos que depende de la pesca y el cultivo de mariscos.
En las regiones polares y de alta montaña, la pérdida de hielo continúa acelerándose. Los glaciares de referencia experimentaron en el año hidrológico 2024-2025 una de las cinco mayores pérdidas de masa registradas desde 1950. Desde 2016, ocho de los 10 años con mayor pérdida glaciar han ocurrido de forma consecutiva. En Islandia y en la costa del Pacífico de América del Norte se documentaron pérdidas extraordinarias de masa glaciar durante 2025.
La extensión del hielo marino también alcanzó mínimos históricos. En el Ártico, la extensión media anual fue la más baja o la segunda más baja desde que existen observaciones satelitales, iniciadas en 1979. En la Antártida, la extensión media anual fue la tercera más baja registrada, y las cuatro menores extensiones se produjeron en los cuatro años más recientes. Estos cambios alteran los sistemas climáticos regionales y globales, y refuerzan los mecanismos de retroalimentación que aceleran el calentamiento.
El informe dedica especial atención a los episodios meteorológicos extremos y a sus efectos en cadena. Estos fenómenos afectan de manera directa la producción agrícola y se han convertido en un factor determinante de la inseguridad alimentaria. A su vez, esta inseguridad impulsa procesos de migración y desplazamiento de personas, debilita la estabilidad social y facilita la propagación de plagas y enfermedades. Las comunidades más vulnerables, especialmente en regiones afectadas por conflictos, enfrentan enormes dificultades para prepararse, responder y adaptarse a la sucesión de múltiples catástrofes.
Otro capítulo clave aborda la relación entre clima y salud. El cambio climático incrementa la mortalidad, altera los ecosistemas, presiona a los sistemas sanitarios y afecta los medios de subsistencia. Se intensifican riesgos como las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, así como los problemas de salud mental, particularmente entre poblaciones vulnerables.
El dengue destaca como la enfermedad transmitida por mosquitos que se propaga con mayor rapidez a escala mundial. Cerca de la mitad de la población global se encuentra en riesgo, y el número de casos reportados nunca había sido tan alto. El estrés térmico, por su parte, afecta cada año a más de un tercio de la fuerza laboral mundial, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, reduciendo la productividad y deteriorando los medios de vida.
Pese a la magnitud del problema, aún son insuficientes los sistemas de alerta temprana y la integración de la información climática en la toma de decisiones sanitarias. Resulta urgente incorporar datos meteorológicos y climáticos en los sistemas de información en salud para pasar de respuestas reactivas a acciones preventivas que permitan salvar vidas.
La conclusión del informe es contundente: el planeta se encuentra en una emergencia climática. Todos los indicadores fundamentales han superado los umbrales de alerta. La humanidad ha vivido once años consecutivos de temperaturas récord, una señal clara de que el calentamiento global no es un fenómeno circunstancial, sino una tendencia estructural que exige acciones inmediatas y sostenidas. Cuando la historia se repite una y otra vez, deja de ser coincidencia y se convierte en una advertencia que no puede seguir siendo ignorada.

 

Un centenar de amigos, familiares y compañeros de trabajo marcharon por la avenida Costera y al final bloquearon un par de horas la Cuauhtémoc, frente al Palacio Municipal, para exigir a las autoridades que encuentren a la profesora Maricela Minerva Pineda Mendoza, de 63 años, quien fue vista por última vez el 15 de marzo. Pidieron también la revisión de las cámaras de vigilancia del C-5 Foto: Carlos Carbajal

De 130 mil desaparecidos sólo hay datos para buscar a 40 mil, reporta el SESNSP

De 130 mil desaparecidos sólo hay datos para buscar a 40 mil, reporta el SESNSP

 

De 46 mil 742 registros no se tiene nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar, “lo que imposibilita la búsqueda”, dice en la mañanera Marcela Figueroa. En sólo 3 mil 869 casos hay carpeta de investigación abierta. Como el gobierno anterior, el actual minimiza la dimensión del problema, señalan organizaciones de Guerrero y el país. En viacrucis en La Roqueta rezan por las madres buscadoras

 

 

Ciudad de México y Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 28 de marzo de 2026. El gobierno federal compartió que cuenta con 130 mil 178 registros de personas desaparecidas, de los cuales el 36 por ciento no cuenta con los datos completos para su búsqueda y localización.

Desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros.

De esta cantidad, 262 mil 111 (66%) fueron localizadas, y de ellas, 21 mil 900 fueron halladas sin vida. “Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”, indicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que 132 mil 534 personas continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas y de ellas, 2 mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005; en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado, añadió Figueroa.

Explicó que 130 mil 178 registros de personas son de los últimos 20 años, es decir, de 2006 a 2026, y que a su vez el Gobierno separó en tres categorías.

La primera es de los registros sin datos suficientes para la búsqueda, que son 46 mil 742 (36% del total). “Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aun así, se mantiene el registro”, expuso Figueroa.

El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros (31%) que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

El tercer grupo, de 43 mil 128 casos (33%) corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos “no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición”, detalló la titular del SESNSP.

Figueroa Franco señaló que de las 43 mil 128 personas desaparecidas de las que no se tiene actividad hasta la fecha, apenas 26 mil 611 cuentan con reportes en las fiscalías y sólo 3 mil 869 tiene una carpeta de investigación abierta.

Indicó que en el actual gobierno, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

En su oportunidad, Sheinbaum ratificó que 2 mil 356 personas desaparecieron en el periodo de 1952 a 2005 “y muy probablemente están vinculadas con desaparición forzada desde el Estado”.

Remarcó que de 46 mil 742 no tienen datos completos, “lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros”; de 40 mil 308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición “y estamos buscándolos, y es muy probable que estén con vida, y tenemos que seguir buscando para encontrar la prueba de vida”, y de 43 mil 128, del 2006 al 2026, están reportados como “desaparecidos”, pero no tenemos ningún dato. De esos, ratificó que solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas.

–¿Cuál es el mensaje que se envía a los familiares de los desaparecidos que siguen buscando hoy a sus seres queridos? –se le preguntó a Sheinbaum.

– Hasta encontrarlos –respondió la mandataria.

 

Obligatorio, que reportes de desaparición incluyan carpetas en fiscalías, dice Segob

 

Producto de la reforma en materia de desaparición que entró en vigor en julio de 2025, el Gobierno federal informó que los registros de personas desaparecidas en el sistema nacional ahora estarán condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías.

La nueva disposición obliga a que todo reporte incluya datos mínimos y derive en una investigación formal, como requisito para su incorporación al registro.

“Hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.

Durante la mañanera, el funcionario explicó que la ley también establece sanciones para los ministerios públicos que incumplan con esta obligación. Detalló que las sanciones pueden ir desde apercibimientos hasta multas o inhabilitación de funcionarios.

 

Fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad

 

La presidenta Sheinbaum advirtió que la omisión también puede derivar en responsabilidades penales. “Sí, también, por omisión. La omisión es de un funcionario público. También está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta”, afirmó.

La mandataria reiteró que la responsabilidad de iniciar investigaciones recae en fiscalías estatales.

“No todos los estados han cumplido, por eso se reforzó en la ley. Porque los gobiernos estatales y las fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad. La mayoría de las personas desaparecidas, la desaparición por particulares o la desaparición forzada, se investiga desde lo local”, dijo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se creó una base nacional de carpetas de investigación para concentrar información sobre desapariciones y su estatus.

Reportó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

 

Colectivos no han solicitado una reunión directa, dice la presidenta

 

Sheinbaum afirmó que colectivos de madres buscadoras no han solicitado una reunión directa con ella y que el trabajo se mantiene a través de la Secretaría de Gobernación.

Afirmó que las familias están siendo atendidas de manera constante por autoridades federales en mesas de trabajo periódicas.

“Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones y pues es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la Presidenta”, dijo.

Y sostuvo que si existe una solicitud formal, se valoraría la posibilidad de un encuentro.

Señaló que ha mantenido contacto con familiares de personas desaparecidas durante sus giras y que atiende casos de manera directa y refirió que, en diversas ocasiones, prefiere que esos encuentros no se hagan públicos.

Sheinbaum señaló que sí se han realizado reuniones con el colectivo Eureka, integrado por activistas y familiares de desaparecidos en la etapa de la llamada “guerra sucia”, y con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Lo que no hago son estas grandes reuniones, con excepción de los 43 por ser un caso particular”, indicó.

 

Organizaciones cuestionan el informe y exigen transparentar metodologías

 

Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la metodología del Gobierno para reducir el número de personas desaparecidas y advirtieron que es un nuevo intento por minimizar y desentenderse del problema.

El Centro Prodh señaló que es necesario mejorar registros y transparentar las metodologías de revisión y criticó que “la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias volun-tarias minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.

“Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas mini-miza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.

“Preocupa que, respecto de los más de 46 mil registros de ‘datos insuficientes’, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias”, destacó la organización de derechos humanos.

Consideró que reconocer que únicamente 3 mil 869 carpetas de investigación están abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.

En tanto, un colectivo de organizaciones que acompañan a familias buscadoras también acusó al Gobierno de minimizar la dimensión de las desapariciones.

“Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, señaló el colectivo.

Las organizaciones Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana consideraron una “trampa” que se hable de la obligatoriedad de las carpetas de investigación por desaparecidos.

“La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las fiscalías estarán ‘obligadas’, a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva, existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.

“Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”, reprocharon las organizaciones.

Manifestaron que también preocupan las afirmaciones de que 96 por ciento de las personas no localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustente dicha conclusión.

En un posicionamiento sobre las cifras dadas a conocer, el colectivo reprochó la insistencia del Gobierno en negar que haya desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales.

Amnistía Internacional capítulo México remarcó que la cifra de desaparecidos sigue siendo de 132 mil personas y que hay miles de familias buscándolas, por lo que llamó al Gobierno mexicano a atender la crisis.

Causa en Común advirtió que no son confiables las cifras: “Estos datos deben leerse con absoluta reserva. Como ya se ha acreditado en numerosos análisis, el Registro Nacional de Personas Desapa-recidas y No Localizadas es un instrumento disfuncional, que carece de reglas que homologuen sus procedimientos y que no permite el acceso a sus bases de datos. Todo ello impide verificar la validez de las cifras presentadas”.

No faltan reformas que obliguen a las autoridades a iniciar una investigación tras una desaparición, sino que se erradiquen las malas prácticas, la corrupción y la omisión, consideró a su vez el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

 

 

 

 

 

Este gobierno federal, como el anterior, minimiza las desapariciones, señala colectivo

 

El presidente del colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo, David Molina Rodríguez declaró que la actual administración federal, como la anterior que encabezó Andrés Manuel López Obrador, está minimizando las cifras y el problema de las desapariciones en el país.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes, la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco informó que suman 130 mil 178 las personas desaparecidas en los últimos 20 años, es decir del 2006 a 2026.

De esta cifra, según la funcionaria, en el 69 por ciento de los casos no hay datos suficientes en el registro para la búsqueda o siguen sin mostrar alguna actividad.

“Son cifras oficiales y desde el gobierno siempre se trata de minimizar el problema. Hay que recordar que antes del recuento que hizo Andrés Manuel López Obrador había 128 mil personas desaparecidas, y después del conteo que se supone se hizo con visitas de servidores de la nación, supuestamente capacitados, la cifra bajó a 90 mil, es decir, de un solo jalón tumbaron del registro a treinta y tantas mil personas”.

Además, explicó que los registros oficiales se realizan con denuncias formalizadas ante los ministerios públicos, pero declaró que hay otra cifra “muy grande” de personas que no denuncian.

“Nosotros creemos que estas cifras no reflejan las que en realidad hay en el país”, indicó el activista, quien desde junio del 2014 busca a su hermano Josué Molina, desaparecido en Chilpancingo.

Informó que el colectivo que representa y otros de familias de víctimas de Acapulco, realizaron un estudio que les arrojó que tres de cada 10 personas no denuncian por miedo, por desplazamiento o por desconfianza.

“Nosotros vemos preocupante que conforme avanza el tiempo, se hacen modificaciones a la ley, como la que hicieron el año pasado, y aún así se siguen minimizando las cifras, se sigue diciendo que ya se está trabajado en el problema, pero los familiares de las víctimas todavía tienen que hacer movilizaciones para que puedan activarse las búsquedas y los actos de investigación”.

Añadió que el estudio que realizaron con colectivos de familias de víctimas de Acapulco arrojó que en Guerrero hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, 4 mil 516 personas desaparecidas.

Es decir, sólo las que cuentan con carpetas de investigación, pero insistió en que si a esta cifra se le aumentan los tres de cada 10 casos que no se denuncian, aumentarían a cinco mil 870, “que, de acuerdo a nuestras estadísticas, pensamos que es la cifra correcta”.

Molina Rodríguez añadió que, también, se tiene que tomar en cuenta que los casos que cuentan con las carpetas de investigación, no cuentan con todo lo necesario, y que muchas lo único que contienen es la denuncia que presenta la víctima indirecta, y en los hechos, no cuentan con ningún avance de la investigación.

Dijo que el problema de la falta de resultados en las carpetas se presenta a pesar de que ya hay un protocolo de búsqueda, mismo que apenas fue reformado y presentado en esta semana.

“A pesar de este protocolo, no hay una sola línea de investigación en la mayoría de los casos”, lamentó el representante de víctimas en la entidad.

Puso como ejemplo el caso reciente de la menor Heidi Shanik López Mora, que este viernes cumplió un mes desaparecida, y el martes pasado comprobaron que todavía no había ningún acto de investigación, “ni siquiera habían girado las peticiones a un juez para que se hicieran las geolocalizaciones y se revisaran los datos conservados de telefonía”.

Agregó que esta omisión ocurre a pesar de que, se supone, hay un interés superior de la niñez, “que es uno de los principios que rige la ley, pues la víctima es menor de edad, aparte de la activación del Protocolo Alba, que es nacional, y la Alerta Violeta, que es estatal”.

Dijo que nada de eso se activó, o al menos no se vieron los resultados; “esa es la realidad; están las carpetas pero no se tienen actos de investigación”.

El activista también criticó la falta de personal para realizar las investigaciones.

Informó que para las 4 mil 516 carpetas de investigación sólo hay 11 agentes del Ministerio Público especializados en la materia, y que les han informado en las reuniones que cada uno de ellos atiende 45 carpetas, lo que indica que de los cuatro mil 516 expedientes sólo 495 tienen un agente del Ministerio Público asignado, “y así, es imposible realizar las investigaciones”, recriminó Molina Rodríguez.

Otro problema, contó, es que a cada rato cambian a los agentes de los ministerios públicos y no les notifican a los familiares de las víctimas, y tampoco el nuevo que llega a tomar sus casos se pone en contacto con ellos.

Molina Rodríguez declaró que, además, no hay en Guerrero una sola persona que se encargue de realizar el análisis de contexto; “ni en la Fiscalía, ni en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP)”.

Informó que cuando se han reunido con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, le ha pedido “de manera urgente”, que designe este tipo de personal para Guerrero.

“No es cualquier puesto, no todos están capacitados para hacer análisis de contexto; es el que va a hacerse llegar de información, la va a clasificar, va a poner la temporalidad, la va a organizar, la va a regir y va a proponerle al Ministerio Público cómo es que va a llevar a cabo una hipótesis y orientar la acción penal”, explicó.

Sin embargo, declaró que, a pesar de la importancia de este tipo de servidores públicos en el protocolo de la investigación para la localización de desaparecidos, no se toman en cuenta, “es mas le aseguro que aquí ni los conocen”.

Cuestionó: “Si no tienen lo mínimo indispensable, ¿cómo van a aplicar todos los otros protocolos para la investigación y localización de nuestros familiares desaparecidos?”.

 

 

 

 

 

Realizan viacrucis en La Roqueta y en la misa piden por las madres buscadoras

 

Más de cien católicos realizaron este viernes un viacrucis en la isla de La Roqueta, así como una misa, para pedir a la virgen fortaleza para las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos y por la paz de Acapulco.

Asimismo, pidieron por una buena temporada vacacional para los prestadores de los servicios turísticos en el puerto ante las vacaciones de Semana Santa.

Los feligreses escenificaron partes del viacrucis antes de la misa que se realizó al pie de la Virgen de la Reina de los Mares, ubicada en la isla.

El padre de la iglesia de Covadonga, ubicada en Caleta, Marco Antonio Galeana Olea, dijo que ese era el primero que se hacía en la isla y en él estaban pidiendo por las madres buscadoras y para que se acabe la violencia en el puerto.

Explicó que esta ceremonia se realiza el viernes antes del Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, y es conocido como Viernes de Dolores, porque “se recuerda el dolor de la virgen María, el dolor de ver a su hijo muerto en la cruz. Por eso nos unimos a tantas mujeres que han perdido un hijo, una hija, a tantas mujeres que han sufrido víctimas de la violencia, mujeres que tienen hijos desaparecidos”.

Agregó: “Nos unimos al clamor de las madres buscadoras y oramos por ellas para que el señor les dé fortaleza, les dé esperanza y puedan encontrar a sus hijos”.

Explicó que oran para que la virgen les dé fortaleza, las llene siempre de fe y las socorra en su dolor. Agregó que el viacrucis lo ofrecían por la paz en Acapulco y por la conversión de las personas que hacen el mal.

El sacerdote dijo que la ceremonia no es un espectáculo sino es recordar el dolor de Jesús para “darnos salvación. Eso dolor que paso se une al dolor de tantas personas. El dolor de Cristo es recordar nuestros propios dolores sabiendo que en el camino de la vida cuando sufrimos, cuando nos va mal sabes que el señor está con nosotros”.

 

 

 

 

Agencia Reforma, Redacción, Zacarías Cervantes y Karina Contreras/Foto: Cuartoscuro

 

Se inauguran dos rutas seguras más en Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca

El director de Fonatur Sebastián Ramírez Mendoza y el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, durante el recorrido que realizaron en la inauguración de la iluminación del Sendero Camina Libre Camina Segura en la Barra de Coyuca Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Este jueves fueron inaugurados los Senderos de Paz, de la comunidad de la Barra de Coyuca de Benítez, y del barrio mágico de Pie de la Cuesta, que se convirtieron en una verbena popular por el festejo de cumpleaños 38 del director general, Sebastián Ramírez Mendoza, quien dijo que las obras se concluyeron a pesar de que “algunos conservadores estaban duro y dale grillándonos”.
A las 7:30 de la noche, el director general fue recibido con mariachi y una banda de viento, que tocaron y le cantaron Las Mañanitas, además decenas de coronas de flores que mujeres y hombres le colgaron en el cuello, además de un pastel que mordió.
Luego junto con el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; el oficial mayor, Ricardo Salinas Méndez, y la presidenta de los restauranteros, María Nelly Mejía Cienfuegos, y unas 200 personas los acompañaron en un recorrido de unos 300 metros hasta el predio donde se llevó a cabo la inauguración.
En el acto se le entregaron dos reconocimientos, uno a nombre de la asociación de restauranteros y otro de los pobladores que le obsequiaron un coco bañado de oro. Luego se lanzaron tres bombas de fuegos artificiales.
La presidenta de la asociación de restauranteros, María Nelly Mejía Cienfuegos, agradeció los trabajos que ha sido reconocido por los propios visitantes. Así como los trabajos de limpieza en la laguna, e informó que se van a destinar 30 millones de pesos para el saneamiento de la laguna.
El tramo que fue inaugurado fue de 2.4 kilómetros, donde se instaron 140 postes en la banqueta, y se hicieron trabajos de mejora de superficie de bacheo, se mejoraron banquetas y guarniciones, además se apoyó en el desazolve del drenaje, y se reconstruyó una barda del panteón.
En su mensaje, el director general recordó que cuando las obras comenzaron “algunos conservadores estaban duro y dale grillándonos”, pese a que las obras estaban avanzando y agradeció el apoyo que recibió por parte de los vecinos de Pie de la Cuesta.
Ramírez Mendoza también agradeció el trabajo del secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, quien siempre estuvo al pendiente de los trabajos, y que pugnó para poder hacer el Sendero de Paz en ese barrio mágico.
A los presentes les dijo que este proyecto es para que la gente camine tranquila de noche, sobre todo las niñas y las mujeres, y recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dice que cuando una mujer camina tranquila, cualquiera puede caminar tranquilo en las calles.
Comentó que la instalación de estas luces también incentiva que los visitantes no sólo se queden en sus hoteles y salgan a caminar por la calle principal y consuman en los establecimientos que abren de noche.
“¿Por qué estamos apoyando todo esto?, pues porque queremos bienestar para la gente”, a pesar de que las obras también causan malestar e incomodidades.
En breves declaraciones, el funcionario federal dijo que la iluminación de los postes y de los cerillos en la avenida Juan Sebastián Elcano, inaugurado el miércoles sí funcionaban, pero que se verificaría porqué se ve tan obscuro al centro de la calle.

No se resuelve el problema de inseguridad, pero ayuda

Antes, el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, junto al alcalde de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, inauguraron con un recorrido la nueva instalación de las barras de metro y medio de altura que iluminan las banquetas de la avenida principal, del Sendero de Paz Camina Libre, Camina Segura.
En su intervención Ramírez Mendoza dijo a unos 100 vecinos que este programa busca dar seguridad a los visitantes y residentes, para que caminen en espacios iluminados.
Recordó que el programa lo comenzó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que la gente camine segura en la calle, sobre todo las niñas y mujeres que son las que se sienten con menos seguridad para caminar en las noches en las ciudades.
El funcionario federal dijo que la presidenta quiere que se mejore el entorno urbano, no sólo con las lámparas solares que iluminan los carriles donde pasan los automóviles, mientras que las banquetas se quedaban a oscuras.
Dijo que esto no resuelve el problema de seguridad, pero ayuda, “vamos a ir construyendo un mejor entorno, para que primero las niñas y luengo las mujeres y todos nos vayamos sintiendo seguros”.
Ramírez Mendoza indicó que este proyecto es para apoyar a los poblados turísticos, y para que los visitantes no sólo se queden de día, sino también de noche, y que haya una mejora económica de Coyuca de Benítez. Informó que Semarnat va a apoyar en la recuperación de la laguna, para que ya no se contamine.
Se informó que este Sendero Paz, tiene un tramo de 2 kilómetros, se mejoraron las banquetas, se cubrieron baches, y se instalaron 140 barras conocidas como cerillos.
El alcalde reconoció que este proyecto y programa mejorará la experiencia de los visitantes que llegan a este poblado turístico y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el apoyo.
Luego de concluir el acto, una banda de viento tocó Las Mañanitas, además le obsequiaron un pastel y se lanzaron dos bombas de fuegos artificiales, por el festejo de su cumpleaños.

 

Pide el Consejo Coordinador Empresarial que autoridades cancelen el Acamoto 2026

Vacacionistas regresan al malecón después de un recorrido en un yate de fondo de crista en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero pidió la cancelación de la concentración de motociclistas Acamoto2026, prevista para el mes de mayo, hasta que los organizadores den la cara, cuente con los permisos necesarios y un seguro por los daños y perjuicios que provocan, además informaron que se presentó una denuncia por los ocho muertos del año pasado, y contra 33 perfiles que promueven el evento.
En conferencia de prensa en un hotel de la zona Dorada, el presidente del CCE, Julián Urióstegui Carbajal, junto a los presidentes de ldiferentes cámaras y asociaciones de hoteles, restaurantes, y comercio, leyeron un posicionamiento donde pidieron a las autoridades federales, del estado y municipio cancelar este evento previsto del 14 al 17 de mayo, que tiene una repercusión en la imagen del centro turístico, incuantificable.
El documento que leyeron y que entregaron en las oficinas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la alcaldesa Abelina López Rodríguez y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pondera cinco puntos: declarar el evento Acamoto 2026 sin permiso y no autorizado, así como su cancelación. Exigir públicamente a los organizadores y convocantes a gestionar los permisos correspondientes, así como el registro de participantes, la verificación vehicular y seguro de responsabilidad civil.
Se modifiquen los reglamentos y leyes aplicables, y que el cabildo de Acapulco realice un estudio técnico y consultivo para realizar la reforma y adecuaciones necesarias a los reglamentos municipales de espectáculo público, tránsito y policía y buen gobierno, para fortalecer la regulación, coordinación y sanción de eventos masivos, así como la responsabilidad de los organizadores, usuarios, autoridades y operadores de servicios.
También qué el gobierno federal dé cumplimiento a la regulación planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de los acontecimientos de la edición 2025, estableciendo mecanismo de supervisión a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que promueva la coordinación entre las autoridades del estado y municipio, e implementar medidas de prevención y control de riesgo y sancionar comportamientos que atribuyen a la organización de eventos masivos, no autorizados y con impacto en la Seguridad Pública, la vida, y de la integridad física de la población.
Finalmente, proponen la creación de un comité de evaluación integrado por autoridades, empresarios, sector turístico y hotelero, protección civil y sociedad civil para dictaminar la viabilidad de eventos como el Acamoto 2026.
El Consejo y los representantes de las cámaras que firmaron la solicitud enviada a las autoridades, informaron que presentaron acciones legales contra los organizadores de esta concentración de motociclistas, por los delitos de homicidio culposo por omisión impropia, por las ocho personas muertas en 2025, homicidio o lesiones culposas por motivo de tránsito vehicular, daño a la propiedad, asociación delictuosa, ataque a las vías de comunicación o a los medios de transporte, ataques a la paz pública, motín y los que resulten.
Pero que una vez que los organizadores de esta concentración obtengan los permisos para su celebración, las organizaciones integradas al CCE, considerarán retirar la querella penal. Sin embargo, una vez que se cumplan con los requisitos, se solicitó a las autoridades, prohibir las acrobacias y carreras en la vía pública, además de mantener de forma obligatoria la presencia de los cuerpos de emergencias y la creación de un fondo de garantía, por parte de los organizadores para cubrir los daños materiales y atención médica de víctimas.
En el documento se subraya que “el evento ha provocado, según informes oficiales, de autoridades y medios de comunicación, múltiples muertes, heridos y daños materiales, así como caos vial, violencia y desorden en la vía pública, además acumulamiento excesivo de basura y la grave afectación de la imagen turística del puerto, lo que deviene en un daño reputacional a la marca Acapulco”.
Urióstegui Carbajal respondió que no hay un estimado económico de las pérdidas, que este evento genera en la ciudad, y señaló que es incuantificable respecto a la imagen y reputación de Acapulco como centro turístico y marca.
Por su parte del presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, José Luis Smithers y el gerente general del Hotel Fiesta Americana Alejandro Domínguez Alveleyra, respondieron que para fechas previstas para el evento, hay hospederías que tienen un 80 por ciento de ocupación hotelera, pero que no saben si quienes reservaron vienen al evento, y que es complicado detectarlos.
Además comentaron que la mayoría de los propietarios y administradores de los hoteles no están acuerdo con este evento masivo por las situaciones que se han vivido en años pasados. Coincidieron que también los asistentes realizan destrozos dentro de las habitaciones de la hospederías, que fueron remodeladas recientemente y que implica un costo económico.
En tanto el presidente de Coparmex Acapulco, Daniel García Aguirre, puntualizó que no están en contra de los visitantes y turistas quienes son bienvenidos a Acapulco así como los motociclistas. Sin embargo se tiene que tener la garantía y seguridad para que disfruten su estancia en la ciudad con orden, y por esa situación están buscando prevenir y que las autoridades pongan orden y regulen este evento.
En la rueda de prensa estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez; la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, María del Carmen Viruega Moctezuma; la presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, América De la Vega García; la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, Nelly Mejía Cienfuegos; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Mario Moreno Rojas; la presidenta de la Asociación de Bares, Discoteca, y Restaurantes de Acapulco, Sofía Mata Corona, y la presidenta del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, Margarita Suazo Meza.

Aprueban académicos, estudiantes y funcionarios que se armonice el estatuto de la UAG con la Ley

Autoridades universitarias, académicos, representantes sindicales y comunidad universitaria votan durante la consulta universitaria al recibir propuestas, opiniones y observaciones para modificar el Estatuto General y los reglamentos, para cumplir con el mandato del Congreso del Estado de armonizar con la reforma la Ley Orgánica de la Institución, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Alina Navarrete Fernández / Karina Contreras

Chilpancingo / Acapulco

Académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aprobaron por mayoría, un voto de confianza a las Comisiones de Legislación Universitaria y Reforma Universitaria, para armonizar el Estatuto General y los reglamentos con la reforma a la Ley Orgánica, que se aprobó en noviembre pasado.
En la consulta que se realizó en el auditorio de la Rectoría, el secretario técnico del Consejo Universitario, Joaquín García Adame, presentó la propuesta que elaboraron las comisiones y fue aprobada por la mayoría de los 480 asistentes, de las regiones Centro, Montaña, Norte y Tierra Caliente.
Ahí, sólo la académica de la Facultad de Filosofía y Letras y ex aspirante a la Rectoría, Silvia Alemán Mundo; así como la académica de la Facultad de Ingeniería, Marilú Valle Torres, y el ex rector Ramón Reyes Carreto, a quien no se le permitió presentar su propuesta, votaron en contra.
La consulta fue encabezada por la secretaria general María Xóchitl Astudillo Miller, en representación del rector Javier Saldaña Almazán, quien no participó porque asistió al consejo nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en Ciudad de México.
A lo largo de la consulta, se invitó a la comunidad universitaria a enviar sus propuestas vía correo electrónico y por escrito a las comisiones; sin embargo, la única que se presentó de manera detallada fue la que elaboraron éstas mismas.
Joaquín García dijo que la propuesta de las comisiones es “resultado de un proceso técnico de revisión integral de la normatividad universitaria, referente únicamente a la no reelección inmediata del rector y de los nuevos periodos de consejeros de unidad y consejeros universitarios”.
“No se trata de cambiar el Estatuto, solamente lo vamos a armonizar y armonizar solamente significa cambiar los artículos que tengan que ver con la no reelección y que tengan que ver con los nuevos periodos de los consejeros de unidad, de los consejeros universitarios, no podemos ir más allá”, enfatizó.
Señaló que “por ahí andan diciendo que vamos a cambiar o quieren que cambiemos otras cosas, que no son facultades nuestras en este momento, como Comisión Legislativa vamos a cambiar únicamente los artículos que no estén acordes a esta reforma de la Ley Orgánica, en sus artículos 28 y 29”.
En ese sentido, sólo se modificaron los artículos 49, 52, 90, 91 y 92 del Estatuto, relativos al periodo de gestión de cuatro a seis años para rector, directores y consejeros universitarios maestros; así como de dos a tres años para consejeros universitarios alumnos, así como de los periodos de los procesos electorales correspondientes.
A pesar de que Joaquín García afirmó que esa sería la única labor del proceso de armonización, también se modificaron otros artículos, para incorporar un lenguaje inclusivo neutro a la normativa universitaria; por ejemplo, antes se hablaba de “el rector o la rectora”, con perspectiva de género, pero con la modificación quedó “la persona titular de la Rectoría”.
Luego de la exposición del secretario técnico, se abrió una ronda de participaciones en las que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, Francisco Hernánez Herrera, y el ex secretario de Conflictos de ese sindicato, David Molina Francisco, entre otros cinco estudiantes y profesores, pidieron respaldar la propuesta de las comisiones y promover un voto de confianza para validarla.
Silvia Alemán propuso la derogación de los incisos a, b, c y la fracción VI del artículo 78 del Estatuto General, relativos a los requisitos para candidaturas a la Rectoría, “que exceden y violan los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la universidad”.
Estos requisitos establecen que los aspirantes a la Rectoría deben acreditar el reconocimiento y aval de 25 consejeros universitarios, o los consejos académicos de al menos 12 escuelas o 93 consejeros académicos.
Además, Silvia Alemán criticó que no hubo una difusión amplia de la convocatoria para la consulta y que en el auditorio faltaban estudiantes, aunque sí asistieron jóvenes, sobre todo del nivel superior; desde su llegada, la académica señaló que se trató de una “simulación” y fue abucheada por los asistentes.
Ramón Reyes solicitó participar en la segunda ronda, pero no se le permitió. En declaraciones, informó que también propuso que se eliminen los requisitos que condicionan la participación para aspirantes a la Rectoría, para que cualquier universitario pueda contender.
Javier Saldaña participó de manera virtual para dar un mensaje al inicio de la consulta, en el que reconoció y agradeció la participación de la comunidad universitaria. También pidió tolerancia ante las críticas.
“Cada contribución que hagan en esta consulta ayudará a que nuestras normas sean más claras y acordes con la realidad que vivimos en las escuelas”, expresó.
Pidió que en la consulta se expusieran ideas “sin restricciones, si alguien va y quiere comentar algo, permítanselo. Pero siempre los que amamos y queremos a la universidad impondremos nuestra razón”.

Por unanimidad en Acapulco

En Acapulco, por unanimidad se aprobó la armonización del Estatuto, donde la mayoría de las participaciones fue para dar el “voto de confianza” a los trabajos que se estaban realizando.La consulta se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina, ubicada en avenida Solidaridad, donde los universitarios llegaron. La cual fue encabezada por la secretaria general de la UAG, Xóchitl Astudillo Miller, y aquí el rector Saldaña Almazán también dio un mensaje vía virtual, donde dijo que era importante escuchar todas las voces.
Dijo que por la mañana, en el foro de Chilpancingo, ya se habían escuchado unas voces distintas, pero “eso no incide en el ánimo, en el desarrollo, en el compromiso que hoy, en esta nueva universidad, está alejado de los temas políticos”.
Recordó que la Ley Orgánica fue aprobada en el Congreso local el año pasado, que eso “da mucha solvencia moral y normativa a nuestra ley. Ahora hay que armonizarla con el estatuto general y su reglamento”.
En su participación, el estudiante de Odontología, Eduardo Mendoza Gaona, dijo que apoyaba la reforma, “la hemos apoyado desde su planteamiento, porque sabemos que es parte fundamental, es un pilar inicial para todo el crecimiento de nuestra universidad está desarrollando”. Añadió que es importante que todos los artículos reformados de la Ley Orgánica bajen a los reglamentos internos, porque ya es un paso cercano a su ejecución.
El docente de la Preparatoria 40, ubicada en Florencio Villareal, Ulises Poblete Lozano, dijo que la consulta era importante para la universidad, “a nosotros se nos dio una introducción de las propuestas y en nuestra escuelas se hicieron propuestas que se enviaron a los correos oficiales”. Agregó que todos los universitarios tenemos el “conocimento de lo que se pretende hacer, que es importante y va muy de acuerdo con estos tiempos”. Llamó a dar el voto de confianza a las comisiones que hacen los trabajos de la armonización de la ley.
Mientras el estudiante de la licenciatura de Negocios Internacionales, de Contaduría y Administración, Manuel Bello, dijo que apoyaba esa armonización porque está a favor de la razón de ser de la universidad, que son los estudiantes. Agradeció a las comisiones encargadas de los trabajos de tomar en cuenta a todos.
El maestro de la facultad de Derecho, Uriel Leal Ramírez, consideró que la consulta se debió hacer con más tiempo, para que “reflexionemos, porque es importante que son los estatutos”.
La docente de Derecho, Rosa Lidia Santiago, propuso la derogación de los artículos que marcan los requisitos para ser candidato a rector, porque “violan otros requisitos de la Ley Orgánica de la Universidad”.
La secretaria general de la UAG, Xóchilt Astudillo, dijo que aunque la consulta era para la armonización, se recibirían todas las propuestas por las comisiones unidad del Consejo Universitario y en un futuro podrán atenderse.
Dijo que con la consulta se cumplió con lo mandatado por el Congreso local, para la armonización de las reformas que se hicieron a la ley con los estatutos y reglamentos universitarios. Sobre los señalamientos del Fredeuag, de que no hubo tiempo para analizar y estuvieron en desacuerdo que la consulta se diera antes de salir de vacaciones, dijo que la convocatoria se emitió con los tres días de anticipación, como se hace cuando hay Consejo Universitario, “desde luego tuvieron la oportunidad de participar todos, además que esta abierta al correo electrónico, para las propuestas”.

La Marina atribuye el derrame en el Golfo a un buque y dos chapopoteras naturales

Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

El Grupo Interdisciplinario federal encargado de indagar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México señaló que la contaminación se atribuye a tres fuentes: un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en el sureste del país.
Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, detalló que identificaron como fuentes contaminantes a un buque que estuvo fondeado frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz; una chapopotera ubicada a 5 millas del mismo puerto, y otra emanación ubicada en la Sonda de Campeche.
“La contaminación proviene de tres fuentes, hasta el momento en el caso del buque, por imágenes de satélites se sabe que hubo una mancha alrededor del fondeadero, sin poder determinar cual de los 13 buques la hizo, cuatro todavía navegan en México, el resto de buques que navegan en aguas internacionales hemos pedido cooperación para pasarles inspección y ver cuál buque hizo el vertimiento”, explicó este jueves en conferencia de prensa conjunta.
“La fuente que sigue activa y creemos que es la que más contaminante ha vertido es la correspondiente a las chapopoteras naturales que están en Cantarell, en Sonda de Campeche, estas chapopoteras tienen una emanación permanente, natural, sin embargo, ha habido un mayor flujo de contaminante en el último mes.
Por ello, estamos colocando con Pemex barreras marinas para que contener en sitio el contaminante y ya no lleguen a las playas, y estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esa región”.
Morales Ángeles explicó que los vientos y corrientes hacia el noroeste han provocado que playas de Veracruz, Tabasco y hasta Tamaulipas hayan registrado la contaminación del hidrocarburo.
Sin embargo, aseguró que las playas están aptas para los vacacionistas en esta próxima Semana Santa.
Durante la conferencia, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, dijo que no se ha detectado daño ambiental severo y anunció que se implementará un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México.

El derrame afecta a 50 mil pescadores de Veracruz

El derrame de crudo paralizó pesca en Veracruz, afectando a miles de pescadores, quienes denuncian falta de apoyo y contención por autoridades.
Advirtió que la mancha avanzó con una rapidez inesperada debido a las corrientes marinas, impactando severamente las zonas de Coatzacoalcos, Pajapan y Alvarado, con una trayectoria que ya alcanza el estado de Tamaulipas.
Según estimaciones del líder pesquero, hay 40 mil pescadores organizados con permiso y entre 40 mil y 50 mil pescadores libres en todo el Estado que hoy se encuentran sin actividad.
En la Federación de Alvarado, los 3 mil integrantes están totalmente parados.

Alertan por la aparición de crudo en playa Miramar, Tamaulipas

Con las vacaciones de Semana Santa a punto de iniciar, las alertas se encendieron en este puerto de Tamaulipas, que alberga Playa Miramar, principal destino turístico del estado, por el derrame petrolero que afecta la costa del Golfo de México.
Tras los reportes de las primeras manchas de crudo en las costas tamaulipecas, la Marina y el Gobierno estatal informaron que se han recolectado al menos 20 kilos de residuos.
La noticia prendió la alerta en Tampico, Madero y Altamira, que conforman la zona conurbada y donde esperan el arribo de por lo menos 1.5 millones de paseantes, principalmente de la zona metropolitana de Monterrey.

No se incluirá a Félix en sondeos ni encuestas para coordinador de Morena: Alcalde Luján

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El senador Félix Salgado Macedonio no será considerado ni en los sondeos y mucho menos en la encuesta para definir a los coordinadores estatales de Morena, respondió ayer a pregunta expresa la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.
En su noticiero matutino de Radio Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leyva preguntó este martes por la mañana a la dirigente:
–Por el tema del nepotismo (electoral) habrá nombres que ni siquiera se van a medir
–Así es –contestó Alcalde
–Félix Salgado en Guerrero por ejemplo, Saúl Monreal en Zacatecas.
–Así es…
–La esposa del gobernador de San Luis Potosí
–Por ser familiares de los que actualmente…
–Esos nombres por el tema del nepotismo ni siquiera van a ser considerados en el sondeo ni mucho menos en la encuesta –reiteró Gómez Leyva.
–Correcto. Nosotros hemos determinado en el Consejo Nacional hace ya varios meses que no llevaremos familiares de los que actualmente gobiernan.
Por la noche, Salgado Macedonio reaccionó a lo dicho por Alcalde Luján, quien sostuvo que por acuerdo del Consejo Nacional de Morena en 2027 ningún familiar de gobernante que esté en ese partido será candidato y agregó que no irán en alianza con partidos que postulen a familiares directos de quienes tienen un cargo.
Recordó que la prohibición es parte de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en 2030 se aplicará a todos los partidos políticos.
“Ya no va a poder haber ningún familiar que suceda de manera inmediata a quien gobierna actualmente, llámese de alcalde, de gobernador, de diputado local o federal”.
Aseguró que aunque entrará en vigor para todos en 2030, en Morena será a partir del 2027 y que es un acuerdo del Consejo Nacional que “habrá de cumplirse sin excepción” Si en San Luis Potosí el PVEM?pone de candidata a la esposa del gobernador, no habrá alianza, y tampoco la habrá en Zacatecas si el PT lleva de candidato al hermano del gobernador, precisó.

Serenidad, pide Félix Salgado

Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado y quien sigue sin ser concluyente en la cancelación de su aspiración a la candatura por Morena a la gubernatura, en una transmisión que difundió por la noche vía Facebook, rodeado de simpatizantes que coreaban su nombre, expresó: “relájense, la prudencia la serenidad es mejor que cualquier estridencia”.
A través de una transmisión en sus redes sociales, el senador no especificó porque hizo ese llamado ante simpatizantes que coreaban “Félix, Félix, Félix”.
Entonces Salgado Macedonio dijo: “Tranquilos y relajados como el mango, ustedes oigan lo que oigan relájense, la prudencia la serenidad es mejor que cualquier estridencia”.
Y agregó: “Los tiempos de Dios son perfectos y por ahora disfruten la Semana Santa y hay toro”.
La transmisión la hizo desde su parque Niños Felices, en donde se jugaba un partido de futbol.
Explicó también que el miércoles en el Senado aprobaron la reforma electoral, pero lamentó que no haya pasado la renovación de mandato de la presidenta para aplicarse en 2027.
“De cuatro artículos, tres se aprobaron y uno se desechó definitivamente que fue el de la revocación del mandato, el cual era uno de los artículos más importantes para México y para nuestra presidenta, porque es conveniente que el pueblo diga”.