Ya son dos pinchis años desde que secuestraron a Ismael Zambada García, alias El Mayo. Se cumplen hoy, 25 de julio, y desde entonces todo cambió en Sinaloa. También cambiaron muchas cosas en México, entre ellas, desde mi perspectiva, el mayor conflicto diplomático entre México y Estados Unidos en el periodo que comprende el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. AMLO con Joe Biden; Claudia con Donald Trump.
Pero la verdadera desgracia no sucede en Palacio Nacional: ahí lo que ha pasado es que Estados Unidos los ha ignorado en algunas ocasiones y presionado en otras; la verdadera desgracia sucede en las calles de Sinaloa.
Ya son dos pinchis años desde que secuestraron a El Mayo. Ese hecho fue el preludio de la sinfonía del desastre: a partir del 9 de septiembre siguiente, en 2024, se desató la violencia y empezamos a contar por miles las desapariciones y las muertes. Además, un número indefinido –porque en buena medida el gobierno no los ha querido ver– de sinaloenses abandonaron sus casas por las balas que llueven en las ciudades y las sierras, en medio de una economía que no puede salir adelante. Ya son dos pinchis años desde que empezó la cuenta regresiva para que la gente se sienta afortunada por no perder su empleo, por no cerrar su negocio, por no tener que pedir un nuevo crédito; porque no le hayan matado o desaparecido a un hijo, si es que no le han matado o desaparecido a un hijo. Esa vida no se la merece nadie y, por supuesto, los sinaloenses tampoco.
Ya son dos pinchis años desde que se evidenció, una vez más, la podredumbre de la narcopolítica sinaloense, que no es muy distinta –tan sólo parte– de la narcopolítica mexicana.
Y hay que recordar ese día para no olvidarlo, porque parece que a los mexicanos es lo único que nos queda ante un modelo político de alta impunidad.
Hay que recordar que ya son dos pinchis años desde que, según la versión sin desmentir, El Mayo llegó a la finca Huertos del Pedregal, apenas en los límites del casco urbano de Culiacán, para reunirse con dos de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, junto con el entonces gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y el exlíder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, también cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PRI.
La reunión, según dijo El Mayo, era para distender el conflicto entre Rocha y Cuén, ambos de Badiraguato, ambos exrectores de la UAS, ambos políticos destacados. El choque había llegado al punto de lo irreconciliable, de las denuncias penales en contra de los grupos políticos cercanos a los dos personajes y, lo más duro de todo, al punto de las agresiones verbales, campañas negras, espionaje y denuncias en contra de los hijos de Rocha y de Cuén. En realidad llegaron al punto de no retorno.
Y como a El Mayo siempre le gustó jugar a la figura del padrino, aceptó reunirse con ellos para que se calmaran las cosas. Pero lo que sucedió allí fue todo lo contrario. Joaquín Guzmán López lo secuestró, lo subió a un avión particular para entregarlo a la DEA y desataron así una guerra absurda con víctimas que hoy se cuentan por miles.
Ya son dos pinchis años desde que, debido a ese día, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa –en los hechos controlada por el senador Enrique Inzunza–, ejecutó un montaje para mentirnos y hacernos creer que a Cuén no lo habían matado en el lugar donde secuestraron a El Mayo, sino que murió después de un disparo que recibió mientras cargaba combustible en una gasolinera del norte de la ciudad, justo cuando intentaban robarle el vehículo… Ajá. Ya son dos pinchis años desde que sucedió esa burla social que no ha tenido ningún tipo de consecuencias legales en contra de ningún funcionario que estableció el montaje. Y como usted debe saber, decirle montaje no es un término propio, es el que utilizó la Fiscalía General de la República cuando atrajo la investigación y revisó el caso.
Ya son dos pinchis años desde que cambió todo para los sinaloenses comunes y corrientes, pero nada cambió para las élites políticas corruptas que se han vinculado con el crimen organizado.
A lo más, el cambio que ha habido y que vino de fuera, fue la acusación de Estados Unidos en contra de Rocha Moya y de nueve funcionarios y exfuncionarios, pero con ese tema tampoco han sucedido grandes cosas: Rocha Moya sigue libre y con una gran influencia en el Ejecutivo estatal y en el Congreso del Estado, Inzunza no pide licencia como senador de la República y sigue cobrando el sueldo, además de mantener el control del Poder Judicial y de la Fiscalía de Sinaloa.
Ya son dos pinchis años desde que nos volvimos a dar cuenta de que Sinaloa es un narcoestado y que para el gobierno mexicano eso no representa un verdadero problema.

 

En 2004 me inicié como reportero, en mi natal Culiacán, Sinaloa, y desde entonces uno de los principales temas de la agenda política y social –si no el principal– ha sido la narcopolítica.
Y esa claridad sobre la importancia del tópico no viene sólo de los pensamientos de los periodistas, sino de la sociedad misma que desde entonces hablaba –y sigue hablando– de las corruptelas de los políticos sinaloenses y su colusión con el crimen organizado.
En varias charlas, personas que ni siquiera eran mis amigos me daban claves policiacas para decirlas frente a un policía de tránsito. Me prometieron que si las mencionaba me dejarían ir automáticamente a pesar de haber cometido una violación a las reglas viales. Nunca las usé, sinceramente; es más, ni siquiera me las aprendí. Además de que es un acto de corrupción, me da un pánico horrible. Pero una vez escuché a una pareja decir una clave a un tránsito, y sí funcionó: los dejaron ir inmediatamente.
Eran claves de delincuentes que daban inmunidad y mucha gente las usaba, aunque no tuviera relación directa con el crimen organizado. Dudo que hoy en día las sigan usando, ante el choque de chapos contra mayos: decir una clave errónea podría generar muchos problemas.
En la segunda “chapomarcha”, realizada por allá en 2015 con el objetivo no logrado de evitar la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, uno de los jóvenes que se manifestaron y que fueron detenidos por la policía, gritó “Por El Chapo comen, compaaa”. No es así, en realidad: los policías tienen su sueldo y prestaciones y éstos son la base de su presente y futuro; sin embargo sí hay muchos elementos de seguridad en la nómina del crimen organizado. En Culiacán, recuerdo bien, había unos municipales que le respondían a El Mayo, otros a El Chapo y otros más a Dámaso López, alias El Licenciado.
La gente lo sabe y eso diluye el respeto.
Las acusaciones del gobierno de Donald Trump en contra de Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios sinaloenses más han crispado la relación de México con Estados Unidos, pero en Sinaloa no sorprendieron a nadie, o a casi nadie.
La información rueda de boca en boca, en las reuniones familiares, con amigos; los contratistas del gobierno lo ven en los fallos preferenciales, en las compras amañadas. La gente también conoce a muchos de los criminales, así sucede en los lugares relativamente chicos. Los ven transitando con impunidad en las calles, disfrutando a placer en los antros, comiendo despreocupadamente en restauran-tes, placeándose en redes sociales; los ven financiando campañas políticas, dando línea a su gente en las elecciones, conviviendo con los hijos de políticos. Los ven operando.
Y ahora que el gobierno federal ha querido asegurarnos que Rubén Rocha Moya no está protegido por el Ejército mexicano, que no tiene escoltas federales, que sigue en Culiacán, en su casita, la credibilidad se desmorona.
Y es que han sido muy pocas personas las que han visto a Rocha Moya después de que dejara el cargo como gobernador de Sinaloa. ¿Por qué no lo hemos visto seguido? ¿Por qué no va a algún restaurante? ¿Por qué no se pasea por una plaza comercial? ¿Por qué no lo vemos en un avión comercial? Cada persona en Culiacán puede ser un monitor de lo que ocurre. Lo más que ha pasado es que lo han visto en su vehículo y escoltado.
Cuando recién inició la violencia de las facciones del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, Rocha Moya no aparecía públicamente por ningún lado y la gente notó su ausencia. Eso hizo que un creador de contenidos local soltara la pregunta: “¿Y el Rocha?”. Era una mofa que se hizo viral porque resumía a la perfección el vacío de poder propiciado por la falta de presencia de un gobernante en el momento en que más se necesitaba.
Hoy la pregunta “¿Y el Rocha?” tiene sentido nuevamente, pues nadie sabe con certeza dónde está. Y sí es importante conocer su paradero porque la mayoría de la gente votó por él, porque manejó –¿maneja?– los recursos económicos del gobierno de Sinaloa, porque tenía –¿tiene?– en su poder a las policías del estado, porque fue acusado por Estados Unidos de tener vinculación directa con el cártel de Los Chapitos y se está solicitando su detención con fines de extradición.
Claro que es prudente e importante la pregunta sobre el paradero de Rubén Rocha Moya.
En la casa del gobernador con licencia se han visto fuertes dispositivos de seguridad estatal que protegen la privada donde presuntamente se encuentra; y en un segundo círculo hay presencia de militares apostados a cientos de metros, tal vez más de un kilómetro. Los reportes que algunos vecinos me han confiado dicen que casi no lo han visto en su vivienda, pero sí ven a sus elementos de seguridad. Los escoltas varían con los días, unas veces hay pocos, en otras es evidente una fuerte concentración.
Y todo eso prende las especulaciones sobre su paradero.
Si el gobierno federal quiere detener las especulaciones, Rocha Moya debería mostrarse en público y dar explicaciones, rendir cuentas, no sólo publicar en la exTwitter cada vez que hay un nuevo escándalo.
No queda más que seguir preguntando: ¿Y el Rocha?

 

 

Uno de mis primeros reportajes y entrevistas de perfil, cuando me inicié en el periodismo escrito, se trató del consumo de metanfetaminas, mejor conocido en las calles mexicanas como “cristal”. Eso fue hace unos 20 años.
Recolecté las cifras del aumento en el consumo según las autoridades de salud y acudí a los centros de internamiento para el combate de las drogas, los llamados “anexos”. Hablé con los usuarios en recuperación. La mayoría de ellos llevaban varias recaídas y todos querían abandonar el uso problemático. Me contaron que dentro de los centros de internamiento realizaban diversas actividades para mantenerse ocupados, como trabajar en la cocina, hacer limpieza o aprender algún oficio; que ya habían pasado la “malilla”, es decir, la crisis de abstinencia: reacción del cuerpo por dejar el consumo de drogas que en ocasiones los arrastraba por fiebres prolongadas, y que antes de su internamiento, con altas dosis de metanfetamina en su cuerpo, atravesaban por momentos en los que sentían que tenían una fuerza especial, que flotaban al caminar y que tenían alucinaciones que no eran nada agradables.
Esa droga sintética, que desde hace años se expandió por México, también se ha ensanchado por el mundo. Las estructuras criminales mexicanas se convirtieron en protagonistas y ahora esa es una de las principales preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 publicado apenas unos días atrás, el mercado de las metanfetaminas ha crecido a un ritmo sostenido año con año; se ha incrementado en las regiones, y está a punto de convertirse en una droga de dimensión mundial. De acuerdo con las incautaciones de esta droga sintética, la tasa de crecimiento anual es de 13 por ciento a 2024.
El informe menciona que hasta mediados de la década de 2010, se concentraba principalmente en mercados ya consolidados, como los de América del norte, Asia oriental y sudoriental, Australia y Nueva Zelanda.
“La expansión del mercado de la metanfetamina suscita especial preocupación debido al elevado riesgo de daños y al potencial de generar dependencia asociados a esta droga”, se lee.
En Norteamérica, advierte en el documento –con cita a las autoridades estadunidenses–, el mercado de esta droga se ha mantenido estable en niveles altos, y ha sido principalmente abastecido por los grupos de la delincuencia organizada con sede en México.
“En 2024, los consumidores de metanfetamina representaban aproximadamente el 3.2 por ciento de las personas que habían consumido alguna droga en el último año en Estados Unidos; sin embargo, constituían el 5.6 por ciento de las personas con un trastorno por consumo de drogas y el 17.4 por ciento de aquellas con un trastorno grave (esta última cifra es ligeramente superior al porcentaje correspondiente a los opioides y casi el triple del porcentaje relativo a la heroína)”.
México no sólo es un país de tránsito y productor de esta droga, se deja en claro en el texto, también se le ubica como un mercado en desarrollo “donde la prestación de tratamientos para trastornos por consumo de metanfetamina se multiplicó por 25 entre 2015 y 2023, reflejando un aumento de los daños a nivel nacional”.
Se explica que en partes de África y Europa se ha visto cada vez más la producción de metanfetaminas, y se cree que estos sistemas de producción tienen su origen y conocimiento técnico en México: “Recientemente, también se ha observado en el sur de Asia la participación de ciudadanos mexicanos –con presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada radicados en México– en la fabricación de metanfetamina”.
La presencia de las estructuras criminales mexicanas en Europa ha quedado exhibida con el trabajo que han hecho diversas policías nacionales en la investigación, desmantelamiento de laboratorios y aseguramientos de drogas y personas asociadas a estos cargamentos. El cristal es una droga de bajo costo y alto poder adictivo, y eso le ha allanado el mercado internacional.
En México se utiliza desde hace muchos años. De hecho, casi la totalidad de laboratorios que descubren y destruyen las fuerzas armadas son de metanfetaminas, por eso no sorprende que hoy los cárteles mexicanos exporten sus conocimientos a otros países.

 

DE NORTE A SUR

Lo mejor que le podía pasar a un gobierno como el de Claudia Shienbaum Pardo y a un partido como Morena era que empezara a rodar el balón del Mundial. Ahora, como si fuese un enorme arroyo, el balompié ha ocupado todos los espacios noticiosos, de conversación pública y de la temible tendencia de X. Incluso hasta pararon las clases y el trabajo gubernamental, además de fomentar el teletrabajo de las empresas privadas con tal de que pudiera fluir el tráfico y alcanzaran las comunicaciones. Por supuesto que eso ayudó a que nos concentráramos en una sola cosa: el futbol.
En serio que el gobernador –en los hechos depuesto– Rubén Rocha Moya; el senador que no acude a sesiones, Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, y cinco funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que no se han entregado a Estados Unidos deben de estar pasándola mucho mejor que hace un mes, cuando la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos era el tema predominante de la agenda pública nacional, con ecos en la internacional.
Y bueno, tampoco fue poca cosa la acusación. Con base en potenciales informantes de alto nivel en su poder –como Ismael Zambada García, Ovidio y Joaquín Guzmán López, entre otros–, fiscales estadunidenses armaron un mega caso que aún no se conoce del todo y que puede tocar las fibras más sensibles de la llamada Cuarta Transformación. Los acusan de tener una relación estrecha con Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a quienes el vecino país del norte responsabiliza de ser los principales introductores del fentanilo ilegal que causa decenas de miles de muertes al año.
Y mientras esto sucede, en el Congreso del Estado de Sinaloa, todavía controlado por Rocha Moya y su círculo cercano, legislan para prohibir los narcocorridos en escuelas, transporte y oficinas públicas, como si esto fuese a disminuir el infierno de violencia en el que viven los sinaloenses.
Esos mismos diputados morenistas que aprobaron la reforma anti narcocorridos son los que no se han animado a criticar a Rocha Moya ni con el pétalo de un eufemismo. Lo he comentado aquí en otras ocasiones: el verdadero cambio en Sinaloa empezará con la renovación política de quienes, por acción u omisión, están vinculados con el crimen organizado, esos a los que llamamos narcopolíticos y los secuaces que los rodean.
Ahora ya veo que es probable que pase lo que llegamos a creer inimaginable hace unas semanas: que el grupo de Rocha Moya quede en absoluta impunidad por la protección que se le ha otorgado desde Palacio Nacional y Palenque, y que aún le alcance para operar candidaturas en las elecciones del próximo año, como al parecer ya está pasando.
En los hechos, ese grupo en el poder no ha perdido espacios: ni el Ejecutivo, porque la gobernadora interina es de la misma unidad; ni el Legislativo, porque los rochistas no han dejado ni una curul; ni el Judicial ni la Fiscalía, porque tampoco ha habido cambios.
El control real, el poder y el presupuesto lo sigue teniendo Rocha Moya con su grupo de aliados, varios de ellos acusados de vínculos con el crimen organizado por Estados Unidos.
El colmo acaba de suceder hace unos días y, aunque no sabemos quién lo hizo, sí podemos conocer quién fue el beneficiado Una corona fúnebre llegó a casa de la diputada local del PRI Paola Gárate. El mensaje no podía ser más claro: la intimidación para la censura.
Paola Gárate, ya lo ha dicho, fue privada de su libertad el día de la jornada electoral de 2021 por un grupo del crimen organizado (todo indica que fue de Los Chapitos). Esto como parte de la operación electoral donde presuntamente intervino el crimen a favor de Rubén Rocha Moya y en contra del candidato opositor, Mario Zamora.
A los días de que se hizo pública la acusación de Estados Unidos, Paola salió a medios a revelar lo que había sucedido y a contar una historia que por años había mantenido oculta.
Ahora alguien quiere que ya no cuente esa historia, que no repita lo sucedido, que ya no dé su testimonio.
Y mientras todo esto sucede, Rocha Moya sale de los reflectores y opera en las sombras. La Copa del Mundo le ha resultado muy conveniente al gobernador con licencia acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

 

La verdadera explosión de la forma de gobernar de Rubén Rocha Moya llegó hace un mes, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación por nexos con el narcotráfico en contra del ahora gobernador con licencia y de nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses más. Desde ese día no ha dejado de ser noticia de portada de los diarios y de acaparar los principales espacios informativos audiovisuales. Es el tema más importante de la conversación en México, a pesar del claro interés oficial por levantar o mantener otros tópicos, como el de la panista Maru Campos y la operación ilegal de la CIA en Chihuahua, o el más reciente vinculado con presuntos actos de corrupción del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Nada ha podido minimizar el impacto del caso Sinaloa.
Pero la corrupción de Rocha Moya no inició hace un mes. Hace siete años publicamos en alianza las organizaciones Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción el reportaje titulado “Operación Desfalco Sinaloa”, en el que revelamos que Chocosa, la constructora de sus hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, había obtenido contratos del gobierno estatal mientras él tenía cargos importantes, como el de coordinador de asesores del gobernador en turno.
“En total, desde enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones 660 mil 930 pesos en contratos con el gobierno del estado, el ayuntamiento de Culiacán y su junta de agua, así como con el de Mocorito y su empresa de agua”, se lee en el trabajo que aún se encuentra en línea (https://contralacorrupcion.mx/operacion-desfalco-sinaloa).
Después, al cierre de la campaña a gobernador en 2021, Los Chapitos realizaron una operación electoral inédita, lo cual fue documentado por medios como Ríodoce. Y no fue inédita porque haya sido la primera vez que sucedía –hay reportes de que también pasó en el gobierno panista de Mario López Valdez, Malova–, sino por el alto nivel de violencia innecesaria el día de la votación. Hace unas semanas, la priista Paola Gárate narró públicamente que fue secuestrada en la campaña, algo que ya algunos sabíamos que había ocurrido.
Desde el inicio de la administración de Rocha Moya, Iniciativa Sinaloa (IS) puso la lupa en el gasto en obra pública, coincidentemente donde se hallan los intereses de los hijos Rocha Ruiz. El ejercicio de esta organización sin fines de lucro generó el enojo del hoy funcionario con licencia. En sus conferencias empezó a criticar a IS de forma desproporcionada. Ahora que han salido investigaciones de los intereses de los hijos Rocha Ruiz en la obra pública de Sinaloa todo hace sentido.
“En cuanto a la distribución del recurso, el informe muestra una concentración atípica sobre 14 empresas y 11 grupos empresariales, las cuales acaparan 4 mil 13 millones de pesos, es decir, 57 por ciento del monto analizado, y sólo 212 de las mil 100 obras concentran más de la mitad del presupuesto”, se lee en el reporte del Índice de Transparencia en Obra Pública (ITOP) 2024-2025 (el ITOP es una herramienta elaborada por Iniciativa Sinaloa que mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Obras Públicas de Sinaloa).
Pero en este relato de la corrupción de Rocha Moya hay que hacer énfasis en el trabajo que valientemente ha realizado el semanario Ríodoce. Porque pocos medios en Sinaloa se animaron a exponer la transas del rochismo.
Por ejemplo, en enero de este año, Rocha Moya despidió a la secretaria de Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda. Lo hizo después de que Ríodoce publicó unos reportajes sobre los gastos excesivos en viajes en comisiones oficiales de la actualmente exfuncionaria, en los que pagaba habitaciones de hotel de hasta 11 mil pesos por noche, vinos y servicios de spa.
En marzo de este año, el semanario reportó que la titular de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, y otros dos servidores públicos, cobraron unos 30 mil pesos de más por viáticos gastados en Canadá. En el viaje facturaron cortes finos y mil 700 pesos en chocolates, chicles y miel de maple con cargo al erario.
Y también informó sobre las compras irregulares en el DIF estatal, dirigido por la hija de Rocha Moya, Eneyda Rocha Ruiz: “Ríodoce publicó que el DIF estatal adjudicó un contrato para la compra de 518 mil despensas y 15 millones de paquetes de galletas y cacahuates a la empresa Comercializadora Getrevanoa, que es de reciente creación, tiene dos empleados, se dio de alta como patrón el mismo día que se publicó la convocatoria a licitación, envió fotos falsas de sus supuestas bodegas y sus instalaciones no están en la ubicación que señalan”.
En estos días todos hablamos de Rocha Moya, pero sus presuntas corruptelas iniciaron desde mucho antes de que Estados Unidos decidiera ir tras de él y su estructura. El exrector De la UAS tiene toda una historia.

 

 

Han transcurrido poco más de dos semanas desde que el gobierno de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de tener vínculos estrechos con el narcotráfico –en particular con Los Chapitos– y el escenario político ha cambiado de forma trepidante: la presidenta Claudia Sheinbaum invocó la soberanía nacional y la necesidad de pruebas como primera reacción; después Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador del estado; más tarde hizo lo mismo el alcalde de Culiacán y ahijado de Rocha, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza, también acusado, no ha pedido licencia pero ha dejado de ir al Senado, y el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, fue obligado a separarse del cargo luego de una enorme presión social.
Esa fue la primera etapa, pero desde ayer entramos a una segunda vertiginosa. Ya se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, llegó a Hermosillo, Sonora, y se entregó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona. La entrega por sí misma es una aceptación de culpas, no sé si del tamaño de la acusación estadunidense, pero sí en algún grado que ya veremos.
Gerardo Mérida no es cualquier funcionario: es un militar, y no cualquier militar: es un general retirado, y no cualquier general: es un general de División, el grado más alto entre los generales. Enseguida de su rango sólo queda el secretario de la Defensa Nacional.
El exfuncionario estuvo muy poco tiempo en el cargo, hay que decirlo. Llegó en septiembre de 2023 y fue despedido en diciembre de 2024. Los delitos que le achaca Estados Unidos, como a todos los involucrados, son graves. Señalan que recibía sobornos de Los Chapitos y, a cambio, él les avisaba, les echaba pitazos de los operativos que afectaban sus intereses, como la destrucción de laboratorios de drogas o detenciones. Mérida tenía fuertes contactos en la Sedena, toda una carrera militar de élite, y tenía ojos y oídos en prácticamente todas las estrategias de seguridad federales.
A Mérida le tocó ser secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el 25 de julio de 2024, cuando en una huerta de Culiacán, Joaquín Guzmán López secuestró a Ismael El Mayo Zambada García, lo subió en un avión privado y lo entregó en Estados Unidos. Allí, en esa misma huerta, mataron al exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, y fue Mérida el que le avisó de la muerte de Cuén, según dijo días más tarde el entonces gobernador en activo Rocha Moya.
A partir de ese día fue muy notoria la ausencia de Mérida. En los medios se preguntaban por qué no daba la cara. Se tardó 25 días en aparecer ante la prensa, de acuerdo con registros que consulté, cuando ya era muy complicado que rindiera cuentas sobre lo que había sucedido, cuando ya había un montaje de hechos y narrativo echado a andar.
El otro caso es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, es decir, el que controlaba todo el dinero del gobierno. La entrega de Díaz Vega a autoridades de EU fue confirmada por fuentes oficiales la tarde de este viernes.
Con Mérida, el gobierno estadunidense tendrá toda la información que requiere en materia de seguridad, operativa, de calle, logística, de los acuerdos con los grupos criminales e, incluso, de un grado de la narcopolítica, pero es aún más valiosa la aportación probatoria que pueda hacer Díaz Vega.
Follow the money –“sigue la pista del dinero”–, dice una vieja enseñanza periodística, y el exsecretario las tiene todas. Primero, Estados Unidos lo acusa de que en las elecciones a gobernador en las que Rocha Moya resultó triunfador, fue el encargado de entregar a Los Chapitos una lista de nombres de oponentes políticos para que éstos fueran amenazados. Además, una vez en el poder, Díaz Vega habría operado junto con Inzunza la colocación de funcionarios corruptos afines a los hijos de El Chapo Guzmán, y ambos habrían funcionado como enlaces de comunicación entre Rocha Moya y Los Chapitos.
Pero aquí hay una fibra aún más sensible que tiene que ver con dos hipótesis que han trascendido en medios y las comento porque tienen sentido con los hechos y con los datos que he ido recolectando: el hilo del financiamiento a otras campañas de Morena en México, y el ejercicio del gasto en la obra pública, donde pudieran estar beneficiados los hijos de Rubén Rocha a través de sus empresas constructoras. Esas dos vertientes son todavía más explosivas para Rocha Moya y Morena.
La historia apenas inicia, pero por lo pronto Estados Unidos ya tiene al hombre operativo en seguridad pública y, según los trascendidos no desmentidos hasta el cierre de edición, al cerebro financiero de la estructura.
Las pruebas llegaron de manera física… pero a Estados Unidos.

 

Los cargos contra Rubén Rocha Moya son demasiado graves para que el gobierno de México lo proteja, y sin embargo, lo hace.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que entregará a Rocha sólo si Estados Unidos le comparte pruebas que convenzan a su gobierno. Lo dijo envuelta en un discurso de rechazo a la acusación estadunidense y con un halo de protección a la soberanía nacional.
Estados Unidos tiene todas las pruebas posibles. Cuenta con aceitados mecanismos de informantes. Tiene en sus prisiones a Ovidio y Joaquín Guzmán López, a Ismael Zambada García, alias El Mayo, y a 90 extraditados más que le ha entregado la misma administración de Sheinbaum. Si alguien tiene el mapa criminal completo, ese es nuestro vecino norteño.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido desde que llegó a su segundo mandato: México tiene que hacer más contra el crimen organizado. Y ha deslizado, por diferentes vías, que también contra la narcopolítica.
Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera del jueves pasado que esto nunca había pasado, que no se había pedido una orden de aprehensión contra políticos de alto nivel en funciones; me queda claro que su gobierno le apostó a que Trump no se animaría a tanto. Se equivocó. Y si de errores hablamos, uno de los más grandes de la autodenominada Cuarta Transformación fue no investigar por sus propios medios a Rocha y demás narcopolíticos mexicanos. Le apostaron al olvido, a la negociación con EU en materia de seguridad y comercio, como lo hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuando envió a miles de militares a detener el paso de los migrantes por nuestro territorio.
La relación crimen-gobierno-Rocha ha sido ampliamente señalada por políticos y periodistas. Se ha documentado cómo, por ejemplo, Los Chapitos intervinieron en su campaña a gobernador de Sinaloa secuestrando y amenazando operadores electorales de partidos opositores a Morena. “Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: si no gana Rocha los vamos a matar a todos”, me contó una persona secuestrada de quien no revelaré el nombre porque teme por su seguridad.
Pero la acusación no solamente va contra Rocha, y no podía ser. Además de él, están acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con la facción de Los Chapitos, nueve funcionarios más que forman parte del círculo íntimo de operación gubernamental en Sinaloa. Washington mandó un mensaje claro: esto no es obra de un solo hombre, sino de un sistema totalmente compro-metido.
En la lista que dio a conocer EU esta semana se halla Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado y delfín político de Rocha para sucederlo en el cargo.
“En su calidad de alcalde, Mendívil ha recibido sobornos de Los Chapitos. A cambio, Mendívil –quien, como alcalde, tiene autoridad sobre la Policía Municipal– ha permitido a Los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del gobierno, ha protegido las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos en su jurisdicción y ha protegido a los miembros de Los Chapitos de ser detenidos”,  se lee en la acusación.
También es mencionado Enrique Inzunza Cázarez, la insustituible mano derecha de Rocha, oriundo de Badiraguato como él y actual senador, exdelfín –insostenible ya– por la gubernatura, exsecretario de Gobierno y quien controla de forma real todo el Poder Judicial de Sinaloa. La mano que mece la cuna, pues.
“Al igual que Rocha Moya –se lee en la lista–, Inzunza Cázarez se ha reunido con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel y ha acordado planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoye y proteja al cártel a cambio de favores por parte de éste que, a su vez, ayude a los acusados y a otros funcionarios corruptos a mantenerse en el poder”.
Se acusa a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas: el poder del dinero. En la argumentación se dice que “entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación”.
Vienen otros nombres, también importantes, en materia policiaca y de procuración de justicia vinculados con la facción de La Chapizza.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene dos opciones: o entrega a Rocha Moya y se enfrenta a un probable rompimiento con López Obrador, defensor incansable de Rocha, o lo protege y espera la embestida feroz del gobierno de Trump, algo que nadie tiene dimensionado y que podría consistir en críticas de palabra, sanciones económicas e incluso una incursión en territorio mexicano para capturar a Rocha Moya. Esto último sería el peor de los escenarios, lo que nadie quisiéramos porque violaría la soberanía nacional y nos metería en un conflicto de dimensiones mayúsculas que trastocaría el orden actual.
Sin embargo, por el impredecible proceder de Trump, todo es posible. Si lo hizo con Nicolás Maduro, que era presidente de Venezuela, lo puede hacer con Rocha Moya, aún gobernador de Sinaloa.

 

 

La actriz y conductora Yolanda Andrade, por mucho tiempo una figura relevante de la televisión mexicana en programas de entretenimiento, subió un video a Instagram donde lamenta la situación de inseguridad que padece México, en particular en materia de desapariciones. Conforme pasan los segundos, su reclamo va subiendo de tono; le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que se ponga “los pantalones” para enfrentar el problema de violencia que atraviesa el país y suelta un mensaje que llevaba tres décadas guardado: luego de citar el dicho de que el buen juez por su casa empieza, abre una caja sumamente dolorosa en la memoria del Culiacán de los noventa, y en particular de los familiares de Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández, los tres primos desaparecidos en la famosa colonia Las Quintas, tras asistir a una fiesta en la casa de Rolando Andrade.
Yolanda dice textualmente: “Rubén Rocha Moya, le pido por favor que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade. ¡Ándale, Rommel, habla!, vaya justicia por ese señor. No puede mi corazón quedarse callado”.
En el video, Yolanda reconoce que atraviesa una enfermedad, que está muy sensible, pero afirma que está perfectamente bien en sus capacidades mentales.
El caso al que se refirió es conocido en Culiacán como el de “los tres jóvenes desaparecidos de Las Quintas”, y es una de las grandes heridas abiertas de una sociedad que hace tres décadas no padecía los niveles de hiperviolencia que tenemos hoy en Sinaloa y en México.
La historia que han contado periodistas acuciosos –el gobierno nunca hizo su trabajo seriamente entre acusaciones de que Rolando Andrade había financiado parte de la campaña del entonces gobernador Renato Vega Alvarado–, empieza la noche del 29 de junio de 1996, durante la celebración de una fiesta en la casa de Rolando Andrade, padre de Yolanda y de Rommel.
Ese día –conforme a lo publicado por Noroeste, Ríodoce y La Jornada, entre otros medios– los primos Hernández llegaron a una fiesta en la casa de Rolando Andrade, que se dedicaba a la compraventa de cosechas, con inversiones diversificadas en las industrias de la madera y la construcción (y también se dijo que lavaba dinero para el banquero Carlos Cabal Peniche). Allí se toparon con su amigo Christian Álvarez, exnovio de Helga, la hija menor de Rolando Andrade. Christian y Helga discutieron. Una persona asistente a la fiesta le dijo a Rommel que estaban a punto de pegarle a Helga, su hermana, y él se lió a golpes con Christian. Los Hernández los separaron y Rommel, enfurecido, juró que se vengaría de ellos. Cuando los primos salieron de la fiesta, en las primeras horas del 30 de junio, la evidencia de las investigaciones advierte que unos policías municipales los interceptaron y, más tarde, los entregaron al equipo de seguridad de la familia Andrade.
Siempre se ha identificado a Rommel Andrade como el responsable directo de la desaparición, y esto siempre había sido negado por la familia, hasta ahora que Yolanda Andrade dice textualmente: “…donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade. ¡Ándale Rommel, habla!”.
La declaración se enmarca en la violencia cruel que padece Sinaloa, en particular Culiacán, con la escisión del llamado Cártel de Sinaloa y tras la muerte, en enero pasado, de Abraham Hernández, padre de Abraham Hernández Picos, uno de los últimos familiares visibles que pidieron justicia durante años.
Sobre el desenlace de la agresión de los primos Hernández hay dos grandes versiones; ambas apuntan a que fueron muertos por los Andrade. La primera es que los cuerpos de los tres jóvenes fueron ocultados entre los cimientos de una plaza comercial que nunca fue concluida en la colonia La Campiña, ubicada junto a Las Quintas. La mole de concreto quedó en obra negra desde entonces y allí sigue hasta la fecha.
La segunda es que los cuerpos fueron incinerados en el crematorio del DIF en la colonia Tierra Blanca, pero en ese entonces también había uno más en la ciudad de la empresa Moreh.
La herida nunca fue cerrada. Parte de la familia Andrade huyó a Las Vegas, en Estados Unidos, y poco o nada se ha sabido de ellos. La declaración de Yolanda Andrade remueve el doloroso caso y lanza el balón al gobernador Rocha Moya. La pregunta obligada es si el mandatario se animará a abrir de nuevo la indagatoria.

 

“Las escaleras se barren de arriba para abajo”, decía con frecuencia el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de sus muchas frases, como las procuran los políticos carismáticos. Por supuesto que AMLO lo era. Se refería a combatir la corrupción, una de sus grandes promesas de campaña y de vida pública.
Pero nunca barrió las escaleras. No combatió la corrupción del enorme presupuesto militar, al contrario: aumentó significativamente sus partidas con cero rendición de cuentas. En el Ejército hay muchos nuevos ricos.
En la Marina ni se diga, se enquistó el huachicol fiscal al más alto nivel.
Si AMLO intentó realmente “acabar” con la corrupción, no supo cómo. Desde que llegó minimizó y estigmatizó al Instituto Nacional de Transparencia, a la prensa crítica y a las organizaciones civiles que no se inclinaron ante él. Los que solicitamos información notamos una severa caída en la calidad de las respuestas. Con un dejo de cinismo, funcionarios empezaron a decir que la información que les pedíamos no existía, cuando en años anteriores sí había sido entregado el mismo dato. Si el presidente decía que el modelo de transparencia no importaba, por qué ellos actuarían distinto.
El caso de Segalmex muestra una de las peores prácticas de un gobierno: el amiguismo. Es decir, castigar a funcionarios de menor rango y proteger a como dé lugar a la persona designada por el propio presidente al frente de la dependencia. López Obrador nunca tocó al director general, Ignacio Ovalle. No lo hizo porque fue su maestro político, su gran amigo.
Amor con amor se paga, ¿no?
Los seguidores de López Obrador defienden la cuatroté diciendo que su modelo –social, político, económico– ha sacado a millones de la pobreza. No negaré este dato y me alegra muchísimo que haya sucedido. Tampoco le regateo un centímetro a ese logro que me parece sumamente importante porque le cambia la vida a muchas de las personas que más lo necesitan.
Punto y aparte, el gobierno tiene muchos otros elementos que se tienen que valorar, y aún más para la ambición de llamarlo una “cuarta transformación de la vida pública de México”.
Yo sostengo que no puede haber transformación sin combatir la corrupción sistémica de este país, y eso no ha sucedido. Al contrario, se debilitó el modelo de transparencia existente. Pareciera que hubo una máxima: no importa que haya corrupción, lo importante es que no se conozca que hay corrupción.
El reciente anuncio del “fracking no fracking” para producir gas es un contrasentido básico de la cuatroté: afectará duramente el medio ambiente y se abrirá a la inversión privada en un tema donde se busca la soberanía nacional. Una política neoliberal que realizará el gobierno que vino a terminar con el neoliberalismo.
La política de AMLO de “abrazos no balazos” fue otro gran fracaso que generó una expansión dañina del crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en una organización con presencia en todo el país, lo que no había pasado con ningún grupo criminal, además de que pudo desarrollar una capacidad de fuego y económica inéditas. Un cártel que, en una década, se convirtió en el más poderoso, con tentáculos en decenas de países, con grupos entrenados como un pequeño ejército, con decenas o cientos de alcaldes y legisladores en sus bolsillos, con narconóminas vergonzosas. Nada de eso se combatió de fondo con AMLO. Y fue hasta que cambió el gobierno, llegó Claudia Sheinbaum con una visión distinta ante el inocultable crecimiento criminal, y la enorme presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se decidió capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Terminó muerto.
Qué decir de la mano derecha de López Obrador, su “hermano” Adán Augusto López –que ni siquiera ha sido investigado por el actual gobierno–, cuando impulsó a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad Pública mientras era, a la par, el líder de La Barredora, el grupo criminal que operaba como brazo del CJNG en Tabasco.
Adán, el hermano de AMLO, no ha tenido ningún problema. Su mayor castigo fue abandonar la coordinación de senadores morenistas, pero sigue con todos los privilegios. Fue secretario de Gobernación y hasta quería ser presidente de México.
Y lo más reciente: el escándalo de Rodrigo Gutiérrez Müeller, cuñado de AMLO, que creó empresas con dos personas que al poco tiempo fueron acusadas de lavado de dinero en Estados Unidos. Cuando se publicó el reportaje, Hacienda lo “investigó” y exoneró en un par de días y en fin de semana.
¿Cómo puedo creer que esto es una transformación?

 

La promesa principal de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción, pero lamentablemente se quedó muy lejos de ese compromiso.
A López Obrador no se le ha demostrado un acto de corrupción directo, pero vaya que han saltado escándalos con sus personas de confianza, las más cercanas. Lo peor del caso es que, a pesar de las evidencias, en vez de iniciarles una investigación y eventualmente castigarlas, se dedicó a protegerlas, a desmentir sin evidencias las denuncias, y en algunos casos hasta las promovió para otros cargos de mayor importancia.
Ejemplos sobran, pero mencionaré unos cuantos antes de llegar al nuevo elemento que conforma esta dramática constelación.
El escándalo de Segalmex es de los más importantes. Se observaron irregularidades por miles de millones de pesos, con contratos simulados, empresas fantasma, desvíos de recursos, entre otros. Fue uno de los pocos casos de corrupción que reconoció López Obrador. Y aunque hubo detenidos, el director general, Ignacio Ovalle, nunca fue tocado. Al contrario, fue protegido por AMLO, al punto de que llegó a decir que lo “engañaron” unos priistas. Segalmex es hoy lo que era la Conasupo, otra estructura mexicana que buscaba beneficiar a los pobres y terminó inundada de corrupción. Ovalle ha sido uno de los maestros políticos de López Obrador, ambos se conocieron cuando militaban en el PRI.
Otro gran escándalo es el de su “hermano” tabasqueño Adán Augusto López Hernández. En realidad, Adán era un político de medio nivel hasta poco antes de que AMLO se sentara en la silla presidencial. De la mano de López Obrador se hizo gobernador de Tabasco, después lo jaló como su secretario de Gobernación y, más tarde, le dio todas las alas para que intentara sucederlo como presidente de la República. Pero Adán no tuvo el carisma para ganarse la simpatía de la gente y le fue bastante mal en la competencia interna de Morena. Sobre Adán existen muchas acusaciones de corrupción, pero la peor, sin duda, es la de su relación con Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando Adán era gobernador de Tabasco impulsó a Bermúdez y le dio toda su confianza. Cuando se le ha preguntado al ahora senador sobre el tema, siempre ha dicho que no sabía a qué se dedicaba su secretario de Seguridad, a pesar de que había informes de inteligencia militar que lo advertían, informes que también llegaron al escritorio de López Obrador.
Además están los gobernadores morenistas que López Obrador ha impulsado a pesar de sus cuestionables desempeños: Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Rubén Rocha, de Sinaloa. Como conozco bien el caso, puedo decir que este último es uno de los más cuestionables. La estrecha vinculación con personajes asociados al crimen organizado es tan notoria, que se ha vuelto políticamente indefendible; sin embargo lo mantienen, lo promueven y lo protegen a costa de cualquier cosa. ¿Por qué?
Apenas el jueves de esta semana se difundió otro caso más de probable corrupción dentro del primer círculo del expresidente López Obrador. Su cuñado, Rodrigo Gutiérrez Müeller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de AMLO, creó un par de empresas de transferencias de dinero durante el gobierno pasado. Una de ellas se llamó Pagos del Bienestar y otra Envíos del Bienestar. Usó la etiqueta oficial del sexenio de López Obrador y de toda la llamada Cuarta Transformación. Incluso, un socio de Rodrigo quiso registrar Pagos del Bienestar como marca, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le negó el trámite porque lo consideró engañoso: argumentó que se asociaría a la Secretaría del Bienestar y a los programas sociales.
El entramado “del Bienestar” se dio a conocer en un reportaje del periodista Ernesto Aroche publicado en el periódico El Universal. Y hay un par de revelaciones sumamente importantes: que dos de los socios están acusados de lavado de dinero en Estados Unidos, presuntamente por una actividad distinta a esas dos empresas, y que otros de los socios son especialistas en el combate al lavado de dinero.
Todo indica que Gutiérrez Müeller estaba decidido a que se le identificara con la etiqueta iniciada por AMLO, a pesar de que esto pudiera engañar al público consumidor.
La historia del llamado “cuñado del Bienestar” no ha terminado. Aún falta saber en qué usó exactamente estas firmas y qué postura tomó el entonces presidente de México.