El periódico estadunidense The New York Times publicó en su versión web primero, y después en su portada impresa, una nota que en español se tituló “En Sinaloa, algunos ven a Trump como última opción contra la violencia de los cárteles”.
En el sexto párrafo dicen: “El mes pasado hablamos con más de dos decenas de personas en Sinaloa y la mayoría expresó una opinión totalmente distinta del consenso nacional. Para ellos, el gobierno mexicano ha fracasado repetidamente en sus esfuerzos por controlar a los cárteles, por lo que dijeron que estaban dispuestos a considerar un ataque estadunidense contra los grupos si ello les permitía vivir con seguridad”.
No acostumbro escribir sobre las piezas que publican otros compañeros periodistas, pero en esta ocasión no puedo dejarlo pasar porque se plantea una intervención directa del gobierno de Donald Trump en mi estado, donde nací, crecí, tengo a mis padres, hermanos, sobrinos; donde viven muchos de mis amigos y amigas más queridas. Mis ríos, mis calles y mi cultura.
La publicación manda un mensaje preocupante: los sinaloenses desean una “intervención extranjera” porque están cansados del crimen organizado. Para llegar a esta conclusión, se hacen valer de entrevistas a 20 personas en un estado de 3 millones de habitantes.
Estoy de acuerdo en que entrevistar a decenas personas para conocer un tópico o conflicto es una técnica válida en el periodismo –yo la he usado y lo seguiré haciendo–, pero del que se habla no es cualquier tema, es la invasión del país más poderoso del mundo con el presidente más peligroso que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo. No se puede tomar a la ligera la nota porque parece que allana el camino para que Trump ignore al gobierno mexicano y empiece a tirar bombas a diestra y siniestra en territorio sinaloense.
Parte del mismo pueblo estadunidense, e incluso el Times, han sido muy críticos de la actitud imperial de Trump, basta con ver el #NoKingsDay. No entiendo qué motivó este cambio en ese periódico que hasta lo llevaron a la portada.
Pero más allá de la técnica periodística, la propuesta no tiene sentido.
Si algo vimos con el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, donde resultó muerto, es que el gobierno mexicano puede realizar tareas altamente complejas. El Mencho era el líder criminal más poderoso de México, por encima de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa. Y para lograr su captura, México se ayudó de la inteligencia estadunidense. Lo reconocieron el gobierno mexicano y el de Estados Unidos. El binomio resultó exitoso.
Con ese precedente tan cercano y tan claro ¿por qué necesitaríamos que entraran las tropas estadunidenses directamente?
No hablaremos, esta vez, de la estrategia de tumbar líderes para que las estructuras se atomicen y aumente la violencia y el desorden, como sucede en Guerrero, Morelos o la Tierra Caliente; eso puede ser discusión de otra columna. Pero sí es importante entender que la entrada directa de Estados Unidos a nuestro territorio no garantiza la pacificación, y al contrario, sí puede provocar un debilitamiento de las fuerzas mexicanas y más muertes de personas inocentes, como ha pasado en otros países a los que invade Estados Unidos con cualquier pretexto que se le va ocurriendo al presidente en turno. Veamos la forma en la que el gobierno de Trump ha matado a presuntos traficantes de drogas en el mar. No hubo juicio, no hubo identificación real. Si Trump dice, es ley por orden del emperador. ¿Qué tan cerca estuvimos de que tomara Groenlandia?
La política de Estados Unidos contra las drogas busca matar o capturar a los traficantes. Si los detienen y se los llevan, entonces se vuelven testigos colaboradores, les quitan una parte de sus riquezas, pagan una condena moderada y se convierten en personas de bien. Negocio redondo para ellos; acá sólo nos dejan los muertos.
¿Cuando Estados Unidos- entra a una zona, en verdad pacifica? La experiencia de las guerras nos dice que no.
¿Qué sí me gustaría que sucediera? Que el gobierno mexicano redoblara los esfuerzos, que sea más efectivo en la lucha contra el crimen organizado, que limpiara este país de narcopolíticos, de corrupción; también, que Estados Unidos admitiera su responsabilidad como creador de la fallida “guerra contra las drogas”, que disminuyera su consumo local, que aumentara el control sobre las armas, que desmantelara de verdad el lavado de dinero criminal en su territorio y en el sistema financiero internacional.
Yo no me podía quedar callado. La vida de mi gente sinaloense está en peligro.

 

Una vez, hace muchos años, tal vez más de una década, en mi trabajo de reportero escuché a un científico mexicano decir que la mejor forma –o la única– de acabar con el problema del tráfico de drogas en México era que se incorporara a la legalidad. Y para ello tendrían que ser todas las drogas actualmente ilegales, o la inmensa mayoría. En ese entonces me hizo sentido su comentario, por ello lo recuerdo.
Eso fue hace una década. Hoy en día también estoy a favor de la regulación de las drogas ilícitas, pero ya no creo que esto acabe con el conflicto de seguridad que tenemos en México porque éste va mucho más allá de las drogas. Hay versiones que apuntan a que los ingresos de los grupos delictivos están tan diversificados que, en ocasiones, ganan más dinero con otras actividades ilícitas que con la venta de drogas. En Perú, me cuentan colegas, la minería ilegal se ha convertido en la gran entrada de dinero del crimen organizado.
En México también operan la minería ilegal, además de la extorsión, trata de personas, venta de cigarros, alcohol, control de las nóminas de ayuntamientos, control de la obra pública, fraudes turísticos, tráfico de especies en peligro de extinción, tráfico de maderas finas, casinos legales y clandestinos, prostitución, venta de alcohol, control de precios de productos básicos y muchas cosas más, según cada estructura delictiva.
Se han convertido en grupos armados y adinerados que están dispuestos a matar o desaparecer personas en cualquier momento, a la menor provocación o sin ésta. Operan como estructuras paralelas al Estado que en algunos territorios controlan la violencia y se imponen a las instituciones legales, sea por la fuerza, por la corrupción o por ambas.
Por eso es que sí se les tiene que combatir con energía. Desmantelar las empresas criminales mexicanas debe ser una obligación de todo gobierno, de todo Estado. Y se les tiene que atacar desde varios frentes, por supuesto: desde la red financiera territorial, nacional e internacional para evitar el flujo de dinero a través de bancos y criptomonedas; desde las conexiones con la narcopolítica y las corporaciones de seguridad civil y militar, como la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación que exhibió hace unos días el periódico El Universal y que incluía alcaldías, policías municipales, guardias nacionales y personal de la Fiscalía General de la República; hasta la detención y desmantelamiento de las estructuras físicas completas, acompañado de un proceso que en verdad atienda las causas y las resuelva.
Esto último es tan importante como los tres puntos iniciales y no menos complicado. Por más que el gobierno dice que atiende las causas, no se ven los resultados, y no se ven porque en realidad el gobierno no conoce cuáles son estas causas. Si me equivoco y en realidad sí las conoce, no muestra interés en acabar con ellas o no tiene la capacidad de hacerlo.
En columnas pasadas dije que al CJNG se le tenía que combatir porque su poder era tan grande que había zonas en las que ni los militares querían entrar.
Desde que inició la “guerra contra el narco” mexicano hemos perdido muchas vidas como sociedad, han desaparecido a mucha gente, se han gastado miles de millones de pesos en armas y equipo, y las estructuras criminales se han extendido, enriquecido, empoderado y adueñado de quién sabe cuántos kilómetros cuadrados.
Pero ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una nueva oportunidad para mejorar las condiciones reales de seguridad de este país. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es lo deseado, lo ideal es que hubiese sido capturado vivo y sometido a juicio; sin embargo, también envió un mensaje de que el Estado no está derrotado, de que no puede más el crimen que el gobierno.
La acción de las autoridades mexicanas estuvo precedida por una presión brutal del gobierno de Donald Trump y es algo que no se puede ignorar.
Hoy la presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de empezar un verdadero proceso de pacificación de México, más allá de la trampa e inútil “guerra contra las drogas” de Estados Unidos y del acoso de Trump. Puede empezar con atacar las causas reales de la violencia más allá de los apoyos sociales, transferencias que son positivas pero que no han detenido la cantera; puede revisar los flujos de dinero y cortar las maquinarias –hasta ahora– intocables de lavado de dinero y extorsión; puede derrumbar la infiltración política que les da poder, dinero y seguridad.
Claudia está en su oportunidad. Ojalá la tome y nos resulte favorable a todas y todos.

 

Si alguna conclusión en materia de seguridad ha sido generalizada esta semana en México, es que el gobierno federal ya no pudo con el conflicto criminal en Sinaloa, lo que ya habíamos adelantado en esta columna.
Han sido demasiadas tragedias en tan poco tiempo y tan ineficaz la acción de la autoridad, que nos hace creer que, de verdad, no estamos pudiendo con el reto que representan los grupos de la delincuencia organizada, ni siquiera enviando a miles y miles de militares, guardias nacionales y, como les dicen algunos, “policías de Harfuch”. Ni con toda la fuerza del Estado se logra calmar una zona en conflicto, una escisión de un cártel.
Recordemos el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya. Él aún se encuentra muy grave con un pronóstico incierto, y ella fuera de peligro pero con la pérdida de un ojo. El caso no ha sido esclarecido realmente. No se conoce el móvil.
La desaparición de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla, en Pánuco, Concordia, es otro caso de alto impacto. Las versiones más realistas, desde mi experiencia, son las que apuntan a la represalia de un grupo criminal por inconformidades en un proceso de extorsión. Ya localizaron e identificaron cinco cuerpos de estos trabajadores, pero aún falta la mitad. El gobierno federal se aventuró a decir que los confundieron, pero esa versión tiene poca credibilidad, por no decir que nadie se la creyó. Este caso en particular es extremadamente delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum porque puede ahuyentar cientos de millones de dólares en inversión extranjera inmediata y futura. ¿Quién quiere invertir en un lugar donde extorsionan y secuestran y matan a tus trabajadores? No muchos.
Apenas hace unos días asesinaron a Ricardo Misael, un estudiante de preparatoria, deportista, que salió de su casa a comprar un biberón para darle de comer a unos gatos que tomó en adopción, cuando se topó con las balas de un grupo criminal.
Cuatro hombres de una familia procedente del Estado de México fueron desaparecidos en Mazatlán, puerto que en este momento festeja el carnaval, la fiesta más importante del municipio. Iban en unos vehículos todo terreno cuando se les perdió el rastro.
Esta semana también hallaron a cinco personas privadas de su libertad en Ahome y abandonadas en Navolato. Unas tres horas de distancia por carretera y nadie los detectó.
Los criminales operan sin recato. No digamos a placer, porque la presencia militar los obliga a cambiar estrategias, pero éstas han sido más efectivas que la de la autoridad.
Esto pasa en una entidad donde domina el Cártel de Sinaloa, o lo que sea que éste sea. Una estructura delictiva compuesta de células y familias poderosas que a lo largo de los años han construido acuerdos –no aceptados– con las autoridades para mantener la llamada pax narca. Una entidad donde dominan tres, cuatro grandes facciones que no quieren perder dinero sino hacer negocio, y saben que la guerra no deja dinero.
Si esto pasa ahí, todavía más complejo será en Jalisco, donde está asentado el Cártel Jalisco Nueva Generación; lugar en que al Ejército ni siquiera se le permite entrar a zonas críticas sin ser atacado de todas las maneras posibles. El CJNG es la estructura más adinerada de México, con mejor armamento y aún más predispuesta a enfrentar a las autoridades mexicanas, y para ello se han armado con la mayor tecnología posible.
Mientras que en Michoacán y Guerrero hay una diversidad mayor de estructuras criminales y una orografía intrincada.
Es notable que Omar García Harfuch y el gabinete de seguridad tienen la intención de mejorar las condiciones de paz en México. Sueltan cifras de disminución de asesinatos que ellos controlan, difíciles de escrutar y creer cuando en las calles vemos tanta sangre derramada.
Inquieta saber que si en la zona donde han puesto todos los esfuerzos, donde Estados Unidos ha pedido más presión, donde incluso “se fue a vivir” García Harfuch y donde están acostumbrados a hacer acuerdos de pax narca con la autoridad en turno no han podido controlar el crimen, entonces qué podemos esperar de las otras regiones. La desesperanza.

 

Sergio Torres Félix es un político habilidoso. Comenzó su carrera política como líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Después entró a puestos de dirección del PRI, más tarde se hizo regidor de la capital de Sinaloa, diputado local, diputado federal, presidente municipal de Culiacán. Después abandonó el PRI porque no encontró más oportunidades dentro del partido y halló un lugar dentro de Movimiento Ciudadano; se convirtió en el presidente del partido en el estado y diputado local por el “fosfo fosfo”.
Como reportero local lo cubrí varias veces y hablé con él otras tantas en la sala de abordar del aeropuerto de Culiacán. Hoy se debate entre la vida y la muerte tras un ataque directo sufrido días atrás. También resultaron heridos el conductor del vehículo en el que viajaba y la diputada Elizabeth Montoya. Ella salvó la vida pero perdió un ojo.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ubicó a una célula de Los Chapitos como responsable del atentado y adelantó que pronto habrá más información sobre el tema. Lo menos que puede hacer la autoridad es procurar la justicia e informar qué motivó a una facción del Cártel de Sinaloa a cargar contra el presidente del partido naranja.
A Sergio Torres no se le ha comprobado vínculo alguno con el crimen organizado. Es verdad que en 2008 se le relacionó en publicaciones periodísticas con Javier Torres Félix, alias El JT, y con Ismael El Mayo Zambada, pero él lo negó en su momento y lo ha negado cada que se lanza a una campaña política. Tampoco ha habido pruebas que lo desmientan.
A Torres Félix le estaba saliendo bien su posición en MC. Dejó de ser, como dice el dicho, cola de león para convertirse en cabeza de ratón. El movimiento naranja le estaba dando ese espacio de notoriedad por el que había trabajado tanto tiempo; al partido también le convino que una persona como él, con liderazgo político, formación y estructura propia lo encabezara.
Pero cuando hay una escisión de la delincuencia cualquier cosa puede pasar. El río se revuelve, lo improbable parece posible, las traiciones se aceleran, las lealtades se ponen a prueba y los rivales se convierten en enemigos a muerte.
En este escenario de Mayos contra Chapos y de crispación política en el estado, vale la pena voltear a ver el lugar donde empezó la historia política de Sergio Torres: el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el STASAC, donde el político empezó desde abajo como barrendero.
Estamos a unos días de la renovación de la dirigencia sindical, una estructura que no maneja mucho dinero, pero sí tiene una fuerza importante en el modelo de votación corporativa municipal. Si quieres ganar elecciones en lo local, conviene tener a los trabajadores del STASAC de tu lado. El sindicato es importante para ganar el ayuntamiento de Culiacán, regidurías y diputaciones. Otro elemento destacado es que, de cuatro candidatos a dirigir el sindicato, dos de ellos se bajaron repentinamente de la contienda: el actual dirigente sindical, Julio Duarte Apán, y Manuel Espinoza Ramos, a quien ubicaban de favorito. Ha trascendido, sin comprobar, que ambos candidatos fueron amenazados por el crimen organizado.
Los dos candidatos que permanecen son Homar Salas Gastélum y Zayda Janeth Flores Manjarrez, esta última apoyada por Sergio Torres Félix. Un día antes del atentado contra Félix y Montoya, ambos legisladores dieron una conferencia de prensa en la que él dijo abiertamente a quién respaldaba: “(Que los sindicalistas) elijan de manera libre y sin presión de ninguna índole a quien será su próxima dirigenta o dirigente del STASAC… nosotros hemos hecho público nuestro apoyo a la doctora Zayda Flores desde hace meses”.
Si bien aún no hay elementos para asegurar que el ataque contra Sergio Torres está vinculado con la elección del sindicato del ayuntamiento de Culiacán, hay demasiados elementos coincidentes como para descartar esta hipótesis. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere dar con los responsables de este acto criminal, forzosamente tendrá que voltear a ver a la elección sindical.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es impredecible. Un día puede ser fan de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decirle que es una mujer increíble, y al día siguiente afirmar que el país no está gobernado por ella sino por las estructuras criminales y por eso tiene que ayudarnos con la seguridad de nuestra República.
Las justificaciones de Trump no tienen sentido. Ni en México ni en Venezuela ni en Groenlandia ni en Europa ni en Canadá ni en Colombia. Y no tienen sentido porque el objetivo es diferente al que nos anuncia. En Venezuela no tiene problema con el modelo chavista-madurista, tan es así que tras la acción militar para deponer al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, dejó intacta en el gobierno a la misma élite política que ha gobernado Venezuela en las últimas décadas. Entonces no, no es el narcotráfico, no es la narcopolítica venezolana el problema: es el deseo enorme de apoderarse de su petróleo y determinar con cuantiosas ganancias quién sí y quién no puede acceder a esa que es la reserva de combustible fósil más grande del planeta.
El gobierno de Estados Unidos asegura que nuestro país no hace lo suficiente contra el narcotráfico. En esencia tiene razón. Por eso tenemos el problema de seguridad actual, además de un crecimiento constante en narcomenudeo y consumo de drogas. Pero no es el problema de fondo. En consumo de drogas, en realidad Estados Unidos ha creado el problema y pretende que los mexicanos lo resolvamos. El caso más evidente es el del fentanilo. A través de la industria farmaceútica crearon una generación de consumo que ha sido cubierta por las estructuras criminales mexicanas. Entonces, para Trump, la única solución se encuentra fuera de sus fronteras. Hoy son México y Canadá, mañana serán Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina o cualquier otro.
A Trump no le interesa crear una política para disminuir el consumo y las adicciones de drogas ilegales dentro de su país. Eso es estrategia electoral. Utiliza el asunto como mecanismo de chantaje, como amague para intervenir países. En realidad ese ha sido siempre el verdadero rostro de la política de drogas de Estados Unidos: un intervencionismo justificado por ellos mismos.
Si Estados Unidos de verdad deseara que las estructuras criminales mexicanas disminuyeran su poder bélico, aplicarían control sobre las armas que Estados Unidos le vende a los cárteles mexicanos, pero no lo hace porque el negocio del armamentismo se impone cada vez que algún político tiene la intención de regularlo.
Más allá de la política intimidatoria del presidente estadunidense, en México tenemos un problema real con el crimen organizado. En las últimas dos décadas las agrupaciones delictivas han crecido, se han armado, han adoptado tácticas y equipo militar, se han apoderado de territorios, han diversificado sus negocios criminales y han crecido en influencia en la política mexicana.
Lo han hecho, sobre todo, a nivel territorial: mandos en policías municipales, militares, gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado. Ya sea que busquen información privilegiada, dirigir ataques a sus rivales, utilizar a policías como extensión de sus sicariatos o tomar a los presidentes municipales como marionetas a los que les pagan sus campañas a cambio de mantener el control sobre la nómina municipal, la obra pública y las corporaciones de seguridad. Pero los políticos no son víctimas, al menos no en la mayoría de los casos. A lo largo del tiempo hemos visto una complicidad sostenida entre políticos y crimen organizado. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los paradigmas más claros de los efectos de la narcopolítica mexicana.
Por eso, dejando a un lado lo que dice Donald Trump y sus deseos de intervencionismo, los mexicanos sí tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas, del crimen organizado y la narcopolítica.
Las estructuras políticas de los diferentes órdenes de gobierno han aplanado el camino para la consolidación y crecimiento de los cárteles, y mientras no se ataque esto en serio, no habrá manera de resolver el conflicto que ha dejado una cantidad espantosa de muertos y desaparecidos en nuestro territorio.

 

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, que ha dejado 14 personas muertas y casi una centena de heridas, marcará a la incipiente Cuarta Transformación. El tren es parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una obra iniciada por Andrés Manuel Lópe Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum Pardo. Y es la gran apuesta oficial del despegue económico a mediano–largo plazo, algo que aún está lejos de suceder.
Es la alternativa mexicana al Canal de Panamá porque conecta por ferrocarril los océanos Pacífico y Atlántico. Ofrece reducir los tiempos hasta en cinco días, comparado con el histórico puente acuático de Centroamérica. El tren será de pasajeros, pero principalmente de carga, y a lo largo de sus más de 300 kilómetros de vía se planea instalar una decena de parques industriales privados. El gobierno mexicano espera que este corredor aporte el 2.65% del Producto Interno Bruto nacional y que atraiga una inversión de hasta 50 billones de dólares.
En el equipo de investigación de El Universal conocemos bien el proyecto. Desde septiembre de 2024 publicamos una serie de trabajos encabezados por la reportera Alejandra Crail y acompañados por mí como editor donde se desvela una serie de abusos, delitos del crimen organizado y tropelías de las autoridades mexicanas. El ambicioso proyecto fue entregado por AMLO a la Secretaría de Marina con el cuento de que los militares y marinos son más honestos y eficientes, pero el tiempo, como hemos visto una y otra vez, nos ha demostrado que no es así, y que sólo hace que los derechos civiles y humanos sean violados con facilidad, además de que aumenta la opacidad y se complica la justicia.
La serie, llamada “Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia”, narra en seis grandes reportajes los planes del gobierno para convertir selvas en grandes áreas de concreto con lo que morirían miles de animales; la criminalización de los pobladores defensores del territorio y las falsas promesas de las autoridades; el acecho del crimen organizado a los habitantes para especular con los precios de los terreros, y la simulación del proceso de consulta a las comunidades indígenas que, por cierto, entonces estuvo encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La construcción del Tren Interoceánico estuvo llena de irregularidades y violencia. Por ejemplo, la lucha por el control transportista de la obra entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). La primera históricamente vincula al PRI, la segunda a Morena y dirigida por el diputado federal Pedro Haces. La confrontación estuvo marcada por balazos y acusaciones de homicidios mutuos.
Como ya se ha documentado en lo periodístico, la obra estuvo mal planeada, en buena medida por la presión y los tiempos establecidos por el gobierno de López Obrador. Los mexicanos sabemos que, cuando las cosas se hacen a prisas, algo saldrá mal, y cuando eso involucra la seguridad de los gobernados termina en tragedia, como sucedió.
Ya antes se había descarrilado el Tren Maya, aunque los funcionarios no aceptaron el término. En ese entonces no fue de la gravedad actual, afortunadamente. Y el Tren Maya también fue una obra enorme ejecutada con prisas: en el proceso murieron trabajadores.
El apuro por inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, llevó a que opere subsidiado, con pocos vuelos y sin la conectividad necesaria. El tren que lo conectará con la Ciudad de México aún no se concluye y su fecha de terminación la han tenido que aplazar en varias ocasiones.
López Obrador dijo que haría en seis años lo que otros hicieron en 12. Bueno, esa idea tuvo un costo que apenas comenzamos a ver. Y por eso la refinería de Dos Bocas tampoco funciona como debía ser, porque no ha tenido su proceso de maduración y se levantó más con caprichos presidenciales que con técnica.
Y ahora todo le empieza a reventar a Claudia Sheinbaum, como le reventó la Línea 12 del Metro de Cdmx cuando era jefa de gobierno en 2021, debido a una obra deficiente de otro antecesor, Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Economía en su administración.
Poco a poco Sheinbaum ha ido cortando con los lastres que le sembró su predecesor, pero todo indica que tendrá que acelerar el paso. En la tragedia del Interoceánico tiene que haber responsables. Y ella lo sabe.

Uno de los grandes hoyos de corrupción de este país se halla en las cúpulas sindicales, históricamente vinculadas con los gobiernos priistas. Es claro que el problema no se centra en la clase obrera, en los y las trabajadoras que se afilian a estos órganos en busca de una mejor vida, sino en las personas que dirigen estas estructuras desde lo más alto de la cadena laborista, y desde lo más bajo de las prácticas mafiosas.
Ninguno de los dirigentes sindicales fue un verdadero problema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco lo está siendo para el de Claudia Sheinbaum Pardo, al contrario: parece que se están adaptando muy bien a sus prácticas antidemocráticas. En cada uno de los grandes sindicatos de este país existen grupos disidentes que cuentan historias de horror. La periodista Zorayda Gallegos y yo hemos documentado sus corruptelas desde hace más de una década, y con el paso del tiempo hemos visto que las cúspides doradas de las uniones mexicanas no sólo no han sido tocadas o desarmadas, sino que se han fortalecido, se han ensanchando y se han enriquecido.
Víctor Fuentes del Villar, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) tiene 90 años de vida, 20 años en el cargo y fue reelecto hasta el 2031. Años atrás, le documentamos casas y apartamentos millonarios en Ciudad de México y el Estado de México, o vehículos de alta gama, como un modelo Audi utilizado por los hombres más ricos de países árabes petroleros. Asimismo, hemos mostrado un procedimiento de reclutamiento de personal que lo asemeja con un rey: los aspirantes deben de esperarlo en la calle, afuera de su oficina, a la expectativa de que él se fije en ellas y ellos y logren una oportunidad. El SUTERM tiene como patrón a la Comisión Federal de Electricidad.
Otro caso icónico es el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que antes fue dirigido por Carlos Romero Deschamps y después pasó a las manos de Ricardo Aldana. Deschamps fue un ícono de la corrupción sindical de este país, bolsas multimillonarias que gastaba a placer, viajes exóticos de sus hijos por el mundo y desvío de recursos para la campaña presidencial de Francisco Labastida, entre muchos otros escándalos. Cuando llegó López Obrador, solicitó que se le removiera, pero cambió para que no cambiara nada: asumió la mano derecha de Romero Deschamps, Ricardo Aldana, el que se encargaba de las finanzas y del manejo turbio de los dineros, como el del Pemexgate.
Apenas hace unos días, Zorayda Gallegos publicó en El Universal que el sindicato petrolero ha entregado más de 500 millones de pesos a una empresa que tiene la misma representante legal que una firma de los padres y un hijo de Aldana. Y apenas unos días antes, en N+Focus la periodista Alejandra Barriguete publicó que los hijos de Aldana vendieron más de mil 600 millones de pesos en diesel al gobierno federal. Lo increíble de esto es que ahora los hijos de los líderes sindicalistas son empresarios multimillonarios que tienen de cliente al gobierno con el que acuerdan sus padres.
Aldana también se reeligió para el periodo 2025-2030. En el acto de toma de protesta realizado a principios de este año, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que este sindicato era una organización democrática. La cúpula sindical de los petroleros tiene múltiples denuncias penales de sus agremiados disidentes.
Y lo mismo pasa con otros sindicatos históricos mexicanos alineados al PRI. Pero Morena rápidamente se ha allegado de sus propias estructuras sindicales, que tienen las mismas prácticas que las priistas.
Está, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que dirige Martín Esparza. Los trabajadores tenían como patrona a Luz y Fuera del Centro, una compañía que operaba en el centro del país hasta que el expresidente Felipe Calderón la eliminó de un plumazo y generó una crisis que aún tiene consecuencias. El SME ha estado más vinculado al ahora expresidente López Obrador, y tal vez por eso fue la sanción de Calderón. Pero el sindicato mantuvo la lucha y consiguió beneficios que lo han llevado a tener poder económico real. También arrastra una senda de denuncias de corrupción por el manejo de los dineros sindicales.
Pero las peores prácticas sindicalistas dentro del morenismo llegaron con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por el diputado morenista Pedro Haces. La fundó hace 15 años, y desde entonces se ha anclado cerca de Morena, López Obrador y Ricardo Monreal. En Oaxaca ha tenido denuncias diversas por ser una estructura sumamente violenta, pero recientemente se le relaciona con el crimen organizado.
Hace unos días, en Durango, autoridades federales capturaron a Édgar N, alias El Limones, líder en la CATEM Laguna y extorsionador ligado a Los Cabrera, una estructura delictiva que forma parte de la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.
Si el morenismo quiere que este país cambie, indistintamente tiene que pisar callos en el sindicalismo corrupto. Pero no lo ha hecho. ¿Lo hará?

 

El Cártel Jalisco Nueva Generación es la agrupación criminal más poderosa de México. Es más grande, fuerte y adinerada que el Cártel de Sinaloa. “Es un proveedor clave de fentanilo ilícito para Estados Unidos”, se lee en el informe Drug Enforcement Administration 2025 NTDA, publicado por la DEA en mayo pasado.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos –la fuente de información más recurrente sobre los cárteles mexicanos ante la carencia de apertura mexicana–, este grupo criminal opera en más de 40 países. “El cártel utiliza sus vastos recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México”, se expone en el documento.
El informe refiere que el CJNG tiene presencia en todo el país, incluso en Sinaloa, el hogar de su principal rival, al menos hasta hace un año, antes de que iniciara la guerra intestina de la estructura criminal sinaloense, y antes de que presuntamente se aliara con Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del estado.
La estructura criminal que lidera Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, vive el momento de mayor empoderamiento. Un crecimiento vertiginoso de menos de dos décadas. La organización criminal operó primero en las sombras, aprovechando los reflectores que les fascinan a los narcos sinaloenses y a la obsesión de las autoridades estadunidenses por ellos.
Pero el CJNG no ha tenido reparo en sus ambiciones, y eso tiene un precio.
Estados Unidos ya tiene en su poder a las piezas más influyentes de la criminalidad sinaloense: Joaquín Guzmán Loera, dos de sus hijos, Ismael Zambada García, Rafael Caro Quintero, entre otros. Ahora va por el CJNG, y lo dice en las conferencias y en los informes. No es ningún secreto.
Además, en México Estados Unidos tiene un aliado: el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, que cuando era funcionario de Ciudad de México estuvo a punto de ser asesinado en un ataque perpetrado por esta organización delictiva.
Las grietas del CJNG se empiezan a ver. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, desató una ira colectiva, y políticamente debilita al CJNG, presunto responsable del homicidio; hace unos días, y con ayuda de la DEA, 20 personas fueron detenidas por intentar asentar una “oficina” del grupo criminal en Madrid; en Sinaloa detuvieron a un líder de la agrupación que había llegado de Baja California.
Las grietas se empiezan a ver. No faltará mucho tiempo para que surjan más y mayores detenciones de estos capos. Es un proceso inevitable ante el crecimiento, empoderamiento y reto de la estructura al gobierno mexicano y al de Estados Unidos.
Jalisco se había vuelto un lugar impenetrable. Ya no lo es. Incluso, se han empezado a publicar reportajes que desvelan las formas de operar de la estructura, principalmente tras el descubrimiento del centro de entrenamiento y reclutamiento forzado en el rancho Izaguirre.
La integración de excombatientes colombianos, mercenarios expertos en explosivos y guerra, el intensivo reclutamiento forzado, el uso de redes sociales para engañar a los jóvenes han quedado exhibidos cada vez más a través de un medio u otro, principalmente los informativos fuera de Jalisco, ante el inminente riesgo que conlleva publicar en el estado.
Las corruptelas y alianzas con políticos y sindicalistas también se han exhibido.
Y aunque aún es el cártel más poderoso de México, no las ha ganado todas. En Michoacán ha avanzado territorio, pero los grupos locales le han hecho frente y han detenido su marcha. En Zacatecas se ha desatado una guerra total y el costo ha sido sangriento. En Guerrero también tienen fuerte presencia.
Ha trascendido que el gobierno federal espera el término de la guerra en Sinaloa para empezar a atacar al CJNG en sus dominios, sin embargo, esa batalla no tiene fecha de caducidad. Y son ellos, los “jaliscos”, como también les nombran, los que envían refuerzos para que esa guerra no termine. Tiene lógica.

 

La semana pasada fui invitado a una mesa de diálogo, una conversación pública realizada en Hermosillo, Sonora, dentro del Festival Internacional de Periodismo y Nuevas Narrativas Contar(nos). La mesa se llamó como el título de esta columna: “Los hilos invisibles del poder: Contar lo que se resiste a ser contado”.
En la charla estuvimos los periodistas Diego Enrique Osorno, Zorayda Gallegos y yo. Y hablamos de esos poderes que afectan a las sociedades mexicanas y de la región, y que por su fuerza política, económica y bélica son complejos de abordar.
Zorayda contó sobre una larga cobertura que ha hecho de las fuerzas armadas, en particular su más reciente serie de reportajes que abordan los abusos sexuales en la Defensa, un texto excepcional editado por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, director de Fábrica de Periodismo.
Diego comentó sobre su amplia obra de investigaciones presentadas en libros, donde ha abordado tópicos vinculados a la tragedia de la Guardería ABC –de Sonora–, los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, la biografía de Carlos Slim –en ese momento el hombre más rico del mundo– o su trabajo con los zapatistas.
Yo conté sobre algunos reportajes que me ha tocado hacer, y otros más acompañar. Pero sobre todo, relaté algunas anécdotas que nos ilustran con palabras lo que realmente pasa en este país, un México tomado en buena parte de sus territorios por el crimen organizado, o por poderes fácticos, que van desde los empresariales hasta los “sindicales” y religiosos.
Una de esas remembranzas que conté en el evento organizado por las hermanas Paty y Olivia Godoy, tiene que ver con un falso sindicato en Acapulco, Guerrero, que se hace llamar “el sindicato de poda”.
La historia me la contó un conductor de Uber que tiene un domicilio en el lugar. Cuando entré a internet a buscar información sobre esta organización, encontré noticias de años atrás, donde vecinos se quejaron de esta estructura criminal. La información es de finales de 2021, pero según lo que me contó el chofer de la aplicación, el supuesto sindicato sigue.
Me explicó que este grupo no es un sindicato realmente, que ese es el nombre fachada de operación, y en realidad es “la maña”, es decir, la criminalidad. Llegaron sin previo aviso a tomar las instalaciones del fraccionamiento donde este señor tiene una vivienda, un lugar donde quiere vivir sus años de retiro. No pidieron permiso, no solicitaron una reunión vecinal, no son parte de la vecindad, simplemente se apropiaron del control de la entrada del fraccionamiento y empezaron a cobrar.
Piden cuota por entrar al lugar, por usar la alberca, por el número de carros por vivienda, por llegar de visita, etcétera. Cuidado con aquellos que no paguen la cuota de mantenimiento porque los castigos no se resuelven con un apercibimiento o un mensaje por Whats. Eso sí, dice el conductor de Uber, son muy trabajadores: tienen la privada limpia y la cuota no le parece alta; anda en los 400 pesos por vivienda.
¿Es una extorsión del crimen organizado? Claro que sí. ¿Es ilegal? Obvio. ¿Lo sabe la autoridad? Por supuesto, y los deja operar. ¿Los vecinos se sienten inseguros? Unos sí y otros no.
Y justo decía que los poderes criminales –los fácticos, en general– cada vez toman más áreas de poder en México. Al menos así fue en el sexenio pasado y es evidente que en este, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, están intentando recuperar.
El país vive una asfixia que cabalga. En Jalisco, el cártel que lleva el nombre del estado lo ha convertido en su lugar seguro. Un sitio con el primer lugar en desapariciones pero con un modelo extremo de pax narca. El control de esta estructura criminal es total, y va mucho más allá del negocio de las drogas: en realidad, han diversificado tanto los negocios criminales que se cuentan por decenas.
En Michoacán extorsionan a los limoneros, a los aguacateros y a todo aquel empresario o productor que la maña determine. Ahora, lo más reciente, el crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hombre que se hizo famoso en México por su decidida actitud para enfrentarse con la criminalidad.
En Sinaloa, la fragmentación de la estructura criminal más antigua de México ha provocado miles de muertos y desaparecidos. La diversificación del negocio criminal es tan evidente como en Jalisco. Y a pesar de un decidido ataque oficial, las facciones del Cártel de Sinaloa no han podido ser sosegadas.
Los poderes en este país operan a placer, y este gobierno federal sí quiere recuperar el control. La duda es si lo podrá lograr. Ojalá.

 

Pemex, tenemos un problema. Poco a poco, año tras año, la empresa del gobierno ha dejado de ser la gran proveedora del presupuesto público, la gallina de los huevos de oro, para convertirse en un serio problema para las finanzas nacionales.
En el estudio El rompecabezas financiero de Pemex: deuda, liquidez y presupuesto, publicado por México Evalúa en septiembre pasado, se explica que la empresa más importante del país deberá cubrir en dos años 23.8 mil millones de dólares en vencimientos de deuda, equivalentes a 450 mil millones de pesos (mmdp). Y si se suman los adeudos con proveedores y otras obligaciones financieras de corto plazo, el total llega a los 960 mmdp, lo que representa 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
La organización civil explica que las obligaciones de deuda repercuten en el gasto de inversión productiva. “La realidad es que las obligaciones financieras de Pemex ya absorben más presupuesto que la inversión en exploración y producción. En 2026, por cada peso que Pemex use para pagar su deuda, sólo podrá destinar otros 87 centavos al negocio productivo”, se lee en la publicación.
La carga económica de la empresa, dirán los partidarios de la 4T, viene por los malos manejos de los gobiernos priistas y panistas, pero aunque sea así, es un hecho que con el actual régimen no se le ha podido sacar adelante, a pesar de las enormes cantidades de dinero público que se le han inyectado.
Además, el conflicto con Pemex no sólo es económico, también es ambiental.
Entre 2008 y 2023, Pemex ha contaminado 777 sitios por derrames y fugas de hidrocarburos, como publicó en El Universal la reportera Alejandra Crail. Si bien la mayoría de estos lugares cuentan con un programa de remediación, únicamente se ha subsanado 14 por ciento de los daños provocados. Los estados con más contaminación son Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Justo este último acaba de sufrir un derrame de la petrolera sobre el río Pantepec, municipio de Álamo Temapache. Los daños todavía no se han cuantificado, pero la contaminación se extendió rápidamente, lo que puede provocar que afecte a los humanos y, también, a los animales, las plantas y el subsuelo. La información se obtuvo del inventario nacional de sitios contaminados y remediados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los humanos vivimos un momento complicado en nuestra relación con el medio ambiente. Aunque tenemos el cambio climático sobre nosotros, a pesar de que los veranos e inviernos se intensifican, las lluvias nos ahogan con fuerza, el deshielo sube el nivel de los océanos y se comen las playas, no hemos entendido el mensaje. Muchos animales han muerto por la contaminación de petróleo y gas de la empresa mexicana.
Esta semana, Greenpeace publicó un comunicado al que tituló “Pemex: más siniestros, más contaminación, menos rendición de cuentas”. En el texto, firmado por Pablo Ramírez, se afirma que “los siniestros no son accidentes aislados, son parte de la operación de la industria fósil”.
Se expone que en el periodo 2020-2022 estos desastres ambientales en instalaciones de Petróleos Mexicanos aumentaron 152 por ciento; también aumentó la gravedad de los siniestros en 126 por ciento.
Es importante comentar que, de acuerdo con el análisis de Greenpeace incluido en el comunicado, junto con Pemex también han contaminado empresas privadas de trenes, automovilísticas, de comunicación, transporte y, por supuesto, combustibles.
De estos casos, 22.6 por ciento “no cuenta con un programa de remediación, responsabilidad de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”, remarca.
Uno de los elementos más destacados que aborda Greenpeace es que los derrames de Pemex ocurren por la falta de mantenimiento “en infraestructura que ha estado funcionando por varias décadas”.
Y justo este último punto es de los más preocupantes: la infraestructura de la empresa del Estado mexicano se ha hecho vieja y, como sucede con las tuberías de las casas antiguas, cada vez se complicará más la operación. Si Pemex no remedia hoy, como no lo ha hecho, el futuro será más riesgoso para los humanos, los animales, las cosechas, los océanos, el aire. Y de eso todos tenemos que hablar, por economía y por nuestra salud.