En su primer año de gobierno, a Claudia Sheinbaum Pardo le ha ido mejor que a Andrés Manuel López Obrador, su mentor. No tengo duda que lo ha hecho mejor que él. Y hay mucha gente que lo cree. En una encuesta de Enkoll para el periódico El País se hizo el comparativo. La pregunta fue “¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?” Ella logró 78 por ciento de aprobación, mientras que él obtuvo 72 por ciento. Y vaya que AMLO fue popular.
Es verdad que López Obrador fue el que allanó el camino para que Claudia llegara a la silla presidencial, y también es el creador de este modelo exitoso de la llamada Cuarta Transformación apalancado en los programas sociales. Pero un gran mérito de la presidenta ha sido tomar las políticas exitosas del tabasqueño, aumentar algunos programas sociales e incluso corregir los errores del expresidente sin decir que corrige los errores del expresidente. Por convicción o conveniencia, a AMLO no lo puede tocar.
Cuando Enkoll hace la pregunta “¿Cuál considera que es el principal logro de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?”, la respuesta con mayor repetición apunta a los programas sociales: el apoyo a adultos mayores, mujeres, indígenas y becas de estudios.
El combate a la inseguridad se ve, pero la gente aún no siente que se avance. Y es que sólo 7 por ciento lo considera un logro destacado, mientras que 52 por ciento piensa que la inseguridad y el narcotráfico son los principales retos de México. También contrasta el hecho de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sea el elemento del gabinete con más aprobación: 77 por ciento lo reconoce, apenas 1 por ciento menos que a Sheinbaum.
Y este contraste de cifras aparentemente contradictorias nos muestra, por un lado, un secretario popular al que se le ve en el terreno enfrentando a la delincuencia, y por otro una realidad que muy poco ha cambiado a pesar de los esfuerzos. Como lo hemos dicho en esta columna, le echan ganitas, pero simplemente no cambian las cosas. Aún.
Y ese es uno de los diferenciadores con López Obrador: mientras en el sexenio anterior se anclaron a la fallida política de los “abrazos, no balazos”, que en realidad fue una estrategia de cero actuación, de brazos caídos, en este gobierno sí se ven acciones de inteligencia, coordinación mayor con las agencias de Estados Unidos –aunque no lo quieran reconocer en su magnitud–, operativos de detenciones y mayor presencia de seguridad. Sea con marinos, militares, guardias nacionales y preventivos federales. Y, eso, confío, hará una diferencia en el mediano plazo.
El combate a la corrupción es otro elemento que con López Obrador tampoco se tocó. El expresidente se basó en una política de la venda en los ojos, en creer que si él no era corrupto, los demás tampoco lo serían; en predicar con el ejemplo. Algo que no salió muy bien.
La oposición no cree que AMLO no sea corrupto, pero en la actualidad no tenemos elementos para acusarlo de ello, mientras que personajes muy cercanos a él ya se han vuelto indefendibles. Y esto es otra diferencia con la presidenta.
El primero y más destacado personaje ligado a la corrupción es Adán Augusto López Hernández. AMLO lo llamó “hermano” en muchas ocasiones; se conocen tan bien, que dicen personas cercanas que el padre de Adán también fue una especie de segundo padre de Andrés. López Obrador trató en serio de convertirlo en presidente, pero Adán no dio el ancho. Primero lo convirtió en gobernador de Tabasco, después en un poderoso secretario de Gobernación, más tarde lo hizo presidenciable, y una vez que no despegó, lo impuso como coordinador de senadores de Morena.
El escándalo de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad con Adán Augusto y líder del grupo criminal La Barredora, lo dejó salpicado de corrupción. Esto, además del escándalo difundido por N+ de Televisa que reveló ingresos no declarados y no justificados del senador tabasqueño.
Otro gran escándalo que diferencia a la presidenta es el combate a la estructura de corrupción del “huachicol fiscal”, así sea en las protegidas fuerzas armadas. La realidad es que esto ha tocado a las más altas estructuras de la Secretaría de Marina: dos sobrinos del ex secretario, Rafael Ojeda Durán, como los grandes operadores de una mega estructura de corrupción y crimen organizado. ¿Ojeda lo sabía? Sí, claro. Hay todos los elementos para creerlo. ¿Ojeda los apoyó? No lo sabemos, pero es difícil de creer que hayan crecido tanto sin el aval del tío Rafa.
Claudia va mejor que Andrés.

 

Claudia Sheinbaum Pardo nunca va a darle la espalda a Andrés Manuel López Obrador. Es algo que todos tenemos claro, y ella lo ha reiterado una y otra vez. Es su “padre político”, su mentor. Ella está segura de que el tabasqueño es honesto, se le nota convencida. Pero los cambios en materia de seguridad y combate a la corrupción emprendidos en el primer año de la presidenta marcan un distanciamiento claro entre ambas formas de gobierno, e incluso muestran las omisiones y malas decisiones que se tomaron durante el primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Está, como primer ejemplo, el combate urgente a las estructuras delictivas. En esta columna hemos ido monitoreando la estrategia de seguridad apuntalada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hombre de confianza de la presidenta. Y aunque es visible que aún no se han obtenido los resultados que desea la sociedad mexicana –por más cifras halagüeñas que se muestran en las conferencias matutinas–, el cambio de rumbo en la estrategia es más que evidente. El combate frontal a las estructuras del crimen organizado en Sinaloa es significativa muestra de ello. Y aquí podemos medirlo de diversas maneras. Si pensamos en el proceso de pacificación, es claro que la estrategia no ha sido exitosa, la mejor prueba es que se tuvo que suspender el festejo del Grito de Independencia del gobernador Rubén Rocha Moya por segunda ocasión; pero si pudiéramos medir la contención del crecimiento del crimen organizado, tal vez encontraríamos mejores resultados: cercar a las estructuras delictivas provoca que no se ensanchen, y eso sí lo ha hecho bien este gobierno, aunque sea con el Cártel de Sinaloa. Esto es algo que no se hizo en el gobierno de AMLO; por el contrario, los dejaron crecer a placer.
El segundo ejemplo es el de Hernán Bermúdez Requena. La investigación abierta contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco ha desatado una serie de dudas razonables. Sobre todo porque el Ejército lo advirtió desde el gobierno de López Obrador, y aunque ahora se habla de que sí iniciaron una investigación, la realidad es que ha levantado sospechas serias sobre el posible involucramiento y conocimiento de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y actual líder de los senadores de Morena. El “hermano” de López Obrador, dicho por el propio expresidente. La decisión de Sheinbaum de ir contra Bermúdez Requena, sabemos, puede obedecer a la fuerte presión de Estados Unidos, pero también al deseo de la presidenta de no tolerar en su gobierno las peores prácticas, así sean herencias de su mentor.
El tercer ejemplo es el de huachicol fiscal. Un problema que también viene del sexenio de López Obrador y que no fue cortado entonces. Las versiones oficiales no cuadran, pero las están haciendo cuadrar con el paso del tiempo. AMLO prometió acabar con el huachicol, pero no pasó; prometió acabar con la corrupción, y tampoco pasó. Sobre las aduanas dijo que se las quitaba a las manos civiles y se las entregaba a las militares-navales porque ellos sí eran honestos: nada más falso. Ahora sabemos que varios marinos y civiles estaban involucrados en una de las tramas de corrupción más impresionantes de las últimas décadas. Mafia real.
Si hay algo claro en los estudios anticorrupción, y se le dijo a AMLO, es que no debes exponer a marinos y militares a la ambición de la corrupción. Las aduanas son una fuente prácticamente inagotable de dinero y de tráfico ilegal, por eso siempre le recomendaron que no pusiera en ese sitio a uno de los últimos fuertes que le quedaban al Estado mexicano. Como saben, López Obrador no hizo caso y ahora tenemos los resultados: la Marina atraviesa uno de sus peores momentos de reputación y credibilidad. Este es un golpe necesario, del que se tardará décadas en recuperarse, si sucede.
Es verdad, sea por convicción o por conveniencia política electoral, López Obrador repartió dinero a los sectores más vulnerables y ayudó a que millones de personas salieran de la pobreza, pero su descuido a los temas de corrupción y seguridad es, por decir lo menos, lamentable.
Ahora Claudia Sheinbaum, sea por jugada política o decisión de cambio, está dando un golpe de timón en la estrategia gubernamental, y en este viraje inevitablemente ya no serán ni Felipe Calderón ni Enrique Peña los señalados, en realidad será el gobierno de su mentor: Andrés Manuel López Obrador. Lo quiera o no la presidenta.

 

La definición de junior que aparece en el diccionario es “pospuesto a un nombre propio de persona para indicar que ésta es más joven que otra emparentada con ella, generalmente su padre, y del mismo nombre”. Pero para mí es un tanto más amplia. En mi visión, para ser un junior no hay edad. Puedes serlo en la adolescencia o en la vejez. Puede ser que lo seas desde niño y hasta el último día de tu vida. Y también puedes ser el junior de uno de los hombres ricos o ultrarricos de México y el mundo, o no tanto; puedes ser el consentido de papá o mamá, o creer que lo eres, y con esto último basta para asumirse como tal. Ubico a un junior como aquél que no hace mucho esfuerzo para obtener lo que quiere; al final siempre estará la sombra de su padre o madre detrás. Alguien que no luchó por las cosas que posee, sino que le fueron heredadas y cree que las merece sólo por el hecho de haber nacido. A lo largo de mi vida también los he ubicado como “hijos de papi”.
La reflexión viene a cuentas por el papel que ha jugado durante años Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, hijo de Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido Morena y expresidente de México.
Morena, poco a poco, se convierte en lo que juró combatir: un partido de juniors, de castas, de tribus, de familias, de élites, de apellidos, de nomenclaturas.
Sin tener ninguna experiencia real curricular, Andy se convirtió, de golpe, en secretario de organización del partido más poderoso de México. Su único aval es su apellido. Pero como en toda organización con estructura caciquil, eso es suficiente para llegar a las más altas posiciones. El “orgullo de mi nepotismo” priista renacido en Morena, el verdadero nuevo PRI que nunca logró cuajar tras la derrota de Francisco Labastida ante Vicente Fox en el año 2000.
Decenas de veces escuché de la supuesta gran capacidad de López Beltrán para operar y acordar con gobernadores y políticos, cualidades que hoy en día brillan por su ausencia. Supongo que no es lo mismo operar cuando tu padre es el presidente de México que cuando se fue a su rancho de Palenque, Chiapas.
Andy ha perdido sus primeras batallas, y las iniciales son las más importantes. Por eso los gobernantes se fijan tanto en el primer día de gobierno, en la primera semana, en el primer mes y, por supuesto, en los primeros cien días. Andy perdió sus primeras elecciones, en particular la de Durango.
No se le conoce un gran discurso, no se anima a polemizar en la red social X, no realiza actos masivos; se esconde detrás de las estructuras de los gobernadores que le deben los cargos a su papá.
Y lo que sabemos de él son lujos, excesos. Todo lo que combatió su padre, estemos o no de acuerdo con sus políticas y decisiones. A la primera oportunidad, Andy se fue a vacacionar a Japón y cuando fue descubierto por el columnista Claudio Ochoa escribió la carta de la ignominia, donde afirmó que él mejor que nadie sabe de austeridad, que sus opositores mandaron espías a fotografiarlo, que sus vacaciones suceden después de “extenuantes jornadas de trabajo” y que gastó nada más 7 mil 500 pesos por noche con desayuno incluido. No dijo nada, claro, de la cena de más de 47 mil pesos en Tokio, dada a conocer –con facturas– por Aristegui Noticias, ni de sus compras en tiendas de marcas carísimas.
Esto se suma a la historia publicada sobre la influencia ejercida en el gabinete de su padre. Y en el actual, por supuesto. Hace poco, el periodista Daniel Lizárraga y Quinto Elemento Lab publicaron que el cargo en Morena no ha sido impedimento para que el heredero del apellido continúe con sus actividades empresariales. Abrió un nuevo bar de vinos en Guadalajara. En El Universal publicamos tres días atrás que López Beltrán ha realizado 96 viajes en México bajo su puesto en Morena, pero ninguno ha sido transparentado: ¿cuánto gastó en vuelos?, ¿alguien lo acompañó?, ¿viajó en asientos de primera clase?, ¿en qué hotel se hospedó?, ¿rentó coche? Muchas preguntas quedan en el aire, sin importar que se trata de recursos públicos. Morena ha optado por la opacidad.
Andrés Manuel López Beltrán –como quiere que le llamen y no Andy, aunque todos le digan así– se ha convertido en la contradicción de su padre, Andrés Manuel López Obrador y, con ello, en la contradicción de lo que ellos mismos han bautizado “la Cuarta Transformación” de la vida pública de México.

 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es uno de los mandatarios más claridosos frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él “no fue elegido como emperador del mundo”, dijo hace unas semanas de su par estadunidense.
El gigante sudamericano es uno de los países más castigados con aranceles por el republicano. Trump está obsesionado con lograr que su aliado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y rival de Lula, sea exonerado del proceso penal que cursa, y ha dicho que se trata de una “cacería de brujas”. Este tema ha llevado a Trump a imponerle a Brasil un aumento de 50 por ciento en aranceles, el más alto del mundo. Otro elemento de motivación es la presencia y protagonismo del país sudamericano en los BRICS, una asociación política-económica conformada principalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hace frente al G-7, conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos.
La intención de Trump es metalegal: hacer que un país que no es el suyo elimine un proceso judicial a un amigo suyo y, aún peor: imponer una represalia contra dos pueblos, Brasil y Estados Unidos, por su capricho.
Pero esto es sólo un elemento de los muchos que nos ha mostrado el multimillonario inquilino de la Casa Blanca. Otro caso es el de Israel y Palestina. Además de apoyar sin medida a Israel en su ataque militar a Palestina, en los hechos también respalda el bloqueo alimenticio que Israel ha impuesto sobre la Franja de Gaza. Apenas Canadá declaró que estaría dispuesto a reconocer a Palestina, se fue contra el país con el que comparte su frontera norte.
“Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina. Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos. ¡Ay, Canadá!”, tecleó Trump en su red Truth Social.
Después de esto le impuso un arancel de 35 por ciento, más alto que el de 25 por ciento a México. Y justo nuestro país no siente lo duro sino lo tupido con el magnate de los campos de golf. Además de insultar a los migrantes mexicanos y latinos de forma recurrente, Trump y su gabinete amenazan a México con declaraciones que dejan claro que no tienen la menor intención de respetar nuestra soberanía nacional. Su gobierno no cumple el Tratado de Libre Comercio (TMEC), que es ley, y un día sí y otro también anuncia una nueva sanción económica, sea un arancel al tomate, un amago a las empresas automotrices para que abandonen México, un alto a las importaciones de carne o el sinsentido “impuesto al fentanilo”.
Donald Trump culpa de sus desgracias y de los problemas de Estados Unidos a todos los países del mundo que no se someten a sus decisiones, a sus órdenes y sus volubles caprichos, pero no observa al interior de su gobierno sus propias decisiones.
Por un lado está muy enojado, según él, con la actuación de los cárteles del crimen organizado mexicano, pero no detiene el tráfico de armas que alimentan a los cárteles ni busca frenar de forma integral el consumo de drogas en su país; por un lado está preocupado por la evidente falta de democracia en Venezuela, pero por otro no tiene conflicto con la dictadura que impulsa Nayib Bukele en El Salvador.
Apenas ayer, Trump ordenó desplegar dos submarinos nucleares en regiones que afectan a Rusia tras unos comentarios “altamente provocadores” del expresidente Dmitri Medvédev.
“Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas; espero que este no sea uno de esos casos”, comentó Trump en la red de su propiedad.
El presidente estadunidense ha presionado a Rusia para que acepte un acuerdo de alto al fuego con Ucrania, a la que llevó a la guerra, pero la nación presidida por Vladimir Putin no ha aceptado y se ve poco probable que lo haga. Ante este escenario, Trump dio un ultimátum a Rusia para aceptar, plazo que fue rechazado por Medvédev con una frase que provocó la reacción del multimillonario gobernante estadunidense: “Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra”.
Por eso la valoración del presidente de Brasil es hoy más importante que nunca. Por el tamaño del país, por la posición geopolítica, por la experiencia e historia de Lula.
El brasileño tiene razón: Trump no fue elegido como emperador del mundo, fue votado como presidente de Estados Unidos, poderoso, líder, punta de lanza, pero un país más del mundo que todos habitamos.

 

DE NORTE A SUR

Silber Meza

Hernán Bermúdez Requena fue el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández cuando éste fue gobernador de Tabasco. El jefe policiaco ya traía una historia con otros partidos políticos, pero con la Cuarta Transformación llegó al cénit. De acuerdo con los archivos militares que se pueden leer gracias a Guacamaya Leaks –la megafiltración de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional–, al mismo tiempo que era secretario del gabinete estatal, Bermúdez Requena era líder de La Barredora, una organización criminal aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La información se conoció desde octubre de 2022, pero fue descalificada automáticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dejó de referirse a López Hernández como su hermano y apoyarlo para llegar a la Secretaría de Gobernación e, incluso, animarlo a ser precandidato a la Presiden-cia de la República. AMLO calificó de “fantasía” y “chismes” los reportes de las áreas de inteligencia del Ejército mexicano, uno de los aparatos más robustos que existen en el país.
El Ejército no hizo un solo un informe, fueron 16; 16 documentos en que los militares dejaron plasmada la relación criminal de Bermúdez Requena con el crimen organizado que el gobierno federal presuntamente combatía.
Con el cambio de gobierno de Tabasco y del federal, la protección a Bermúdez Requena se acabó. Hoy tiene una ficha roja de Interpol. Huyó de México en enero pasado, cuando lanzaron una orden de aprehensión en su contra. Se le busca en Panamá, España, Brasil, entre otros lugares de todo el mundo.
En la conferencia mañanera presidencial de este viernes se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si era cierto un trascendido de que Bermúdez Requena había muerto en Panamá, pero declaró que no se tiene esa información confirmada. También instó a Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, a que diera su versión sobre su ex secretario de Seguridad, ya que no había aparecido desde que el escándalo estalló hace unos días.
Horas después, Adán Augusto escribió en su cuenta de X: “Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación. Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”.
El mensaje lo acompañó de una tabla estadística delictiva a la baja. Adán Augusto intentó mandarnos un mensaje de capacidad contra el crimen, pero los que somos de ciudades con altos índices de violencia sabemos que el único momento en que disminuye en este país es cuando al crimen se le deja operar o, como se acostumbra decir, cuando hay pax narca.
No sabemos cuáles son las razones que hicieron que Sheinbaum aprobara la orden de aprehensión contra la mano derecha de Adán Augusto; no lo ha querido hacer con los gobernadores de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pero sí optó por dar luz verde contra el político que más protegió López Obrador, su hermano por elección. Sea por presión de Estados Unidos o por calmar las conocidas contras que le juega López Hernández, lo sabremos en poco tiempo.
La evidencia la debió conocer López Obrador, sin duda, pero a saber por qué razón decidió no escuchar a los militares, los mismos en los que confió casi de forma ciega. Uno de los informes filtrados por Guacamaya Leaks coloca así la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco:
Bermúdez Requena en primer lugar: “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hernán Bermúdez Requena (a) El Comandante H (Srio. De SS Y PC de Tabasco), Juan (a) JJ. Jefe del CJNG en Macuspana, Carlos Tomas Díaz Rodríguez (a) Tomasin, Asesor de la SSPC; Euler Rubalcaba Colorado (a) Comandante Rayo, líder del CJNG (recluido en el CERESO Las Palmas, Cárdenas, Tab)”.
En otro documento militar que daba seguimiento a criminales en Tabasco, se consignó que en Villahermosa “el Cártel está subordinado a la ley representada por Hernán Bermúdez Requena (a) El H, Secretario de Seguridad Pública a nivel Estatal”.

Ha pasado suficiente tiempo para revisar y evaluar las acciones del gobierno federal en Sinaloa, y el balance es negativo. Lo tomaron como bandera, como símbolo de la nueva estrategia de seguridad; una que sí se animaba a topar a los delincuentes, una que no les rehuía con el “abrazos no balazos”, una que además incluía programas sociales y prometía atender lo que ellos llaman “las causas de la violencia”, pero que en realidad nadie sabe cuáles son porque nunca hicieron un estudio al respecto.
Y permítanme referirme sólo al gobierno federal en esta columna porque el terreno local está, en los hechos, vencido. La batalla interna del Cártel de Sinaloa se ha agudizado en Culiacán, y allí el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil es un fantasma que deambula por las calles de la ciudad protegido por un equipo de seguridad que lo mantiene preso de sus miedos. El gobernador Rubén Rocha Moya muchas veces ha sido acusado públicamente de tener vínculos con el narcotráfico, y aunque nunca se han dado a conocer pruebas de ello, el mandatario tampoco ha logrado convencer a la gente de que esos dichos son falsos. Se comenta en las calles y en los cafés. El simple hecho de que el mismo día en que privaron de la libertad a Ismael Zambada García él haya tomado un vuelo privado sin aviso previo para viajar a Estados Unidos se ha convertido en una mala broma.
La esperanza de poner orden en el país y dar seguridad a los mexicanos cada vez se aleja más. Dentro del equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum –ha trascendido– se planeó pacificar primero a Sinaloa, que sus grupos controlan buena parte del norte de México, para después ir por el Cártel Jalisco Nueva Generación, convertido en el grupo criminal más grande y poderoso del país y que mantiene una enorme derrama de sangre en más de la mitad de la República. Sin embargo, ni una cosa ni la otra. Lo intentan, pero simplemente no pueden.
Y sí, las cifras de los primeros 10 meses de acciones del gobierno federal en Sinaloa son impresionantes: mil 184 personas detenidas, 2 mil 913 armas de fuego aseguradas, 239 granadas y 4 mil 889 artefactos explosivos. También, mil 889 vehículos presuntamente utilizados en hechos delictivos y 2 mil 71 vehículos con reporte de robo recuperados.
Pero esto no ha podido detener la cifra de personas asesinadas: más de mil, y casi dos mil desaparecidos. Tampoco el miedo constante en la población, la cancelación de la vida nocturna, el descalabro económico que abarca cientos o miles de negocios cerrados, el crecimiento del endeudamiento de las personas sin trabajo y la caída del precio de las viviendas porque, simplemente, poca gente está dispuesta a vivir en una ciudad donde la vida se puede perder en cualquier momento con el simple hecho de salir a comprar un pan, ir a la escuela o al trabajo.
Y los indicadores que nos llevan a creer que la estrategia ya es un fracaso son muy simples: han enviado a miles de militares al estado, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha ido a vivir a Culiacán por temporadas; han topado al crimen; Estados Unidos ha presionado de forma impresionante; han aumentado la inteligencia policial; Sinaloa se ha convertido en bandera de la estrategia; el gobierno es de Morena –el partido gobernante– y los homicidios no han bajado, por el contrario, se han incrementado: junio fue uno de los tres meses con más muertos en la historia registral de la entidad; el robo de vehículos también ha crecido; los pobladores que han podido se han ido del estado; hace unos días aparecieron 20 muertos en un solo hecho, una masacre, y hubo 30 en un solo día. No han detenido a ninguno de los líderes reales de las estructuras criminales en disputa: ni de los chapos ni de los mayos. Además, los grupos criminales no han sido menguados, siguen con un poder criminal y económico que apenas estamos dimensionando. Esto, sin mencionar que se unieron dos estructuras más a la batalla: El Chapo Isidro en alianza con los mayos y el CJNG con los chapos.
Tuvo razón el general de División de Estado Mayor Francisco Jesús Leana Ojeda, ahora recién nombrado comandante del Ejército mexicano, cuando el año pasado se sinceró y dijo en Culiacán, a un lado de Rocha Moya, que la violencia no dependía del Ejército, sino de que los cárteles dejaran de pelear entre ellos.

 

DE NORTE A SUR

La violencia sexual en el Ejército mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional es indignante, y tiene que detenerse. La investigación realizada por Zorayda Gallegos con una beca del prestigioso Pulitzer Center, editada por Ignacio Rodríguez Reyna y publicada esta semana en El Sur, Fábrica de Periodismo y El Universal, nos ha dado una muestra de lo que sucede en los cuarteles de forma sistemática y, desgraciadamente, impune en la mayoría de las ocasiones.
Después de leer las tres partes del reportaje, la reacción que más me ha asombrado es la de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que en vez de condenar lo que allí sucede, brevemente dijo tras una pregunta directa en la conferencia mañanera: “Sí, tiene su protocolo (para atender los casos en) la Sedena, y están haciendo buen trabajo”.
Sheinbaum, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ha afianzado buena parte de su gobierno en las fuerzas armadas, y ha decidido no incomodar a sus generales y almirantes; muy por el contrario, les ha entregado grandes concesiones presupuestarias y de infraestructura: aeropuertos, trenes, aduanas y grandes centros turísticos, entre muchos otros.
El trabajo periodístico mencionado nos muestra que en los últimos 12 años la Fiscalía Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual, sin embargo, únicamente en tres de cada 100 casos las víctimas obtienen justicia. La impunidad es aún peor cuando se trata de altos mandos, ya que ninguno de las decenas de generales acusados ha sido sentenciado.
La periodista Gallegos revisó 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, una veintena de expedientes judiciales, entrevistas con militares agredidas y las denuncias presentadas ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), entre otros documentos.
Uno de los casos que se desarrolla en el extenso reportaje es el de Eustorgio Villalba Cortés, general Brigadier Diplomado de Estado Mayor acusado de violar a tres subordinadas militares, asi como de abusar y hostigar a dos más mientras era comandante general de la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas.
Villalba Cortés es un militar de alto rango, con mucho poder y relaciones, tantas que –se documenta investigación– en mayo de 2021 el propio secretario de la Defensa Nacional de entonces, Luis Cresencio Sandoval, agendó una cita con Arturo Zaldívar, en ese momento presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que intercediera en favor del militar acusado.
Lo que buscaba Cresencio era que el caso de Villalba abandonara el fuero civil para que se regresara al ámbito militar, pero esto no sucedió. Cuando la reportera consultó a Zaldívar sobre el encuentro, el exministro afirmó que nunca se había tratado ese tema.
“SE SOLICITE AL C. PDTE. DE LA SCJN que se admita el recurso de revisión y se resuelva que los hechos son de la competencia del fuero militar, en razón de que este tipo de conductas sí afectan la disciplina militar”, se lee en la agenda del exsecretario de la Defensa obtenida a través del hackeo del grupo Guacamaya, una filtración que fue confirmada por el entonces presidente López Obrador.
La única explicación entendible para mí con la información que se tiene es que Cresencio buscaba llevar el caso a una zona donde cuenta con más capacidad de acción, ya que en el ámbito civil sus posibilidades de influir son menores.
La agenda de esa ocasión, por cierto, involucraba otros temas que no desarrollaré en esta columna, pero que es importante mencionar, como aquella declaración del titular de la Secretaría de Marina de que parecía que el enemigo estaba en el Poder Judicial, o una indemnización que exigía a la Sedena el ejido Mulegé, localizado en Baja California Sur, entre otros.
El caso de Villalba en específico nos deja muy claro que, aunque en la Sedena se han creado manuales y protocolos para disminuir la violencia sexual contra mujeres al interior de la institución, ésta no se detiene y, al contrario, cuando se trata de generales de alto rango y poder se busca beneficiarles, así se le tenga que pedir el favor al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

DE NORTE A SUR

 

 

El 9 de enero pasado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, soltó una afirmación temeraria sobre Sinaloa: “Hoy se puede observar una contención en la escalada de homicidios”.
Ese día, en esa conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el también representante del gabinete de seguridad lanzó cifras halagüeñas que respaldaban su optimismo: aseguramiento de 1.1 toneladas de fentanilo, detención de 550 integrantes de células delictivas –43 de ellos objetivos prioritarios–, activación de filtros carreteros, 400 vehículos asegurados y más de 600 armas y un centenar de granadas decomisadas.
Los datos de entonces eran impresionantes comparados con la casi nula actuación en seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cifras que se han seguido abultando y, ahora, casi todo se cuenta por miles: miles de detenidos, miles de armas decomisadas, miles de labora-torios clandestinos; pero también, miles de desaparecidos y miles de autos robados.
A la distancia, la afirmación de García Harfuch parece una mala broma, un comentario inocente o un mal cálculo de la crisis de violencia. Lo he dicho: sí lo intentan, pero tras ocho meses de híper violencia el conflicto no cesa, no amaina; al contrario: se potencia.
Lo sucedido el miércoles 21 de mayo en el penal de Aguaruto, Culiacán, es la más reciente prueba de que la autoridad está rebasada. Los penales, como usted seguramente sabe, son el espejo de lo que pasa en las calles de una ciudad o de un estado. Entre criminales le llaman “la escuela”. Muy lejos del verdadero objetivo de un centro de reclusión adecuado, que es el de pagar una condena y, al mismo tiempo, lograr que el interno pueda mejorar el rumbo de su vida y reinsertarse legal y legítimamente en la sociedad.
Los primeros reportes sucedieron al mediodía. Videos de una balacera al interior de la penitenciaría circularon como llamarada entre los whatsapp de los sinaloenses. Después más videos, pero ahora de policías disparando sin objetivo reconocible. El enfrentamiento duró poco menos de una hora, y durante 10 horas el gobierno no dio información de lo que allí había sucedido. Lo único que informó, a través de redes sociales, es que en cuestión de minutos lograron contener el enfrentamiento entre reos y que no había ni muertos ni heridos. La declaración oficial levantó las sospechas de los periodistas que se hallaban apersonados a las afueras de la peni. Y es que a ellos les habían confirmado diversas fuentes que había entre 20 y 30 muertos; incluso hubo medios informativos que confirmaron el deceso de “al menos 10” reclusos.
Más tarde, la autoridad soltó una impactante lista de armamento decomisado en el penal que los reos tenían en su poder: cinco armas largas tipo AK-47, cinco armas tipo AR-15, una subametralladora P90, 11 pistolas calibre 9 mm, una granada de mano, tres artefactos explosivos improvisados, entre otros.
Además, un túnel de aproximadamente cinco metros de profundidad y 15 de longitud que nadie había visto. Lo más extraño de esto es que el gobierno había revisado este penal en al menos tres ocasiones y nunca había hallado ese nivel de armamento.
El jueves 22 de mayo empezó a circular un video de un presunto preso herido al interior, video que tomaron sus mismos compañeros y la autoridad, después de la negación sistemática durante dos días, tuvo que reconocer que sí había un herido.
El penal, insisto, es un reflejo de lo que sucede en las calles.
No es aventurado creer que adentro se vive una guerra similar a la que sucede en Culiacán y casi todo Sinaloa. Los penales del estado, y de buena parte de México, están controlados, en “autogobierno”, por los grupos delictivos del crimen organizado.
Los penales no sólo son una “escuela” donde los criminales hacen alianzas y contactos: son un gran negocio, un sitio con el que financian estructuras. Cobran cuotas por la entrada de celulares y armas, por depósitos bancarios, por protección, por internet, etcétera. De cada entrada de dinero hay un reparto económico a las autoridades. Es un negociazo para todas las partes de cientos de miles de pesos al mes, si no de millones.
Hoy en Culiacán se disputan el control del penal las mismas facciones que afuera no paran la batalla. El que gane habrá dado un paso más en la guerra fratricida que se vive dentro del Cártel de Sinaloa.

Lo que usted leerá en esta columna es una crítica al trabajo del gobierno federal en materia de seguridad aplicado a Sinaloa. Un Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, está liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los secretarios de Marina y Ejército, así como el hombre fuerte en seguridad del gabinete presidencial: Omar García Harfuch.
Lo que este gobierno logre o quede a deber en protección ciudadana tendrá, en realidad, sólo dos responsables ante la opinión pública: Sheinbaum y García Harfuch.
La batalla en Sinaloa inició desde antes de que llegara al gobierno la presidenta Sheinbaum. Comenzó el 25 de julio, cuando Ismael Zambada García, alias El Mayo, fue citado por Los Chapitos –los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo– en un campestre a las afueras del casco urbano de Culiacán. Según lo relató Zambada en una carta, él fue convocado al sitio porque le dijeron que allí estarían tres personas más con las que tenía interés en platicar: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos; Hérctor Melesio Cuén Ojeda, cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. La charla, relató El Mayo, abordaría el proceso de sucesión en la UAS, un acto político que mantenía confrontados a Rocha y a Cuén, porque ambos querían controlar a la máxima casa de estudios.
Hay que decir que Rocha Moya negó y ha negado todo el tiempo que esa versión fuese real, y para ello mostró boletos de un viaje exprés que hizo a Estados Unidos en un vuelo privado facilitado por Jesús Vizcarra Calderón, el empresario más poderoso de la res en México, propietario de la marca SuKarne y líder de la IAP Salud Digna.
Aquí fue cuando empezó la historia, ya que Zambada fue presuntamente traicionado por Los Chapitos, subido a la fuerza a un avión privado y entregado directamente al gobierno de Estados Unidos. En el vuelo iban dos personas identificadas: otro hijo de El Chapo Guzmán: Joaquín Guzmán López, y El Mayo Zambada.
Aunque la Fiscalía General de la República inició una atípica, rápida y efectiva investigación, se topó con la no colaboración estadunidense. En México algo pasó que la investigación topó con pared y se halla estancada.
Bueno, ahí inició esta batalla. Pasaron unas semanas mientras se agrupaban los bandos, se capitalizaban y se armaban, y el 9 de septiembre pasado empezaron el enfrentamiento armado. Van, hasta el momento: mil 200 muertos, más de mil desaparecidos y más de 4 mil autos robados en ocho meses.
Los esfuerzos del gobierno federal encabezados por García Harfuch tienen cifras que presumir, claro que sí: un número inédito de detenidos, armas, explosivos asegurados, patrullajes intensos, desmantelamiento de laboratorios de drogas, decomisos de autos blindados, cateos y mucho más.
El problema es que no ha sido suficiente.
Es verdad que los primeros meses de combate parecía que iba con la estrategia correcta, pero a ocho meses de conflicto abierto y violento ha comenzado a mostrar sus debilidades e insuficiencias, hasta palidecer. La violencia se desborda y no ha podido “contenerla”, como presumió a fines del año pasado.
Mientras el 5 de mayo en México se recordaba la Batalla de Puebla, Sinaloa se sacudía con su propia batalla interna. Según las primeras versiones de pobladores, las estructuras delictivas están sufriendo un reacomodo que incluye nuevas alianzas y, por supuesto, nuevas traiciones. En unas horas ya no sólo era Culiacán y algún otro municipio con altibajos en seguridad, ahora todo el estado, prácticamente, se incendiaba a la vez.
Esa fue la mayor demostración de que, cuando el crimen organizado lo determina, puede hacer entrar en crisis a todo un sistema militar-policial como el mexicano, un sistema que esta semana se ha conformado con ser espectador.
De forma simultánea se activaron las camionetas con blindaje artesanal, los cuernos de chivo, las calibre .50 en más de 10 municipios de los 20 con los que cuenta ahora Sinaloa. El gobierno se vio totalmente rebasado, o mejor dicho: no se vio y no se ha visto.
García Harfuch lo ha intentado, pero simplemente no ha podido. Por más acciones importantes que han tomado en el gobierno federal, nada ha sido suficiente para domesticar la fuerza criminal. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador los dejaron crecer a placer, y ahora nadie sabe cómo devolver el tigre a su jaula… García Harfuch tampoco.

 

 

DE NORTE A SUR

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una buena intención: promover los corridos tumbados sin contenido bélico que hacen apología de la violencia, la misoginia y la discriminación. El propósito, sin duda, es positivo, pero está destinado a la intrascendencia y, por lo tanto, al fracaso. Lo intenta a través de un concurso de interpretación y composición que se llama México canta por la paz y contra las adicciones, una especie de Operación triunfo versión 4T que se transmitirá por la televisión pública.
El concurso está dirigido a jóvenes intérpretes y compositores de entre 18 y 34 años, de origen mexicano y mexicoestadunidense. Se permiten géneros como mariachi, norteño, banda, corrido, tropical, duranguense, campirano, bolero y con fusiones de rap, rock, pop y hip hop.
El concurso busca que se promuevan historias de amor, pero este elemento ya existe en los corridos tumbados o narcocorridos, que son el verdadero objetivo del concurso. Es casi una regla de estos músicos del llamado “regional mexicano” interpretar canciones de amor-desamor –con ritmos pegajosos con letras banales que nos lleven a la danza y la bulla– y los narcocorridos, claro, que ahora les han llamado “tumbados”, pero que hace poco se llamaban “alterados” o “enfermos”. Mañana tendrán otro nombre.
El mismo gobierno lo reconoció y lo puso como ejemplo el 7 de abril pasado en la conferencia mañanera presidencial, cuando presentaron la competencia. Los cantantes y compositores jóvenes Eibi Ramos y Jesse Martínez interpretaron la canción Mi bello ángel, compuesta por América Sierra y popularizada por Natanael Cano, a quien se le atribuye el término de “corridos tumbados”.
La estrategia de la presidenta no es negativa, reitero, simplemente no tiene posibilidades de influir estructuralmente en el gusto musical de la población, en particular en las juventudes. Aunque surjan cantantes populares y canciones virales, el gusto por la música vinculada con el crimen continuará, como sucede hoy en día. Los jóvenes y los adultos que escuchan corridos bélicos lo hacen porque es parte de la realidad de su entorno y porque quieren, por tres minutos, cerrar los ojos y vivir el sueño de tener poder en un país de aspiraciones, en circular dinero en un país con más de 46 millones de pobres, en ser justiciero y disparar armas poderosas en un México con 98 por ciento de impunidad.
Mientras Claudia Sheinbaum anunciaba su iniciativa, YouTube nos mostraba un elemento de realidad. Entre los videos más vistos en español, con millones de reproducciones, se encuentra El mayor de los ranas, un corrido de Víctor Valverde, joven que aparece con armas en el video. La canción escrita en primera y tercera persona habla de un grupo de sicarios que usan extrema violencia y se sienten orgullosos de ello.
Reproduzco sólo un fragmento de la letra: Nos miran placosones encortados, el aparato a un lado. Con un toque bueno y un perico de lavado, sabandijas y ratas en corto los alineamos. Yo los amarro. Y se siente el ambiente caliente, yo voy al frente con mi gente. Nunca me gusta mandar gente. Y se siente el ambiente caliente, el blindado siempre va al frente sembrando el terror como siempre.
En otro video de la misma canción, en vivo, se ve a mujeres y hombres veinteañeros cantando la letra a gritos, emocionados, grabándose con el celular. Da la impresión de que se sienten protagonistas de la historia.
Las personas que fueron al concierto pueden regresar a casa en vehículo propio, bicicleta, uber o transporte público; se pueden ir a un bar de lujo, a uno de la colonia, tomarse unos tragos en sus casas porque no les alcanza para más o simplemente un vaso de agua, de leche e irse a dormir; al día siguiente pueden reportarse con un jefe del mundo delictivo, trabajar de meseros en un restaurante, abrir su despacho de arquitectos o acudir a una oficina de gobierno. El gusto por estos corridos es general y oírlos causa un efecto distinto en cada persona.
La gente los escucha porque le gustan. En los comentarios de los videos de YouTube se ve cómo se identifican con ellos personas de diferentes países de América Latina que no tienen la gravedad de los problemas que padece México.
Sin duda, los narcocorridos o corridos tumbados o alterados no es una música positiva y tal vez sí ayuda al reclutamiento de algunos jóvenes en el crimen porque les vende una realidad soñada, pero como dicen los especialistas en este tema, lo importante no es cambiar los corridos, sino cambiar la realidad que hace que los corridos se incrusten en el gusto de las personas jóvenes: falta de oportunidades, escasa movilidad social, más impunidad que justicia, precarización.
Por más que funcione el concurso México canta, la realidad mexicana estará ahí presente cuando acabe. La realidad es el verdadero factor de reclutamiento de jóvenes.