En días pasados el periodista Ioan Grillo compartió en sus redes sociales un listado de 13 masacres, enormes fosas comunes clandestinas y campos de exterminio hallados en México en los últimos 15 años. Más tarde vi que otros periodistas hicieron sus propios listados. El horror sucedido en Teuchitlán, Jalisco, y que apenas estamos conociendo, es una muestra de lo que ha pasado en México desde que se inició la llamada “guerra contra el narco” en 2007, cuando llegó el panista Felipe Calderón a la presidencia, y que no pudieron detener ni el priista Enrique Peña Nieto ni el morenista Andrés Manuel López Obrador. Un fracaso total en materia de seguridad que ha costado cientos de miles de vidas, la mayoría de adultos jóvenes en sus 30 y menores de edad.
Este modelo de exterminio se masificó con la llegada de Los Zetas, el grupo de exmilitares que al principio trabajaban para Osiel Cárdenas Guillen, líder del Cártel del Golfo, y después se independizaron para crear su propia estructura criminal. Con el arribo de ellos empezamos a ver el sadismo en su máxima expresión. El objetivo era infundir miedo en los bandos rivales. Entre más violento te mostraras, era la lógica, más dominio tendrías y menos intentarían pelear el territorio. Al principio tuvo sus efectos, pero después los grupos rivales repitieron esas prácticas y, como es costumbre, intentaron superarlas. Hoy tenemos un México inundado de sangre.
Imposible olvidar los campos de exterminio –o como queramos llamarlos– de 2010 en San Fernando, Tamaulipas; el multiasesinato de 2011 en el casino Royale en Monterrey, Nuevo León; los 383 cuerpos en Durango en 2011-2012, entre tantos otros que han convertido a México en “El país de las 2 mil fosas”, como se titula un excelente reportaje de la organización Quinto Elemento Lab.
Hasta el momento, el campo de entrenamiento y exterminio del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se le ha adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación por ser la estructura criminal que domina la zona, pero lo mismo se repite en cualquier parte del territorio nacional y con cualquier organización delictiva, las familias con personas desaparecidas lo saben bien. Sea el Cártel Jalisco, el de Sinaloa, el del Noreste, el del Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Los Tlacos, Los Ardillos, el CIDA, Santa Rosa de Lima, los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana: no hay diferencias reales. Al final, todos operan con hiper violencia y de forma despiadada. No hay ideologías ni valores morales; como les gusta decirlo en los narcocorridos, lo único que existe es el poder y el dinero.
Y los que llevan la peor parte de esto son los jóvenes, hombres y mujeres.
En un largo reportaje de las periodistas Mariana Betanzos y Laura Jiménez que publicamos en El Universal en septiembre pasado, se revela que en México todos los días, en promedio, son asesinados 26 jóvenes y desaparecidos otros 20.
El “bono democrático” nacional fue acabado por el crimen. Las familias, destrozadas. Ninguna madre, ningún padre, puede reponerse del homicidio de un hijo, de una hija, de una desaparición.
“Hombres y mujeres de entre 12 y 29 años, principalmente marginados, son asediados por el crimen organizado, sus muertes no son investigadas, padecen revictimización y violencia machista; carecen de atención a la salud mental y por adicciones, y son víctimas de trata de personas”, se lee en el trabajo.
México no puede normalizar estas muertes, no nos podemos acostumbrar a ellas. Por eso nos duele tanto Teuchitlán, porque la tragedia ahí vivida, ahí sufrida, nos muestra el cementerio en el que se ha convertido el país, en la fosa clandestina que los criminales han cavado y las autoridades han ignorado. Una fosa que hemos visto repetida durante casi dos décadas.
La forma en la que la Fiscalía General de la República y el gobierno de Claudia Sheinbaum han manejado el caso hasta ahora es indignante, por decir lo menos.
Promover que los comunica-dores oficialistas dijeran que fueron a Teuchitlán y no hallaron crematorios clandestinos, y además colocarles el megáfono en la conferencia mañanera, es la actualización del “día soleado” de Jacobo Zabludovsky.
Están más preocupados por deslindarse y no pagar el costo político, que por saber la verdad y encontrar a los desaparecidos.

Recuerdo que, justo antes de irse, Vicente Fox afirmó que lo íbamos a extrañar, pero eso nunca pasó. No pasó con él, no pasó con Felipe Calderón, no pasó con Enrique Peña Nieto y –obvio, hablo por mí– tampoco ha pasado con Andrés Manuel López Obrador.
Aquí, cinco razones.

Conferencias mañaneras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado conferencias mañaneras cortas, con mensajes claros, explicaciones diáfanas. Es verdad que también Sheinbaum ha tenido momentos lamentables en los que pierde los estribos contra periodistas críticas y críticos, pero en general su talante ha sido menos pendenciero que su antecesor. El objetivo a destruir no son los medios ni los periodistas; tampoco la retórica del pasado ha sido tan intensa como con AMLO. Claudia vive más el presente y trata de solucionar los problemas del presente. No ha exhibido datos personales, como sí lo hizo López Obrador, y eso es algo que no se echa de menos.

Política de seguridad

Se acabó la política de los “abrazos, no balazos”. Se acabó, aunque la presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no lo acepten. Desde el día 1 fue evidente el cambio. Sucedió ante la amenaza de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero también tras un convencimiento implícito de que las cosas no podían seguir igual.
Desde que Calderón inició la “guerra contra el narco”, los ciudadanos hemos ido perdiendo más y más territorios frente a los criminales, pero con la política de brazos caídos de López Obrador el conflicto se potenció. Los criminales se armaron más, se enriquecieron más y ampliaron más sus zonas de influencia y conexiones internacionales. Ahora se combate al crimen de manera frontal y no sólo se hace, además se comunica. Aún es temprano para saber si el trabajo de García Harfuch acabará en tragedia como sucedió con Genaro García Luna, pero los resultados mostrados nos indican –de momento– que sí se busca frenar al crimen y contenerlo, una estrategia muy distinta a la de AMLO, que se basó en no molestar a los cárteles bajo la falsa idea que así serían menos violentos y disminuirían fuertemente los homicidios.

Ciencia y medio ambiente

Estos dos elementos fueron también lastimados durante el gobierno de López Obrador. Y aunque no hemos escuchado un plan real de reparación del daño del sexenio pasado, Claudia al menos ha anunciado que impulsará un vehículo eléctrico, con lo que encarrila ambas áreas en un emprendimiento, y se ha propuesto rescatar áreas contaminadas.
No se puede extrañar una visión que prefiere energías fósiles sobre limpias y renovables; no se puede extrañar la devastación ambiental de un Tren Maya sobre el saneamiento de un lugar como Tula, Hidalgo.

Obras faraónicas

Claudia anunció redes de trenes que traerán consigo, sin duda, problemas ambientales y un gasto importante para el erario mexicano, pero en estos primeros meses se ha dedicado más a terminar las megaobras que le heredó AMLO que impulsar sus propias propuestas. El mejor ejemplo es que acaba de anunciar con bombo y platillo que, por fin, en julio estará listo el tren Buenavista-AIFA, una construcción que debió de haber acabado el expresidente y no lo hizo, entre tantas otras obras que quedaron inconclusas o en desarrollo en el sexenio pasado.
Claudia ha decidido concluir lo que está en marcha e iniciar con precaución y calma sus propias construcciones.

Corrupción en el ojo ajeno

Cuando López Obrador hablaba de corrupción, lo hacía posicionado en la acera de enfrente, detrás de la cortina, desde la superioridad moral que él mismo se inventó y desde la certeza de que él y su movimiento eran inmaculados, cuando la terca realidad nos mostraba que la condición humana se imponía a las visiones fundamentalistas y maniqueas. Si bien Claudia mantiene el mismo discurso de superioridad moral y de que la 4T es mucho más honesta que PRI, PAN y PRD, ha dejado abiertas ciertas probabilidades de que en este gobierno sí se castigue la corrupción, no como con el fundador de Morena.
Tres ejemplos en sus primeros días: cuando el exjefe de la oficina de la cancillería fue acusado de usar indebidamente el Munal para su boda privada y tras el escándalo renunció a su nuevo cargo en Semarnat; el alejamiento real de la presidenta y la falta de defensa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, acusado de tener vínculos con Los Chapitos, y su crítica a Pedro Haces respecto de su lujoso rancho. AMLO rechazaba de tajo y abrazaba a los acusados, Claudia al menos pone su distancia.
El sexenio de Claudia Sheinbaum apenas empieza, pero con lo que llevamos hasta ahora puedo decirle a AMLO que a él tampoco lo extraño.

 

Si usted abre un periódico editado en Ciudad de México, de ésos a los que llamamos nacionales, es muy probable que lea una columna, o vea un cartón, un trascendido, una opinión crítica sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Es casi unánime la crítica al mandatario sinaloense. Y no, no es porque los medios –que son competencia– se hayan puesto de acuerdo, sino porque el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha convertido en un político indefendible, un gobernante que ha sumado agravios de forma rápida, a granel.
El escenario de hoy era sumamente improbable antes del 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, secuestró a Ismael Zambada García, alias El Mayo. Mismo lugar y momento donde asesinaron al líder universitario opositor a Rocha, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Rocha gozaba de altos niveles de popularidad y de credibilidad. La razones, que tal vez hoy parezcan de un multiverso diferente al que habitamos, tenían claros fundamentos. Rocha forjó su historia en dos mundos distintos: primero, en la izquierda universitaria, como líder sindicalista, profesor de preparatoria y rector de la UAS cuando la izquierda tenía fuerte presencia universitaria; y segundo, como asesor y funcionario de gobiernos priistas, como jefe de asesores del priista y neoliberal gobierno de Jesús Aguilar Padilla, después como funcionario del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y más tarde como jefe de asesores, nuevamente, del gobierno priista y también neoliberal de Quirino Ordaz Coppel. Luego se hizo senador por Morena y gobernador.
Entonces, Rocha tenía buenas amistades ancladas en la izquierda sinaloense y grandes intereses fincados en los gobiernos neoliberales del PRI en Sinaloa. No sólo logró el respaldo de Morena y Andrés Manuel López Obrador, también conquistó la poderosa estructura priista y los favores de una parte amplia del poder económico sinaloense que regularmente se había opuesto a Morena y a la izquierda.
Con tantos apoyos a su alrededor, era lógico que gozara de buena popularidad y arrasara en la elección, como lo hizo. Fue justo en esa contienda donde se sembró la semilla del desastre. Hubo serias acusaciones políticas y documentaciones periodísticas de que el Cártel de Sinaloa operó a su favor en esos comicios, una operación que sinceramente no necesitaba. Tal vez no se trataba de ganar, sino de aplastar, o tal vez ni siquiera pidió el favor, pero los testimonios indican que aun así se lo hicieron.
Antes del 25 de julio, Sinaloa se hallaba por debajo de la media nacional en homicidios y en el estado crecían las inversiones, pero ese día todo cambió: la carta que días más tarde envió El Mayo donde dijo que le habían asegurado que él se reuniría con Los Chapitos, Cuén y Rocha en el mismo lugar del secuestro tuvo más credibilidad social y legal –la Fiscalía General de la República avaló su contenido–, que la que versión que emitió el propio Rocha. Según el sinaloense, ese día, en un jueves laboral, tomó un avión privado para irse sin razón aparente a Estados Unidos. Simple y sencillamente nadie la creyó.
A esto le siguió una crisis de seguridad que no ha podido ser detenida. La gente no sale de noche, tiene miedo. Los negocios están quebrando. La economía va a pique. Los homicidios se triplicaron y se percibe el hartazgo en la sociedad. Ya son tres manifestaciones en su contra en las últimas dos semanas: “¡Fuera Rocha!” se grita de manera recurrente.
También la presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado su postura sobre Rocha. De apoyarlo sin cortapisas, como lo hacía López Obrador, ha pasado a decir que simplemente se coordina con él… y hasta allí.
Hoy Rocha se encuentra “tocado”, como se dice en la política, en una situación en la que ningún político quiere estar, en una posición indefendible. Así, en esa posición, estuvieron Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo. Los gobernadores priistas que encabezaban el nuevo y joven PRI de Peña Nieto y que se convirtieron en los ejemplos más claros de la corrupción priista que nunca se fue.
A pesar de que al gobierno de Rocha sí se le han documentado actos de corrupción, al menos en la prensa, y de opacidad, exhibida por organizaciones civiles como Iniciativa Sinaloa, la mala fama que carga el exuniversitario no es tanto por corrupción como por su presunta relación con el crimen organizado.
Y aunque es verdad que esta vinculación no se ha comprobado, es igualmente cierto que la gente la cree, y eso es suficiente para que continúe el grito culichi de “¡Fuera Rocha, fuera Rocha, fuera Rocha!”.

DE NORTE A SUR

 

Silber Meza

 

Advierto desde estas primeras líneas que no tengo la respuesta al titular de esta columna: “Guerrero y Sinaloa, ¿dos triunfos de Harfuch?”, sin embargo, sí pretendo ofrecer escenarios que nos ayuden a comprender lo que sucede hoy en México en materia de seguridad.
El país, como lo he apuntado en columnas pasadas, ya no aguantaba más. La política de brazos caídos o de brazos cruzados que eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador generó un retroceso enorme del Estado frente a los grupos criminales organizados, un aumento meteórico de la extorsión y una baja apenas perceptible de los homicidios dolosos. La idea era no molestarlos para que los grupos delictivos se arreglaran entre sí y no mover el avispero para no generar más molestia. Fue una especie de política inversa a la que hizo Felipe Calderón, que se basó en atacar a lo bruto a los cárteles sin conocerlos en realidad.
Pero aunque la estrategia de Calderón fue errada –y lo he dicho hasta el cansancio–, el país no necesitaba únicamente hacer lo contrario. No era tan sencillo como eso, no se trataba de hacer las cosas al revés de como las hizo el panista. Se trataba de hacer algo distinto, de no cometer los mismos errores y de dar resultados reales.
Veamos los perfiles. Calderón colocó en seguridad a Genaro García Luna, un policía no muy brillante formado en las corporaciones federales que se alió a Estados Unidos y quiso revolucionar a México en materia de seguridad. El problema principal es que también se alió al crimen, se corrompió quién sabe desde cuándo, y al final llevó una batalla criminal que benefició a uno de los bandos: el Cártel de Sinaloa. Y había quienes lo justificaban con el falso argumento de que a uno tenías que beneficiar, y era al menos violento. Ahora que García Luna está encarcelado en Estados Unidos, el mismo país que lo premió, ya nadie lo justifica.
Enrique Peña Nieto se dedicó a administrar el caos y seguir la inercia. Metió a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación y le dejó el manejo político a Miguel Ángel Osorio Chong.
López Obrador creó y empoderó a la Guardia Nacional. Se refugió en los militares como si fuese un decepcionado de los civiles. Parece que sólo les dio una tarea: hagan lo contrario a lo que hizo Calderón. Entonces, se cruzaron de brazos y vieron pasar el incendio. Periodistas demostramos con datos duros que en los lugares donde se instalaron los cuarteles de la Guardia no cambiaron los índices delictivos, es decir, la presencia de la corporación no influía ni en positivo ni en negativo.
Ahora con Claudia Sheinbaum las cosas se ven diferentes. Es muy temprano para decir si es mejor, peor o la misma cosa, pero sí hay modificaciones en la estrategia, aunque ni Claudia ni el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, lo quieren aceptar. El ataque directo, la inteligencia aplicada, la cacería de malhechores y la comunicación de logros es lo más notorio.
Y justo ayer, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, se presumieron dos datos en seguridad: que en Guerrero había disminuido 15.7 por ciento el delito de homicidio de septiembre a diciembre de 2024, y que en Acapulco el bajón había sido de 50.1 por ciento.
Esto recuerda al anuncio de hace unos días, en el que se afirmó que en Culiacán los asesinatos también bajaron en 35 por ciento, en plena batalla entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
García Harfuch afirma que esto se debe a la acción de las autoridades coordinadas por él. Y suelta una serie de números que se escuchan espectaculares y abultados sobre detenciones de objetivos prioritarios, generadores de violencia, armas, granadas, vehículos blindados, abatimientos, precursores químicos, narcolaboratorios, etcétera.
Lo que he visto como periodista me permite afirmar que la violencia realmente no la determina la autoridad, sino los grupos delictivos. Cuando inician una pugna crecen los homicidios, cuando se arreglan o alguien gana descienden. Pero tal vez, sólo tal vez, las cosas sean diferentes hoy en día. Quizá García Harfuch aprendió de los malos gobiernos pasados y trató de sumar los aciertos y de no repetir los errores. Él, como policía de carrera, sabe perfectamente de la historia mexicana en materia de seguridad.
Lo malo de afirmar que cuando bajan los homicidios es por la buena labor oficial, es que también nos lleva a la conclusión contraria: que cuando suben es por la mala labor de la autoridad.
Por lo pronto hay resultados incipientes. Veremos qué sucede al corte del primer semestre y del primer año.

The New York Times es el periódico más influyente y prestigioso del mundo. Eso no lo hace infalible, pero antes de criticar un reportaje de investigación al punto de colocarlo como una farsa, un montaje o un instrumento “del que paga”, se tiene que analizar el entorno en vez de repetir la propaganda del oficialismo.
Primero, me declaro no experto en cocinar fentanilo ilegal. Confieso que nunca lo he hecho, y como no lo he hecho no conozco el proceso a detalle. No sé cuántos opinadores de redes sociales y canales públicos lo hayan realizado; me atrevo a suponer que ninguno de ellos.
Segundo, lo que he conocido del tema ha sido como editor, tanto de un reportaje escrito por el periodista Miguel Ángel Vega al que titulamos “Fentanilo: viaje a una concina del Cártel de Sinaloa”, publicado en mayo de 2023 en El Universal, como de una cobertura de Miriam Ramírez que inició hace dos años, con cinco entregas en las que se muestra el aumento en el consumo del opiáceo en la frontera norte, el crecimiento del consumo en Sinaloa –lugar donde se maquila gran parte de las tabletas– y el crecimiento moderado del consumo en al menos 15 estados del país. Por supuesto, en los dos trabajos se exponen las cifras de aseguramientos de las autoridades, y no hay duda de que Culiacán es un centro donde se fabrican –si se le puede decir así– buena parte de las dosis que llegan a Estados Unidos.
Si el gobierno federal, con datos y hechos, ha reconocido la existencia de laboratorios de fentanilo, el uso de químicos para el procesamiento, si ha asegurado decenas de máquinas tableteadoras, ¿por qué entonces se aferra a querer desmentir sin pruebas reales el trabajo periodístico del Times?
El diario estadunidense cuenta que acudió a una cocina de esta droga en el centro de Culiacán, y unos cocineros le mostraron el proceso. El gobierno hizo un análisis de la crónica y de las respectivas fotos y concluyó que la información, en pocas palabras, era improbable. Algunos seguidores y propagandistas se encargaron de ridiculizar el reportaje y de terminar de acabar con él replicando el discurso oficial. Un nado sincronizado. Una lástima en tiempos “de izquierda”.
Como dije al principio, no soy experto en cocinas de fentanilo, por eso no me siento con conocimiento para decir si el proceso expuesto en el reportaje es correcto o no lo es. Alguien podrá decir “ah, el gobierno federal sí es experto y por eso le creo”. Respeto eso pero, como dice el clásico, no lo comparto. Y no lo hago porque ya antes el gobierno de la 4T hizo exactamente lo mismo cuando Sky News y Channel 4 News publicaron reportajes sobre el proceso de esta droga en Sinaloa y gobernaba Andrés Manuel López Obrador, quien también usó a la Secrretaría de Marina para tratar de hacer su desmentido, y también utilizó la conferencia mañanera y el sistema de medios públicos, así como también recurrió a la estructura de opinadores oficialistas. La estrategia se copia, se calca, se actualiza.
¿Por qué hace esto el gobierno de Claudia Sheinbaum? Lo que veo –desde mi experiencia como periodista– son tres elementos principales: 1) La tensión entre México y Estados Unidos por el tema del fentanilo es demasiado grande, y con la entrada de Donald Trump se va a potenciar; el gobierno de la presidenta está tratando de mandar mensajes de que combate al opiáceo, como aquel mega aseguramiento de pastillas azules en Sinaloa anunciado por el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch. 2) La 4T no cree en las intenciones periodísticas del NYT, el movimiento que ahora encabeza Sheinbaum considera –sin ningún elemento real– que el diario es parte de la estrategia estadunidense para criminalizar a México y a su gobierno. 3) Ya son varias entregas sobre drogas y fentanilo de este periódico, como aquella de los estudiantes de química que son reclutados por el crimen organizado. Reventaron. Claudia dijo entonces que parecía la serie de Breaking Bad, con un toque de sorna, claro.
Periodistas y medios no son el problema que hay que combatir. Lo que hay que cambiar es la realidad del país, no que se publique la realidad del país. ¿Se procesa fentanilo en Sinaloa? Sí, eso lo reconocen todos, hasta el gobierno federal. No hay necesidad de hacer un escándalo para despedazar a una reportera, a un reportero o a un medio informativo sólo porque les incomoda que la verdad se conozca.
A la 4T le hace falta aprender a convivir con la prensa libre.

No hay marcha atrás: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) desaparecerá. Es una decisión tomada por la autodenominada Cuarta Transformación: primero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las razones que motivan esta eliminación no son técnicas, tampoco de combate a la corrupción ni de exceso de gasto de parte del Instituto, como han dicho. No lo son porque técnicamente el Inai se ha ido especializando y ha sido muchas veces citado en el mundo como un ejemplo, aún mejor que el sistema de transparencia de Estados Unidos. Tampoco por combate a la corrupción, porque lo último que le ha interesado a la 4T es iniciar investigaciones y colocar sanciones contra los comisionados y el personal que labora allí por los presuntos malos manejos. Y no lo es por el exceso de gasto y derroche, porque el mismo órgano autónomo ha presentado un plan de austeridad que representa 30 por ciento de su presupuesto.
En realidad, el gran problema con el Inai se divide en tres partes:
1) La obsesión de López Obrador por acabar con todo lo que parezca un triunfo del PAN, específicamente lo relacionado con Vicente Fox y Felipe Calderón. Aunque el Instituto no es atribuible al panismo, sino a la sociedad, esta es la idea que se le ancló al tabasqueño.
2) Librar todo modelo de contrapeso al gobierno dentro del sistema político mexicano. Al gobierno de AMLO nunca le gustó la transparencia. El exmandatario sembró la falsa idea de que el Inai sólo se usa para atacar a su gobierno y que en el pasado sirvió para convalidar las corruptelas del PRIAN. Al parecer, la presidenta Sheinbaum cree lo mismo.
3) Derruir las estructuras que consideran parte del neoliberalismo se ha convertido en una consigna de la 4T. El modelo neoliberal es indefendible desde el punto de vista social, sin embargo, esta destrucción interna del término ha sido totalmente selectiva: por un lado siguen privilegiando la inversión estatal, nacional y extranjera sobre la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, y por otro quieren acabar con los órganos autónomos que les son incómodos.
Al final, lo que busca la 4T es acumular más poder que lo lleve a una estancia de 70 años –mínimo–, tal como lo hizo el PRI en sus épocas de glorias. Para eso está repitiendo el manual priista con algunas modificaciones: eliminar cualquier contrapeso estructural, cooptar a la oposición posible, mantener operadores dispuestos a realizar cualquier acuerdo vergonzoso por debajo de la mesa, no molestar realmente al crimen organizado para que opere en su favor o al menos no opere en su contra, bajar de la esfera pública a los perfiles indefendibles por actos comprobados de corrupción, no castigar a sus aliados verdaderos, estrechar lazos con el Ejército, negar todo tipo de errores en la gestión y, por supuesto, la gran estrategia de la 4T: fortalecer los programas sociales.
Éstos últimos tienen doble función. La muy positiva: disminuir la pobreza, redistribuir la riqueza y otorgar oportunidades a los sectores más desprotegidos; y la partidista: generar un sentimiento de beneficio en la gente que le lleve al partido en el poder –partido de Estado– a obtener aprobación y fidelidad electoral.
Justo en este nuevo-viejo modelo la desaparición del Inai toma relevancia. El jueves pasado, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, delineó los primeros trazos del paradigma de transparencia que viene. Anunció una reforma a la Ley de Transparencia y se comprometió a que el gobierno no sería juez y parte tras la eliminación del Inai. Para evitar esto último se van a habilitar los Tribunales Administrativos. Aún no sabemos los detalles de esta reforma, es demasiado pronto y muy escasa la información para imaginar el impacto que viene, pero confirma, desde ya, la obsesión de eliminar –por todas las vías posibles– al actual órgano garante de la transparencia.
La 4T, los funcionarios y sus propagandistas han reiterado que la gente votó por eliminar al Inai, y por eso su anulación es un acto democrático. Yo difiero de ello. El entonces presidente López Obrador mintió de forma reiterada sobre el Inai, le achacó al órgano garante las facultades y obligaciones de los sujetos obligados. Eso creó una visión distorsionada de buena parte de los seguidores del líder morenista sobre el Instituto. La gente nunca estará de acuerdo en que haya más opacidad, por eso estoy convencido de que la decisión popular no es eliminar al órgano garante real, sino al que falsamente vendió el ex presidente. Aún más, a la gente nunca se le ofreció la alternativa a la eliminación del Inai, modelo que apenas estamos empezando a conocer.

No es exagerado decir que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos vivido en México un proceso de desgaste institucional no sucedido en décadas. Nos lo adelantó en 2006, cuando dijo “al diablo con sus instituciones”. Después aseguraron que gritó “al diablo las instituciones”, pero no. Se refería, más bien, a las que se construyeron sin él y sin su partido, Morena. Instituciones que el presidente no considera del “pueblo”, sino de una élite política neoliberal que gobernó a México durante más de 30 años.
Una de esos organismos es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que creó en 2002 el gobierno de Vicente Fox como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a petición de académicos, sociedad civil, periodistas y políticos que creían que era importante abrir los archivos en poder del gobierno y asumir que los documentos no eran del gobierno, sino de los ciudadanos.
Pero López Obrador no cree en el Inai, considera que sólo sirve para los propósitos de sus adversarios. Tampoco cree en el Sistema Nacional Anticorrupción, un modelo imperfecto pero positivo que se formó tras los escándalos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Para AMLO la transparencia como la conocemos no es significativa; para él transparencia son sus conferencias mañaneras y lo que él decide informar en dos o tres horas de “diálogo circular”. Y como Morena obedece a las declaraciones y gestos de López Obrador, entonces el partido ha asumido la misma visión en torno a la transparencia y las instituciones fundadas antes de la llegada del tabasqueño.
Morena es el partido más opaco de México, incluso peor que el PRI, el PRD y el PAN. Esto lo revela el periodista Ernesto Aroche Aguilar en un texto en El Universal que tuve el gusto de editar. Los números de la opacidad de Morena no necesitan adjetivos: ha recibido 110 denuncias desde 2018 por incumplir su obligación de transparentar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); el INE lo ha sancionado 36 veces, de un universo de 50 a todos los partidos, por no transparentar información; y el dato más claro de todos es que la gente ha interpuesto 622 recursos de revisión ante la mala calidad de los datos que entregó el partido. La cifra representa 40.6 por ciento de las mil 531 quejas totales.
El instituto político ha sido especialmente renuente a entregar información sobre arrendamiento de oficinas, compra de inmuebles, gastos en hoteles, vuelos y viáticos en general.
El Movimiento de Regeneración Nacional tiene frente a sí la renovación de su dirigencia. Este domingo, mañana, realizará su Consejo Nacional, y allí se prevé ungir a Luisa María Alcalde como dirigenta nacional y a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, con una cartera de importancia, sea secretario general o secretario de organización. La coyuntura sería un buen momento para cambiar su mirada respecto de la transparencia.
Morena, en 10 días más, ya no tendrá el horcón del medio que representa al presidente López Obrador, un animal político que es capaz de hacer y responder de formas que muchos creíamos imposibles en los políticos mexicanos. Es un “pejelargarto” escurridizo e impermeable. Pase lo que pase, su popularidad no cae de manera significativa.
Sin demeritar a ninguno, ni Claudia Sheinbaum ni Andy, el hijo de AMLO, tienen la historia, personalidad o el carisma del aún presidente, por lo que es de esperarse que los errores tendrán costos en la popularidad de ambos.
A López Obrador ya no le alcanzará el tiempo para desaparecer al Inai, una de sus metas. Si Morena continúa con el plan, tendrá que ser durante la presidencia de Sheinbaum. Si lo hace, entonces será la primera factura propia que Claudia tendrá que pagar ante la opinión pública.
El Inai es, con todo y sus defectos y excesos, uno de los organismos más importantes de la democracia mexicana. No se dedica a entregar información como primera fuente, sino a garantizar que los “sujetos obligados” lo hagan cuando la ley lo determina.
Viene el momento más difícil para Morena, ya sin el líder que le dio vida. Sería buena idea que corrijan su opacidad crónica.

 

El presidente ya se va. Le quedan menos de 40 días de gobierno. Pero es claro que dejará el poder de la peor manera posible dentro de su imaginario discursivo. Él, en realidad, había planeado una gira del adiós de ensueño: llevar por todo el país a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que reconociera y adoptara aún más las grandes obras de su gobierno. Un fin de semana en el Tren Maya, otro en el Interoceánico, otro más en las grandes presas de Sinaloa y otro para encontrarse con los yaquis de Sonora y el plan de “injusticia”, como lo han llamado algunos de ellos. Esos y muchos otros viajes que hoy parecen languidecer.
Hace un mes exacto, Andrés Manuel López Obrador se veía contento y animado. No era para menos, acababa de ganar la elección federal con mayoría aplastante, la mayor parte de las gubernaturas en juego y la jefatura de Gobierno de Ciudad de México; además, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión: en la Cámara de Diputados con una amplia diferencia, en la de Senadores a dos, tres escaños de lograrlo. La economía continuaba fuerte y las obras faraónicas de su administración estaban terminando (al menos oficialmente). Es más, para deslindarse de las acusaciones de corrupción que se han sumado sobre ellos, hasta sus hijos publicaron una carta a modo de puerta para entrar de lleno a la política electoral mexicana.
Pero al día siguiente las cosas cambiaron. El jueves 25 de julio se dio a conocer la privación ilegal de la libertad del narcotraficante Ismael Zambada García, alias El Mayo, a manos del también criminal Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y todos los sueños presidenciales se vinieron abajo.
Fue el primer gran golpe de Estados Unidos, de la administración de Joe Biden, a la política interna –nacional– de López Obrador. En una operación secreta –con la evidencia existente, ya podemos dejar de lado la ingenuidad política y la formalidad diplomática–, todo indica que el gobierno estadunidense decidió coordinarse con Guzmán López para capturar a Zambada y que fuera entregado del otro lado de la frontera sin decirle una palabra al gobierno mexicano. El hermetismo de Estados Unidos no hace sino confirmar esta versión. El Mayo no sólo es importante por su conocimiento del mundo criminal, lo es aún más por su conocimiento de la narcopolítica.
Con una simple carta de Zambada difundida por su abogado, El Mayo generó una de las más grandes crisis del sexenio de López Obrador: obligó a la fiscal de Sinaloa a renunciar y a colocar en la puerta de salida al gobernador Rubén Rocha Moya, un aliado añejo e importante del presidente tabasqueño.
Aunque López Obrador ha querido borrar el tema de la discusión pública, no ha podido, y a un mes del hecho el tópico aún suena fuerte en el interés de la sociedad. Lo que declare El Mayo puede poner en grave riesgo el legado del presidente. Es de pronóstico reservado.
El Subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo comparó con las peores características de los ex presidentes mexicanos, incluidas el “autoritarismo” de Gustavo Díaz Ordaz, la “perversidad” de Carlos Salinas de Gortari, el “militarismo” de Felipe Calderón Hinojosa y la “superficialidad” de Enrique Peña Nieto.
AMLO trató de no engancharse con esta carta enviada por Marcos –que firma ahora como El Capitán–, pero fue un duro golpe al venir de un sector de la izquierda profunda.
Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el máximo órgano patronal, se posicionó en contra de que Morena y aliados tuvieran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y llamó a las autoridades electorales a que le entregaran menos curules de representación proporcional al movimiento del presidente, un acto que cimbró a Palacio Nacional y generó el rechazo inmediato.
El último gran frente de batalla que se le ha abierto a López Obrador es el listado de reformas constitucionales pactadas en su llamado “Plan C”, principalmente la modificación del sistema de elecciones y nombramientos dentro del Poder Judicial.
La “cuatroté” propone, entre otras cosas, que jueces, magis-trados y hasta ministros pasen a las urnas y sean elegidos por los ciudadanos, así como se eligen los cargos de elección popular.
La propuesta ha generado una avalancha de reclamos: los trabajadores del Poder Judicial federal se fueron a paro de labores, los grupos empresariales han reclamado, dentro y fuera de México, y lo más reciente y denso fue el pronunciamiento, primero, de la embajada de Estados Unidos y, después, de la de Canadá. Ambas coinciden en que se pone en riesgo la estabilidad de las inversiones internacionales e inyecta nervios a los empresarios. Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar, se fue aún más lejos: puso en duda la democracia mexicana y advirtió sobre la posible intro-misión del crimen organizado en la determinación de los nuevos jueces. Luego de esto, el gobierno de México condenó las declaraciones de Salazar y las calificó de injerencistas.
Todo esto ha pasado en solo un mes. El escenario de festejo se halla totalmente desdibujado. Faltan menos de 40 días para que termine el gobierno de López Obrador y cada hora será de alto desgaste. Las consecuencias de las decisiones que se tomen en estas cinco semanas restantes marcarán el fin del gobierno del presidente, y probablemente sus años futuros como ex presidente.
El panorama está colmado de bruma.
Presidente, se le viene la noche.

Hace unos días la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que en su gobierno se iban a ampliar las líneas de ferrocarriles para pasajeros, sea que utilizaran buena parte de las vías existentes bajo dominio de empresas privadas, o que se crearan nuevas vías que permitieran que los vagones corrieran a alta velocidad. En el caso de la infraestructura, dijo ante reporteros de medios informativos, se aplicará el mismo sistema que se usa actualmente y que se usó en el Tren Maya: la dirección estará a cargo de integrantes de las fuerzas armadas y la operación se hará por medio de empresas privadas de civiles.
Ese sistema –y esto ya no lo dijo Claudia– consiste en entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional miles de millones de pesos en fideicomisos opacos para que los generales dispongan libremente de ellos. Los ingenieros militares que no tienen los rangos más altos, los de carne y hueso, no son los que manejan el dinero, no son los que toman las decisiones reales. Los generales son los que deciden a qué empresas se entregan los contratos. Lo hacen, en la mayoría de los casos, a través de modelos sumamente oscuros.
Hay tres ejemplos básicos sobre este modelo de opacidad militar que nos conduce inevitablemente a la presunción de corrupción.
El primero tiene que ver con los escándalos de las intervenciones telefónicas a los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador que los involucran en una presunta red de tráfico de influencias para obtener contratos millonarios dentro del Tren Maya, la obra insignia de AMLO. Los procesos son tan difíciles de auscultar y el contratista y los hijos del presidente son tan cerrados que no se puede dilucidar lo que allí ha sucedido. Si bien los audios que nos han presentado no nos dejan conocer la verdad completa, sí hay fuertes indicios para creer que hay negociaciones turbias.
El segundo es la reciente declaración de López Obrador en su conferencia mañanera del 5 de julio pasado. Al presidente se le preguntó sobre la reunión de Gonzalo López Beltrán con Sheinbaum, y AMLO respondió que su hijo no trabajaría en el gobierno del “segundo piso” de la 4T, y que la visita fue porque “ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra”. El modelo de construcción es tan opaco que ni siquiera se sabía que su hijo era una especie de “asesor” de la obra.
“Pues me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz con los marinos”, dijo sobre la intervención extralegal de su tercer hijo en la obra que controla la Secretaría de Marina.
La visita a la obra por parte de un representante directo del presidente, que no tiene un cargo oficial, es una interferencia enorme en el proceso de construcción. ¿Para qué necesita AMLO a su hijo si los marinos tienen todo el control y el conocimiento? Un civil sin obligaciones legales pero con el poder real que representa ser hijo del presidente.
El tercer caso es el que más conozco porque lo hemos investigado a profundidad. Se trata de la construcción de otras vías del tren: las que modifican el trazado del ferrocarril que va de Guaymas a Nogales, Sonora.
La Defensa Nacional entregó un contrato de 647 millones de pesos por invitación restringida –que se llama “cuando menos tres personas”– a la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos S.A. de C.V., una compañía que se creó en 2020, ya en el gobierno de López Obrador. El modelo de contratación es, en los hechos, una adjudicación directa disfrazada de licitación porque es la Defensa la que determina a quién invitar y a quién no.
Cuando el equipo de reporteros ubicamos el nombre de la compañía, no tenía un historial crítico, pero al revisar a sus accionistas apareció toda una red de empresas vinculadas con ésta que han sido detectadas como “factureras”, es decir, compañías de papel que en realidad no prestan el servicio directamente sino que contratan a otras para que hagan su trabajo –cuando lo hacen–, lo que incrementa sobremanera los costos para el erario.
Todos estos datos los tuvieron los militares antes de contratar, y aun así lo hicieron. Por eso es que resulta imposible creer que los militares son más honestos por el simple hecho de ser militares, discurso que ha repetido una y otra vez AMLO, y que al parecer Sheinbaum ha aceptado como suyo.
Un sexenio más de militares en obras es uno más de opacidad, autoritarismo, corrupción e impunidad.

 

Empecemos con datos duros que un equipo de periodistas compilamos, trabajamos y analizamos con los expedientes revelados en Sedena Leaks, y que fueron proporcionados por la organización de hacktivistas Guacamaya.
La presencia del crimen organizado, en particular del narcotráfico y sus variantes, se halla prácticamente en todo el país.
En mil 198 municipios, de los 2 mil 471 que hay en México, existe al menos una organización delictiva identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por el sistema de inteligencia mexicano.
“Si tomamos en cuenta los kilómetros cuadrados que ocupan cada una de estas regiones, los datos revelan que en el 75 por ciento del territorio mexicano se tiene registrada la presencia de algún grupo delictivo”, escribimos en el reportaje México, el país de los cárteles.
Cuando lo publicamos, en dos versiones distintas, 2022 y 2023, algunos académicos comentaron que les parecía interesante, otros se mostraron sorprendidos y unos más lo descalificaron. Sin embargo, con el tiempo, la duda se ha ido desvaneciendo y distintos estudios han aparecido, colocando el porcentaje de presencia incluso arriba del 80 por ciento.
La expansión de las estructuras criminales ha sido imposible de detener. Sobre todo ante la política de “abrazos no balazos” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea, casi obsesión, de detener los homicidios y de no realizar matanzas comparadas con las del sexenio de Felipe Calderón, ha llevado al actual gobierno mexicano a una especie de congelamiento, de brazos caídos ante la criminalidad galopante.
El escenario no da para más. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum no cambia la estrategia emprendida por López Obrador el país podría llegar a tener zonas muy amplias de ingobernabilidad, como ya ha pasado en partes de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Guerrero, particularmente en Tierra Caliente.
Claudia ha apostado sus fichas por Omar García Harfuch, un policía de carrera que ella había apuntalado para jefe de gobierno de Ciudad de México y que al final, no por decisión propia, tuvo que marginar a una senaduría e impulsar a Clara Brugada, que resultó vencedora en la reciente elección.
García Harfuch representa dos caras públicas: la del policía eficiente y valiente que disminuyó –según cifras oficiales– la inseguridad pública en la capital del país, y la del agente que se formó en la Policía Federal, cerca de los hombres leales a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y hoy en día condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Si llega García Harfuch al gabinete presidencial, tendrá que enfrentar a los cárteles del crimen. Vale recordar que en 2020 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentó asesinarlo. Dispararon más de 400 veces en contra del coche en el que circulaba y asesinaron a dos de sus escoltas. Él resultó con heridas no graves.
Después de ese atentado parecen haberse calmado las cosas entre ellos: ya no volvió a haber otro atentado parecido contra su persona –que se sepa– y, de alguna manera, logró participar en varios actos de campaña como candidato al Senado. Tampoco ha habido amenazas públicas del CJNG en videos por su posible futura designación.
Otro elemento que tendrán que sortear el nieto del general Marcelino García Barragán –titular de la Sedena el 2 de octubre de 1968– y la virtual presidenta electa es la presión de las fuerzas armadas. Hay grupos dentro de estas instituciones, militares y marinos, que no están conformes en que llegue García Harfuch a dirigir la seguridad del país, menos ahora que han ganado tanto poder, presencia y han acaparado cifras multimillonarias de fondos federales.
Sheinbaum ya definió un elemento central en la estrategia: la Guardia Nacional seguirá al mando de los militares; incluso ya anunció que impulsará la reforma constitucional para darle certidumbre legal a la corporación dentro de la Sedena. Ese elemento, sin duda, calma las aguas dentro del Ejército, pero le resta poder futuro a García Harfuch. Habría que preguntarse si le conviene al exsecretario de seguridad capitalino ser el nuevo secretario de Seguridad federal sin contar con una fuerte corporación policiaca bajo su mando.
Sea como fuese, el crimen organizado será el gran reto del próximo gobierno.