Ubaldo Segura “secuestró” a periodistas en 2014, afirma la FGR en su acusación
Es un cargo excesivo cuando se trató de una protesta social, dice el abogado Rogelio Téliz. Ayer el luchador social de la Montaña preso en una cárcel de Veracruz rindió su declaración preparatoria vía Zoom a un juez de Chilpancingo. Exigen comisarios de la región a Sheinbaum y a Salgado su libertad
Chilpancingo y Tlapa, Guerrero, 21 de marzo de 2026. Después de tres días de la detención del dirigente social Ubaldo Segura Pantoja por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado Décimo de Distrito le notificó ayer en la primera audiencia que fue detenido por el delito de secuestro, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García.
Segura Pantoja fue detenido a las 13:35 horas del miércoles afuera de su casa en la calle Agustín Ramírez de la colonia Tepeyac, de Tlapa, y fue trasladado al penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, a pesar de que el expediente lo tiene el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chilpancingo.
Ayer, en este Juzgado, a partir de las nueve de la mañana se realizó la audiencia vía Zoom.
Durante el enlace permanecieron afuera del Juzgado, familiares de Segura Pantoja, entre ellas su esposa María López y su hija Zoraida Segura López, quien declaró a El Sur que la detención de su padre fue “totalmente injusta y arbitraria”.
En esta audiencia se encargó de la defensa un abogado de la Defensoría Pública, sin embargo, en lo que sigue del proceso se harán cargo abogados de Tlachinollan, uno de ellos Téliz García, quien ayer estuvo en la audiencia.
Entrevistado después, informó que la audiencia fue con el objetivo de tomarle su declaración preparatoria a Ubaldo, como presunto responsable del delito de secuestro “de unos periodistas en la ciudad de Tlapa”.
El caso al que se refiere el abogado ocurrió el 13 de diciembre del 2014, cuando un grupo de periodistas de varias ciudades del estado se encontraban reunidos en el salón de fiestas Quinta San José, cerca del centro de Tlapa, convocados por el Club de Periodistas, cuando integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), fueron a protestarles a funcionarios de los gobiernos estatal y municipal que se encontraban en la reunión.
Los integrantes de ambas agrupaciones impidieron la salida de los asistentes, entre ellos los periodistas, durante casi cuatro horas.
El abogado Téliz explicó que se trató de una presión del movimiento popular a los funcionarios que se encontraban en esa reunión, para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014.
“Pero ahora resulta que estos periodistas dicen que fueron secuestrados por Ubaldo, por miembros de la CETEG y del FPM, cuando en realidad sólo se fueron a manifestar y resultó que estaban ellos ahí”.
El delito es del fuero común, pero lo atrajo la FGR
El abogado informó que según el expediente, los periodistas que presentaron la denuncia son Miguel Ángel Mata Mata, Silvia Inés Borja Arteaga, Julio Ayala Carlos, Brenda Nava Mancilla, Fabián Herrera, Fulgencio Ramírez Lozano, José Arroyo Reyes, José Luis Falcón Aravela, Andrés Rubén Maganda, Divina Minerva Castro Flores, Raúl Pérez García, Fulgencio Ignacio Sandoval Godoy y Asunción Nogueda.
De acuerdo con el abogado, el delito que se le imputa a Segura Pantoja es del fuero común, pero que por tratarse de periodistas la FGR atrajo el caso, sin embargo, declaró que no se justifica que el detenido haya sido trasladado a un penal de máxima seguridad y lejos de Guerrero, “porque no pertenece a la delincuencia organizada, ni es gente caracterizada de alta peligrosidad”.
“El único delito de quienes protestaron fue que se manifestaron a favor de la presentación de los 43 normalistas”.
Explicó que ve que el traslado de Segura Pantoja al penal de Veracruz por agentes de la FGR de la morenista Ernestina Godoy es para “dar un escarmiento a todos los integrantes del movimiento social, como que les están advirtiendo: si cometen otro delito, esta va a ser la ruta de castigo para ustedes”.
Informó que la defensa del dirigente social, tiene hasta el martes próximo para aportar pruebas de su inocencia, puesto que el miércoles, a las ocho de la mañana, se definirá el auto de libertad o de prisión de Ubaldo Segura.
“De entrada, como Tlachinollan, nos preocupa mucho que la FGR se preste a esta simulación de delitos, porque revisando las constancias de declaraciones (de los que denunciaron) no se acredita el secuestro, que, como se sabe, se priva de su libertad a la persona con el único fin de obtener un recurso económico o lucro”.
Pero aclaró que, de acuerdo con la narrativa de los hechos, en este caso no se acredita “ni siquiera la privación de la libertad de quienes denunciaron, mucho menos el secuestro, porque los que se manifestaron en ningún momento lo hicieron con el objeto de privar a alguien de la libertad y exigir un dinero, fue únicamente para exigir la presentación de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa”.
Por separado, los familiares de Ubaldo Segura, declararon a los medios de comunicación que cuando ocurrieron esos hechos él no participó, puesto que se encontraba realizando gestiones en la Ciudad de México.
Sin embargo, el abogado Téliz dijo que entre ayer y hoy sábado valorarían si presentan las pruebas de ello, “o haciendo un análisis lógico jurídico de la carpeta de investigación tumbamos el delito, sin que declare”, pero en caso de que sea necesaria su declaración, los abogados aportarían esas pruebas, informó.
El abogado informó que saben que por lo menos hay otras cinco órdenes de aprehensión en contra de integrantes del movimiento social, “y no dudamos que en cualquier momento los puedan detener”.
Entrevistada por separado, la hija de Segura Pantoja, Zoraida Segura López denunció irregularidades desde el momento de su detención, entre las que mencionó la incomunicación en que mantuvieron a su padre y la información confusa y contradictoria que les dieron en las primeras horas.
Informó que hasta ayer por la tarde les informaron que este viernes estaba programada la declaración a las nueve de la mañana en el Juzgado Décimo de Distrito, pero que sería virtual puesto que a su padre lo tienen preso en Villa Aldama, Veracruz.
Dijo que acudieron al Juzgado con la idea de que podrían ver a su padre, aunque sea vía Zoom, pero que fue una audiencia privada.
“Estamos molestos por la forma en que se lo llevaron, él es un hombre de 74 años, y no sabíamos quién se lo había llevado”.
Contó que Ubaldo estaba haciendo “detallitos” en su casa y cuando salió a la calle un carro blanco se le atravesó al vehículo de mi papá y se bajaron tres hombres, que, al parecer, llevaban gafetes y una carpeta con papeles.
Denunció que después de que lo subieron al carro en el que llegaron los desconocidos, no le permitieron ni siquiera avisar a su familia.
“Creemos que la forma como se lo llevaron es arbitraria e injusta totalmente porque, así como está la situación social y las desapariciones, nos podemos esperar lo que sea, lo peor, estuvimos en una incertidumbre y la verdad fueron muchas horas de angustia, de desgaste, de todo”.
Denunció que, sin que ninguna autoridad les informara del lugar en que se encontraba su padre, de pronto, la mañana del jueves recibieron una llamada telefónica de trabajo social de la cárcel federal de Villa Aldama, Veracruz, para informarles de las reglas para ir a visitar a su familiar.
“Nosotros no supimos a qué horas y cómo lo trasladaron, nomás fue de repente que nos dijeron que estaba en Veracruz, pero fue trabajo social del Cefereso”.
Denunció que jamás les informaron por qué delitos se lo llevaron y que eso aumento su incertidumbre y angustia, puesto que no sabían quién, a dónde y por qué se lo llevaron; “hasta este momento (una de la tarde de ayer) no tenemos suficientemente claro por qué mi papá está detenido, no sabemos cual fue el motivo de su detención, de manera muy superficial nos hablan de que fue por un evento que fue en el 2014, en el marco de las protestas por Ayotzinapa, pero no tenemos nada claro”, insistió.
Concluyó: “su detención fue totalmente injusta y arbitraria, de verdad, me estoy conteniendo mucho para no expresar el enojo y la impotencia. Fue totalmente arbitrario y desilusionante el haber tratado así a mi papá, una persona de 74 años, luchador social, que tiene un puesto reconocido totalmente en la sociedad, ya se está viendo todo el respaldo que tiene por ser una buena persona”.
Los compañeros de movimiento de Segura Pantoja informaron inicialmente que es maestro jubilado, pero su hija aclaró ayer que es jubilado pero de la XEZV, La Voz de la Montaña, de la que fue fundador, locutor y productor, pero su padre sólo estudió la secundaria, “es un autodidacta, lee mucho por su propia cuenta”.
Exigen comisarios, Tlachinollan y el FPM a Sheinbaum y a Salgado la libertad de Ubaldo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM), comisarios y delegados de comunidades de varios municipios de esa región exigieron ayer en conferencia de prensa a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la libertad inmediata del defensor social Ubaldo Segura Pantoja.
La conferencia de prensa que se transmitió por Facebook se denominó: La prisión injusta de Ubaldo Segura, y fue encabezada por el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y participaron dirigentes del FPM, así como autoridades comunitarias de los municipios de Tlapa, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Cualac y Xalpatláhuac, donde Segura Pantoja ha hecho trabajo de gestoría social.
Berrera Hernández explicó que la detención de Segura Pantoja es injusta porque no está fundamentada en los derechos que como ciudadano tiene.
Dijo que hubo violaciones constitucionales en su detención, pues se le incomunicó de su familia, que no sabía dónde estaba en las primeras horas, y que se le desapareció porque en las distintas dependencias donde supuestamente estaba no les dieron información y dijeron que no sabían de él, hasta después de las 24 horas.
“Nos indigna que lo hayan tratado como a un criminal de alta peligrosidad y que lo hayan trasladado fuera del estado e incomunicado para no permitirle una defensa adecuada”.
Alertó que con ello se pretende generar una criminalización contra los defensores al tratarlos como delincuentes de alta peligrosidad, “eso es lo que indigna a los defensores sociales, sobre todo porque en Ubaldo hay solidaridad, humildad, exigencia de justicia, hace gestoría para obras sociales, para la educación, carreteras, programas sociales y eso no es un delito”.
El defensor de derechos humanos criticó que en el actual Gobierno se siga cometiendo el mismo patrón de violaciones a los derechos humanos a los detenidos, como en los gobiernos anteriores, y las autoridades no permitan que los detenidos tengan una defensa adecuada.
Exigió a las autoridades federales que respeten los derechos de Ubaldo, y criticó que, tres días después, a la hora de la conferencia de prensa, 11 de la mañana, aún no se sabía de qué delitos lo están acusando y por qué se lo llevaron fuera del estado, “cuando los principios internacionales hablan de acceso oportuno a la justicia”.
También intervino Evodio Pérez Malpica, quien el 20 de febrero del 2024 fue detenido por el mismo delito que se le señala a Segura Pantoja, y recordó que sufrió el mismo trato, “como si fuéramos peligrosos delincuentes”.
Relató que a él lo detuvieron agentes que llegaron a su casa “con el uniforme de Morena (guinda)”, y que después de que se lo llevaron lo incomunicaron de su familia 12 horas.
Recordó que se lo llevaron rumbo a Puebla, y de ahí a Torreon, Coahuila, donde lo encarcelaron en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 por el delito de secuestro, pero a los nueve días lo liberaron.
“No sé a qué se debe que en este nuevo Gobierno se dice que ya hay un cambio, pero todo sigue igual, no se respetan nuestros derechos a los que trabajamos con las comunidades y que no cometemos errores”.
Pérez Malpica exigió la libertad de Segura Pantoja, de quien dijo, “ya es un señor de la tercera edad”.
Después de que Pérez Malpica narró su caso, Barrera Hernández concluyó que esperan que, como él, a Ubaldo también lo pongan en libertad, puesto que es la misma causa penal “y tampoco hay delito que perseguir”.
Pablo Abad Díaz, del FPM, denunció que la detención de Ubaldo Segura fue arbitraria y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que pongan atención en el caso.
“Exigimos su libertad, evitemos que esto vaya a trascender más allá de lo que nosotros no quisiéramos, porque nos duele mucho que un compañero, integrante del movimiento social y de los pueblos indígenas, que ha luchado por los comerciantes, por el territorio y por la libertad de la defensora Kenia Hernández, y ha exigido justicia por Arnulfo y por los presos políticos en general, haya sido encarcelado”.
El dirigente social informó que la tarde de ayer se reunirán dirigentes de organizaciones de la Montaña para trazar una ruta de acción política y de denuncia, “porque le vamos a dar continuidad al caso de Ubaldo hasta verlo libre”.
Alertó que el ambiente en Guerrero “está muy raro” y que ve que se viene una oleada de represión y criminalización en contra del movimiento social.
“Tal parece que se viene una oleada de persecución contra los luchadores sociales, al parecer es una estrategia de los gobiernos estatal y federal para mediatizar y apagar el movimiento de los derechos humanos y pueblos indígenas”, advirtió.
Insistió en que por eso no van a permitir que Segura Pan toja siga preso, “exigiremos su libertad inmediata del compañero que ya es un adulto de la tercera edad y padece de discapacidad auditiva como secuela de cuando padeció el Covid”.
A su vez, Regino Rodríguez Rosales, de la comunidad de Atzompa, municipio de Metlatónoc, recriminó que las autoridades no han esclarecido ni detenido a los responsables del asesinato del presidente municipal, Isaías Rojas Ramírez, quien murió después de un intento de asalto en la Autopista del Sol, cerca de Zumpango del Río en mayo del 2025, “pero sí se llevan detenido a un luchador social que exigió obras y apoyos para los pueblos de la Montaña, a ese sí se lo llevan a una cárcel de máxima seguridad”.
Cuestionó que las autoridades traten a los luchadores sociales, “que no son criminales, peor que a los verdaderos criminales”.
“Como pueblo nos sentimos mal por la forma cómo nos tratan las autoridades que llegaron a ocupar esos puestos por la elección de los pueblos, eso es una humillación y una discriminación”, reprochó.
Advirtió a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado que no se les olvide que llegaron al Gobierno de la mano de los pueblos, pero que ahora, en vez de que se acerquen a ellos, se están alejando con estas acciones.
Zacarías Cervantes/Foto: Carmen González Benicio
