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Diputados que denunciaron amenazas del crimen asisten a sesiones de manera virtual

El diputado local del distrito 18, Adolfo Torales Catalán (PRI), votando desde su casa en Arcelia durante su participación virtual en una sesión del Congreso Foto: Israel Flores

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A más de un mes que se conociera que un grupo criminal amenazó de muerte a alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte, y que desde entonces no acuden a las sesiones del Congreso local, este martes las perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán participaron en la plenaria de manera virtual, sin que ninguno realizara alguna participación.
El 27 de abril se publicó en El Sur que el grupo de alcaldes y diputados locales informaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la amenaza de muerte, y le pidieron acciones concretas.
En particular, advirtieron del riesto que corrían en sus traslados a la capital, en cumplimiento de sus labores o trámites.
Aunque no se específicó a qué grupo criminal se referían, se conoció que eran Los Tlacos, que tienen control de los tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo.
Después se realizaron reuniones de las que no se conocieron los detalles. Sin embargo, los tres diputados no han acudido a las sesiones del Legislativo.
Ayer se colocó en el centro del salón de plenos, frente a la tribuna, una pantalla en la que se observó la participación remota de las perredistas y el priista, quienes por un mes dejaron sus actividades en el Poder Legislativo.

Por amenazas, diputado
calentano participa

El diputado local Adolfo Torales Catalán, del PRI, informó que participó en la sesión virtual de la Comisión de Biblioteca e Informática, “en mi carácter de presidente del mismo, en donde se puso a consideración de los diputados que lo integran el Informe Anual de Actividades, que fue aprobado por unanimidad para el conocimiento del pleno”.
El diputado local del distrito 18, de militancia priísta, se ha mantenido activo en Tierra Caliente realizando reuniones con diferentes ayuntamientos y sectores, en donde además ha entregado obras de invitaciones, apoyo a las escuelas, y realizó giras por varios municipios, donde llevo regalos para las fiestas del Día de las madres y motocicletas para rifar por el Día del Maestro.
Sin embargo, acerca de su actividad legislativa, no se había conocido de alguna participación en el Congreso debido a que se mantiene en la postura de no asistir a Chilpancingo.

Minuto de silencio por hermado del diputado Astudillo

Al inicio de la primera de dos sesiones, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Héctor Javier Astudillo Calvo, quien fuera hermano del diputado Ricardo Astudillo Calvo e hijo del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En la sesión el pleno aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Senado, con la que se establece como requisito la edad mínima de 18 años para poder ser candidatos a diputaciones y de 25 años para ser secretaria o secretario de estado.
A propuesta del morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, el pleno aprobó un exhorto a las Secretarías de Salud y de la Mujer para que “tomen acciones inmediatas encaminadas al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.
En tribuna, el morenista dijo que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, y que en el 2020 más de 3 mil casos de menores de 19 años embarazadas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala.
Y llamó a las Secretarías de Educación, de Salud y de la Mujer a cumplir con los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, a través de campañas de educación sexual difundidas a través de redes sociales, la radio y la televisión.
Este martes se realizaron dos sesiones, ya que la Junta de Coordinación Política decidió que mañana jueves no habría.

Actos de corrupción con
programa de caminos artesanales

Al final de la segunda sesión, en tribuna el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”. Ahí denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.
En ese sentido explicó que los recursos de este programa del gobierno federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas, pero en casos como el de Tlacoapa se presumen malos manejos del presupuesto público.
El morenista llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.

La sesión

En estas se presentadon diversas iniciativas, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, para quedar como Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guerrero.
De Morena, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar el principio de paridad de género en la elección de comisarios, suplentes y vocales, así como en la integración del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales.
Tulio Sánchez propuso también una reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la creación de la Presea “Faustina Benítez”, para “reconocer a mujeres guerrerenses que hayan destacado por su labor social en esta entidad”, la cual sería entregada por el Congreso del Estado en Coyuca de Benítez, en el marco de la conmemoración del natalicio de la guerrerense, el 15 de febrero.
El Pleno aprobó también un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política para realizar el Parlamento Estudiantil número 15 de Los adolescentes y la cultura de la legalidad, el próximo 9 de junio.
Mientras que la perredista Yanelly Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar la denominación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Con información de Israel Flores/ Ciudad Altamirano).

 

No van a sesión del Congreso diputados presuntamente amenazados por el crimen

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Nuevamente a la sesión del pleno del Congreso de Guerrero no llegaron las diputadas Elzy Camacho Pineda, Flor Añorve Ocampo y el diputado Adolfo Torales Catalán, quienes participaron en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a partir de las presuntas amenazas de muerte de un grupo criminal.
Ayer fue la tercera sesión consecutiva a la que no asistieron la perredista Elzy Camacho, y los priistas Flor Añorve y Adolfo Torales, sin que sus grupos parlamentarios realizaran ningún pronunciamiento al respecto en tribuna. Del problema de las presuntas amenazas de Los Tlacos a los diputados no se ha hablado en el Congreso local.
En la sesión, la diputada priista Julieta Fernández Márquez presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para que entregue al Congreso un informe por escrito detallado sobre si existe un programa institucional para atender la deserción escolar en el estado, sus indicadores, metas y alcances.
En tribuna la priista dijo que Guerrero pasó de tener un millón 120 mil estudiantes matriculados a solo 825 mil, de los cuales el 80 por ciento asisten regularmente a la escuela.
Planteó que es urgente y necesaria una política pública integral, un programa gubernamental que atienda “el grave problema de la deserción escolar”.
También del PRI, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que se suspenda la patria potestad de menores a aquellas personas que estén en un proceso de investigación por feminicidio o intento de feminicidio.
La diputada señaló que Guerrero es el octavo lugar a nivel nacional, respecto a delitos de feminicidios, ya que en el primer bimestre del 2023 se registraron 23 asesinatos de mujeres, 43.7 por ciento más que el año pasado.
“Por ello, es que el Estado además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito, también debe contemplar a los menores de edad como víctimas colaterales del delito y garantizar programas de contención, apoyo directo, continuos y gratuitos y, desde luego garantizar la protección y ejercicio de sus derechos bajo una patria potestad íntegra”.
De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Durante su intervención por el Día Internacional del Trabajo, el perredista Ociel García Trujillo dijo que en Guerrero aún se espera una obra importante del gobierno federal, porque en el estado hay problemas por la falta de empleos.
García Trujillo expuso que no hay obras extraordinarias en los municipios, “donde muchos albañiles podrían al menos, tener la oportunidad de trabajar… y seguimos esperando compañeros, y yo espero de todo corazón, que el Presidente de la República, en este último año que le queda, logre hacer algo por Guerrero”, dijo.

 

Los amenazan por denunciar que no les pagan, se quejan empleados de la Coagua

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Coagua) denunciaron que son hostigados y amenazados por inconformarse de que aún no les pagan su salario correspondiente a la primera y segunda quincena de julio.
Además señalaron que las autoridades presentan “facturas falsas” de renta de vehículos.
Como informó El Sur el lunes, los trabajadores se quejaron porque la paramunicipal aún no les paga la primera quincena de julio y no saben cuándo lo hará.
“No nos han pagado un mes, no han pagado a los empleados de contrato y de jornada acumulada”, señaló el trabajador y precisó que “esta quincena tampoco se ha depositado”.
Asimismo, indicó que falta de material, “no tienen un stock, se va comprando conforme se necesita”.
Abundó que les falta material para la reparación de fugas y de los vehículos, y que se labora con lo que se puede.
El inconforme detalló que por hacer las denuncias hay compañeros a los que “hostigan, algunos son amenazados con despedirlos”, y que por esa razón no han protestado.
Otro trabajador se quejó de que “no nos han pagado dos quincenas, también nos deben el retroactivo. Desde que entró Evodio nos han desvalijado a los trabajadores, el bono que dejó López Rosas también no lo hicieron perdedizo”.
Agregó que “la petición al gobierno es que nos paguen, los niños quieren comer”, y mencionó que para ir sobreviviendo tiene unos árboles de nanche y limón y sale a vender, “así voy sacando, queremos que nos paguen”. (Aurora Harrison).

 

Fueron torturados y amenazados, dicen los detenidos por el asesinato de la menor

* Riden su declaración ante el juez

 Jorge Nava * Armando de la Mora Calles y Juan Zahuatitla Morales, acusados de matar a Wendoline Lara Nochebuena, de 11 años, el viernes de la semana pasada, afirmaron que son inocentes y que la Policía Ministerial por medio de la tortura y amenazas los obligó a declararse culpables del crimen.

Los detenidos encerrados la madrugada del miércoles en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), localizado en la colonia Las Cruces, rindieron ayer su declaración preparatoria en el juzgado quinto penal, en donde negaron las supuestas declaraciones que dieron al Ministerio Público con relación a los hechos y ampliaron, cada uno en su turno, que hubo presión de los policías para que se declararan culpables.

La niña Lara Nochebuena murió ahorcada. Sus hermanas la encontraron colgada, amarrada de las manos y desnuda. En su casa ubicada en la avenida Paseo de la Cañada, número 8, de la colonia Alta Progreso, a un costado de la unidad habitacional Infonavit.

La diligencia se efectuó en la primera secretaria de acuerdos adscrita al juzgado, donde el secretario Vicente Guerrero Campos les leyó a ambos las declaraciones que cada uno dio al Ministerio Público.

En el caso de Zahuatitla Morales había dicho que ese día se encontraba en casa de unos profesores en el Infonavit junto con su sobrino Oscar, que es su ayudante de obra. Señala que regresó a su casa a las 7 de la noche. Pero que, a la hora de la comida, su esposa Susana Reyes Navarrete le informó, a través de una conversación telefónica, que no podría llevarle de comer porque acompañaría a la mamá de Wendoline, pues habían matado a la menor.

Indico que regresó a su casa para acompañar a la familia de la menor muerta. Ese día, aseguró, no vio a su vecino De la Mora Calles, en el velorio.

Según la declaración que dio en el Ministerio Público, señala a De la Mora Calles como una persona adicta a la mariguana, vive solo, nunca se casó y consume alcohol.

Aclara que mantiene buena relación con los papás de                 Wendoline y nunca ha tenido problemas con ellos.

Por su parte, De la Mora Calles afirmó que desconoce esas declaraciones porque cuando lo detuvieron los policías, nunca le dijeron a dónde lo llevaban. Además de que lo estuvo torturando mucho el comandante adscrito, en la colonia Garita.

Agregó que no era posible que matara a Wendoline, ya que ese día se encontraba en casa de sus padres dormido. Despertando tarde porque su mamá, Rufina Calles Mendoza, lo dejó encerrado en su casa con sus sobrinos, a quienes les preparó de comer.

Aseguró que ante los golpes constantes, le pidió al comandante de la colonia Garita, que lo encerrara en el reclusorio para que ya no lo siguiera golpeando.

El agente del Ministerio Público adscrito en el juzgado, Rubén Figueroa, le solicitó cuestionarlo con relación a los hechos, pero De la Mora Calles se negó porque dijo sentir mucho dolor de cabeza y de estómago. El fiscal pidió también al juez que le decrete formal prisión por negarse a contestar las preguntas.

Por su parte, Zahuatitla Morales negó también que mató a la niña, y su abogado solicitó al juez la ampliaron de 72 horas para ofrecer pruebas a favor del detenido. Solicitó fechas para que se llame a declarar a la profesora para la que realizó trabajos de albañilería ese día de los hechos, así como al ayudante de su cliente.

Mientras que la defensa de De la Mora Calles solicitó fecha para que declaren los padres de su cliente, Rufina Calles Mendoza y Abundio de la Mora, con relación a qué hizo ese día el procesado.