Han querido desviar la discusión. Hablar de fechas, de coyunturas, de supuestas ventajas electorales. Pero el fondo de la reforma es otro, mucho más incómodo para quienes han vivido del presupuesto público durante décadas.
La iniciativa toca dos nervios sensibles del viejo sistema político: los ayuntamientos y el gasto legislativo. Y por eso el escándalo.
Seamos directos: en México, una parte importante de la clase política no vive de representar, vive de ocupar espacios. Espacios inflados, innecesarios, costosos y muchas veces desconectados de la ciudadanía. Cabildos saturados de regidores sin función real. Estructuras legislativas que consumen recursos públicos sin traducirse en mejores leyes ni en mayor bienestar.

Eso es lo que el Plan B pone sobre la mesa.
En muchos municipios del país, los cabildos se han convertido en espacios de reparto político, no de gobierno. Regidurías que no responden a una lógica de gestión pública, sino a cuotas partidistas. Hay municipios donde el número de regidores responde más a acuerdos entre partidos que a necesidades reales de administración. El resultado es predecible: decisiones lentas, responsabilidades diluidas y un costo creciente para los ciudadanos.
Reducir su número no debilita al municipio; lo fortalece. Obliga a una administración más ágil, más directa y más responsable. Quita incentivos al reparto de posiciones y devuelve centralidad a la función pública: gobernar, no administrar cuotas.
Y luego está el tema que más incomoda: el dinero.
La reducción del presupuesto en congresos locales y en el Senado rompe con una lógica profundamente arraigada: la política como espacio de privilegio. Durante años, los órganos legislativos crecieron en estructuras, asesores, prebendas y gastos operativos sin una correlación clara con mejores resultados legislativos. Se volvió normal que el costo del aparato legislativo aumentara, mientras la confianza ciudadana disminuía.
El Plan B plantea algo elemental: que el poder público cueste menos y rinda más.
Esto no es austeridad simbólica, es rediseño institucional. Implica revisar partidas, eliminar excesos, transparentar el uso de recursos y ajustar el tamaño de las estructuras a lo estrictamente necesario. En un país con enormes desigualdades, no es sostenible que los órganos de representación operen con lógicas de gasto que no resisten el escrutinio público.
Y ahí es donde aparecen las resistencias reales.
Porque esta no es una discusión técnica. Es una disputa por intereses. Cada regiduría eliminada y cada peso recortado significa menos espacios para cuotas, menos posiciones para grupos, menos recursos para operar políticamente desde el presupuesto. Significa, en términos simples, perder poder.
Quienes hoy gritan “riesgo para la democracia” son los mismos que nunca cuestionaron el tamaño de los cabildos ni el gasto desproporcionado de los órganos legislativos. Defienden la representación cuando les conviene, pero en realidad defienden la estructura que los sostiene.
La democracia no se mide por el número de políticos, sino por la calidad del vínculo entre el poder y la ciudadanía. Y ese vínculo no se fortalece con más cargos, sino con instituciones más eficientes, más austeras y más responsables.
También hay que decirlo con claridad: reducir excesos no es concentrar poder, es ordenarlo. Un Estado más delgado en sus estructuras superfluas puede ser más fuerte en sus funciones esenciales. Menos burocracia política, más capacidad de decisión. Menos gasto en operación, más margen para políticas públicas que sí impacten la vida de la gente.
El Plan B, en ese sentido, no reduce la democracia: reduce el exceso. Y al hacerlo, recupera algo fundamental: la credibilidad.
En un contexto de desconfianza hacia la política, la mejor respuesta no es defender lo indefendible, sino corregir lo que no funciona. Ajustar, recortar, simplificar. Hacer que las instituciones se parezcan más a la ciudadanía que dicen representar.
Por eso incomoda. Porque toca intereses reales. Porque mueve estructuras que durante años se consideraron intocables. Porque plantea, en los hechos, que la política no es un botín, sino una responsabilidad.
Y porque introduce una idea que para algunos sigue siendo intolerable: que el poder debe costar menos y servir más.
Por eso atacan.
Y por eso es indispensable defenderlo.

* Secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena

(Respuesta a Florencio Salazar)

En su columna titulada Diálogo en el laberinto, Florencio Salazar intenta presentar como un intercambio técnico lo que en realidad es una confrontación histórica entre dos modelos de nación. No se trata de una diferencia metodológica ni de una disputa académica sobre indicadores internacionales. Se trata de una discusión de fondo sobre el régimen político que gobernó México durante décadas y sobre la ruptura que comenzó en 2018.
No puede hablarse de neutralidad cuando quien escribe fue secretario de Estado en un gobierno panista y secretario de Gobierno en administraciones priistas. Es decir, formó parte activa del engranaje que sostuvo durante años la alianza estructural entre PRI y PAN, el llamado PRIAN. Ese bloque no fue una consigna propagandística. Fue una realidad política que garantizó continuidad de intereses, preservación de privilegios y una alternancia que nunca alteró el modelo económico ni desmontó las estructuras profundas de poder. Fue el gatopardismo llevado a la praxis: Que todo cambie para que todo permanezca igual.
Durante ese periodo se normalizaron prácticas que hoy algunos pretenden relativizar: privatizaciones opacas, condonaciones fiscales multimillonarias a grandes corporativos, rescates bancarios y financieros cargados a la sociedad, reparto de órganos autónomos por cuotas partidistas y presupuestos convertidos en moneda de negociación y “moches”. La corrupción no era una anomalía; era un mecanismo funcional de gobernabilidad. Permitía disciplinar actores políticos, financiar estructuras partidistas y asegurar la reproducción del mismo modelo económico.
También fue una etapa marcada por crisis de legitimidad democrática. Luis Carlos Ugalde encabezó el entonces IFE durante la elección presidencial de 2006, un proceso profundamente cuestionado por millones de mexicanos y que dejó una herida de desconfianza institucional que tardó años en cerrarse. Más allá de las resoluciones formales, aquel episodio fracturó la credibilidad del sistema electoral y evidenció la fragilidad de la confianza pública en las instituciones.
Ese contexto no puede borrarse cuando hoy se invoca autoridad técnica o se citan índices internacionales como si fueran sentencias morales definitivas. Durante décadas, esos mismos indicadores coexistieron con un sistema estructuralmente capturado por intereses privados sin que el régimen PRI-PAN emprendiera una transformación de fondo. La alternancia fue administrativa, no estructural.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 no fue una alternancia más. Representó la primera ruptura real con el pacto de élites que había definido la relación entre poder político y poder económico. Se terminó la condonación fiscal discrecional. Se acabó el presupuesto como instrumento de chantaje legislativo. Se enfrentó el robo de combustibles desde dentro del aparato estatal. Se instauró la austeridad republicana como principio de gobierno y se eliminaron privilegios en la alta burocracia.
¿Significa esto que la corrupción desapareció? No. Significa que dejó de ser política de Estado. Significa que ya no existe un pacto estructural para proteger redes de privilegio desde la cúspide del poder. Y eso es lo que incomoda profundamente a quienes participaron del modelo anterior.
Reducir la discusión a décimas en una tabla de percepción es evadir el fondo histórico. No estamos discutiendo un indicador; estamos discutiendo quién controlaba el Estado y para quién gobernaba. La transformación no es un ejercicio cosmético ni un ajuste administrativo. Es un proceso de desmontaje de estructuras que tardaron décadas en consolidarse.
El país no votó por la transformación por un capricho ideológico. Votó por hartazgo. Por la percepción acumulada de que la alternancia no resolvía la desigualdad ni desmontaba la corrupción estructural. Votó por romper un ciclo político que había agotado su legitimidad moral.
Hoy algunos pretenden colocarse como observadores imparciales del proceso que los desplazó. Pero la memoria histórica no es opcional. Quienes fueron parte del régimen PRI-PAN no pueden analizarlo como si no hubieran ocupado responsabilidades dentro de él. La crítica es legítima; la amnesia selectiva no lo es.
No fue un laberinto. Fue un régimen diseñado para proteger privilegios y administrar el poder entre los mismos grupos. No fue confusión institucional. Fue simulación democrática bajo reglas que aseguraban continuidad estructural. No fue alternancia auténtica. Fue el PRIAN repartiéndose el control del Estado mientras el país acumulaba desigualdad, desconfianza y desgaste institucional.
México decidió cerrar ese ciclo en 2018. Y esa decisión fue histórica. Fue una ruptura política que modificó la relación entre el poder y la sociedad. La transformación es un proceso en construcción, con desafíos y pendientes, pero representa la primera confrontación frontal contra el entramado de complicidades que definió al viejo régimen.
Lo que hoy incomoda no es el debate público. Lo que incomoda es haber perdido el control del sistema que durante décadas consideraron propio. El país ya decidió desmontar el régimen de privilegios que el PRIAN normalizó y defendió.
La historia no concede amnistía moral a quienes participaron en ese sistema y hoy intentan presentarse como jueces técnicos del proceso que los desplazó. El ciclo se cerró. El régimen quedó atrás. Y México no regresará al modelo que convirtió la corrupción en engranaje de gobierno. Disculpen las molestias que esto les ocasiona, pero estamos transformando a la nación.

* Secretario de Ciencia, Arte y Cultura CEN de Morena

La discusión política más importante de esta semana no se libra en el terreno electoral ni en el de las reformas administrativas. Se libra en un plano más profundo y decisivo: la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones externas, particularmente de Estados Unidos, bajo el argumento del combate al crimen organizado. Lo que está en juego no es solo una estrategia de seguridad, sino la dignidad política del Estado mexicano.
Las voces que desde Washington insisten en una mayor intervención directa en territorio mexicano repiten una fórmula conocida y peligrosa: externalizar responsabilidades, simplificar el problema y colocar a México como responsable único de una crisis que tiene raíces profundas en el consumo, el tráfico de armas y la descomposición social del propio Estados Unidos. No es cooperación lo que se propone, es tutela. Y eso, sencillamente, es inaceptable.
En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y políticamente firme: cooperación sí, subordinación no. No hay ambigüedades ni dobles discursos. La seguridad del país se define en México y se ejecuta con instituciones mexicanas. Defender esa posición no es un gesto simbólico; es una definición estratégica que rompe con décadas de subordinación disfrazada de alianza.
Conviene decirlo sin rodeos: la intervención extranjera nunca resolvió los problemas de seguridad en México. Por el contrario, los agravó. La llamada “guerra contra el narco”, impulsada bajo modelos importados, dejó un saldo de violencia desbordada, fragmentación criminal y comunidades enteras atrapadas entre el abandono del Estado y la disputa de los grupos armados.
México enfrenta un fenómeno criminal complejo, pero también cuenta hoy con un Estado más fuerte, con mayor capacidad de inteligencia, con fuerzas armadas disciplinadas y con una estrategia que comienza a atacar las finanzas del crimen, sus cadenas logísticas y su control territorial. No es un camino inmediato ni espectacular, pero es un camino propio, y esa es la diferencia fundamental frente a las recetas del pasado.
Este debate no ocurre en el vacío. Se da en un momento en el que ciertos sectores internos –políticos, mediáticos y económicos– parecen más dispuestos a amplificar la presión extranjera que a cerrar filas con su propio país. Hay una oposición que, incapaz de construir un proyecto nacional alternativo, apuesta al desgaste del gobierno incluso si eso implica erosionar la soberanía. Esa actitud no es crítica democrática: es irresponsabilidad política.
Los grandes medios que acompañan esta narrativa no informan, editorializan. Construyen un relato permanente de colapso, incapacidad y miedo, donde cualquier acción del gobierno es insuficiente y cualquier presión externa aparece como salvación. Son los mismos medios que guardaron silencio cuando el país se desangraba bajo gobiernos anteriores.
Frente a este escenario, Morena tiene una responsabilidad histórica: no solo gobernar, sino dar la batalla política e ideológica. Defender la soberanía no puede quedarse en la diplomacia; debe convertirse en un eje del discurso público.
Hoy la soberanía no es una abstracción ni una consigna cómoda. Es una línea de confrontación política real. Defender el liderazgo presidencial es defender al Estado mexicano.
Este es un momento de definiciones. No hay espacio para la neutralidad disfrazada de análisis. La historia juzgará con claridad. Y también la memoria política.

* Secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena

En las últimas semanas, el debate público en México ha girado con fuerza en torno a un tema que no es nuevo, pero que hoy adquiere una relevancia particular: la relación del país con el mundo y, de manera específica, con Estados Unidos. Se trata de una discusión que va más allá de la coyuntura diplomática o de los vaivenes del comercio internacional. En el fondo, lo que está en juego es la manera en que México decide ejercer su soberanía, proteger su economía y asumir su papel en un escenario global cada vez más incierto.
El contexto internacional no es sencillo. La guerra comercial, el endurecimiento de las políticas migratorias, la relocalización de cadenas productivas y las tensiones geopolíticas han modificado las reglas del juego. En este escenario, México ocupa una posición estratégica: somos vecinos de la principal potencia militar del mundo, una de las economías más abiertas del planeta y, al mismo tiempo, un país con profundas desigualdades regionales que exigen políticas públicas sensibles y eficaces.
Durante décadas, la relación con el exterior se concibió desde una lógica de subordinación. La apertura económica se presentó como una solución automática al desarrollo, sin considerar sus impactos sociales ni territoriales. Los resultados están a la vista: crecimiento insuficiente, regiones enteras marginadas del progreso y una dependencia estructural que limitó la capacidad del Estado para planear a largo plazo. Hoy, esa visión está siendo cuestionada con mayor claridad.
En este marco, la conducción del país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado sobre la mesa una postura distinta: una relación internacional basada en el respeto, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales. No se trata de confrontación gratuita ni de aislamiento, sino de asumir que México tiene derecho a definir sus prioridades económicas, energéticas y sociales sin presiones indebidas.
Este debate adquiere un significado particular en el sur del país. Estados como Guerrero han resentido históricamente los costos de un modelo de desarrollo que concentró la inversión y el crecimiento en pocas regiones. Acapulco es un ejemplo claro: durante años fue símbolo de modernidad turística, pero también de abandono institucional, desigualdad y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. La reconstrucción y reactivación económica del puerto no pueden desligarse del contexto nacional e internacional en el que se toman las decisiones de inversión, financiamiento y cooperación.
Hablar de soberanía, desde esta perspectiva, no es un ejercicio retórico. Implica preguntarse quién decide el rumbo del desarrollo, bajo qué condiciones llega la inversión y qué beneficios reales genera para la población. Implica también reconocer que la política exterior y la política económica interna están profundamente conectadas.
Otro de los ejes centrales del debate actual es la seguridad. El crimen organizado opera hoy con una lógica transnacional: tráfico de armas, de drogas y de personas que no reconoce fronteras. México necesita cooperación internacional, sí, pero bajo principios claros: corresponsabilidad, respeto a la soberanía y atención a las causas estructurales de la violencia.
El respaldo a la conducción presidencial no debe entenderse como un acto acrítico. Apoyar un proyecto de nación implica también exigir resultados, señalar omisiones y corregir errores, especialmente en aquellos gobiernos estatales y municipales que no han estado a la altura de las expectativas generadas por la transformación nacional.
Desde el sur, donde las decisiones tomadas a nivel federal e internacional se sienten con mayor intensidad, este debate no es ajeno ni abstracto. Es parte de la vida cotidiana, del empleo y de la posibilidad real de un futuro con mayor estabilidad.

* Secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena

¡Muy buenas tardes a todas y todos! Autoridades, familia Tapia Bahena, maestras y maestros artesanos, amigas y amigos de Taxco: hoy nos convoca un motivo luminoso y entrañable: rendir homenaje a los 90 años de vida de don Ezequiel Tapia Bahena, maestro cuyo nombre ya es sinónimo de oficio, de rigor y de belleza.
Noventa años no se dicen: se tallan.
Noventa años no se cuentan: se pulen.
Noventa años no se guardan: se comparten en cada pieza que pasa por sus manos.
Desde su niñez en Guerrero, don Ezequiel aprendió que la materia tiene memoria y que, si se le escucha con paciencia, revela su forma. Con el cincel y la piedra, con el fuego y la plata, encontró un lenguaje propio que une lo mineral con lo humano. En sus obras, la tradición prehispánica no es cita ni adorno: es raíz viva. Por eso en sus piezas laten el jaguar, el águila, la serpiente, Quetzalcóatl; no como museo inmóvil, sino como símbolos que vuelven a respirar entre vetas de obsidiana, de ónix, de azurita, y en la nobleza de la plata que ha hecho grande a Taxco.
Don Ezequiel ha sido –y es– un puente: entre la piedra y la plata, entre la forma y el sentido, entre la herencia y la innovación. En ese puente cabe Taxco entero, con su historia de talleres, sus patios y sus bancos de trabajo, su rumor de martillos y sus silencios densos que solo rompen las manos maestras. Su obra dialoga con la gran tradición orfebre de nuestra ciudad –la que renovó Spratling y han honrado generaciones–, pero lo hace desde una voz inconfundible: sobria, exacta, profundamente mexicana.
En un mundo que corre, don Ezequiel nos enseñó la pedagogía de la lentitud: que cada línea exige tiempo; que la perfección se persigue con humildad; que el error se aprende y se corrige; que el detalle importa porque allí habita la dignidad del artesano. Quien ha tenido la fortuna de verlo trabajar sabe que hay en su gesto una serenidad antigua: la concentración del que escucha la materia y la acompaña hasta que aparece lo que estaba esperando nacer.
No solo ha creado obras que hoy circulan por México y por el mundo; ha formado personas. Taller adentro, taller afuera, don Ezequiel ha sido maestro de maestras y maestros, de aprendices y curiosos, de niñas y niños que un día se acercaron a mirar y salieron con el brillo de la vocación en los ojos. Su legado no se mide solo en piezas: se mide en oficios rescatados, en familias dignificadas, en jóvenes que encontraron camino gracias a su ejemplo.
Hoy, al celebrar su 90 aniversario, queremos agradecerle tres cosas sencillas y enormes:
1) Gracias por escuchar la piedra. En tiempos de ruido, usted nos recordó que el silencio también es herramienta de trabajo.
2) Gracias por honrar la tradición sin convertirla en jaula. Sus piezas prueban que la memoria puede ser impulso y no ancla.
3) Gracias por compartir el oficio. Porque lo que se guarda se pierde, y lo que se enseña se multiplica.
A la familia Tapia Bahena, gracias por sostener el tiempo del taller, por acompañar alegrías y desvelos, por ser hogar desde donde se hace posible una obra tan extensa. A las y los colegas artesanos, gracias por mantener viva la cadena de manos que hace de Taxco una capital del arte y del trabajo.
Querido don Ezequiel: este homenaje no es un punto final; es un punto seguido. Sabemos que su mirada seguirá encontrando formas, que su mano seguirá enseñando y que su ejemplo –hecho de paciencia, disciplina y amor por la materia– seguirá tallando generaciones. Que la salud y la alegría lo acompañen; que la chispa del fuego y el rumor del cincel sigan siendo música diaria; que la ciudad que usted ha engrandecido lo abrace siempre.
En nombre de quienes admiramos su vida y su obra, ¡gracias, maestro! Por su arte, por su ética, por su generosidad. Por recordarnos que México también se escribe con piedra y plata, con símbolos y con manos; y que, cuando se trabaja con el corazón, cada pieza es una forma de futuro.
Le pedimos a todas y todos que nos pongamos de pie para brindar: por la vida de don Ezequiel Tapia Bahena, por su familia y por Taxco. ¡Que vengan muchos días más de salud, de trabajo y de belleza!
¡Feliz 90 aniversario, maestro!

* Discurso del secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena en el homenaje por los 90 años de don Ezequiel Tapia Bahena el sábado 9 de agosto de 2025 en Taxco.