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El 70% de los caminos artesanales en la Montaña están destruidos; fueron obras de mala calidad: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández con autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, en Tlapa en conferencia de prensa en las oficinas de la organización Foto: Tlalchinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que la mayoría de los caminos artesanales están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a las comunidades y en consecuencia fueron obras de mala calidad.
El defensor de derechos humanos e indígenas, se refirió al reportaje publicado el martes y miércoles en El Sur, durante una conferencia de prensa que se transmitió por Facebook en donde autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, denunciaron que desde hace un año el Ayuntamiento no les quiere pavimentar 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni techar la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort.
El Sur publicó en el reportaje que algunas carreteras artesanales de la Montaña, aún están inconclusas y permanecen sin reparación los daños mayores provocados desde el huracán John, en tanto que de parte de los alcaldes hubo irregularidades en el manejo de los recursos al grado de que en algunos hasta los muertos aparecen como trabajadores de los caminos artesanales.
“Apenas vimos un reportaje de los caminos artesanales de la Montaña, la mayoría están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a la comunidad, y por consecuencia, fueron obras de mala calidad”, declaró Barrera Hernández.
Indicó que, en efecto, casi el 70 por ciento de los 99 caminos artesanales están destruidos por las lluvias a partir del huracán John. “Son casi todos los que se hicieron en la Montaña”.
Reprochó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han abandonado por décadas a las comunidades de la región de la Montaña en materia de obras y servicios públicos.
El defensor de derechos humanos cuestionó que esto ocurra a pesar de la reforma indígena, en la que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; es decir, los actos de autoridad y de gobierno comunitario son constitucionales y sus leyes y costumbres también, tienen repercusión constitucional.
“Por esa razón pedimos a las autoridades que tomen conciencia de que el Cuarto Piso del gobierno comunitario está reconocido en la Constitución y los pueblos tienen derechos, entonces hay que ser coherentes con este nuevo escenario jurídico”, señaló en referencia a que los pueblos indígenas tienen que ser consultados en la realización de sus obras.
Celebró que ahora ya se les reconozca a las comunidades un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que lo manejen de manera autónoma de los ayuntamientos.
Afirmó que este es un buen ejercicio y una oportunidad para que demuestren que los pueblos administran bien sus recursos, son transparentes y consultan en asamblea para decir qué obras se van a realizar.
“Ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas no lo vemos en los tres niveles de gobierno, en cambio, la comunidad es muy transparente, por eso tenemos que apoyarla”.

Amagan con protestas si el Ayuntamiento de Tlapa no atiende sus demandas

Abel Barrera encabezó la conferencia de prensa en la que estuvieron autoridades municipales y agrarias, así como integrantes del Comité de Obras 2025 de Atlamajalcingo del Río, un pueblo nahua del municipio de Tlapa, quienes denunciaron que desde el 2024 el Ayuntamiento no ha pavimentado 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni ha techado la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort, con recursos federales del Ramo 33.
En la conferencia de prensa estuvieron el comisario municipal, Santiago Carera; el secretario de la Comisaría, Antonio Rojas; el presidente del Comité de Obras, Jovany Cano; el presidente del Comité del FAIS, Dagoberto Sierra; el comisariado de Bienes Comunales, Roberto Tapia, así como algunos principales del pueblo.
Antonio Rojas aclaró de entrada que no pertenecen a ningún grupo o partido político, sino que son genuinos representantes del pueblo. La aclaración la hizo debido a que explicaron que para deslegitimar su demanda, en el Ayuntamiento los señalan de tener intereses políticos.
Informó que el ayuntamiento solo les ofrece cien metros de pavimentación, lo que calificó como una burla, pues desde el 2024 no fueron considerados con ninguna obra y en lo que va de este año tampoco les han autorizado ninguna, “por eso exigimos los 400 metros y el techado de la escuela que está en la misma calle que queremos nos pavimenten”.
Los representantes de Atlamajalcingo del Río exigieron una reunión con el presidente municipal Gilberto Solano Arreaga.
Advirtieron que si no los atiende, los pobladores están dispuestos a realizar actividades de protesta “hasta que logremos lo que por derecho nos corresponde”.
Barrera Hernández explicó que Atlamajalcingo del Río es un pueblo que lucha, como todos, “pero de parte de las autoridades municipales hay un maltrato a las comunidades que no tienen lo básico para tener una vida digna”.
Reprochó: “No hay inversión en general de los ayuntamientos para revertir el rezago social que hay en las comunidades rurales e indígenas”.
Indicó que por ello, Tlachinollan apoya las demandas de Atlamajalcingo del Río y de muchas comunidades a las que no les resuelven sus demandas.
“Tenemos información de que al comisario municipal de Atlamajalcingo pasado, ni si quiera lo dejaron entrar a las reuniones del Coplademun. No supo qué pasó, al grado que las consecuencias fueron malas. No apareció Atlamajalcingo del Río programado para una obra”.
“Hay muchas comunidades en los municipios donde no hay obras prioritarias en las comunidades, lo que si hay son obras de relumbrón, obras nomas para salir del paso, mientras que los pobladores tienen que transitar por charcos y charcos que hay en las carreteras, caminos y calles porque no se las pavimentan.
Citó como ejemplo la cabecera municipal de Tlapa, donde en todas las salidas hay charcos y charcos porque no hay obra pública.

 

Simula la Cofepris que trabaja en los pueblos donde está contaminado el río Balsas, denuncian

 

Representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llegaron el lunes a la zona del Alto Balsas en donde los pobladores denunciaron la contaminación del río, pero sólo para reclamar a las autoridades agrarias que hayan presentado la queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum).
“Su presencia fue sólo para simular que están haciendo algo, porque en el caso de San Juan Totolcintla le llevaron medicamentos al comisariado de Bienes Comunales, Melquiades García Ríos, para que les firmara de recibido, cuando él no es quien necesita los medicamentos, sino los médicos en los centros de salud”, denunció Guillermo Álvarez Nicanor, integrante de la comisión que se integró para darle seguimiento al caso.
Denunció también que, a casi un mes de que los pobladores descubrieron que el agua cambio de color azul a verde, sigue igual, y que la secretaria de Salud no les ha informado los resultados de los análisis de las muestras que le llevaron.
Informó que el lunes la Cofepris llevó una campaña de médicos a San Juan Totolcitla, San Agustín Oxtotipan y Tula del Río, “pero me parece que fue mera simulación porque fueron y le pidieron a Melquiades García que les firmara de recibido la medicina y Melquiades qué tiene que ver con medicamentos, más bien son ellos los que tienen que trabajar allá, no es una labor de los comisarios”, se quejó.
Álvarez Nicanor, quien es originario de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, otro de los pueblos por donde pasa el río, dijo que el problema que están viviendo esos pueblos es cuestión de salud y son los médicos los que saben qué se tiene que hacer y también qué se tiene que hacer con la medicina, no los pobladores ni los comisarios, insistió.
“Pero pareciera que están actuando solamente por la queja que presentamos, y no con la intención de resolver el problema, o pareciera que están buscando cómo subsanar los errores que han cometido, simulando acciones”, denunció.
Dijo que los integrantes de la brigada de Cofepris le llamaron la atención, le preguntaron por qué presentó la queja, si ellos ya estaban trabajando, con respecto a la queja que presentaron ante la Codehum, de la que informó que al parecer ya se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se atienda respecto de las dependencias federales.
El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó el miércoles pasado que esa semana se darían a conocer los resultados, para saber si está contaminado por desechos de alguna minera, y que estaría pendiente de esos análisis que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le hizo al río Balsas para determinar la presencia de estas bacterias.
Los pobladores de la zona descubrieron el 15 de marzo que el río cambio de color azul a verde, y el 18 denunciaron la contaminación del río. El 21 llevaron las muestras y una solicitud al secretario De la Peña Pintos para que se investigara el caso.
Ante la falta de respuesta y atención de las autoridades agrarias y municipales de varios pueblos asentados en la ribera del Balsas, acudieron a la Codehum el martes de la semana pasada a presentar la queja.

 

Eligen autoridades agrarias de Coapinola en la región mixteca de Ayutla



Karenine Trigo Coapinola

Con la asistencia de menos del 10 por ciento del padrón de comuneros, se eligió a las autoridades agrarias de los Bienes Comunales de Coapinola. La elección fue en segunda convocatoria de la asamblea para dicho fin.
El núcleo agrario cuenta con 26 comunidades y consta de mil 644 comuneros, sin embargo, a la reunión del sábado 8 de abril sólo asistieron 114 campesinos y por no haber mayoría no eligieron al presidente de los Bienes Comunales. Y 14 de las 26 comunidades que integran el núcleo agrario rechazaron el Procede.
El pasado sábado 29 de abril en la asamblea, que se efectuó en la comisaría de los Bienes comunales, el representante de la Reforma Agraria, Gerardo Froylán Vázquez Guzmán, explicó a los mixtecos que por ser una asamblea de segunda convocatoria se haría con los asistentes y los acuerdos serán válidos para todos los comuneros. El padrón lo integran mil 644 comuneros, de los cuales sólo asistieron 113.
Los asistentes rechazaron la propuesta de elegir a las autoridades comunales por medio de planillas porque sería de acuerdo a sus usos y costumbres, por eso se eligió integrante por integrante y la votación fue a mano alzada.
La elección fue rápida. Ahí se eligió como presidente de los bienes comunales a Raúl Lucas Lucía, de Roca Colorada; secretario a Manuel Ponce Rosas, de La Cortina; y tesorero a Jorge Luis García Catalina, de Ocotlán; los suplentes, Juan Álvarez Garibay, Eleuterio Bernabé y Patricio Galdino, respectivamente.
En el Consejo de Vigilancia quedó como presidente, Arnulfo Morales Carrillo de la comunidad de Tepango, como primer secretario, Santos Santiago Anselmo, de La Angostura; segundo secretario, Fernando Gallardo Catalina, de La Fátima; y suplentes Roberto García Guadalupe, Eleuterio Bernabé José y Metodio Patricio, respectivamente.
Después de la toma de protesta, el recién electo presidente de los bienes comunales, Raúl Lucas Lucia, dijo a los mixtecos que la autoridad es la asamblea, “él es un simple representante de ellos”. Se comprometió a defender los acuerdos que surjan mediante asambleas y solicitó la colaboración de los comuneros para que asistan a las reuniones y se interesen en los problemas de la tierra.
Entre las comunidades que integran el núcleo agrario de Coapinola están El Paraíso, Coapinola, El Platanal, El Charquito, Ocote Amarillo, El Charco, Coxcatlán San Pedro, Coxcatlán Candelaria, La Angostura, Tepango, San Antonio, Tierra Blanca, Roca Colorada, Cumbres de Cotzalzin, Tepuente, El Piñal, La Fátima, La Cortina, Arroyo Ocotlán, Ocotlán Vista Hermosa, Ojo de Agua, Cumbres de Yolotepec y Rancho Cuapa.