Lourdes Chávez
Chilpancingo
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que este lunes, el órgano electoral recibió un requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la entrega de constancias de mayoría de autoridades electas, pero se negó a proporcional más datos o nombres que involucren la petición.
Consultada durante la presentación de la convocatoria para los Encuentros Regionales de Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense, que serán en formato virtual, de donde saldrán 46 participantes del Parlamento Juvenil 2023, en el Congreso local, confirmó que el organismo es el responsable de emitir copias certificadas de las constancias de mayoría de las candidaturas electas.
Cuando se le recordó que esta solicitud fue presentada antes al Congreso del Estado, pero no fue atendida y habría sido redireccionada al IEPC, confirmó que llegó a través de la Secretaría Técnica.
Desde el 7 de julio, la FGE solicitó al Congreso local copias certificadas de las actas y documentales que acrediten, como servidores públicos, a siete alcaldes, un síndico y una diputada local, de diferentes partidos, implicados en dos investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves.
Detalló que en el documento se detalla que en una investigación está implicada la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y Andrei Marmolejo.
En otro caso, los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
Reporteros le preguntaron si los aspirantes a candidaturas, ahora autoridades electas, no presentaron constancias de no antecedentes penales, y Matildes Gama aclaró que el órgano electoral no tiene las atribuciones para exigir este requisito.
Sobre el presupuesto complementario, de 70 millones de pesos que solicitó el IEPC para el arranque del proceso electoral, el 8 septiembre, dijo que hay avances con el gobierno estatal; sin embargo, aún no tienen los recursos.
Adelantó que el Consejo General aprobará un acuerdo para aplazar lo más que puedan la instalación de los consejos distritales, y evitar el pago de rentas de inmuebles y nóminas, mientras reciben el financiamiento extraordinario.
Sobre la operación del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), que hará el propio IEPC, aseguró que esta vez no va a fallar. Agregó que ella también se va a incorporar a la comisión especial de organización del programa.
Dijo que con ahorros en mobiliario y el software que utilizaron en la elección pasada, el PREP tendrá un costo de alrededor de 17 millones de pesos.