Ante el diagnóstico de especialistas internacionales sobre la salud del estudiante de Ayotzinapa herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre de 2014, Aldo Gutiérrez Solano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a continuar brindando toda la atención médica requerida por el tiempo que la familia del normalista considere necesario.
El médico cubano Calixto Machado refrendó el diagnóstico inicial sobre el estado vegetativo en el que el estudiante de Ayotzinapa permanece tras recibir un balazo en los hechos de Iguala, Guerrero.
“Aldo tiene lesiones muy severas que darían muchas posibilidades de no recuperación, pero tengo casos en que han demostrado después de meses, e incluso años, algunos grados mínimos de recuperación de manifestaciones de conciencia, pero esto no se puede asegurar”, comentó el especialista.
“El estado vegetativo no es un estado terminal, como puede ser un cáncer de pulmón con metástasis, por lo tanto matar la esperanza de un familiar no se debe hacer”.
El especialista explicó que el proyectil destrozó gran parte de sus lóbulos frontales, además de que generó otras lesiones diseminadas en el cerebro, aunque algunas áreas del cerebro permanecen activas.
El especialista Mauricio Chinchilla, de Costa Rica, también participó en el nuevo diagnóstico, para el cual el Instituto Nacional de Neurología realizó más de 20 estudios en dos días.
La noche del 26 de septiembre de 2014, Aldo recibió un disparo de policías de Iguala que atacaron a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
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Trasladan al alcalde de Cocula, al líder de Guerreros Unidos y al asesor del PRD al penal de Hermosillo
14:50. El alcalde perredista de Cocula, Éric Ulises Ramírez Crespo, el líder de la organización Guerreros Unidos, Adán Zenén Casarrubias Salgado, y el asesor jurídico del Grupo Parlamentario del PRD en la legislación pasada de la Cámara de Diputados, Eloy Flores Carreto, fueron trasladados al penal federal de Hermosillo, Sonora este sábado luego de ser detenidos el jueves en el municipio de Emiliano Zapata, que forma parte de la zona conurbada de Cuernavaca.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los tres hombres “vinculados a un grupo criminal que opera en Guerrero” fueron consignados y trasladados al Cefereso número 11 como probables responsables en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana y a uno de ellos también se le ejerció acción por delitos contra la salud.
La dependencia federal expuso que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) coordinó el operativo para el traslado y que las otras cuatro personas detenidas seguirán a disposición del Ministerio Público federal para deslindar responsabilidades.
Por otra parte, ayer en una sesión extraordinaria el Cabildo de Cocula designó a la sindica Enriqueta García Pérez como encargada del Ayuntamiento mientras se define la situación jurídica del alcalde y se instruyó que el personal trabajar con normalidad.
La posición de Astudillo contra las protestas es una amenaza a la sociedad, dicen padres de Ayotzinapa
Sin sorpresa, los padres de los 43 alumnos detenidos desaparecidos de Ayotzinapa recibieron la noticia de que habrá tolerancia cero a los bloqueos, según anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores en su toma de protesta, porque el político surgió de una elección impuesta y representa a los gobiernos autoritarios, señaló el representante de los papás, Melitón Ortega.
No obstante, denunció que el posicionamiento sobre las protestas es una amenaza anticipada para al movimiento social y la sociedad, porque ocurre al mismo tiempo que la llegada de las fuerzas federales y militares a la entidad.
Ratificó que ni los padres de los estudiantes desaparecidos ni los normalistas de Ayotzinapa van a desistir de las manifestaciones para exigir que se cumplan los acuerdos firmados por el gobierno mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, señaló que mientras en Guerrero los gobiernos de los tres niveles siguen empujando la agresión, la impunidad, la injusticia y no colaboren en el esclarecimiento del caso, “creemos que la sociedad va a seguir protestando” y no se justifica la represión de las protestas.
Añadió que las amenazas no son la mejor manera de atender a la sociedad dolida, en particular a las víctimas y familiares de los desaparecidos y ejecutados la Normal Rural Raúl Isidro Brugos de Ayotzinapa.
Añadió que Astudillo Flores fue electo en una votación impuesta con la presencia militar y policiaca, pese a la oposición que expresaron los padres de los 43 desaparecidos por la relación que existe entre los gobiernos municipales y el crimen organizado, evidenciada con los crímenes de Iguala.
“Fue ilegitima la elección, que este gobernador salga electo con base en el hostigamiento de los ciudadanos que estaban en contra del proceso electoral porque no había condiciones, y ahí está el producto de esa elección autoritaria e ilegal (la represión)”.
Agregó que la elección es ilegal porque se consumó la compra del voto y de conciencias, que hacen todos los partidos políticos en cada proceso electoral.
Dijo que si un sector y un grupo de la sociedad se manifiesta en las calles es porque no tiene otra opción frente a los problemas que desatienden los tres órdenes de gobierno, “hay impunidad, injusticia, violación a los derechos humanos, por lo tanto no tiene sentido la postura de cero tolerancia”, concluyó.
Seguirán los expertos seis meses más en la investigación de Ayotzinapa, informa la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue autorizado para que durante seis meses más continúe la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al concluir su 156 periodo de sesiones de audiencias, el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que el GIEI continuará en el caso hasta el 30 de abril de 2016.
“La decisión adoptada por la CIDH se basa en sus facultades de monitoreo de la situación de derechos humanos conforme al artículo 106 de la Carta de la OEA, articulo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 18 de su estatuto, y el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano”, destaca el comunicado en el que se notifica la prolongación de las labores del GIEI.
Precisa que la autorización de la prórroga por otros seis meses de asistencia técnica en la investigación, que correrá a partir del próximo sábado 31, también obedece a los argumentos que ese grupo presentó la semana pasada a la CIDH, a los representantes de los beneficiarios de la medida cautelar MC 409/14 (familiares de los 43 jóvenes desaparecidos) y al gobierno de México.
Con ello los expertos Carlos Martín Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa, en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de México, seguirán averiguando lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La CIDH destacó que bajo el acuerdo firmado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI “elaborará planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos”.
El lunes 19 el GIEI y el gobierno de Enrique Peña firmaron un acuerdo en el que se desechan las conclusiones emitidas a principios de año por la Procuraduría General de la República (PGR), elaboradas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con ello, el gobierno mexicano se comprometió a relanzar la búsqueda de los 43 normalistas y reiniciar la investigación, asumiendo como base el informe que elaboró el GIEI, en el que desmiente científicamente la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, quien afirmó que un grupo de narcotraficantes coludidos con policías municipales quemaron a los estudiantes en el basurero de Cocula, y después lanzaron las cenizas a un río.
“La CIDH destaca la importancia del informe del GIEI y de sus acciones en los próximos meses, a fin de fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, concluye el comunicado.
En diciembre dará a conocer sus observaciones la comisión sobre Ayotzinapa, adelanta diputada
En la primera semana de diciembre la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, dará a conocer sus primeras observaciones, anunció la diputada federal María Guadalupe Murguía.
La panista que preside esa comisión, dijo que las observaciones serán formuladas a las distintas autoridades que tienen responsabilidad en la investigación de los hechos, y en la atención a los familiares de las víctimas.
“Queremos trabajar con el propósito de que la comisión pudiera, por acuerdo, definir algunas observaciones iniciales o preliminares a las diferentes instancias y autoridades de lo que hemos venido viendo hasta ahorita”, expuso.
Por ejemplo, dijo, podrían ser observaciones de por qué no se ha citado a declarar ministerialmente al director de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos, o bien, que el secretario de Seguridad Pública de Guerrero –al parecer en referencia a Leonardo Vázquez Pérez- explique cuáles fueron las acciones de la Policía Estatal para apoyar a los estudiantes, una vez ocurridos los hechos.
“Las observaciones tienen que salir por acuerdo de la comisión, entonces tenemos que trabajar al interior de la comisión para que se logren estos consensos”, aseveró. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
Aceptan egresados de Ayotzinapa retomar el curso de preparación para la evaluación docente
Los 121 egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2011-2015, Sangre, resistencia y esperanza, reanudaron el Curso Integral de Consolidación a las Habilidades Docentes, que cambió su modalidad de enseñanza a un mes intenviso de clases, que les impartirán trabajadores de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de Educación (DGESPE).
El 2 de septiembre inició el curso, que tiene como objetivo preparar a los egresados para la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente, en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) en Chilpancingo; sin embargo, las clases se suspendieron por las manifestaciones que los normalistas hicieron la última semana de septiembre, a un año de los ataques en Iguala, así como por las lluvias que provocó tormenta tropical Marty.
El 7 de octubre, los egresados se reunieron en la ciudad de México, con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana; el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Diego Díaz Padua, y el director de Personal de la SEG, Joaquín García Mondragón.
En la reunión, los egresados acordaron con Miranda Nava que volverían a tomar el curso y aceptaron una prórroga, para la aplicación de la evaluación del Servicio Profesional Docente extraordinaria, que se les aplicará a los normalistas a finales de noviembre.
Por la mañana, los egresados asistieron a unas oficinas alternas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), ubicadas en la colonia Viguri, en las cuales se adaptó la planta baja con equipo de cómputo, así como materiales didácticos, para que los normalistas reciban el curso.
Según uno de los egresados, el acuerdo que los normalistas hicieron con el gobierno federal es que tomarían el curso de manera intensiva, desde las 7 y media de la mañana, hasta las 7 y media de la noche, durante un mes, y las clases estarán a cargo de trabajadores de la DGESPE.
El curso está conformado por cinco módulos de aprendizaje, el primer módulo es Aspectos curriculares de la educación Básica; el segundo, Intervención didáctica; el tercero, Mejora profesional; el cuarto, Compromiso ético; y el quinto, Gestión escolar y vinculación con la comunidad.
Crear una fiscalía para desapariciones forzadas y el caso Ayotzinapa, piden al gobierno de México
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
En un pronunciamiento de 10 puntos, el organismo no gubernamental International Crisis Group demandó al gobierno mexicano establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, como el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad en 2014 para indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años setentas.
International Crisis Group es una organización no gubernamental, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales; se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, y tiene sus sedes principales en Bruselas, Washington, Nueva York y Londres.
En su documento más reciente, que denominó “Desaparecidos: la justicia denegada en Guerrero, México”, destacó que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Denuncia que las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Resalta, asimismo, la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, “quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales”.
Sugiere que en este contexto de violencia que se vive en México, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.
Critica que a pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa “ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
En descrédito, la versión oficial
Dice que casi dos terceras partes de los ciudadanos del país no creen en la versión del gobierno sobre el caso Ayotzinapa, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales.
Agrega que “las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional”.
Recuerda que el 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso, y que este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante.
Pero dice que “la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión”.
Y al respecto propone que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos.
Incluso, propone que esa fiscalía debería hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, “y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación”.
Subraya que estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos.
“Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos”, dice.
Menciona que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado, y cita el descubrimiento de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que dejaron al descubierto “un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver”.
También menciona el secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, que demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, “las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”.
Dice además que en México hay más de 26 mil casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial.
Comisión internacional
En este contexto, International Crisis Group exhorta al gobierno de México a establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y a invitar a una comisión de investigación internacional a continuar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero con facultades ampliadas y un mandato renovable de dos años.
“Esta comisión debería funcionar bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU, en colaboración con los representantes de las víctimas”, propone.
Asimismo, pide exigir la plena colaboración de las autoridades a todos los niveles, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, con el fiscal especial y la comisión; reformar la legislación sobre la desaparición forzada; aprovechar los conocimientos de los defensores de los derechos humanos y expertos internacionales y promover un debate nacional sobre la creación de un mecanismo creíble para investigar y enjuiciar las desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el país, y añade que “los grupos de víctimas deberían participar en toda iniciativa para asegurar que se respetan sus derechos de información e indemnización adecuada o apoyo”.
Concretamente, al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014, en el sentido de indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años 70; garantizar que la policía estatal y los fiscales que investigan las desapariciones siguen los protocolos establecidos para encontrar a las personas desaparecidas y colaborar estrechamente con los familiares.
Además de crear equipos especializados capacitados para responder inmediatamente a las denuncias de secuestro.
También recomienda acelerar los esfuerzos por registrar todos los casos de personas desaparecidas en el estado, sumando el apoyo de los defensores de los derechos humanos para alentar a los familiares a que denuncien estos casos; y establecer mecanismos fuertes de control internos y externos para combatir la corrupción dentro de los gobiernos municipales y la policía local.
Mientras que a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, la exhorta a proporcionar financiamiento y ayuda técnica a la fiscalía especial y la comisión de investigación internacional, incorporando dicho apoyo a los programas en curso para fortalecer el sistema judicial mexicano y luchar contra el narcotráfico.
Reparten normalistas productos a peatones
Lenin Ocampo
Chilpancingo
12:00. Sobre la calle Álvarez de esta capital, unas 30 personas con el rostro cubierto y que se transportan en tres camionetas, repartieron productos como lácteos y refrescos a personas que se encontraban de paso.
Son jóvenes normalistas del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), organización que ha participado en las protestas por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los productos son los que han sido tomados de camiones de empresas comerciales durante esas movilizaciones.
Pide viuda de Genaro Vázquez justicia por estudiantes desaparecidos
Jacob Morales
San Luis Acatlán
10:24. En el 43 aniversario de la muerte del fundador de la ACNR, Genaro Vázquez Rojas, su viuda, Consuelo Solís Morales, demandó justicia en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y que se enjuicie a los responsables. Demandó además una investigación que deje conformes a los familiares de los jóvenes, y afirmó que es un hecho que afecta a todo el pueblo de Guerrero y de México.
Durante el acto en donde se colocó una ofrenda floral ante la tumba del fundador de la guerrilla de la ACNR, al que asistió el gobernador Rogelio Ortega, la señora Consuelo Solís señaló que “ya no queremos más desaparecidos” en Guerrero.
Ahí, pidió a Rogelio Ortega enfrentar la corrupción, que señaló, es un problema grave en Guerrero. Esta es la primera vez que un gobernador asiste a un acto de aniversario luctuoso por Genaro Vázquez.
Por la tarde se tenía prevista una marcha de maestros y estudiantes de la Preparatoria Genaro Vázquez de UAG, de este municipio, como parte de esta jornada luctuosa.
Acusan padres de normalistas ante la ONU engaños del gobierno
Redacción
Ginebra
13:55. En Ginebra, Suiza, antes de la reunión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que examina el caso de Iguala en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, una comisión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han denunciado que la PGR quiere cerrar el caso y que los han engañado.
“Nuestro gobierno nos ha engañado, nos ha ido atormentando, porque siempre lo mismo, ya no le tenemos confianza, una buena respuesta es que dijera que ya tenemos a los muchachos”, declaró ante la prensa a la salida de la audiencia matinal Bernabé Abraján, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Con anterioridad, Abraján, acompañado por varias ONG, pidió por escrito al Comité que le exija a México reabrir el caso.
Al encuentro asistió también Hilda Legideno, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado septiembre, Jorge Antonio Tizapa Legideno, quien sostuvo una pancarta con la foto de su hijo (Con información de las agencias Reforma y EFE).
Califica el gobierno mexicano en Ginebra de desaparición forzada el caso de los estudiantes de Ayotzinapa
Redacción
Ginebra
11:55. El gobierno mexicano reconoció ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas los retos que debe superar en la materia y llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo al iniciar la sesión: “México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”,
“Esto ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”, señaló en alusión a la desaparición de 43 estudiantes normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala.
Gómez Robledo calificó como desaparición forzada el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y dijo que ello pone de manifiesto, una vez más, que se deben seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.
Ante familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos y organizaciones que los representan, Gómez Robledo defendió que las acciones del Gobierno federal en la búsqueda de los jóvenes y la investigación del caso.