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Embargadas, las participaciones federal y estatal del ayuntamiento de Zihuatanejo

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

A raíz del laudo ganado por los ex trabajadores municipales José Luis Jordán Herrejón; J. Jesús Solís Ramírez y Edgar Salas Téllez ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra del Ayuntamiento de Zihuatanejo por despido injustificado, fueron embargadas las aportaciones estatales y federales desde el 1 de abril de este año.

Lo anterior fue dado a conocer por el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Apolonio Osorio Reyes, quien señaló que esa disposición ordenada por el TCA a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado es para garantizar el pago de 750 mil pesos a los ex empleados.

Dijo que a raíz de ello, el Cabildo determinó en su sesión del 6 de abril que se entablara una denuncia penal y una solicitud ante el Congreso local de juicio político en contra del síndico Joaquín González Ramírez por haber ocultado la notificación correspondiente a esa demanda, lo que dejó al Ayuntamiento en estado de indefensión jurídica.

Osorio Reyes indicó que la dirección a su cargo interpuso un amparo y que hoy se conocerá si fue concedida la suspensión “porque consideramos que esas participaciones son inembargables”.

Osorio Reyes manifestó que si el pago a los tres demandantes por salarios caídos que asciende a 750 mil pesos se les descuenta de las participaciones, “dejará de llegar ese dinero y no se va a cumplir con la finalidad de este gobierno que es hacer obra pública y por ende, constituye un menoscabo al patrimonio municipal; de ahí que se haya derivado la denuncia penal contra el síndico”.

Enfatizó que el juicio ya no se puede mover, “está firme ese laudo, ya no admite ninguna defensa”, por lo que consideró que para evitar que se congelen esas y otras cuentas del gobierno municipal “tenemos que llegar a un acuerdo conciliatorio con los tres demandantes mediante un convenio justo”, acotó.

Demostrará que hay corrupción en el Ayuntamiento de Azueta, dice el síndico

Prepara una denuncia penal contra la tesorera

Brenda Escobar Zihuatanejo

El síndico Joaquín González Ramírez dijo que la denuncia penal que puso en su contra el Ayuntamiento “va a ser mucho ruido y pocas nueces; no me preocupa”, y que prepara una denuncia penal contra la tesorera municipal en la que demostrará que hay corrupción en el gobierno de Amador Campos Aburto.

Entrevistado en su oficina, González Ramírez habló del conflicto que mantiene con el alcalde y apuntó que “el único trasfondo que tiene todo esto es que ni el presidente municipal Amador Campos ni la tesorera Gilda Soberanis respetan mi investidura como síndico y se han dedicado a usurpar mis funciones”.

El lunes por la tarde, en la víspera de que el alcalde comparezca ante la Comisión Instructora en el Congreso local por la denuncia que González Ramírez puso en su contra por nepotismo e irregularidades administrativas, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Apolonio Osorio Reyes, denunció ante el Ministerio Público a González Ramírez.

Se le señaló como el responsable de haber ocultado la denuncia que tres ex empleados pusieron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado en julio de 2003.

Ayer, el síndico dijo que no le preocupa la denuncia penal porque avisó en tiempo y forma al Cabildo que las autoridades municipales “se abstuvieran de hacer despidos masivos de manera injustificada ya que lesionaban a esta administración y lo hice desde el 4 de febrero del 2003”.

Del juicio laboral que los ex trabajadores ganaron al gobierno municipal por 750 mil pesos y que se acusa al síndico de no haber informado de la notificación dijo que asumía su responsabilidad, pero que en el mismo Cabildo dijo que “no iba a solapar ni a avalar un despido injustificado de tres empleados porque hasta la fecha que llevamos de administración no hay un solo documento que indique por qué se les despidió”.

Dijo que José Luis Jordán Herrejón y Edgar Salas Téllez estaban adscritos a la Dirección de Contraloría municipal como auditores contables y presuntamente fueron despedidos luego de que descubrieron irregularidades en el área de Tesorería; en tanto que J. Jesús Solís Ramírez era empleado de la sindicatura pero actualmente continúa laborando ahí, y asegura que su sueldo actual se lo paga él de su salario como síndico.

Joaquín González dijo que hasta la fecha han sido despedidos 300 empleados y que todos has sido separados de su trabajo “por compromisos políticos, por compadrazgos, por amiguismo y corren a la gente para ocupar el espacio por otra persona, eso es lesionar la administración pública y lo que defendí sólo fue que los estaban despidiendo de manera injustificada”.

–Con esta situación de demandas y contra demandas, ¿no se hace más grande el conflicto interno?

–Yo no sé si se haga más grande o más chico; yo he denunciado ante la Auditoría General del Estado donde tiene un proceso en tiempo y forma y he denunciado al Congreso del Estado donde dan 180 días para resolver un asunto de una revocación de mandato y ya están por cumplirse esos días; si el Congreso no le ha dado seguimiento por otros asuntos, eso ya es un problema que lo maneja el Congreso y precisamente hoy miércoles tenemos un citatorio para ir a desahogar pruebas.

“Pero el hecho de que sea más grande o más chico el conflicto es lo que yo siempre he reclamado, que al síndico se le respeten sus atribuciones y que el presidente municipal no usurpe las funciones del síndico, así como la tesorera también; hay una violación constante tanto del presidente como de la tesorera y de los demás funcionarios”.

–El llamado que el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy hizo el viernes 23 en Acapulco a los alcaldes para hacer un buen gobierno y garantizar el triunfo de este partido en el 2005, ¿cómo lo toma usted; no le importa si este conflicto afecta a su partido en las próximas elecciones y que se corra el riesgo de que el PRD no vuelva a gobernar Zihuatanejo?

–Creo que la invitación es muy buena, pero debemos de irnos a los hechos; el presidente de nuestro partido debe de saber que hay denuncias hacia nuestros propios presidentes municipales y debería conocer a detalle quién tiene o no la razón y dicen que la ropa sucia se lava en casa; una cosa es hablar con la prensa y otra cosa es irse al fondo del asunto.

“Yo no quiero ver gobernando a un PRD manejándose con la corrupción como lo hemos estado viendo; yo no quiero estar en un partido como es el PRD con funcionarios corruptos, con ratas, ratones y ratas grandes; jamás renunciaría pero es mejor depurar a los que vienen por tres años a llenarse los bolsillos de dinero pensando que le van a servir al PRD o a la ciudadanía”.

Y aseguró que en breve demostrará que en el Ayuntamiento de Zihuatanejo hay corrupción, y que ya prepara una denuncia penal contra la tesorera Gilda Soberanis Gamiño por los delitos de usurpación de funciones, desviación de recursos, peculado, administración fraudulenta y falsificación de documentos contables, entre otros.

De ello prefirió no abundar mucho, “porque no quiero decir verdades a medias” y adelantó entonces que dará una conferencia de prensa en estos días “para demostrar con documentos en la mano, las pruebas de lo que estoy diciendo”.

Luego, en tono tajante señaló: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias en esto, porque una forma de que la gente tenga confianza en los funcionarios del PRD, sobre todo los que llegamos por elección popular es que sea una verdadera ética de funcionario, no nada más de palabra”.

Después lamentó que tanto el síndico como el presidente municipal mantengan este conflicto, “porque aquí el perdedor es la ciudadanía; porque lejos de llevar una armonía y una buena administración en este Ayuntamiento es todo lo contrario”. Descartó que existan aquí otros intereses: “Mi inconformidad real es que no me han dado mi lugar, han usurpado mis funciones”, reiteró.

–¿Es esto una guerra personal contra el presidente municipal?

–De ninguna manera, jamás he pensado yo que puede ser una guerra personal; estamos en una administración municipal de tres años, ya nos queda año y medio; en lo absoluto; jamás pasará por mi mente que es una guerra personal; Amador Campos y yo somos amigos, aquí estamos trabajando de una manera institucional y no estamos viendo asuntos personales sino que nos debemos a una elección popular y que debemos de cumplirle a los azuetenses.

Presentan denuncia penal contra el síndico del Ayuntamiento de Zihuatanejo

Caso de la demanda de ex empleados

 Brenda Escobar Zihuatanejo

El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Apolonio Osorio Reyes, presentó ayer una denuncia penal que anunció hace varios días contra el síndico Joaquín González Ramírez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ocultar una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para indemnizar a tres ex trabajadores y reinstalarlos en sus puestos.

Osorio Reyes, entrevistado al término de la diligencia en las oficinas del Ministerio Público en esta ciudad, dijo que también la denuncia es contra los abogados Marisela Berrum Domínguez, Mario Rivera Bello, Manfredo Amable Vega, Ernesto Muñoz Amable, Liliana Amable Santiago, Alma Rosa López Segura, Ricardo Otero Palacios y Hermenegildo Amable Vega, quienes actuaron como apoderados de los ex trabajadores José Luis Jordan Herrejón, J. Jesús Solís Ramírez y Edgar Salas Téllez, en un juicio laboral que interpusieron estos últimos en contra del Ayuntamiento.

Los tres ex empleados fueron despedidos en julio de 2003, y el laudo dictado por el TCA señaló que les deben de pagar salarios caídos y volver a contratarlos.

Apolonio Osorio explicó del porqué la denuncia contra González Ramírez: “todos sabemos que es el apoderado legal del municipio y quien debió ejercer una defensa en este juicio, y lejos de hacer eso omitió hacerlo, ocultó la demanda, se notificó personalmente la demanda, la ocultó.

Ahora hay un menoscabo patrimonial en contra del municipio muy fuerte de un laudo del orden de 750 mil pesos actualmente, y siguen corriendo los salarios caídos hasta la fecha                 de que se cumpla con el pago y la obligación de reinstalar a los ex trabajadores”.

Consideró que lejos de pensar en un conflicto interno en el ayuntamiento por este juicio “se trata de ver la falta de responsabilidad (del síndico) en el cumplimiento de la función pública, porque cada funcionario tiene encomendada una labor y si no la cumple las penas las propias leyes las tienen establecidas”.

Refirió que el 6 de abril, en sesión de Cabildo, por unanimidad –excepto González Ramírez– los ediles acordaron emprender todas las acciones legales que sean procedentes, “porque también por la propia función pública le nace responsabilidad al síndico”.

Apolonio Osorio dijo que a los abogados se les acusa del delito de fraude procesal, falsedad ante autoridad, “porque señalaron salarios que no les correspondían y al ocultar la demanda se entiende que hay una premeditación para golpear al municipio, y también por el delito de abogados defensores litigantes porque los mismos que aparecen como apoderados son los abogados que ha tenido el síndico procurador”.

Negó que la denuncia sea una represalia por parte del alcalde Amador Campos contra el síndico, porque interpuso las denuncias por nepotismo en su contra ante la Auditoría General del Estado y el Congreso local, “esto no es a iniciativa del propio presidente, esto fue un acuerdo de cabildo que se propició desde el momento que se tuvo conocimiento de esa demanda y ese juicio ya perdido.

Agregó que era obligación del síndico darlo a conocer a cabildo y no lo veo como una revancha, sino como una cuestión en la que cada quien tiene que responder por su responsabilidad (…) Joaquín González por escrito reconoció que no dio contestación a esa demanda porque consideró que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente y las prestaciones reclamadas eran justas (…), le ganó el sentimiento”, expresó.

Mujeres excluidas del Oportunidades bloquean el ayuntamiento de Zirándaro

 

 Gregorio Urieta Zirándaro

Mujeres que fueron excluidas del programa Oportunidades bloquearon el acceso al ayuntamiento de Zirándaro por casi dos horas, para denunciar que el alcalde perredista Marcial Cárdenas Sánchez usa ese y otros planes para beneficiar a sus familiares y amistades.

Debido a la protesta se tuvo que suspender la entrega de los apoyos del programa, que se efectuarían ayer.

Vicente Aguilar, quien encabezaba al grupo de mujeres, fue llevado a rastras por policías municipales a una celda, hasta que intervino –vía telefónica– el dirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre.

Vicente Aguilar, integrante del grupo de apoyo a la precampaña del senador Armando Chavarría, manifestó que han enviado oficios                 al CEN del PRD, al PRD estatal y al municipal, e incluso al Congreso del Estado para informar de la actuación “nepotista e irresponsable” del alcalde, pero no han recibido respuesta.

Por tal motivo –dijo– el domingo, en reunión con 53 mujeres que fueron excluidas del Oportunidades, decidieron manifestarse ayer, cuando se llevaría a cabo la entrega de los recursos en la cabecera municipal.

A la manifestación asistieron cerca de mil mujeres de las comunidades de Ziriquicho, El Chivo, San Agustín, La Parota del Cuartel, El Reparo, La Calera, entre otras, quienes se reunieron en el teatro Beto Bermúdez, y que acudieron a cobrar la aportación del programa federal.

Allí, el coordinador de Enlace del Oportunidades, Sigifredo Pineda, informó que las inconformes fueron eliminadas debido a que el alcalde no las propuso y no solicitó la ampliación del programa.

Las mujeres afectadas exigieron la presencia del alcalde Marcial Cárdenas Sánchez, quien no se presentó pero envió en su representación a Marcial Pineda, con quien no quisieron hablar.

En ese lugar comenzó el forcejeo entre Vicente Aguilar y Marcial Pineda porque las mujeres impidieron que se pagara la aportación hasta que fueran recibidas por Cárdenas Sánchez. Entonces intervino la policía y se llevó a rastras y empujones a Vicente Aguilar, a quien encerraron en una celda y mantuvieron incomunicado un rato, hasta que le permitieron hablar vía telefónica al Senado de la República con su hermano Jorge Salvador Aguilar, quien es asesor de Armando Chavarría.

La liberación del dirigente se dio porque las mujeres bloquearon la entrada del Palacio Municipal por casi dos horas.

Allí, Vicente Aguilar firmó un documento en el que se comprometió a no agredirse con Marcial Pineda.

Desaloja el Ayuntamiento unos cien locales de comerciantes que invadían la calle Matamoros

Tenían de 20 años ocupando esa céntrica vía

Luluani Vega

De manera sorpresiva fueron desalojados unos cien locales de comerciantes agremiados a los líderes priístas Eloy Polanco y Reyna Medina Manríquez, quienes tenían más de 20 años invadiendo la banqueta de la calle Matamoros del Centro, la operación fue la noche del viernes alrededor de las 23:00 horas.

La operación del desalojo estuvo a cargo del secretario General del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, quien aseguró acudió a la calle Matamoros, ubicada frente al mercado El Parazal, para coordinar los trabajos y constatar que no hubiera abusos de parte de los policías de la Secretaría de Protección y Vialidad.

Larequi Radilla aseguró que independientemente de que se hayan retirados los puestos, posteriormente la dirección de Imagen Urbana intervendrá para realizar trabajos de rehabilitación del lugar “lo que sea necesario se hará para que el lugar quede bien”.

El funcionario municipal aseguró que se les notificó a los comerciantes de las acciones del Ayuntamiento, mencionó que con la ex secretaria General, María de la Luz Núñez Ramos, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los comerciantes, “el retiro de los puestos obedece a un programa de recuperación de la vía pública”.

Larequi Radilla acepto que lamentablemente el Ayuntamiento no les dio ninguna alternativa de trabajo en las reuniones que ya se habían hecho, “la verdad de las cosas, no hay nada más estamos haciendo mención de la recuperación de la vía pública”, después dijo que buscarán en la dirección de Fomento Económico y Desregulación una alternativa para los vendedores.

El Ayuntamiento tiene prevista la recuperación de otras calles, aseguró el funcionario municipal, quien no quiso decir cuales son, porque las operaciones serán sorpresivas, “el programa de rescate a la vía pública es en las principales calles del Centro y Mercado Central”

Justo cuando Larequi Radilla termino de dar la información  a los reporteros, llegó la representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, quien le grito al secretario General del Ayuntamiento que había un acuerdo de por medio, en el que las autoridades municipales se habían comprometido a reubicar a los comerciantes y el cual no respetaron.

“Yo tengo 20 años tengo registro de la organización, ¿porque nos están haciendo esto? Sabemos que es la autoridad, pero no es justo lo que nos hizo, estamos perdiendo todo, díganos que vamos a hacer nos mantenemos de las ventas, usted y el señor presidente se pasaron, estabamos en platicas”.

Medina Manrique aseguró que no tuvieron ninguna notificación del Ayuntamiento para que retiraran por lo menos sus mercancías, al mismo tiempo Larequi Radilla decía “hubo varias reuniones de trabajo”, enseguida se quitó del lugar y se reunió con otras autoridades municipales que presenciaron el desalojo. Entre ellos se encontraba el director de Protección Civil, Sabás Arturo de la Rosa Camacho; el director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez; la coordinadora de Servicios Públicos, Rosa María Gómez Saavedra; el secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Váldez; el director de Saneamiento Básico, Fernando Terrazas Sánchez; el director de Mercados, Jesús Gómez Salgado; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Orlando Soberanis Vargas.

Los puestos de lámina fueron retirados por maquinaria especial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como por 45 inspectores de la dirección de Vía Pública; 35 de la dirección de Mercados y diez personas de Bomberos.

También acudieron unos cien policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, quienes esperaban en las calles aledañas la orden para poder intervenir, en caso de registrarse algún enfrentamiento con los comerciantes desalojados, pero no fue así porque a pesar de lo aparatoso que fue la operación, no se registró ningún incidente que hubiera requerido la acción de los policías preventivos municipales.

Los puestos de lámina desmantelados fueron trasladados en volteos de la dirección de Saneamiento Básico al relleno Sanitario ubicado en Paso Texca.

El sábado los trabajos de rehabilitación de la calle Matamoros continuaron en calma, aunque se tuvo la presencia de policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, inspectores de Vía Pública y de Mercados, quienes tienen instrucciones de impedir que los comerciantes se adueñen del lugar.

La representante de los comerciantes, Reyna Medina Manrique, informó que no harán ninguna manifestación    porque temen ser objeto de represalias del presidente municipal Alberto López Rosas. Asimismo, lamentó que ni siquiera les hayan notificado de la acción para rescatar  sus mercancías. “Todo nuestro patrimonio se lo llevaron, lamentamos que el presidente municipal actúe de esta manera porque merecemos respeto, además como lo dije antes se nos había prometido que seríamos reubicados”, expreso la señora Medina.

Denuncia que el ayuntamiento clausuró una obra en Las Playas de manera ilegal

Tenía una suspensión del TCA, dice el afectado

El director jurídico García Murguía informa que prepara una querella penal contra el dueño y quienes resulten responsables por violación de sellos en la obra

El hijo del dueño del condominio en Gran Vía Tropical lote 9, en el fraccionamiento Las Playas, Donaldo Delgado Alvarado, acusó que el gobierno municipal ha clausurado su construcción, a pesar de contar con una suspensión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que impide cualquier acto de molestia del Ayuntamiento a su obra y de cumplir con lo estipulado en la licencia de construcción.

El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Juan Pablo García Murguía, informó que prepara una querella penal por violación de sellos en la obra de construcción contra el propietario Donaldo Escobell “y los que resulten responsables”.

Delgado Alvarado informó que al no respetar la suspensión, interpuso una queja en el Tribunal contra el Ayuntamiento por violación a la suspensión concedida el 14 de enero en la segunda sala y sólo espera su resolución.

Además, dijo que interpuso una denuncia penal contra el director de Desarrollo Urbano, Fermín Porfirio Arizmendi Lugo, por abuso de autoridad y daños ocasionados por el motivo de las clausuras, y otra por calumnias, injurias y difamación contra Patricia María Eugenia Aburto y contra Guillermo Wulff por afirmar que pagó 50 mil pesos para obtener la licencia.

En visita a la Redacción de El Sur, Donaldo Delgado dijo que la magistrada María de Lourdes Soberanis ordenó levantar los sellos de clausura y también que las autoridades se abstengan de clausurar, suspender, demoler o impedir el acceso a la obra y que al tener la suspensión puede continuar con los trabajos.

Dijo que su condominio ya cuenta con una escalera al interior del departamento, que era la observación que habían argumentado personal de Desarrollo Urbano como la irregularidad de la obra. “En una ocasión una persona de Contraloría, un tal Maganda entró y dijo ‘aquí debe haber una escalera’, yo todavía no llegaba a ese nivel, yo tengo mi proceso constructivo, ahorita que llegué a ese nivel tengo la escalera; mi construcción cumple con la licencia hay planta baja, mezanine, cinco niveles”, aclaró Delgado Alvarado.

Dijo que el 8 de enero Arizmendi Lugo clausuró la obra, según porque no cuentan con licencia de construcción, pero al tener la suspensión de la magistrada, no procedía el trámite del Ayuntamiento.

En tanto, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Juan Pablo García Murguía, informó que prepara “todos los elementos” para interponer una querella penal por violación de sellos en la obra de construcción contra el propietario Donaldo Escobell “y los que resulten responsables”.

Consultado vía telefónica sobre la obra, informó que hay dos policías resguardando el área, no obstante el viernes el dueño con los albañiles se introdujeron “a la mala” al condominio, así que avisaron al director de Desarrollo Urbano y al personal jurídico para que “levantaran un acta, una averiguación previa penal por violación de sellos y se detuvo a los albañiles”.

El funcionario precisó que la presencia de los policías obedece a “lo delicado del asunto, Donaldo ha estado renuente a respetar las disposiciones legales, trata de sorprender la vigilancia”.

La historia de la obra

El 6 de enero vecinos del fraccionamiento Las Playas denunciaron que la construcción de Donaldo Scobell tenía diversas irregularidades en su construcción al exceder el número de pisos violando el plan director de Desarrollo Urbano de la ciudad. El ciudadano Guillermo Wulff acusó que la construcción obstruía el derecho de vista.

La obra fue clausurada por personal de la SDUOPE porque excedía el número de departamentos autorizados con anterioridad por la dependencia. El subdirector de Administración y Operación Urbana, Domitilo Soto, dijo que el constructor debía efectuar una escalera en el interior para que ese departamento fuera de dos pisos y no dos departamentos.

El 7 de enero el contralor municipal, Esteban Celis González, envió una tarjeta informativa al alcalde Alberto López Rosas, donde se afirmaba que el proyecto de la obra se apegaba “a lo establecido” en el reglamento de construcción, “definitivamente el proyecto presentado respeta y cumple con las normas del Plan Director”, indica.

Dos días después personal de la secretaría efectuó un recorrido de supervisión y se percataron que se habían retirado los sellos.

El Ayuntamiento ha colocado sellos de suspensión en diversas ocasiones, la última efectuada en marzo originó que también solicitaran la presencia de dos policías preventivas, para impedir que continúen los trabajos. Esto ha provocado que el propietario también efectúe diversos trámites legales para impedir su clausura.

Incomoda trabajar en el ayuntamientosi no simpatizas con Chavarría: ex asesor

 Presenta Julián López Galeana a la agrupación Jóvenes Z005, que apoyará al precandidato Zeferino Torreblanca

 Adalberto Valle

Al dar a conocer la agrupación Jóvenes Z005 –que apoyará a Zeferino Torreblanca Galindo para ser candidato del PRD a gobernador–, el presidente de ésta y ex asesor del alcalde Alberto López Rosas, Julián López Galeana, reconoció que es incómodo trabajar en el Ayuntamiento para quien no es seguidor de Armando Chavarría Barrera.

Aunque dijo ser respetuoso del “estilo” del actual gobierno municipal y que no fue presionado para favorecer al actual senador, señaló que López Rosas desvía su atención a las cuestiones electorales y no a las necesidades relevantes de la gente.

Julián López no quiso “hacer ninguna acusación” en específico al preguntarle sobre si el coordinador de Asesores, Ramiro Solorio, ha fomentado que apoyen a Armando Chavarría, y reiteró en ser respetuoso del gobierno municipal, que “está garantizando la permanencia del partido en Acapulco y el desarrollo de la gente”.

En la presentación del organismo estuvieron como “padrinos morales” el diputado local del PRD, Mariano Dimayuga, y el empresario y presidente del grupo ACA, Celso Sánchez Castillo, a quienes los integrantes de Jóvenes Z005 calificaron como personas honestas que hay hecho su patrimonio fuera de la política.

En la conferencia, Julián López resaltó que no pertenecen a ningún partido, sino que apoyarán a Zeferino Torreblanca. “Tampoco vamos a recibir recursos de algún partido o gobierno”, y dijo que están abiertos a recibir a todos los jóvenes sin importar preferencias políticas.

“Nosotros como organización no vamos a hablar de lo que Zeferino Torreblanca puede hacer, sino de lo que ya hizo en Acapulco. No vamos a provocar desacuerdos, ni a caer en la politiquería barata”.

Agregó que las principales demandas del sector juvenil se enfocan al empleo y la educación.

Por su parte, Mariano Dimayuga lamentó que los partidos políticos no fomenten la formación de cuadros, por lo que aprobó la idea de apoyar a los jóvenes que surgen de las organizaciones. “Son personas que no están viciadas, que salen de la sociedad civil y las que deben ocupar los huecos de quienes cotidianamente viven de la política”.

Celso Sánchez agregó que sólo con la participación de los jóvenes se puede contribuir a salir del atraso en Guerrero.

El comité de Jóvenes Z005 se completa con la secretaria general, Gisela Nieves Flores; la tesorera Lidia Loyola García; el coordinador de Enlace, Antonio Sotelo Mosqueda; el coordinador de Imagen, Hamid Palacios Arce; el coordinador de Eventos, Francisco Curtidor Méndez; la coordinadora de Difusión, Angélica Zamora Urióstegui y el coordinador de Gestoría, Cándido Sicardo Morales.

Firma el alcalde un aumento salarial de 6.1% para los trabajadores municipales

Anuncia la afiliación al IMSS de los no sindicalizados

 Magdalena Cisneros

El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, informó que habrá un aumento salarial del 6.1 por ciento para todos los trabajadores del Ayuntamiento, que incluye a los sindicalizados, los policías y a los no sindicalizados, conocidos internamente como supernumerarios.

Además anunció que, por primera ocasión, los trabajadores sin base laboral o no sindicalizados tendrán acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ayer, en la plaza Benito Juárez del edificio del antiguo Ayuntamiento en el centro de la ciudad, López Rosas firmó el convenio con el delegado estatal del IMSS, Rafael Piza Bernal, por medio del cual se otorgará seguridad social a mil 667 trabajadores supernumerarios, incluyendo a familiares por “descendencia o ascendencia”, lo que implica que se convierten en derechohabientes poco más de 6 mil 400 personas. También el alcalde firmó con los secretarios generales de las secciones 19, 24 y 35 del Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) el convenio por el que da respuesta al pliego petitorio de éstos.

Ante unas 300 empleados, el alcalde mencionó que desea que los trabajadores municipales cuenten con las prestaciones elementales de seguridad social para que puedan dedicar mayor tiempo al esfuerzo productivo.

“¿Cómo evitar la tentación (de un trabajador) si quiere ver recuperada la salud de sus familiares?”, preguntó el alcalde en referencia a eventuales actos de corrupción y reiteró la necesidad de que los empleados tengan ese servicio.

Además dio a conocer que platicó con empresarios de la construcción para “empezarle a dar sentido al derecho a la vivienda, no lo hemos podido concretar ni lo podría ofrecer todavía, pero sí quiero adelantarles que estamos trabajando en ese proyecto para beneficiar primero a un sector de la plantilla laboral y poco a poco ir avanzando”.

En su intervención, el secretario de Finanzas, Fernando Aragón Gómez, destacó que el convenio con el IMSS no tenía “precedentes”, mientras que el delegado Piza Bernal mencionó que los trabajadores del Ayuntamiento se suman a los 56 millones de mexicanos que reciben los servicios médicos del instituto, que incluyen la atención en consulta general y de especialidades hasta cirugías. Además expresó su agradecimiento al gobierno municipal por donar un predio en la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio para construir una clínica moderna.

Consultado al término de la firma del convenio, Aragón Gómez precisó que el 7 de mayo se pagará el aumento salarial a los trabajadores sindicalizados, lo que representa un desembolso de 4 millones y medio de pesos adicionales sobre el recurso presupuestado para la nómina, y que el 30 de abril empezará a pagarse a los policías.

Negociación salarial abierta y simultánea: Aragón

Luego se llevó a cabo en el auditorio del Palacio Municipal la firma del convenio con las secciones 19, 24 y 35 del SUSPEG. Con la presencia de los secretarios generales de las secciones, Jorge Luis Ochoa, José Cruz Sánchez y Miguel Montenegro Riva, Aragón Gómez mencionó que se negoció “abiertamente, de manera simultánea” con los representantes de los sindicatos para tener un equilibrio entre patrón y trabajador, y que se dio respuesta a 13 puntos del pliego petitorio de los sindicalizados, entre ellos el aumento al salario, que quedó en 6.1.

Ahí, López Rosas dijo que la realidad presupuestal indica que hay dinero limitado que impide mayores incrementos salariales, y anunció que se buscará “desaparecer el método de la lista de raya porque se presta a hechos delictivos”, pero que se respetarán los años de trabajo de los empleados.

Pidió a los empleados “ponerse la camiseta bien puesta” porque tienen un doble papel, pues se deben a su empleo “pero también a la sociedad”.

Después ante reporteros, explicó que en muchas ocasiones las personas que aparecen en la lista de raya no trabajan y reciben un sueldo. “Estamos detectando eso”,                 indicó.

Debe sancionarse a los directores de obras irregulares, opinan colegios

 

 Para eso está el Jurídico del Ayuntamiento, dicen

 Magdalena Cisneros

Presidentes de los colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos en Acapulco y el Estado dijeron que el Ayuntamiento debe sancionar a los directores responsables de obra que cometan alguna irregularidad, lo cual debe proceder después de que la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (Cadroc), entregue un dictamen sobre las irregularidades al director de Desarrollo Urbano para que sancione a dichos responsables.

El presidente del colegio de Arquitectos en Acapulco, Jacinto Pérez Machuca, explicó el procedimiento utilizado para evaluar a los citados directores, en el que, primeramente, el director de Desarrollo Urbano municipal envía el proyecto a los integrantes del colegio, por lo regular cuatro de ellos, los cuales se reúnen en la Cadroc, emiten un dictamen y lo entregan de nuevo al director de Desarrollo Urbano, quien, a través del jurídico tiene que determinar la sanción correspondiente, en el caso de que exista una anomalía.

Antes de su renuncia a la secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto afirmó que los responsables de las irregularidades en las construcciones eran los dro y los inversionistas, “porque no cumplían con lo establecido en la licencia de construcción”.

El alcalde Alberto López Rosas, el contralor municipal, Esteban Celis y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Pablo García también coincidieron en esta declaración, por eso López Rosas pidió a los colegios sancionar a sus directores responsables de obra “en base a sus estatutos”.

El año pasado, la Cadroc entregó tres expedientes al director de Desarrollo Urbano, Fermín Porfirio Arizmendi Lugo para su sanción, no obstante hasta el momento “no han sido sancionados, lo que propicia que sigan infringiendo la ley, indicó Pérez Machuca”.

Afirmó que Arizmendi Lugo “es una persona incapaz”, en el trabajo “porque al no ser arquitecto desconoce el área”.

Por su parte, el presidente del colegio de Arquitectos en el estado, Humberto Díaz Díaz indicó que los colegios no pueden sancionar “porque no son autoridad,” sino es el Ayuntamiento, luego que la Cadroc determina quiénes son los responsables.

El ex director de Desarrollo Urbano en el trienio de Zeferino Torreblanca, cuestionó la construcción del negocio Burger King enfrente de la tienda Wal mart en la Costera porque, aseguró, “a pesar de no tiene licencia de construcción sigue funcionando y el Ayuntamiento no la clausura”.

Recordó que en la administración pasada fueron varios los directores responsables de obra sancionados, entre ellos el propio Juárez Soto “por anomalías en sus obras, pero siempre se puso a la mesa de la comisión, se votó y luego se sancionó”.

Cancelará el ayuntamiento multas por 3 millones a afiliados de la Canaco

 Mónica Martínez García

Más de tres millones de pesos en multas canceladas, beneficiarán a la delegación en Acapulco de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en este año, informó el presidente de dicho organismo, Alejandro Martínez Sidney, como parte del convenio firmado con el municipio para favorecer al comercio de Acapulco.

El presidente de la Canaco explicó que en los primeros tres meses de cada año se entrega al municipio una lista de los agremiados que tengan alguna infracción por vencimiento de licencia de funcionamiento, o bien, por no contar con extinguidores o con las salidas de emergencia, así como trabajar fuera de los horarios establecidos.

Martínez Sidney informó que este año hubo 2 mil 800 infracciones que están en proceso de cancelación, aunque aclaró que en este período “las cancelaciones se manejan diferente”, ya que “si las infracciones son menores de mil 400 pesos, el agremiado paga 100 pesos, pero que si rebasa los mil 600 el pago sube a 250 pesos”.

Lo anterior, dijo, “se está manejando diferente a los años anteriores, cuando la cancelación era total”, pero señaló que en esta ocasión se acordó pagar “una cuota de recuperación”.

También indicó que el convenio con el ayuntamiento porteño “se hizo con el objetivo de que los 10 mil 200 agremiados a la Cámara se regularicen”, y señaló que durante su gestión el número de afiliados se incrementó hasta en un 30 por ciento.

Al respecto de la Expo León de Piel y Calzado –la cual inició desde el 8 de abril y concluyó ayer viernes–, Martínez Sidney precisó que ésta dejó una derrama económica aproximada de 7 millones de pesos para el sector comercio del puerto, y que en ella participaron 50 por ciento de comerciantes locales y el resto fueron comerciantes de León, San Mateo y Pachuca.

Explicó que la Expo iba a concluir el 12 de abril, pero que “se hizo un sondeo y la gente pidió que se quedara más días para que aprovecharan la quincena”, de ahí que apenas haya concluido ayer.

Finalmente, Martínez Sidney también señaló que desde el 31 de marzo fue ratificado en su cargo como presidente de la Canaco e indicó que el Comité Directivo “se quedó igual y que sólo se hizo el cambio de los 6 Consejeros”.