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Hay violencia institucional de tribunales contra campesinos, dicen en foro agrario




Durante el primer Foro Agrario convocado por comisariados ejidales se criticó que hay una “violencia institucional” de magistrados y jueces contra campesinos, además de “parcialidad” de los tribunales, por ello se hizo un llamado a los ejidatarios a estar unidos para resistir los embates.
En las conclusiones se habló de continuar con los foros para denunciar las irregularidades a las que se enfrentan los ejidatarios, así como pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “absorba” los tribunales agrarios”.
En el acto, que se llevó a cabo en Llano Largo, estuvo como invitado el candidato a senador plurinominal de la coalición Por el Bien de Todos, Luis Walton Aburto.
También representantes de El Podrido, Plan de los Amates, Lomas de Chapultepec, El Cayaco, Metlapil, 13 de Septiembre, Coyuca de Benítez y Granjas del Marqués.
El foro fue organizado por los comisariados ejidales de El Cayaco, Alberto Ávila, y de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín, además del regidor de Convergencia, Octavio Olea Apatiga, y José Carlos Hernández Godoy.
Luego de dar la bienvenida, Cruz Chupín dijo que es importante que los pueblos y los ejidos estén unidos contra la injusticia y contra “la violencia institucional” que desea acabar con el campo.
Por su parte, Alberto Ávila aseguró que observan corrupción de los gobiernos estatal y municipal en diferentes casos, pero que a lo sucedido en Granjas del Marqués “le vamos a dar el beneficio de la duda”.
Coincidió que lo más peligroso que hay es “la delincuencia institucional de jueces y magistrados”.
De los expositores habló el asesor del ejido de El Podrido, Humberto Sevilla García, quien señaló que el sistema judicial es “totalmente parcial”.
Mencionó que cuando se crearon los tribunales agrarios se pensó que habría justicia, pero después de conocer los primeros juicios se dieron cuenta de “la falsedad con la que se conducen”.
Sevilla García pidió que se regule la actividad de los magistrados para que no haya “parcialidad”.
En tanto, el asesor del ejido El Cayaco, Víctor Gutiérrez, lamentó que haya una justicia amañada producto de una “delincuencia institucional” de los jueces, y aseguró que la “peor lacra de la sociedad son los ministerios públicos que se prestan a destruir la vida de las personas”.
Propuso que desaparezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y que Guerrero tome como bandera el código procesal agrario, donde no se permita que se emitan sentencias con tener sólo una copia simple de los casos para proteger los derechos de los campesinos.
En el foro participaron representantes de colonias como la 13 de Diciembre, y el vecino Martín Pineda Quintana relató que tres ejidatarios se oponen a que 500 familias, que ocupan en lugar desde hace cuatro años luego que ejidatarios los invitaron a vivir allí, se queden con los terrenos.
El abogado José Sánchez Sánchez criticó que el PRD dé cabida a empresarios o a ex priístas que han causado daño a su militancia, y advirtió que si los ejidatarios “no nos ponemos cabrones” les van a hacer lo de Atenco.
Otro que participó fue Delfino Herminio Robles Román, quien dijo que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo lo despojó de su casa ubicada en la Escénica, donde tenía 20 años de habitar y de la cual cuenta con estructuras, por eso pidió que se instale un campamento porque “estos hechos violentos no pueden seguir”.
El ex director de Ecología, Miguel Balleza García, explicó que se deben cambiar las leyes porque cuando se afecta un árbol imponen a los campesinos una sanción de 180 mil pesos, misma que le dan a los grandes empresarios que muchas de las veces devastan grandes cantidades de manglares.
Juan Enciso criticó que pocos acudieron a Granjas del Marqués el sábado para apoyar a los desalojados, por eso advirtió que sólo unidos van a resolver el problema.
La señora Rocío Leal Álvarez, afectada por el desalojo, aseguró que “más de 300 delincuentes” les quitaron sus cosas y las colocaron en el bulevar de Las Naciones, y que los preventivos no intervinieron.
Criticó que los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y del alcalde Félix Salgado Macedonio se prestan a intereses de quienes tienen dinero, y le dijo a Walton Aburto que quieren confiar en él.
Llamó a los asistentes a acompañarlos hoy a las 10 de la mañana para estar unidos contra quienes les quitaron sus pertenencias.
En su intervención, Walton Aburto indicó que hay un problema grave en el campo, que cuando sea senador no los defraudará y mencionó que el sueldo que reciba espera “poder repartirlo entre ustedes; la vida nos ha sonreído, nosotros no tenemos necesidad de eso”, lo que provocó los aplausos de los asistentes.
Precisó que se debe al proyecto de Convergencia y que no tiene compromisos con nadie más que con “el pueblo de Guerrero”, por eso estará abierto a sus peticiones y solicitó a los expositores que le entreguen una minuta de los casos para poder atenderlos.

Detienen a dos campesinos de Quechultenango con 13 kilos de mariguana



Una pareja de campesinos procedentes de la comunidad de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, fueron detenidos este sábado en la mañana por policías de la Unidad Mixta de Atención contra el Narcomenudeo (UMAN), y les decomisaron 13 kilogramos de mariguana.
Según un parte informativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a las 6 de la mañana se estableció un retén en el tramo carretero Colotlipa-Mochitlán para revisar los vehículos que se dirigen a esta capital.
Al revisar el autobús 6 de la ruta Circuito Río Azul, los policías encontraron unos paquetes que contenían 13 kilogramos de mariguana y detuvieron a los primos Fausto Balbuena García de 32 años y Maribel Contreras Balbuena de 21, luego de que se confirmó que el enervante era de esta pareja procedente de la comunidad de Tlanicuilulco.
Los campesinos fueron trasladados a Chilpancingo y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, indica el parte informativo.

Un muerto y un herido, en una balacera entre campesinos en Mochitlán





Un enfrentamiento a balazos entre dos campesinos en la comunidad de Chapolapa, municipio de Mochitlán este viernes, dejó un saldo de un muerto, un herido y un detenido, reportó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
El parte informativo oficial indica que el jueves por la tarde el campesino Jaime Navarrete Armenta de 55 años se encontró en las inmediaciones del poblado a Marcelino Nava Corona de 52 años, con quien presuntamente tiene un conflicto personal por la delimitación de un terreno.
Ambos iban armados con escopetas y luego de encarase se dispararon mutuamente. En el lugar quedó muerto Nava Corona y herido Navarrete Armenta, quien fue auxiliado por su hijo Jesús Navarrete, lo subió a una camioneta y se dirigieron hacia Mochitlán.
Un grupo de la policía preventiva ordenó al joven de 27 años que detuviera la marcha poco antes de llegar a Mochitlán al ver que transportaba a una persona herida y al percatarse de que las lesiones de Navarrete Armenta eran por arma de fuego detuvieron al conductor y al lesionado lo trasladaron al hospital general de esta capital donde actualmente se encuentra bajo resguardo policiaco.
Sobre los hechos, Jesús Navarrete rindió su declaración ministerial y dijo haber desconocido el motivo del enfrentamiento entre su padre y Marcelino Nava Corona.
Los familiares de quien falleció señalaron que desde hace varios años Nava Corona tenía un conflicto personal con Navarrete Armenta por la delimitación de un terreno, es por eso que las autoridades indicaron que este incidente violento fue provocado por rencillas personales.

Integran campesinos de Petatlán una organización para conseguir apoyo del gobierno


Brenda Escobar Zihuatanejo

Campesinos de nueve ejidos de Petatlán, integraron la Organización de Productores Agrícolas, Ganaderos y Pescadores de Petatlán, con la finalidad de conseguir recursos económicos de los tres ámbitos de gobierno para proyectos productivos y mejorar sus condiciones de vida.
Durante una reunión del sábado 6 por la tarde, en la comunidad de Coyuquilla Norte, en Petatlán, unos 200 campesinos y pescadores, originarios de los ejidos de Las Mesas, Corrales, Mameyal, El Parotal, Arroyo Frío, Loma Baya, Colonia Juárez, Ocote de Peregrino y Petatlán, conformaron la organización arriba citada.
Ahí, estuvo el dirigente de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC, Andrés Reyes Quezada, quien dijo a los presentes que sólo con la unidad y la organización social “podemos avanzar para mejorar” e indicó que para poder obtener recursos, sobre todo de parte del gobierno federal, “los campesinos, los pescadores, los ganaderos y todos los sectores productivos, debemos de estar legalmente constituidos y organizados”.
Destacó que “por años, los sectores productivos de Petatlán han estado marginados, fuera de los programas sociales y de los apoyos que da el gobierno, pero ya es hora de que nos organicemos y que vayamos para adelante”.
El comité de la nueva organización quedó conformado por Ramiro Miranda Gallardo, del ejido de Las Mesas, como presidente; Felipe Trejo Núñez, de Ocote de Peregrino, como secretario; María Joel Soñanes Luviano, de El Mameyal, como tesorera.
Como vocales, Macario Bedolla Ramírez, de Coyuquilla Norte; y Emilio Guillén Mendoza, de El Parotal.
En la reunión en las oficinas de la comisaría de Coyuquilla Norte, estuvo también el síndico procurador de Petatlán, Jesús Guillén Gallardo, quien se congratuló por la iniciativa de los productores en organizarse, “porque así podrán tener mejores beneficios, tanto en proyectos productivos, como en capacitación y mejoramiento de sus técnicas para su producción”.
Luego, se ofreció a ser un enlace entre la nueva organización y el gobierno municipal.
Por su parte, el ahora representante de los productores organizados, Ramiro Miranda, sostuvo que “los campesinos ya no queremos estar rezagados, el gobierno siempre nos ha dado los apoyos por gotas, y nosotros estamos dispuestos a demostrarle al gobierno que somos gente honrada, de palabra y con ganas de sacar adelante a nuestras familias con nuestro trabajo, por eso nos estamos organizando”.

Formal prisión a los 5 campesinos de El Capulín; los encarcelan en Chilpancingo

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Luego de que este lunes fueron encarcelados en el Cereso de Chilpancingo cuatro de los cinco campesinos de El Capulín –y el menor de ellos fue remitido al Tutelar de Menores Infractores– detenidos por sus vecinos de Moyotepec acusados de sembrar amapola en las tierras en conflicto, las autoridades agrarias de Tlacoapa, exigieron ayer al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, su libertad inmediata.

En una reunión que sostuvieron con el fiscal guerrerense, éste ofreció entregar al Juzgado Primero de Distrito del ramo penal, un informe detallado acerca de cómo es que sucedieron los hechos, así como el reporte de la Policía del Estado, mediante el cuál aseguran que en esa zona no hay plantíos de enervantes.

Antes, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto desmintió que los cinco campesinos de La Sabana, hayan sido capturados por sus vecinos de Moyotepec cuando se encontraban sembrando amapola “esos delitos fueron fabricados, ellos fueron secuestrados en su domicilio”.

Precisó que “todos fueron detenidos cuando estaban en un rezo levantando la cruz de un familiar que había fallecido; eso fue como a las 8 de la mañana, se los llevaron como unos 600 comuneros de Moyotepec que iban armados; los agarraron, los golpearon, los maltrataron”, narró.

Criticó la nula participación de los policías estatales que se encuentran en la zona de disputa, porque además de no intervenir en ningún caso para evitar algún enfrentamiento “se la pasan durmiendo en la delegación de El Capulín, ellos no están recorriendo el lugar del conflicto”.

Acompañado de un grupo de campesinos, Galeana señaló que la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado “causa pena y tristeza porque nos ha tomado el pelo; para el caso de nosotros hay justicia sin que se haya cometido ningún delito y cuando nosotros hemos tenido varias denuncias por la destrucción de viviendas y robo que han cometido (los de Moyotepec), no se ha aplicado la justicia. Por lo tanto, nosotros pedimos ya justicia también”.

Señaló que también es “lamentable” el comportamiento del agente del Ministerio Público Especializado en Asuntos Indígenas, Joaquín Juárez Solano, “porque él se prestó a este juego, él realmente conoce el lugar, ha ido, ha recorrido ese lugar; él sabe que hemos agotado con todas las declaraciones de los testigos y hasta la fecha no ha salido al orden de aprehensión” en contra de los agresores de El Capulín.

Resaltó que la petición de las autoridades de Tlacoapa “es que el gobierno libere a nuestros cinco detenidos, supuestamente acusados de narcotraficantes cuando realmente nuestra gente no se dedica a eso, nosotros en todo el núcleo conocemos a nuestra gente y nadie se dedica a eso, es una vil mentira que hayan estado sembrando amapola”.

Más tarde preguntó al procurador de Justicia y al gobierno del estado que “expliquen cuál es la función de (el presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa) Natalio Solano, dentro de la PGJE y también del comisario de Moyotepec”.

Por su parte el asesor legal de los comuneros de Tlacoapa y dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, informó que este lunes, los cinco campesinos fueron presentados ante el Juzgado Primero de Distrito del ramo penal con sede en esta capital; precisó que el menor de los detenidos fue trasladado al Albergue Tutelar de Menores Infractores. Agregó que por ese caso la Procuraduría General de la República (PGR) integró la averiguación previa PGR/GRO/UMAN/041-2006.

Dijo que por el momento “se rompe el diálogo” con los comuneros de Moyotepec, para la búsqueda de una solución al conflicto e incluso destacó que si a los detenidos les dictaba el juez auto de formal prisión, comenzarían una serie de movilizaciones.

Por la tarde, Romero Sotelo dio a conocer que en una reunión privada que sostuvieron con Murueta Urrutia, éste además de reconocer que “actuaron ante el linchamiento, dijo que está en la mejor disposición de informar al juez cómo es que sucedieron los hechos”.

Aseguró que dicha oferta fue posterior a la explicación que le hicieron los campesinos y autoridades agrarias de Tlacoapa “creemos que con ese informe podrían quedar en libertad antes de que sean sentenciados, ya que por el delito con que fueron acusados, no alcanzan fianza y después se complicaría su liberación”.

Romero Sotelo señaló que el procurador de Justicia, también prometió en el encuentro con ellos, que enviaría al juez el reporte de la policía del estado y de la Policía Federal Preventiva, con relación a que en el lugar de conflicto “no hay plantíos de amapola”.

Demandó a campesinos la magistrada del TUA por impedirle entrar a trabajar

Los acusa de obstrucción a la justicia

 Karina Contreras Por el delito de obstrucción a la justicia, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, demandó a los campesinos de varios ejidos que durante siete días han llevado a cabo plantones para exigir su destitución.

López Díaz presentó su denuncia el 17 de mayo ante el agente del MP federal, Alfonso González Zamora, luego de que fue recibida a huevazos por los campesinos que ya le habían advertido que no la iban a dejar pasar a sus oficinas.

La denuncia está bajo la averiguación previa 43/AcadII/2004 y es contra 12 personas, entre ellas, el asesor jurídico de El Podrido, Humberto Sevilla Díaz; los presidentes ejidales de El Podrido y El Cayaco, Eloy Benítez Zúñiga y Pablo Ávila González, respectivamente; los dirigentes Alberto Ávila González,   Genaro Marín Hernández, Balbino Carrada Pérez, Gerardo Hernández Moreno, entre otros.

El Ministerio Público federal ayer notificó a los acusados de la denuncia en su contra interpuesta por la magistrada, y según lo que argumentó la funcionaria fue que el 17 de mayo no le permitieron hacer su trabajo al frente del TUA.

El ex comisariado ejidal de El Cayaco, Alberto Ávila González, informó de la denuncia interpuesta contra ellos, pero advirtió que continuarán con los plantones para que López Díaz se vaya del TUA, pues dijo que con sus resoluciones sólo los ha afectado.

Precisó que algunos de los acusados no estaban en el plantón cuando la magistrada fue agredida a huevazos, luego de que intentó ingresar al tribunal.

Acusó que la magistrada se presentó en el lugar donde tenían el plantón con el afán de provocar a la gente para que la golpearan, pero como no logró su propósito, pues ahora los demandó con ese argumentó.

Ávila González adelantó que también ellos presentarán denuncias penales contra la magistrada por sus actuaciones frente al TUA, y que han perjudicado gravemente a los ejidos de Acapulco.

Informó que de la denuncia ya tiene conocimiento el magistrado supernumerario, Alfonso Galindo Becerra, quien se comprometió a llevar toda la documentación que le han entregado a la sala plena del Tribunal Superior Agrario.

Desde el 12 de mayo ejidatarios han mantenido plantones para exigir la destitución de la magistrada, Luz Mercedes del Carmen, a quien acusan de favorecer con sus resoluciones los intereses de los empresarios dañando a los ejidatarios y sus tierras.

Impiden el desalojo de campesinos que invadieron un predio en Zihuatanejo

 

 Brenda Escobar Zihuatanejo

Habitantes de la colonia Ampliación 3 de Diciembre, ubicada a un costado de la carretera nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, impidieron que policías municipales los desalojaran del lugar, luego de una orden del juez primero penal, José Jacobo Gorrostieta Pérez.

Ayer por la mañana, unos 45 policías preventivos y 15 agentes judiciales, encabezados por el director de Seguridad Pública, Fernando Barrientos Llanes, y el comandante de la PJE, Francisco Javier Cortés Osorio, acompañaron al juez para desalojar las 12 hectáreas, las cuales son propiedad del empresario gasolinero Ignacio González Cuevas.

En 1999, 87 campesinos invadieron 12 de las 26 hectáreas de un predio que –argumentan– “no es de Ignacio González, él ni siquiera es ejidatario ni tiene documentos que comprueben que es dueño, mucho menos campesino; estas tierras son del ejido de Barrio Nuevo”.

Ayer, los policías llegaron con máquinas y vehículos y empezaron a derribar una casa que no estaba habitada, y después se dirigieron a la escuela primaria, cuya construcción es un pequeño cuarto de madera y techo de lámina de cartón, de donde sacaron a los niños y los pupitres.

En tanto, en parejas o en grupos de tres, los policías se dispersaron por todo el predio en la espera de la orden para proceder al desalojo.

Las mujeres, al ver a los agentes formaron una valla humana para impedir que derribaran la escuela y acusaron a los policías de haber causado “un daño psicológico irreversible a los niños, porque los espantaron y se fueron llorando”.

La señora Lucía Molina consideró que la manera de actuar de los policías “no es la correcta, debieron de habernos avisado, no nomás llegar así como lo hicieron”.

El representante de los presuntos invasores, Guillermo Martínez, y algunos hombres se apartaron para platicar con el apoderado legal del empresario González Cuevas, José Luis Cuevas Agüero, y después de algunos minutos acordaron que la diligencia se suspendería hasta dentro de dos meses, mientras el Tribunal Unitario Agrario resuelve la controversia, “y nosotros nos vamos a salir de manera voluntaria”.

Al llegar a este arreglo temporal, los jefes policiacos y demás autoridades se retiraron.

Piden al gobernador restituir tierras a campesinos de Tlacoachistlahuaca

 

 Acusan que la Secretaría de la Reforma Agraria provocó el conflicto entre las comunidades de Cuitlapan y Terrero Venado hace 35 años, al dar a la segunda unas hectáreas que no le pertenecían. Ya hubo hasta muertos por el problema, advierten

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros de San Pedro Cuitlapan, del municipio de Tlacoachistlahuaca, pidieron ayer al gobernador René Juárez que intervenga en la solución del conflicto agrario que provocó la Secretaría de la Reforma Agraria desde hace 35 años, al quitarles 730 hectáreas para otorgarlas con un “plano falso” a la comunidad de Terrero Venado.

Advierten que el problema ha generado enfrentamientos entre los habitantes, los cuales han dejado cuatro muertos y varios heridos.

En conferencia de prensa, el comisariado de Bienes Comunales  de San Pedro Cuitlapan, Aurelio Rojas Porfirio, indicó que desde 1969 esa comunidad fue reconocida ante las autoridades agrarias como ejido, del cual pasaron a formar parte varias localidades, entre ellas Terrero Venado.

Sin embargo, en 1970 las autoridades de Terrero Venado pidieron a San Pedro Cuitlapan su deslinde como ejido, con el pretexto de que querían trabajar las tierras, aunque en el fondo “querían apartarse para vender madera preciosa por su propia cuenta a la forestal Vicente Guerrero, empresa que es del gobierno del estado”. dijo Rojas Porfirio.

Mencionó que ante la negativa de las autoridades de San Pedro Cuitlapan para autorizar el deslinde del ejido, en 1980 “con un plano falso y sin sellos” las autoridades agrarias de la Reforma Agraria “hicieron delimitaciones arbitrarias y le otorgaron 730 hectáreas –unos cinco kilómetros– más, afectado así el territorio de otras comunidades”, como San Martín y Guadalupe.

Posterior a la delimitación –aseguró Rojas Porfirio– los comuneros afectados no quedaron conformes, y en 1982 “se dio el primer enfrentamiento a machetazos”; de ahí acudieron ante las autoridades de la Procuraduría Agraria, pero “ante su ineficiencia y parcialidad” en diciembre del 2000 los comuneros acordaron establecer sus límites colocando alambre. “En ese entonces sucedió una balacera que arrojó un muerto y dos heridos”.

Rojas Porfirio indicó que para 2001 intervino la Procuraduría Agraria, pero los comuneros de Terrero Venado le presentaron un “plano alterado”, por lo que “no hizo nada”. Dijo que acudieron ante el Consejo Estatal Agrario y tampoco dio   respuesta; luego el caso llegó hasta el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco y “los peritos fallaron a nuestro favor, pero no se hizo válido ese dictamen”.

Indicó que además de la nulidad del fallo nombraron a la magistrada Luz Mercedes López Díaz pero “ella cambia de parecer constantemente, incluso nos dice que si no aceptamos que nos regresemos a nuestros pueblos y nos matemos”.

Ante esta situación, Rojas Porfirio, quien iba acompañado por los comisarios de San Martín Guadalupe, así como por el ex diputado del PRD, Severiano Jiménez, pidió al gobernador que intervenga “porque llevamos 35 años con ese conflicto y ya hubo más de cuatro muertos y heridos porque no quieren reconocer los límites de San Pedro Cuitlapan”.

Exigió también al Tribunal Unitario Agrario que el fallo del jueves 20 de mayo “se apegue a derecho y sea imparcial, porque de los contrario los enfrentamientos van a seguir y de las posibles muertes los responsabilizamos a ellos, así como al gobierno del estado por hacer caso omiso”.

Pudo ser venganza el asesinato de los tres campesinos de Tierra caliente

Raymundo Benítez sostenía un pleito legal por unos terrenos con un líder priísta, según fuentes extraoficiales

Gregorio Urieta Cutzamala Según fuentes extraoficiales, pudo ser una venganza el asesinato de tres campesinos en la comunidad de El Pochote, en Tierra Caliente, el domingo, quienes fueron interceptados por varias personas encapuchadas.

Por los hechos aún no hay detenidos.

Raymundo Benítez Arias, su esposa Zenayda Avilés Rodríguez y su caporal Toribio Díaz Jiménez fueron acribillados por tres personas cubiertas del rostro, quienes les dispararon con armas de grueso calibre.

De acuerdo con versiones recogidas en el ayuntamiento de Cutzamala, el móvil del crimen puede ser la venganza, pues señalan que a principios de los noventa se presentó un problema por la posesión de tierras entre Raymundo Benítez Arias y otro campesino de la comunidad de Pinzán Gacho, al que apodaban Pinzán Gacho, líder priísta del lugar.

“Iba y venía de Chilpancingo, donde se la pasaba en los tribunales y nunca le pudieron quitar sus tierras. Era un líder movido, muy reconocido. Y entonces fue asesinado. La gente siempre le echó la culpa a Raymundo; quién sabe si él haya sido”, dicen las fuentes.

De acuerdo con esas versiones, “Pinzán Gacho tenía dos o tres hijos que en ese entonces tenían 12 años. Ellos vieron morir a su padre. Los adolescentes se fueron a Estados Unidos y nadie volvió a saber de ellos”.

Pueblos violentos

Casi colindantes con el estado de México, El Pochote, La Cantina y Tlanexpa son pueblos muy violentos. Constantemente suceden asesinatos y agresiones, incluso las venganzas son frecuentes por pleitos familiares.

Es por ello que el alcalde Isidro Duarte Cabrera solicitó, la semana pasada, al secretario de Seguridad Pública su autorización para establecer un destacamento de la Policía Motorizada, el cual estaría ubicado en la comisaría municipal de Zacapuato.

De ello el alcalde indicó que “sólo falta ponernos de acuerdo con la SSP para ver qué ponemos cada quien” para solventar la presencia de los policías en esta zona.

Pudo ser venganza el asesinato de los tres campesinos de Tierra caliente

 Raymundo Benítez sostenía un pleito legal por unos terrenos con un líder priísta, según fuentes extraoficiales

 Gregorio Urieta Cutzamala Según fuentes extraoficiales, pudo ser una venganza el asesinato de tres campesinos en la comunidad de El Pochote, en Tierra Caliente, el domingo, quienes fueron interceptados por varias personas encapuchadas.

Por los hechos aún no hay detenidos.

Raymundo Benítez Arias, su esposa Zenayda Avilés Rodríguez y su caporal Toribio Díaz Jiménez fueron acribillados por tres personas cubiertas del rostro, quienes les dispararon con armas de grueso calibre.

De acuerdo con versiones recogidas en el ayuntamiento de Cutzamala, el móvil del crimen puede ser la venganza, pues señalan que a principios de los noventa se presentó un problema por la posesión de tierras entre Raymundo Benítez Arias y otro campesino de la comunidad de Pinzán Gacho, al que apodaban Pinzán Gacho, líder priísta del lugar.

“Iba y venía de Chilpancingo, donde se la pasaba en los tribunales y nunca le pudieron quitar sus tierras. Era un líder movido, muy reconocido. Y entonces fue asesinado. La gente siempre le echó la culpa a Raymundo; quién sabe si él haya sido”, dicen las fuentes.

De acuerdo con esas versiones, “Pinzán Gacho tenía dos o tres hijos que en ese entonces tenían 12 años. Ellos vieron morir a su padre. Los adolescentes se fueron a Estados Unidos y nadie volvió a saber de ellos”.

Pueblos violentos

Casi colindantes con el estado de México, El Pochote, La Cantina y Tlanexpa son pueblos muy violentos. Constantemente suceden asesinatos y agresiones, incluso las venganzas son frecuentes por pleitos familiares.

Es por ello que el alcalde Isidro Duarte Cabrera solicitó, la semana pasada, al secretario de Seguridad Pública su autorización para establecer un destacamento de la Policía Motorizada, el cual estaría ubicado en la comisaría municipal de Zacapuato.

De ello el alcalde indicó que “sólo falta ponernos de acuerdo con la SSP para ver qué ponemos cada quien” para solventar la presencia de los policías en esta zona.