Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes 25 de noviembre, presentaremos el informe “Mujeres de la Montaña. Renacer entre los filos del olvido”, para mostrar realidades que indignan y deshumanizan a las mujeres indígenas por la violencia machista, la indolencia de las autoridades y la impunidad que impera en la Montaña. El atraco institucional contra las mujeres es sistémico; es una práctica transversal que hunde sus raíces en el aparto estatal y que expande sus redes entre los ministerios públicos, jueces, representantes legales y abogados particulares. Todos hacen negocio con el dolor y el sufrimiento de las mujeres.
El informe contiene cuatro apartados: en el primero presentamos un análisis estadístico de las condiciones sociales que colocan a las mujeres en el índice más bajo del desarrollo humano. En el segundo capítulo hacemos un breve recuento de los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, en general, y de las mujeres indígenas y afromexicanas, en lo particular. Es importante difundir estos marcos legales para ponerlos al alcance de las mujeres que enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia. En la tercera parte, presentamos algunas microhistorias que narran casos de mujeres que son víctimas de feminicidios, desapariciones y de matrimonios forzados. Esta violencia extrema es consecuencia de la inacción de las instituciones del Estado, en primer lugar porque están ausentes en las comunidades donde se recrudece la violencia, en segundo término porque las mujeres viven en condiciones deplorables, sin acceso a la salud, al agua, a la vivienda digna, a la educación y la justicia. A las mujeres indígenas de la Montaña se le violan todos sus derechos. Por eso es muy importante visibilizar esta violencia y emplazar a las autoridades para que protejan sus derechos y dejen de tratarlas como objetos y como seres inferiores.
De manera general, el informe da cuenta de las condiciones de violencia mediante el análisis de datos de 2020 a 2025, que incluyen los niveles de pobreza que prevalece en los distintos municipios de la Montaña, el nulo acceso a la educación por parte de las mujeres, la ausencia de las instituciones gubernamentales en la región y el índice de tres delitos graves: feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados, cometidos en su contra. El análisis estadístico de la región arroja resultados alarmantes: aunque las mujeres indígenas representan la mayoría de la población de la Montaña, son ellas las que se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y la falta de acceso a la educación. Además, hay una terrible criminalidad por el incremento de los feminicidios, la desaparición de mujeres y la proliferación de matrimonios forzados entre las niñas, son casos que se agravan por la incapacidad del Estado que no se interesa en documentarlos, tampoco quiere visibilizar una realidad que lo interpela y más bien se torna en cómplice de los perpetradores.
Con respecto al marco normativo se analizan varios instrumentos locales, nacionales e internacionales. En cuanto a los primeros dos, el informe estudia la Constitución del Estado de Guerrero y la Constitución general, así como una serie de leyes y códigos —tanto guerrerenses como nacionales— que buscan prohibir la violencia contra la mujer y garantizarles ciertos derechos. Así mismo, se lleva a cabo una recolección de distintos instrumentos jurídicos internacionales que no solo establecen derechos humanos mínimos para las mujeres y prohíben la violencia en su contra, sino que también obligan a los Estados a tomar las medidas necesarias para que esto se haga realidad.
Sin embargo, en esta sección podemos observar que a pesar de que existe un gran número de leyes locales, nacionales e internacionales, la protección jurídica de las mujeres es inoperante, no se ve reflejada en el día a día. A las mujeres más indefensas se les condena a padecer el flagelo de las violencias, de los maltratos, burlas y tratos racistas. Esto se debe, principalmente, a la falta de capacitación del personal, a la carencia de recursos humanos, materiales y financieros en los aparatos de justicia estatal. En la Montaña los obstáculos se multiplican por la dispersión de las comunidades, la lejanía de las instancias de justicia, su pésima infraestructura, falta de equipo y recursos financieros, carencia de peritos y nulo seguimiento a los casos denunciados, así como la falta de asesoría jurídica de calidad y con una perspectiva de género e interculturalidad.
El análisis de las quince microhistorias que presentamos en el informe nos devela realidades que indignan por el cruento sufrimiento de las mujeres que se profundiza con la insensibilidad y la indolencia de las autoridades. En las vivencias de las mujeres se condensan las luchas de las mujeres para liberarse de las cadenas que las subyugan y las colocan al borde de la muerte. Desde que nacen las niñas padecen un trato diferenciado, desigual y de total sometimiento a los hombres. Crecen con múltiples carencias, la desnutrición es parte del calvario de una pobreza que va de generación en generación. A pesar de estas deficiencias nutricionales son sometidas a trabajos extenuantes tanto en el campo como en el hogar. Un patrón común es el control que ejercen sus parejas sobre ellas predominando en esta relación la violencia. Los hombres usan la fuerza y no la razón para demostrar su poder. El maltrato forma parte de las prácticas acendradas que aplican los hombres a las mujeres. Se sienten con el derecho de controlar a sus parejas, provocando celos, conductas de sometimiento, ataques verbales, emocionales, físicos y, en casos extremos escalan hasta culminar en feminicidios, desapariciones o matrimonios forzados.
Las autoridades forman parte de este engranaje delictivo: son omisas cuando reciben denuncias de violencia y no se atienden con presteza, se empeñan en hacer sufrir más a las víctimas. Los feminicidios pueden evitarse si a tiempo se toman medidas de seguridad y se actúa con severidad contra los agresores. Esto mismo puede hacerse si se protege a las mujeres y se les saca del laberinto de la violencia que padecen y que en varios casos terminan en desapariciones. Los matrimonios forzados son recurrentes en comunidades apartadas y olvidadas. En estas regiones las niñas son presa fácil de los arreglos económicos que acuerdan los padres para establecer alianzas matrimoniales contra la voluntad de las niñas que se les destina a padecer la violencia por toda la vida.
Las mujeres indígenas son tratadas como seres inferiores, que no tienen derecho a sr respetadas y tomadas en cuenta. Se da carta abierta de golpearlas desde el momento en que sus padres reciben un pago por sus hijas. El sentido de propiedad se naturaliza y se ejerce con la violencia. Es grave lo que ha sucedido por décadas sin que las autoridades hagan algo para evitar los matrimonios forzados. Es impensable que se instalen en las comunidades y que implementen acciones integrales para revertir los rezagos sociales y reivindicar los derechos de las mujeres, asumiendo su defensa en los ámbitos comunitarios. En resumen, estas historias interpelan a los tres niveles de gobierno que siguen relegando esta grave situación de las mujeres y niñas de la Montaña. No hay coordinación para implementar acciones al interior de las comunidades donde están arraigados los matrimonios forzados. Sus intervenciones son a control remoto y por lo mismo, irrelevantes. Desconocen el contexto y no se atienden las causas de estas prácticas. Solo se busca penalizar estas prácticas y se les enmarca dentro de una realidad urbana, al grado que consideran los matrimonios forzados como parte de la trata de personas, criminalizando a los padres con delitos graves, cuando el Estado les ha negado los derechos básicos dentro de sus comunidades. La violencia y la muerte se ensaña contra las niñas y mujeres indígenas porque las autoridades de los tres niveles están ausentes y cuando las mujeres llegan hasta sus oficinas las ignoran, las maltratan, las obligan a regresar con sus maridos, les cobran por levantar actas que van contra ellas mismas y las condenan a ser víctimas de feminicidios o desapariciones.
En la Montaña el racismo y la violencia que marcan el derrotero de las niñas y mujeres se ha naturalizado entre las comunidades, pero sobre todo en los ayuntamientos municipales, porque ahí los funcionarios se aprovechan de estas tragedias para obtener ganancias. Venden la justicia a los hombres violentos, los encubren y fallan a su favor para demostrar la superioridad del hombre y la impunidad de la que gozan. Los ministerios públicos son parte de este entramado delincuencial porque se colocan del lado de quienes les ofrecen dinero. Sin ningún miramiento actúan contra las mujeres que se atreven a denunciar, más bien, incrementan sus riesgos al filtrar la información a los demandados, que se arman de valor y atentan contra la vida de sus parejas, al pagar con dinero los delitos que cometieron.
Se emiten recomendaciones a las autoridades para que atiendan la desigualdad estructural y la discriminación interseccional como causas de la violencia de género. Es indispensable que aborden esta problemática con un enfoque territorial e intercultural, para que tengan resultados tangibles al interior de las comunidades que son los espacios donde se tiene que trabajar a fondo para atender y revenir estos delitos. Es prioritario fortalecer a las instituciones de justicia y de seguridad pública, se debe garantizar su presencia efectiva en la Montaña y capacitar a los funcionarios públicos en la cultura de los derechos humanos, la perspectiva de género y la atención a la víctima.
Es urgente aplicar las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como reforzar los programas de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia. Vemos necesario que en las instancias de justicia se incorpore a jóvenes indígenas para incorporar la visión intercultural y hacer realidad el pluralismo jurídico. La persecución efectiva de los crímenes contra mujeres es el gran desafío que tiene el sistema estatal de justicia, porque la impunidad representa los cardos y los cactus que impiden el renacer de las mujeres indígenas en los filos de la Montaña.

Los cacicazgos no se han desterrado de Guerrero, están vigentes e impunes. La gobernadora morenista Evelyn Salgado lo reafirmó el domingo 9 de noviembre al rendir honores al cacique mayor, al sanguinario represor Rubén Figueroa Figueroa. La 4T mediante la Secretaría de Cultura estatal conmemoró el 117 aniversario del natalicio del ex gobernador priista, en Huitzuco, propiedad de los Figueroa, el ejemplo más contundente del poder intocable de los caciques. El lugar del evento fue en una de tantas escuelas que llevan su nombre.
El cacicazgo político es un modelo de gobierno que sigue reproduciendo la clase política guerrerense. Se caracteriza por tomar el control de las instituciones para beneficio personal y familiar; impone a familiares y amigos en los cargos más remunerativos; hace negocios privados con dinero público; somete a los poderes Legislativo y Judicial; establece pactos con grupos delincuenciales y pone a su servicio los cuerpos de seguridad del Estado.
No castiga a los gobernantes represores, más bien, se confabula con ellos. La ley se aplica a los enemigos políticos y a los luchadores sociales; deja en estado de indefensión a las víctimas y a la clase social explotada. No ataca de raíz la violencia ni la inseguridad y tampoco desmantelan las estructuras delincuenciales, que en las regiones del estado se erigen como un poder fáctico. La corrupción es la correa de transmisión que legaliza los negocios ilegales. El poder político se transforma en un feudo que se hereda por encima de cualquier ideología. Es el cacicazgo en su máxima expresión.
El homenaje realizado a un personaje siniestro nos muestra la cepa de un gobierno que está muy lejos de entender el origen de un proyecto político progresista. No le interesa comprender el significado de las luchas sociales, le es irrelevante indagar las raíces de la rebelión y las revueltas por la democracia.
Las grandes movilizaciones contra los malos gobiernos no se erigen como referentes obligados que deben guiar la nueva política construida desde la base social. El levantamiento armado en Guerrero fue clave para desmantelar las estructuras que oprimen al pueblo trabajador. Por eso preocupan estos homenajes, porque hay complicidad con los gobernantes que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que implantaron una política de terror operada por el Ejército que se especializó en torturar, desaparecer y ejecutar a los guerrilleros y a la población civil.
Es grave el extravío político y el vacío ideológico de los liderazgos morenistas. Lo peligroso es que caminamos sin rumbo, congraciándose los nuevos gobernantes con los que masacraron a miles de guerrerenses.
Nada les dice a los de la 4T que el terrorismo de Estado haya sido una época sombría que no les importa investigar, mucho menos judicializar, porque lo que impera es la impunidad y la exaltación de la violencia del estado. El homenaje que realizaron es el termómetro que nos arroja resultados que agravian a los héroes caídos.
Lo inadmisible para los guerrerenses es la mezquindad y ruindad con la que actúan las cúpulas partidistas que se disputan el poder, que se embelesan con lo superfluo y se obnubilan con lo fatuo. La obtención del dinero a raudales es su principal objetivo. La lucha por las candidaturas es la obstinación enfermiza por eternizarse en el poder.
Para ellos lo que cuenta es su ego. Los ciudadanos sólo son votos y en esa medida son importantes.
Las causas por las que lucha la gente sirven a los candidatos como eslogan para sus campañas. No hay una identificación con sus demandas históricas, sólo las instrumentalizan porque les pueden servir para ganar elecciones.
Hay una bifurcación entre la clase política que se mueve dentro de su burbuja y el mundo de los excluidos que pelean a ras de la tierra para sobrevivir y sortear su vida ante la delincuencia que los avasalla. La orfandad e indefensión de la población se traduce en estadísticas y cifras alegres de que la situación del país y del estado mejora, a pesar de que los bolsillos estén vacíos y que las desapariciones se multipliquen.
La memoria de los caídos es el manantial que revitaliza la lucha de los pueblos, son las claves para evitar que las atrocidades vuelvan a repetirse, las páginas que nos dan las mejores enseñanzas para impulsar verdaderas transformaciones sociales; para revertir las desigualdades y hacer valer el estado de derecho.
La memoria es para no olvidar quiénes fueron los perpetradores, para exigir castigo por los crímenes que cometieron y colocarlos en el banquillo de los acusados. En el horizonte debe brillar la justicia y poner en el centro a las víctimas como las principales protagonistas del cambio, que demandan reparación de daños y medidas efectivas de no repetición.
La memoria de sus luchas es el arma más potente para derribar el muro de la impunidad y para desmontar las estructuras que expolian a la población, que banalizan la vida y la dignidad de las personas de a pie.
No podemos olvidar que la época sombría de nuestra historia, que se escribió con sangre, fue cuando se implantó la política del terror con los planes de contrainsurgencia que se tradujeron en una represión generalizada contra la población civil y una persecución encarnizada con las organizaciones político-militares que desafiaron a los caciques y al poder militar.
Fue demencial la frase que espetó Rubén Figueroa Figueroa en una entrevista “los desaparecidos no están desaparecidos, están localizados, y se encuentran en la panza de los zopilotes”. De manera sádica declaraba que su gobierno había cometido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que había utilizado de manera despiadada toda la fuerza del estado y que sin límite alguno había detenido, torturado, desaparecido y ejecutado a todos los que fueron cómplices y sospechosos de pertenecer a la guerrilla.
Arrasaron a las comunidades para desterrar cualquier atisbo de rebelión, expulsaron de sus territorios a las familias sólo por llevar los apellidos de los jefes guerrilleros. Instalaron cuarteles en las comisarías para habilitarlas como centros de tortura. Impusieron cercos militares para impedir que los alimentos circularan entre la población y prohibieron que la gente trabajara en el campo para aislar a la guerrilla.
Las mujeres fueron parte del botín de guerra y los vuelos de la muerte se transformaron en el tormento más cruento para imponer el terror y causar daños irreparables a las víctimas, a sus familiares y la sociedad en su conjunto. Aventar al mar desde un avión a los detenidos fueron crímenes execrables. La perversidad de los criminales era asegurarse que nunca se supiera el paradero de los detenidos-desaparecidos. No dejar rastros fue la consigna de los asesinos.
Para el doctor Rosalío Wences que en la década de los setenta fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero caracterizaba al gobierno de Rubén Figueroa Figueroa como sanguinario: “Con el cambio del gobierno estatal, en 1975, comenzó la represión selectiva contra determinados luchadores sociales, contra varios universitarios o contra algunas escuelas en las que en ese momento tenían un mayor auge por el movimiento democrático. Es así como se debe entender la represión que se dio contra la Universidad en septiembre de 1975, al despojarla de sus instalaciones de Tuxpan, donde se ubicaba la Escuela Superior de Agricultura (ESA); perdimos los terrenos, los edificios, los laboratorios, los tractores, toda la maquinaria.
Ha sido, quizá, la más despiadada y flagrante violación a la autonomía de la Universidad conocida desde 1972. Pero poco después, para detener el avance democrático y la vinculación popular de la Costa Chica, se desata la represión en contra de la preparatoria No. 5, secuestrando a su director, el compañero Eloy Cisneros Guillén… Desde 1973, el gobierno empezó a fabricar gruesos expedientes de todos aquellos que se distinguían en la lucha por la defensa de la Universidad.” En 1976 Rubén Figueroa retuvo el subsidio de la universidad y se obstinó en desaparecer las preparatorias que consideraba como centros de adoctrinamiento.
A los universitarios les decomisaba carros en los que repartían propaganda. Algunos universitarios como Pablo Sandoval abandonaron el estado por estar amenazados de muerte. La Policía y el Ejército sitiaban a cada rato el edificio docente. El mayor Mario Arturo Acosta Chaparro era jefe de todas las policías en el puerto de Acapulco, era el encargado de hacer los interrogatorios. Una de las cárceles clandestinas estaba en los antiguos talleres de la S.O.P en Acapulco.
En esos años fueron desaparecidos varios universitarios, entre ellos: Teresa Estrada Ramírez, Pablo Santana López, Victoria Hernández [Fernández] Brito, Guillermo Mena Rivera, Tanía Cascante Carrasco, Rodrigo Ramírez Martínez, Arturo Bibiano Vargas; Carlos Días Frías, Isidoro García Campos, Jacob Nájera Hernández, Félix Bello Manzanares, María Teresa Torres Ramírez, Leandro Rivera, Floriberto Clavel y Carlos Benavides Alcocer.
María Teresa Torres Ramírez fue detenida 31 de enero de 1976 tenía 3 meses de embarazo y dio a luz en el Campo Militar número 1, la relacionaban con las FAR y la vincularon con el secuestro de Telma Guadalupe Soto Ramírez. Según versiones de la policía, murió en un enfrentamiento en Aguacatillo el 29 de enero de 1976.
El 11 de noviembre de 1976 en Iguala fue secuestrada la estudiante del 9° semestre de la Escuela Superior de Agricultura Victoria Hernández [Fernández] Brito. Se le relacionó con el Comando Revolucionario 10 de Junio y con el secuestro de Enrique Pineda Cuevas. A las dos de la mañana, Víctoria regresaba a Iguala procedente de la Ciudad de México, donde había participado en un mitin frente a la secretaría de gobernación para exigir la devolución de las instalaciones de la ESA, el día anterior. A las ocho de la mañana llegaron los agentes policiacos al domicilio Rayón No. 24 donde amenazaron a sus padres, voltearon las camas con el pretexto de que buscaban armas y secuestraron a Victoria, que a esa hora estaba dormida. Con golpes y amenazas la subieron a un carro, todavía en ropa de dormir. Se la llevaron a las instalaciones de la ESA donde la torturaron. Hasta ahí se le perdió el rastro. Fue delatada por un activista apodado “Simitrio”.
Este pasado ominoso no debe quedar impune. En Guerrero son los familiares, las organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos los que mantienen viva la memoria de los héroes caídos, los que saben honrar a quienes ofrendaron su vida para acabar con los gobiernos caciquiles. Lo inadmisible es que los gobernantes que se deben a estas luchas en lugar de honrar a los luchadores sociales los traiciona y agravia al homenajear al gran cacique.

Bajo amenazas de la delincuencia, el 5 de noviembre salió el primer autobús de familias jornaleras a los campos agrícolas de Sinaloa y Guanajuato al corte de verduras chinas. Su periplo se convirtió en pesadilla. Once autobuses habían planeado tomar la ruta de Chilapa, pero el grupo delincuencial que se ha instalado frente a la Casa de Jornaleros de Tlapa, les advirtió que tendrían problemas en el trayecto. Fueron directo con los choferes: exigían 5 mil pesos por la salida de cada autobús.
Las familias jornaleras soportaban el rayo del sol esperando que los choferes resolvieran su problema. Cargaron sus petates, enseres domésticos, cubetas y escobas, para sobrevivir en los campos agrícolas. Muchas madres llevaban sobre sus espaldas a sus hijos envueltos en sus rebozos. Una pareja de jóvenes descansaba sobre sus costales con sus cubetas de 20 litros.
De una camioneta estaquitas varias familias bajaban garrafones, ayates y bolsas de plástico con ropa. El polvo se alborotaba cada vez que dejaban caer sus costales. Los contratistas con listas en mano checaban cuántas familias estaban. A la una de la tarde ordenaron que subieran a los autobuses. De inmediato se formaron llevando en sus manos algunas cobijas, totopos, colchonetas y morrales. En 17 minutos los autobuses arrancaron. Después de las 2 de la tarde quedaron sólo tres. A las 2:40 se alertó a la Policía Municipal de Tlapa para que atendieran a los choferes. La respuesta de los policías fue lenta. Llegaron media hora después. Realizaron sus rondines al interior del inmueble, mientras tanto algunos conductores pagaban la cuota de 5 mil pesos en la “casa rosa”, una empresa de autotransporte.
Ante la inacción de los policías los choferes no sabían qué hacer. Una mujer se encargó de llamarles por teléfono para que pasaran a dejar el dinero. Cinco conductores permanecieron en la puerta de la Casa del Jornalero para esperar la orden de salida. En ese momento dos policías estatales se acercaron para decirles: “vayan a sus camiones… aquí todos se tienen que dirigir conmigo”, les dijo el comandante mientras vigilaban la casa rosa.
Cada chofer tardó más de 15 minutos para hacer el pago. Los policías testificaron la extorsión de 11 choferes. Descargaron la responsabilidad en los choferes por no interponer una denuncia formal. Con el pago realizado los camiones emprendieron su camino a los campos agrícolas de Sinaloa y Guanajuato.
El 6 de noviembre, otro autobús con 26 jornaleros y jornaleras salió de Tlapa a las 11 de la mañana, rumbo a la Colonia del Valle, en el estado de Chihuahua. Tomó la ruta de Puebla sin imaginar que a la altura de Xochihuehuetlán una camioneta se les atravesaría para asaltarlos.
En un punto donde no había casas bajaron con violencia a las familias jornaleras. Todos corrieron a esconderse entre los cerros, mientras los agresores golpeaban al chofer y rompieron las ventanas del autobús. Las familias con temor tuvieron que caminar para llegar a Xochihuehuetlán y refugiarse en una iglesia. Un pasajero logró hacer una llamada para pedir auxilio, logrando comunicarse con la Policía del Estado. Llegaron para prestar auxilio sin ubicar a los asaltantes. Al chofer lo trasladaron en ambulancia para su atención médica.
Lo preocupante es que las agresiones contra las familias jornaleras iniciaron el 29 de agosto cuando empezaron los asaltos en la ruta de Puebla. Las familias son despojadas de sus pertenencias y los choferes son golpeados. Quedan a la intemperie sin que las autoridades se enteren de estas agresiones porque no hay un acompañamiento puntual desde que salen de sus comunidades y cuando se suben a los autobuses en Tlapa para viajar durante 2 o 3 días a los campos agrícolas.
El pasado 13 de octubre se realizó la primera reunión con funcionarios del estado. A convocatoria del secretario de asuntos indígenas, Abel Bruno, estuvieron presentes el secretario del trabajo en Guerrero Omar Estrada; el coordinador operativo en la región de la Montaña de la Secretaría de Seguridad Pública Raúl Simón Flores; así como representantes de la Secretaría de Migrantes, de los municipios de Cochoapa el Grande y de Alpoyeca. También estuvo presente el doctor Julián Rosales titular de la unidad médica de la Casa del Jornalero. Por parte de las familias jornaleras estuvo una representación del consejo de jornaleros y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ante las agresiones reportadas por algunos jornaleros y contratistas y los requerimientos de dinero que exigen personas que tienen oficinas para vender boletos a las personas que se desplazan a los campos agrícolas, se acordó iniciar con los operativos para brindar seguridad a la Casa de Jornaleros por parte de la Policía Estatal. También se planteó como una acción prioritaria la revisión de los permisos con que cuentan las empresas de autotransporte instaladas en Tlapa y que ofrecen servicios para trasladar a familias a los campos agrícolas. Otro asunto de preocupación es el brote de sarampión que se ha dado entre los niños y niñas de familias jornaleras que llegaron del estado de Chihuahua. Se han reportado varios casos de los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Copanatoyac y Tlapa. Se informó que en la Casa del Jornalero se ha instalado un módulo para informar a la población que está regresando sobre el brote del sarampión para invitar a que se vacunen y registrar a los niños que se han contagiado.
Las familias jornaleras han planteado las dificultades que tienen para acceder a los programas sociales del gobierno federal. Comentan que por su movilidad no son censados porque se encuentran trabajando en los campos agrícolas. Por eso piden que la Secretaría del Bienestar tome en cuenta su situación de migrante interno para que se implemente un mecanismo efectivo que garantice su registro en los campos donde se encuentran trabajando. Lamentan que no los tomen en cuenta y que cuando intentan registrarse tienen dificultades porque están mal sus nombres o fechas de nacimiento en sus actas de nacimiento. Por eso piden que se instale un módulo de registro civil en la Casa del Jornalero que se aboque a atender estos problemas. La gente realiza gastos infructuosos en estos trámites porque tiene que ir a Chilpancingo donde les ponen muchos obstáculos, sobre todo los discriminan porque no dominan el español.
También se ha planteado convocar a las empresas agrícolas para tener un diálogo con las autoridades del estado y la población jornalera con el fin de garantizar una contratación que respete los derechos laborales de los trabajadores y se haga efectiva la seguridad social. Hay muchos abusos de los patrones y muchos engaños en cuanto a los beneficios que supuestamente ofrece la empresa. Aparte de que no les pagan el salario mínimo, cuando se enferman tienen que ir a médicos particulares porque la empresa no les garantiza este derecho. Al salir del campo para ir a consulta médica les descuentan el día y a veces los castigan para que no trabajen más días. Las mujeres embarazadas sufren más porque tienen que trabajar en condiciones de alto riesgo y su atención médica corre por su cuenta. En los campos tampoco se les brinda albergue para sus hijos, por eso muchas madres cargan a sus hijos en los surcos con el riesgo de que sufran un accidente o que se intoxiquen por los químicos que se aplican a los vegetales. En muchos casos los patrones ya no cumplen el compromiso de trasladarlos en autobús para su regreso a Tlapa. De lo poco que ganan tienen que pagar el boleto de regreso de toda la familia. Los funcionarios del estado se comprometieron a invitar a algunas empresas para que asistan a una reunión en Tlapa con las autoridades del estado y la población jornalera.
El reclamo de la población jornalera ha sido que ya no hay programas sociales que propicien el desarrollo comunitario y el arraigo de las familias. Más bien se ha dejado a la deriva a la población más pobre de la Montaña, porque muchas familias ya no tienen tierras para sembrar y tampoco son beneficiarias de los programas federales. Tampoco reciben el apoyo económico que les brindaba el programa nacional del empleo para sus traslados a los campos agrícolas, por eso, demandan que se implementen acciones tendientes a proteger los derechos de la población jornalera que son víctimas de la explotación laboral, del maltrato de los choferes, de los altos costos de los pasajes de los autobuses que no les dan boletos para no asumir su responsabilidad social como empresa cuando hay accidentes y decesos de personas jornaleras.
La situación ha empeorado porque ahora la delincuencia acecha en sus comunidades, en los caminos por donde transitan, en los lugares donde toman los autobuses y en la misma Casa del Jornalero en Tlapa. Están asediados por el hampa y las autoridades no están garantizando su protección. Todo lo reducen a que las personas agraviadas interpongan las denuncias sin que haya resultados efectivos. Como siempre le cargan la responsabilidad a las víctimas sin que tenga la protección de las autoridades. En contrapartida no hay investigaciones sobre el modus operandi de estos grupos, mucho menos implementan acciones para desmantelar sus redes y estructuras, por el contrario, su inacción y omisión se traduce en solapamiento y colusión.
Los graves hechos que se han registrado y documentado por parte de la Policía Estatal son suficientes para actuar de inmediato, porque hay flagrancia sobre todo cuando se comete el delito de extorsión que recién se reformó y que se castiga con severidad. A pesar del reporte telefónico que se hizo, las autoridades competentes no actuaron, más bien se mostraron condescendientes con los que delinquen. Por eso la población tiene desconfianza en el órgano investigador porque pone en duda el dicho de la gente que es víctima del hampa.

Maestro Fernando Xochihua, siempre te recordaremos como el gran magistrado, defensor de los pueblos indígenas.

La llegada del obispo Alejo Zavala a la nueva diócesis de Tlapa fue una señal prodigiosa para los pueblos olvidados de la Montaña. La situación era catastrófica por el abandono secular, el aislamiento histórico, las condiciones deplorables de las familias indígenas, el monolingüismo de la población y la ausencia de las instituciones educativas y de salud. Además de la alta marginación la región estaba militarizada y las corporaciones policiacas se ensañaban contra los habitantes: robaban sus cosechas, sus animales, violaban a las mujeres, torturaban a cualquier persona que catalogaban como sospechosa. Los agentes del Ministerio Público que lucían sus pistolas en el cinto se encargaban de amedrentar y extorsionar a los detenidos. Bajaban a la gente amarrada y hacían de este escarnio un espectáculo en el centro de Tlapa. Fueron centurias marcadas por la barbarie, el despojo, la explotación y el sometimiento caciquil.
La guerrilla tuvo un terreno fértil en esta geografía agreste en el que encontró cobijo y apoyo en las comunidades y donde varios indígenas se adhirieron a su movimiento. La rebeldía es parte de la cultura heroica de los pueblos que han resistido a las políticas etnocidas y depredadoras. Eran pocos los sacerdotes que se atrevían a inculturarse y a caminar con los pueblos de la Montaña. La barrera del idioma impedía avanzar en un proceso de evangelización liberadora, sin embargo, su compromiso pastoral fue muy grande, por eso decidieron conformar equipos para trabajar en Metlatónoc. Tuvieron acercamiento con los maestros que trabajaban en la región. En esos años conocieron al maestro Othón Salazar quien fue una figura clave por el liderazgo que ejerció en las comunidades ñu savi y en el magisterio indígena. Enarboló la bandera del Partido Comunista para dar la pelea contra los caciques priistas.
La coyuntura continental de 1992 fue clave por la lucha emancipadora que emprendieron los pueblos de América. Emergieron como actores políticos que desafiaban a los gobiernos colonialistas y que desenmascaraban el régimen opresor que hasta la fecha sigue expoliando a los pueblos originarios. Se opusieron abiertamente a la celebración del V Centenario que pomposamente el gobierno español catalogó como el encuentro de dos mundos. Los pueblos salieron a las calles a protestar, a tirar las estatuas de los conquistadores, a desmitificar la historia oficial que en realidad es la historia de los vencedores. Construyeron una nueva narrativa para denunciar el racismo, la discriminación, la explotación, las políticas integracionistas y populistas, las visiones folclóricas y etnocéntricas. Reivindicaron a la civilización mesoamericana como la matriz de sus culturas.
Su toma de conciencia como sujetos políticos los ha llevado a liberarse del colonialismo interno impuesto por las cúpulas del poder económico y las elites políticas. Actualmente el movimiento indígena se nutre de su propio derecho, aplica su propio sistema de justicia, ejerce su autonomía defendiendo su territorio y brindando seguridad con sus policías comunitarios. La negra noche del esclavismo ha empezado a vislumbrar un nuevo horizonte de justicia que florece en las luchas cotidianas que libran los pueblos para hacer efectivos sus derechos.
En este marco de los 500 años de resistencia indígena de los pueblos de América, el Papa Juan Pablo II erigió la diócesis de Tlapa el 4 de enero de 1992 con la publicación de la bula Efflorescentem Mexici. La Iglesia católica de América había cobrado notoriedad con las conferencias episcopales de Medellín (1969) y Puebla (1979) donde plasmaron el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos, describieron los rostros sufrientes de Cristo y descubrieron que los pobres nos evangelizan. Estas reflexiones teológicas nutrieron de contenido a lo que popularmente se conoció como Teología de la Liberación. Estos aires de renovación eclesial se fortalecieron con la emergencia de los pueblos que luchan por su emancipación política y al mismo tiempo recuperan su cosmovisión, sus prácticas rituales, su organización religiosa en mayordomías y los símbolos sagrados plasmados en sus santos y en el culto mariano.
Con la ordenación episcopal de Alejo Zavala Castro el 25 de marzo de 1992 en la ciudad de Tlapa, el pueblo creyente encontró en su figura al pastor que acompaña a los pueblos, que va al frente de sus luchas, que dialoga con las autoridades, que participa en sus fiestas y que vela por sus derechos. Las comunidades de la Costa-Montaña lo recuerdan con mucho cariño porque impulsó la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia un proyecto largamente planteado a las autoridades que siempre relegaron. Fue consciente el papel que jugaba en la región, como un mediador y como representante de la Iglesia que escuchaba el clamor de los pueblos. Con total libertad y transparencia planteaba a las autoridades el sentir de la gente, sus demandas más sentidas y sus históricos reclamos.
De padres campesinos, el obispo Alejo fue fiel a sus orígenes. Nació en Galeana, una pequeña comunidad de Puruándiro Michoacán. Trabajó en el campo al lado de Alejo, su papá. Doña Catalina, su mamá le infundió la fe católica y le inculcó la enseñanza del catecismo. El ambiente religioso que se respiraba en la familia y en su comunidad influyeron para que a los 15 años entrara al Seminario Diocesano de Morelia. Destacó por ser un buen estudiante, con mucho carisma, de trato sencillo y bromista. Sobresalió como buen basquetbolista y con grandes virtudes para formar equipo de jóvenes en las parroquias que visitaba. En diciembre de 1966 fue ordenado sacerdote por el obispo Manuel Martín del Campo en la catedral de Morelia. Fue promotor vocacional de la arquidiócesis y en 1983 recibió el nombramiento de vicario episcopal de la región del Bajío.
Como obispo se reencontró con la gente de las comunidades rurales, pero en la Montaña redescubrió la riqueza espiritual de los pueblos indígenas. La forma de celebrar su fe de manera comunitaria, de presentar siempre la ofrenda y dar las gracias por los dones recibidos a pesar de la precariedad y las condiciones adversas. Estos valores impactaron mucho en la sensibilidad de un obispo que se fue convirtiendo en el pastor sencillo que está cerca de sus ovejas, que las escucha y las consuela. Que se solidariza con los más pobres y que apoya a los pueblos que se organizan para que haya seguridad y justicia en la Montaña.
Supo acompañar al padre Mario Campos para animarlo en su trabajo pastoral. Llegó a participar en asambleas regionales que dieron origen a la Policía Comunitaria. Reconoció la gran contribución de este sistema para brindar seguridad a la gente. La participación de la Iglesia diocesana y el obispo Alejo fueron claves para darle fuerza a este sistema de seguridad y justicia que ha enfrentado el embate de los gobiernos, pero que sigue pujante a sus 30 años.
En las asambleas diocesanas, donde participaban los sacerdotes, religiosas, religiosas y laicos se conformaron las comisiones y se elaboró el Plan Diocesano de Pastoral que fue el documento guía para todo el trabajo parroquial. Dentro de los objetivos del Plan en al ámbito de la pastoral social se planteó la promoción de los derechos humanos y la formación de promotores parroquiales. Esta tarea fue coordinada por el ahora director de Tlachinollan. Fue un trabajo pionero que se inició en las parroquias con algunos agentes de pastoral. Con el tiempo se conformó un grupo de promotores de derechos humanos que se encargaron de dar talleres y documentar algunos casos que preocupaban a las comunidades.
Con el apoyo del obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas de la diócesis se creó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña que en su origen formó parte de la diócesis y posteriormente se constituyó en una asociación civil, siendo el obispo Alejo el presidente del Consejo Consultivo de Tlachinollan. Su respaldo fue determinante en momentos críticos, tanto por las amenazas que enfrentábamos de los policías y del Ejército como de los procuradores de justicia, jueces y gobernadores que siempre han desacreditado nuestro trabajo. También don Alejo siempre estuvo cerca ante múltiples dificultades que padecimos al carecer de lo más básico para acompañar a la gente de la Montaña. Su acompañamiento iluminó este tortuoso caminar.
También fue un gran artífice de proyectos estratégicos de la diócesis como la creación del Seminario Diocesano Tonantzin Guadalupe que se logró gracias a la donación de un terreno de la comunidad nahua de Atlamajalcingo del Río.
Con la publicación del Plan Diocesano de inmediato los agentes del Cisen difundieron que la Iglesia se oponía a la reforma al artículo 27 impulsada por Salinas de Gortari que abrió la puerta para la privatización de las tierras ejidales.
También dolosamente elaboraron un documento que mandaron al secretario de Sedesol, Carlos Rojas, donde decían que la diócesis apoyaba la lucha armada y que varios sacerdotes estaban vinculados con estos grupos. Estos infundios dieron pie para que el obispo hablara con Carlos Rojas sobre el contenido de ese documento, que por comentarios de funcionarios menores, él había mandado pedir. Carlos habló con el obispo y le manifestó que no había solicitado esa información. La realidad es que en esos tiempos el gobierno de Salinas de Gortari mandó pedir a Sedesol que investigara qué organizaciones sociales, civiles y eclesiales apoyan a los zapatistas. El Cisen se encargó de elaborar esas fichas sin sustento.
Don Alejo fue evangelizado por los pueblos de la Montaña al grado que aquí dejó su corazón. Después de 15 años de servicio como pastor de la Montaña recibió su nombramiento como obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Fue otra gran experiencia que requirió mayor esfuerzo por la extensión de la diócesis y por la diversidad de problemas que le tocó atender. Su gran capacidad para escuchar y su gran disposición para atender a los feligreses fue ganando la confianza y el respeto. La carga de trabajo fue mermando la salud de don Alejo que se sobreponía a pesar de las adversidades. Nunca perdió el sentido del humor y siempre fue un gran compañero y amigo de los sacerdotes y religiosos. Su carisma favoreció el trabajo en equipo y fue un gran mediador para atender los conflictos inter religiosos. Por la edad llegó su jubilación que le permitió descansar un poco y que pudiera atenderse médicamente. La arquidiócesis de Morelia lo acogió y con el apoyo de un sobrino, que siguió sus pasos como sacerdote, pudo sobrellevar de la mejor manera el cuidado de su salud. El día en que despedimos a nuestros difuntos, don Alejo se marchó para acompañarlos en su travesía al más allá. “Está con Dios”, dijo una indígena de Tototepec, después de rezar por su eterno descanso.

 

Felicidades a Maribel Gutiérrez, periodista de espíritu imbatible, infatigable y con una trayectoria intachable, por la presea Sentimiento Migrante 2025.

La bahía de Acapulco perdió su encanto, sus olas apacibles contrastan con la sangre impregnada en las arenas de las playas por la violencia imparable de la delincuencia organizada. Las tragedias se consuman en los centros turísticos, el paseo de las familias termina con experiencias traumáticas por las balas que se esparcen entre los bañistas que ven caer a gente que luchaba por su sobrevivencia.
En medio de los huracanes sucedió el artero asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). En una tarde repleta de turistas, los asesinos se paseaban tranquilamente por la playa Icacos. Esperaron el momento más oportuno para descargar su pistola contra Marco Antonio. Actuaron con la seguridad de que nadie repelería la agresión ni que las fuerzas de seguridad armarían un operativo para detenerlos. Dejaron constancia de que la delincuencia es la que manda en las playas. Los asesinos conocieron a detalle la rutina de Marco: sabían la hora de su llegada, el lugar donde guardaba sus sombrillas, sus mesas y sillas. Tenían identificadas sus seis motos acuáticas, el patrimonio más apreciado de Marco.
En vísperas de la Semana Santa, la gobernadora había anunciado con bombo y platillo el despliegue de 4 mil elementos de la Guardia Nacional para blindar la zona turística. Los patrullajes aparatosos fueron una exhibición más para el consumo televisivo y no tanto un operativo efectivo para proteger a los lugareños. El contubernio con la delincuencia quedó evidenciado porque la venta de droga siguió circulando en las playas y los sicarios se mantuvieron vigilando sus negocios. El asesinato de Marco Antonio ocurrió en plena efervescencia turística y con la aparatosa vigilancia de la Guardia Nacional. No reaccionaron ante los disparos percutidos en una de las calles que conectan con la playa.
Turistas y trabajadores fueron testigos de que los perpetradores vigilaban al líder del Cecop. Marco Antonio los reconoció, por eso decidió retirarse más temprano de lo acostumbrado. Cuando se dirigía a su camioneta un agresor lo encaró, discutió con él y de inmediato le disparó en tres ocasiones. Marco trató de esquivar las balas corriendo de un lado a otro. Finalmente cayó sobre la playa. La gente corrió despavorida y solo algunos trabajadores se atrevieron a auxiliarlo para subirlo en un camastro a su camioneta.
Marco permaneció ocho días en terapia intensiva. Sin embargo, su organismo no resistió por la afectación de varios órganos vitales, lamentablemente el 25 de abril murió.
Lo más grave es que las autoridades estatales y federales se han desentendido de su caso, solo cubrieron las formalidades legales con las primeras diligencias y descargaron en su familia la responsabilidad de la investigación.
No preservaron la escena del crimen y tampoco recabaron indicios en el lugar de los hechos. Dejaron pasar los días sin abocarse a indagar la mecánica de los hechos. Esperaron a que la familia y personas allegadas acudieran a la Fiscalía para que aportaran los datos que requerían. La familia quedó inerme sin que recibiera la protección necesaria para garantizar su seguridad.
La Fiscalía, ante la presión de las organizaciones sociales que marcharon en Chilpancingo se vieron obligadas a investigar los hechos tomando en cuenta la trayectoria de Marco Antonio como defensor del medio ambiente, pero todo quedó en vanas promesas.
A seis meses del infame asesinato las investigaciones no avanzan a pesar de la información y los datos de prueba que se le han proporcionado. Hay serios indicios de la ubicación y detención del agresor material, pero las maniobras perversas que se dieron dentro de la Fiscalía ocultaron su detención y lo dejaron en libertad.
El patrón de impunidad se mantiene intacto en una institución totalmente opaca que a nadie rinde cuentas y que sus actuaciones van en detrimento del estado de derecho y la negación de la justicia para las víctimas.
Es común que en Guerrero los crímenes cometidos contra defensoras y defensores no se investiguen y mucho menos que se judicialicen. Dejan que la violencia trunque de tajo cualquier esfuerzo por preservar la paz y el estado de derecho. Los delincuentes no son perseguidos ni investigados, más bien son los que realizan el trabajo sucio de quienes regentean los negocios de la economía criminal.
La Fiscalía no tiene mayores avances en la investigación, más bien, ha dejado el caso de Marco Antonio como un expediente rezagado. Para los ministerios públicos se trata de un asesinato más entre tantos hechos violentos que suceden diariamente. Es irrelevante su trayectoria como defensor del territorio y nada les dice que haya tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la desaparición de su hermano Vicente Suástegui. El grito de “la tierra no se vende, se ama y se defiende” se convirtió en “la arena es de quien la trabaja”. Sin embargo, las batallas por la limpieza de las playas y contra los grandes empresarios, se tornaron en una amenaza para los empresarios gravilleros que extraen la arena y la grava del río Papagayo de manera irregular. Para mantener sus intereses intocados se han aliado con la delincuencia que ha tomado el control de las comunidades rurales cobrando cuota y ajustando cuentas con los que se resisten.
Son las comunidades pobres del Acapulco olvidado las que junto con su familia honran la memoria de Marco Antonio. En medio de tantas afectaciones a sus tierras y viviendas por los huracanes, resisten y se mantienen firmes como Cecop. Continúan con sus asambleas dominicales para que no decaiga el ánimo. El espíritu de Marco siempre está presente. Tienen muy vivo su legado de que la tierra no se vende. Saben que ella es su sustento y por eso no permitirán que las autoridades los quieran relegar e ignorar, porque ellos son los dueños del territorio.
Hay mucho enojo y reclamo porque no fueron tomados en cuenta como comunidades damnificadas, quedaron fuera de los censos y no recibieron los apoyos económicos para reparar sus techos y rehabilitar sus terrenos y huertas. Con sus manos y sus precarios recursos se han levantado.
Marco Antonio dio la pelea para que fueran tomados en cuenta y buscó alternativas con fundaciones y organizaciones civiles que llegaron para atender sus demandas básicas. Con ellas siguen trabajando para rehabilitar sus viviendas, sanear el agua que consumen, construir letrinas, recuperar sus parcelas y sus huertas. A pesar de que Marco Antonio ya no está, continúa la mística del trabajo comunitario, el cooperativismo y la ayuda mutua. Afortunadamente la solidaridad continúa impulsando proyectos y motivando a las familias que perdieron todo.
Como Cecop luchan contra los que quieren repetir la historia colonialista de imponer proyectos extractivos sin consultarlos, de alentar la división interna para minar su resistencia y de utilizar a los empresarios y a los grupos delictivos para socavar la organización comunitaria. Con Marco Antonio al frente aprendieron a defenderse contra los depredadores y usureros, a alzar la voz y desenfundar el machete para defender los bienes comunes. Por eso su batalla está en dos frentes: defender su territorio y exigir justicia por su líder Marco Antonio.
A seis meses de su asesinato es increíble que la Fiscalía aún no detenga al autor material del crimen. Tienen suficiente información para proceder a su detención, pero su inacción genera sospechas y siembra dudas de su profesionalismo e imparcialidad. Hay fundados temores de que predominen los grandes intereses de los grupos que delinquen y que haya complicidad y contubernio al interior de las instituciones del estado. No hay voluntad para garantizar justicia a las víctimas y combatir frontalmente el flagelo de la impunidad.
Dejar en el olvido el asesinato de Marco Antonio es apostarle a que la violencia nos arrastre como las olas del mar, es ahogar cualquier esfuerzo para construir la paz y sembrar la justicia. Las grandes fallas de los operadores de justicia, sobre todo de quienes tuercen las leyes, los que realizan funciones que no les compete y todos los que hacen negocio con la población más pobre los transforma en los buitres del sistema, en los principales depredadores de la justicia del estado. Son los que siguen tejiendo la red delincuencial al interior de las instituciones gubernamentales.
Las banquetas y las calles ensangrentadas son una realidad que sigue interpelando a las autoridades. Las estadísticas oficiales representan una minúscula parte del terror que han implantado los grupos armados. De enero a septiembre del 2025 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró mil 69 asesinatos en Guerrero relacionados con el crimen organizado; el mes más violento fue abril, con 169 homicidios, incluido el de Marco Antonio Suástegui.
El puerto de Acapulco resalta mes con mes como el municipio más violento del estado. En los primeros nueve meses del 2025 ocurrieron 402 asesinatos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recientemente compareció en el Senado de la República donde informó que Guerrero tuvo una baja del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en septiembre del 2025, respecto de octubre del 2024. Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Chilpancingo ocupa el tercer lugar como la ciudad más insegura del país y Acapulco está en el lugar 16 con la percepción de seguridad de las y los ciudadanos que día a día viven el infierno de la violencia.
En este clima de violencia se cumplen 6 meses del asesinato de Marco Antonio sin que la Fiscalía General presente resultados contundentes de la investigación. Han dejado tirado el caso sin que nadie se atreva a pedirles cuentas. Tampoco hay visos de que en el gobierno de Evelyn Salgado haya buenas noticias para las víctimas de la violencia, no se vislumbra en el horizonte sexenal que haya acciones contundentes que logren la detención de los generadores de violencia y que se reivindique la memoria de los luchadores sociales que impulsaron la organización de los pueblos como ejemplarmente lo hizo Marco Antonio Suástegui.
“Marco Antonio somos todos; es el hombre que nunca muere porque vive entre nosotros que seguimos su ejemplo. Está en nuestra memoria para seguir luchando. Nos quieren silenciar, pero no podrán porque el Tigre sigue con nosotros. ¡Justicia para Marco! ¡El Cecop vive!”, son las voces que se esparcen por el río Papagayo.

 

¡Justicia para Rocío Mesino! a 12 años de su cobarde asesinato. Justicia para Melchor Gonzaga, maestro del pueblo nahua y miembro de la Policía Comunitaria, asesinado este 17 de octubre en Olinalá.
Alto a la persecución de la policía comunitaria. Libertad de los cinco presos de la CRAC-PC de Xalpatláhuac

No se cómo le vamos hacer para sacar a nuestros esposos de la cárcel. De por sí la vida es difícil acá en el pueblo porque trabajas mucho pero no tienes dinero. En el campo nos levantamos temprano para hacer el itacate y allá en el cerro almorzamos y comemos. Solo así vamos sacando algo de maíz, frijol y calabaza, pero ahora que no están nuestros esposos ya no pudimos sembrar como cada año, porque no es lo mismo trabajar sola en el barbecho que trabajar varios de la familia. Aparte de la pena que traemos tenemos que atender a nuestros hijos. Todo se nos vino encima. Nuestra vida cambió. Tenemos que pedir dinero prestado para ir a Chilpancingo. Lo más triste es que no podemos hacer nada porque no conocemos las leyes y tampoco hablamos bien el español.
A todos los acusan de muchos delitos como si realmente se tratara de grandes delincuentes. A esos señores el gobierno no les hace nada, no los tocan. En cambio, a nuestros esposos por ser policías comunitarios los traen en la mira. Así pasó con los 5 que detuvieron en febrero; la síndica les había solicitado que trasladaran a una persona al hospital de Tlapa. Fueron los 2 comandantes y 3 policías que estaban de guardia. Nunca se imaginaron que les iban a poner el dedo y que la guardia nacional los iba a detener. Luego se los llevaron a Chilpancingo porque según son delitos federales los que cometieron.
El tiempo se nos ha hecho eterno pero lo que más nos ha hecho sufrir es el mal trato que nos dan todas las autoridades por ser mujeres indígenas: nos ignoran y se burlan cuando nos oyen hablar el nahua. Nadie nos explica cómo está el caso de nuestros esposos y a ellos los maltratan y amenazan. No nos quieren decir que les está pasando adentro de la cárcel, pero notamos que tienen problemas. Ya no sabemos qué hacer porque sentimos el rechazo de las autoridades y los abogados que se acercan no son para ayudarnos solo quieren dinero.
Por eso venimos a Caxitepec para pedirle a los coordinadores y a todos los policías que no dejen solos a nuestros esposos. Así como se organizaron para ir a Chilpancingo a exigir la libertad de su compañero que detuvieron en Ayutla, así queremos que lo hagan por nuestros familiares. Ellos fueron detenidos por cumplir con su deber, por ayudar a un enfermo. Su delito fue salir a Tlapa, por eso ahora los tratan como delincuentes. Eso no es justo, no cabe duda que el mismo gobierno no quiere que haya justicia para los pobres. Nos duele mucho la indiferencia de las autoridades, nos damos cuenta que para ellas nosotras como mujeres indígenas no contamos. No les importa que estén en la cárcel acusados de delitos que no cometieron. No los reconocen como policías comunitarios. Por eso vemos que a pesar de que se cumplen 30 años de la policía comunitaria al gobierno no le importa, porque no le gusta que el pueblo tenga su policía que lo cuide y que sus autoridades apliquen la justicia como lo hacían nuestros abuelos.
A 30 años de lucha sin cuartel la policía comunitaria (CRAC-PC) sigue siendo un actor incómodo para el gobierno estatal. No la reconoce y persiste la línea política de no permitir que se consolide como un sistema de seguridad y justicia entre los pueblos indígenas y afromexicano del estado. Ninguna legislatura se ha comprometido a reformar la ley para darle un estatus jurídico para hacer realidad el pluralismo jurídico que está reconocido en nuestra constitución. Hay consigna de los cuerpos de seguridad del estado, de la guardia nacional y del ejército de obstruir el trabajo de la CRAC-PC, de detenerlos y desarmarlos como hace 30 años. Así lo hicieron con los 5 policías de Xalpatláhuac y con el comisario de Coapinola y consejero de la casa de justicia de El Paraíso. Lo que pretenden es consignarlos por delitos graves como secuestro y portación de armas para atemorizar a los grupos de la policía comunitaria y desalentar la organización comunitaria. A las autoridades no les importa que la policía comunitaria contribuya con la responsabilidad que tiene el estado de garantizar seguridad a los ciudadanos. La CRAC-PC lo ha hecho como parte del mandato que tiene de los pueblos indígenas y con la población en general. Lo ha hecho con eficacia y con recursos de las mismas comunidades. A pesar de este gran esfuerzo, las autoridades de los 3 poderes del estado siguen tratando como enemigos a los policías comunitarios. Los criminaliza y estigmatiza y no respeta su derecho a la libre determinación y su autonomía.
Para los coordinadores de la CRAC un gran aporte de este sis-tema comunitario es la reeduca-ción que es un paradigma de la justicia comunitaria que emergió en las asambleas regionales, donde florecen las reflexiones colectivas y donde se toman las grandes decisiones. En estos 30 años la CRAC-PC se encamina hacia el reconocimiento de nuestros derechos dentro de la constitución de Guerrero. Pelea-mos para que se incorporara en el artículo segundo de la Consti-tución federal, pero no lo logra-mos. Vamos a seguir insitiendo para que en Guerrero se reconozca este sistema de justicia como un modelo que funciona no solo en Guerrero, sino en todo el país, comenta desafiante un consejero de la CRAC-PC.
Actualmente la casa de justicia de Las Juntas-Caxitepec está cercada por los grupos de la delincuencia que pretenden socavar el sistema comunitario. En 1990 la ruta del mercado de Caxitepec hacia Ayutla era muy peligrosa. Atravesaban el crucero de Pascala del Oro, Tres Cruces, la región na savi de La Fátima, La Cortina, hasta llegar a San José la Hacienda y luego al mercado de Ayutla. Los caminos de terracería no permitían el acceso al servicio de transporte, situación que no ha cambiado mucho. Una camioneta de 3 toneladas era la única que llevaba a toda la gente que iba a comerciar sus productos a la Costa Chica.
Era un viaje en el que arriesgaban sus vidas como todas las comunidades de la CRAC. En el camino, no bastaban los tramos que llegaban a desbarrancarse, sino que en la zona mixteca, colindando con San José de la Hacienda, la gente era asaltada. Les quitaban toda su mercancía; los costales de jamaica les eran arrancados a golpes. Les quitaban relojes, playeras, zapatos, dejándolos semidesnudos. El peligro mayor era para las mujeres que terminaban siendo agredidas sexualmente sin que nadie pudiera hacer nada.
La población buscó la manera de protegerse, y se formó una policía rural que vestía ropa de civil en las camionetas, cuidando a los pasajeros para que no les pasara nada y llegaran a Ayutla a vender sus productos.
Anteriormente no había celu-lares, pero llegaba información remota de que en San Luis Acatlán y en Santa Cruz del Rin-cón se estaban organizando los pueblos y que habían formando la policía comunitaria. “Soñá-bamos con tener también nuestro sistema comunitario para cuidar a la población. Nos incorporamos en el 2008 a la CRAC-PC, asis-timos a muchas reuniones. La ca-sa de justicia más cercana era Es-pino Blanco, ahí nos adherimos. Como la distancia todavía era muy larga, empezó el sueño de invitar a otras comunidades para hacer una nueva casa de justicia en Caxitepec. Se hizo una reunión en Espino Blanco, la sede fue en la comunidad de Cuixinipa en el 2017, y se creó la casa de justicia de Caxitepec aprobada por las demás casas. Hoy está conformada por más de 42 comunidades adscritas a esta casa de justicia”, relata el coordinador Agripino Bailón, anfitrión de los festejos del 30 aniversario de la CRAC-PC.
La seguridad mejoró consi-derablemente, disminuyeron los delitos de robo de ganado, asaltos a mano armada. Hoy la justicia comunitaria se enfrenta a otros delitos como la delincuencia organizada. La policía comu-nitaria se ha mantenido al mar-gen, pero siempre protegiendo a las comunidades. Las decisiones del sistema comunitario son tomadas en asambleas donde discuten cómo combatir al crimen organizado. Es preocupante que sean los pueblos y no los gobier-nos los que tengan que tomar acciones porque la población ha constatado que entre las autori-dades hay complicidad, porque mantienen intacta sus organiza-ciones y más bien les han permitido expandirse territorial-mente y enquistarse dentro de las estructuras del estado.
Ante la indolencia de las autoridades, el 17 de octubre en Tres Cruces las comunidades se reunieron para buscar una solución al narcomenudeo y el consumo de droga que se está extendiendo entre los jóvenes. Tomaron decisiones para rescatar a los jóvenes que están cayendo en el consumo de cristal. En la Casa de Justicia de Caxitepec hay cinco jóvenes de entre 16 y 18 años en proceso de reeducación por posesión, venta y consumo de cristal. Ante esta situación los padres de familia se han involucrado con los coordinadores para coadyuvar en la atención de sus hijos que son rehenes de la delincuencia.
Los 30 años de la CRAC se han escrito con sangre por los policías caídos, han padecido persecución y cárcel por los malos gobiernos que no garantizan seguridad ni justicia. A pesar de que la violencia nos ha alcanzado en la Montaña la CRAC-PC es un bastión seguro para los pueblos. Son el ejemplo más claro de cómo el pueblo defiende al pueblo, de cómo se defienden los derechos desde la colectividad, de cómo se resiste la embestida del estado y de la delincuencia y que a pesar de los intentos de querer dividirlos prevalece la unidad en medio de la pluralidad, la coordinación, la lucha conjunta y la gallardía de hombres y mujeres que son como los robles. Resistentes e indoblegables. A pesar de tantas adversidades los pueblos indígenas sueñan con México plural e igualitario, donde la justicia brille para todos. Lo grave es que en Guerrero son los gobernantes los que no quieren que haya justicia para los pobres.

 

 

Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Ernesto Ledezma y demás compañeras integrantes de la flotilla Global Sumud, detenidas por el ejército de Israel por llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Saludamos con beneplácito a la compañera Felícitas Martínez por el premio Martha Sánchez Néstor, ganado a pulso con muchos sacrificios y sufrimientos.

Con un aire triunfalista celebraban los dirigentes morenistas de Guerrero el acarreo de amplios contingentes que llegaron de todas las regiones para mostrar el músculo y su poder de convocatoria. Se ufanaban de ser el contingente más grande que, con mucha algarabía, entraba a la plancha del Zócalo. Tienen muy claro que hay que preparar las condiciones para las próximas elecciones y por lo mismo, hay que afinar la maquinaria electorera. Los políticos que se dejaron ver en la primera línea del contingente guerrerenses son los que están apuntados para ocupar otros cargos en la próxima contienda electoral. No dan paso sin huarache, si se han subido al tren de la 4T es para estar dentro del presupuesto y ser palomeados por sus dirigencias.
Para los gastos del acarreo no hay límites, los autobuses llegan a todos los municipios para acarrear a la gente. Todos los funcionarios tienen su cuota obligatoria, se trata de normas no escritas que se deben acatar al pie de la letra. El escenario opuesto es la gente que lucha por sobrevivir, a la que dicen servir, pero que en los hechos no la apoyan para comprar sus medicamentos, las madres de familia que deambulan en las calles haciendo milagros para comprar lo mínimo para alimentar a sus hijos, las personas mayores que arrastran las enfermedades ante la falta de médicos y de una atención digna en los hospitales, resignándose a sobrellevar sus males. El drama de la violencia que afecta al pueblo de Guerrero parece no preocupar a los dirigentes morenistas porque están bien protegidos con la Guardia Nacional y por los pactos que han establecido con la delincuencia.
En el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum no figuraron las demandas de miles de familias que buscan verdad y justicia, ni el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tampoco los derechos de las familias jornaleras que padecen la discriminación sistemática, ni la violencia contra las mujeres indígenas, los feminicidios, las desapariciones, los matrimonios forzados y el maltrato infantil que están invisibilizados y no forman parte de las estadísticas oficiales.
En su discurso inicial afirmó que el país “transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía, fruto de una lucha de décadas… Entre 1982 y 2018, durante seis sexenios y 36 años, México vivió bajo la oscura noche del neoliberalismo, quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y del mercado. Gobernaban para unos cuantos, mientras millones quedaban en el abandono. Por esa razón, en 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana. Ese fue el rostro de la injusticia, de la corrupción y de los privilegios. Esa es la realidad que decidimos cambiar, a diferencia de ese 45 por ciento, la población en pobreza hoy es el 29 por ciento”.
La presidenta sintetizó que entre 2018 y 2024, “13.5 millones de personas salieron de la pobreza. La reducción de la pobreza vino acompañada de la disminución en las desigualdades. En 2008 el ingreso del 10 por ciento más rico era 27 veces más que del 10 por ciento más pobre. En el 2024 esta brecha se redujo de 27 a 14 veces. Con el neoliberalismo llegamos a ser uno de los países más desiguales del mundo, ahora somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá”.
Las familias indígenas de la Montaña aún no ven en sus bolsillos los cambios reales sobre la reducción de la pobreza. Cuando bien les va sobreviven con 500 pesos a la semana. No cuentan con trabajo seguro y la mayoría de las mujeres no tienen hogar propio. En los meses de secas cuando arrecia el hambre las familias se van a los campos agrícolas para paliar sus necesidades básicas.
Desarrolló temas como el turismo, la moneda nacional, el desempleo, el número de afiliados al seguro social, los trabajadores de plataformas digitales que deben tener seguro social, mencionó que se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión. La aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes entre ellas la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la reforma al artículo 2º de la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la reforma para la igualdad sustantiva de las mujeres; la reforma de los programas de Bienestar que son ahora derechos sociales. La reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda de las y los trabajadores; la protección de los maíces nativos y la prohibición de la siembra de maíz transgénico. La no reelección para el 2030, el no injerensismo o intervenciones de gobiernos extranjeros y la reforma a la ley de amparo.
En cuanto al salario mínimo la presidenta señaló que en 36 años no había aumentado, pero que entre 2018 y 2025 subió de 88 pesos díarios a 279 pesos, lo que representa el 135 por ciento en términos reales. En la zona de la frontera norte es de 420 pesos diarios. Además, en este año se están destinando 850 mil millones para el beneficio de 32 millones de familias, es decir, 82.4 por ciento de las familias mexicanas reciben un apoyo de los programas de bienestar de manera directa.
En la Montaña la realidad es otra; el salario mínimo de un trabajador del campo es de 150 pesos en temporadas de siembra. El resto del año tienen que buscar cómo sobrevivir con quelites o saliendo a trabajar a Tlapa, en condiciones sumamente deplorables. Los programas de bienestar no aseguran la subsistencia de las familias indígenas, porque las desigualdades son abismales en la Montaña.
En su informe, la presidenta mencionó que de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 se cometieron 27 homicidios diarios, lo que representa una reducción del 32 por ciento. Mientras que para Guerrero la disminución fue de 22 por ciento. Claudia Sheinbaum aseguró que se está protegiendo a los jóvenes para garantizar sus derechos humanos y su felicidad, sin embargo, cada día están en mayor peligro porque de manera forzada son incorporados a las filas de la delincuencia. Las ciudades más importantes de Guerrero están catalogadas como inseguras. Los jóvenes en los bares de Chilpancingo han sido testigos de asesinatos, y las mujeres no están exentas de los peligros que corren por parte de delincuencia.
En esta misma ciudad, el viernes 26 de septiembre el dueño de una pollería del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla fue herido a balazos, horas después murió en el hospital. A las 6 de la mañana del día 27 un repartidor de pollos fue ejecutado en las inmediaciones del mercado. La ola de violencia continuó el domingo 28 cuando una unidad del transporte público de Chilpancingo a Colotlipa, otra que va a Amojileca y un taxi local que se ubicaba en la carretera México-Acapulco fueron incendiados. El lunes 29 una Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa fue quemada por hombres armados.
La población camina por las calles con temor. El terror ha paralizado la capital del estado, los comerciantes cerraron. Los vendedores ambulantes regresaron sin dinero a sus casas. Las escuelas suspendieron clases y las autoridades municipales mantuvieron las oficinas parcialmente cerradas. Este clima de violencia generó que 35 sitios de transporte público de los municipios de Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapan, Tixtla y Chilapa suspendieran sus viajes a la capital del estado. El miércoles 1 de octubre el transporte público y las escuelas reanudaron sus actividades.
La noche del miércoles, Omar García, de 19 años, originario de Lagunillas, municipio de Tecoanapa y miembro de la UPOEG, fue perseguido y asesinado por un grupo delincuencial. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un puente cerca de Tlalapa. El 2 de octubre una persona resultó herida por impacto de bala cerca del museo La Avispa, en Chilpancingo.
Este fin de semana la violencia se enseñoreó en el estado con dos muertos y cinco heridos. El sábado en la noche José Guadalupe, de 17 años, fue asesinado a balazos en Ometepec afuera de la marisquería El amigo Chava, en la colonia Campo Aéreo. Este domingo, un hombre fue encontrado con torniquete y envuelto en bolsas de plástico en la colonia Libertad de Acapulco. Mientras que en Chilpancingo e Iguala dos personas fueron heridas con arma blanca. En el fraccionamiento El Roble, de Acapulco a las 4 de la tarde fue herida de bala una persona; un hombre y una mujer quedaron heridos en la colonia Renacimiento.
Este mismo domingo fue el funeral del abogado y activista Anselmo Campusano Martínez, quien fue herido el viernes pasado en el centro de Iguala, lamentablemente falleció a las 5 de la mañana en el hospital del ISSSTE. Su familiares exigieron justicia por la muerte del activista que desde el 2014 acompañó a las víctimas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Las cuentas alegres del informe de la presidenta siguen invisibilizando a las víctimas de la violencia. Se ignoró a las madres buscadoras que con mucha valentía denunciaron un centro de adiestramiento del CJNG; descubrieron fosas comunes, crematorios, ropa y calzado de jóvenes que fueron reclutados de manera forzada. La exigencia histórica de verdad y justicia sobre los crímenes del pasado y del presente ha sido relegada de la agenda pública. Las mujeres indígenas que cargan con siglos de olvido y maltrato nunca podrán acceder a las instituciones educativas ni tendrán un modo digno de vivir. Las 5 millones de personas jornaleras seguirán cargando la cruz de la explotación sobre sus espaldas en los surcos de la ignominia. Son mexicanos y mexicanas con historias dolorosas, con rostros sangrantes que no son parte de los contingentes morenistas que con algarabía festejaron el informe de la presidenta Claudia Sheibaum.

Como guerrerenses que confiábamos en una transición democrática del régimen autocrático nunca imaginamos que a 11 años de la tragedia de Iguala, continuaríamos en las calles exigiendo la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las madres y padres confiaron en que con el triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador se allanaría el camino para dar con el paradero de sus hijos y se acabaría con los pactos de impunidad que se urdieron dentro de las mismas instituciones del gobierno. Junto con este cambio en Guerrero se resquebrajarían las estructuras de un poder caciquil y se implantaría un gobierno centrado en la defensa de los derechos humanos de la población más desprotegida y en la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
La realidad actual nos avasalla, hizo añicos los sueños de justicia, truncó los procesos de transformación social por la que muchos luchadores pelearon con las armas y hasta ofrendaron sus vidas. El cambio esperado no tocó fondo ni permeó las estructuras caciquiles y corruptas. El nuevo gobierno mantuvo los privilegios de los de arriba y encubrió a los perpetradores de crímenes atroces. Se confabuló con los poderes fácticos y se distanció del movimiento social. La transición esperada fue un intento fallido, porque pesaron más los intereses facciosos y los pactos del silencio. Las luchas de los de abajo y las voces de las víctimas son las que siguen remando a contracorriente para desmontar este sistema de castas políticas engolosinadas con el poder. Los testimonios de las madres de los 43 nos develan las artimañas de los gobiernos que se confabulan con los perpetradores para no llegar a la verdad.
Con la desaparición de nuestros hijos abrimos los ojos de lo que pasa en Guerrero y en México. Hay miles de personas desaparecidas. Lo que sufrimos también lo padecen más de 130 mil personas que buscan a sus familiares desparecidos. Desde que desaparecieron a mi hijo ya no soy la misma porque me rompieron el corazón, me arrebataron la vida y me dejaron una herida abierta.
Lo que más me indigna es que los 3 gobiernos no han querido profundizar en las líneas de investigación, que junto con el GIEI hemos trazado. Al principio nos querían entregar 28 cuerpos del basurero de Cocula, pero los peritos argentinos desmontaron su teatro porque no eran de nuestros hijos. Gracias a la CIDH y a los 6 informes del GIEI logramos desenmascarar todas las triquiñuelas del gobierno de Peña Nieto.
El GIEI en sus investigaciones encontró en los archivos de la Sedena unas hojas empolvadas y no imaginaron que encontrarían información sobre el caso de los 43 y que nos ayudaría para llegar a la verdad. Por eso exigimos los 800 folios que tiene el Ejército porque ahí hay información clave que puede ayudar a desenmarañar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Por ejemplo, ellos tienen información sobre el paradero de los 17 jóvenes que sacaron de barandilla. Ni eso podemos saber.
También tenemos conocimiento de que un grupo de muchachos del autobús 1531, que detuvieron en el Palacio de Justicia, fueron llevados rumbo a Huitzuco, donde participó la policía de Iguala y Cocula y también la policía federal. En ese autobús iba mi hijo.
Si tuviéramos a nuestros hijos tendríamos armonía. Sería una alegría celebrar su cumpleaños. Ahora esa fecha es la que más nos entristece y nos duele. Cuando llego a la Normal y veo las fotos de nuestros hijos en las sillas, se me revelan sus recuerdos, sobre todo los momentos en que se los llevaron. Lloro al recordar que sus gritos no fueron escuchados: “somos estudiantes, no traemos armas”. El gobierno fue cómplice de todo lo que les hicieron. El Ejército sí sabía que eran estudiantes, porque los monitoreó con el C4 desde que salieron de la Normal. Desde antes los había infiltrado con un militar, que se encargaba de pasar información de todo lo que hacían. Es tan malo el Ejército que también lo desapareció. Por eso decimos que se les investigue por todo lo que hicieron y por coludirse con los delincuentes.
El 26 de septiembre le estuve marcando a mi hijo, pero me mandaba a buzón. El 27 por la mañana entró la llamada y me respondieron “están detenidos, pronto van a ser liberados, son arriba de 17”. Cuando fui a Iguala a recabar información me dijeron que a un grupo de muchachos se los había llevado el Ejército. Una persona comentó: “sé que el Ejército desparece, pero no puedo decir nada porque no quiero que le vaya a pasar algo a mi familia”. La gente de Iguala sabe qué pasó esa noche, pero tiene miedo, sabe que fue el mismo gobierno.
A mí me dijeron varias veces “deja esas actividades, te pueden dar un golpe, recuerda que tienes más familia”. Duele que te digan eso. Yo tenía un celular donde guardé el número de la Procuraduría General de la República, y sólo la PGR tenía ese número. De ahí me llegaron muchas amenazas por mensaje, “estás muerta”. Le dije al gobierno que, si algo me pasaba, ellos serían los responsables, porque están acostumbrados a cometer barbaridades. Murillo Karam tiene mucha información que ha ocultado. Está detenido, pero hace que no sabe nada y la Fiscalía lo ha dejado que esté tranquilamente en su casa.
El gobierno tiene toda la tecnología, pero no investigan con profesionalismo, no les interesa llegar a la verdad. Ignoran los informes del GIEI y más bien están retrocediendo a las líneas de la “verdad histórica”. No avanzan porque temen toparse con el Ejército.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión ordenó al Ejército que entregara toda la información, sin embargo, en el siguiente encuentro asumió otra postura, dijo que ya habían entregado todo. Para lavarse las manos comentó que ahora manda el pueblo, pero al parecer el pueblo es el Ejército. Andrés Manuel nos falló porque no cumplió con su compromiso de llegar a la verdad.
La nueva presidenta Claudia Sheinbaum nos habla de otro modo, parece más accesible, sin embargo, vemos cómo que se desentiende de nuestro planteamiento, de que el Ejército entregue toda la información que tiene. A cambio de emplazar al Ejército nos comentó que conformará un equipo de especialistas que trabajará con nuevas tecnologías para ubicar el paradero de nuestros hijos. Está en sus manos resolver el caso, sin embargo, a un año de su gobierno no hemos visto avances en las investigaciones. Tememos que el tiempo transcurra y que al final nos digan que ya no es posible saber a dónde se llevaron a nuestros hijos. El tiempo nos tritura porque va acabando con nuestras fuerzas, por eso urge que se aceleren las investigaciones.
Ante esta urgencia hemos buscado al GIEI, pero a la presidenta no le agrada que regrese el GIEI, ni que la CIDH sea la instancia que le dé seguimiento a nuestro caso. Lo peor es que las investigaciones seguirán estancadas, porque con el nuevo fiscal se está regresando a las líneas de la “verdad histórica”. Por eso queremos que sea una instancia internacional como el GIEI la que pueda dar un impulso a las líneas de investigación. No podemos bajar la guardia, a pesar de tantos obstáculos tenemos que seguir protestando en las calles.
Con los estudiantes normalistas y las organizaciones sociales sentimos que volvemos a renacer porque nos contagian con su juventud y coraje, porque sentimos que defienden nuestra causa, que tienen la fuerza para mostrar el coraje y el dolor que nos mueve para reclamar nuestro derecho a saber la verdad. Tengo fe en que algún día todo lo que está en la oscuridad, saldrá a la luz y se sabrá quiénes fueron los responsables de la desaparición de nuestros queridos hijos.
Mi mamá y mi papá ya no están, se fueron preocupados por su nieto. Lo quisieron mucho, todo el tiempo lo extrañaron. Recuerdo que mi hermano estaba parado en la puerta de la Normal esperando a su sobrino, veíamos llegar a los muchachos, pero mi hijo no aparecía. Yo volteaba a ver a los lados y vi a muchas mamás que buscaban y no encontraban a sus hijos. Quería abrazar a los muchachos, pero me aguanté. Me daba gusto que hubieran regresado porque los vi desfilar el 16 de septiembre en las calles de Tixtla. Recuerdo que fui a escondidas de mi esposo porque tenía cáncer, pero quería verlos. Mi hijo estaba contento porque ya se había quedado en Ayotzinapa porque iba a ser maestro. Faltaban dos semanas más para que les dieran la oportunidad de ir a sus casas y regresar a estudiar.
Un jueves comió con sus compañeros pozole verde para irse a la escuela porque andaban arreglando el piso de un salón. Mi esposo habló con Julio César Mondragón y otro jóven. Fue la última vez que lo ví. Estaba oscureciendo cuando salió por la puerta y le dije que tuviera mucho cuidado, “no te confies de la policía.” Le dije que le fuera bien, sentía ganas de correr para alcanzarlo, para decirle lo mucho que lo quiero. Por eso, así como se fue quiero verlo que regrese. Tengo la esperanza de que un día van a regresar, que van a ser liberados. Mi amor es tan grande que en mi mente no cabe idea de que nunca volveré a verlo. Lo que me mueve es la esperanza de saber dónde está.
Lloro de coraje porque el gobierno no quiere resolver el caso de nuestros hijos. No le importa nuestro sufrimiento, no les duele el calvario que padecemos. Queremos que no le teman al Ejército, que lo obliguen a entregar toda la información que tienen sobre nuestros hijos. Reiteramos que regrese el GIEI para que se retomen todas las líneas de investigación que quedaron pendientes. Será imposible llegar a la verdad si no se desmontan las estructuras delincuenciales que se han empotrado dentro del aparato gubernamental. La violencia que se enseñorea en nuestro estado se debe al pacto de impunidad que se mantiene intocado con la delincuencia organizada. Este maridaje criminal resquebraja la débil institucionalidad democrática que da tumbos y navega a la deriva.