La séptima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero, dejó muchos mensajes para la población pobre que demanda atención, para el empresariado mexicano y para los grupos políticos del partido Morena. Es muy evidente su interés por recuperar el brillo del puerto de Acapulco para transformarlo en un destino turístico de alcance internacional. Su reunión con los empresarios fue para generar mayor confianza y para animarlos a que se sumen al proyecto “Acapulco se transforma contigo”. Es una apuesta que busca darle vida a la bahía, impulsar la recuperación de las áreas verdes y remozar la Costera Miguel Alemán. Se consideran más de 8 mil millones de pesos para la transformación del puerto con una planeación más integral. Su presencia busca revertir la imagen del desastre y de la violencia que ha impactado fuertemente en los gobiernos extranjeros, como la embajada de Estados Unidos que no recomienda a sus connacionales viajar a Guerrero.
La centralidad en la actividad turística del puerto es para atraer a los grandes inversionistas y dejar atrás las imágenes de un Acapulco derruido por los desastres naturales y por la violencia. La cercanía de la presidenta reanima a la gente que sale a su encuentro para saludarla. Tienen la esperanza de que con la entrega de alguna solicitud y con el planteamiento directo de sus problemas pueden encontrar una respuesta efectiva a sus demandas añejas, como la falta de agua, drenaje, pavimentación de calles, reparación de viviendas. Muchas son víctimas de la violencia que impera en el puerto y el cobro de piso que les obliga a pagar la delincuencia.
La situación de las familias acapulqueñas que están en los cerros y de las comunidades rurales se agravó aún más con los desastres naturales. Los daños a su precario patrimonio se van acumulando por la desatención de las autoridades municipales y por el empoderamiento de las organizaciones delincuenciales. Esta bifurcación del Acapulco que brilla con el Acapulco de los baches y de las aguas negras sigue zanjándose por la falta de inversiones de gran calado que dignifiquen la vida de las familias que sobreviven en el desempleo y en el ambulantaje.
Fue muy representativo el grito de una madre de familia que esperaba el paso del convoy que acompañaba a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la algarabía de la gente la presidenta se detuvo y saludó a los niños y niñas, también a las madres de familia y a algunos jóvenes que trataban de entregarle sus solicitudes. Sorprendidos por la atención de la presidenta que los escuchó pacientemente, la gente aprovechó para sacarse una selfie. Algunas madres se acercaron con la finalidad de narrarles la angustiosa situación que viven en sus colonias. En ese barullo se escuchó el reclamo de una madre de familia que decía “nos tienen abandonados”. Otro joven completó con mayor precisión “no tenemos agua” “tampoco tenemos drenaje”. La presidenta al ver que había varias demandas les dijo “aquí viene la gobernadora para que los atienda”. En ese momento la gobernadora bajó la ventanilla y se mostró accesible para escucharlos y recibirles sus oficios. Les prometió que serían atendidos. Después de otras fotos con la presidenta el vehículo emprendió su marcha.
Además de inaugurar el gran puente Omitlán que mejorará la comunicación con los municipios y comunidades de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, visitó la comunidad del Bejuco para supervisar la obra del bachillerato tecnológico agropecuario. El Bejuco fue una de las comunidades opositoras a la construcción de la presa La Parota, cuyo movimiento fue liderado por el Cecop con su añorado líder Marco Antonio Suástegui Muñoz, asesinado en la Semana Santa en plena afluencia turística, en la playa Icacos de Acapulco.
En su agenda la presidenta no incluyó visitar al municipio de San Marcos donde en la mañana del 2 de enero sus habitantes fueron sorprendidos con un temblor de 6.5 grados. Las familias sufrieron severas afectaciones en sus viviendas y sus hornos artesanales para la elaboración de pan. El presidente municipal de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, quedó fuera de los eventos públicos de la presidenta. En Acapulco tuvo que esperarla a la salida de un evento para entregarle un informe de los daños ocasionados por el sismo.
La gente de San Marcos se sintió ignorada por el gobierno de la República, abrigó la expectativa de que llegaría para darles ánimo, pero sobre todo para brindarles apoyo. El municipio ha sido golpeado por los huracanes Otis, John y Erick, quedando en total desamparo porque muchas familias no fueron censadas y no recibieron apoyo para la reconstrucción de sus viviendas. Con los miles de réplicas que ha tenido este sismo la gente vive con zozobra y teme que el gobierno federal minimice los daños y los dejen en el abandono. La ausencia de la presidenta Claudia generó mayor tristeza y desánimo porque consideran que será muy difícil revertir los múltiples daños que sufrieron tanto en sus viviendas como en la red de agua potable y en sus hornos que son importantes para asegurar algún ingreso económico.
Fue significativa su visita al combativo municipio de Atoyac de Álvarez donde anunció el programa Jamaica para el Bienestar. El evento se realizó en las instalaciones de la Casa del Pueblo, donde estuvo el cuartel militar en la época de la contrainsurgencia. La presidenta calificó como “tierra de hombres y mujeres luchadores sociales”, sin embargo, no pronunció el nombre de Lucio Cabañas, de Rosendo Radilla ni de decenas de luchadores sociales que fueron desaparecidos y ejecutados. Varios de ellos fueron tirados al mar, como parte de una estrategia de exterminio que implementó el Ejército para causar terror entre la población civil.
El problema de las desapariciones forzadas sigue siendo una herida abierta en el estado de Guerrero, cuyo corazón sigue sangrando y clamando justicia entre las familias de Atoyac. La centralidad de los discursos de la presidenta Claudia está en los grandes programas de Bienestar cuya inversión asciende a un billón de pesos. Los temas de justicia y de graves violaciones a los derechos humanos quedan supeditados a esta nueva política social.
Por su parte las víctimas de la guerra sucia mantienen firme su postura de que se investigue y castigue a los militares que cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. Demandan que el gobierno continúe con las búsquedas de sus hijos desaparecidos; que el Ejército abra sus archivos para saber el número de personas que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Siguen esperando que el gobierno de la Cuarta Transformación reivindique a los hombres y mujeres que lucharon por este cambio y que entregaron la vida contra la barbarie caciquil.
Lo doloroso es que la mayoría de familias que buscan a sus seres queridos siguen en la pobreza, enfrentando múltiples enfermedades y carencias económicas. Por décadas han demandado la reparación del daño, sin embargo, este compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador se difuminó y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cumplió con la promesa presidencial. Se han cumplido 51 años del asesinato del maestro Lucio Cabañas y la desaparición forzada de Rosendo Radilla y no hay justicia ni verdad. Los expedientes de estos crímenes atroces siguen encubriendo a los mandos militares que coordinaron los planes de contrainsurgencia.
La presidenta anunció que un eje rector de su gobierno es lograr la soberanía alimentaria, por eso dará un gran impulso al programa Alimentación para el Bienestar, incluyendo la producción de maíz, café y próximamente la jamaica. Ante estos tiempos críticos remarcó que lo que se busca es ser autosuficientes, “mucha soberanía”, “para que no dependamos de comprar en el exterior, que se siga produciendo en México el maíz blanco que necesitamos, que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica, que no estamos todo comprándolo de fuera”.
Su gira continuó por el municipio de Tecpan de Galeana donde entregó a estudiantes tarjetas de la beca Rita Cetina y en Petatlán la población la esperó con mucha expectación donde otorgó las pensiones para el Bienestar.
Para la clase política morenista la visita de la presidenta representó una coyuntura propicia para posicionarse en el tablero político con miras a la próxima contienda electoral. Para muchos la presencia de Esthela Damián en la gira presidencial significó una cargada a su favor. El comentario se centró en la fotografía donde apareció en primer plano al lado derecho de la presidenta. Su compañía en esta visita sigue causando resquemor. Lo grave en este escenario turbulento es que las luchas internas de los grupos morenistas seguirán relegando las demandas de una población que está cansada de tanta violencia y abandono gubernamental. A 4 años del cambio prometido siguen intocadas las estructuras caciquiles, la corrupción y la impunidad.
El clamor de la gente se condensa en la frase de la madre acapulqueña “nos tienen abandonados”. No hay expresión más sabia de un pueblo pobre que no siente el respaldo ni la presencia de sus gobernantes. Es un sentimiento de orfandad y de ausencia de las autoridades en las diferentes regiones del estado. La gente tiene que luchar diariamente para llevar la comida a su mesa, para ponerse a salvo de la delincuencia, para buscar salud fuera de los hospitales públicos y tener que tomar las calles y las carreteras para exigir derechos básicos como educación, agua, medicinas, médicos y maestros.
En Guerrero son insuficientes los programas sociales porque no llega el apoyo al campo, apoyo a la población jornalera, a las víctimas de la violencia. Tampoco hay justicia para las familias que buscan a sus seres queridos, ni protección a las mujeres que son víctimas de la violencia patriarcal.

 

Por encima de los buenos deseos que compartimos entre los familiares y amigos, la trágica realidad se enseñorea en el mundo y nuestro continente. La renovación de promesas que hacemos para ser mejores en el año venidero se resquebraja con las malas noticias que nos llegan de todas las regiones del orbe. Siempre es reconfortante para quienes aún podemos darnos un tiempo de descanso, reencontrarnos con la gente cercana para compartir momentos de alegría. Nuestra mayor ilusión es iniciar el año con buenas noticias, con compromisos reales de los gobiernos que deben promover y alcanzar la paz y dar fin a las guerras que solo traen muerte y desolación.
No podemos mantenernos impasibles ante el genocidio en Gaza que ha traído destrucción y muerte entre la población civil, sobre todo de los niños y niñas y mujeres. También tenemos que condenar la intervención militar y los ataques perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra la República de Venezuela. Estas acciones militares han violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La agresión militar registrada en la madrugada del 3 de enero es una demostración de fuerza que se empeña en causar terror y someter con violencia a cualquier nación. Esta acción es una amenaza para la paz en la región porque un gobierno que se siente como el más poderoso del mundo se erige como un super policía que pisotea los derechos humanos para hacer justicia por propia mano.
Esta escalada militar compromete la vida, la integridad y los derechos humanos de la población venezolana y de la región en su conjunto. El llamado es a que cese de inmediato toda acción armada y prevalezca el respeto irrestricto al derecho internacional. Es también urgente atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano por medios pacíficos con garantías de verdad, justicia y reparación.
En medio de esta vorágine bélica, nos atolondra la propaganda fútil de los grandes consorcios comerciales que nos hacen creer que consumiendo sus productos encontraremos la felicidad. Somos presa fácil de la atmósfera consumista que nos esclaviza como compradores compulsivos que nos orilla a gastar lo que no tenemos. En este ambiente ficticio nos envuelve y arropa la vanidad y lo superfluo, el lucimiento efímero y los gastos suntuosos. Nos perdemos en la niebla de lo fatuo y quedamos atrapados en la entelequia del próspero año nuevo.
En nuestro estado los contrastes sociales son abismales: mientras en Acapulco miles de turistas disfrutaban la pirotecnia en la bahía, bailando y brindando, en la Montaña las detonaciones de armas largas retumbaban en la pesada noche del año nuevo. En la carretera que va de Huitzapula, municipio de Atlixtac a la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas se suscitaron dos hechos violentos. En la madrugada del miércoles 31 fue asesinado con arma de fuego el joven Rafael Castro Nava, un mentor de la Nación encargado de supervisar los negocios o empresas que se registran en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Su esposa que sobrevivió al ataque fue trasladada al IMSS-Bienestar de Tlapa.
En la mañana del primero de enero se reportó un incidente en la cabecera municipal de Copanatoyac. Tres jóvenes que circulaban en un auto en el centro de la población desobedecieron a los policías municipales que les habían marcado el alto. La situación se complicó cuando el joven que manejaba el vehículo aceleró y derrapó. Al salir del vehículo sacaron sus armas para evitar la detención y en la trifulca los policías privaron de la vida a uno de los jóvenes y los otros dos quedaron detenidos. Al interior del vehículo encontraron más armas y cartuchos.
El viernes 2 de enero nuevamente volvió la violencia en la comunidad me’pháá de Huitzapula. Desde las 7 de la mañana iniciaron las balaceras entre habitantes de Huitzapula y la Policía Comunitaria asentada en San Juan Escalerilla. En esta agresión perdió la vida la señora Natalia quien iba con sus dos hijos. Se desconoce en qué estado de salud se encuentren. Durante el día se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Los dos grupos permanecen apertrechados. La situación se ha complicado porque en las agresiones han incorporado drones que han caído en los techos y las casas del poblado. Las familias están atemorizadas porque no saben dónde guarecerse, porque varias casas son de teja. La población ha pedido la intervención de la Guardia Nacional que se encuentra en el crucero de Lucerito. A pesar de que hay confrontaciones armadas se mantiene al margen. Sus retenes son infructuosos porque las camionetas circulan con personas armadas sin ser molestadas. Ante esta pasividad la población deduce que están del lado de los delincuentes. Los llamados de auxilio no llegan a Palacio de Gobierno ni a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Esta crisis de seguridad que nos coloca en el desfiladero de la muerte ha dado paso para que la población se arme y busque hacerse justicia por propia mano. En la Montaña hay lugares donde la delincuencia tiene el control de los caminos y lugares estratégicos para asaltar, asesinar o secuestrar. En Cochoapa el Grande la gente ubica a tres grupos delictivos que se encuentran en la ruta que va a Dos Ríos. Nadie se atreve a denunciarlos, tampoco a enfrentarlos por el armamento que cargan. Las autoridades municipales saben, pero prefieren el silencio para no encarar a quienes delinquen. Varios asesinatos han quedado sin ser denunciados porque tienen que esperar por muchas horas al Ministerio Público y no están dispuestos a que los cuerpos se los lleven al Semefo. Las familias, que en su mayoría son jornaleras agrícolas optan por dar la vuelta hasta Ometepec para librarse de los atracos. Los pocos operativos que han realizado los cuerpos de seguridad son infructuosos porque solo se reducen a recorrer unos kilómetros de la ruta y se regresan. Van más de 8 años que la gente sigue condenada a padecer el flagelo de la delincuencia.
Este problema no se erradicará con puras declaraciones a los cuatro vientos. Tomando como referencia un texto de la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, Thairi Moya Sánchez en un Estado no habrá cambios de fondo si existen al interior de las instituciones gubernamentales cadenas de encubrimiento, si el aparato de procuración y administración de justicia funciona con la lógica del negocio y no del derecho. Lo más grave es que existen algunas instituciones públicas donde la frontera entre la autoridad y el delito se desdibuja, y con ello se diluye la promesa básica de proteger a la población.
Con la descomposición de las instituciones de gobierno y el quiebre del Estado de derecho, un Estado deja de ser un muro fuerte y se vuelve más bien en el principal canal delictivo con la participación de los mismos funcionarios públicos que terminan actuando en contra de la gente que pide seguridad. En lugar de garantizar justicia brindan impunidad a los grupos criminales. Todo comienza con la simbiosis de pago de “favores” que se toleran en ambos lados del mostrador.
El problema de la corrupción no nace al margen de la burocracia; se robustece cuando recibe el beneplácito de los altos mandos que están en la cúspide de la pirámide. El funcionario de mayor rango se convierte en la bisagra que abre de par en par las puertas del Estado a la infiltración delictiva. “El crimen organizado adopta la lógica del parasitismo. Se alimenta de los presupuestos, las leyes, las protecciones y los uniformes oficiales, mientras deteriora los controles internos. Las normas se retuercen a conveniencia de los poderosos en detrimento de la justicia; se aprueban leyes que legitiman lo ilícito o se manipulan las ya vigentes para garantizar la impunidad, y los tribunales quedan paralizados bajo presiones políticas.”
Con la jerarquía contaminada y la legalidad maleable, la corrupción escala “de abajo arriba y de arriba abajo” en un círculo que reproduce las prácticas de la ilegalidad. Lo que sucede es que los altos mandos que se corrompen incorporan a sus subordinados, quienes se encargan de proteger a sus superiores. Ese intercambio profundiza la dependencia mutua y multiplica los delitos, pues quienes los cometen saben que, lejos de ser castigados, serán premiados por sostener la estructura.
“Cuando el parásito controla los sistemas inmunológicos del Estado —contralorías, fiscalías, cortes— emerge el aparato criminal en el Poder. Las leyes se adaptan al delito, la represión se convierte en negocio, los medios son silenciados y escrutar a los máximos responsables resulta prácticamente imposible”.
Consumada la metamorfosis, el Estado criminal adopta rasgos de cleptocracia —literalmente, “gobierno de ladrones”— donde el saqueo se vuelve política oficial. Los recursos públicos financian campañas, ejércitos privados y fortunas familiares; la fiscalización independiente se asfixia, y la violencia se normaliza como método de gestión de los conflictos o presiones sociales.
En ese entramado, la impunidad actúa como pegamento: sin castigos ejemplares a los verdaderos criminales, ni transparencia radical, la red se reproduce, se exporta y acaba integrada en estructuras transnacionales que la retroalimentan. Así, el crimen organizado estatal —definido como la acción concertada de funcionarios de rango medio o alto que utilizan recursos públicos, por ejemplo, para cometer delitos como narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, deja de ser una suma de mordidas aisladas para convertirse en la captura total del Estado mediante corrupción, violencia selectiva, opacidad financiera y violaciones a los derechos humanos. Al final de cuentas lo que más le importa a los políticos es mantenerse en el poder y hacer grandes negocios con el erario público. La autora tiene razón al titular su texto con esta aseveración “Cuando el crimen organizado viste traje de Estado.”

 

Justicia para las víctimas del accidente carretero
en el que perdieron la vida una niña dos mujeres jóvenes
y un adulto.
Alto a la impunidad de la gozan las empresas de autobuses.
Castigo a los responsables de la muerte de una madre con sus dos niñas que fueron aplastadas por un alud de tierra
en una colonia de Tlapa.

En el extremo opuesto de la clase política morenista de Guerrero, que festina y dilapida recursos en cualquier evento que realiza para promoverse con miras a la próxima contienda electoral, la población pobre de Guerrero enfrenta tragedias y violencias a causa del desgobierno que existe en nuestro estado. En las instituciones gubernamentales prolifera la desorganización y desatención con el pretexto de que no cuentan con recursos para atender a la gente que padece múltiples problemas y carencias.
En el Hospital General de Tlapa no hay medicamentos y se carece de médicos especialistas. Funcionan solo para medio atender las urgencias médicas, la consulta externa limitada y los los pacientes que requieren internamiento, que enfrentan múltiples obstáculos. El maltrato es lo que caracteriza al personal administrativo y médico y la desatención es lo que impera. Los pacientes más desamparados solo para que les den consulta se desgastan por las vueltas que realizan. Persiste el desabasto de medicamentos que se lo endilgan a los pacientes pobres de la Montaña. Entre la gente ha crecido la desconfianza en los servicios de salud del estado por todo lo que sucede en el interior del hospital.
En el campo educativo hay desatención y engaño permanente a las madres y padres de familia que por diferentes medios solicitan docentes y construcción de aulas. La niñez indígena sigue condenada a sufrir los estragos de la discriminación y el analfabetismo. Siguen aplicando los mismos criterios burocráticos, de corte neoliberal a las comunidades indígenas; de no contratar nuevos maestros con perfil para revertir el rezago educativo. Los padres de familia tienen que demandar por la vía judicial a las autoridades educativas para que garanticen el derecho a la educación.
La desigualdad social se profundiza no solo por el rezago educativo, sino por múltiples factores de carácter estructural: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para este 2026 ha enfocado el presupuesto federal en la inversión pública productiva y el fortalecimiento financiero de los programas sociales. Retomando el análisis que elaboró la organización no gubernamental Fundar, centro de análisis e investigación, sobre el paquete económico 2026: el gobierno federal presupuestó 987 millones de pesos para los programas sociales prioritarios, el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con el objetivo de fortalecer los ingresos monetarios de los hogares, lo que ha contribuido a la reducción de los índices de pobreza y desigualdad por ingresos.
A pesar de esta prioridad del gasto es un presupuesto que contiene contradicciones que preocupan. El presupuesto en salud que es del 2.5 por ciento sigue sin alcanzar la recomendación internacional del 6 por ciento del PIB. Al interior de la función salud, el IMSS percibirá un aumento de 10.5 por ciento, pero tendrán recortes instituciones como el ISSSTE (-4.8 por ciento) y Secretaría de Salud (-4.4 por ciento). Para Fundar será fundamental ampliar el presupuesto del IMSS-BIENESTAR con la finalidad de reducir las brechas en el acceso a la salud. La nueva política en salud materna, sexual y reproductiva tendrá un aumento del 0.3 por ciento, lo que no garantizará el logro de sus objetivos. Las niñas y mujeres indígenas tendrán que esperar más años para que se les garantice este derecho en sus mismas comunidades.
Sobre el presupuesto directo para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, hasta la fecha la participación efectiva en la construcción de su presupuesto está limitada. Hay un avance con el funcionamiento del Fondo de aportaciones para la infraestructura social para los pueblos indígenas y afromexicanos (FAISPIAM) que la Secretaría de Bienestar entregó en septiembre pasado a 20 mil 522 pueblos indígenas y afromexicanos, que decidieron en asamblea realizar 38 mil 811 proyectos de urbanización, agua potable, mejoramiento de vivienda, electrificación, drenaje, letrinas, obras en salud, alcantarillado y obras en educación. La realidad es que este presupuesto directo está generando problemas con los presidentes municipales que en su mayoría se resisten a asignarles obras porque argumentan que les recortaron presupuesto para que fuera entregado directamente a las comunidades. Por esto mismo, ya no los quieren incluir dentro del presupuesto del 2026. La lucha por el presupuesto federal apenas empieza por las reticencias que hay de los gobiernos mestizos que no quieren reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Se niegan a verlos como ciudadanos con plenos derechos que son capaces de administrar los recursos públicos, de ejecutar sus obras prioritarias y de rendir cuentas con transparencia. En este nuevo año se vislumbra una disputa por el presupuesto debido a que los presidentes municipales tienen otras prioridades, que no tienen que ver con abatir el rezago social de las comunidades indígenas.
En la Montaña en este año cerramos con múltiples tragedias, con mayor violencia, un ambiente de inseguridad y lo más grave es que se han fortalecido y expandido los grupos del crimen organizado, quienes ahora controlan territorios y tienen incidencia en los gobiernos municipales. Los poderes fácticos representan la amenaza mayor para la población indígena, que además de luchar por su sobrevivencia económica tienen que sortear su vida en los caminos y dentro de sus comunidades.
Como Centro de Derechos Humanos nos preocupa que en estos dos años de gobierno que le restan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se mantengan las mismas inercias en cuanto al tratamiento que se le da al grave problema de la violencia y la inseguridad. No atacan el fondo del problema, el trabajo de inteligencia es infructuoso porque no se utiliza para desmontar estructuras delincuenciales. Las raíces del crimen siguen intocadas, se reacciona tardíamente ante hechos consumados. Las investigaciones de la Fiscalía son ineficientes, solo se cubren las formalidades jurídicas de los hechos delictivos. Son los familiares de las víctimas los que impulsan las investigaciones, aún con estos esfuerzos no hay resultados que den con los responsables. En los delitos de alto impacto contados son los casos que se judicializan, lo que impera es la impunidad.
Los feminicidios en la Montaña se han incrementado. En este año registramos 19 en los municipios de Alcozauca, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Tlapa, Acatepec, Tlacoapa y Atlixtac. A 5 días de iniciado el año Leuteria Reyes Benito, policía municipal de Alcozauca, fue víctima de feminicidio perpetrado por un compañero de trabajo, quien le dio 30 puñaladas. La indignación de la población ayudó para que el feminicida fuera detenido y procesado penalmente. El 2 de febrero en Santa Cruz, municipio de Malinaltepec, la mamá de Adelia González recibió la noticia de que su hija había muerto. La violencia recurrente que ejercía su esposo llegó al extremo de quitarle la vida. Es un caso que sigue impune. A 6 días de lo sucedido en Santa Cruz, en la colonia Rancho Nuevo del mismo municipio, Bacelisa Sánchez fue víctima de tentativa de feminicidio, también por su pareja.
En la colonia San Sebastián de Cochoapa el Grande, Paulina López fue asesinada el 24 de marzo y a los 4 días, doña Agustina fue privada de la vida con arma de fuego en la colonia Constitución de la cabecera municipal de Tlapa. El 3 de abril fue asesinada la contadora Graciela Luna Morán en pleno centro de la ciudad, sin que haya avances en la investigación.
El 27 de mayo registramos el feminicidio de Basiliza Basurto, una mujer na savi del municipio de Alcozauca. Esta violencia cobró la vida de Yuridia Ferrer, quien primero fue desaparecida y posteriormente asesinada en la comunidad me’phaa de El Izote, municipio de Acatepec el 9 de junio. Dos mujeres me’phaa, Aracely y Cleotilde fueron asesinadas el 13 de mayo en La Sabana, municipio de Tlacoapa. El jueves 17 de julio un hombre y dos mujeres fueron asesinadas a balazos en el camino que va a la comunidad de Loma Canoa, municipio de Cochoapa el Grande.
La violencia feminicida alcanzó a Lucila Camacho y Eleonora Sánchez, quien sobrevivió al ataque, el 9 de agosto en Chimaltepec, municipio de Alcozauca. El 21 de agosto dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la noche dentro de un domicilio particular en la comunidad de Yozondacua, municipio de Cochoapa el Grande. Durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, la noche del 11 de diciembre dos mujeres nahuas de San Juan Bautista Coapala, municipio de Atlixtac, fueron asesinadas a balazos por un hombre que entró a su domicilio y les disparó a mansalva.
Lamentablemente esta violencia se ha normalizado en las comunidades indígenas. Hay temor y desconfianza para denunciar. Los familiares prefieren recoger los cuerpos de sus seres queridos a dar vueltas a Tlapa, donde tienen que desembolsar dinero para el traslado de los cuerpos a sus comunidades. Tampoco están dispuestos a interponer denuncias por el maltrato y la desatención que reciben. La Fiscalía regional está muy lejos de resarcir los daños que ocasiona a los familiares al no impulsar las investigaciones para dar con los responsables. La gente prefiere sobrellevar su dolor en medio de los suyos que le brindan apoyo y consuelo. Los niños de las mujeres asesinadas quedan en total desamparo, son los abuelos y abuelas las que cargan con esta responsabilidad de velar por su salud, alimentación y seguridad. Las autoridades municipales y estatales son ajenas a estos dramas, en nada les afecta ni les quita el sueño los asesinatos de mujeres indígenas y el sufrimiento de los niños y niñas que crecerán con el estigma de ser niños y niñas sin hogar, abandonados y destinados al maltrato y la explotación. Fue un año triste, desolador para las familias más pobres de Guerrero.

 

Las niñas y niños están abandonados a su suerte en la Montaña de Guerrero. Su futuro depende de sus estudios, pero siempre queda trunco por la pobreza y la falta de maestras y maestros. Sobreviven de la siembra del maíz y frijol, pero con el frío la tierra no produce lo suficiente para mitigar el hambre. Sus sueños quedan suspendidos en la niebla del olvido o en los surcos de la muerte. Algunos se casan a los 12 o 13 años porque no hay opciones de vida.
Las niñas y niños de la Escuela Secundaria Técnica número 295 “Sor Juana Inés de la Cruz” de Cochoapa el Grande, desde abril de 2024 se quedaron sin maestros y maestras que impartían las materias de Español, Matemáticas, Artes y Educación Física, así como dos prefectos. Los padres de familia pensaron que la Secretaría de Educación Guerrero iba a mandar a los docentes para cubrir los espacios, pero los ignoraron.
Las familias se preocuparon porque temían que sus hijos se desanimarían para seguir estudiando. Calcularon que no podrían sostenerlos si los mandaban a estudiar a Tlapa. Paulino Vázquez de la Cruz, presidente del comité de padres de familia supo asumir con firmeza el compromiso que se había echado a cuestas. A pesar de no contar con recursos económicos, animó a las madres y padres a organizarse: tenemos que exigir a las autoridades educativas que manden maestros porque no podemos permitir que por ser jornaleros agrícolas a nuestros hijos los discriminen.
“La mayoría de padres y madres migramos a los estados del norte y dejamos a nuestros hijos con familiares para que puedan recibir su educación. Nos vamos de 4 a 7 meses a Michoacán, Sinaloa, San Quintín, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango al corte de aguacate, limón, jitomate, pepino, chile y verduras chinas. Vivimos en extrema pobreza y no tenemos acceso a nada. Por eso no podíamos dejar que los niños se quedaran en nuestras casas sin estudiar. Lo que no podemos aceptar es que la misma Secretaría de Educación violente el derecho a la educación de 363 niñas y niños. Los 13 docentes que están al frente no son suficientes para atender 12 numerosos grupos que cuentan con 37 alumnos. Los cinco profesores o profesoras son indispensables para que nuestros hijos reciban clases dignas y de calidad”.
Desde el mes de abril de 2024, la profesora Reina Estrada, quien daba 30 horas de clases de Español a la semana, abandonó la escuela con el argumento de que en Cochoapa hay mucha inseguridad. En agosto a las maestras Teresita González con 30 horas de Español y Flor Edith con 25 horas de Matemáticas, la Secretaría de Educación (SEG), les autorizó su cambio a otra escuela, pero las autoridades no asumieron el compromiso de enviar nuevos docentes para cubrir sus espacios. En octubre Evelin Maurita con 36 horas de Artes no se presentó por la misma razón de que en el municipio hay mucha violencia. El profesor David Alberto con 24 horas de Educación Física también pidió su cambio.
Por la matrícula elevada de la escuela en el 2014 la SEG había asignado a la profesora Aurora Venancio y al profesor Andrés Reyes como prefectos, los que se encargan de la disciplina y el orden en las actividades escolares. En 2019 Andrés abandonó su centro de trabajo por situaciones personales. En mayo de 2024 a Aurora le aprobaron su cambio. Las autoridades educativas tampoco mandaron a personal que los relevara.
Las madres y padres de familia solicitaron la reposición de los docentes, sin embargo, las autoridades educativas se negaron firmar de recibido sus peticiones con el argumento de que en la siguiente semana llegarían los docentes. Reiteradamente fueron engañados. Cansados de tanta burla y vueltas en vano, el 31 de marzo de 2025, realizaron un bloqueo en la entrada de Tlapa, a la altura del puente de Ahuatepec Ejido, con la única exigencia de que les asignaran cinco maestros y maestras. Lograron que se estableciera una mesa de diálogo con el secretario de Educación, el subsecretario de Educación y el subsecretario de Planeación Educativa en Chilpancingo.
No obstante, los bloqueos no se levantaron porque se trataba de arrancar un acuerdo definitivo. El Comité de Padres de Familia se mantuvo firme y obligó a que las autoridades educativas instalaran una mesa de negociación. No fue nada terso el encuentro, porque las autoridades estaban en un plan de no ceder hasta que quitaran el bloqueo. Los padres y madres estaban decididos a todo y así lo captaron los funcionarios que al final se comprometieron a mandar un docente en funciones de prefecto, dos maestros de Español y un maestro de Matemáticas.
Su esfuerzo fue en vano porque las autoridades educativas mintieron. Al ver que la acción de fuerza no había prosperado, las madres y padres de familia no claudicaron en su lucha. Acudieron a la oficina de Tlachinollan para interponer un amparo contra las autoridades educativas. El hartazgo había topado con su enojo, por eso optaron por la vía judicial, que es un camino recién explorado para emplazar al gobierno a que sea garante de sus derechos.
El 21 de octubre de 2025 se interpuso el amparo que inmediatamente fue admitido. Los padres de familia se organizaron para realizar todos los trámites en la capital del estado. La respuesta de las autoridades fue rápida. En su informe al juez, la SEG reconoció que faltan maestros en la escuela secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”. Este reconocimiento fortaleció a las madres porque ahora la autoridad ya no se iba a enfrentar con ellas sino con una autoridad judicial. Los resultados fueron favorables porque el 4 de noviembre la jueza primera de distrito concedió a los alumnos la suspensión definitva para que la SEG asignara y presentara a los cinco maestros y maestras. Sin embargo, las autoridades educativas sólo mandaron a un maestro de Matemáticas con pocas horas.
El 10 de diciembre (el Día Internacional de los Derechos Humanos) la jueza Maribel dictó una sentencia a favor de los niños y niñas para que la SEG enviara a dos maestros que impartieran 60 horas de la asignatura de Español; un maestro o maestra que imparta 25 horas de Matemáticas; otro maestro/maestra que imparta 26 horas de Artes y un maestro o maestra que impartiera 24 horas de Educación Física.
El 18 de diciembre, las niñas y niños viajaron tres horas desde Cochoapa El Grande para llegar a las 8 de la mañana a Tlapa. En silencio se sentaron en la biblioteca de Tlachi-nollan junto al Comité de Madres y Padres de familia y del nuevo director de la escuela. Llegaron para conocer la resolución de la jueza. Esperaron pacientemente el momento en que aparecería la imagen del actuario que estableció comunicación mediante una video llamada. En un formato de lectura fácil los niños y niñas escu-charon atentas la sentencia de la jueza que ordena a la SEG la asignación permanente de maestras o maestros en las materias de Español, Matemáticas, Artes y Educación Física.
Para los niños de Cochoapa fue un momento inolvidable. En representación de su escuela estuvieron Erick, Dilan Aroni, Wrayann y Norydelma. Escucharon la sentencia en un lenguaje apropiado para la niñez, un caso único en la Montaña. También escucharon en su lengua materna el mismo mensaje como viene en la sentencia. Fue un triunfo inobjetable.
Lo más importante es que los niños como Valerio, el hijo menor de Catarina, madre soltera, podrá tener clases completas en la secundaria. Su esfuerzo es enorme. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, se arregla y se pone los únicos huaraches de hule que tiene. A las 5:30 de la mañana calienta dos tortillas y las envuelve en una servilleta raída. Valerio sale de su casa antes de las 6, saca las tortillas que se enfrían rápido por el frío de la madrugada y se las va comiendo mientras camina a la escuela. Las tortillas se acaban rápido, igual que sus huaraches que ya están rotos de tanto caminar.
Su mamá le da algunos pesos para gastar, pero siempre los guarda y se los regresa para que haga algo de comer. Recibe la beca Benito Juárez cada dos meses, pero los 800 pesos que le dan no le alcanzan. Tendrían que comprar lo que necesitan con 13 pesos al día. Viven solo del único apoyo que recibe. En temporada de lluvias siembran maíz y frijol y lo que la tierra fría quiera dar.
La historia de Valerio se repite en decenas de niños y niñas que también reciben educación a medias. Sus ganas de estudiar los motiva a quedarse y no se van a los surcos de jitomate de las empresas que los exprimen. Los niños y niñas más pobres como Valerio no comen en la escuela, tienen que esperar para llegar a sus casas hasta las 2 de la tarde. Sus estómagos vacíos sólo prueban agua que corre del cerro.
La gente de la Montaña no pierde la esperanza de que sus hijos se preparen. Resisten el hambre, sin embargo, ya no están dispuestos a soportar tanta discriminación e indolencia de las autoridades. Las madres y padres levantaron su voz sin medir consecuencias. El amor a sus hijos los llevó a emprender esta lucha.
A pesar de que las niñas y los niños de Cochoapa el Grande ganaron este amparo, la SEG se empeña en engañar a la ma la maoría de las madres y padres. Firman minutas que no cumplen y cuando mandan algún docente solo va por unos meses, porque ya no les renuevan sus contratos. Es un plan con maña, para desactivar la protesta de las familias que demandan maestros.
El gobierno morenista de Guerrero sigue repitiendo los mismos vicios que el viejo régimen priista le imprimió con despotismo y represión. Es grave que los actuales funcionarios no tengan compromiso con la niñez indígena y solo sean burócratas que reproducen las prácticas vetustas de la simulación, la demagogia, la burla y el engaño a las familias indígenas de la Montaña.

 

Las reflexiones de la antropóloga feminista Rita Segato, en torno a la tragedia de Gaza, nos colocan en una era de barbarie global que denomina D.G. (después de Gaza) porque “prevalece la ley del poder de la muerte. El mundo cierra los ojos ante el asesinato de cientos de personas. El Estado de derecho ya no existe en el mundo y ha sido sustituido por un régimen de muerte. La humanidad perdió la ficción jurídica que solía regir la convivencia global (que ya no existe). La única regla (que hay en el mundo) es la capacidad de matar”.
La permisividad que existe para matar en México nos ha colocado contra el paredón. Todos somos rehenes de quienes se sienten con poder para matar. Los que delinquen saben que las instituciones de justicia del Estado no funcionan y solo están para cubrir las formalidades jurídicas. Es lo que Rita llama ficción jurídica, porque lo que impera es la simulación y la impunidad, máxime cuando predomina al interior de las instituciones la corrupción. El Estado de derecho es letra muerta para la gente que busca justicia, porque tiene que suplantar al órgano investigador para dar con los responsables de los crímenes. Sacrifican su seguridad y su tiempo para hacer las búsquedas de sus familiares desaparecidos y tienen que dejar su trabajo y su familia para aportar pruebas, datos y testimonios que impulsen las investigaciones. A pesar de toda esta labor titánica las autoridades no logran la judicialización de los responsables. Los proyectos de vida se truncan ante la inoperancia del sistema de justicia estatal.
En los hechos predomina la violencia, la inseguridad, la extorsión, los secuestros, los asaltos, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, los desplazamientos forzados. La violencia tiene un costo muy alto para un estado precarizado y con instituciones frágiles y porosas. La gente pobre es la que más afectaciones padece por este mal endémico que está arraigado en todos los rincones de nuestro estado. La ausencia de las instituciones de justicia es atroz y la indolencia de las autoridades está marcada por el trato deshumanizante que lástima la dignidad de las víctimas.
La noche del 11 de diciembre, en la festividad de la Virgen de Guadalupe, las autoridades comunitarias de San Juan Bautista Coapala ordenaron la detención de un ciudadano que molestaba a la gente que bailaba en la cancha municipal. Por la madrugada lo soltaron, nadie imaginó que iría en busca de las autoridades que lo detuvieron. Al llegar a uno de los domicilios sacó su arma y sin que le importara de quién se tratara disparó en varias ocasiones contra dos mujeres que se encontraban en el lugar. Las dos perdieron la vida y como siempre el malhechor huyó. La fiesta de la Guadalupana se tornó trágica y en lugar de recibir a los jóvenes de la carrera Guadalupana, la gente se fue al panteón para excavar dos fosas y enterrar a las dos madres de familia asesinadas. El sufrimiento se prolongó varias horas por la demora del Ministerio Público. Por más que la gente se comunicó en el momento de la tragedia los funcionarios de la Fiscalía no actuaron con presteza. Argumentaron que las autoridades de la comunidad no les habían comunicado. El calvario de las muertes continuará porque los cuerpos fueron trasladados a Chilpancingo para la necropsia de ley y de regreso a su comunidad los familiares tendrán que sufragar los gastos del traslado de los cuerpos. Son los sufrimientos que se acumulan a experiencias de vida sumamente difíciles de soportar.
En la comunidad me’phaa de Portezuelo de Santa Cruz, municipio de Malinaltepec se realizó este sábado una asamblea para elegir a las nuevas autoridades. En la asamblea hubo reclamos y jaloneos entre los comuneros por las disputas internas que existen en la comunidad. A pesar de las tensiones que se dieron lograron elegir al nuevo comisario con sus auxiliares. A las 7 de la noche concluyó la asamblea y la gente se retiró a sus casas. A esa hora el comisario suplente Ramiro Sánchez Cortés le marcó a su esposa para avisarle que enseguida llegaría a su casa, sin embargo, su esposa se quedó esperando porque Ramiro no llegó. Después de una hora de esperarlo avisó a la comisión que vigila la comunidad. De inmediato hicieron un recorrido para ver si lo ubicaban, pero todo fue en vano.
Sus familiares salieron temprano para buscarlo en los caminos y en los terrenos cercanos a la comunidad. Dieron parte a las autoridades municipales y lograron que un grupo de policías con el apoyo de la Guardia Nacional realizaran una búsqueda minuciosa dentro de la comunidad. Como a las 2 de la tarde encontraron su cuerpo sin vida a 200 metros de su casa. Las autoridades ministeriales llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a una funeraria de Tlapa habilitada como Semefo. La comunidad además de atemorizada está desconcertada por el crimen de una autoridad saliente que se comete después de elegir a las nuevas autoridades. Solo esperan que la Fiscalía realice su trabajo y pueda dar con los responsables de este crimen artero. Ramiro fue hermano de Isabel quien fue víctima de feminicidio por parte de su pareja en marzo de 2017. Luchó para que se detuviera al feminicida y asumió con otros hermanos la crianza de los 8 hijos que dejó Isabel.
El poder de la muerte lo ejerce cualquier persona que se siente capaz de matar. Lo hacen sin miramientos, en cualquier lugar y a cualquier hora. Actúan con total impunidad porque siembran el miedo con sus armas y amenazan con destruir la vida de más personas si alguien se atreve a denunciarlos. La gente espera que el Estado actúe, que haga valer la ley, que castigue a los responsables e imponga un castigo ejemplar, pero nada de eso sucede. Por eso la gente se resigna a padecer la violencia, a pedir a los santos protección y que la libre del maligno enemigo. La percepción que tiene la población es que las autoridades no hacen su trabajo, que tienen otros intereses, que se coluden con quienes también ejercen violencia y tienen capacidad de fuego. Prefieren confabularse para sobrellevar los conflictos y simular acciones de fuerza que son meramente mediáticas porque no van a la raíz del problema.
La situación se torna más grave cuando son los mismos agentes del Estado los que están involucrados en acciones delictivas.
En nuestro estado han acontecido muchos crímenes atroces en los que se ha encubierto a las autoridades responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre del 2011 sucedieron dos hechos de violencia extrema contra defensores ecologistas y contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Han pasado 14 años y no hay resultados tangibles que demuestren que se ha dado con el paradero de los responsables y que son castigados como marca la ley.
Eva Alarco?n y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de la Organizacio?n de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatla?n y Coyuca de Catala?n, fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011. De acuerdo con algunos testimonios de pasajeros que iban en el autobu?s que salio? de Petatla?n rumbo a la Ciudad de Me?xico donde viajaban Eva y Marcial, se toparon con un rete?n del Eje?rcito donde un militar subio? a la unidad para preguntar si entre los pasajeros se encontraba Marcial Bautista, ninguna persona respondio? y ante el silencio de los viajeros, el militar bajo? del autobu?s. Los mismos testigos comentan que kilo?metros ma?s adelante cruzando el puente, vieron una camioneta atravesada que impidio? el paso del autobu?s. Al detenerse, vieron que en la orilla de la carretera habi?a otras camionetas entre las que se encontraban civiles fuertemente armados acompan?ados por elementos de la Polici?a Ministerial, entre ellos, el comandante Cesáreo Espinoza Palma. Cuando el autobu?s se detuvo, inmediatamente subieron varias personas armadas quienes ra?pidamente identificaron a Marcial, obliga?ndolo a bajarse del autobu?s. En ese instante Eva Alarco?n, quien iba en uno de los u?ltimos asientos del autobu?s, reacciono? instintivamente para gritar a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompan?ari?a. Su gran valor para no dejar solo a Marcial la impulso? a bajarse del autobu?s para no permitir que el defensor del medio ambiente quedara solo en manos de sus captores, fuertemente apertrechados. Eva prefirio? correr la misma suerte que Marcial porque sabi?a que su lucha era legal y legi?tima y porque no escondi?an intereses turbios ni tampoco realizaban actividades ili?citas. Su identidad como defensores ecologistas era su u?nica carta de presentacio?n, sin embargo, la lucha de los defensores y defensoras en nuestro pai?s no les significa nada a las autoridades, mucho menos a quienes tienen el encargo de velar por la seguridad de la poblacio?n. Hasta la fecha las autoridades no han judicializado a las personas que fueron detenidas, por el contrario, se sabe que liberaron a uno de los acusados.
Nunca imagina?bamos que a 5 di?as del tra?gico suceso de las desapariciones forzadas de Eva y Marcial se consumari?a una tragedia ma?s que cimbrari?a a la opinio?n pu?blica estatal y nacional por la barbarie emprendida por las corporaciones policiacas del estado y la Polici?a Federal, quienes fuera de todo control, utilizaron sus armas de alto poder para privar de la vida a dos normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuando bloqueaban los cuatro carriles de la Autopista del Sol en la parte sur de la ciudad de Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011. Adema?s de estas muertes hubo varios heridos de bala, torturados y decenas de detenidos.
A 14 años de las dos tragedias ningún gobierno ha retomado los casos para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni lo que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el poder de la muerte que gobierna en Guerrero.

El crimen de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), forma parte de las carpetas de investigación que no avanzan. A pesar de los datos de prueba que se han aportado, la Fiscalía los ha trivializado y lo más grave es que han hecho perdediza información valiosa. La desfachatez con la que sobrellevan el caso agravia la memoria de Marco Antonio y deja en estado de indefensión a su familia. Es inadmisible que a 7 meses de su asesinato no haya un atisbo de los autores materiales e intelectuales que acabaron con la vida de un gran defensor del medio ambiente. Hay un gran abismo entre las víctimas y la Fiscalía marcado por el desdén y la indolencia.
Este 25 de noviembre se cumplieron 7 meses del crimen artero de Marco Antonio. En plena afluencia turística los perpetradores actuaron con la certeza de que ningún cuerpo de seguridad los detendrían. Al parecer fueron más inteligentes y ágiles que la Guardia Nacional que se encontraba desplegada en las playas. Su capacidad de fuego está blindada porque nadie los investiga ni los busca. La apuesta es al olvido y a que la víctima desista infundiéndole temor. Saben que no hay costos políticos y que todo se puede en este mar de inmundicia. Está claro que no hay un compromiso de las autoridades del estado con la justicia ni la verdad. “Marco decía que con la Cuarta Transformación iba a haber un cambio, pero no es así”. No les importa el derramamiento de sangre que a diario corre en las calles segando la vida de muchos guerrerenses.
Desde que Marco asumió la responsabilidad en una asamblea de defender las tierras comunales de Cacahuatepec contra la Comisisón Federal de Electricidad (para que no se construyera la presa La Parota) los gobiernos lo consideraron como el enemigo a vencer. No sólo lo estigmatizaron y giraron órdenes de aprehensión, también le mandaron mercenarios y matones para eliminarlo. Fue de los personajes más incómodos en un estado gobernado por caciques.
El 28 de julio de 2003, en el primer plantón del Cecop en El Fraile nació Marco como el guerrero Huitzilopochtli, deidad de la guerra entre los nahuas, para pelear contra la imposición de la represa. Lo nombraron el vocero del movimiento que emergió de las gravillas del río. Con los machetes en la mano no dejaron que entraran las maquinarias de la CFE. Por su osada lucha el gobierno del estado lo encarceló en tres ocasiones: en el 2004, 2014 y 2018. No se doblegó, más bien salió airoso y con mayor ímpetu para dar las batallas contra las empresas depredadoras. La última vez que lo encarcelaron estuvo con su hermano Vicente Suástegui.
La noche del 5 de agosto de 2021 Vicente fue desaparecido por hombres armados. Se lo llevaron rumbo a Tres Palos, sin embargo, las autoridades no han dado con su paradero. Marco lo buscó en las colonias más pobres y violentas, así como en las comunidades periféricas. El líder del Cecop empezó a recibir amenazas por buscar a su hermano. El hostigamiento llegó en los mítines que realizaba en el Asta Bandera del puerto para denunciar la desaparición de su hermano y exigir la detención de los responsables. Exigía al gobierno que le entregaran con vida a Vicente.
Sus asesinos le seguían sus pasos, pero nunca se arredró, porque siempre decía que luchaba por la vida. Era contundente en su demanda; investigar el paradero de Vicente y detener a los responsables. Molestaron no sólo las declaraciones de Marco, sino las sentencias que se han dictado contra los perpetradores de la desaparición de Vicente.
En los últimos meses Marco identificó a quienes le querían causar daño. No lo dejaban trabajar tranquilamente en el negocio que tenía en la playa Icacos. Lo mismo pasaba en las asambleas que convocaba en la comunidad de Cacahuatepec. Se le acercaban personas para intimidarlo. Cuando recorrió las comunidades, después de los huracanes Otis y John, sentía que lo seguían. Llegó el momento en que abiertamente lo amenazaban en la playa, ordenándole que no siguiera dando declaraciones en los medios de comunicación.
Ante la inminente amenaza recurrió al Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas porque los lugares más peligrosos resultaron ser las asambleas dominicales y la playa Icacos. Le dijeron que lo solicitara a través de un escrito para que evaluaran su situación de riesgo. Luego de un tiempo le negaron las medidas de protección con el argumento de que su actividad de defensor no era de alto riesgo.
El Domingo de Ramos, el 13 de abril, le advirtieron por última vez que le bajara a las denuncias y a sus declaraciones sobre Vicente porque ya lo tenían bien ubicado y sabían sus movimientos. La amenaza fue la sentencia de muerte. Cinco días después Marco se debatía entre la vida y la muerte porque el asesino había descargado su arma cuando Marco se retiraba de la playa, para huir del peligro. Corrió hacia la playa buscando escapar, pero tres balas certeras lo alcanzaron. La sangre hizo cauce sobre la arena, pero Marco no cayó. La gente estupefacta comenzó a correr, y el asesino aprovechó para perderse entre la gente. Cuando llegó su esposa lo encontró herido a la orilla del mar.
El último destello del sol contemplaba la lucha del Tigre para ponerse en pie. El horizonte se pintó de rojo al desvanecerse. Con el temple que le caracterizó le dijo a su esposa que llamara al 911 para pedir ayuda, pero nadie respondió. Su esposa lo quería llevar al hospital de la Marina porque estaba más cerca para que lo atendieran, pero él dijo: “no, no me lleves ahí, mejor al Aqua”. Lo trató de cargar, pero Marco se apoyó de algunos compañeros que lo llevaron al hospital. Aún consciente les decía a las enfermeras que quería oxígeno. Mientras esperaban al doctor para que lo operara de urgencia, se preocupó por sus hijos. Permaneció lúcido todo el tiempo. A las 9 de la noche entró al quirófano y a las 3 de la mañana informaron que la operación había sido un éxito. El pronóstico de los doctores auguraba que Marco saliera de este trance.
Cuando a la familia le requirieron sangre, sus conocidos se solidarizaron y los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa estaban dispuestos a donarla. Lo más complicado fue un aparato para que le realizaran hemodiálisis porque los doctores decían que no había uno solo en el estado. Marco quería vivir. “Le pedía a Dios un milagro. Fueron tres operaciones”. Sus familiares lo iban a trasladar a la Ciudad de México cuando les dieron la funesta noticia. Marco nunca se dio por vencido, luchó hasta el último segundo.
Lo insólito es que los policías ministeriales irrumpieron en el hospital sin que les importara la gravedad de Marco Antonio, pedían las declaraciones de sus familiares. Se parapetaron en el hospital en lugar de perseguir a los delincuentes o buscar las cámaras de seguridad y hacer las investigaciones correspon-dientes.
A siete meses del crimen no hay una persona detenida, todo se mantiene en la quietud impuesta por intereses de la macrodelincuencia.
Los familiares de Marco se han acercado a la gobernadora para exigir justicia, pero la respuesta que le dan los que contestan su teléfono es que está muy ocupada. Hay fundados temores de que el crimen no se resuelva. “Matan a los líderes sociales y en Guerrero nunca pasa nada. El silencio de las autoridades es un gélido mensaje de impunidad”. Si el gobierno 4T quiere ser diferente a los demás tiene que castigar ejemplarmente a los perpetradores para que prevalezca la justicia.