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Hay 22 mil 890 desplazados en Guerrero sin garantías de seguridad ni retorno, afirma Tlachinollan

Carmen González Benicio

Tlapa

En Guerrero se han registrado 22 mil 890 personas desplazadas de manera forzada, sin que las autoridades garanticen su seguridad y su anhelado retorno a sus hogares de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quien lanzó una campaña con la que busca recabar fondos para apoyarlos.
Bajo el lema Guma, que significa tortilla en lengua me´phaa, la organización materializará el apoyo económico en insumos de la canasta básica como el maíz, arroz, frijol y aceite que servirá para alimentar y acompañar a las familias. Piden hacer la donación a nombre de Tlachinollan Grupo de Apoyo de los Pueblos Indios de la Montaña A.C. a la cuenta bancaria: 197 – 668 de CITIBANAMEX, sucursal: 4602, de Tlapa de Comonfort.
En su página de facebook Tlachinollan difundió una infografía en la que menciona que habitantes la Montaña y Costa Chica de Guerrero han sido víctimas de violencia y desplazamientos forzados internos que tienen documentados desde el año 2013 a 2022.
En la infografía del mapa del estado de Guerrero focalizan 25 municipios con desplazamientos forzados en las siete regiones. En Tierra Caliente son seis municipios afectados: Zirándaro, Pungarabato. Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan; en la Centro, son cinco: General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los Bravo, Zitlala y Chilapa de Álvarez; de la Norte, son cinco: Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Huitzuco de los Figueroa y Taxco de Alarcón.
De la Montaña, dos: Zapotitlán tablas y Cochoapa el Grande; en la Costa Chica, uno: Ayutla de los Libres; y de la Costa Grande, son cinco: Zihuatanejo, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Benito Juárez y Acapulco el que presenta un desplazamiento masivo.
En el artículo, Los desplazados y Olvidados de Guerrero publicado en El Sur en su edición del 18 de julio de este año, la organización menciona que el desplazamiento es de décadas y se inició con la relación entre caciques y Ejército para sacar a la gente de sus territorios; las políticas basadas en el saqueo de los bienes naturales como la explotación forestal; extractivistas como la minería; construcción de presas y en las últimas décadas relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
Agrega que esto ocurre a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, extorsión o les han asesinado a algún familiar. Y que de acuerdo con datos de las organizaciones civiles y académicos, tienen un registro de julio del 2013 a la fecha, de cinco mil personas. Además de que de 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado.
Cita Tlachinollan en su texto que los gobiernos alientan la protección y apoyo a los empresarios y dejan a los campesinos solos, como el caso de familias de Chilpancingo e Iguala que no pueden sembrar por falta de agua que sí tienen las mineras y a eso se suma la delincuencia.
Menciona que el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, desde el 2011, acompaña a más de 30 familias de las comunidades de Hacienda de Dolores y la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, que formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, refugiándose en la cabecera municipal de Ayutla los Libres.
Asegura que en el caso de la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas municipio de Zitlala, indica que han sido víctimas de la violencia delincuencial donde las familias en enero del 2016 se vieron obligadas a salirse ante el asesinato de seis personas.
Respecto a la comunidad de Carrizalillo municipio de Eduardo Neri, menciona Tlachinollan que desde el 2014 la comunidad quedó a expensas de un grupo del crimen organizado con un registro de 50 familias desplazadas.
En Chilapa, resalta que las comunidades nahuas de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima, huyeron ante la amenaza difundida en facebook de que un grupo de la delincuencia asesinaría a las familias que permanecieran en sus comunidades, eso fue el pasado 9 de junio.
Menciona que los habitantes tienen la amarga experiencia de que por ser indígenas no tienen derechos y deben enfrentar esta avalancha delincuencial sin garantía de que su vida y su seguridad estarán a salvo.
En todos los casos las autoridades municipales y estatales han evadido su responsabilidad de brindarles protección dejando a la deriva a un gran número de mujeres indígenas que con sus niños deambulan en otras comunidades y prefieren vivir en la clandestinidad porque tienen fundados temores de que pueden ser privados de la vida, resalta la organización.
Agrega que este drama es compartido por un gran número de familias que a lo largo y ancho del estado enfrentan el flagelo del desplazamiento forzado y lo más cruento es que experimentan la indiferencia y el olvido de las autoridades del estado.

Encuentra la CNDH que en cárceles de Guerrero los presos tienen funciones de autoridad y cobran

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló 189 situaciones de riesgo, para prevenir la tortura y el maltrato en lugares de detención e internamiento (cárceles y albergues) que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su informe de anual de actividades 2016.
Además señaló 150 situaciones riesgo en cárceles municipales de Acapulco, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de Los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de Los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero.
Entre las irregularidades señaló que las instalaciones son inadecuadas, que no tienen áreas exclusivas para alojar a las mujeres y que los internos tienen funciones de autoridad, cobran y gozan de distintos privilegios.
En un comunicado la CNDH informó que hizo más de 4 mil visitas a las 32 entidades del país, y el Mecanismo emitió 17 informes, nueve para cuatro entidades estatales, entre ellas Guerrero, así como para autoridades municipales y tres para al gobierno federal: uno para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y dos para el Comisionado Nacional de Seguridad.
En 44 visitas iniciales a Guerrero y cuatro de seguimiento, encontró 110 “incidencias” (situaciones irregulares) que violentan la legalidad y seguridad jurídica de personas privadas de su libertad, 80 relativas al derecho a un trato humano y digno, 33 por el derecho a la protección a la salud, 93 por el derecho a la integridad personal y 23 situaciones de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el informe del 18 de agosto de 2016 para Guerrero y la FGE, indicó que en la entidad las instalaciones de detención y reclusión son inadecuadas, que la alimentación es deficiente, que hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de recreación.
También faltan áreas exclusivas para alojar a las mujeres, personal especializado para la atención de menores de edad, la restricción de actividades de reinserción social, y los internos tienen “funciones de autoridad, cobros y privilegios”.
El mes pasado una mujer presa en la cárcel de Chilpancingo denunció que se separó a hombres y mujeres debido a que lo recomendó la CNDH, y que las instalaciones son inadecuadas porque las madres que viven con sus hijos tienen espacios de trabajo en el área general, donde están los hombres.
La CNDH denunció que en Guerrero hay restricción de comunicación del detenido con un defensor, hasta que éste acepta el cargo que se le imputa, falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica, insuficientes aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad (procesadas y sentenciadas), e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
Señala que los funcionarios públicos son omisos ante actos de tortura o maltrato y frente a las anomalías del personal médico, por prestación del servicio, y abasto de medicamentos, donde no hay condiciones para hacer los exámenes en privacidad.
Para la atención de mujeres señaló que no hay personal femenino para su custodia, y falta capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento en materia de prevención de la tortura.
Tampoco programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, contra las adicciones ni accesos para las personas con capacidades físicas diferentes.
Recomienda mejorar la higiene y que se den tres alimentos al día en las prisiones

A fin de promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención, recomendó mejorar las condiciones de habitabilidad y de higiene para garantizar una estancia digna y segura.
Asimismo, que se distribuyan tres alimentos al día en un horario establecido, con valor nutritivo para el mantenimiento de su salud, y se procure una distribución equitativa de los espacios que no exceda la capacidad instalada, y que las mujeres en los centros de reclusión y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes cuenten con instalaciones adecuadas para garantizarles el acceso a los servicios y actividades, en igualdad de condiciones que la población varonil y totalmente separadas de las que éstos utilizan, así como contar con el personal especializado que se requiera para tal efecto.
Propuso que los centros de adaptación, tengan áreas de aseguramiento de las agencias del Ministerio Público que alojen exclusivamente a las mujeres, completamente separadas de las que ocupan los hombres, y se implementen programas para prevenir y en su caso y atender situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos.
Del Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar DIF Guerrero, pidió personal de trabajo social suficiente para la debida atención de los menores.
En el informe 6/2016 el 26 de agosto de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura notificó a los alcaldes de los 12 municipios de Guerrero que tienen cárceles, 150 situaciones de riesgo, situaciones similares a los centros de readaptación estatal: inadecuadas instalaciones, deficiencias en la alimentación y falta de áreas para alojar a mujeres.
Señala irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, restricción de la comunicación telefónica y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
En prevención de la tortura resalta la inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, deficiente supervisión de los lugares de detención y carencia de accesos para personas con capacidades diferentes.