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Hiere un policía municipal con AR-15 a un ministerial en una gasolinera en Chilpancingo



Un policía auxiliar preventivo –ex policía del estado, procesado en el penal de Acapulco por los delitos de homicidio y abuso de autoridad por su participación en la masacre de Aguas Blancas, libertado en 2003–, que resguardaba las instalaciones de una gasolinera propiedad del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Óscar Ibáñez Reyes, hirió de un disparo de rifle AR-15 a un comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), quien se encuentra estable.
El incidente donde hubo disparos de arma de fuego que puso en riesgo la seguridad de los trabajadores y los clientes que se encontraban a las 9 de la mañana en la gasolinera, estuvo a punto de provocar un enfrentamiento entre policías de ambas corporaciones que llegaron al lugar y confrontó las versiones de los directores de la PIM, Érit Montúfar Mendoza, y de la Policía Preventiva de Chilpancingo, Artemio Mejía Chávez.
La versión de Montúfar indica que el policía auxiliar preventivo, Omar Figueroa Meza, argumentando que los tripulantes de una camioneta Ford Lobo roja le apuntaron con un arma de fuego accionó en tres ocasiones su rifle AR-15 y un disparo le dio en el costado izquierdo al comandante de la PIM, Obdulio Lozano Tirso, quien según el jefe policiaco se encontraba cargando gasolina en una camioneta de la corporación, porque es ahí donde les canjean los vales que les otorga el gobierno.
Lozano fue auxiliado por un grupo de ministeriales que se disponían también a cargar gasolina y al identificarse se evitó un enfrentamiento. Posteriormente el agente herido fue trasladado al hospital del ISSSTE donde se reportó que se encuentra estable porque la lesión no fue de gravedad, indicó Montúfar.
Por su parte, el director de Seguridad Pública municipal, Artemio Mejía, afirmó que el policía preventivo frustró un robo cuando un grupo de hombres a bordo de una Pick up roja intentaron asaltar la gasolinera y accionó su arma para enfrentar a los presuntos ladrones que se fugaron sobre la lateral del boulevard Vicente Guerrero y en el altercado hirió al agente judicial.
Mientras tanto, versiones extra oficiales hablan sobre una discusión previa entre el policía preventivo, Omar Figueroa que entre sus antecedentes destaca que fue policía del estado y estuvo preso por su participación en la masacre de Aguas Blancas, y el comandante ministerial Obdulio Lozano, quien actualmente se desempeña como escolta del subdirector de la PIM, Arnulfo Jacobo Luviano, funcionario estatal que también ha sido implicado en la masacre de Aguas Blancas.
El agente ministerial al caer herido fue auxiliado por otro grupo de sus compañeros y trasladado al hospital del ISSSTE.
En el lugar de los hechos se encontraron a unos metros de una bomba despachadora de gasolina tres cascajos percutidos de rifle AR-15, que se presume son del arma del policía preventivo, así como un impacto de la misma arma en una máquina que surte agua y aire a un costado de un depósito de combustible.
Al lugar llegaron agentes de ambas corporaciones y estuvieron a punto de protagonizar un enfrentamiento debido a que los ministeriales al mando del coordinador Guadalupe Herrera Basurto intentaron detener al policía preventivo.
Los compañeros del policía municipal, al mando del coordinador operativo, Mateo Torres Rodríguez, impidieron la acción de los ministeriales, introduciendo a Figueroa Meza en una oficina de la gasolinera donde permaneció resguardado por una veintena de sus compañeros.
Luego de varias discusiones entre preventivos y ministeriales y conversaciones entre Herrara Basurto y Torres Rodríguez se llegó al acuerdo de que el policía municipal sería trasladado por sus propios compañeros, quienes lo entregarían directamente a la agencia del Ministerio Público del fuero común para deslindar responsabilidades.
De esta forma, los ministeriales permitieron que a bordo de una camioneta de la policía municipal fuera trasladado el preventivo, quien posteriormente fue puesto a disposición del agente del MP y así se destrabó el conflicto que se prolongó por más de dos horas.

Niega el alcalde de Chilpancingo que tengan adeudos con el gobierno estatal



“En el ayuntamiento capitalino, hasta esta fecha no tenemos ningún adeudo con el gobierno del estado”, respondió el alcalde Mario Moreno Arcos al secretario de Finanzas y Administración, Carlos Álvarez Reyes, quien reveló que la comuna capitalina tiene adeudos tributarios estatales y le reprochó el haber ventilado a los medios presuntos adeudos de agua y predial de la actual administración estatal.
El alcalde priísta aceptó que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) está requiriendo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) el pago del 2 por ciento del impuesto sobre nómina de 2003 a la fecha, “creo que lo que están buscando que se cubra es el asunto sobre una obra que ejecuta la paramunicipal, pero se están buscando los libros de contabilidad de la misma institución para saber si efectivamente se adeuda algún monto, porque hasta el momento no hay uno establecido”.
Consideró que la actitud del gobierno estatal indica que “quieren recabar más, me supongo que tienen obras importantes que hacer y necesitan recursos, yo habré de esperar la notificación”.
Luego de que Moreno Arcos y el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Nando López afirmaran que el gobierno del estado no ha pagado millonarios adeudos por impuesto predial y por el servicio de agua potable, en entrevista con El Sur Álvarez Reyes negó esa versión y reclamó al alcalde que hiciera públicos esos datos y que politizara el tema; asimismo, en el mismo tono destacó que el ayuntamiento también debía impuestos estatales y advirtió: “se los vamos a cobrar”.
Al respecto, Moreno Arcos negó que el municipio tenga adeudos por impuestos estatales y destacó que tampoco le dieron un tinte político a esa información. También dijo que desconoce el motivo por el cual ahora la administración estatal hace públicos presuntos adeudos del municipio.
Entrevistado en el ayuntamiento precisó: “Efectivamente hoy (ayer) leí en los medios de comunicación que la Secretaría de Finanzas habla de algunos adeudos por parte de este ayuntamiento. Yo quiero puntualizar que por parte de nosotros, hasta esta fecha no tenemos ningún adeudo con el gobierno del estado.”.
Agregó: “Tengo entendido que lo que está requiriendo, es el 2 por ciento de pago de impuesto sobre nómina a la paramunicipal Capach, pero en el caso del ayuntamiento estamos al corriente de nuestros pagos”.
Dijo que tiene conocimiento de que la Sefina está requiriendo el pago de ese gravamen “de 2003 a la fecha, pero no hay algún monto establecido. Nosotros tenemos poco más de 200 trabajadores; creo que lo que están buscando que se cubra es el asunto sobre la obra que ejecuta una paramunicipal”.
Reconoció que en el caso el servicio de agua potable “ya lo está cubriendo (el gobierno estatal), están al corriente y en el caso del predial estamos en el análisis de cuáles son los predios que tienen que cubrir el respectivo impuesto. Estamos hablando de un poco más de 90 inmuebles que tienen aquí en la capital y estamos viendo cuáles encuadran en el pago”.
Afirmó que ninguna de esas propiedades pertenecen a funcionarios, “todas son de la actual administración”.
Dijo que aún no precisan el monto de la deuda porque “hay algunas que han estado pagando su impuesto predial y adeudan uno o dos años, en algunos otros estamos haciendo el análisis para ver si tiene que pagar o no el impuesto”.
En una segunda entrevista con otro grupo de reporteros, el alcalde aseguró que está esperando la notificación respectiva por parte de la Sefina, pues indicó que “el único acercamiento que ha habido es en el sentido de Capach en donde se acercaron para que nosotros paguemos el 2 por ciento sobre nómica que se está requiriendo de cinco años a la fecha”.
Dijo que una vez que se conozca la cantidad del adeudo “entraremos a negociaciones, el ayuntamiento responderá de acuerdo a la ley”.
En otros temas, el alcalde informó que ante la temporada de lluvias, el ayuntamiento ha desazolvado entre un 80 y 90 por ciento las 28 barrancas de la capital.
Dijo que también han avisando a las 2 mil 500 familias que habitan en esos lugares que no deben vivir ahí porque son zonas de alto riesgo y que como opción les están ofreciendo otros asentamientos.
Mencionó que hasta ahora “no hemos llegado al extremo de sanciones, la autoridad rectora del uso del suelo es la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de zonas federales, las acciones de posibles acciones deben de hacerlo ellos”.
Se han pagado los impuestos desde diciembre, dice el tesorero municipal
En tanto, el tesorero municipal, Salvador Gómez Martínez pidió Álvarez Reyes que sea más especificó en sus declaraciones porque de diciembre de 2005 a abril de este año se ha recaudado y pagado el monto de los 10 conceptos de impuestos que representan los derechos estatales.
Afirmó que la recaudación de los derechos estatales asciende a 250 mil pesos en promedio, los cuales han sido entregados al gobierno estatal de forma mensual de diciembre del año pasado a abril de este año.
Dijo que esa cantidad se genera de acuerdo al convenio de colaboración con el gobierno del estado mediante el cobro de 10 impuestos a los ciudadanos, de los cuales se entrega un 15 por ciento al gobierno del estado del impuesto denominado contribución estatal; 10 por ciento por la administración del registro civil; 15 por ciento del impuesto por educación y asistencia social; 15 por ciento del impuesto pro caminos; 15 por ciento pro turismo y 10 por ciento sobre multas federales no fiscales.
Gómez dijo que ante la falta de precisión del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Carlos Álvarez Reyes, supuso que el funcionario se refiere al cobro del 2 por ciento de la nómina que solicitó a Capach
Esto debido a que Álvarez Reyes pidió a través de una notificación hacer una revisión de las finanzas de la paramunicipal del periodo 2003 a 2005 y reiteró que por tratarse de un organismo público descentralizado, el Ayuntamiento no puede meterse en las finanzas de la Capach.

Retiene Transportes con la ayuda de líderes tres unidades piratas en la capital



Ezequiel Flores Contreras / Chilpancingo

Autoridades de la Dirección de Transportes estatal con ayuda de líderes transportistas retuvieron ayer al norte de Chilpancingo, tres unidades piratas de una organización de choferes que conducen una flotilla de 15 vehículos del servicio público que circulan sin permiso.
Por su parte, uno de los agraviados, Martín Hernández, expuso que tomaron esta medida porque las autoridades estatales y los permisionarios están coludidos, pues se niegan a depurar las listas de los transportistas y a otorgar permisos desde hace siete años en Chilpancingo.
En el lugar donde estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento entre permisionarios encabezados por Mario Torres Cerecero y el grupo de choferes, acudió el delegado de Transportes, Miguel Ángel Treviño Bustamante, quien aseguró que no permitirá que estas 15 unidades presten el servicio sin contar con permiso.
Dijo que recientemente concluyó la elaboración de un estudio para otorgar concesiones en la capital, y que ahora depende del Consejo Técnico de Transportes para que se depuren las listas y la entrega de permisos.
En respuesta a la declaración de Treviño Bustamante, otro de los choferes Arturo Pastor Santos reprochó que los permisionarios en contubernio con las autoridades hagan a un lado a los compañeros con antigüedad para meter a sus familiares y los que pueden pagar una mochada a los funcionarios y líderes.
Cerca del mediodía, trabajadores de la delegación en la Zona Centro del estado y permisionarios de unidades del servicio de transporte público colocaron un retén sobre la avenida El Llano, a un costado de la pista de aterrizaje de la capital, en la colonia Industrial con el propósito de detener a unidades piratas del grupo de choferes.
Esta situación irritó a los transportistas que no cuentan con el permiso y se congregaron en este punto donde discutieron por varias horas para exigir que liberaran las tres unidades retenidas, sin embargo, luego de un acuerdo de ambos grupos se trasladaron a la sede de la Dirección de Transportes estatal para discutir este asunto con el titular Félix González Figueroa.
Debido a que no les entregaron las unidades retenidas, los choferes exigieron que se aplique la misma medida a 37 unidades que circulan también sin contar con permiso y demandaron que a la brevedad se depuren las listas de transportistas para evitar actos de corrupción en la entrega de concesiones.

Se deslindan consejeros de las opiniones de Lozano Cruz sobre las revisiones al CEE



Zacarías Cervantes Chilpancingo

Cuatro de ocho consejeros se deslindaron de las declaraciones que el presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Emiliano Lozano Cruz hizo sobre el Congreso Local, para defenderse de los cuestionamientos en su contra por irregularidades administrativas y financieras en ese organismo electoral, el cual fue investigado por una Comisión Especial y es auditado por la Auditoría General del Estado (AGE).
Entrevistados en un restaurante en el centro de la capital en donde circunstancialmente se encontraban este domingo, de entrada el consejero, Arturo Pacheco Bedolla aclaró: “no buscamos bronca ni con el presidente del Consejo, Emiliano Lozano, ni con el Congreso local, lo que queremos dejar en claro que algunas declaraciones del presidente no son a nombre del Consejo como institución porque no son avaladas por todos los integrantes”.
Dijo que la intención es que como consejeros desean trabajar de manera coordinada con otras instituciones, “y de nuestra parte no tenemos ningún temor o miedo para ser investigados y si algún consejero se ve involucrado en hechos irregulares será a titulo personal”.
Informó que a partir de este incidente con Lozano Cruz los consejeros trabajan en la elaboración de un reglamento interno que establezca las limitaciones del presidente del organismo y hasta dónde puede declarar como presidente del CEE y cuando debe hacerlo a título personal.
De acuerdo al también consejero, César Gustavo Ramos Castro, en los últimos días el presidente declaró a algunos medios de comunicación en contra de los diputados miembros de la Comisión Especial que investigó las irregularidades denunciadas en el CEE, así como en contra del titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero, “de quien incluso ha dicho que el CEE lo va a demandar” y dijo que estas son opiniones personales de Lozano Cruz pero no del Consejo Estatal.
En el lugar también se encontraba el consejero Raúl Calvo Barrera, quien aseguró que las opiniones de Pacheco y Ramos también las comparte el consejero Jorge Alberto Sánchez Ortega, quien aunque no se encontraba, dijo que avala sus puntos de vista.
Pacheco Bedolla dijo que lo que critican es que Lozano Cruz “no tiene convicción para trabajar en equipo y algunas declaraciones que debiera hacer a título personal las hace a nombre del Consejo, cuando no es una opinión que haya consultado con los consejeros.
En este sentido, Ramos Castro aclaró que el CEE como institución no tiene ninguna controversia o problema con el auditor Ignacio Rendón, ni con el diputado Ramiro Solorio, quien preside la Comisión de diputados que se integró para investigar las irregularidades que presuntamente se cometieron en el organismo.
Lamentó algunos comentarios de Lozano Cruz respecto a situaciones que califican la actuación del auditor y los diputados de la Comisión Especial “sus declaraciones contra de los organismos fiscalizadores descalifican su trabajo y no abona en nada a la buena relación interinstitucional, por el contrario son consideraciones apriorísticas que pretenden poner en tela de juicio cualquier resultado de su trabajo”.
Dijo que los comentarios del presidente del CEE en el sentido de que el organismo incluso va a demandar al auditor general y Ramiro Solorio por afirmar que se encontraron irregularidades en el organismo, “se han entendido como que es la voz del CEE cuando no es así, es sólo la opinión de Lozano Cruz”.
Consideró que se ha entendido así porque el actual presidente es ex consejero cuestionado, consejero del actual CEE y presidente del mismo.
Raúl Calvo dijo que respeta las atribuciones y facultades de las instituciones públicas “y no comparto el conflicto mediático entre Lozano Cruz y los titulares de otras instituciones”.
Agregó que estará atento al resultado final que dictaminen los organismos del Congreso sobre las revisiones que se hicieron al organismo electoral.

Mil familias de la capital viven en zonas de alto riesgo, dice regidor de Protección Civil


Jesús Saavedra Chilpancingo

El regidor de Servicios Públicos y Protección Civil de este municipio, José Alfredo Rodríguez Córdoba, dijo este sábado que en el mapa de riesgo que se ha elaborado en la dirección de Desarrollo Urbano municipal se tienen identificadas unas 28 barrancas en la capital de las cuales 15 son identificadas como de alta problemática en la temporada de lluvias y donde se tiene estimado que viven unas mil familias que se encuentran en zonas de alto riesgo.
Entrevistado luego de una inspección de los trabajos de desazolve que se hacen en esta zona de la capital –en donde estuvieron dirigentes de la Coparmex– Rodríguez señaló que en la barranca Las Calaveras se tienen problemas de inundaciones que afectan a las familias que viven en las inmediaciones de este lugar clasificado de alto riesgo.
“Estamos tratando de concientizar a las familias que viven en zonas de alto riesgo, en los márgenes de las barrancas; en la barranca Las Calaveras anualmente tenemos problemas cuando no se le da la debida atención para el desazolve de la barranca y hay tragedias”.
Añadió que por instrucciones del presidente municipal Mario Moreno Arcos, se hace una campaña para concientizar a la población, a la vez que se limpiarán y se desazolvarán las barrancas consideradas de alto riesgo, “es una acción que se realiza desde hace un mes, estamos en un 90 por ciento de la limpieza de la barranca, estamos en la etapa final de este proceso y estamos invitando a las familias que viven en zonas de alto riesgo que se reubiquen en terrenos que ofrece el Ayuntamiento en la población de Petaquillas, hay unas 20 familias que ya aceptaron, sobre todo las que estaban al margen de la barranca y estaban en un gran riesgo”.
Agregó que en coordinación con la Coparmex, establecerán un convenio de colaboración para que esa barranca se acelere los trabajos de limpieza en una zona donde inicia esa barranca en los límites de la colonia Nuevo Horizonte y la CNOP, donde es visible que se usa como basurero, “estamos pidiendo que ayuden a las autoridades a no tirar basura en la barranca, queremos que la población nos ayude con esta situación”.
Señaló que la falta de cultura de la población por mantener limpias las barrancas y respetar los espacios públicos para no tirar basura, se ha convertido en un “problema grave”.
Anunció las autoridades municipales han iniciado a interponer sanciones administrativas de 300 pesos contra los ciudadanos que sean sorprendidos tirando basura en la vía pública o los márgenes y cauces de barrancas.

El gobierno estatal margina a empresarios locales de las licitaciones públicas: Coparmex

Jesús Saavedra Chilpancingo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo, Silvano Rosas Benítez, se quejó de que a un año de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, sus agremiados han sido marginados de los procesos de licitación de contratos del gobierno estatal, lo que ha ocasionado un “grave daño” a los empresarios de esta ciudad.
En una entrevista, Rosas Benítez aseveró que desde el 1º de abril del año pasado los más de 200 afiliados a la Coparmex de Chilpancingo, no han sido invitados por el gobierno estatal para participar en la prestación de servicios o venta de sus productos, “la verdad es que hay poca participación de los agremiados, no hay una invitación expresa: ni abierta, ni cerrada del gobierno del estado para el sector empresarial, especialmente en Chilpancingo, no nos están tomando en cuenta”.
Indicó que esa medida los ha afectado “económicamente y en la generación de empleos, todos somos importantes y en nuestro municipio se encuentran instalados microempresarios, más allá de contar con grandes empresas y esa medida nos ha afectado mucho; queremos participar y ser parte de la prestación de servicios del sector privado al gobierno del estado y no que el dinero salga del estado”.
“Ha disminuido mucho la contratación de servicios por parte del gobierno del estado, anteriormente teníamos contratos con varias secretarías en diferentes aspectos y diferentes áreas y la falta de contratos con el gobierno nos ha afectado mucho”, añadió.
Rosas Benítez afirmó que hasta la fecha el compromiso de Torreblanca Galindo que en los procesos de licitación se daría prioridad a los comerciantes locales, no se ha cumplido: “a nosotros no nos hacen llegar las convocatorias, somos un enlace muy importante para llegar al gobierno y no nos están tomando en cuenta. Como presidente de la Coparmex no nos ha llegado ninguna invitación del gobierno del estado para participar en los procesos de licitación, como para que convoque a los agremiados para que participen en las licitaciones del gobierno estatal”.

Entregan a Zeferino recomendaciones de la ONU para blindar programas sociales


Teresa de la Cruz Chilpancingo

Debido a que Guerrero es uno de los estados que maneja ocho de los principales programas federales de asistencia social a los que se destinan dos tercios del presupuesto para ese rubro, integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregaron al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo recomendaciones y exhortos para reforzar el blindaje de esos programas para que en la elección del 2 de julio haya menos irregularidades.
En ese encuentro, Torreblanca se comprometió a cumplir de “manera estricta” con las medidas que fijó el Alto Consejo por la Transparencia de Programas Sociales Federales y que dieron a conocer en la ciudad de México el 15 de marzo. También fue nombrado como enlace, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
En caso de que el gobierno del estado incumpla, la sanción no será más que un “exhorto público”, porque la ONU no tiene facultad para castigar a las entidades federativas de un país.
Aunque en su convocatoria la Dirección de Comunicación Social indicó que la reunión sería abierta, esto no ocurrió así. El argumento tuvo que ver con la protesta que afuera del salón Vicente Guerrero hicieron profesores de la CETEG disidente.
Durante la conferencia que ofrecieron únicamente los comisionados del Alto Consejo, en el salón Ignacio Manuel Altamirano, el secretario Ejecutivo, Alejandro Grispun dijo que presentaron al gobernador los alcances y objetivos del proyecto Protección de los Programas Sociales Federales, que empezó a diseñar el PNUD en diciembre de 2005, a solicitud del gobierno federal.
En compañía del comisionado del proyecto, David Gómez Álvarez; del asesor, Alfonso Celestino y de la asistente, Stephanie Black, indicó que la propuesta es para “contribuir a reforzar los mecanismos institucionales y los candados con que ya cuenta México para proteger los programas sociales federales en el contexto de estas elecciones que se avizoran como competidas”.
Afirmó que el plan “es para inhibir o desalentar las irregularidades o delitos electorales con el uso de los recursos de los programas sociales”.
Señaló que a diferencia de la observación electoral tradicional, el proyecto “no se centra en la jornada electoral, sino en lo que ocurre antes de la jornada, en aquello que tiene que ver con la gestión de recursos públicos y con la posibilidad de que los utilicen para coaccionar el voto del ciudadano, es una iniciativa pionera, no sólo en México sino en el mundo”.
Grispun dijo que la manipulación del voto ocurre en todas las regiones del mundo, “sin embargo que yo sepa, este es el único país en el que esto (el proyecto) está en la agenda pública, el buscar mecanismos y hacer acciones que blinden los programas, generar conciencia, informar a la ciudadanía que los programas son públicos, ajenos a cualquier partido político”.
Informó que entregaron a Torreblanca un Diagnóstico sobre la Vulnerabilidad Político-Electoral de los Programas Sociales Federales, en el que exponen un análisis de los programas sociales federales que tiene asignados aproximadamente dos tercios de los recursos presupuestados para ese rubro en este año.
Junto a esos datos, según Grispun entregaron a Torreblanca “un conjunto de 10 recomendaciones y seis exhortos, emitidos por un alto consejo de ciudadanos mexicanos, que avalaron los partidos políticos”.
Dijo que Guerrero es el estado número 11 que visitan y que su propósito es “poner el tema del proyecto en la agenda, explicar porqué la ONU está interesada en el blindaje de los programas sociales”.
Mencionó que un segundo punto es “conocer las acciones que están haciendo los gobiernos estatales y municipales, y convocar a todos los actores a que sumen voluntades para hacer posible que el 2 de julio, México viva una jornada electoral ejemplar”.
Como parte del diagnóstico, abundó que Guerrero es una de las entidades “más pobres en el contexto mexicano, es un estado que cuenta con una fuerte presencia de programas sociales federales”. Dijo que son ocho programas: Oportunidades, PIBAI, Seguro Popular, Procampo, Hábitat que representan dos tercios de los recursos presupuestados para 2006.
Negó que en ese análisis hayan encontrado focos rojos, porque dijo que es una evaluación de los programas sociales más grandes para encontrar vulnerabilidades que pudieran mandar una señal de alerta, “por eso las recomendaciones de establecer mecanismos o fortalecer los candados necesarios para proteger los programas, allí donde son más débiles”.
El comisionado dijo que luego de la reunión con el gobernador y parte de su gabinete, Torreblanca ofreció “el apego absoluto e incondicional a la legalidad, suscribió de manera enfática también a las iniciativas de la ONU y se comprometió a cumplir de manera estricta con las recomendaciones emitidas por el alto consejo”.
A pregunta expresa sobre qué garantía dio Torreblanca en el entendido de que generalmente minimiza las recomendaciones o exhortos que le hacen ONG, otro de los comisionados del proyecto, David Gómez dijo: “Sólo acordamos dar seguimiento, vamos a tener comunicación constante con el gabinete social, para conocer los avances tanto en la protección de programas sociales federales en el ámbito de operación estatal. Como también de programas estatales, como el de Fertilizante, Pensión Guerrero, Becas, y ver qué iniciativas tienen”.
Agregó: “Vamos a tratar de verificar en qué medida se cumplen las recomendaciones, en tanto que (el gobernador) hizo suyas las recomendaciones y se comprometió a cumplirlas en esa medida vamos a verificar el grado de cumplimiento”.
Anunció que en junio informarán los estados que cumplieron y cuáles no, pero negó que vayan a aplicar algún castigo, “la sanción será pública, por parte de la opinión pública”.
Las recomendaciones
De las recomendaciones, Alejandro Grispun dijo que las autoridades deben abundar en su compromiso con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas.
Otra es acerca del fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos locales de blindaje y una última se refiere a que deben presentar públicamente y de forma accesible los informes trimestrales sobre el gasto social federal.
Asimismo, dijo que se exhorta al cumplimiento del acuerdo de Consejo General del IFE, el cual dispone que las autoridades no deben hacer campañas publicitarias de sus programas 40 días antes de la jornada electoral, y el segundo señala que los programas de desarrollo social deben tener una leyenda que los deslinde de cualquier partido político.
Advirtió que “a menos que haya una ciudadanía alerta, dispuesta a vigilar que los programas y dispuesta a denunciar, no va a haber blindaje que pueda funcionar de una manera óptima”.
Sin embargo, pidió a los medios de comunicación a que no “sobredimensionen algunas cosas que pueden contribuir a calentar el clima político, el ambiente, en un momento en el cual ya está suficientemente caliente. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, hay que estar alerta y hay que cumplir con el papel de fiscalizador que cumplen”.
A la reunión acudieron también la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Pitter y el de Salud, Luis Barrera Ríos

Muere calcinada una mujer en un incendio al sur de Chilpancingo



Ezequiel Flores Contreras / Chilpancingo

Una mujer de 70 años murió calcinada ayer en la tarde en un incendio que consumió dos viviendas precarias y pastizales en la colonia Sentimientos de la Nación al sur de la capital, de acuerdo con el director de Protección Civil municipal, Juan Pastor Flores.
Al lugar arribaron bomberos y socorristas de Protección Civil para sofocar el siniestro que presuntamente comenzó en la casa de la víctima, una precaria edificación de madera y lámina de cartón que se convirtió en combustible para avivar aún más el fuego que se extendió a otra vivienda y a un predio de pastizal.
Pastor Flores informó que María Guzmán de la Luz murió calcinada debido a que se presume que no pudo salir de la casa, pero no reportó más víctimas, sólo daños materiales.
Insistió en el llamado a los ciudadanos sobre todo a los habitantes de las zonas marginadas que cocinan sus alimentos con leña a que extremen precauciones para evitar este tipo de accidentes que en esta ocasión le costó la vida a una mujer.

Impedirán universitarios que la hija de Gabino Olea llegue a la dirección del Servicio Médico



Zacarías Cervantes Chilpancingo

Trabajadores del Servicio Médico de la UAG advirtieron que no dejarán que la hija del ex rector Gabino Olea Campos tome posesión como directora de esa área, pues consideraron que se trata de una imposición del rector Arturo Contreras para pagar favores a quienes lo apoyaron en su campaña.
El jueves los inconformes hicieron un paro laboral para evitar que la funcionaria tomara posesión del cargo y este viernes advirtieron que las acciones continuarán, si Contreras insiste en imponer a la hija del ex rector.
Los trabajadores Socorro Álvarez, Gabriela Barrios y Antonio Mendoza recordaron que en dos ocasiones, el 30 de marzo y el 28 de abril, enviaron un oficio a Contreras Gómez en el que propusieron en el cargo al doctor Ismael Mesino Valle, pero que el rector no les hizo caso.
Los denunciantes no proporcionaron el nombre de la hija de Olea Campos, “porque no la reconocemos, ni la vamos a aceptar como jefa del Servicio Médico”, dijo Gabriela Barrios, quien lamentó que a pesar de que el 90 por ciento de los trabajadores de ese centro de trabajo apoyaron a Contreras Gómez en su campaña, ahora les dio la espalda.
Antonio Mendoza informó que actualmente “estamos llevando a cabo programas preventivos de enfermedades de transmisión sexual, de detección oportuna de cáncer cérvico uterino y mamario, el de desintometría ósea, atención de partos, cirugías menores, entre otros”, actividades que podrían suspender en caso de que continúen los paros en esa área.
Anunció que no detendrán su movimiento hasta que haya una respuesta a su petición de audiencia con el rector, quien se niega a recibirlos, “no se vale que no nos quiera respetar nuestra propuesta”.
Socorro Alvarez dijo que por esa situación más de 90 pacientes no han sido atendidos “lo peor de todo es que no sabemos qué méritos tiene la nueva jefa, en nuestro caso está más que claro que el doctor Ismael Mesino, ha realizado un excelente trabajo”.

Marchan reporteros capitalinos; piden a Zeferino que gobierne con transparencia



Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Reporteros de esta capital así como dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), y el luchador social Pablo Sandoval Cruz marcharon y realizaron ayer un mitin frente a la sede del Poder Ejecutivo donde exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo un ejercicio transparente de la función pública y criticaron la incompetencia de su gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores de los medios de comunicación ante la situación de violencia provocada por la disputa entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
La movilización de reporteros fue convocada por la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Expresión que decretó la ONU, y el secretario general de esta agrupación, Pedro Arzeta García se refirió a los ataques verbales que lanzó el Ejecutivo en la ceremonia de su primer informe de labores en la sede del Poder Legislativo.
Dijo que la crítica hacia los reporteros y por el trabajo que realizan de manera cotidiana es bienvenida, pero la diatriba de Torreblanca Galindo “por estar viciada de origen es inaceptable”.
Mencionó que Torreblanca habló sobre un círculo de corrupción que se generó en la pasada administración y de manera incongruente mantiene al responsable de crear esa relación perversa entre directores, reporteros y columnistas con las autoridades estatales; es decir, el todavía director de Comunicación Social, Cesar Bajos Valverde, señaló.
Por su parte, el luchador social Pablo Sandoval aseguró que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo “no tiene la mínima característica de un gobierno de izquierda democrática, porque se ha alejado de la sociedad”.
Antes, cerca de medio centenar de reporteros de esta capital, así como integrantes de la dirigencia del STAUAG como Martín Ortiz Valle, partieron en marcha de la plaza de la Libertad de Expresión hacia la sede del Poder Ejecutivo, al pasar frente a la sede del Poder Legislativo los manifestantes con consignas demandaron a los diputados locales que pidan informes a Torreblanca sobre el gasto en materia de comunicación social.
Luego, en la entrada principal del edificio del gobierno del estado, el dirigente de la delegación Arzeta criticó la falta de transparencia de los convenios de publicidad y la falta de una política clara de medios que en lugar de cerrar espacios que son usados por la sociedad, se enfoque en garantizar el acceso a la información y transparentar la función pública como parte de una visión de gobierno democrático.
Demandó a Torreblanca seguridad para el trabajo de los reporteros y respeto al ejercicio periodístico ante este clima de “inestabilidad, zozobra y violencia” que impera en la entidad.
Señaló que es grave que las autoridades estatales no se ocupen de la narcoviolencia que se vive en la entidad, “nos preocupa que podamos llegar a la misma situación que los compañeros reporteros de los estados de Sinaloa y Tamaulipas, que se autocensuran ante la falta de seguridad y por temor a ser víctimas de la delincuencia organizada”, indicó.
Recordó que los crímenes de los directores de semanarios, Abel Bueno León y de Rafael Villafuerte aún no se han esclarecido y las actuales autoridades han mostrado interés en retomar estos casos que atentan contra la libertad de expresión y pretenden inhibir el ejercicio periodístico.
Asimismo, se hizo mención del caso de la desaparición forzada del también director del semanario Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, quien el próximo 22 de mayo cumplirá dos años de haber desaparecido por sujetos desconocidos.
Sobre este tema, la hermana de Aguilera Lucas, Ernestina Aguilera demandó a Torreblanca que instruya al procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia que investigue este caso y responsabilizó de la desaparición forzada de su hermano al ex gobernador, René Juárez Cisneros.