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Denuncian retención salarial trabajadores del Palacio de Gobierno



Teresa de la Cruz Chilpancingo

Trabajadores basificados y de confianza del Palacio de Gobierno denunciaron ayer que desde hace seis días no han cobrado su salario, debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) se ha negado a transferir los recursos al banco Banorte, como medida de presión para que todos los empleados opten por utilizar sólo los servicios de Banamex.
Indicaron que en otros casos los cambios se dan de manera “arbitraria”, pues “ni siquiera nos preguntan si queremos o no cambiar a otro banco, sólo nos dicen que nos abonaron en otra cuenta”.
Pidieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que “ponga orden” ante las “irregularidades” que están ocurriendo en la Sefina, “porque ahora estamos peor que antes”.
De acuerdo con una de los empleadas del Palacio de Gobierno que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, “constantemente hay irregularidades” en el cobro de los salarios, pues “o no nos depositan a tiempo o hay retrasos para presionarnos a trabajar con Banamex y dejar los bancos que nosotros escogimos”.
Precisó que similar a su caso, hay otros 173 empleados tanto de base como de confianza que están en la misma situación “todos estos decidieron cobrar su quincena a través de Banorte y raramente todos no hemos cobrado la quincena de abril”.
“Los asesores en el banco nos dicen que no ha depositado el gobierno del estado y aquí en la Secretaría de Finanzas aseguran que se trata de un error técnico, que no corrió el proceso, culpan al banco, pero sabemos que aquí tiene todos los elementos para hacer las transferencias”, indicó.
Señaló que lo único que entienden de ese problema es que “a toda costa quieren que trabajemos con Banamex; a la mayoría de los trabajadores les han hecho así, como supuestamente no les pagan rápido a través del banco que han escogido y pues los obligan a trabajar con Banamex”.
Relató que la forma en que determinó pagarles el gobierno estatal su salario, “sólo nos ocasiona conflicto, por ejemplo: yo soy una mujer viuda y tengo hijos que mantener y por si fuera poco, por tener supuestamente cuatro retardos me descontaron 100 pesos de los mil 200 pesos que me pagan a la quincena”.
Otro de los trabajadores de confianza inconformes reprochó el trato desigual entre los empleados; dijo que “hay unos que llegan a la hora que quieren y no les dicen nada, incluso ahí en la misma Dirección de Administración y Desarrollo de Personal (que encabeza, José Luis Zuzuarregui Soberanis), no siempre están trabajando y más los viernes, porque como todos son de Acapulco se van y no hay nadie que atienda”.
Señaló que cuando intentan hacer aclaraciones, Zuzuarregui Soberanis se niega a recibirlos, “nos hacen hacer antesala y después nos dicen que no puede atendernos o incluso tenemos que hacer muchos trámites. Sabemos que hasta a los mismos subsecretarios, directores de área o jefes, les hace los mismo, sabemos que sin explicación también les retiene sus salarios”.

Identifican al ejecutado de Chilpancingo; fue caballerango en un rancho de El Ocotito



Ezequiel Flores Contreras / Chilpancingo

El joven ejecutado a un costado de la agencia del Ministerio Público del fuero común en Chilpancingo la madrugada del domingo, fue identificado por sus familiares; se trata de Edgar Atrixco Nava de 19 años, originario de la comunidad de Buena Vista de la Salud, de este municipio y trabajaba como caballerango en un rancho cercano a El Ocotito, así como de peón de albañil en esta ciudad donde vivía con su medio hermano, informó el procurador general de Justicia en el estado, Eduardo Murueta Urrutia.
Abundó que de acuerdo a la forma como fue asesinado se presume que este hecho de violencia está ligado al crimen organizado; sin embargo, señaló que están investigando el móvil debido a que el martes había declarado que posiblemente se trataba del único sobreviviente del grupo de vendedores de bocinas que fueron ejecutados en Coyuquilla Norte.
La madre de Atrixco Nava, Ofelia Nava Tinoco llegó acompañada de otros familiares al Servicio Médico Forense el lunes por la noche, provenientes de la ciudad de Cuernavaca donde dijo que vive y señaló ante el Ministerio Público del fuero común que su hijo no vivía con ella, que tenía tiempo sin verlo y lo único que supo es que trabajaba como caballerango en un rancho cercano a la población de El Ocotito.
Por su parte, Murueta indicó que la madre del joven ejecutado también señaló que vivía en esta capital con su medio hermano del que se reservó el nombre y el lugar donde habitaba debido a la investigación que se realiza.

Marchan en la capital por mejoras salariales y en solidaridad con los migrantes



Zacarías Cervantes Chilpancingo

Cuatro grupos integrados por diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas, marcharon ayer en esta capital y se reunieron en la plaza Primer Congreso de Anáhuac en donde exigieron respuestas a sus demandas, como parte del Día del Trabajo.
La mayoría de los participantes se solidarizaron con la movilización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como con los trabajadores de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y demandaron la destitución del secretario del trabajo, Francisco Salazar.
El primer bloque de marchistas lo integraron agrupaciones sindicales de las llamadas democráticas y que son de organismos públicos descentralizados, así como organizaciones sociales como el Frente de Defensa Popular (FDP), y Frente Popular Revolucionario (FPR).
Entre estas agrupaciones marchó el Sindicato Estatal de Trabajadores del Sistema Estatal del DIF, el Sindicato Independiente de CAPECE, y trabajadores del hotel Jacarandas
Atrás de estas agrupaciones también marcharon agremiados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), encabezados por su líder en el estado, Javier Fuentes Adame.
Participaron trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes con un grupo de niños adelante, reclamaron con pancartas y consignas al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la devolución de las becas a los hijos de los trabajadores que era una conquista laboral de la que gozaban hasta el año pasado.
“Si no nos da, ya no nos quite los beneficios que hemos logrado, señor gobernador”, se leía en una pancarta.
En este conjunto marcharon agremiados a los sindicatos de la secretaría de Economía, del sindicato de la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa), del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), del sindicato de Telégrafos, del sindicato del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y de la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, todos ellos miembros de la FSTSE.
Durante el breve mitin, Fuentes Adame llamó a la unidad de los trabajadores para hacer frente a las acciones del gobierno que son las de golpear a los sindicatos, como ocurrió con el de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán y dijo que es necesario que los trabajadores fortalezcan a sus sindicatos.
El dirigente de la FSTSE dijo que la marcha de este año, también se llevó a cabo en solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos que el día de ayer pararon labores para manifestarse en contra de la ley que pretende restringirles sus derechos.
Estos dos gremios marcharon de la Alameda Granados Maldonado, recorrieron la avenida Juárez, Alemán, Álvarez y entraron a la plaza Primer Congreso de Anáhuac en donde efectuaron un breve mitin.
Atrás de estas agrupaciones marcharon un medio centenar de militantes del PRD, encabezados por su presidente estatal, Sebastián de la Rosa Peláez, quien dijo que su participación fue en solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Sobre los señalamientos al gobierno de Zeferino Torreblanca por los despidos de trabajadores en el primer año de su administración, De la Rosa Peláez dijo que “todo aquel trabajador que no crea tener sus derechos laborales a salvo estaremos dispuestos a respaldarlo”.
Otro de grupo de marchistas estuvo integrado por sindicatos que pertenecen a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, que es escisión de la FSTSE, marcharon de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial número 134, hasta el zócalo capitalino.
De entre estos participantes el más numeroso fue el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que fue encabezado por su secretario general de la sección 14, José Natividad Calixto Díaz.
En este grupo marcharon también trabajadores de la Sagarpa; de la SCT; de la Secretaría de Desarrollo Social federal; de la Secretaría de Salud que se denomina Sindicato Independiente de la secretaría de Salud; así como agremiados al Sindicato Independiente del DIF estatal que encabeza Javier Dionisio, así como trabajadores del Sindicato Independiente de los Trabajadores de los Colegios de Bachilleres.
En este grupo los trabajadores se manifestaron en contra de las reformas a la ley del ISSSTE y por la destitución del secretario del Trabajo, Francisco Salazar.
El secretario de la sección 14 del SNTE Calixto Díaz dijo que las demandas son de carácter laboral, “pero estamos también por la salida del secretario del Trabajo, Francisco Salazar, que es una persona inepta, incapaz, que no ha sabido entrarle al diálogo y a la negociación con los trabajadores y que ha provocado el enlutamiento de las familias de mineros de Michoacán”.
Los integrantes de este contingente portaban un moño negro en la manga de la camisa en señal de luto por los trabajadores muertos de Sicartsa durante un enfrentamiento con las policías Federal Preventiva y las estatales de Michoacán.
“Venimos de luto por que estamos entendidos que los hermanos trabajadores requieren y merecen el respeto, eso que ha hecho el gobierno de Fox, con la intromisión en las asociaciones sindicales, representa para nosotros una flagrante violación, pero sobre todo una agresión y el abuso de poder”, dijo Calixto Díaz.
Sobre sus demandas locales, el dirigente de la sección 14 del SNTE, informó que ya entregaron su pliego petitorio al gobierno estatal y que contienen peticiones de prestaciones e incremento salarial, “tenemos la seguridad que habremos de encontrar con el gobernador del estado una respuesta adecuada a las peticiones que tenemos los trabajadores”.

Murueta: el ejecutado de Chilpancingo podría ser uno de los seis detenidos en Zihuatanejo



Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El procurador general de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, informó ayer que debido a que sólo aparecieron en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, cinco de los seis comerciantes que la PGR de Zihuatanejo tuvo en su poder el viernes 28 y que más tarde fueron liberados, se presume que el joven que fue ejecutado frente a la agencia del Ministerio Público del fuero común en esta capital sea el sexto acompañante.
Dijo que los ejecutados que fueron tirados la madrugada del domingo en la comunidad de la Costa Grade son originarios de Coahuila.
Dos días antes habían sido detenidos por la Policía Preventiva de Petatlán porque no sustentaron con facturas un lote de bocinas que tenían en su poder y fueron liberados por el Ministerio Público federal de Zihuatanejo debido a que no hubo querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el delito de evasión de impuestos, aseguró.
El fiscal guerrerense aseguró que de acuerdo al testimonio del padre de una de las víctimas, se trata de un grupo de seis hombres que arribaron de la ciudad de Torreón, Coahuila a la región de la Costa Grande con el propósito de “vender bocinas”.
Murueta fue entrevistado luego de la toma de protesta del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón, en sustitución de Raúl Calvo Sánchez; allí reiteró que la narcoviolencia no es un problema del estado, sino que se manifiesta en diferentes partes del país.
Acerca de las seis ejecuciones dadas este domingo en la Costa Grande y esta capital, Murueta dijo que estos crímenes podrían estar relacionados con el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo que se disputan la plaza; sin embargo, acotó que esta hipótesis debe ser sustentada con los resultados de la investigación que en este momento realizan.
Insistió que este tipo de delincuencia es importada a Guerrero de los estados del norte y que en su mayoría los involucrados en estos crímenes provienen de otros lugares.

Actos de provocación, las ejecuciones de Coyuquilla y Chilpancingo: Chavarría



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, consideró ayer que la jornada violenta de este domingo en la entidad está caracterizada por “actos de provocación” para el gobierno del estado y colocan además a Guerrero en una situación “difícil”.
Pidió a los ciudadanos “conservar la calma”, porque estos hechos no están vinculados “con el grueso de la sociedad”, sino que son acciones “focalizadas y dirigidas entre personas que se encuentran ligadas a la delincuencia organizada”.
Entrevistado luego del acto oficial del 93 aniversario del Día Internacional del Trabajo, a preguntas insistentes de reporteros, Chavarría reconoció: “tuvimos un fin de semana difícil en materia de seguridad, este fin de semana fue muy violento, ya que tuvimos dos hechos importantes en términos de violencia y que han aumentado la preocupación de la gente”.
Precisó que uno de los hechos ocurrió en la capital que se había mantenido alejada de esos actos “tuvimos una balacera en una presunta narcotienda y luego el ejecutado de la agencia del Ministerio Público en Chilpancingo, además de los ejecutados en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán”, recordó.
Dijo que no podía abundar en detalles, debido que se estaba investigando, “hasta donde sabemos estas personas (los ejecutados) que habían sido seis, habían sido remitidos y consignados a la agencia del Ministerio Público Federal de Zihuatanejo y después habían sido dejados en libertad”.
“No sabemos todavía los motivos, los elementos que influyeron para que el MP los haya dejado en libertad y luego posteriormente el hallazgo de estos cinco cadáveres que tienen huellas de tortura y de características de ejecución. Yo creo que esto viene a complicar más el asunto, viene a aumentar el número de ejecuciones que ya se están dando en el estado y seguramente va a generar una mayor preocupación entre la población”, aceptó.
Dijo que espera que en Chilpancingo se puedan frenar “estas circunstancias, porque nos ha sido común que se den este tipo de acontecimientos; ojalá que lo podamos frenar y que no pase igual que en las demás partes del estado”.
A pregunta expresa abundó que los ejecutados “fueron consignados supuestamente por el asunto de piratería, andaban vendiendo artículos electrónicos; parece que fue el viernes por la mañana habían sido remitidos a la agencia del MP federal de Zihuatanejo”.
Dijo que existe la posibilidad de que el cuerpo que fue arrojado a unos metros de la agencia del MP de esta capital, “esté relacionado con lo de la Costa Grande, porque eran seis los detenidos y solamente se encontraron cinco cuerpos, entonces cabe la posibilidad de que éste sea el sexto”.
Después afirmó que el hecho de que hayan arrojado a un ejecutado afuera de la agencia del MP “puede tener distintas interpretaciones, puede ser un acto de provocación o puede ser que a lo mejor desconocían que estaba ahí la agencia y lo tiraron; no lo sé pero pudiera caber la posibilidad de que pudiera ser un acto de provocación al gobierno”.
En respuesta a otro reportero indicó que no tenía la certeza de que existiera relación entre éste y la balacera de la colonia Vista Hermosa en esta capital.
Dijo que se está haciendo la investigación, aunque destacó que “un dato importante es que se dieron más o menos a la misma hora, pero no tenemos la certeza de que estén relacionados, yo espero que mañana ya tengamos mayores elementos de la PGJE, para mencionar si estos hechos violentos están relacionados o no”.
Mencionó que se presume que en el caso de la colonia Vista Hermosa “había un expendio de venta de agua purificada, pero hay evidencias de que también se vendía droga en ese lugar”.
Chavarría aseguró que aún no sabía qué medidas emergentes se tomarían, sólo indicó que está conciente de que “estamos viviendo una situación difícil” y que “nos vamos a reunir pasado mañana el grupo Coordinación Guerrero, ya lo anunció el gobernador, Zeferino Torreblanca, vamos a hacer la evaluación correspondiente y vamos a tomar medidas, sin duda alguna que una de ellas será la redefinición de la estrategia del programa México Seguro”.
Descartó que por el momento se haya tomado algún tipo de acciones urgentes: “se ha seguido con lo normal, el fortalecimiento de los operativos, los filtros, los retenes, la vigilancia, y a pesar de eso se ha tenido ese tipo de acontecimientos, entonces tal vez el día 3 de mayo se puedan tomar algunas medidas complementarias”.
El funcionario rechazó que no funcionen los filtros del México Seguro “funcionan hasta donde es posible, hacen su trabajo, de revisar a la gente sobre todo los vehículos que presentan ciertas sospechas, vehículos sin placas, con vidrios polarizados y a pesar de todos los esfuerzos y medidas no se ha podido detener esta expresión de la violencia, producto de la delincuencia organizada”.
Indicó que a pesar de que “nos preocupa que Chilpancingo vaya a ser presa de la delincuencia organizada” la presencia del Ejército en la capital tampoco se ha valorado.
Al recordarle que si no era contradictoria la postura que fijó el gobernador en Acapulco el viernes pasado con relación a que aunque la mayoría lo pida el Ejército no estará en las calles, Chavarría expuso: “Yo mencioné que hasta este momento el gobierno no ha tomado la decisión de que patrulle las calles el Ejército mexicano; mencioné que el Ejército ha tenido una gran disposición de apoyarnos en acciones específicas, cuando se lo hemos solicitado lo ha hecho”.
Sostuvo: “en mi opinión creo que vale la pena analizar el tema independientemente de cuál sea la decisión; hay voces de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad, de algunos diputados que lo han mencionado, entonces no podemos soslayar esta situación, seguramente se tocará el tema (el 3 de mayo), se tomará una decisión. También ya comenté que el hecho de que pudiera, como lo plantean algunos, que el Ejército patrulle las calles, no significa que automáticamente se va a parar la violencia”.
Cuando se le preguntó a qué están expuestos los ciudadanos cuando no hay nada que contenga estos hechos violentos, el funcionarios respondió: “Yo insisto mucho en que la ciudadanía debe conservar la calma, y digo debe conservar la calma porque no es un asunto que esté vinculado con el grueso de la sociedad”.
“Ha habido hechos lamentables que de alguna manera involucraron a ciudadanos comunes, uno fue la balacera de La Garita, el pasado 27 de enero, y otro la granada que estalló en la feria de Petatlán, donde había ciudadanos comunes; pero en general han sido acciones focalizadas y dirigidas entre personas que se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada”, resaltó.
Sobre la amenaza de quitar a Chilpancingo el 20 por ciento de los policías que asignó el gobierno estatal, a raíz de la denuncia que se ventiló en algunos medios informativos respecto al adeudo del predial y del agua por parte de la actual administración, Chavarría indicó que no se trata de “un desquite”.
Precisó que “las cosas tienen que manejarse con mucha claridad y si hay adeudos por concepto de agua, el gobierno debería hacer un esfuerzo por pagar, finalmente es fortalecer y apoyar al Ayuntamiento”.
Rechazó que haya rispidez con el Ayuntamiento, “al contrario, hay una buena relación con él, estamos tratando de hacer cosas positivas para Chilpancingo, estamos viendo los resultados en los próximos seis meses”.

Atrae la PGR el caso de la persecución de la PIM a presuntos narcos en Chilpancingo: Murueta


Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR), atrajo las investigaciones de la persecución del miércoles en esta capital, la cual terminó en un enfrentamiento a balazos en el kilómetro 196 del tramo Zumpango-Casa Verde sobre la carretera federal México-Acapulco entre cuatro hombres armados con rifles AK-47 que viajaban en una camioneta blanca de lujo y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), informó el procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia.
En este caso no hubo heridos, ni detenidos, sólo daños materiales debido a que la camioneta Chevrolet tipo Equinox presenta más de 20 impactos de bala que presuntamente hicieron de adentro hacia fuera los hombres que lograron burlar a las autoridades al ser rescatados por un convoy de tres camionetas, según la versión del director de la PIM, Erit Montufar Mendoza.
Consultado vía telefónica, Murueta señaló brevemente que las investigaciones del caso de la persecución lo atrajo la PGR, es por eso que no puedo dar información al respecto, indicó.
Por otra parte, dijo que hasta el momento ningún alcalde ha presentado denuncia penal en contra de elementos policiacos que presuntamente están involucrados con actividades ilícitas en relación a las queja del alcalde de Arcelia, Nicanor Adame Serrano, quien aseguró que autoridades de la PGR en este municipio están coludidos con el narcotráfico y la negativa del presidente municipal de Zirandaro para que opere en ese municipio la policía del estado.
En este sentido, Murueta dijo que en el caso del alcalde de Arcelia que denuncia vínculos de funcionarios federales con el narco, la PGR es la instancia a la que le compete investigar este hecho.
Mientras que en el segundo caso, señaló que de manera oficial no lo conoce y reiteró su llamado a los elementos policiacos, así como a los funcionarios públicos para que se conduzcan con apego a la legalidad para evitar que la sociedad desconfíe de las autoridades, indicó.

Chavarría: hecho aislado, la balacera en Chilpancingo donde murió un menor

Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, consideró ayer como un “aislado chispazo de violencia”, el ataque a balazos que sufrió la tarde de este lunes el hermano del diputado local por el PRD, Bernardo Ortega Jiménez, de nombre Antonio –en donde además murió su hijo de 3 años, Manuel Ortega Blanco–; aunque en ningún momento quiso aceptar que éste hubiera sido el blanco de esa agresión, argumentando que aún no se concluían las investigaciones.

El funcionario comentó que tampoco tenía elementos para atribuir el atentado a la delincuencia organizada o si se trataba de problemas de rencillas familiares o de una venganza.

En la entrevista con reporteros luego de la firma de un convenio entre el Cecyteg y la Codehum, Chavarría negó asimismo que el gobierno del estado haya determinado proteger a los policías municipales de Acapulco que participaron en la balacera de La Garita el pasado 27 de enero.

Manifestó también su desacuerdo con la declaración del alcalde Félix Salgado Macedonio, quien consideró que los homicidios y ejecuciones ocurridos en su municipio, Zihuatanejo y Ciudad Altamirano, pudieran responder a intereses políticos para desestabilizar a los gobiernos perredistas, pues es claro que “es un asunto de la delincuencia organizada”.

Sobre el ataque del lunes contra el hermano de un diputado del PRD en una calle muy concurrida de Chilpancingo, Chavarría dijo que “todavía no hay los elementos suficientes según la PGJE, para poder determinar cuál fue la causa o el motivo”.

Sobre si se confirmaba que fue el hermano del ex alcalde de Quechultenango y diputado local, Bernardo Ortega, a quien iba dirigida la agresión, el funcionario respondió que “hay la presunción, no hay todavía la certeza, hay la presunción de que esta persona Antonio Ortega era uno de los que viajaban en la camioneta”.

Cuando se le recordó que el mismo director de la Policía Investigadora Ministerial, Érit Montúfar Mendoza, habría confirmado esa versión, el secretario general de Gobierno atajó: “Yo le digo el parte que me llegó, que señala así, que hay la presunción de que esta persona viajaba y abandonó el vehículo”. El funcionario sin embargo, dijo “nos deja consternados la muerte de un menor”, en referencia precisamente al hijo de Antonio Ortega.

A pregunta de un reportero sobre si éste gozaba de impunidad, porque aún con una orden de aprehensión, por su presunta participación en el ataque a un módulo de policías en noviembre del año pasado no había sido detenido, Chavarría expuso: “Cuando alguien presuntamente cometió un delito pues se elabora la denuncia, se integra la averiguación, pero eso no impide que de repente anden en las calles ¿no?”.

Sobre si se avizoraba que Chilpancingo viviría el mismo ambiente violento que existe en Acapulco, el funcionario resaltó que para el gobierno del estado se trata de un “hecho aislado; es el primer acontecimiento que hemos vivido de esta naturaleza”, mientras que en el puerto “no podemos hablar de que sean hechos aislados pues ha habido una secuencia de actos de este tipo; en Zihuatanejo también, en el caso de Chilpancingo yo espero que solamente haya sido un chispazo de violencia y que no se vuelva a repetir”.

Sostuvo que es “muy complicado” que los retenes y la vigilancia policiaca puedan percatarse de que una persona anda armada; “se revisa de repente a los que van transitando, sobre todo en aquellos vehículos que a la vista parecen sospechosos, pero es muy complicado tener un control sobre todas las personas que viajan en vehículos, es muy difícil”.

Durante la entrevista Chavarría hizo referencia también a la ejecución del director de Seguridad Pública del municipio de Pungarabato, Fidel Arellano y sobre ésta indicó que se cree que ahí tiene que ver “otro tipo de asuntos”, pero no citó de qué tipo.

Desconoce que el narco tenga una lista negra de policías que estuvieron en La Garita

Más tarde dijo que conjuntamente la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y la Secretaría General de Gobierno comenzaron a elaborar una propuesta que planteará ante las dependencias federales del área de seguridad con las que se integra el grupo de Coordinación Guerrero.

En respuesta a un reportero, Chavarría aseguró que no sabe de una “famosa lista negra” que presuntamente elaboró el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, en la que se encuentran los nombres de los policías que participaron en la balacera de La Garita, incluido el comandante del grupo Relámpago, Mario Núñez Magaña, que fue ejecutado y decapitado el pasado jueves.

Después aclaró que el gobierno del estado no está brindando protección a quienes participaron en el enfrentamiento, como declaró este sábado al diario Reforma y a medios locales su secretario particular, Noe Jiménez Silverio.

Señaló que el gobierno estatal no tiene “esas posibilidades de brindar protección policiaca y tampoco lo han solicitado” y expuso que no sabe “de dónde sacó esa información el licenciado Noe Jiménez” y dijo que incluso el mismo alcalde de Acapulco “ha manifestado su desacuerdo ante esta posibilidad”.

Calificó por otro lado de “afirmación precipitada” la del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, sobre que los policías que están ejecutando en Acapulco tienen relación con el narcotráfico. Dijo que “todas las corporaciones policiacas en sus tres niveles pueden tener alguna infiltración de la delincuencia organizada, o puede haber elementos que se presten a la corrupción, eso es posible, ha habido evidencias en algunos casos”.

No creo que ningún personaje político esté interesado en desestabilizar

Chavarría dijo que no comparte la opinión de Salgado Macedonio acerca de que detrás de la violencia hay interés de desestabilizar a los gobiernos perredistas “yo no creo que haya que buscar culpables donde no los hay, yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, que ningún personaje político y no creo que ningún partido político esté interesado en desestabilizar a través de esos métodos a los municipios gobernados por el PRD”.

“La lectura es otra, se está hablando de Ciudad Altamirano, de Zihuatanejo, que son municipios de alguna manera muy cercanos o colindantes con el estado de Michoacán donde también se expresa con mucha fuerza el fenómeno de la delincuencia organizada y el caso de Acapulco que ya es del conocimiento público cómo están las cosas”, resaltó.

Agregó que “sería muy perverso y muy malévolo que alguien se estuviera regodeando, contento de lo que está sucediendo en Guerrero y mucho menos que lo esté auspiciando; es un asunto en el que hay claridad, en un asunto de la delincuencia organizada”.

Atacan a balazos en Chilpancingo al hermano de un diputado del PRD; matan a su hijo de 7 años

Los agresores iban en una camioneta Jeep Cherokee con placas de Veracruz desde donde disp

foto Hombres armados a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color blanco con placas de Veracruz atacaron ayer aquí al hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, ex alcalde de Quechultenango, Antonio Ortega Jiménez, matando al hijo de éste, Marco Antonio Ortega Blanco, de 7 años, que lo acompañaba a la hora de atentado, junto con otra persona que fue identificada como su chofer, Delfino Romero Bravo.

En los hechos, que ocurrieron a las 3 de la tarde a una cuadra de la sede del Congreso local, Antonio Ortega –que viajaba en una camioneta Pick-up Chevrolet de modelo reciente roja con permiso provisional a nombre de Fernando Bravo Valencia–, repelió la agresión.

Las autoridades ministeriales informaron que el atentado ocurrió a las 3:15 de la tarde en la avenida José Francisco Ruiz Massieu frente a la bodega de acero Dapsa, a una cuadra de la sede del Poder Legislativo y la dirección estatal de Tránsito.

En esta avenida –una de las más transitadas de la capital– la camioneta del hermano del diputado perredista fue interceptada por el Jeep Cherokee, de donde descendió un hombre y comenzó a dispararle con una pistola, señalaron testigos.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informaron que el calibre del arma utilizada por el agresor es 38 milímetros y los proyectiles impactaron en 12 ocasiones el parabrisas y la carrocería de la camioneta donde viajaba Antonio Ortega.

Las balas alcanzaron el camión 1669 de la empresa Coppel, que transitaba atrás de la camioneta agredida, pero sin herir a los tres trabajadores de esta empresa que según su versión se agacharon en cuanto escucharon los balazos y sólo vieron una camioneta blanca darse la fuga velozmente rumbo a la sede estatal del PRI.

Los testigos abundaron que al agresor se le encasquilló la pistola, y en ese momento Ortega dio marcha atrás a la camioneta, maniobra que provocó que impactara al camión de Coppel. Entonces, el hermano del diputado perredista repelió la agresión y su chofer corrió con el niño en sus brazos, abordó un taxi que lo llevó al hospital militar y dos horas más tarde el menor murió por el impacto de bala que recibió en la frente, informaron fuentes oficiales.

Las mismas fuentes señalaron que minutos antes del tiroteo, Antonio Ortega Jiménez había tenido una discusión con unos hombres en la colonia del PRI, que se presume fueron los mismos que le dieron alcance en la avenida José Francisco Ruiz Massieu.

Luego de la agresión, policías municipales y del estado, así como agentes ministeriales y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) llegaron al lugar y comenzaron a circular varias versiones en el sentido de que los sicarios de la Cherokee habían huido rumbo al norte de esta capital, otras versiones señalaban que al poniente. Sin embargo, a pesar de que se aplicó una acción especial por ambas zonas no se encont a los agresores.

Los efectivos de las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron a la ex sede del Instituto Federal Electoral (IFE), donde actualmente se encuentra un terreno baldío y las ruinas de lo que fue un hotel frente a la sede del Tribunal Electoral del Estado y de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), donde presuntamente se había escondido Antonio Ortega.

No obstante la búsqueda no arrojó resultado alguno y los agentes regresaron al lugar de los hechos donde se realizaron las prácticas periciales.

En tanto, en la sede de la 35 Zonal Militar fue detenido por soldados el chofer de Antonio Ortega, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros cuando llevó al menor herido en la cabeza.

Por la noche, Romero Bravo seguía detenido en las instalaciones de la 35 Zona Militar, y no había sido puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que declarara sobre estos hechos, indicaron fuentes oficiales.

Protestan contra el director de Bomberos de Chilpancingo; Alarcón lo destituye

 Lo acusan 22 bomberos de corrupción y prepotencia. El funcionario, a quien el alcalde le pidió la renuncia, califica de indisciplinados a los trabajadores

 Luego de que los 22 bomberos de esta ciudad protestaron el Zócalo para pedir la destitución del director de la dependencia, Carlos Ladrón de Guevara Ruiz, a quien acusan de actos de corrupción y prepotencia, el presidente municipal, Saúl Alarcón Abarca, le solicitó a éste su renuncia.

El alcalde capitalino tomó esta decisión al término de una reunión entre el ahora director destituido y los bomberos inconformes, que se llevó a cabo en la mañana en la Central de Emergencias, donde se había acordado dar un plazo de cinco días a las autoridades municipales para que investigaran sobre los señalamientos.

“Sin embargo, en privado el alcalde me dijo que por salud, le presentara mi renuncia”, informó Ladrón de Guevara Ruiz, consultado en sus oficinas por la tarde, donde rechazó las acusaciones en su contra y calificó a los bomberos de indisciplinados.

Por la mañana los 22 bomberos exigieron frente al edificio del Ayuntamiento la destitución del director por haber desviado presuntamente recursos del fondo revolvente y obligarlos a firmar un reglamento interno del que dijeron desconocer su contenido.

En la plancha del Zócalo capitalino, los bomberos hicieron sus actividades cotidianas, como el pase de lista y la organización de los grupos de trabajo y las guardias en señal de protesta.

Al lugar, acudió el alcalde priísta quien pidió dialogar con una comisión en su oficina del Ayuntamiento: “Los demás váyanse a trabajar por si presenta una emergencia”, ordenó Alarcón Abarca.

Ahí se acordó otra reunión en las instalaciones de Bomberos, para escuchar con detalle las denuncias en contra del ex director. De ese encuentro salió la propuesta de que en cinco días la autoridad municipal fijaría su postura con base en una investigación previa.

Sin embargo, Saúl Alarcón determinó hablar en privado con Carlos Ladrón para solicitarle su renuncia.

El ex director, entrevistado en sus oficinas donde ya organizaba algunos documentos oficiales, acusó a los 22 bomberos de negarse a respetar las instalaciones.

“Ellos se quejan de malos tratos, pero la realidad es que se niegan a ser disciplinados. Constantemente juegan fútbol en horas de trabajo, incluso rompieron el medallón de una camioneta y no quieren pagar los daños”, afirmó el ex funcionario municipal.

Luego dijo que se va tranquilo, sin ningún cargo de conciencia: “Me apellido Ladrón, pero no soy ratero”, afirmó y después dijo que “víboras” hay en todos lados.

Carlos Ladrón de Guevara Ruiz, es originario del Distrito Federal donde trabajó en distintas dependencias policiacas, como Tránsito y Policía Preventiva, incluso fue comandante de la Policía Judicial en el estado de Morelos, “de los sanos”, aclaró el ex funcionario municipal y reiteró la necesidad de que predomine la disciplina en Bomberos de Chilpancingo.

La elección abierta podría dividir y llevar a la derrota al PRD, advierte Zeferino

 

 Zihuatanejo  

La negociación política para definir la candidatura de unidad del PRD no se centrará en un simple trueque o reparto de la administración pública entre los aspirantes a gobernador del estado, dijo Zeferino Torreblanca Galindo.

Durante una gira el domingo en Chilpancingo confió en la madurez y responsabilidad de los demás aspirantes perredistas para lograr acuerdos y evitar riesgos pues la elección abierta programada para el 15 de agosto podría dividirlos y llevarlos a la derrota electoral.

En un boletín de prensa se informó que el ex alcalde de Acapulco pidió que haya reglas claras y se despejen las dudas pendientes para llegar a contender en las urnas porque la convocatoria no establece número de casillas y lugares donde habrán de instalarse.

Zeferino Torreblanca visitó a los vecinos del Barrio de la Santa Cruz, donde la familia Barón Venancio denunció que se obliga a las personas a apoyar al candidato del PRI. De acuerdo con el boletíon, también estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero externaron que los obligan a respaldar otro proyecto del PRD.

Profesores, médicos y enfermeras que prestan sus servicios al Estado manifestaron su inconformidad por los descuentos a sus salarios en los últimos meses, irregularidad de la cual también son víctimas –dijeron– policías judiciales y trabajadores administrativos de la Procuraduría.

Posteriormente, Torreblanca Galindo se reunió con líderes de colonias populares y campesinos en las instalaciones del Frente Cívico de Chilpancingo.